LA JUSTICIA EN CAÍDA LIBRE... ¿O SON LOS JUECES Y FISCALES?

Huyyyyyyyy enchironan hasta por un juego de palabras Gora Alka-Eta. ¿Te acuerdas de los tiriteros.

Un juez antes de enchironar a una persona tiene que ver con claridad el delito. Pero como tenemos jueces que han pasado de ser policía franquista a ser juez de la Audiencia Nacional como el que le tocó a los titiriteros.

No sé si fue contigo o con otra coti que comentaba que había quienes habían pasado desde el Tribunal de Orden Público a jueces de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo.

Éste juez no anda muy lejos. Se llama Ismael Moreno Serrano por si te quieres informar.

se lo habrás dicho a todo el mundo. Si es uno de tus temas favoritos, el postfranquismo de todos los jueces de España.

Hay gente que evoluciona, sí. Puedes haber sido policía cuando vivía Franco, y creer o no en sus ideas, y luego cambiar de idea, de trabajo, y de lo que haga falta.

De los titiriteros me acuerdo que en un teatro de niños se pusieron a dar vivas a ETA, sí, o algo así. Quieres decir que les condenaron? Ya me extraña. Pero no conozco las circunstancias concretas, igual hicieron algo más.
 
se lo habrás dicho a todo el mundo. Si es uno de tus temas favoritos, el postfranquismo de todos los jueces de España.

Hay gente que evoluciona, sí. Puedes haber sido policía cuando vivía Franco, y creer o no en sus ideas, y luego cambiar de idea, de trabajo, y de lo que haga falta.

De los titiriteros me acuerdo que en un teatro de niños se pusieron a dar vivas a ETA, sí, o algo así. Quieres decir que les condenaron? Ya me extraña. Pero no conozco las circunstancias concretas, igual hicieron algo más.


Algo así...eso se pensó un juez y ni corto ni perezoso ¡a la cárcel!

No dieron vivas a ETA para nada. Y para que sepas un poquito de euskera "eta" es la conjunción "y" en castellano.

Hicieron un juego de palabras con la palabra "alkatea" alcalde en castellano y Al Qaeda tan de boga en aquellos tiempos.

Y lo de cambiar puede, pero hay dos refranes muy sabios. Mi madre decía que "El raposo puede perder la cola, pero nunca las mañas" o "La cabra siempre tira al monte"
 
Algo así...eso se pensó un juez y ni corto ni perezoso ¡a la cárcel!

No dieron vivas a ETA para nada. Y para que sepas un poquito de euskera "eta" es la conjunción "y" en castellano.

Hicieron un juego de palabras con la palabra "alkatea" alcalde en castellano y Al Qaeda tan de boga en aquellos tiempos.

Y lo de cambiar puede, pero hay dos refranes muy sabios. Mi madre decía que "El raposo puede perder la cola, pero nunca las mañas" o "La cabra siempre tira al monte"
ah pues super gracioso lo de mentar a al qaeda en plan gracia. creo que la actuación no fue en el norte, por cierto, por lo que el conocimiento de euskera era tirando a flojo entre los niños que asistieron.

de todos modos el juez los arrestó y pasaron una o dos noches en prisión preventiva, que cualquiera que te lea parece que están pudriéndose en la cárcel desde hace 15 años.
 
Por cierto, los dos refranes de tu madre que citas, ¿se los puedo aplicar al ser de luz Otegi? Y a los restantes etarras reconvertidos en seres de luz?
 
ah pues super gracioso lo de mentar a al qaeda en plan gracia. creo que la actuación no fue en el norte, por cierto, por lo que el conocimiento de euskera era tirando a flojo entre los niños que asistieron.

de todos modos el juez los arrestó y pasaron una o dos noches en prisión preventiva, que cualquiera que te lea parece que están pudriéndose en la cárcel desde hace 15 años.
Yo no quiero pasar ni una noche en la cárcel, si a ti te parece bien experimentar vale.

No fueron dos noches, fueron 5 días y cuatro noches, sumado a la incertidumbre de que no sabían cuanto iba a durar el encierro ni como se iban a desarrollar los acontecimientos.

Y se advirtió que no era un espectáculo para niños.

Y si hablas del euskera mas vale que los niños no oigan las palabras mal eta, bicicl eta, mac eta, viñ eta, bay eta, analfab eta, etc etc etc.
 
