LA JUSTICIA EN CAÍDA LIBRE... ¿O SON LOS JUECES Y FISCALES?

[Paquita]

Un juez puede pensarlo en su vida privada, pero lo de añadirlo al final de una resolución SOBRA.

Eso no entra dentro de sus funciones de juez.

Es relevante. Porque siendo un cartel de un partido político pueden hablar de problemas que afectan a la sociedad.

Si hubiera puesto un cartel sobre los niños musulmanes que van a rezar a la mezquita con sus padres seguramente no se habría considerado adecuado, porque no es un tema relevante en el debate político.

 

[IDOLO]

Es relevante. Porque siendo un cartel de un partido político pueden hablar de problemas que afectan a la sociedad.

Si hubiera puesto un cartel sobre los niños musulmanes que van a rezar a la mezquita con sus padres seguramente no se habría considerado adecuado, porque no es un tema relevante en el debate político.

Reiteró, ese juez puede pensar loque le de la gana de cualquiera, niño o adulto.

Lo que no puede hacer es meter en sus resoluciones o sentencias sus pensamientos

Eso no cabe en esa clase de documento.

 

[Paquita]

Reiteró, ese juez puede pensar loque le de la gana de cualquiera, niño o adulto.

Lo que no puede hacer es meter en sus resoluciones o sentencias sus pensamientos

Eso no cabe en esa clase de documento.

No me he debido explicar bien. Es muy relevante para la sentencia que el tema que trataba el cartel es un tema relevante en campaña. Como te decía si hubieran comentado sobre un niño musulmán yendo a la mezquita y lo que eso nos cuesta probablemente no se habría considerado avalado por la libertad de expresión porque no es un tema sobre el que proceda hacer campaña. Al tratar el cartel sin embargo sobre los menores no acompañados, que son un tema de campaña, la manga es más ancha.

Y por supuesto puede pensar lo que quiera sobre cualquier cosa. Incluyendo sobre el cartel. Porque igual no le ha gustado. Pero el jueza aplica la ley, no opina sobre si es de buen gusto o mal gusto un cartel.

 

[Adamantium]

Reiteró, ese juez puede pensar loque le de la gana de cualquiera, niño o adulto.

Lo que no puede hacer es meter en sus resoluciones o sentencias sus pensamientos

Eso no cabe en esa clase de documento.

Eso lo dirás tú, un juez si puede emitir juicios de valor siempre que le ayuden a motivar su resolución. ¿Has leído alguna sentencia? Porque yo me he matado a estudiar sentencias y efectivamente SÍ entra dentro de sus funciones el motivar el fallo. Y lo que ha dicho es totalmente viable. Leete la sentencia que legaliza el aborto en España, la cantidad de opiniones y comentarios subjetivos que vas a encontrar. De verdad que leo cada cosa... Facepalm

 

[IDOLO]

Datos que desmienten un "problema social" con los menores extranjeros como el que la Justicia ve en el cartel de Vox​

• En la Comunidad de Madrid, según los últimos datos oficiales, hay 269 menores extranjeros no acompañados acogidos, la inmigración no está entre las principales preocupaciones de los ciudadanos y no se da una correlación entre llegadas de menores migrantes y el aumento de la delincuencia
• — La Justicia avala el cartel electoral de Vox contra los menores extranjeros y dice que son "un evidente problema político y social"

Foco
RACISMO

Cartel de Vox en la Puerta del Sol. elDiario.es
Desalambre
5 de julio de 2021 19:20h
58
@desalambre
La Justicia ha avalado el cartel desplegado por Vox durante la campaña electoral de la Comunidad de Madrid para atacar con datos falsos a los menores extranjeros no acompañados. Aunque la Audiencia Provincial de Madrid no ha entrado a valorar la veracidad de las cifras aportadas por la formación de extrema derecha en su propaganda electoral, lo considera válido en base a la libertad de expresión. Según argumenta el tribunal, estos niños que migran solos a España "representan un evidente problema social y político".

"El cartel también puede interpretarse como un mensaje electoral a un colectivo mucho más numeroso que el de los 'Menas', en el que se presenta una crítica gráfica y directa sobre la cuantía de las pensiones –en particular de jubilación o viudedad– en contraste con lo que se gasta en otras atenciones o finalidades, como es el sostenimiento de dichos jóvenes que con independencia de si las cifras que se ofrecen son o no veraces, representan un evidente problema social y político, incluso con consecuencias o efectos en nuestras relaciones internacionales, como resulta notorio", sostiene el auto.

Varios datos y estudios contradicen que los menores extranjeros no acompañados supongan un "problema social y político" en la Comunidad de Madrid, en la línea en la que el cartel de Vox buscaba transmitir. Tras la resolución judicial, la Fundación Raíces, organización referente en el apoyo a menores migrantes en la región, ha afirmado que el "verdadero problema" se encuentra en la política de acogida que España proporciona a los niños y adolescentes que migran solos. "Es un problema, pero para la protección de los propios niños", ha declarado a elDiario.es su presidenta, Lourdes Reyzábal. “Hay que favorecer al máximo su inclusión y para ello la reforma del reglamento de extranjería, entre otras medidas a adoptar, se hace imprescindible”

• 269 menores extranjeros no acompañados en la Comunidad de Madrid. Según los últimos datos oficiales, la Comunidad de Madrid tenía en su red de protección de la infancia a 3.709 menores acogidos. De ellos, 2.637 son españoles, un 71,1% del total. Por su parte, 1.072 son extranjeros, de los cuales solo 269 son menores extranjeros no acompañados, a fecha del 31 de marzo. La región no forma parte de las cinco autonomías con mayor número de niños migrantes tutelados.

