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La Fiscalía aprecia posible conducta delictiva en el juez que fabricó una declaracion contra Rosell

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El Ministerio Público de Las Palmas cree que Salvador Alba pudo cometer, "al menos", un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios

Traslada a la sustituta de Alba un dictamen y le pide que eleve el caso al Tribunal Superior de Justicia de Canarias por ser el competente

EXCLUSIVA: El juez sustituto de Rosell se reunió con un imputado para fabricar una declaración contra la exdiputada de Podemos.

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El juez Salvador Alba, en el juicio del caso Calero. (ALEJANDRO RAMOS)

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha remitido un dictamen al Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria en el que considera que, "sin perjuicio de una ulterior calificación jurídica", el juez Salvador Alba ha podido cometer "al menos" un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos al mantener un encuentro con el empresario Miguel Ángel Ramírez.

El Ministerio Público indica en un comunicado que el dictamen radica en la pieza separada incoada en el marco de las diligencias previas que investigan la posible relevancia jurídico penal de los hechos puestos de manifiesto el pasado 11 de mayo por el propio Ramírez, quien entregó una grabación que refleja la reunión con Alba.


Según se desprende del audio, el magistrado sustituto de la exdiputada de Podemos Victoria Rosell en el Juzgado de Las Palmas de Gran Canaria redactó el informe que resultó clave para que elTribunal Supremo admitiera a trámite la querella que el exministro José Manuel Soria presentó contra la jueza, después de mantener un encuentro con el acusado.

Dicha grabación sugiere que el Alba acordó con Ramírez cuál debía ser el contenido y sentido de su testimonio, con el fin de sostener las acusaciones contra Rosell y archivar la causa que afecta al empresario, en base a una supuesta nulidad de las actuaciones de la magistrada.

El portavoz de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, ha solicitado del citado Juzgado que eleve el caso a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), por ser la competente para el conocimiento de los presuntos delitos cometidos por jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones.

http://www.eldiario.es/canariasahor...ones-prohibidas-funcionarios_0_517249045.html




#3 LACORTEDELOSMILAGROS | 18/05/2016 - 17:50h


con lo segura que estaba la fiscalia con el delito que cometieron los titiriteros, que no era delito y ademas ni siquieran habian visto la obra, y ahora dice que puede haber delito en lo que es merecedor de cadena perpetua sin revision, condena a trabajos forzados y a pan y agua


#6 jvanlvis | 18/05/2016 - 19:08h


A ver fiscalillo: Una cosa es la presunción, y otra los hechos consumados. Usando vuestra jerga forense, el iter crimis (la idea, planeamiento y ejecución) empieza citando a un imputado, para lo cual urde las medidas necesarias para llevar a fin el éxito de su perversa actuación. Con el fin de asegurarse de que nadie sea testigo, previene al servicio de seguridad para que el imputado entre por el garaje del edificio de los juzgados y que, ya en su interior, utilice los accesos reservados a las estancias y despachos de los jueces y magistrados. Una vez ante el prevaricador, se consuma el delito: traman un plan que perjudique a la juez Rosell, consistente en redactar un informe con la colaboración del otro delincuente, informe que será posteriormente remitido al tribunal supremo, donde otro juez de la misma ralea se encargará diligentemente de encausar a la citada Rosell. Si esos hechos te parecen dignos de calificarlos a priori como posible delito, VETE A LA MIERDA.

#5 Isegor | 18/05/2016 - 18:39h


El delito cometido por el juez Salvador Alba Mesa es tan evidente que hasta el fiscal-jefe provincial Guillermo García Panasco, un fiel PPero y servil amigo de PePe-Manuel Soria López, aunque con extrema suavidad, se ha visto obligado a considerar la existencia de una posible conducta delictiva.



#8 diario | 18/05/2016 - 19:50h


Veremos en que queda este teatrillo que se están marcando, porque viniendo las elecciones había que hacer algún gestillo de decencia temporal.

Y la mía...

¿Posible conducta? ¡Por favor!!

Es un juez afin al PP. No le castigaran con la pena adecuada a su """posible""" delito.

Hacer el paripé porque le han pillado con el carrito de los helados y asunto terminado.
 
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La jueza ve un delito de prevaricación en el amaño de Salvador Alba contra Victoria Rosell
Carla Vallejo eleva al Tribunal Superior de Justicia de Canarias una exposición razonada en la que también acusa a Salvador Alba de la comisión de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos

CANARIAS AHORA/AGENCIAS - Las Palmas de Gran Canaria

19/05/2016 - 17:45h

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Salvador Alba ALEJANDRO RAMOS

MÁS INFO
La actual responsable del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Vallejo, ha incorporado en la pieza separada abierta a raíz de la difusión de la conversación entre Salvador Alba y el empresario Miguel Ángel Ramírez la posible comisión de un delito de prevaricación por parte del magistrado, que se sumaría al de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos que aprecia el Ministerio Fiscal.

Tal y como solicitó la el Ministerio Público en su dictamen, Vallejo ha elevado la exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que es la competente para investigar si el juez cometió algún delito en el ejercicio de sus funciones al reunirse con el empresario para fabricar una declaración contra la exdiputada de Podemos Victoria Rosell.


Las penas por prevaricación en la Administración de Justicia abarcan desde la prisión hasta la inhabilitación para empleo o cargo público de seis a veinte años, mientras que el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos está penado con una multa de seis a doce meses y una suspensión del cargo por un tiempo que varía entre los dos a los cinco años.

Según se desprende de la grabación entregada por Ramírez al Juzgado, el magistrado sustituto de Rosell se reunió con el empresario, investigado por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, para preparar una declaración contra la diputada de Podemos. Esta comparecencia del empresario fue incorporada al informe que resultó clave para que el Tribunal Supremo admitiera a trámite la querella que el exministro José Manuel Soria presentó contra la jueza.

Dicha grabación sugiere que el Alba acordó con Ramírez cuál debía ser el contenido y sentido de su testimonio, con el fin de sostener las acusaciones contra Rosell y archivar la causa que afecta al empresario, en base a una supuesta nulidad de las actuaciones de la magistrada.

EL TSJC recibe las diligencias

El TSJC ha recibido este jueves del Tribunal Supremo, además, las diligencias abiertas contra Rosell a raíz de la querella que presentó contra ella Soria.

El Supremo ya había decidido previamente admitir a trámite esa querella, por observar indicios la posible comisión de delitos de retardo malicioso en la administración de justicia, prevaricación judicial y cohecho en los hechos que Soria atribuía a Rosell.

Sin embargo, el Alto Tribunal perdió su competencia sobre el caso el 3 de mayo, con la disolución de las Cortes Generales, y decidió remitírselo al TSJC, ya que Rosell ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial su reincorporación a los juzgados.

José Manuel Soria acusa a Rosell de haber retrasado, de manera interesada y maliciosa, la instrucción de la causa penal por fraude a Hacienda y a la Seguridad Social que se seguía en su Juzgado (Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria) contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, por supuestas irregularidades en los pagos a los empleados de la compañía Seguridad Integral Canaria.

El exministro sostiene que Rosell no se apartó de la causa a pesar de tener intereses personales en ella a través de los negocios periodísticos de su pareja, Carlos Sosa, que había hecho tratos comerciales con Miguel Ángel Ramírez.

Soria, a quien representa en este caso el exfiscal general del Estado Eligio Hernández, no solo considera que Rosell incumplió su obligación de abstenerse, sino que retrasó la causa y no adoptó determinadas decisiones que podían ser perjudiciales para Ramírez, presuntamente, por el interés que tenía su pareja en el asunto.

Esa acusación de retraso de la causa contra Ramírez ya ha sido analizada en dos ocasiones -y archivada en ambas- por el Consejo General del Poder Judicial, a raíz de sendas quejas de la Fiscalía.

Sin embargo, el caso dio un giro en el propio Supremo cuando el sustituto de Rosell en el juzgado, Salvador Alba, proporcionó a la Sala de lo Penal el mencionado informe, que se emitió después del encuentro mantenido entre el juez y Ramírez. Una reunión cuya grabación ha entregado el empresario al Juzgado.

http://www.eldiario.es/canariasahora/tribunales/Salvador-Alba_0_517599033.html
 
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La exdiputada de Podemos Victoria Rosell
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¿Qué pasó con las grabaciones contra la juez Victoria Rosell que salpican a Soria?

Jueces para la Democracia exige al Poder Judicial una respuesta sobre el expediente disciplinario contra el también juez Salvador Alba.

Mar, 18 Oct 2016

¿Cuál es el estado de las diligencias informativas abiertas ante el Promotor de Acción Disciplinaria contra el juez Salvador Alba? Parece que el Consejo General del Poder Judicial está tardando en informar. De eso se sorprende la Asociación Jueces para la Democracia que ha hecho pública su preocupación por lo que ha ocurrido en el juzgado de instrucción número 8 de las Palmas, a cargo del juez sustituto Alba. La jueza Victoria Rossell, víctima de esta situación, tuvo que apartarse de la campaña electoral a la que inicialmente se había sumado en las listas de Podemos. Una historia que también protagoniza elexministro Soria.


Y es que según resaltan los jueces progresistas de la asociación JpD “durante el presente año vienen siendo una constante las sucesivas noticias en torno a los Juzgados de Instrucción de las Palmas y la sorprendente forma de sustitución entre miembros de la carrera judicial”.


Estupor ante la actuación de Alba

“Jueces para la Democracia ya mostró su sorpresa, estupor y preocupación por informaciones publicadas en prensa sobre la actuación del magistrado sustituto, Salvador Alba, en el Juzgado de Instrucción nº 8 de Las Palmas, que había tenido contactos con investigados en un procedimiento penal para que éstos declarasen en un determinado sentido a fin de incriminar a la antigua titular del Juzgado, Victoria Rosell”, continúan.


Refiriéndose a lo ocurrido, explican que “estos hechos han sido confirmados por las grabaciones originales en poder de la Guardia Civil" y que a pesar de las "evidencias", Salvador Alba interpuso una querella contra Victoria Rosell así como contra la jueza y el letrado de la administración de justicia que han servido en dicho Juzgado con posterioridad a su sustitución.


Aquí recuerdan Salvador Alba tiene abiertas unas diligencias informativas ante el Promotor de la Acción Disciplinaria a consecuencia de su actuación. "A pesar del tiempo transcurrido se desconoce su estado, así como un procedimiento penal ante el TSJ de Canarias”, lamenta JpD en su comunicado. El Consejo General del Poder Judicial informó de su intención de investigar al juez Salvador Alba por el contenido de una grabación en la que el magistrado en apariencia acordaba con un imputado el contenido de una declaración judicial.