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Yo no quiero pasar ni una noche en la cárcel, si a ti te parece bien experimentar vale.

No fueron dos noches, fueron 5 días y cuatro noches, sumado a la incertidumbre de que no sabían cuanto iba a durar el encierro ni como se iban a desarrollar los acontecimientos.

Y se advirtió que no era un espectáculo para niños.

Y si hablas del euskera mas vale que los niños no oigan las palabras mal eta, bicicl eta, mac eta, viñ eta, bay eta, analfab eta, etc etc etc.
sí, hija, sí, maleta es más o menos igual de hiriente que oir que un supuesto juego de palabras con gora eta y alqaeda. que he buscado, a ver si es verdad que no era espectáculo infantil. La Vanguardia, no muy sospechosa, diría, pensaba que sí. Y exhibieron una pancarta Gora Alka-ETA en Madrid (https://www.lavanguardia.com/politi...altecimiento-terrorismo-inspiraron-lorca.html). Como aquí euskera hablamos pocos no te sorprenderá que la gente reconociera el "gora eta" que desgraciadamente conocemos de sobra. Casi más que agur.
 
Lo único es que lo de que la tal Juana Rivas protegía a sus hijos de un maltratador no viene avalado por ninguna condena ni indicio de maltrato contra el padre. Por eso la condenarían, digo yo. Ah, y parece que no va a entrar en prisión. Que tendrá arresto domiciliario.

Lo que no sé qué tiene que ver con todo esto es lo de la procesión de una vagina de plástico. No conozco las circunstancias, pero no parece disparatado que hay a quien le pueda dañar en sus sentimientos religiosos. La próxima vez que lo haga en una mezquita, que seguro que a esa religión no le molesta.
 

Parábola de la patada en la puerta​

  • En este mundo en el que nos intentan hacer comulgar con ruedas de molino, los titiriteros pueden ser peligrosos yihadistas y los pisos turísticos dejar de ser morada, dejando que policías insidiosos descerrajen las puertas de toda habitación de hotel, piso alquilado o caravana cuando quieran y sin mandamiento judicial
Elisa Beni
@elisabeni

Un policía con mascarilla en Madrid.
Un policía con mascarilla en Madrid. EFE/Fernando Alvarado
19 de junio de 2021 22:13h
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Ningún trabajo honesto es fácil
William Faulkner
Ha hecho falta llegar a la Audiencia Provincial de Madrid y emplear unos siete jueces y varios fiscales –algunos con posturas inexplicables–, desenmascarar a un ministro, magistrado en servicios especiales, y arrastrar al Gobierno progresista de España para llegar a la conclusión obvia desde el principio: romper puertas con un ariete para atajar infracciones administrativas es un delito y negarte a flanquear el paso de la Policía a tu morada sin orden judicial es defender tus derechos.

Cualquiera con una mínima sensibilidad democrática lo sabía desde el primer momento pero, en este mundo en el que nos intentan hacer comulgar con ruedas de molino, los titiriteros pueden ser peligrosos yihadistas y los pisos turísticos dejar de ser morada, abriendo el cauce a que policías insidiosos descerrajen las puertas de toda habitación de hotel, piso alquilado o caravana cuando les venga en gana y sin mandamiento judicial. Les recuerdo que el alarde de ''polisprudencia'' –dícese de la jurisprudencia creada por la inventiva policial– pasaba por establecer un aserto que repugna a cualquier mente lógica: si yo, pasma, te digo que me abras tu casa y tú te niegas, estás desobedeciendo a la autoridad, ergo estás cometiendo un delito flagrante que me permite entrar por las bravas. La polisprudencia de los policías, que serán imputados por esta acción dado que se ha ordenado una deducción de testimonio, acababa de un plumazo con el derecho fundamental recogido en el artículo 18.2 de la Constitución al devenir imposible. Todos nuestros domicilios quedaban a su alcance, sin orden judicial, puesto que basta ordenar abrir para producir la desobediencia que te hace incurrir en el delito flagrante que les permite entrar. Adiós, jueces. Hola, Estado policial.