• La inmigración no es uno de los principales problemas de los ciudadanos. Según el barómetro de junio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), alrededor del 1% de los encuestados ven la inmigración como el principal problema de España, por detrás del paro (19%), la pandemia (17%), la crisis económica (13,1%), los problemas políticos en general (7,8), el mal comportamiento de los políticos (7,3%), la falta de acuerdos políticos (5,2%) o la sanidad (2,3%).

• La ciudadanía no percibió que la inmigración fuese uno de los temas más debatidos en campaña de las últimas elecciones de la Comunidad de Madrid, a pesar de los carteles y la insistencia de Vox. Según el estudio postelectoral, elaborado por el CIS, solo el 0,8% de los entrevistados destacaron la inmigración como uno de los asuntos más destacados.

• Ningún menor migrante recibe una ayuda directa de 4.700 euros en la Comunidad de Madrid, como da a entender Vox en su campaña. La cifra aportada por el partido de extrema derecha, que lo compara con la pensión de una mujer mayor, se refiere al coste por plaza de uno de los centros de acogida de menores tutelados en la Comunidad de Madrid gestionado por la Fundación Diagrama, que incluye todos los gastos relacionados con el recurso, desde sus trabajadores hasta el mantenimiento, según confirmó el Gobierno regional a elDiario.es. Podemos encontrar esta cifra en el Acuerdo del Consejo de Gobierno del 31 de marzo de 2021, que aprobó una de las prórrogas para la contratación del servicio de acogimiento residencial de menores extranjeros no acompañados de este centro. El recurso, con 16 plazas, contaba con un presupuesto de 448.448 euros desde el 1 de octubre de 2020 hasta, como máximo, el 31 de marzo de 2021. Si se divide esta cifra entre 16 plazas y 6 meses (la duración del contrato), da como resultado 4.671 euros.

• La Comunidad de Madrid gastó 96 millones de euros para financiar las 1.903 plazas que existen en la región para acoger a niños y adolescentes en desamparo, sean españoles o extranjeros, según informó Maldita.es. A partir de ahí, si calculamos el coste que supone cada plaza en un período de tiempo de 12 meses la cantidad mensual sería de 4.208 euros por menor residente al mes.

• Los datos oficiales no muestran una correlación entre el aumento del número de menores extranjeros no acompañados y la delincuencia. En 2018, España registró una de las mayores cifras de llegadas de adolescentes migrantes que viajaban sin la compañía de un adulto, cerrando el año con 12.500 menores acogidos. No obstante, ese mismo año, la Memoria de la Fiscalía General del Estado detectó el segundo porcentaje más bajo de menores extranjeros investigados y detenidos desde el año 2010. "Yo no detecto, en las memorias de las fiscalías que son los datos que puedo utilizar, que haya un aumento ni que cometan más delincuencia que los nacionales", dijo el entonces fiscal de sala coordinadora de Menores, Javier Huete, en 2019.

Datos que desmienten un "problema social" con los menores extranjeros como el que la Justicia ve en el cartel de Vox

En la Comunidad de Madrid, según los últimos datos oficiales, hay 269 menores extranjeros no acompañados acogidos, la inmigración no está entre las principales preocupaciones de los ciudadanos y no se da una correlación entre llegadas de menores migrantes y el aumento de la delincuencia

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[IDOLO]

Monedero: “No me extrañaría que hubiera también una ‘judicatura patriótica’”​

“Cada vez que el PP o Vox hacen algún gesto que quiere quitar relevancia a la homofobia o cuestionar al mundo LGTBI, están facilitando que después haya locos que cometan este tipo de fechorías”, advierte el politólogo, entrevistado por LUH.

Por
Javier Lezaola.

6 de julio de 2021 22:58

Juan Carlos Monedero
“A ver si alguien me explica a qué Dios le rezan los de Vox y los que les secundan cuando asesinan a alguien por su odio a los homosexuales. Piensa, José Luis Martínez-Almeida, que si hubieras colgado la bandera LGTBI en el Ayuntamiento [de Madrid], el asesinato de Samuel habría sido un poco más difícil”. Así se manifestaba Juan Carlos Monedero, politólogo y cofundador de Podemos, en su perfil de Twitter el pasado domingo, nada más conocerse la muerte, a patadas y al grito de “mari**n”, de un chaval de 24 años la noche anterior en las calles de la ciudad de A Coruña. Dirigentes de Vox anunciaban este lunes que el partido ultraderechista emprenderá “acciones legales” contra Monedero por vincularles con el “fallecimiento” del joven.

El politólogo y cofundador de Podemos ha hablado este martes con LUH sobre la ultraderecha, sus acciones, sus discursos y sus proximidades.

PREGUNTA– Tú escribiste “a ver si alguien me explica a qué Dios le rezan los de Vox y los que les secundan cuando asesinan a alguien por su odio a los homosexuales”, pero ellos han debido de entender que el “cuando asesinan” también va por ellos. Tú preguntaste que a qué Dios le rezan, no dijiste que hayan matado a nadie, ¿no?