“Circunstancia anómalas”

Tal acuerdo parecía apuntar a Victoria Rosell por entonces diputada de Podemos. El juez Alba la había sustituido temporalmente en su puesto como titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas. Salvador Alba negó estos hechos.


Jueces para la Democracia considera que todas estas circunstancias “ resultan anómalas y destilan posibles intencionalidades políticas de la peor especie. Consideramos que la función judicial ha de ejercerse con plena independencia e imparcialidad, de forma que cualquier uso torticero de la jurisdicción supone un intenso deterioro de la credibilidad de nuestro sistema judicial".


Haciendo recuento afirman que los hechos posteriores, “que van desde la investigación de la Fiscalía de Canarias por posible infracción disciplinaria, declarada nula por vulneración de derechos fundamentales mediante la Sentencia del TSJ de Canarias de fecha 7 de marzo de 2016, hasta la aparición de una trama de intereses creados hacia miembros de la Carrera Judicial con grabaciones de voz incluidas, han confirmado los primeros temores que suscita este asunto”.


Mala política de sustituciones

Para JpD la poltica actual de sustituciones de jueces tiene mucho que ver en lo enrarecido de la situación: “Nada de lo anterior hubiera sido posible si la reforma operada por la Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, en materia de sustituciones, hubiera puesto el acento, no tanto en las restricciones presupuestarias y en la necesidad de sustitución interna, sino en la plena garantía de los llamamientos a sustitución bajo los principios de imparcialidad, independencia e inamovilidad”.



“El sistema instaurado por dicha ley se basa en el simple voluntarismo del sustituto ante una vacante en un Juzgado, lo que posibilita el mero traslado de un magistrado a otro órgano judicial con sólo pedirlo y sin evaluar los posibles conflictos de intereses”, explican.


“No se evalúa la idoneidad del sustituto”

“Sorprende que un Magistrado de una Sección Penal de la Audiencia Provincial que va a juzgar, por sí o en apelación, asuntos en segundo grado del Juzgado de Instrucción nº 8 de Las Palmas, se apreste a sustituir en ese Juzgado y, más grave aún, que no haya evaluación alguna de la idoneidad, procedencia y oportunidad del nombramiento”. Muestran también su asombro porque esta situación de sustitución no tenga siquiera previsto un plazo para su conclusión.


Jueces para la Democracia concluye reclamando “una mayor celeridad en la tramitación de los procedimientos administrativo y penal en curso contra el Sr. Alba, con pleno respeto de los principios y garantías a fin de depurar las responsabilidades a que hubiera lugar”.


El ministro

Este conflicto tiene su origen en diciembre de 2015 cuando la Fiscalía de las Palmas abre diligencias en relación con la instrucción de Rosell en una causa contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y que tenía negocios con su pareja. La jueza había solicitado excedencia el 15 de octubre anterior y una semana después, el día 22, abandonó el juzgado para encabezar la lista de Podemos al Congreso por Las Palmas


La Fiscalía investigaba si la magistrada debió apartarse del caso al conocer la existencia de las negociaciones entre su pareja y el empresario, que culminaron en la firma del contrato seis días después de que Rosell abandonase el juzgado para entrar en política


Victoria Rossell siempre ha pensado que "detrás" de esta situación se encuentra el que fuera ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria que dimitió después de que su nombre apareciera en los denominadospapeles de Panamá. El compañero de la jueza, que es periodista, ha tenido diversos pleitos judiciales con Soria. El ministro ha sido presidente regional del PP de Canarias hasta abril de 2016.


El caso Alba queda coleando

José Manuel Soria denunció a Rossell en diciembre de 2015 ante el juzgado de instrucción número 27 de Madrid por un presunto delito de injurias y calumnias. Ella era entonces candidata de Podemos por Las Palmas. Al ser candidata y estar por tanto aforada, la denuncia pasó al Tribunal Supremo.


Rossell dimitió como candidata y poco después el popular Soria retiró su querella. Parece que el objetivo ya se había conseguido. Queda coleando entre otras cosas el tema del juez Alba y sus conversaciones con un investigado que quedaron grabadas para la posteridad.


http://www.elplural.com/sociedad/20...ra-la-juez-victoria-rosell-que-salpican-soria
 
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Publicado: 29.11.2016 21:43 |Actualizado: Hace 3 horas


Rosell: "Sufro desde hace un año una persecución política del PP"


Exdiputada de Podemos, la magistrada denuncia una "estrategia de acoso" contra ella desplegada desde el momento en que Pablo Iglesias anunció que sería su responsable de Justicia. Ahora, el CGPJ le ha abierto un expediente disciplinario por unos hechos ocurridos en 2013.

JULIA PÉREZ

MADRID.- El 4 de diciembre se cumple un año de la denuncia interpuesta por el entonces poderoso ministro José Manuel Soria y presidente del PP de Canarias contra la flamante candidata de Podemos por Las Palmas, Victoria Rosell (Murcia, 1968), justo cuando empezaba la campaña de las elecciones generales. Aquella campaña estuvo salpicada de cinco portadas de El Mundo, donde la posible ministra de Justicia de Pablo Iglesias era el centro de una investigación abierta por la Fiscalía tras el anuncio de su candidatura. La presión alcanzó tal punto que intervino el Tribunal Superior de Justicia canario para prohibir al ministerio público seguir vulnerando sus derechos fundamentales. La querella de Soria siguió adelante y Rosell renunció a ser diputada para defenderse.

De fondo se encuentra la venta de los derechos de una licencia de radio realizada por su pareja, Carlos Sosa, a un investigado por Rosell, venta realizada después de que ella dejara la carrera judicial. El comprador es Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y dueño de la empresa de seguridad que custodia los edificios judiciales.

El CGPJ archivó el expediente disciplinario abierto por esta venta. Sin embargo, ahora ha abierto otro por unos hechos de 2013

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) archivó el expediente disciplinario abierto por esta venta. Sin embargo, ahora ha abierto otro expediente contra Rosell por unos hechos acaecidos en 2013.

Este caso tiene como epicentro la actuación del magistrado que sustituyó a Rosell en el tiempo en que pasó a la política. Salvador Alba pidió el Juzgado de Instrucción número 8 de Victoria Rosell, a pesar de que ambos tenían una enemistad personal. Y hasta renunció al juez de refuerzo que existía en dicho juzgado, para quedarse solo. Así elaboró un duro informeque sirvió al Supremo para aceptar la querella de Soria contra Rosell. Y negoció con Ramírez una declaración contra la entonces política. Ramírez grabó la conversación y el castillo de naipes comenzó a desmoronarse. En su caída, Alba grabó a sus compañeros de la Audiencia, para probar que su colega Carlos Vielha mediaba para parar el pleito entre Alba y Ramírez... Todo ocurre en Canarias, un archipiélago donde todos se conocen y las vidas se entrecruzan.

El CGPJ le abre expediente disciplinario por una denuncia presentada a principios de año, pero de hechos cometidos hace tres años ¿Se siente usted perseguida?
Esto forma parte de una estrategia de acoso. Me consta que el denunciante y, al juez de Las Palmas también, es un abogado amigo de Salvador Alba. Y además ya me puso una querella por estos hechos y se inadmitió en el TSJ. Aquella vez la instructora dijo expresamente que no había practicado actos de instrucción durante la etapa de la recusación.

[Victoria Rosell se refiere así al tiempo en el que estuvo apartada de un caso mientras la Audiencia de Las Palmas resolvía si debía ser recusada. El caso fue abierto en 2010 contra el abogado Eduardo López Mendoza, quien tres años más tarde la recusó. La Audiencia consideró que no había motivos para recusarla, pero en el largo año y medio que tardó en resolverlo el caso quedó en manos de un juez sustituto. Se dio la circunstancia de que el imputado compareció en dos ocasiones para declarar y el juez no acudió. Rosell intervino para acordar la suspensión de ambas declaraciones].

Se anuncia la apertura del expediente por falta muy grave contra usted justo la víspera de que el juez Salvador Alba, quien le sustituyó cuando saltó a la política, declare por dos posibles faltas muy graves. ¿Es coincidencia?
Yo no lo sé. No suelo creer ya en las casualidades. Estoy muy extrañada por la apertura de este expediente contra mí porque se abre literalmente por "desatención" a un caso en el que yo no debía intervenir. No podía atenderlo [al estar recusada], así que no puedo desatenderlo. En todo caso, tendría que haberlo atendido el juez que me sustituyó durante la tramitación del incidente de recusación que se dilató muchos meses. Pero yo no en ningún caso.

Dice que desde el momento en que anunció la candidatura por Podemos comenzaron sus problemas
Sí, Yo creo que fue Soria un elemento importante del Partido Popular. Mi candidatura representaba ante la ciudadanía lo opuesto a la suya: la legalidad, la lucha contra la corrupción, la atención con las personas más desfavorecidas y un cierto compromiso vital y profesional con las mujeres, las personas migrantes, los menores de edad... La brecha que quisieron abrir fue precisamente atacarme donde más me podían perjudicar: era dar una sensación de ilegalidades y de corrupciones que no tenía nada de base.

Desde el principio dije que, cuando se abrió la investigación de la Fiscalía de Las Palmas, Soria utilizaba a la Fiscalía para atacar a una rival política. Hubo una sentencia que declaró ilegal la investigación de la Fiscalía. Por las grabaciones hemos sabido que el juez que me sustituía estaba colaborando en la admisión de la querella que me apartó de la vida política. Después de un año y de haber oído las grabaciones difundidas y de conocer lo que la gente ha ido contándome, la verdad es esta: que me han hecho mucho daño con una utilización de la Fiscalía por parte de Soria.

¿Es coincidencia que fuera Salvador Alba el juez destinado para reemplazarle en el juzgado de instrucción número 8 cuando usted pasó a ser candidata de Podemos?
Esto forma parte de una estrategia de acoso. Me consta que el denunciante y, al juez de Las Palmas también, es un abogado amigo de Salvador Alba

Desde el principio me pareció una elección muy desafortunada porque quizá al presidente del TSJ de Canarias no le constara pero a muchas otras personas de la judicatura y de la Fiscalía si le constaba su animadversión hacia mí. Desde el principio un grupo de jueces más cercano a mí se temió lo peor: que fuera a buscar una irregularidad. Me consta que lo buscó y no encontró nada y se centró en manipular las diligencias que había contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, presuntamente.