Esta vergonzosa excusa, esta inaceptable estupidez democrática, no quedó solo en una actuación en la que ''se ha producido por parte de los agentes un exceso en el ejercicio de la autoridad con infracción del derecho a la inviolabilidad del domicilio'', como dice la Sección 23 de la Audiencia de Madrid, sino que fue expresamente respaldada por un ministro del Interior, juez, que negó taxativamente que se hubieran vulnerado derechos fundamentales. Marlaska y su respeto a los derechos fundamentales.

Marlaska y su profundidad jurídica. Marlaska, el juez por el que España ha recibido más condenas por no investigar torturas de Estrasburgo. No contento con su hazaña jurídica, arrastró a todo el Consejo de Ministros y obligó a que la portavoz del Gobierno más progresista de la historia nos contara que aquella puerta reventada ''no era de una morada sino de un piso turístico''. Hay que atizarles y les atizo.

Como comprenderán, si yo soy capaz de detectar el acre olor de la vulneración de derechos y de consultar con expertos en tres, dos, uno… que estas personas que encarnan tan altas magistraturas se lancen como pardillos a abrazar la bochornosa interpretación policial es inconcebible. Marlaska, ese hombre que tanto ha hecho lucirse a este Ejecutivo. Pediría que lo pongan en la libreta del ajuste de otoño pero aún sería peor que volviera a un tribunal de Justicia. No quiero imaginarlo.

Mas sigamos, porque en este asunto hay cera para muchos. Tenemos a la juez de guardia de Plaza de Castilla, Antonia de Torres, a la que llegó la petición de habeas corpus de una de las detenidas. Se trata de un derecho al que puede acudir la persona privada de libertad si cree que lo está ilegalmente como de facto lo estaba.

El auto por el que se desestimó un habeas corpus de manual produce un sonrojo que es difícil esconder. Una juez que olvida que los únicos motivos constitucionalmente legítimos para no admitirlo residen en que no se dé el supuesto de una privación de libertad sin intervención judicial o se incumplan los requisitos formales del artículo 4 de la Ley de Habeas Corpus.

Ninguna de las dos circunstancias se daban en esta petición pero ella se la despachó con un vergonzoso ''La privación de libertad es razonable a la actitud adoptada por Isabel''. Los que vieron el vídeo en redes ya saben que la actitud de la solicitante consistió básicamente en decirles a los policías que ella conocía sus derechos. Ahora la Audiencia Provincial la pone colorada porque no protegió a quien debía proteger.

Otro tirón de orejas merece el juez de Plaza de Castilla al que le llegó la denuncia policial imputándo a los moradores del piso los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad que ahora le obliga a sobreseer la Audiencia. El juez Marcelino Sexmero tiene el suficiente recorrido para saber perfectamente lo que ahora le recuerda la instancia superior, eso y que se pueden archivar las denuncias de una tacada cuando son locas.

Así que aquí tenemos de nuevo el problema de los policías sin formación y sensibilidad en derechos humanos y hasta el desconocimiento jurídico básico, que para poner unas multas consideran apropiado primero intentar abrir el resbalón, luego quitar el bombín de la cerradura y, por último, utilizar un ariete de mano que destroza una puerta y parte de una pared de un piso, para acabar cometiendo un delito ellos.

Así que aquí tenemos de nuevo a los jueces de instrucción que en lugar de jueces se consideran los jefes de los policías o sus valedores y que se revuelven cuando se habla de establecer reformas que nos doten de un verdadero juez de garantías, ahora que tantos parecen haber olvidado que ese es uno de sus papeles fundamentales.

Así que ahí tenemos la deriva antidemocrática que hace a parte de la sociedad no comprender que poner orden no puede implicar llevarse por delante todos los derechos más básicos –¡y cuál más básico que la inviolabilidad de nuestro espacio íntimo!– y que la Policía no solo no siempre lleva razón sino que hay que mantener sobre ella un control permanente de legalidad.

Así que nos luce también un ministro-juez que nos pasea no solo sus deficiencias técnico-jurídicas sino su falta de cualquier sensibilidad ante aquello a lo que debió consagrar su vida: la defensa y respeto de los derechos constitucionales.

Así nos va.

Tuvimos suerte, entiendan el sarcasmo, y esta vez los atropellados eran unos ciudadanos extranjeros pero de muy buena posición y una española hija de un registrador de la propiedad. Lo digo porque estas cosas les deben estar pasando todos los días a cientos de extranjeros y españoles pobres y ni nos enteramos ni por supuesto ningún juez les dará un habeas corpus tampoco.

