LA JUSTICIA EN CAÍDA LIBRE... ¿O SON LOS JUECES Y FISCALES?

En libertad sin cargos los siete hombres acusados de violar a una mujer en Badalona​

Siete hombres fueron detenidos el pasado jueves por presuntamente agredir sexualmente a una mujer. La víctima tuvo que ser hospitalizada y acusó a los hombres, pero la causa ha sido archivada porque la denuncia no ha sido ratificada.​

PÚBLICO / EUROPA PRESS

El pasado jueves fueron detenidos siete hombres por presuntamente violar a una mujer, pero han quedado en libertad sin cargos este sábado porque la causa ha sido archivada. Según ha explicado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, ya no hay ninguna acusación contra ellos ya que "la mujer no ha ratificado la denuncia" que presentó inicialmente.

Un vecino alertó a la Policía el día en el que se produjo la presunta agresión tras escuchar los gritos de la mujer pidiendo auxilio durante la madrugada. Al llegar, los agentes encontraron a la víctima en estado de shock y tuvo que ser hospitalizada por lesiones. Los siete hombres fueron detenidos por presuntamente agredir sexualmente a la mujer en una vivienda ocupada del barrio de Llefià, en Badalona. Posteriormente, la mujer presentó una denuncia, en la que habría incriminado a dos de los siete detenidos.



Los hombres pasaron este sábado a disposición judicial y, una vez practicadas diversas diligencias en sede judicial —incluidas declaraciones de los detenidos y de la denunciante— "la causa ha quedado archivada dado a que la mujer no ha ratificado su denuncia y Fiscalía considera, a la vista de la información en la causa, que no hay indicios de infracción penal", según detalla el comunicado que ha recogido Europa Press.


Nada, nada, que el juez o jueza con todos los indicios, denuncia presentada por la agredida, y estaba hospitalizada no ha ratificado, los violadores se van de rositas.


No ha sido una denuncia de una persona que se presenta de repente en un juzgado, sino que ha intervenido el vecino, la policía, el centro hospitalario.....

¿A que me suena entonces el actuar "de oficio" ?

Ah, claro que estamos en ¡Hespaña!


Éstos no aparecerán en portadas de revistas como otro, pero desde luego noónd recibirán ninguna critica desde las instancias judiciales.
¿Dónde está la denuncia? Además, eran MOROS....
 

En libertad sin cargos los siete hombres acusados de violar a una mujer en Badalona​

Siete hombres fueron detenidos el pasado jueves por presuntamente agredir sexualmente a una mujer. La víctima tuvo que ser hospitalizada y acusó a los hombres, pero la causa ha sido archivada porque la denuncia no ha sido ratificada.​

PÚBLICO / EUROPA PRESS

El pasado jueves fueron detenidos siete hombres por presuntamente violar a una mujer, pero han quedado en libertad sin cargos este sábado porque la causa ha sido archivada. Según ha explicado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, ya no hay ninguna acusación contra ellos ya que "la mujer no ha ratificado la denuncia" que presentó inicialmente.

Un vecino alertó a la Policía el día en el que se produjo la presunta agresión tras escuchar los gritos de la mujer pidiendo auxilio durante la madrugada. Al llegar, los agentes encontraron a la víctima en estado de shock y tuvo que ser hospitalizada por lesiones. Los siete hombres fueron detenidos por presuntamente agredir sexualmente a la mujer en una vivienda ocupada del barrio de Llefià, en Badalona. Posteriormente, la mujer presentó una denuncia, en la que habría incriminado a dos de los siete detenidos.



Los hombres pasaron este sábado a disposición judicial y, una vez practicadas diversas diligencias en sede judicial —incluidas declaraciones de los detenidos y de la denunciante— "la causa ha quedado archivada dado a que la mujer no ha ratificado su denuncia y Fiscalía considera, a la vista de la información en la causa, que no hay indicios de infracción penal", según detalla el comunicado que ha recogido Europa Press.


Nada, nada, que el juez o jueza con todos los indicios, denuncia presentada por la agredida, y estaba hospitalizada no ha ratificado, los violadores se van de rositas.


No ha sido una denuncia de una persona que se presenta de repente en un juzgado, sino que ha intervenido el vecino, la policía, el centro hospitalario.....

¿A que me suena entonces el actuar "de oficio" ?

Ah, claro que estamos en ¡Hespaña!


Éstos no aparecerán en portadas de revistas como otro, pero desde luego no recibirán ninguna critica desde las instancias judiciales.
A mí que critiques no me parece mal. No llevas razón, porque hay delitos que se persiguen de oficio y otros que no, pero vale. Pero de ahí a insultar? Estás hablando del país de muchísimas foreras. Insultarlo es repugnante.
 
A mí que critiques no me parece mal. No llevas razón, porque hay delitos que se persiguen de oficio y otros que no, pero vale. Pero de ahí a insultar? Estás hablando del país de muchísimas foreras. Insultarlo es repugnante.