RESPUESTA– Claro, es evidente; si quisiera decir “cuando los asesinos de Vox…”. Pero les da un poco lo mismo, porque yo llevo como 14 o 15 querellas de la extrema derecha, algo que forma parte de una estrategia para tenerte entretenido y asustado y que si coincide con un juez afín a la extrema derecha, te puede generar más inconvenientes. Forma parte de la estrategia de quien piensa que el Estado le pertenece y que por tanto la judicatura, igual que la policía, forma parte de ellos. Cuando no les funciona, montan una ‘policía patriótica’, así que no lo sabemos pero no me extrañaría que hubiera una ‘judicatura patriótica’; igual que el PP montó una ‘policía patriótica’ para intentar silenciar a policías decentes que estaban haciendo su trabajo, es posible que haya una ‘judicatura patriótica’ en la que el PP y Vox parecen confiar, entonces te ponen querella tras querella y resulta que en algunos casos, como en el de Isa Serra, funciona y la inhabilitan 19 meses. Además, te hacen perder dinero y tiempo, te distraen y su objetivo final es asustarte y que te calles y te vayas a tu casa. Porque verificamos que cuando la gente se va de Podemos, se le terminan los problemas…

P.– Sí, esa forma de funcionar es vieja.

R.– Claro. Cuando estás en estas peleas, eres consciente de que las élites siempre van a intentar acabar con quienes ponen en riesgo sus privilegios.

En Colombia les matan y aquí intentan matarnos civil y políticamente.

P.– Sobre el fondo del tema, ¿qué relación hay entre los discursos ultraderechistas –en este caso en su vertiente homófoba– y lo que ocurre después en las calles?

R.– En España, si queremos entender, podemos mirar nuestra propia historia. Cuando ETA estaba en activo, prácticamente toda la prensa de España señaló a Herri Batasuna pero también a medios de comunicación, diciendo que señalaban objetivos, y cerraron ‘Ardi Beltza’ y cerraron –que después lo condenó el Tribunal de Estrasburgo– ‘Egunkaria’. Ahí no había dudas y todos los medios –incluidos esos 80 periodistas que estaban en nómina de Telefónica, como denunció David Jiménez, exdirector de ‘El Mundo’, en su libro ‘El director’– estaban de acuerdo en que había un entorno de ETA que señalaba objetivos, justificaba los asesinatos y daba cobertura al funcionamiento de ETA. Yo lo que me pregunto es por qué no empezamos a pensar lo mismo con las agresiones machistas y con las agresiones homófobas, por qué no pensamos que hay grupos políticos y grupos mediáticos que están alimentando un ánimo social que hace más fácil que después venga algún loco y haga una barbaridad –cuidado, eh– con la ayuda de casi una decena más.

“El responsable de Comunicación de Vox ha dicho que por qué los gais celebran tanto el Día de San Valentín si lo suyo no es amor sino vicio”​

P.– Que se dice pronto.

R.– Sí, porque en el caso del asesinato de Samuel, el tipo obviamente era un homófobo –con esos gritos de “mari**n de mierda”–, pero es que entra en la discoteca y sale con una decena más de tipos, y –cuando están dándole patadas y puñetazos y gritándole “mari**n, mari**n”– ninguno de ellos tiene la sensibilidad de decir “oye, no lo hagas”. Entonces, yo creo que cada vez que el PP o Vox hacen algún gesto que quiere quitar relevancia a la homofobia o cuestionar al mundo LGTBI, están facilitando que después haya locos que cometan este tipo de fechorías. Yo no estoy diciendo que Vox directamente lo haga, pero creo que con su discurso ayuda a que haya gente que pueda pensar que es normal hacer ese tipo de cosas. El responsable de Comunicación de Vox ha dicho que por qué los gais celebran tanto el Día de San Valentín si lo suyo no es amor sino vicio. Si para Vox lo que hacen los gais es vicio, a lo peor una persona llena de orden y de moral en su cabeza ve a dos gais besándose y dice “esto es vicio y les voy a pegar una paliza”. Entonces, esa relación de causalidad es bastante evidente.

P.– ¿Por eso escribiste también que si Almeida hubiera colgado la bandera LGTBI en el Ayuntamiento, “el asesinato de Samuel habría sido un poco más difícil”?

R.– Claro. ¿Por qué nuestra exigencia de colgar la bandera LGTBI? Porque es una manera de reconocimiento de algo que todavía cuesta mucho y que todavía genera acoso escolar en las escuelas, señalamientos en los trabajos y muchos problemas, por lo que es una manera de decir “vamos a apoyar estos derechos civiles de la homosexualidad”. Entonces, cuando Almeida se niega a colgar la bandera LGTBI, en el fondo está haciendo lo mismo que Vox cuando no condena la declaración de 300 “municipios libres de ideología homosexual” en Polonia o que Orbán cuando toma decisiones contra los homosexuales en Hungría. Forma parte de la misma lógica donde el homosexual está bajo sospecha, y está bajo sospecha porque impugna el orden natural de las cosas de la derecha y de la extrema derecha.

P.– También existen sectores de presunta izquierda que empiezan a desplegar un discurso peligroso sobre esos temas, un discurso que es muy próximo al de Vox y al de esos socios europeos del partido ultraderechista y que está siendo alimentado por ciertas élites y por el propio Vox.