Además, los jueces podemos ocupar dos plazas remuneradas -que yo no lo he hecho en mi vida- un máximo de 180 días al año. Cuando Alba llega al Juzgado de Instrucción 8, el 3 de noviembre de 2015, ya había superado los 180 días de sustitución en otro juzgado. En mi opinión tenía que haber corrido la lista de sustituciones. Alba no facilitó este dato en su solicitud. También había una incompatibilidad de agendas evidente, porque él continuaba en la sección 6º de la Audiencia Provincial de Las Palmas -que juzga los delitos más graves-, al tiempo que llevaba mi juzgado con guardias de 24 horas.
Demostró muchísimo interés en sustituirme. Y lo que es todavía más llamativo: yo tenía un juez de refuerzo y pidió que se lo quitaran para quedarse sólo en el juzgado. Eso es inaudito y no se ha visto nunca.

¿Influye en esta persecución el hecho de que su pareja, el periodista Carlos Sosa, vendiera por 300.000 euros una licencia de radio al imputado Miguel Ángel Ramírez que era investigado en su juzgado por fraude a la Seguridad Social de 13 millones de euros?
Yo no sabía nada y esperaron a que yo estuviera en excedencia. La cuantía es la cantidad total del pago por el uso de la licencia a lo largo de unos años; era una especie de alquiler con opción a compra. En cualquier caso se produjo después de que yo obtuviera una excedencia y sin haber dictado nunca una resolución favorable a este empresario. Es más, la Fiscalía le acusaba de un solo delito fiscal y yo le añadí de oficio el delito contra la Seguridad Social -por no haber pagado cuotas delos empleados-, y un tercero, que se archivó, de delito contra los trabajadores.




Ramírez graba a Alba, donde se planifica al parecer su comparecencia en el juzgado para acusarla a usted. Alba graba a sus compañeros de la Audiencia, como Carlos Vielha por una oferta de mediación de Ramírez... ¿Qué ocurre en la Justicia en Canarias, a qué se debe tanta inquina?
Nunca se ha visto esto en la judicatura y es un comportamiento absolutamente falto de ética: el elemento común es siempre Alba en todas estas grabaciones

Nunca se ha visto esto en la judicatura y es un comportamiento absolutamente falto de ética, y el elemento común es siempre Alba en todas estas grabaciones y comportamientos inauditos en la judicatura. Yo pienso que lo que él quiere, ya que se le ha pillado en una grabación presuntamente delictiva, es poner el ventilador para señalar a toda la judicatura. Quiso extender la responsabilidad o la mala fama a todos los compañeros o a muchos de ellos.

Salvador Alba elaboró un duro informe que dio pie al Supremo para abrir una investigación sobre usted, cuando ya era diputada. Dimitió para defenderse ¿Cómo están estas investigaciones que ahora lleva el TSJ de Canarias?
En la de Soria contra mí sorprendentemente sigue abierta y ya se han practicado todas las priebas. La denuncia que presentó Carla Vallejo -la juez siguiente en el Juzgado de Instrucción 8- contra Alba y la Fiscalía esa está sufriendo un montón de dilaciones por suspensiones, recursos constantes del abogado de Alba que es el mismo abogado de Soria...

Para completar el cuadro, el defensor de Alba es el abogado Nicolás González-Cuellar, coautor junto a Manuel Marchena, presidente de la Sala II del Tribunal Supremo de varios libros. También fue el primer letrado en interponer la denuncia contra Rosell, hasta que pasó la venia a Eligio Hernández, ex Fiscal General del Estado en la etapa socialista quien en su juventud fue un famoso púgil de lucha canaria con el pseudónimo de "Pollo del Pinar".

http://www.publico.es/politica/tribunales/rosell-sufro-ano-persecucion-politica.html
 
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JUSTICIA
La Justicia archiva la denuncia del exministro Soria contra Victoria Rosell

Soria acusaba a la juez y exdiputada de Podemos de cohecho, retraso malicioso y prevaricación en la causa contra el empresario Miguel Ángel Ramírez

El sobreseimiento del caso contra Rosell se decidió tras tomar declaración a la propia juez y a otros testigos



La exjueza Victoria Rosell.

EFE
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) archivó la denuncia del exministro conservador de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, contra la juez y exdiputada de Podemos, Victoria Rosell, por supuesto cohecho, retraso malicioso y prevaricación en la instrucción de la causa contra el empresario Miguel Ángel Ramírez.

En este sentido, según Europa Press, la juez de la Sala de lo Civil y lo Penal, Margarita Varona, decidió el sobreseimiento de la causa contra Rosell después de haber tomado declaración a la propia juez y a otros testigos.

http://www.infolibre.es/noticias/po..._soria_contra_victoria_rosell_58378_1012.html



 
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Mancilla que algo queda.
A esta ya le han j...do sus aspiraciones politicas.
 
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La jueza Rosell advierte de que la causa contra Ramírez peligra por la connivencia entre Salvador Alba y la fiscal Evangelina Ríos


La magistrada acusa a la fiscal Evangelina Ríos de no haber actuado nunca contra el juez investigado por seis delitos pese a haber utilizado la causa para perjudicarla

La representante del Ministerio Público contaminó también al inspector de la Agencia Tributaria que actuaba como auxilio judicial, sostiene Rosell

La colaboración de la fiscal con el juez Alba permitió que este presentara escritos con supuestas falsedades que sirvieron a Soria para ampliar una querella contra Rosell

Canarias Ahora - Las Palmas de Gran Canaria
08/02/2018 - 08:15h
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Salvador-Alba-fiscala-Evangelina-Rios_EDIIMA20170308_0554_19.jpg

El juez Salvador Alba y la fiscala Evangelina Ríos.

La magistrada Victoria Rosell ha advertido en un escrito remitido a la Audiencia Provincial de Las Palmas de que la causa por fraude fiscal contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de Seguridad Integral Canaria, peligra por la connivencia entre el juez que la sustituyó al frente de Instrucción 8 de la capital grancanaria, Salvador Alba, y la fiscal Evangelina Ríos.

Según publica en su edición de este jueves Canarias 7, Rosell relata en este escrito, una respuesta a la recusación formulada contra ella por Ríos, “la pasividad” de la fiscal ante la operación maquinada por Alba para perjudicarla e intimidar a los investigados para que colaboraran en ese objetivo. “Existen indicios relevantes (…) de las relaciones y comunicaciones extraprocesales (de Ríos) con el señor Alba excediendo los términos de una colaboración profesional cuando se trata de partes procesales y del juez instructor que debe mantenerse imparcial ante las mismas”, señala Rosell.

El TSJC investiga desde mayo de 2016 al juez Salvador Alba por la presunta comisión de seis delitos en la mencionada operación. Evangelina Ríos ha comparecido en dos ocasiones en esta causa ante la instructora como testigo de cargo y en ambas se ha desvinculado de las actuaciones de Alba en las diligencias contra Miguel Ángel Ramírez, en las que ha ejercido como fiscal.

“Pese a la evidente utilización del proceso y la evidente inexistencia de imparcialidad del magistrado instructor (Alba), movido por un interés apartado del objeto de la instrucción, ninguna de estas actuaciones provocó su recusación por parte de la señora fiscal, conocedora de todo ello”, relata Rosell en otro pasaje del escrito reproducido este jueves por Canarias 7.

La magistrada acusa a la fiscal de haber actuado contra ella por animadversión. Como prueba de ello, recuerda que Ríos presentó en el procedimiento contra Ramírez un escrito que en realidad había redactado a sus espaldas el inspector de la Agencia Tributaria que actuaba como auxilio judicial, a quien la fiscal había dado instrucciones para que no elaborara un informe judicial -solicitado un año antes- hasta que la jueza resolviera un recurso en contra de la propia fiscal.

Rosell, que en enero regresó de nuevo a su puesto como titular del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria tras una baja por enfermedad, ha rechazado los motivos de recusación formulados por la fiscal en las diligencias previas que desde 2014 se siguen contra el empresario Miguel Ramírez por presunto fraude fiscal y contra la Seguridad Social.

La jueza ha solicitado a la Audiencia Provincial de Las Palmas que estime la recusación “por ser víctima de presuntos delitos cometidos por el señor Alba” en las diligencias previas 644/2014 contra Miguel Ángel Ramírez, lo que la avocaría a “carecer de imparcialidad subjetiva ante la eventualidad de valorar las diligencias practicadas por el mismo [el juez Alba] en ulteriores resoluciones”.

Pero la jueza a la que correspondería volver a investigar esa causa por haber sido rechazada su abstención en febrero de 2017, no acepta las causas que expone la fiscal, es decir, interés directo o indirecto en la causa y estar contaminada por ser acusación particular contra Ramírez, investigado en las diligencias 644/14 y también en las 10/16 del TSJC; estas iniciadas por la conversación que este último grabó y en la que se escucha al magistrado Alba pedirle pruebas de las relaciones que pudiera tener el empresario con la pareja de Rosell, el periodista Carlos Sosa, director de canariasahora.es.

De acuerdo con el escrito, Evangelina Ríos fue una parte activa en la estrategia de Alba al no impedir la declaración que el juez organizó para que Ramírez declarara contra Rosell. De hecho, recuerda la magistrada, “formuló preguntas referidas a mí directamente” y “nada menos que 52 preguntas relacionadas o referidas a la empresa Clan de Medios y al señor Carlos Sosa”, que nada tenían que ver con el procedimiento.

Todo ello cuando acababa de producirse una sentencia del TSJC que anulaba una fallida investigación de la misma fiscal abierta en la Fiscalía Provincial de Las Palmas, lo que meses más tarde provocó una sentencia del Tribunal Supremo declarando que se vulneraron derechos fundamentales de Victoria Rosell.

“Es obvio y está objetivamente corroborado, que el señor Alba desde el inicio quiso utilizar este procedimiento en contra de quien suscribe, y ello en términos concomitantes con el objetivo de la señora fiscal, que ya había presentado otra queja contra esta magistrada por supuestos retrasos en esta causa, y con dicho informe y otras actuaciones, todas ellas nulas por vulneración de derechos fundamentales, presentaría la segunda, alegando un inexistente deber de abstención”, sostiene Rosell.