Estoy hablando del país donde se premia a la corrupción y se persigue a quien la denuncia, entre otras cosas.

Tenemos un ex Jefe de Estado fugado y huido, y encima protegido por la parte derecha del Gobierno y por la derecha de la oposición.
Del actual no sabemos nada de nada. Sale de vez en cuando a visitas protocolarias y nada mas.
Dos botones de muestra. Hay muchos mas.

Para nada me he metido con los españoles, jamás lo he hecho. Bastante tenemos con nuestra vida diaria.
 
Estoy hablando del país donde se premia a la corrupción y se persigue a quien la denuncia, entre otras cosas.

Tenemos un ex Jefe de Estado fugado y huido, y encima protegido por la parte derecha del Gobierno y por la derecha de la oposición.
Del actual no sabemos nada de nada. Sale de vez en cuando a visitas protocolarias y nada mas.
Dos botones de muestra. Hay muchos mas.

Para nada me he metido con los españoles, jamás lo he hecho. Bastante tenemos con nuestra vida diaria.

Te metes con España. El mero hecho de escribir "Hespaña" es de muy mal gusto . A ti te parecerá gracioso. A mí me parece desagradable.

El Jefe del Estado no está fugado. Nadie le persigue así que no está fugado. Hay delincuentes fugados que eran presidentes, pero de la Generalitat, no del Estado. Y a pesar de eso no se me ocurre criticar a Cataluña (ni a los catalanes, claro). Y el Jefe del Estado actual está haciendo su trabajo, en coordinación con el gobierno, que es quien refrenda sus actos.
 
Estoy hablando del país donde se premia a la corrupción y se persigue a quien la denuncia, entre otras cosas.

Tenemos un ex Jefe de Estado fugado y huido, y encima protegido por la parte derecha del Gobierno y por la derecha de la oposición.
Del actual no sabemos nada de nada. Sale de vez en cuando a visitas protocolarias y nada mas.
Dos botones de muestra. Hay muchos mas.

Para nada me he metido con los españoles, jamás lo he hecho. Bastante tenemos con nuestra vida diaria.
El exjefe de estado ni esta fugado ni esta huido. Esta expulsado,
 

Los otros enjuagues¹ del CGPJ​

  • Esta es la otra parte de la corrupción del Consejo que no se ve, la que convierte en un peligro el entregar ese órgano a un grupo de jueces miembros de una asociación mayoritaria que ya hace y deshace, con pocos escrúpulos, en la situación actual y que convertiría a sus cargos en amos y señores del Poder Judicial español
Elisa Beni
@elisabeni

Reunión del pleno del CGPJ presidida por Carlos Lesmes.
Reunión del pleno del CGPJ presidida por Carlos Lesmes. Europa Press
9 de octubre de 2021 21:06h
47

Nos falta un verdadero foco sobre las corruptelas y las corrupciones internas del Consejo General del Poder Judicial y de la propia carrera judicial. Las que afloran a raíz de muchos de los nombramientos de cargos judiciales discrecionales han creado en el imaginario popular, de forma teledirigida, una sensación de que la responsabilidad recae únicamente sobre unos políticos que parecen poder mover como a teleñecos a los sesudos magistrados que se presentan inocentes, aunque es obvio que algunos se prestan a gusto a ello. He sugerido muchas veces que se analice el papel de los que aceptan seguir ese guion. Hoy quiero ocuparme de esas otras corruptelas que discurren por las capas profundas de la administración y que permanecen ocultas incluso para miles de jueces que, aplastados por el trabajo que les abruma, apenas tienen ya tiempo ni ganas para dedicar a intentar averiguar cómo se mueven los hilos del nepotismo, del amiguismo y del clientelismo dentro de su propia profesión. Mientras ellos reclaman que se ponga coto a su carga de trabajo, el resto se ocupa de rebañar para su casa.

Esta, si así lo quieren, puede ser una guía del autoestopista galáctico para aquellos jueces que quieran medrar a ritmo estroboscópico, tanto en lo profesional como en lo económico. A los ciudadanos, sírvales como muestra de por qué es inadmisible que los propios jueces elijan a la mayoría del CGPJ entre ellos mismos, pues solo sería una forma de abonar estas formas y maneras ajenas a la transparencia y a la más mínima decencia.