Hemos tenido suerte, y esto sea dicho con toda seriedad, porque en el deterioro progresivo y constante del ejercicio de la función judicial aún quedan profesionales que ponen las cosas en su sitio a tiempo –como Rosario Esteban, José Sierra y Jesús Bergés–, aunque cada vez mengua más su número. Y abogados que están dispuestos a dar la batalla, como Ospina, que con la presentación de la querella contra los policías evitó que tuvieran que declarar como imputados los moradores.

Aplaudo a unos y abomino de otros y lo escribo porque solo con transparencia descubriremos el verdadero alcance del desastre de nuestra Justicia.



Prevaricaciones a gogó, pero como son todos una camarilla ninguno denuncia a un compañero.

Y para cuando lleguen los tribunales de DDHH ya habrán cumplido condena. El rapapolvos nos da igual porque no supone nada para nosotros. Tenemos nuestro culazo y nuestras puñetas de lo que comemos en Hespaña.

Y como dice Elisa Beni Así nos va.
 

España tiene un problema con la justicia​

Que la Audiencia Provincial de Madrid vaya más allá que el propio cartel de Vox o que Isa Serra reciba su sentencia dos días después que ‘OkDiario’ evidencian la magnitud de un problema que no es precisamente nuevo pero que parece agravarse día a día.

Por
Javier Lezaola.

5 de julio de 2021 23:00

España tiene un problema con la justicia

Arriba, el cartel electoral de Vox; abajo, la sede de la Audiencia Provincial de Madrid

Un auto de la Sección 2 (Penal) de la Audiencia Provincial de Madrid fechado el pasado jueves y publicado este lunes ha respaldado el criterio de la juez que en la campaña de las autonómicas del pasado 4M decidió no retirar cautelarmente un cartel de Vox sobre migrantes menores de edad con el texto “Un MENA [Menor Extranjero No Acompañado], 4.700 euros al mes; tu abuela, 426 euros de pensión al mes. Protege Madrid”, y lo ha hecho esgrimiendo que el cartel del partido ultraderechista refleja unas ideas que no se pueden prohibir mientras se permiten otras “tan criticables o más” que ellas. El auto –firmado por los magistrados Eduardo de Urbano, que ha actuado como ponente; Tania García Sedano y Valentín Sanz Altozano– rechaza así el recurso presentado por la Fiscalía contra la decisión de la juez Carmen Rodríguez-Medel, que el pasado 22 de abril decidió no retirar cautelarmente el cartel.

Tras la colocación del cartel, el Gobierno de coalición, Unidas Podemos y Más Madrid denunciaron a Vox ante la Fiscalía por un presunto delito de odio y el PSOE hizo lo propio ante los tribunales, coincidiendo todos ellos en que el cartel era xenófobo. Además, la Comunidad de Madrid –gobernada por el PP con el apoyo del partido ultraderechista– negó que destine 4.700 euros al mes a cada uno de los 269 migrantes menores atendidos por la comunidad autónoma y hasta el presidente del PP, Pablo Casado, calificó el cartel de Vox de “publicidad engañosa” dirigida a “enfrentar a los ciudadanos” de forma “irresponsable”.

Sin embargo, De Urbano –el ponente del auto que levantó al autobús de HazteOír la prohibición de circular publicitando el lema “Los niños tienen pexx. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si naces mujer, seguirás siéndolo”–, García Sedano –una de las tres magistradas que firmaron la sentencia que confirmó la absolución al PP de un delito de daños informáticos por la destrucción de los ordenadores que utilizaba Luis Bárcenas en la sede central del partido– y Sanz Altozano –primo carnal de Ángel García Altozano, director general corporativo del Grupo ACS, multinacional de la que es consejero delegado y presidente Florentino Pérez– han coincidido en que el cartel de Vox refleja unas ideas que no se pueden prohibir mientras se permiten otras “tan criticables o más” que ellas y han asegurado que, “con independencia de si las cifras” del cartel del partido ultraderechista “son o no veraces”, los migrantes menores representan un “evidente problema social y político”.