El exministro José Manuel Soria también aparece mencionado en la sucesión de hechos que eleva a la Audiencia Victoria Rosell sobre las vicisitudes de esta causa en su juzgado: “Ese mismo relato [el de los presuntos retrasos] -copiado literalmente- aparecería en la ampliación de querella del señor Soria contra esta magistrada de fecha 4 de febrero de 2016. Ese mismo e inexistente deber de abstención fue el que esgrimió el señor Alba en su conversación con el investigado señor Ramírez el 16 de marzo de 2016 como motivo suficiente para anular las actuaciones practicadas. Y ese era, evidentemente, el interrogatorio del señor Ramírez de 23 de marzo de 2016.

La jueza recuerda que a ella se le acusó de retraso de la causa, siendo incierto, y sin embargo a la fiscal le prescribió el presunto delito contra la hacienda pública imputado a Ramírez por el ejercicio fiscal de 2008, porque según el auto firme de la Audiencia Provincial, “presentó la querella cinco años y tres días después de consumado el presunto fraude”. Y también se le acusó de interés en la causa, cuando nunca resolvió en favor de Ramírez y le imputó un delito contra los derechos de los trabajadores que la fiscal no denunciaba. Rosell pone en evidencia que ese supuesto “rigor” por la imparcialidad judicial de la fiscal nunca lo utilizó contra el juez Alba, que, como ha declarado otro auto firme de la Audiencia Provincial, tomó a Ramírez una declaración totalmente ajena al objeto del proceso, dirigida a perjudicar a la anterior instructora, apartándose de los presuntos delitos contra la hacienda pública y la seguridad social que debía investigar. Y ello, presuntamente, a cambio de declarar la nulidad del procedimiento y sin que la fiscal Ríos lo tratara de impedir en ningún momento.

En suma, Victoria Rosell sostiene en su escrito ante la Audiencia Provincial que la fiscal estaría a tiempo de subsanar las irregularidades cometidas por Alba, pero en lugar de ello defiende lo hecho por el magistrado investigado –y por la propia fiscal- y quiere que se aparte la jueza. Con ello, sostiene la magistrada, corre peligro la causa dejando en el aire que pueda ser por nulidad, por prescripción o por ambas cosas, pero recordando en todo caso que una eventual condena de Alba por prevaricación anularía gran parte de la instrucción contra Miguel Ángel Ramírez.

Rosell dejó en 2015 esa investigación y, tras la intervención de cinco jueces más, sigue en trámite en 2018. De prosperar la recusación, el asunto, con más de 20 tomos y decenas de miles de folios, pasaría a manos del séptimo juez instructor, que debería empezar a estudiar el asunto desde cero.

http://www.eldiario.es/canariasahor...rez-Salvador-Alba-Evangelina_0_738076229.html


España es un país de Estado de derechas:smug:
 
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El Poder Judicial suspende al juez Alba
Enfrenta delitos de prevaricación, falsedad, cohecho, revelación de secretos y está acusado de perjudicar a una magistrada

REDACCIÓN Jueves, 19 de julio de 2018

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Salvador Alba, el magistrado canario enfrentado a Victoria Rosell

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha suspendido de manera cautelar al magistrado de la Audiencia de Las Palmas Salvador Salvador Alba, contra quien el Tribunal Superior de Justicia de Canaria (TSJC) ha abierto juicio por cinco delitos relacionados con el ejercicio de su cargo.

Posible delito al intentar perjudicar a una magistrada
En concreto, Alba se enfrenta a solicitud de condena por parte del Ministerio Fiscal de diez años de cárcel, por delitos de prevaricación, falsedad, cohecho, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios, acusado de haber manipulado una causa penal para perjudicar a la magistrada Victoria Rosell, entonces diputada de Podemos en el Congreso por Las Palmas.

El CGPJ inició el pasado 23 de mayo el procedimiento de suspensión cautelar que la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé para los casos en los que se va a juzgar a un magistrado por delitos relacionados directamente con el ejercicio de sus funciones.

Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces analizaría si procede apartar a Alba de su trabajo como juez hasta que el se dicte sentencia por los hechos que le imputan. Alba está de baja desde hace meses, desde poco después de que la Sala de lo Penal del TSJC decidiera juzgarle por cómo dirigió una causa penal en la que había sustituido como instructor a Rosell. De hecho, su baja ha afectado directamente a la resolución de una de las causas de corrupción más importantes juzgadas en Canarias en los últimos años, el llamado "caso Faycán", del que es ponente.

Presunto soborno de empresarios a funcionarios y políticos
En ese juicio, se dilucida si una serie de empresarios sobornaron a funcionarios y políticos locales del Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) entre los años 2003 y 2006 para obtener ventajas en las adjudicaciones municipales. Veintiuno de sus 28 procesados se declararon culpables al inicio de la vista oral y confesaron que los hechos ocurrieron tal como los relata la Fiscalía de Canarias.

El juicio concluyó el 13 de marzo, pero Salvador Alba aún no ha dictado sentencia. Después de la suspensión del CGPJ, la Audiencia de Las Palmas deberá plantearse si sus dos compañeros de tribunal en la sección sexta pueden fallar el caso sin él o, por el contrario, es preciso repetir el juicio por completo o en parte (para los siete procesados que defienden su inocencia).

https://www.elplural.com/politica/poder-judicial-suspende-al-juez-salvador-alba_200375102


Si el juez o jueza fuera de otra onda ya estaría fuera de la juidicatura y no en suspension "CAUTELAR"
 
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TRIBUNALESEl Poder Judicial notifica al juez Alba su suspensión tras 57 días de espera


La Fiscalía pide diez años de cárcel en ese proceso para el magistrado y le acusa de haber manipulado una instrucción judicial con la intención de perjudicar a la jueza Victoria Rosell, cuando esta era diputada por Podemos en el Congreso.





Salvador Alba, el juez que quiso acabar con la carrera de Victoria Rosell. EFE/Archivo

MÁS INFORMACIÓN

MADRID
15/09/2018 09:47 Actualizado: 15/09/2018 09:47
EFE

El magistrado de la Audiencia de Las Palmas Salvador Alba está apartado formalmente de la carrera judicial desde este miércoles, cuando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consiguió notificarle la resolución que le suspende de sus funciones.

La Comisión Permanente del CGPJ adoptó esa decisión el pasado 19 de julio, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) abriera juicio contra Alba por cinco posibles delitos: prevaricación, cohecho, falsedad documental, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios.



La Fiscalía pide diez años de cárcel en ese proceso para Salvador Alba, al que acusa de haber manipulado una instrucción judicial y orientado la declaración de un imputado con la intención de perjudicar a la juez de Las Palmas de Gran Canaria Victoria Rosell, cuando esta era diputada por Podemos en el Congreso.

Cuando el órgano de gobierno de los jueces decidió suspender a Alba, este se encontraba de baja laboral, de viaje en las Islas Maldivas y sin haber dictado la sentencia un importante caso de corrupción municipal cuyo juicio había terminado en marzo, el llamado caso Faycán.

Este verano, el TSJC dio instrucciones a sus dos compañeros de sala en la sección sexta de la Audiencia Provincial para que fallaran sin él ese procedimiento penal, a lo que Salvador Alba respondió remitiendo al tribunal su propia propuesta a modo de voto particular, que finalmente se incorporó a la sentencia.

En un comunicado, el TSJC precisa que la resolución que le suspende de forma cautelar de sus funciones como juez le ha sido comunicada formalmente a Alba esta semana.

https://www.publico.es/politica/tri...fica-juez-alba-suspension-57-dias-espera.html
 
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El juez Alba "fingió un infarto" para que su mujer pudiera grabar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias


Antonio Doreste relata en un informe remitido al Poder Judicial el "ardid" del magistrado, a través de su esposa, para intentar obtener "alguna indiscreción" de su jefe el mismo día en el que supo que iría a juicio por cinco delitos

El presidente del TSJC revela el interés de Alba en sustituir a Victoria Rosell en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria y asumir la causa contra el empresario Miguel Ángel Ramírez

El promotor de la Acción Disciplinaria archiva la denuncia presentada por Alba contra Doreste

Iván Suárez - Las Palmas de Gran Canaria
27/09/2018 - 16:28h
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La fotografía a la que alude Doreste: Salvador Alba junto a su hermano, en el restaurante 'La Gabarra', en Salinetas. (ALEJANDRO RAMOS)

El médico que firmó la primera baja al juez Alba, derrotado nuevamente en una demanda contra Canarias Ahora
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, ha acusado al magistrado Salvador Alba de “fingir un grave infarto con hospitalización” el mismo día en que se confirmó que iría a juicio por la presunta comisión de cinco delitos tras desestimarse su último recurso. Este problema de salud habría sido la excusa utilizada por el magistrado procesado para que su mujer, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo, pudiera contactar con Doreste por teléfono y grabar la conversación con el único objetivo de “obtener alguna indiscreción” de su interlocutor.

Así lo expone el presidente del TSJC en un informe remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en respuesta a una queja formulada por Alba sobre las presuntas presiones que habría recibido de Doreste en 2016 para que retirara la denuncia que había presentado contra el empresario Miguel Ángel Ramírez por la difusión de las grabaciones que dieron origen a la causa penal por la que se sentará en el banquillo de los acusados.

El promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, ha archivado la denuncia de Alba contra su jefe sin abrir expediente disciplinario, al considerar que la grabación aportada por el juez, una conversación entre ambos en el parking de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, responde a la esfera privada y es ajena a su desempeño profesional. La misma suerte que corrió la denuncia que presentó, por el mismo motivo, ante la Fiscalía General del Estado.

En el informe elevado al órgano de gobierno de los jueces, Doreste relata que cortó toda comunicación con Alba desde el momento en que supo de la afición de su compañero por grabar conversaciones, entre ellas la que mantuvo en el office de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, donde ejerce, con, entre otros, el presidente de este órgano, Emilio Moya, y “su hasta entonces íntimo amigo y padrino de su hijo”, Carlos Vielba. Por esta grabación, el Poder Judicial sancionó al magistrado con 500 euros de multa, aunque finalmente no tuvo que abonarla porque el agente judicial que reiteradamente visitó su casa en el municipio de Telde no logró notificársela y prescribió.