R.– Sí, los ‘rojipardos’…

P.– Efectivamente, los ‘rojipardos’. Hace unos días, el presidente de Vox, Santiago Abascal, subía a la tribuna del Congreso de los Diputados con un libro que…

R.– La derecha y la extrema derecha pueden captar a algunos sectores populares que se sienten arrojados a la intemperie por la globalización. El deterioro de los derechos laborales, el desempleo, la precariedad… todo disuelve los vínculos sociales. El propio vaciamiento de España por cuestiones económicas lleva a la gente a las ciudades, y en las ciudades la vida es dura; la vida en las grandes capitales no es la Gran Vía, porque doblas a la izquierda y está Valverde, llena de prostit*ción. Entonces, esa disolución de los vínculos pretende ser solventada por la derecha de una manera autoritaria, con una familia autoritaria, patriarcal; con una nación excluyente, con una idea de religión igualmente castigadora, punitiva; con una idea de la propiedad como sancionada por Dios –el que tiene es porque se lo ha ganado, y el que no tiene es porque es un improductivo, un vago o un parásito–… Y ese discurso de la extrema derecha, que es un discurso que oculta realmente el mantenimiento de los privilegios, a veces es comprado por gente que se siente de izquierdas y que sin darse cuenta se aproxima peligrosamente a esos postulados de la derecha y de la extrema derecha. Eso no significa que la izquierda no tenga que repensar su familia, su nación, su religión…, pero ya lo está haciendo el feminismo, y lo que habría que decirles a los ‘rojipardos’ es si no es mucho más emancipador acercarse a las posiciones de familia, de nación, de religión, de comunidad… de las feministas que acercarse a las de la extrema derecha, que al final van a generar necesariamente exclusión.

“Hay que tener cuidado con los discursos que intentan embellecer el pasado; cuidado con esa visión idílica que es más propia del ‘No-Do’ que de…”​

P.– E incluso odio…

R.– Es que hay que tener cuidado con los discursos que intentan embellecer el pasado. En los años sesenta, España era una basura y la gente tenía que irse a trabajar a Alemania o tenía que venirse a los alrededores de Madrid –que estaban llenos de chabolas–, y en los campos la gente se moría de hambre. Entonces, cuidado con esa visión idílica que es más propia del ‘No-Do’ que de…

P.– Y más si esa visión idílica viene acompañada por ejemplo de ciertas referencias a fascistas declarados como Ramiro Ledesma.

R.– A mí del libro de Ana Iris Simón lo que más me preocupa es el prólogo –que es de Pablo Und Destruktion–, que dice “este libro que tienen entre sus manos habla de estas cuestiones y lo hace con la claridad y firmeza de un infante o de una entidad natural: «familia, municipio y sindicato»”.

P.– Son las tres “entidades naturales” del Movimiento Nacional franquista: la familia, con su “cabeza de familia” –el padre–; el municipio y el sindicato, que por supuesto no era otro que la antiobrera Organización Sindical Española, más conocida como Sindicato Vertical…

R.– Claro, en el prólogo hay un tipo que reivindica directamente el franquismo. Yo creo que Ana Iris Simón no lo hace; Ana Iris Simón hace literatura, pero sí es verdad que ese tipo de afirmaciones permiten que Abascal vaya con su libro al Congreso de los Diputados, y por tanto creo que hay que ser cuidadosos, porque todo libro, aunque sea una novela, tiene detrás una tesis, y esa tesis puede alimentar cosas que, aunque no sea tu intención, al final las alimenta.

Monedero: “No me extrañaría que hubiera también una ‘judicatura patriótica’”

“Cada vez que el PP o Vox hacen algún gesto que quiere quitar relevancia a la homofobia o cuestionar al mundo LGTBI, están facilitando que después haya locos que cometan este tipo de fechorías”, advierte el politólogo, entrevistado por LUH.

luhnoticias.es

 

[IDOLO]

Renovar el Poder Judicial mediante activismo ciudadano es posible​

Por
La Última Hora.

10 de julio de 2021 14:00

El supremo ha ratificado la condena a 19 meses de prisión para Isa Serra por un delito de atentado, lesiones y daños cometidos durante los altercados que se produjeron en el barrio de Lavapiés en un desahucio que tuvo lugar el 31 de enero de 2014. Esta condena cuyo fallo será recurrido por Serra en el TEDH, destaca por en última instancia, declarar culpable a Serra por el hecho de “estar ahí” cuando los hechos acontecieron, ignorando si ella los cometió.

Contrasta con la absolución a Rocío Monasterio por la falsificación de titulación de arquitectura alegando que la falsedad documental era “demasiado burda para engañar a nadie” obviando que Monasterio sí cometió falsedad documental. También es reseñable la absolución de Cifuentes por el master, cuyo caso es ya también de sobra conocido, en el que se ha declarado culpables al personal universitario que falsificó su máster, pero no a la única beneficiaria de esa falsificación, sin olvidar que la propia Cifuentes pasó de decir que había cursado ese master a decir después poco menos que a ella simplemente le dieron un título y lo aceptó.

La justicia también ha dado la razón a Vox con el cartel colgado a las puertas de los metros en el que daba datos falsos y usaba imágenes falsas para su propaganda política. Puedo decir que sus datos son falsos y que sus imágenes también, porque el propio auto de la resolución se indica que "con independencia de si las cifras que se ofrecen son o no veraces", los menores extranjeros "representan un evidente problema social y político incluso con consecuencias o efectos en nuestras relaciones internacionales, como resulta notorio". El caso del cartel es tan grave, que la Fundación Internacional de Derechos Humanos se ha pronunciado, asegurando que "la Justicia Española no cumple los estándares internacionales de respeto al Estado de Derecho ni a los Derechos Humanos"

Este comportamiento de la justicia y del TS en particular, que deja entrever debajo de la toga los colores del partido al que pertenecen más que su labor de necesaria imparcialidad, explica la encarnizada negativa a la renovación de los miembros por parte del principal partido de la oposición.