El CGPJ ha estado utilizando subterfugios y enjuagues para colocar a los jueces que desea en puestos a los que solo se debería acceder por puro escalafón. Esto les permite posicionar jueces afines, a ellos y a una forma de pensar, y que estos además les deban el favor. Lo contrario a cualquier definición de juez predeterminado por la ley. Ahí tienen como las comisiones de servicio, primero, y ahora la nueva figura del "asistente sin funciones jurisdiccionales y bajo la dirección de juez titular" les permite colocar a los jóvenes alevines del sistema, normalmente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, en los puestos clave. Así es como han llegado a la Audiencia Nacional, a un juzgado central en el que se llevan la mayor parte de los casos de corrupción del PP, los dos miembros de la APM que acompañan a García Castellón: Joaquín Gadea Francés y Daniel González Uriel. Así llegó también, Alejandro Abascal, al que algunos llaman el Enrique López II y al que han colocado nada menos que al frente de un juzgado central mientras consiguen llevarlo como vocal del CGPJ. Su posición es temporal hasta que el juzgado central 1 salga a concurso pero ¿saben quién tiene que sacarlo? El CGPJ, bingo.

Lo de Daniel González Uriel es tremendo de tan alucinante. Ni siquiera es magistrado, tiene aún categoría de juez, y está en el juzgado central de García Castellón como "asistente" y "asesor" del magistrado titular. ¿Qué cómo se lo han traído de Vilagarcía de Arosa a la Audiencia Nacional en un viaje interestelar nunca visto, cuando hay magistrados con 18 años de antigüedad que no podrían entrar ni en un Instrucción en Plaza de Castilla? Amigos, no hay como seguir a quién conviene. Este señor depende cada seis meses de sus valedores para no volverse de nuevo a las rías.

Pero quería yo fijarme en el caso de Joaquín Elías Gadea Francés, no solo por ser miembro de la ejecutiva de la APM y otro de los chicos de García-Castellón, sino porque aparece en los sitios más insospechados, siempre que sean lucidos y bien remunerados. Gadea Francés tiene también una carrera meteórica. Vamos, que empleó casi más tiempo en estudiar la oposición que en saltar de un juzgado de provincia a condenar al president de la Generalitat y todo ello sin que medie para nada su número de escalafón y sí las influencias. No puede ser de otra forma. Denle a leer este artículo a cualquiera de su promoción o las anteriores. Ellos les explicarán. Lo cierto es que Gadea ascendió a magistrado en 2015 y en 2019 estaba en el TSJ de Cataluña juzgando a Torra por desobediencia e, inmediata y tal vez no independientemente, fue adscrito al TSJ de Madrid y colocado por el CGPJ en el juzgado de García-Castellón de la Audiencia Nacional.

Todos esos manejos del CGPJ y de las alianzas y grupos de magistrados amigos consiguen, a la chita callando, colocar a los jueces que quieren en los lugares que desean sin que de eso se hable, sin que nadie lo critique, sin que tenga penalización. ¿Creen que no hubieran querido muchos jueces de promociones anteriores a la de Gadea irse a la AN a hacer currículum? ¿Se publicó? ¿Hubo bases? ¿Pudieron acceder? ¿Se miraron méritos?

No son las únicas competencias del CGPJ que resultan de mucho interés para la carrera judicial. La asignación de cursos o de consultorías de índole internacional es otra de ellas. Sucede que el prodigioso Gadea ha resultado ser también el juez favorito del CGPJ para un proyecto de colaboración jurídica con Centroamérica en materia de corrupción llamado Lcrime. Veinte días de trabajo, unos 9.000€ netos. Cierto es que él mismo alega en su digamos escueta descripción de méritos que tiene "amplios conocimientos en cooperación judicial penal (…)ya que asumí en exclusiva la ejecución de solicitudes de cooperación internacional en el partido judicial de Tarragona" y que además hizo un curso de cooperación y, resalta, "especialmente, por mi puesto actual, en la Audiencia Nacional", que ya hemos dicho que no es tal puesto sino una "asistencia". Es más que curioso que su perfil sea el mejor posicionado superando al de magistrados como Eloy Velasco, Carmen Rodríguez-Medel o, fundamentalmente, al que ha sido el único magistrado español juez internacional, José Ricardo de Prada, la bestia negra del PP, cuyo CV no fue ni remitido a los organizadores. Extraoficialmente se da a Gadea por elegido.

Todos los candidatos a consultores tienen mayor trayectoria que Gadea. La falta de transparencia y el nepotismo afloran a cada paso de esta convocatoria con la que, de no mediar rectificación, saldrá beneficiada nuestra rutilante estrella de la magistratura nacional, esa a la que círculos de Sala de lo Penal no conceden ni el nivel jurídico para estar en la casa. El Servicio de Internacional del CGPJ comunicó a los peticionarios del subproyecto 3 de Lcrime, el 20 de septiembre, que los candidatos seleccionados eran Joaquín Elías Gadea y Jorge Andújar, fiscal de Anticorrupción. Inmediatamente la candidatura pasó al Ministerio de Justicia para que la aprobara y la hiciera llegar a FIIAPP (Fundación Internacional e Iberoamericana dedicada a la cooperación internacional), donde en efecto llegó mucho antes de que se aprobara nada en la Permanente del CGPJ. Justicia no ha querido explicar por qué su dirección de Relaciones Exteriores da por buenas las propuestas del Consejo y las transmite sin más trámite ni selección a una Fundación de la que es patrona la ministra. Rumorean las malas lenguas que sobre San Bernardo planea una especie de "pax romana" con el Consejo ultracaducado, vayan a saber por qué. A lo mejor no ha hecho bien Llop en mantener al equipo de Campo y en dejar que estos le sigan la corriente a los okupas de la Villa de París. Allá ella.