Ante esta ruptura de comunicaciones, la esposa de Alba habría acudido al presidente de la Audiencia Provincial y a un magistrado de Lanzarote para que intercedieran e informaran al presidente del TSJC del infarto y de la hospitalización, con el ruego de que este accediera a hablar con ella, como finalmente hizo. “Ante lo que parecía una grave situación de salud, accedí y efectivamente, la señora esposa del denunciante me llamó y con ella sostuve una larga conversación (que supongo grabada por ella) en la que percibí que el infarto no era tal (o era un simple desajuste cardíaco) por cuanto ella dirigía la conversación a los aspectos jurídicos y procesales de su esposo, sin interés alguno en el supuesto infarto”, dice en su informe Doreste, que asegura haber adoptado “toda cautela” en esa llamada y haberle reprochado a su interlocutora “lo reprobable de efectuar grabaciones de conversaciones privadas”.

El médico que firmó la primera baja por enfermedad de Alba es Sergio Hernández. No es su facultativo de cabecera, ni en la sanidad pública ni en la privada a través de la Mutualidad General Judicial (Mugeju). El doctor presta servicios en el Centro de Salud de Schamann, en la capital grancanaria, y el juez reside en Telde, a casi 20 kilómetros. Hernández está acusado de manipular el historial clínico de su mujer para incluirle, en pleno proceso de divorcio, trastornos psicológicos, hechos por los que la Fiscalía pide para él seis años de cárcel.

Para el presidente del TSJC, la “artificiosidad” del infarto quedó en evidencia con la publicación en un medio de comunicación – Canarias Ahora- de una fotografía de Alba cenando esa misma noche con su hermano, médico de profesión, en un restaurante del municipio grancanario de Telde.

Sustitución de Victoria Rosell

Doreste también relata cómo accedió Alba al Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, desde el que maniobró para perjudicar la carrera política y profesional de su antecesora, Victoria Rosell, que se había presentado a las elecciones generales de diciembre de 2015 como independiente en las listas de Podemos por la provincia de Las Palmas. “Insistió en ser llamado para esa sustitución, hasta el punto de que, no siendo urgente el llamamiento por cuanto se encontraba un juez de refuerzo en ese juzgado, me urgió a que lo designara presentando un escrito en el que incluso fundamentaba jurídicamente su llamamiento. Atendiendo a tales razones jurídicas, así lo hice”, manifiesta el presidente del TSJC, que considera que esta “relevante circunstancia” hace decaer por sí sola “la falsa afirmación del denunciante sobre mi interés en proteger al señor Ramírez (el allí investigado) y muestra, por el contrario, el interés del denunciante”.

Doreste niega las presiones

La queja elevada por Alba contra Doreste ante el Poder Judicial incorpora la grabación de una conversación mantenida entre ambos en el parking de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria el 31 de octubre de 2016. En este audio, reproducido por el diario El País, se escucha cómo el presidente del TSJC le transmite que una persona “que no es Miguel Ángel Ramírez, pero es una persona seria de alto nivel”, le había mandado el siguiente “recado”: “Si sigues contra él (en su denuncia), prepárate, tiene montón de información sobre ti, algo de un viaje a Italia…"

En esa conversación, Doreste le expresa su temor a que el empresario "contraataque por algún frente" y "saque cosas" en su contra. "Yo, como amigo tuyo que soy, me he considerado en el deber de advertirte. A lo mejor te interesa, pues yo que sé, poder decir que no, que tal, que cual, que fue en un momento... Que retires la denuncia. A lo mejor te interesa", dice el presidente del TSJC.

Doreste admite en su informe el contenido de esa grabación, pero niega que se traten de presiones o amenazas, ni siquiera indirectas, puesto que, asegura, no conoce al empresario Miguel Ángel Ramírez, “salvo saludarlo en dos ocasiones, en público”. El presidente del TSJC define sus comentarios como “consejos, transmisión de informaciones recibidas y preocupación” por quien era entonces “un compañero con quien había trabado amistad” tras haber formado parte del mismo tribunal. Así se desprende del “tono de compañerismo y confianza” de la conversación.

Doreste recuerda que Alba no retiró la denuncia contra Ramírez hasta “mucho después” de esa conversación en el parking. Sostiene que su único interés era “evitarle problemas adicionales de presentar una denuncia sin base alguna y ser objeto de seguimientos que podían ocasionarle un perjuicio”. En este punto, alude a informaciones periodísticas posteriores, como su viaje a las Maldivas mientras se encontraba de baja médica y a la espera de que el Consejo General del Poder Judicial le notificara de forma oficial el acuerdo de su suspensión cautelar como juez.

También rechaza la acusación de Alba sobre la presunta manipulación en la composición de la Sala de lo Penal que debe juzgarlo y precisa que el sistema de nombramientos está estipulado y reglado en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Alba, que fue oficialmente apartado de la carrera judicial el pasado 12 de septiembre después de que la Policía lo abordara en el aeropuerto de Madrid para notificarle el acuerdo de suspensión, se enfrenta a penas de hasta trece años y medio de cárcel y 42 de inhabilitación por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial, cohecho, revelación de secretos y negociación prohibida a funcionarios públicos.

https://www.eldiario.es/canariasaho...-infarto-grabar-conversacion_0_818918777.html
 
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CGPJ archiva expediente incoado a jueza Rosell por publicar foto de atestado
EFE

Jueves, 27/09/2018 a las 11:14 CEST
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La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado el expediente incoado a la jueza de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Victoria Rosell, en relación con la publicación en su cuenta de una red social de una fotografía de un atestado policial.

El archivo ha sido adoptado por cuatro votos a tres en el seno de dicha comisión, informa el órgano de gobierno de los jueces.

La Fiscalía y el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ solicitaban para la magistrada y exdiputada de Podemos una sanción de un mes de suspensión de funciones al considerar que había cometido una falta muy grave de revelación de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función.

Sin embargo, los miembros de la Comisión Disciplinaria han concluido por mayoría que no se dan los elementos que permitirían estimar acreditada la comisión de la falta prevista en el artículo 417.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La referida publicación tuvo lugar el pasado mes de abril en plena polémica por el máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes cuando Victoria Rosell, cuando ya ejercía su labor de jueza, escribió un mensaje en Twitter reflexionando sobre cómo se aplicaba el principio de igualdad ante la ley.

https://www.elperiodico.com/es/soci...-rosell-por-publicar-foto-de-atestado-7057043
 
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Hoy se juzga si el juez Alba conspiró contra la diputada Victoria Rosell
Por
Xan Pereira Castro
-
julio 1, 2019
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El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) juzga a partir de este lunes si el magistrado Salvador Alba manipuló una instrucción penal y orientó a un testigo para intentar volar por los aires la carrera política de la juez Victoria Rosell, cuando acababa de ser elegida diputada de Podemos.

El juicio comenzará este lunes y se prolongará durante dos semanas, con sesiones de mañana y tarde. Las fechas señaladas para la vista son el 1,2,3,11 y 12 de julio, con el día 4 reservado para el caso de que se retrasen las comparecencias previstas.




Alba está suspendido de empleo y sueldo por estos hechos desde hace meses. Ahora tendrá que responder de cuatro delitos por los que la Fiscalía de Canarias exige que sea condenado a diez años de cárcel y 29 de inhabilitación (prevaricación judicial, cohecho, falsedad y revelación de secretos).

Aparte del Ministerio Fiscal, en la causa está personada como acusación particular en su condición de víctima la jueza Victoria Rosell. El partido político Podemos y el periodista Carlos Sosa ejercen como acción popular. Sostienen que el procesado aprovechó unos meses en los que sustituía a la entonces diputada de Podemos en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria para dirigir en contra de la juez un caso de fraude fiscal abierto al empresario Miguel Ángel Ramírez, relativo a Seguridad Integral Canaria.





La Fiscalía acusa al magistrado de manipular de forma «arbitraria» y «con ánimo espurio» la tramitación de ese procedimiento -que había sido iniciado por la propia juez Rosell- con el propósito de «recopilar material ajeno» a los hechos que se investigaban (un posible fraude a la Seguridad Social) «que sirviera de plataforma para perjudicar profesionalmente» a su colega.


https://spanishrevolution.org/hoy-s...wlKFQbGh0giSOQftCzpp7tyYc-ZWhdfM2E4lTZLXEk38c
 
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El juez Salvador Alba, condenado a seis años y medio de cárcel por conspirar contra Victoria Rosell

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias le atribuye los delitos de prevaricación, cohecho y falsedad en documento oficial

El magistrado deberá pagar además 60.000 euros a la actual diputada de Podemos por los daños morales ocasionados como consecuencia de lo que la Fiscalía describió como "un acuerdo corrupto"

HEMEROTECA | Un juez en el banquillo: guía para no perderse en el juicio contra Salvador Alba

Iván Suárez - Las Palmas de Gran Canaria

55 comentarios

10/09/2019 - 12:37h
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El juez Alba, junto al abogado Pedro Ayala, en la tercera sesión del juicio. (EFE)

El juez Alba tampoco consigue encausar al jefe de personal del CGPJ por notificarle su suspensión a pie de avión
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado al juez Salvador Alba a seis años y medio de cárcel y 18 años de inhabilitación por conspirar contra la también magistrada Victoria Rosell, actual diputada de Unidas Podemos, durante los siete meses en los que la sustituyó al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria.

En una sentencia notificada este martes a las partes, la Sala de lo Penal del alto tribunal canario atribuye al magistrado, suspendido de funciones desde julio de 2018, los delitos de prevaricación, en concurso con el de cohecho, y falsedad en documento oficial. El magistrado suspendido ha sido absuelto del delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y de la revelación de secretos.

Alba deberá además indemnizar a Rosell con 60.000 euros por los daños morales ocasionados como consecuencia de esta operación. La actual diputada de Podemos tuvo que renunciar a la Diputación Permanente del Congreso después de que el Tribunal Supremo admitiera, gracias a un informe de Alba ahora declarado falso, la querella que el exministro José Manuel Soria había presentado contra ella.

La Fiscalía pedía diez años de cárcel y 29 de inhabilitación para el magistrado por lo que describió como “un acuerdo corrupto” para desacreditar a la jueza Rosell. Un pacto que se maquinó el 16 de marzo de 2016, fecha en la que Alba se reunió de forma clandestina en su despacho de la Audiencia Provincial de Las Palmas con Miguel Ángel Ramírez, empresario a quien investigaba por fraude fiscal, para fabricar una declaración en sede judicial del entonces presidente de Seguridad Integral Canaria que pretendía desvelar la supuesta existencia de vínculos comerciales entre el imputado y sociedades del periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora y pareja de la jueza que había instruido su causa desde 2014. Negocios que, "de haberlos", se remontaban a 2009, cinco años antes de que la actual diputada de Podemos abriera diligencias contra Ramírez, según manifestó la fiscal Evangelina Rios en la vista.