Como se ha llegado a esta situación en la que se ve un flagrante favoritismo hacia unos para los cuales se tergiversa de forma obscena el ordenamiento jurídico, haciendo exactamente lo mismo para atacar a otros? En primer lugar cabe destacar que se dan claras resoluciones políticas porque hay jueces en altos cargos del ejecutivo con una clara intención de proteger a los miembros y actos de su signo político. Pero no quiero hacer un análisis al uso explicando la estructura institucional que ampara esta situación, pues a estas alturas pocas reflexiones más en esta dirección pueden hacerse que arrojen algún dato o punto de vista nuevo.

Lo que quiero reflexionar es sobre la responsabilidad que como ciudadanía tenemos ante esta realidad, pues creo que una democracia funciona bajo los actos de una ciudadanía a la que se asume como adulta y madura en el terreno político. Y lo cierto es que no lo hemos estado haciendo bien como ciudadanía, y no lo hacemos porque hace ya tiempo que volvimos a renunciar a la aspiración de fiscalizar de manera continuada los actos de nuestra clase política, y eso, como habrá visto cualquiera, tiene repercusiones inmediatamente tangibles.

En nuestra inacción consentimos pasivamente los mismos desmanes de los que nos quejamos en las noticias. Imbuidos por esa idea derrotista que machaconamente se nos repite mediante la crítica constante a la movilización social, pensamos que organizarse en redes ciudadanas no sólo no sirve, sino que no es algo a lo que aspirar en democracia.

En nuestra sociedad arrastramos un mal crónico que hemos interiorizado profundamente, y es el funcionamiento de lo que Pedro Ibarra denomina como teoría democrática de mínimos, que viene a significar que la población ni sabe ni está interesada en los asuntos políticos, al tiempo que relaciona el termino democracia al mínimo común denominador de las elecciones para que el partido “propio” gane.

No, con esto no me refiero a que la gente no tenga una opinión o inquietudes políticas, sino que simplemente decide no ejercerlas en el plano político y social, que viene a ser como no tenerlas. La ciudadanía ha vuelto a asimilar tras la ola de indignación de la pasada crisis, que ejercer el derecho al voto es medida más que suficiente, o incluso la única efectiva, para participar en política y fiscalizar a nuestros representantes.

El problema, es que sin participación constante que mantenga las necesidades y reclamaciones ciudadanas sobre la mesa de los representantes políticos, dejamos a su criterio cómo solucionar las cuestiones. Es decir, no solo interpretan sino realmente deciden cuales son los intereses generales de la población. Así, ese proceso de construcción y definición del interés general es obra de una sola parte -elites gobernantes- a la que la otra -ciudadanía- se adhiere. Ello es así porque en última instancia los ciudadanos también creen que solo los gobernantes están capacitados para tal decisión. Así, aceptan como suyo lo que otros han decidido por ellos, se trata por tanto, de un proceso de coincidencia por adhesión.

Lo que esto implica, es que los partidos políticos, sin el juicio y el control de la ciudadanía que les vota (y que no les vota, por supuesto), puede llevar a cabo irregularidades que van directamente en contra de la constitución, como bloquear la antes mencionada renovación del CGPJ para que éste actué como tribunal político en su defensa y para sus intereses. Y puede hacerlo, porque sabe que la ciudadanía no lo someterá al desgaste social que implica que la gente salga a la calle en contra de ti como partido o como líder político.

Hay que ir desmantelando, mediante el activismo ciudadano, la cultura sociológica interiorizada de la democracia de mínimos que en nuestro país, los diferentes gobiernos del antiguo bipartidismo se han esforzado con ahínco –y éxito- por implementar. Esto es; una apatía ciudadana instaurada y asimilada, que ha ensalzado el cinismo, la abstención y el desentendimiento político como signos de virtud y madurez, precisamente para poder llevar a cabo sus desmanes sin tener que rendir cuentas a la ciudadanía.

En definitiva, no es que haya desmanes judiciales porque no salimos a la calle. Es que al no tener una costumbre ciudadana enraizada de salir a la calle como método socialmente aceptado como protesta, y para hacer ver nuestras demandas y necesidades, la percepción de las elites sobre hasta dónde pueden actuar sin reprobación social y sin consecuencias, se relaja. Hasta Donald Trump, el más descarado de la nueva generación de mentirosos de extrema derecha que él mismo inspiró, se vio obligado a recular más de una vez en sus mentiras y difamaciones cuando la presión de la calle obligaba a sus correligionarios a apretarle las tuercas en las instituciones. En nuestro país, creo que esto se percibirá como un hecho, a nuestra clase política, mentir y difamar le sale gratis, mucho más que en EEUU. Y cuando mentir y difamar sale gratis en lo político, todas aquellas instituciones en contacto inmediato con la esfera política, se impregnan de esa forma de actuación.

Hay un sentir extendido de que la movilización social para conseguir reformas es algo inútil, o directamente un plan hasta cierto punto irresponsable, quizás porque al mismo tiempo, hemos asociado la idea de movilización con contenedores ardiendo, cargas policiales y adoquines reutilizables para debates de políticos de derechas. Pero precisamente hay que desterrar la idea de que la movilización y la salida a las calles atenta contra el sistema democrático, pues es de hecho la base misma de nuestro sistema.