¿Qué ideas son “tan criticables o más” que las que refleja el cartel del partido ultraderechista? ¿Qué ideas “tan criticables o más” que las xenófobas se permiten? ¿Qué “evidente problema social y político” representan los 269 migrantes menores atendidos por la Comunidad de Madrid? La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales del Gobierno de coalición, Ione Belarra, ha asegurado este lunes que “los niños y las niñas más vulnerables nunca van a representar un problema para nuestra sociedad” y ha advertido de que lo que sí “es un gran problema para nuestro país” es “que haya quien los considere como tal”.

La anterior portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, se despedía de su cargo el pasado año 2020 asegurando que “la justicia” es “el último dique de contención” del que dispone “la democracia” frente al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos y frente al bloque de investidura compuesto también por formaciones de izquierdas y soberanistas como ERC y EH Bildu. Teniendo en cuenta la concepción de “la democracia” de Álvarez de Toledo –diputada del PP ahora más cercana a la Dirección de Vox que a la de su propio partido–, caben pocas dudas de lo que quiso destacar sobre el poder judicial como freno a la profundización democrática impulsada por las formaciones progresistas que tras las generales de noviembre de 2019 conforman la mayoría del Congreso. Si cupiera alguna, la despejaba unas semanas después el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial –órgano de gobierno del poder judicial en España–, Carlos Lesmes, al decirles a los nuevos jueces en un discurso oficial que “no serán pocos los momentos en los que tendréis la sensación de ser los únicos baluartes del Estado de derecho”.

¿Quiso decir Lesmes que los poderes legislativo y ejecutivo no son baluartes del Estado de derecho y que el poder judicial debe enfrentarse a ellos? En cualquier caso, es un hecho que el PP de Casado y de Álvarez de Toledo lleva dos años y medio bloqueando la renovación del CGPJ de Lesmes, manteniendo así en la Presidencia del órgano de gobierno del poder judicial en España a un magistrado que fue alto cargo del Ministerio de Justicia durante toda la etapa de gobierno de José María Aznar y que debería haber sido relevado hace dos años y medio, según establecen la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La portavoz de Podemos y secretaria de Discurso y Formación de la formación morada, Isa Serra, ha calificado este lunes de “injusta y decepcionante” la sentencia del Tribunal Supremo que confirma su condena a un año y siete meses de cárcel por atentado a la autoridad cuando participaba en el intento de paralizar el desahucio de un enfermo crónico con incapacidad absoluta en el año 2014 en el barrio madrileño de Lavapiés. La portavoz de Podemos ha insistido en que la sentencia “sirve para mandar un mensaje a todos y todas las que queremos un país más justo” y ha avanzado que la recurrirá ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo. “Una vez más, Europa volverá a dejar en evidencia a la justicia española y el uso que hace de ella el poder judicial para fines políticos”, ha augurado Serra, que ha recibido la sentencia este lunes, dos días después que el diario digital ‘OkDiario’, que el pasado sábado publicó su contenido en primicia.

Casos como el del cartel de Vox o como el de la condena a Isa Serra –o como los de las numerosas sentencias del TEDH que condenan a España por decisiones judiciales relacionadas con las torturas o con la libertad de expresión– evidencian que en España existe un problema con el poder judicial, cuyo órgano de gobierno está en interinidad desde hace dos años y medio a pesar de lo que establecen la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y que el auto de la Sección 2 de la Audiencia Provincial de Madrid vaya más allá que el propio cartel de Vox –un partido ultraderechista– o que Serra reciba su sentencia dos días después que ‘OkDiario’ evidencian la magnitud de ese problema que no es precisamente nuevo pero que parece agravarse día a día.


Se puede discutir la resolución, pero lo que no se puede permitir en ningún juez es el añadido, es decir, lo de los migrantes que son un problema social y político.

Aunque lo piense, aunque fuera verdad, que hay de todo como en botica, no se le puede permitir a un magistrado añadir esa coletilla en una sentencia.

Por otro lado como dijo Javier Aroca. ¿Seguiría ese cartel en su lugar si en vez de poner "El rey Juan Carlos nos cuesta X dinero al mes y un mena tanto?

¿A que ese cartel ya no se sería considerado libertad de expresión y hubiera sido retirado ipso facto?