Pero no todos los candidatos estaban dispuestos a asumir una clara arbitrariedad en la designación y las aguas se comenzaron a agitar. Tanto que en la Permanente del CGPJ que se celebró este jueves se terminó por incluir a José Ricardo de Prada, la bestia negra del PP por la sentencia de la Gürtel, al acordarse remitir los currículos de todos los candidatos, aunque resaltando una terna que continúa encabezando Gadea, con Ruiz Yamuza y De Prada. Solo la equiparación por proximidad es aberrante.

A estas horas no podemos saber si, una vez descubierto el pastel, y siendo invendible e inaceptable que Gadea supere en "experiencia profesional, especialidad o género" a José Ricardo de Prada o a cualquier otro de los peticionarios, en cualquiera de los maleables conceptos utilizados por el Servicio de Internacional, continuarán con el empeño de nombrarle a él que no debería haber pasado ni la primera fase de selección, en un análisis objetivo. Esta es la otra parte de la corrupción del Consejo que no se ve, la de la zanahoria de Lesmes, la que convierte en un peligro el entregar ese órgano a un grupo de jueces miembros de una asociación mayoritaria que ya hace y deshace, con pocos escrúpulos, en la situación actual y que convertiría a sus cargos en amos y señores del Poder Judicial español. Eso y no otra cosa es lo que pretendía la reforma presentada por el PP en el Congreso que fue tumbada.
Clientelismo se llama y nos afecta a todos.
¹Enjuague (RAE): 4.- Negociación oculta y artificiosa para conseguir lo que no se espera lograr por los cauces regulares



Sorteo, sorteo y sorteo. Ese es el mejor método para elegir jueces que todas las tendencias y con los méritos necesarios para el puesto, no por enchufes ni "conocencias".

Y el ministro de Justicia avala esos nombramientos cuando puede impedirlo. Es así de simple.

Filibusterismo y trileros es lo que abunda entre los socialistas.
 
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Los otros enjuagues¹ del CGPJ​

  • Esta es la otra parte de la corrupción del Consejo que no se ve, la que convierte en un peligro el entregar ese órgano a un grupo de jueces miembros de una asociación mayoritaria que ya hace y deshace, con pocos escrúpulos, en la situación actual y que convertiría a sus cargos en amos y señores del Poder Judicial español
Elisa Beni
@elisabeni

Reunión del pleno del CGPJ presidida por Carlos Lesmes.
Reunión del pleno del CGPJ presidida por Carlos Lesmes. Europa Press
9 de octubre de 2021 21:06h
47

Nos falta un verdadero foco sobre las corruptelas y las corrupciones internas del Consejo General del Poder Judicial y de la propia carrera judicial. Las que afloran a raíz de muchos de los nombramientos de cargos judiciales discrecionales han creado en el imaginario popular, de forma teledirigida, una sensación de que la responsabilidad recae únicamente sobre unos políticos que parecen poder mover como a teleñecos a los sesudos magistrados que se presentan inocentes, aunque es obvio que algunos se prestan a gusto a ello. He sugerido muchas veces que se analice el papel de los que aceptan seguir ese guion. Hoy quiero ocuparme de esas otras corruptelas que discurren por las capas profundas de la administración y que permanecen ocultas incluso para miles de jueces que, aplastados por el trabajo que les abruma, apenas tienen ya tiempo ni ganas para dedicar a intentar averiguar cómo se mueven los hilos del nepotismo, del amiguismo y del clientelismo dentro de su propia profesión. Mientras ellos reclaman que se ponga coto a su carga de trabajo, el resto se ocupa de rebañar para su casa.

Esta, si así lo quieren, puede ser una guía del autoestopista galáctico para aquellos jueces que quieran medrar a ritmo estroboscópico, tanto en lo profesional como en lo económico. A los ciudadanos, sírvales como muestra de por qué es inadmisible que los propios jueces elijan a la mayoría del CGPJ entre ellos mismos, pues solo sería una forma de abonar estas formas y maneras ajenas a la transparencia y a la más mínima decencia.