Pero hay ejemplos varios sobre cómo la movilización ciudadana altera el curso de políticas y resoluciones, contra todos los pronósticos que indican que una cosa no tiene nada que ver con la consecución de la otra. Y un ejemplo crucial pero meridianamente pasado por alto es el de Alberto Ruiz Gallardón.

En 2014 Ruiz Gallardón, el entonces Ministro de Justicia, presentó su famosa reforma de ley en el aborto, reforma pensada para contentar a la Iglesia católica y el resto de sectores ultra católicos del país. Esta ley, cuyo nombre era “Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada”, buscaba sustituir a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, además de reducir a dos los supuestos por los que una mujer podría abortar: que corriera peligro su vida o que el embarazo hubiera sido consecuencia de una violación. Para quienes no lo recuerden del todo, aquí va el resumen; El bueno de Alberto, ni corto ni perezoso, presentó la ley como medida para defender el derecho de las mujeres a ser lo que “realmente las hace mujeres”, esto es, madres. Este riesgo de regresión de derechos para las mujeres, generó una oleada de protesta a nivel nacional.

El malestar llegó al punto de que se organizó una marcha en Madrid el 1 de Febrero de ese mismo año convocada por los colectivos feministas. Gallardón dejó claro que lo que la calle dijera no iba a interpretarlo como reflejo de la opinión ciudadana. “Tenéis mi compromiso personal que no habrá ni un grito ni ningún insulto que a este ministro le vaya a hacer abdicar del compromiso de cumplir el programa de regular los derechos de las mujeres y del concebido” llegó a decir.

El pulso se mantuvo nada menos que hasta Septiembre, cuando Gallardón tuvo que claudicar ante el hecho de que muchísima más gente de la que el PP hubiera esperado, era contraria a dicha reforma, pero sobre todo por la movilización ciudadana y la presión organizada constante contra dicha ley, que estaba comenzando a generar opinión contraria incluso en el punto de vista de mucho electorado conservador. Viendo que aquello podría costarles incluso la siguiente legislatura, Rajoy defenestró al ministro sin el menor miramiento, y anularon la reforma en medio de una forzada apariencia de calmada decisión propia. Todo esto por supuesto, sin atribuir las razones a la resistencia ciudadana contra aquella aberración legislativa, sino achacándolo a problemas técnicos con su desarrollo. Una de las leyes más retrogradas y peligrosas para las libertades de las mujeres fue tumbada tan solo con la movilización y la constancia, y los ejemplos de victorias son muchos más, desde las protestas de Gamonal hasta las movilizaciones de la PAH, pero todos olvidados al parecer.

Bien es cierto que con el actual panorama pandémico, mucha gente puede pensar –no muy equivocadamente- que salir de forma masiva en pos de reivindicaciones puede ser algo incívico. Yo creo que esa idea es insostenible por varios motivos. El primero, hemos visto muchos ejemplos de aglomeraciones multitudinarias que solo se generaban por el hecho de ejercer el ocio, lo cual sí que es incívico, mientras que salir a reivindicar derechos y necesidades sociales es imperativo para la salud democrática. Lo que se torna incívico es no ejercer ese deber. Hemos visto también actos políticos que se han permitido, saltándose también muchas de las medidas anticovid, y hablo de la infame plaza de colon o de la manifestación neonazi en apoyo a la división azul. En la misma comunidad autónoma, se prohibía justo después la convocatoria del 8M, mostrando la importancia social de la movilización y de la negación de la misma.

Parte del error que se cometió desde el progresismo fue abandonar el activismo que caracterizó al inconformismo durante la crisis económica, y este es un error tremendo del que ha pecado la izquierda en general (espero perdonéis ser tan categórico, pero ahora lo explico). Con las elecciones de 2016 y el cambio en el tablero político con dos nuevos partidos que rompían el bipartidismo, una enorme capa poblacional progresista sintió que ya tenían un partido nuevo que les representaba, y con ello dieron la batalla por “ganada”, mientras que el electorado socialista, también se desmovilizó, aunque más correcto sería decir que se relajó gracias a un PSOE que jugó su retórica más izquierdista.

La democracia, para que sea representativa y útil para la ciudadanía, no puede basarse en la confianza a la clase política, sino en su constante fiscalización y mantenimiento a raya, por medio de tejido participativo mediante relaciones ciudadanas. Y esto va necesariamente unido al resto de las esferas institucionales que componen la política. La única solución para sanear el poder judicial, es que los partidos, sobre todo los que están en el gobierno, empiecen a movilizarse, pero debe quedarnos claro que solo lo harán si la ciudadanía presiona saliendo a la calle – aclaro para calmar a determinados sectores que en marchas pacíficas, obviamente, que hay que decirlo todo – para exigírselo. Esto no es infantilismo ni romantización contestataria, sino el método empírico bajo el que se han conseguido absolutamente todos y cada uno de los cambios sociales en nuestro país y en nuestra historia. Mientras esto no esté claro y la ciudadanía sigua optando por la pasividad, quizás sigamos mereciendo los recortes sociales y las resoluciones judiciales inaceptables que tan alegremente consentimos.