La
justicia española está en caída libre, ya lo sabemos.:rolleyes:
 

España tiene un problema con la justicia​

Que la Audiencia Provincial de Madrid vaya más allá que el propio cartel de Vox o que Isa Serra reciba su sentencia dos días después que ‘OkDiario’ evidencian la magnitud de un problema que no es precisamente nuevo pero que parece agravarse día a día.

Por
Javier Lezaola.

5 de julio de 2021 23:00

España tiene un problema con la justicia

Arriba, el cartel electoral de Vox; abajo, la sede de la Audiencia Provincial de Madrid

Un auto de la Sección 2 (Penal) de la Audiencia Provincial de Madrid fechado el pasado jueves y publicado este lunes ha respaldado el criterio de la juez que en la campaña de las autonómicas del pasado 4M decidió no retirar cautelarmente un cartel de Vox sobre migrantes menores de edad con el texto “Un MENA [Menor Extranjero No Acompañado], 4.700 euros al mes; tu abuela, 426 euros de pensión al mes. Protege Madrid”, y lo ha hecho esgrimiendo que el cartel del partido ultraderechista refleja unas ideas que no se pueden prohibir mientras se permiten otras “tan criticables o más” que ellas. El auto –firmado por los magistrados Eduardo de Urbano, que ha actuado como ponente; Tania García Sedano y Valentín Sanz Altozano– rechaza así el recurso presentado por la Fiscalía contra la decisión de la juez Carmen Rodríguez-Medel, que el pasado 22 de abril decidió no retirar cautelarmente el cartel.

Tras la colocación del cartel, el Gobierno de coalición, Unidas Podemos y Más Madrid denunciaron a Vox ante la Fiscalía por un presunto delito de odio y el PSOE hizo lo propio ante los tribunales, coincidiendo todos ellos en que el cartel era xenófobo. Además, la Comunidad de Madrid –gobernada por el PP con el apoyo del partido ultraderechista– negó que destine 4.700 euros al mes a cada uno de los 269 migrantes menores atendidos por la comunidad autónoma y hasta el presidente del PP, Pablo Casado, calificó el cartel de Vox de “publicidad engañosa” dirigida a “enfrentar a los ciudadanos” de forma “irresponsable”.

Sin embargo, De Urbano –el ponente del auto que levantó al autobús de HazteOír la prohibición de circular publicitando el lema “Los niños tienen pexx. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si naces mujer, seguirás siéndolo”–, García Sedano –una de las tres magistradas que firmaron la sentencia que confirmó la absolución al PP de un delito de daños informáticos por la destrucción de los ordenadores que utilizaba Luis Bárcenas en la sede central del partido– y Sanz Altozano –primo carnal de Ángel García Altozano, director general corporativo del Grupo ACS, multinacional de la que es consejero delegado y presidente Florentino Pérez– han coincidido en que el cartel de Vox refleja unas ideas que no se pueden prohibir mientras se permiten otras “tan criticables o más” que ellas y han asegurado que, “con independencia de si las cifras” del cartel del partido ultraderechista “son o no veraces”, los migrantes menores representan un “evidente problema social y político”.

¿Qué ideas son “tan criticables o más” que las que refleja el cartel del partido ultraderechista? ¿Qué ideas “tan criticables o más” que las xenófobas se permiten? ¿Qué “evidente problema social y político” representan los 269 migrantes menores atendidos por la Comunidad de Madrid? La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales del Gobierno de coalición, Ione Belarra, ha asegurado este lunes que “los niños y las niñas más vulnerables nunca van a representar un problema para nuestra sociedad” y ha advertido de que lo que sí “es un gran problema para nuestro país” es “que haya quien los considere como tal”.

La anterior portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, se despedía de su cargo el pasado año 2020 asegurando que “la justicia” es “el último dique de contención” del que dispone “la democracia” frente al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos y frente al bloque de investidura compuesto también por formaciones de izquierdas y soberanistas como ERC y EH Bildu. Teniendo en cuenta la concepción de “la democracia” de Álvarez de Toledo –diputada del PP ahora más cercana a la Dirección de Vox que a la de su propio partido–, caben pocas dudas de lo que quiso destacar sobre el poder judicial como freno a la profundización democrática impulsada por las formaciones progresistas que tras las generales de noviembre de 2019 conforman la mayoría del Congreso. Si cupiera alguna, la despejaba unas semanas después el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial –órgano de gobierno del poder judicial en España–, Carlos Lesmes, al decirles a los nuevos jueces en un discurso oficial que “no serán pocos los momentos en los que tendréis la sensación de ser los únicos baluartes del Estado de derecho”.