El CGPJ ha estado utilizando subterfugios y enjuagues para colocar a los jueces que desea en puestos a los que solo se debería acceder por puro escalafón. Esto les permite posicionar jueces afines, a ellos y a una forma de pensar, y que estos además les deban el favor. Lo contrario a cualquier definición de juez predeterminado por la ley. Ahí tienen como las comisiones de servicio, primero, y ahora la nueva figura del "asistente sin funciones jurisdiccionales y bajo la dirección de juez titular" les permite colocar a los jóvenes alevines del sistema, normalmente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, en los puestos clave. Así es como han llegado a la Audiencia Nacional, a un juzgado central en el que se llevan la mayor parte de los casos de corrupción del PP, los dos miembros de la APM que acompañan a García Castellón: Joaquín Gadea Francés y Daniel González Uriel. Así llegó también, Alejandro Abascal, al que algunos llaman el Enrique López II y al que han colocado nada menos que al frente de un juzgado central mientras consiguen llevarlo como vocal del CGPJ. Su posición es temporal hasta que el juzgado central 1 salga a concurso pero ¿saben quién tiene que sacarlo? El CGPJ, bingo.

Lo de Daniel González Uriel es tremendo de tan alucinante. Ni siquiera es magistrado, tiene aún categoría de juez, y está en el juzgado central de García Castellón como "asistente" y "asesor" del magistrado titular. ¿Qué cómo se lo han traído de Vilagarcía de Arosa a la Audiencia Nacional en un viaje interestelar nunca visto, cuando hay magistrados con 18 años de antigüedad que no podrían entrar ni en un Instrucción en Plaza de Castilla? Amigos, no hay como seguir a quién conviene. Este señor depende cada seis meses de sus valedores para no volverse de nuevo a las rías.

Pero quería yo fijarme en el caso de Joaquín Elías Gadea Francés, no solo por ser miembro de la ejecutiva de la APM y otro de los chicos de García-Castellón, sino porque aparece en los sitios más insospechados, siempre que sean lucidos y bien remunerados. Gadea Francés tiene también una carrera meteórica. Vamos, que empleó casi más tiempo en estudiar la oposición que en saltar de un juzgado de provincia a condenar al president de la Generalitat y todo ello sin que medie para nada su número de escalafón y sí las influencias. No puede ser de otra forma. Denle a leer este artículo a cualquiera de su promoción o las anteriores. Ellos les explicarán. Lo cierto es que Gadea ascendió a magistrado en 2015 y en 2019 estaba en el TSJ de Cataluña juzgando a Torra por desobediencia e, inmediata y tal vez no independientemente, fue adscrito al TSJ de Madrid y colocado por el CGPJ en el juzgado de García-Castellón de la Audiencia Nacional.

Todos esos manejos del CGPJ y de las alianzas y grupos de magistrados amigos consiguen, a la chita callando, colocar a los jueces que quieren en los lugares que desean sin que de eso se hable, sin que nadie lo critique, sin que tenga penalización. ¿Creen que no hubieran querido muchos jueces de promociones anteriores a la de Gadea irse a la AN a hacer currículum? ¿Se publicó? ¿Hubo bases? ¿Pudieron acceder? ¿Se miraron méritos?

No son las únicas competencias del CGPJ que resultan de mucho interés para la carrera judicial. La asignación de cursos o de consultorías de índole internacional es otra de ellas. Sucede que el prodigioso Gadea ha resultado ser también el juez favorito del CGPJ para un proyecto de colaboración jurídica con Centroamérica en materia de corrupción llamado Lcrime. Veinte días de trabajo, unos 9.000€ netos. Cierto es que él mismo alega en su digamos escueta descripción de méritos que tiene "amplios conocimientos en cooperación judicial penal (…)ya que asumí en exclusiva la ejecución de solicitudes de cooperación internacional en el partido judicial de Tarragona" y que además hizo un curso de cooperación y, resalta, "especialmente, por mi puesto actual, en la Audiencia Nacional", que ya hemos dicho que no es tal puesto sino una "asistencia". Es más que curioso que su perfil sea el mejor posicionado superando al de magistrados como Eloy Velasco, Carmen Rodríguez-Medel o, fundamentalmente, al que ha sido el único magistrado español juez internacional, José Ricardo de Prada, la bestia negra del PP, cuyo CV no fue ni remitido a los organizadores. Extraoficialmente se da a Gadea por elegido.

Todos los candidatos a consultores tienen mayor trayectoria que Gadea. La falta de transparencia y el nepotismo afloran a cada paso de esta convocatoria con la que, de no mediar rectificación, saldrá beneficiada nuestra rutilante estrella de la magistratura nacional, esa a la que círculos de Sala de lo Penal no conceden ni el nivel jurídico para estar en la casa. El Servicio de Internacional del CGPJ comunicó a los peticionarios del subproyecto 3 de Lcrime, el 20 de septiembre, que los candidatos seleccionados eran Joaquín Elías Gadea y Jorge Andújar, fiscal de Anticorrupción. Inmediatamente la candidatura pasó al Ministerio de Justicia para que la aprobara y la hiciera llegar a FIIAPP (Fundación Internacional e Iberoamericana dedicada a la cooperación internacional), donde en efecto llegó mucho antes de que se aprobara nada en la Permanente del CGPJ. Justicia no ha querido explicar por qué su dirección de Relaciones Exteriores da por buenas las propuestas del Consejo y las transmite sin más trámite ni selección a una Fundación de la que es patrona la ministra. Rumorean las malas lenguas que sobre San Bernardo planea una especie de "pax romana" con el Consejo ultracaducado, vayan a saber por qué. A lo mejor no ha hecho bien Llop en mantener al equipo de Campo y en dejar que estos le sigan la corriente a los okupas de la Villa de París. Allá ella.