Renovar el Poder Judicial mediante activismo ciudadano es posible

El supremo ha ratificado la condena a 19 meses de prisión para Isa Serra por un delito de atentado, lesiones y daños cometidos durante los altercados que se produjeron en el barrio de Lavapiés en un desahucio que tuvo lugar el 31 de enero de 2014. Esta condena cuyo fallo será recurrido por Serra...

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¿Golpe de mano judicial en España?​

Por
LÚH Redacción.

25 de julio de 2021 14:00

El establishment del Estado español estaría formado por las élites financiera-empresarial, política, judicial, militar, jerarquía católica, universitaria y mass media del Estado español, herederos naturales del legado del General Franco que habrían fagocitado todas las esferas de decisión (según se desprende de la lectura del libro "Oligarquía financiera y poder político en España" escrito por el ex-banquero Manuel Puerto Ducet). Dichos lobbys de presión estarían interconectados mediante "una alianza inquieta basada en su comunidad de intereses económicos y amalgamada por la defensa a ultranza del Régimen del 78 y de la "unidad indisoluble de España" y su objetivo confeso sería implementar en España una "democracia no liberal" siguiendo la estela de la Hungría de Orbán.

En este contexto, se enmarcaría la reciente campaña emprendida por el PP y Vox (Operación Toga) y que contará con la aquiescencia del Tribunal Supremo, del Tribunal de Cuentas y del Tribunal Constitucional para provocar la parálisis legislativa y ejecutiva de la actual mayoría progresista y forzar la convocatoria de nuevas Elecciones Generales con la esperanza de lograr la mayoría absoluta e implementar una democracia no liberal que beberá de la fuentes del centralismo bonapartista y del paternalismo de las dictaduras blandas y estará dotado de la triple enzima tardofranquista (mantenimiento de la unidad indisoluble de España, control estricto de la inmigración y retorno al pensamiento único heteropatriarcal).

Pedro Sánchez y la "Operación Toga"

El lobby judicial tardofranquista habría fagocitado los principales estamentos judiciales del Estado español (CGPJ, Tribunal Supremo, Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional) y a pesar de estar en funciones desde el 2018, el PP se niega a renovar la cúpula judicial al seguir ostentando la mayoría en dichos Tribunales.

El Tardofranquismo judicial tendría al Tribunal Supremo como muro de contención de los decretos-leyes aprobados por el "rodillo progresista" del Congreso; a su Presidente Carlos Lesmes como croupier en la ruleta de adjudicación de cargos y procesos judiciales; a los jueces Marchena, Lamela y Llarena como sus estrellas mediáticas y a los fiscales del "clan de los indomables" como sus abnegados peones. Asimismo, el Tribunal Supremo estaría controlado por el llamado "clan de los políticos" en palabras del ex-Presidente de Sala del TS, Ramón Trillo y habría devenido en un verdadero lobby o grupo de presión de la derecha tardofranquista que mediante controvertidas decisiones judiciales intentará paralizar o revertir las decisiones políticas o económicas del Gobierno Sánchez.

Así, tras el macro juicio a los líderes del Procés y su posterior entrada en prisión, asistimos al intento de paralizar la concesión de indultos a los líderes del Procés mediante un informe del llamado "clan de los indomables" de la Fiscalía del Supremo en el que advertía al Gobierno que "la Constitución prohíbe los indultos generales". Fracasado el intento de paralizar la concesión de dichos indultos llega el turno de la segunda pata del trípode judicial tardofranquista, el Tribunal de Cuentas que reclama a dichos líderes catalanes la friolera de 5,4 millones de Euros por supuestos gastos indebidos en la acción exterior del Govern en el período comprendido entre el 2011 y el 2017.

En el paroxismo de la ofensiva judicial, entra en escena el Tribunal Constitucional devenido en el nuevo muro de contención de la labor legislativa del Parlamento amén de fiscalizador supremo de la gestión del Ejecutivo y cuya última intervención fue declarar inconstitucional la Declaración del Estado de Alarma implementada por el Gobierno Sánchez en Marzo del 2020 con una exigua mayoría de 6 a 5. Dicha sentencia supondría desvirtuar la tradicional separación de Poderes en una democracia formal al usurpar el TC la labor de control del Parlamento a la gestión del Gobierno que quedará en adelante sometida al albur de la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional.

Dicha ofensiva judicial involucionista buscaría convertir al Estado español en un Estado fallido, enconsertado y sometido a los dictados del Tardofranquismo judicial, por lo que el Gobierno de Sánchez podría valerse de la doctrina del Contrafuero navarro que "faculta al Gobierno para solicitar reparación ante agravios presuntamente cometidas por los Tribunales de Justicia que afecten a las leyes, ordenanzas y libertades acordados por la sociedad a través de su “legítima representación parlamentaria", pero en el fondo subyace la necesidad imperiosa de la renovación de la caduca cúpula judicial y la condena al ostracismo del lobby judicial tardofranquista.

¿Golpe de mano judicial en España?

El establishment del Estado español estaría formado por las élites financiera-empresarial, política, judicial, militar, jerarquía católica, universitaria y mass media del Estado español, herederos naturales del legado del General Franco que habrían fagocitado todas las esferas de decisión (según...

luhnoticias.es

 

[IDOLO]

 

[Nikita]

Pues nada, según nuestra ecuánime justicia, hay que dejarse matar porque la defensa propia no está ni contemplada ni admitida... A este señor ya le habían intentado entrar a robar en su finca el mismo día de los hechos y estaba con la mosca detrás de la oreja. Disparó pues el delincuente era bastante más joven y fuerte que él y además le estaba agrediendo. Al final la gente terminará tomándose la justicia por su mano pero sin avisar a la policía, porque defender tu vida a manos de un ilegal con antecedentes se premia con la cárcel...