¿Quiso decir Lesmes que los poderes legislativo y ejecutivo no son baluartes del Estado de derecho y que el poder judicial debe enfrentarse a ellos? En cualquier caso, es un hecho que el PP de Casado y de Álvarez de Toledo lleva dos años y medio bloqueando la renovación del CGPJ de Lesmes, manteniendo así en la Presidencia del órgano de gobierno del poder judicial en España a un magistrado que fue alto cargo del Ministerio de Justicia durante toda la etapa de gobierno de José María Aznar y que debería haber sido relevado hace dos años y medio, según establecen la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La portavoz de Podemos y secretaria de Discurso y Formación de la formación morada, Isa Serra, ha calificado este lunes de “injusta y decepcionante” la sentencia del Tribunal Supremo que confirma su condena a un año y siete meses de cárcel por atentado a la autoridad cuando participaba en el intento de paralizar el desahucio de un enfermo crónico con incapacidad absoluta en el año 2014 en el barrio madrileño de Lavapiés. La portavoz de Podemos ha insistido en que la sentencia “sirve para mandar un mensaje a todos y todas las que queremos un país más justo” y ha avanzado que la recurrirá ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo. “Una vez más, Europa volverá a dejar en evidencia a la justicia española y el uso que hace de ella el poder judicial para fines políticos”, ha augurado Serra, que ha recibido la sentencia este lunes, dos días después que el diario digital ‘OkDiario’, que el pasado sábado publicó su contenido en primicia.

Casos como el del cartel de Vox o como el de la condena a Isa Serra –o como los de las numerosas sentencias del TEDH que condenan a España por decisiones judiciales relacionadas con las torturas o con la libertad de expresión– evidencian que en España existe un problema con el poder judicial, cuyo órgano de gobierno está en interinidad desde hace dos años y medio a pesar de lo que establecen la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y que el auto de la Sección 2 de la Audiencia Provincial de Madrid vaya más allá que el propio cartel de Vox –un partido ultraderechista– o que Serra reciba su sentencia dos días después que ‘OkDiario’ evidencian la magnitud de ese problema que no es precisamente nuevo pero que parece agravarse día a día.


Se puede discutir la resolución, pero lo que no se puede permitir en ningún juez es el añadido, es decir, lo de los migrantes que son un problema social y político.

Aunque lo piense, aunque fuera verdad, que hay de todo como en botica, no se le puede permitir a un magistrado añadir esa coletilla en una sentencia.

Por otro lado como dijo Javier Aroca. ¿Seguiría ese cartel en su lugar si en vez de poner "El rey Juan Carlos nos cuesta X dinero al mes y un mena tanto?

¿A que ese cartel ya no se sería considerado libertad de expresión y hubiera sido retirado ipso facto?

La
justicia española está en caída libre, ya lo sabemos.:rolleyes:
Anda que no se permite decir de todo sobre el rey Juan Carlos. Vaya ejemplo.

La libertad de expresión es amplia, tanto en lo que te gusta como en lo que no. Y decir que el tema de los menores no acompañados inmigrantes son un problema no creo que sea una afirmación política. Es una realidad. La diferencia política puede existir en cómo solucionarlo. Pero no creo que ni el más radical de los radicales piense que es bueno tener a los inmigrantes menores de edad en centros con otros menores en su situación, y sin familia.
 
Anda que no se permite decir de todo sobre el rey Juan Carlos. Vaya ejemplo.

La libertad de expresión es amplia, tanto en lo que te gusta como en lo que no. Y decir que el tema de los menores no acompañados inmigrantes son un problema no creo que sea una afirmación política. Es una realidad. La diferencia política puede existir en cómo solucionarlo. Pero no creo que ni el más radical de los radicales piense que es bueno tener a los inmigrantes menores de edad en centros con otroee
s menores en su situación, y sin familia.
Un juez puede pensarlo en su vida privada, pero lo de añadirlo al final de una resolución SOBRA.

Eso no entra dentro de sus funciones de juez.
 
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