Pero no todos los candidatos estaban dispuestos a asumir una clara arbitrariedad en la designación y las aguas se comenzaron a agitar. Tanto que en la Permanente del CGPJ que se celebró este jueves se terminó por incluir a José Ricardo de Prada, la bestia negra del PP por la sentencia de la Gürtel, al acordarse remitir los currículos de todos los candidatos, aunque resaltando una terna que continúa encabezando Gadea, con Ruiz Yamuza y De Prada. Solo la equiparación por proximidad es aberrante.

A estas horas no podemos saber si, una vez descubierto el pastel, y siendo invendible e inaceptable que Gadea supere en "experiencia profesional, especialidad o género" a José Ricardo de Prada o a cualquier otro de los peticionarios, en cualquiera de los maleables conceptos utilizados por el Servicio de Internacional, continuarán con el empeño de nombrarle a él que no debería haber pasado ni la primera fase de selección, en un análisis objetivo. Esta es la otra parte de la corrupción del Consejo que no se ve, la de la zanahoria de Lesmes, la que convierte en un peligro el entregar ese órgano a un grupo de jueces miembros de una asociación mayoritaria que ya hace y deshace, con pocos escrúpulos, en la situación actual y que convertiría a sus cargos en amos y señores del Poder Judicial español. Eso y no otra cosa es lo que pretendía la reforma presentada por el PP en el Congreso que fue tumbada.
Clientelismo se llama y nos afecta a todos.
¹Enjuague (RAE): 4.- Negociación oculta y artificiosa para conseguir lo que no se espera lograr por los cauces regulares



Sorteo, sorteo y sorteo. Ese es el mejor método para elegir jueces que todas las tendencias y con los méritos necesarios para el puesto, no por enchufes ni "conocencias".

Y el ministro de Justicia avala esos nombramientos cuando puede impedirlo. Es así de simple.

Filibusterismo y trileros es lo que abunda entre los socialistas.
Elisa Beni. Sancionada por el TSJCM. Que se puede esperar de una sinvergüenza como esta......resentida contra los jueces.....
 

No ha sido la primera ni será la última​


Javier Pérez Royo

Imagen de archivo del diputado de Podemos Alberto Rodríguez durante un pleno del Congreso. EFE/Javier Lizón
Imagen de archivo del diputado de Podemos Alberto Rodríguez durante un pleno del Congreso. EFE/Javier Lizón
11 de octubre de 2021 22:29h
57

La sentencia del Tribunal Supremo en la que ha condenado al diputado de Podemos Alberto Rodríguez por haber dado una patada en la rodilla a un agente de la Policía Nacional en una manifestación ha sido analizada con extrema dureza inmediatamente después de su publicación. Joaquín Urías en Público el 7 de octubre ("La policía siempre tiene la razón y si no, la justicia se la da"), Jodi Nieva en el Diario el 8 ("Una condena que no debió dictarse") y José Antonio Martín Pallín en Infolibre el 11 ("Entre el derecho y el no derecho: la patada en la rodilla") han acusado implícitamente de prevaricación a los siete magistrados que dictaron la sentencia, poniendo de manifiesto que esa es también la acusación que se desprende del voto particular discrepante de dos magistrados de la Sala Segunda.

Doy por supuesto que el lector de elDiario.es no necesita ningún análisis adicional desde una perspectiva estrictamente jurídica de la sentencia. En consecuencia no va a ir en esa dirección este artículo.

La sentencia es un caso de libro de la anécdota que se convierte en categoría. Se inserta en una pauta de conducta del TS, pero también del Tribunal Constitucional, dirigida a promocionar la tesis de falta de legitimidad del Gobierno presidido por Pedro Sánchez, que ha sido el núcleo esencial de la estrategia del PP y Vox y también aunque en menos medida de Ciudadanos, desde el debate de investidura, es decir, desde antes de que Pedro Sánchez se convirtiera en presidente del Gobierno.

Cristina Monge ha publicado el 11 de octubre en Infolibre un artículo con el expresivo título "Ganar en los juzgados lo que no se ganó en las urnas", en el que hace referencia a varias sentencias dictadas por diversos órganos jurisdiccionales, dirigidas a dar credibilidad a la estrategia de las derechas españolas de negar la legitimidad del Gobierno de coalición que se constituyó tras las elecciones de noviembre de 2019. La acusación de falta de legitimidad viene, en realidad, desde la aprobación de la moción de censura en julio de 2018.