Nauseabundo cómo se encargan los medios de manipular este tipo de noticias posicionándose al lado del delincuente:

Y esta es la misma justicia cuando se trata de ajusticiar a deshechos humanos:

 

[IDOLO]

ANÁLISIS​

Lawfare en España: la estrategia judicial de la ultraderecha​

Pudiera parecer que esta guerra judicial es una dinámica antidemocrática para ir condicionando el proceso político hasta que los medios de comunicación les permitan gobernar de verdad

Por
Gara Santana.

27 de agosto de 2021 23:01

Lawfare, del inglés guerra judicial, esa palabra que cada día nos ronda a través de los medios de comunicación y nos está ayudando a ponerle nombre a una práctica cada vez más común en España: la presentación en los juzgados de querellas y denuncias de entidades y organismos ultraconservadores contra todo aquello que la ultraderecha entienda que atenta contra su ideología.

La guerra judicial se ha emprendido en nuestro país contra leyes, medidas sanitarias, contra la gestión de la pandemia, contra el 'procés', contra Unidas Podemos, contra artistas, raperos o titiriteros. Citando algunos ejemplos: Abogados Cristianos contra Chumino Rebelde; Instituto de Política Social contra la Ley de educación, conocida como la Ley Celáa; HazteOir.org y el colectivo fascista Hogar Social contra todas las medidas adoptadas por el Gobierno durante la pandemia; Asociación de Juristas Prolege contra Unidas Podemos; entre otros muchos casos, dan cuenta del abuso de los procesos judiciales para intervenir en los procesos políticos.

LA CALLE ARRANCADA A LA MAESTRA JUSTA FREIRE​

Sin ir muy lejos en el tiempo, estas semanas hemos visto una demostración de lawfare que explica al completo el modus operandi judicial de los ultraderechistas. La Fundación Francisco Franco, a la que se suma más tarde la Plataforma Patriótica Millán Astray, presenta en los Juzgados un recurso contra el acuerdo tomado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en 2017 para cambiar el nombre de 52 calles y cumplir de esta forma con la Ley de memoria histórica aprobada siete años antes por Jose Luis Rodríguez Zapatero.

Estos recursos no prosperaron y en 2018 el Tribunal Superior da luz verde al Ayuntamiento para cambiar el nombre de las calles y entre esos cambios se produjo el de la calle dedicada al franquista Millán Astray por el de la maestra de la reúplica, Justa Freire.
No llevaban ni un mes las nuevas placas puestas cuando de nuevo, un juez dijo que no había argumentos suficientes para cambiar de nombre a la calle de Millán Astray. El magistrado, al contrario que el Tribunal Superior, sí entró en el auto a valorar el cambio de nombre de las calles. Argumentó que el cambio de nombre amparándose en la ley de memoria de histórica no estaba suficientemente justificado.

A pesar de los recursos presentados por el Ayuntamiento de Madrid entonces, en mayo de este año, llega la respuesta del TSJ obligando a al Ayuntamiento a devolverle a la calle el nombre de José Millán Astray argumentando en el auto lo siguiente: "no participó directamente en el levantamiento de las tropas que llevó al poder a Francisco Franco mediante la Guerra Civil. Tampoco, añadía la sentencia, se puede demostrar que participara en acciones bélicas durante la contienda ni en la represión ejercida durante la dictadura".

José Millán-Astray
Hoy, a siete kilómetros de la Puerta del Sol una calle ha cambiado de nombre y esto podría ser solo anecdótico si no fuera por la gravedad de que un auto judicial niegue que Astray fuera un golpista y un fascista. Todo esto mientras que en Francia homenajean a La Nueve, en España, a la División Azul. Golpistas por maestras a golpe de mazo.

EL NOVIAZGO ENTRE EL LAWFARE Y LOS MEDIOS DE LA ULTRADERECHA​

Llegados a este punto pudiera parecer que esta guerra judicial es una dinámica antidemocrática para ir condicionando el proceso político hasta que los medios de comunicación les permitan gobernar de verdad, la estrecha relación entre ambos debe alimentarse constantemente.

Una causa abierta, un recurso presentado, una resolución citada una y otra vez tiene su eco en los medios y eso les da resultado. En el día de hoy lo explicaba en Rac1 el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias: "hay medios en este país que han blanqueado a auténticos sicarios de la información como Eduardo Inda, detrás están los Ferreras, los Herreras, Ana Rosa... y esto forma parte de las condiciones de posibilidad de la ultraderecha y que esa ultraderecha pueda gobernar".

Ya no importa que una noticia sea un bulo desde el principio, o que un proceso judicial no prospere, para cuando concluya el ruido mediático ya habrá hecho todo el trabajo.

EL EFECTO DESALIENTO​

El último golpe de toda esta situación es desmoralizar a todos aquellos que sacan adelante proyectos de cambio. El magistrado García de Dios lo definía hace un año en una entrevista de TV3 como 'el efecto desaliento'. "No todo el mundo en sus luchas por los derechos asume o está dispuesto a la prisión". Es en resumen "no te metas en política", "deja las cosas como están", "atente a las consecuencias".


https://luhnoticias.es/lawfare-en-espana-la-estrategia-judicial-de-la-ultraderecha/