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Los abogados González Cuéllar y Pedro Ayala junto a Salvador Alba. ALEJANDRO RAMOS.

Ese acuerdo tenía un doble objetivo: el archivo del procedimiento por un supuesto incumplimiento del deber de abstención de la jueza y alimentar la querella del exministro Soria contra Rosell, que había pedido la excedencia para concurrir a las elecciones generales de diciembre de 2015 en las listas de Podemos por la provincia de Las Palmas.

La condena implica para Alba la "pérdida definitiva" de su cargo como juez, aunque la sentencia aún es recurrible ante el Tribunal Supremo.

El TSJC ha denegado además la autorización al magistrado para interponer una querella por calumnias contra Miguel Ángel Ramírez, el empresario que grabó y entregó en los juzgados la conversación que ambos mantuvieron en el despacho de Alba, en la que se pactaron los términos de la operación para perjudicar a Rosell. En su declaración como testigo, el expresidente de Seguridad Integral Canaria (SIC) comparó los métodos del ahora condenado con los propios de "la mafia de Chicago en los años 30". La Sala tampoco le ha autorizado a emprender acciones contra la abogada de Unidas Podemos, Sandra Rodríguez, que le llamó "chantajista y cobarde" en el informe final del juicio.

La causa contra Ramírez como "coartada"

La Sala de lo Penal, formada por José Félix Mota, Jaime Requena y Julio Wood, desgrana en una sentencia de 78 folios la "arbitraria instrumentalización" del proceso penal contra Miguel Ángel Ramírez por parte de Salvador Alba. El juez utilizó esas diligencias como "coartada y vehículo" de una investigación paralela y ajena a los hechos que investigaba (delitos fiscales), encaminada a aflorar una relación comercial entre el también presidente de la UD Las Palmas y la pareja de la jueza con los fines ya mencionados: obtener información para perjudicar la carrera política y profesional de su antecesora en el cargo y contribuir al éxito de la querella que Soria había interpuesto contra ella. La resolución recoge expresiones duras contra el magistrado, a quien acusa de instruir el procedimiento "para fines personales, el fraude, la manipulación y el retorcimiento del proceso".

El TSJC remarca el "manifiesto interés" de Alba por acceder a ese juzgado, a través de una sustitución voluntaria, cuando Rosell pidió la excedencia. También la rapidez para dictar, a las pocas horas de llegar, la primera providencia en una causa "tan voluminosa" como la que se seguía -y se sigue- contra Ramírez, una citación para una nueva declaración del empresario y la comparecencia como investigado de su entonces número dos en Seguridad Integral Canaria, Héctor De Armas. Cuando menos "sugestivo", según un tribunal que también destaca la imposición de una elevada fianza (de 35 millones de euros) como uno de los motivos que influyó en el ánimo y en la predisposición del empresario a aceptar el pacto por el que ahora Alba acaba de ser condenado.

La sentencia recuerda además que el sustituto de Rosell prescindió del juez de refuerzo, que llegó a forzar con una orden de búsqueda y captura la comparecencia de Héctor de Armas, que en aquel momento (noviembre de 2015) atravesaba por un delicado momento como consecuencia de una grave enfermedad, y que interrogó al director financiero de SIC para tratar de encontrar esos nexos comerciales con la pareja de la jueza. Ingredientes todos ellos que generaron el caldo de cultivo que propició el "acuerdo corrupto" maquinado el 16 de marzo de 2016.

En ese encuentro, ambos interlocutores, Alba y Ramírez, "conocían perfectamente el objeto de la entrevista y el intercambio de favores". En la conversación subyace el interés en obtener esa información en la admisión de la querella de Soria, a quien se alude reiteradamente.

La Sala subraya que la iniciativa del encuentro partió del magistrado y que el empresario se prestó a colaborar "con la esperanza de obtener una situación favorable en el proceso, incluso con la expectativa" de que entrara a resolver el fondo del asunto. Las expresiones recogidas en la grabación denotan la "urgencia" de las actuaciones. "Esto tengo que terminarlo cagando leches", se le escucha decir a Alba en una conversación en la que da al empresario "indicaciones precisas" sobre lo que debe manifestar en relación con los negocios con Carlos Sosa y los pagos de publicidad.

Esa hipótesis de la nulidad del procedimiento por un supuesto incumplimiento del deber de abstención de Rosell resulta, en palabras de la Sala, "inviable" por la "ausencia de fundamento" en los datos expuestos por Alba y en su falta de consistencia. En la propia grabación queda de manifiesto la "dificultad probatoria" de esos vínculos comerciales, ya que los negocios existentes entre empresas de Ramírez y sociedades vinculadas a Sosa eran "anteriores al inicio de la instrucción" e, incluso, "anteriores a la relación sentimental" del periodista con la jueza.

A pesar de ello, ambos interlocutores ejecutaron "a la perfección" el guión ideado en esa reunión durante la comparecencia judicial de Ramírez del 23 de marzo.

Los delitos

El TSJC atribuye a Alba tres delitos. Por el de prevaricación, en concurso con el de cohecho, le condena a tres años de cárcel y quince de inhabilitación, además de una multa de 8.100 euros. La Sala vincula la actuación ilicita del magistrado en relación con el primer tipo al conjunto de resoluciones injustas que firmó a sabiendas de que se apartaban del objeto del procedimiento que estaba investigando, los delitos fiscales por los que permanece imputado Ramírez.

La sentencia enfatiza que, en caso de haber encontrado alguna irregularidad durante la instrucción de su antecesora, el cauce que debería haber elegido es el de la exposición razonada al alto tribunal canario, el mismo que siguió su sustituta, la magistrada Carla Vallejo, actual viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, cuando recibió la grabación que dio origen a esta causa.

En relación con el delito de prevaricación aparece el cohecho pasivo propio, "la solicitud de favor o retribución de cualquier clase", identificado en este caso como la colaboración de Ramírez para prestarle la información y documentación que precisaba para conseguir su finalidad (perjudicar a Rosell y alimentar la querella de Soria) a cambio de un compromiso personal con el empresario para archivarle el procedimiento.

Alba también ha sido condenado por un tercer delito, el de falsedad en documento oficial, a tres años y medio de cárcel y otros tres de inhabilitación, además de a una multa que asciende a 4.050 euros. En concreto, por la emisión al Tribunal Supremo, el 20 de abril de 2016, del informe que resultaría crucial para que este tribunal admitiera la querella de Soria. En ese escrito, el magistrado "faltó a la verdad", "distorsionando la realidad de los hechos" al ocultar la reunión del 16 de marzo con el entonces presidente de Seguridad Integral Canaria y los acuerdos en ella alcanzados, además de presentar "de forma equívoca" la información facilitada por el empresario. En definitiva, "omitió su deber de veracidad".

La Sala explica que Alba también aportó datos "inexactos, imprecisos y sesgados" en otros informes remitidos al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía sobre supuestas irregularidades de Rosell en su instrucción de la causa, pero matiza que, para poder tipificarlo como falsedad en documento oficial, habría sido necesario confrontarlos con aquellas diligencias previas, las 644/2014.

El TSJC le absuelve, en cambio, de los otros dos delitos por los que estaba procesado: el de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, al considerar más ajustado a los hechos la calificación de prevaricación en concurso medial con cohecho, y la revelación de secretos, al entender que, aunque existen "indicios" de que fue Alba quien divulgó el contenido de la declaración de Ramírez en sede judicial y de sus propios informes, hay "dudas razonables" respecto de estas imputaciones. Al tribunal le llama la atención la "rapidez" con la que se difundieron en los medios de comunicación los contenidos de resoluciones e informes reservados y también le consta la existencia de una "relación personal próxima" entre Alba y Fernando Lázaro, el periodista que firmaba todos los artículos sobre esas diligencias en el diario El Mundo y también el redactor que adelantó el fallo de la sentencia del caso Kárate, del que fue ponente el magistrado procesado, con un mes de antelación.

Sin embargo, el hecho de que la abogada del sindicato USO, personado en la causa contra Ramírez como acusación particular, manifestara en el juicio que requirió una copia de la declaración del empresario el mismo día en que se produjo, el 23 de marzo, introduce esa duda que evita al juez la condena por este delito.

https://www.eldiario.es/canariasaho...cion-Victoria_Rosell-condena_0_940706192.html
 
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Es miércoles, 16 de marzo. Año 2016. Son las dos de la tarde y dos hombres han quedado para conocerse y charlar. La cita tiene lugar en un despacho de los juzgados de Las Palmas, en Canarias. "Yo me quedo fuera", dice un tercer hombre. Cierran la puerta y se saludan. De un lado de la mesa del despacho, el juez Salvador Alba; del otro, el empresario Miguel Ángel Ramírez, imputado en una causa que investiga ese magistrado. El que se ha quedado fuera es su abogado, que prefiere no saber nada de lo que se va a hablar entre esas cuatro paredes.

Esa conversación, que dura una hora y 17 minutos, es el hito fundamental de una persecución judicial y política contra una diputada electa de Podemos. El encuentro cristaliza una serie de voluntades con el objetivo común de tumbar a Victoria Rosell, que ha dejado de lado su labor como jueza para dar el salto a la política; la conversación supone también el punto de inflexión de la conspiración. Es el intento de ponerla en marcha, pero será fundamental para destaparla: el empresario ha decidido entrar al despacho con un dispositivo de grabación en el que recogerá toda la charla.


El Tribunal Supremo ha confirmado este jueves que aquel encuentro tenía como objetivo tumbar a la diputada del Congreso Victoria Rosell. El medio utilizado iba a ser la causa que la jueza había investigado contra el empresario, y que ahora estaba en manos de Alba. Este decidió usar la instrucción para desprestigiarla y salvar a Ramírez, a quien se investigaba por no pagar a Hacienda. Un caso de lawfare, guerra jurídica, de libro, que ahora ha quedado plasmado en una sentencia que condena a Alba a más de seis años de cárcel.

Pero la historia no tiene solo a estos tres protagonistas. Hay uno más cuyo nombre aparece en cada capítulo de esa persecución, que ha acabado después de seis años. Es el entonces ministro José Manuel Soria. Su sombra planea durante todo el caso, aunque ha quedado fuera de cualquier investigación judicial. Lo que sigue es la historia en cinco actos de una conspiración a medio camino entre la política y los tribunales que logró que Rosell tuviera que abandonar la política, a la que solo pudo regresar cuando Alba fue condenado por primera vez.