El uso "arbitrario" del poder en el ejercicio de la función jurisdiccional, del que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ya acusó al Tribunal Supremo por la forma en que condenó al juez Baltasar Garzón, está aumentando de manera notable y me temo que va a ir a más en lo que queda de legislatura.

La arbitrariedad en el ejercicio de la función jurisdiccional es una expresión de la impotencia política de las derechas españolas. Se está proyectando sobre el pasado, pero con una perspectiva de futuro. Las derechas españolas saben que de la "unidad de España" que ellos propugnan, queda fuera la mayoría de la sociedad española. Viene siendo así desde diciembre de 2015, pero cada vez lo es más. Quedó claro en la votación de los Presupuestos Generales del Estado para este 2021 y va a volver a quedar claro en la de los Presupuestos Generales para 2022. La visión de España de las derechas españolas, que es la que tenía el general Franco, no puede imponerse democráticamente.

Es de esta impotencia democrática de donde procede el "activismo judicial" al que estamos asistiendo. Lo que se pretende con ello es desmovilizar a los ciudadanos para que no acudan a las urnas, intentando convencerles de la inutilidad de su voto, ya que a través de los jueces se puede desactivar la acción política de los partidos por los que ellos han votado mayoritariamente.
Las derechas españolas están "provocando" a través de la "guerra jurídica" a los ciudadanos, con la finalidad de que den un paso en falso, que pueda justificar su estrategia antidemocrática.

Es de suma importancia no caer en la trampa. El voto es más útil en este momento que nunca. Es posible que lleguemos a las próximas elecciones con un Consejo General del Poder Judicial con más de 1.500 días de prórroga. Y con unos magistrados del Tribunal Constitucional con casi mil días y con unos del Tribunal de Cuentas también con centenares de días. Pero todo tiene su límite.

Desde que en las elecciones europeas de mayo de 2014 el PP supo que ya no volvería a tener la mayoría absoluta y que la derecha iba a ser una opción minoritaria en el país, su estrategia ha consistido en tratar de impedir por la forma que fuera, que se revisara la interpretación de la Constitución que Mariano Rajoy impuso con los resultados de las elecciones de 2011. Hasta el momento han conseguido frenar los avances en dicha revisión, aunque cada vez con menos éxito.

En esta legislatura ya se están dando pasos importantes. La forma en que se ha hecho frente a la crisis de la Covid es completamente distinta a la forma en que se hizo frente a la crisis de Lehman Brothers. En la próxima legislatura, si las derechas pierden las elecciones, se darán más. Esto es lo que está detrás de la acusación de falta de legitimidad del Gobierno de coalición y de la "guerra jurídica" con la que pretenden que se abra camino. Esto es lo que explica las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de estos últimos meses.


Cierta judicatura se parece a un clan mafioso.:cautious:
 

No ha sido la primera ni será la última​


Javier Pérez Royo

Imagen de archivo del diputado de Podemos Alberto Rodríguez durante un pleno del Congreso. EFE/Javier Lizón
Imagen de archivo del diputado de Podemos Alberto Rodríguez durante un pleno del Congreso. EFE/Javier Lizón
11 de octubre de 2021 22:29h
57

La sentencia del Tribunal Supremo en la que ha condenado al diputado de Podemos Alberto Rodríguez por haber dado una patada en la rodilla a un agente de la Policía Nacional en una manifestación ha sido analizada con extrema dureza inmediatamente después de su publicación. Joaquín Urías en Público el 7 de octubre ("La policía siempre tiene la razón y si no, la justicia se la da"), Jodi Nieva en el Diario el 8 ("Una condena que no debió dictarse") y José Antonio Martín Pallín en Infolibre el 11 ("Entre el derecho y el no derecho: la patada en la rodilla") han acusado implícitamente de prevaricación a los siete magistrados que dictaron la sentencia, poniendo de manifiesto que esa es también la acusación que se desprende del voto particular discrepante de dos magistrados de la Sala Segunda.

Doy por supuesto que el lector de elDiario.es no necesita ningún análisis adicional desde una perspectiva estrictamente jurídica de la sentencia. En consecuencia no va a ir en esa dirección este artículo.

La sentencia es un caso de libro de la anécdota que se convierte en categoría. Se inserta en una pauta de conducta del TS, pero también del Tribunal Constitucional, dirigida a promocionar la tesis de falta de legitimidad del Gobierno presidido por Pedro Sánchez, que ha sido el núcleo esencial de la estrategia del PP y Vox y también aunque en menos medida de Ciudadanos, desde el debate de investidura, es decir, desde antes de que Pedro Sánchez se convirtiera en presidente del Gobierno.

Cristina Monge ha publicado el 11 de octubre en Infolibre un artículo con el expresivo título "Ganar en los juzgados lo que no se ganó en las urnas", en el que hace referencia a varias sentencias dictadas por diversos órganos jurisdiccionales, dirigidas a dar credibilidad a la estrategia de las derechas españolas de negar la legitimidad del Gobierno de coalición que se constituyó tras las elecciones de noviembre de 2019. La acusación de falta de legitimidad viene, en realidad, desde la aprobación de la moción de censura en julio de 2018.

El uso "arbitrario" del poder en el ejercicio de la función jurisdiccional, del que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ya acusó al Tribunal Supremo por la forma en que condenó al juez Baltasar Garzón, está aumentando de manera notable y me temo que va a ir a más en lo que queda de legislatura.

La arbitrariedad en el ejercicio de la función jurisdiccional es una expresión de la impotencia política de las derechas españolas. Se está proyectando sobre el pasado, pero con una perspectiva de futuro. Las derechas españolas saben que de la "unidad de España" que ellos propugnan, queda fuera la mayoría de la sociedad española. Viene siendo así desde diciembre de 2015, pero cada vez lo es más. Quedó claro en la votación de los Presupuestos Generales del Estado para este 2021 y va a volver a quedar claro en la de los Presupuestos Generales para 2022. La visión de España de las derechas españolas, que es la que tenía el general Franco, no puede imponerse democráticamente.

Es de esta impotencia democrática de donde procede el "activismo judicial" al que estamos asistiendo. Lo que se pretende con ello es desmovilizar a los ciudadanos para que no acudan a las urnas, intentando convencerles de la inutilidad de su voto, ya que a través de los jueces se puede desactivar la acción política de los partidos por los que ellos han votado mayoritariamente.
Las derechas españolas están "provocando" a través de la "guerra jurídica" a los ciudadanos, con la finalidad de que den un paso en falso, que pueda justificar su estrategia antidemocrática.

Es de suma importancia no caer en la trampa. El voto es más útil en este momento que nunca. Es posible que lleguemos a las próximas elecciones con un Consejo General del Poder Judicial con más de 1.500 días de prórroga. Y con unos magistrados del Tribunal Constitucional con casi mil días y con unos del Tribunal de Cuentas también con centenares de días. Pero todo tiene su límite.

Desde que en las elecciones europeas de mayo de 2014 el PP supo que ya no volvería a tener la mayoría absoluta y que la derecha iba a ser una opción minoritaria en el país, su estrategia ha consistido en tratar de impedir por la forma que fuera, que se revisara la interpretación de la Constitución que Mariano Rajoy impuso con los resultados de las elecciones de 2011. Hasta el momento han conseguido frenar los avances en dicha revisión, aunque cada vez con menos éxito.

En esta legislatura ya se están dando pasos importantes. La forma en que se ha hecho frente a la crisis de la Covid es completamente distinta a la forma en que se hizo frente a la crisis de Lehman Brothers. En la próxima legislatura, si las derechas pierden las elecciones, se darán más. Esto es lo que está detrás de la acusación de falta de legitimidad del Gobierno de coalición y de la "guerra jurídica" con la que pretenden que se abra camino. Esto es lo que explica las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de estos últimos meses.


Cierta judicatura se parece a un clan mafioso.:cautious:
Pero qué tontería. De entrada este hombre no está en el gobierno, así que no sé cómo condenarle por una agresión tiene algo que ver con la legitimidad del gobierno.

Que no golpee y no le condenarán por golpear. Es de lo más simple.
 
Pero qué tontería. De entrada este hombre no está en el gobierno, así que no sé cómo condenarle por una agresión tiene algo que ver con la legitimidad del gobierno.

Que no golpee y no le condenarán por golpear. Es de lo más simple.

Está en el Parlamento. Y lo de golpear es la palabra de un policía sin ninguna prueba. Y se sabe que la policía miente cuanto interesa.

Todo ésto me recuerda a una frase de mi madre que me ha transmitido y que ella oía desde tiempos en que era niña.

"Pobre, no vayas a juicio porque la razón no te vale, el rico te contradice y el alcalde te dice que calles"

Si eres de izquierdas no vayas a juicio porque la razón no te vale, el poli te contradice y el juez se olvida del in dubio pro reo y prevarica.
 
Está en el Parlamento. Y lo de golpear es la palabra de un policía sin ninguna prueba. Y se sabe que la policía miente cuanto interesa.

Todo ésto me recuerda a una frase de mi madre que me ha transmitido y que ella oía desde tiempos en que era niña.

"Pobre, no vayas a juicio porque la razón no te vale, el rico te contradice y el alcalde te dice que calles"

Si eres de izquierdas no vayas a juicio porque la razón no te vale, el poli te contradice y el juez se olvida del in dubio pro reo y prevarica.
Lo dice una sentencia.

Aunque te .oda.
 
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