Capítulo 1: el salto a la política

El inicio de este relato comienza con el punto de partida de ambos protagonistas. Alba había tratado en varias ocasiones de ascender en la judicatura, con poco éxito hasta entonces. Rosell estaba decidida a dar un giro a su carrera y ficha por Podemos, que por entonces trata de levantar una estructura como partido para concurrir a las elecciones generales previstas para diciembre de 2015 tras su irrupción espectacular en las europeas de un año antes.

24 de julio de 2014. Salvador Alba intenta, sin éxito, convertirse en el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. No obtuvo ni un solo voto. Para entonces ya había intentado entrar dos veces en el Consejo General del Poder Judicial: su nombre sonó para ingresar en 2008 y encabezó la lista de candidatos en 2013 con los avales de la Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria de la carrera y de tendencia conservadora. En ese momento, Alba presidía la APM en Canarias y no obtuvo ni un solo voto en el Senado.


23 de octubre de 2015. Victoria Rosell ficha por Podemos. El partido anuncia que la que fuera portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia iba a encabezar la lista por Las Palmas para las elecciones del 20 de diciembre. Es uno de los grandes fichajes de la formación, que va creciendo a trompicones: Rosell es magistrada, aporta un plus de profesionalidad a una formación fundada por politólogos sin experiencia en la gestión política. Es uno de sus perfiles más relevantes, y los medios la apodarán inmediatamente "la jueza de Podemos". En las elecciones, Podemos logra la segunda plaza en esa circunscripción con 136.278 votos, a menos de 10.000 papeletas del PP.

3 de noviembre de 2015: Salvador Alba toma posesión en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria para relevar a Victoria Rosell, que se encontraba en situación de excedencia voluntaria tras su salto a la política. En este juzgado, Alba asume la instrucción de la causa que atribuía al empresario Miguel Ángel Ramírez delitos contra la Hacienda Pública como administrador de la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC), y que hasta entonces había investigado Rosell.

Miguel Ángel Ramírez, en la primera sesión del juicio contra Salvador Alba. Alejandro Ramos.
El mismo día de su toma de posesión, Alba acuerda la declaración como imputados el 30 de noviembre de Miguel Ángel Ramírez (que ya había declarado anteriormente) y de Héctor de Armas (administrador de SIC).

Es ya desde ese momento cuando Alba comienza a desviar el objeto de la causa: de investigar al entonces presidente de la UD Las Palmas a indagar en el trabajo previo de Rosell, buscando grietas en su instrucción.

Con este fin, Alba pidió a De Armas los libros de contabilidad de cuatro ejercicios, los que van de 2011 a 2014, las operaciones bancarias y los contratos publicitarios de SIC. El abogado de De Armas, Sergio Armario, se mostró sorprendido ante las peticiones de Alba, que no tenían ningún tipo de relación con el objetivo de las diligencias. Entonces, el juez le expresó su interés en "incorporar a la causa documentación de contratos que pudieran vincular a Carlos Sosa, director de Canarias Ahora [medio asociado a elDiario.es] y pareja de Victoria Rosell, con Ramírez".

El abogado entiende en ese momento las motivaciones del juez y se pone manos a la obra para propiciar un encuentro entre Ramírez y Alba.

23 de noviembre de 2015. La Fiscalía Provincial abre una “investigación preprocesal” contra la magistrada Victoria Rosell a partir del contrato firmado entre la UD Las Palmas y Clan de Medios, la empresa de Carlos Sosa, que alguien hizo llegar “de manera anónima” al Ministerio Público. La investigación incorpora un informe del juez Alba sobre la instrucción de Rosell.

El contrato que motiva esa apertura de investigación tiene una particularidad: tiene una fecha equivocada y solo existía una copia, que obraba en manos del ministro José Manuel Soria.

El 3 de diciembre, varios medios publican los detalles de la investigación de la Fiscalía. Un día después, Soria se querella contra Rosell por injurias y calumnias. La entonces candidata de Podemos había afirmado que el ministro utilizaba los medios del Estado para atacar a adversarios políticos. Poco tiempo después, el TSJC ordena suspender la investigación de la Fiscalía contra Rosell tras un recurso de la jueza al considerar que podía estar atentándose contra su derecho a presentarse a unas elecciones. La Fiscalía intentó sin éxito acudir al Consejo General del Poder Judicial contra Rosell.

Capítulo 2: La conspiración

La vía judicial contra Rosell no ha prosperado. La querella de Soria contra la candidata de Podemos, que es ya cargo electo en el Congreso de los Diputados, aún no ha sido admitida a trámite. El intento de investigarla por parte de la Fiscalía de Canarias ha quedado en nada.

Es entonces cuando empieza a gestarse la conspiración contra Rosell usando la causa que ella instruía como jueza.

15 de febrero de 2016. Al fracasar la iniciativa de la Fiscalía, el ex ministro Soria transforma su querella por injurias y calumnias contra Rosell en otra a la que sumó los delitos de retraso malicioso, cohecho y prevaricación. En su texto se recogen pasajes íntegros del informe que Alba evacuó en diciembre por encargo de la Fiscalía de Las Palmas.

José Manuel Soria sale de los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria. Alejandro Ramos
16 de marzo de 2016. Salvador Alba y Miguel Ángel Ramírez se reúnen en solitario en el despacho del magistrado, sin presencia del abogado del empresario. El encuentro no trasciende hasta meses más tarde. Ramírez graba la conversación porque, dijo tiempo después, le sorprendió y descolocó que el juez le citara en su despacho.

En este encuentro ambos conversaron sobre el interés de Alba en poder acreditar "la quiebra del deber de imparcialidad" de Victoria Rosell como instructora de las diligencias relacionadas con Ramírez, utilizando para ello la posible existencia de relaciones comerciales entre Carlos Sosa y el empresario.

El administrador de SIC se comprometió entonces a entregar a Alba los contratos comerciales existentes entre él y el periodista, aunque no eran objeto de la causa, que versaba sobre el impago de impuestos. A cambio, el juez le ofreció a Ramírez una declaración de nulidad de actuaciones que impidiera acciones de la Agencia Tributaria en su contra.

Durante la conversación, el juez Alba da instrucciones precisas al empresario imputado sobre qué debe decir en su próxima declaración para sostener las acusaciones contra Rosell y tratar de eliminar el rastro de sospecha sobre que ambos estaban poniéndose de acuerdo.

La sombra de José Manuel Soria siempre estuvo ahí. Los hechos probados de la sentencia de la Sala Penal del TSJC establecen que la conspiración de Alba pretendía aumentar las posibilidades de que fuera admitida a trámite la querella interpuesta ante el Supremo por el exministro contra Rosell, como así ocurrió.

23 de marzo de 2016: juez e imputado vuelven a verse las caras pero ahora sí en el interior del juzgado con luz, taquígrafos y abogados como testigos. Ramírez sigue el guión pactado con Alba en el encuentro anterior. Durante el interrogatorio de una hora dirigido por el juez, se introducen ya preguntas sobre posibles relaciones comerciales de la empresa Clan de Medios de Comunicación, vinculada a Carlos Sosa, con la empresa Ralons Servicios y Sistemas de Gestión 3000. Incluso el empresario se ofrece a presentar documentación sobre estos vínculos económicos.

28 de marzo de 2016: Soria utiliza varias noticias publicadas en prensa sobre la declaración para su querella ante el Supremo, y la amplía con esas piezas informativas. A pesar de que el contenido de la declaración ya se había publicado en el diario El Mundo, el Juzgado número 8 denegó la solicitud de Rosell de obtener una copia de las palabras del empresario. Unos días después otro diario publica la declaración del empresario.

Capítulo 3: El terremoto político

El 25 de abril de 2016 el Supremo admite a trámite la querella de Soria contra Rosell por hechos delictivos relativos a su actuación jurisdiccional en la causa de Ramírez. La Fiscalía había dicho en marzo que no veía indicios de delito en la actuación de Rosell y se opuso a investigarla.

En el auto de admisión a trámite el Supremo asegura que la investigación deberá dilucidar si las decisiones que adoptó la jueza en una investigación que implicaba al por entonces socio de su pareja "no eran sino el vehículo par la consecución del objetivo de la señora Rosell, que según el querellante, buscaba enriquecer a su pareja". Rosell ya está formalmente investigada por el Supremo a los pocos meses de las elecciones, el escándalo político se desencadena inmediatamente con gran repercusión en los medios.

27 de abril de 2016: Rosell abandona de Diputación Permanente, el órgano de guardia en el Congreso cuando se disuelven las Cortes, al admitirse a trámite la querella interpuesta por Soria en el Supremo. Con la convocatoria de nuevas elecciones ya fijada, supone la pérdida del escaño inminente cuando se disuelva la cámara baja. El impacto político de la admisión de la querella es doble. Rosell deja la Diputación Permanente y poco después se confirma que no repetirá en las listas de Podemos para las elecciones del 26 de junio, convocadas de manera automática ante la falta de acuerdo para formar Gobierno.

Capítulo 4: la grabación​

El objetivo de tumbar a Rosell ya se ha conseguido. El recorrido final de la querella en el Supremo pierde relevancia; la exjueza ha tenido que dejar el cargo electo que consiguió y ha visto truncada su carrera política a los pocos meses de entrar en Podemos. A partir de entonces las bases de la conspiración comienzan a tambalearse.

3 de mayo de 2016. El juzgado número 8 de Las Palmas deja de estar en manos de Salvador Alba. El Boletín Oficial del Estado publica en abril la adjudicación de la plaza a la magistrada Carla Vallejo, actualmente viceconsejera de Justicia del ejecutivo canario. Salvador Alba abandona el juzgado el 3 de mayo de ese año.

11 de mayo de 2016. Miguel Ángel Ramírez entrega al Juzgado de Instrucción número 8, ya con magistrada Carla Vallejo al frente, el audio con la conversación que había mantenido con Salvador Alba en el despacho del juez. Ese mismo día se publican en elDiario.es. Además de acordar la declaración con el empresario, Alba dedica algunos improperios a Rosell, relata su jugada judicial y dice que el fiscal “se tendrá que joder”.

Una vez fuera del Congreso y de la política, Victoria Rosell solicita su reingreso en la carrera judicial. Un día después la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acuerda su reingreso.

12 de mayo de 2016. El juez Alba se defiende y dice que "en ningún momento se ha efectuado imputación alguna de actividades irregulares a Victoria Rosell”, y niega que conspirase con Ramírez. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que pertenece, defiende a Alba y dice que “no hay ningún problema en recibir, como acto de transparencia, a quien se lo solicita. Lo hacen todos los jueces". Seis días después, la Fiscalía dice que hay delito en la actuación de Alba.

19 de mayo de 2016. La jueza Vallejo también ve delito y eleva una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que abre diligencias penales contra el juez Alba. Al mismo tiempo, el Consejo General del Poder Judicial le abre un expediente que se salda con una propuesta de expulsión que se hará efectiva ahora que la sentencia condenatoria es firme. El 26 de mayo, el TSJC abre diligencias contra el juez. Para defenderse, Alba ficha al abogado del exministro Soria.

4 de octubre de 2016. La Guardia Civil localiza la grabación completa entre el empresario y el juez. Es de más de una hora, pero el empresario solo entregó al juzgado unos 32 minutos. En esa parte de la conversación, ambos aluden al ministro Soria.

Ramírez: ¿Tú crees que a José Manuel le va bien esto para la querella que tiene?

Alba: A ver, la querella que tiene yo creo que prospera sí o sí, como está, pero desde luego esto...

Ramírez: Sí, ya está, admitirla a trámite.

Alba: Sí, por supuesto, pero esto, ya…


2 de diciembre de 2016. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que había asumido la querella de Soria cuando Rosell dejó de ser aforada en el Supremo, la archiva. La jueza no cometió delito alguno, ni de injurias ni durante la instrucción del caso.

Capítulo 5: la caída del juez​

El juez Alba no desiste y empieza a intercambiar correos con un exconvicto, que se autoproclama antiguo agente del CESID. Su interlocutor, apodado “La Araña”, le ofrece en marzo de 2017 un “dossier explosivo” para hundir a Victoria Rosell. El juez mostró su interés pero cortó las conversaciones cuando “Araña” le pidió 1.000 euros a cambio, lo que provocó una denuncia por parte del magistrado. Alba ocultó a la Fiscalía los correos que más le comprometían.

29 de septiembre de 2017. El papel de Alba como uno de los integrantes del tribunal que juzga el ‘caso Faycán’ empieza a ser cuestionado por el escándalo relacionado con Victoria Rosell. Un empresario le recusa por “enemistad” del magistrado con su abogado, relacionado a su vez con Miguel Ángel Ramírez. Alba forma parte del tribunal pero se queda en minoría y no puede evitar que el Partido Popular sea condenado por reformar su sede de Telde con dinero público en 2003.

El juez Salvador Alba, entre sus dos abogados, mientras escuchaba la grabación de su reunión con Ramírez. (ÁNGEL SARMIENTO)
8 de mayo de 2018. Se cierra la instrucción dirigida por la magistrada del TSJC Margarita Varona, y se decreta la apertura de juicio oral, lo que activó la suspensión del juez Alba, que desde septiembre de ese año no ejerce en la judicatura, aunque sigue cobrando del Ministerio de Justicia un salario sin complementos de acuerdo con el reglamento que rige para jueces y magistrados. El Ministerio Fiscal pide para Alba una condena de 10 años de prisión y 29 de inhabilitación, mientras la acusación particular (Victoria Rosell) y las acusaciones populares (Podemos y Carlos Sosa) elevaban la petición de cárcel hasta los 14 años.


Es miércoles, 16 de marzo. Año 2016. Son las dos de la tarde y dos hombres han quedado para conocerse y charlar. La cita tiene lugar en un despacho de los juzgados de Las Palmas, en Canarias. "Yo me quedo fuera", dice un tercer hombre. Cierran la puerta y se saludan. De un lado de la mesa del despacho, el juez Salvador Alba; del otro, el empresario Miguel Ángel Ramírez, imputado en una causa que investiga ese magistrado. El que se ha quedado fuera es su abogado, que prefiere no saber nada de lo que se va a hablar entre esas cuatro paredes.

Esa conversación, que dura una hora y 17 minutos, es el hito fundamental de una persecución judicial y política contra una diputada electa de Podemos. El encuentro cristaliza una serie de voluntades con el objetivo común de tumbar a Victoria Rosell, que ha dejado de lado su labor como jueza para dar el salto a la política; la conversación supone también el punto de inflexión de la conspiración. Es el intento de ponerla en marcha, pero será fundamental para destaparla: el empresario ha decidido entrar al despacho con un dispositivo de grabación en el que recogerá toda la charla.


El Tribunal Supremo ha confirmado este jueves que aquel encuentro tenía como objetivo tumbar a la diputada del Congreso Victoria Rosell. El medio utilizado iba a ser la causa que la jueza había investigado contra el empresario, y que ahora estaba en manos de Alba. Este decidió usar la instrucción para desprestigiarla y salvar a Ramírez, a quien se investigaba por no pagar a Hacienda. Un caso de lawfare, guerra jurídica, de libro, que ahora ha quedado plasmado en una sentencia que condena a Alba a más de seis años de cárcel.

Pero la historia no tiene solo a estos tres protagonistas. Hay uno más cuyo nombre aparece en cada capítulo de esa persecución, que ha acabado después de seis años. Es el entonces ministro José Manuel Soria. Su sombra planea durante todo el caso, aunque ha quedado fuera de cualquier investigación judicial. Lo que sigue es la historia en cinco actos de una conspiración a medio camino entre la política y los tribunales que logró que Rosell tuviera que abandonar la política, a la que solo pudo regresar cuando Alba fue condenado por primera vez.

Capítulo 1: el salto a la política

El inicio de este relato comienza con el punto de partida de ambos protagonistas. Alba había tratado en varias ocasiones de ascender en la judicatura, con poco éxito hasta entonces. Rosell estaba decidida a dar un giro a su carrera y ficha por Podemos, que por entonces trata de levantar una estructura como partido para concurrir a las elecciones generales previstas para diciembre de 2015 tras su irrupción espectacular en las europeas de un año antes.

24 de julio de 2014. Salvador Alba intenta, sin éxito, convertirse en el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. No obtuvo ni un solo voto. Para entonces ya había intentado entrar dos veces en el Consejo General del Poder Judicial: su nombre sonó para ingresar en 2008 y encabezó la lista de candidatos en 2013 con los avales de la Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria de la carrera y de tendencia conservadora. En ese momento, Alba presidía la APM en Canarias y no obtuvo ni un solo voto en el Senado.


23 de octubre de 2015. Victoria Rosell ficha por Podemos. El partido anuncia que la que fuera portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia iba a encabezar la lista por Las Palmas para las elecciones del 20 de diciembre. Es uno de los grandes fichajes de la formación, que va creciendo a trompicones: Rosell es magistrada, aporta un plus de profesionalidad a una formación fundada por politólogos sin experiencia en la gestión política. Es uno de sus perfiles más relevantes, y los medios la apodarán inmediatamente "la jueza de Podemos". En las elecciones, Podemos logra la segunda plaza en esa circunscripción con 136.278 votos, a menos de 10.000 papeletas del PP.

3 de noviembre de 2015: Salvador Alba toma posesión en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria para relevar a Victoria Rosell, que se encontraba en situación de excedencia voluntaria tras su salto a la política. En este juzgado, Alba asume la instrucción de la causa que atribuía al empresario Miguel Ángel Ramírez delitos contra la Hacienda Pública como administrador de la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC), y que hasta entonces había investigado Rosell.

Miguel Ángel Ramírez, en la primera sesión del juicio contra Salvador Alba. Alejandro Ramos.
El mismo día de su toma de posesión, Alba acuerda la declaración como imputados el 30 de noviembre de Miguel Ángel Ramírez (que ya había declarado anteriormente) y de Héctor de Armas (administrador de SIC).

Es ya desde ese momento cuando Alba comienza a desviar el objeto de la causa: de investigar al entonces presidente de la UD Las Palmas a indagar en el trabajo previo de Rosell, buscando grietas en su instrucción.

Con este fin, Alba pidió a De Armas los libros de contabilidad de cuatro ejercicios, los que van de 2011 a 2014, las operaciones bancarias y los contratos publicitarios de SIC. El abogado de De Armas, Sergio Armario, se mostró sorprendido ante las peticiones de Alba, que no tenían ningún tipo de relación con el objetivo de las diligencias. Entonces, el juez le expresó su interés en "incorporar a la causa documentación de contratos que pudieran vincular a Carlos Sosa, director de Canarias Ahora [medio asociado a elDiario.es] y pareja de Victoria Rosell, con Ramírez".

El abogado entiende en ese momento las motivaciones del juez y se pone manos a la obra para propiciar un encuentro entre Ramírez y Alba.

23 de noviembre de 2015. La Fiscalía Provincial abre una “investigación preprocesal” contra la magistrada Victoria Rosell a partir del contrato firmado entre la UD Las Palmas y Clan de Medios, la empresa de Carlos Sosa, que alguien hizo llegar “de manera anónima” al Ministerio Público. La investigación incorpora un informe del juez Alba sobre la instrucción de Rosell.

El contrato que motiva esa apertura de investigación tiene una particularidad: tiene una fecha equivocada y solo existía una copia, que obraba en manos del ministro José Manuel Soria.

El 3 de diciembre, varios medios publican los detalles de la investigación de la Fiscalía. Un día después, Soria se querella contra Rosell por injurias y calumnias. La entonces candidata de Podemos había afirmado que el ministro utilizaba los medios del Estado para atacar a adversarios políticos. Poco tiempo después, el TSJC ordena suspender la investigación de la Fiscalía contra Rosell tras un recurso de la jueza al considerar que podía estar atentándose contra su derecho a presentarse a unas elecciones. La Fiscalía intentó sin éxito acudir al Consejo General del Poder Judicial contra Rosell.

Capítulo 2: La conspiración

La vía judicial contra Rosell no ha prosperado. La querella de Soria contra la candidata de Podemos, que es ya cargo electo en el Congreso de los Diputados, aún no ha sido admitida a trámite. El intento de investigarla por parte de la Fiscalía de Canarias ha quedado en nada.

Es entonces cuando empieza a gestarse la conspiración contra Rosell usando la causa que ella instruía como jueza.

15 de febrero de 2016. Al fracasar la iniciativa de la Fiscalía, el ex ministro Soria transforma su querella por injurias y calumnias contra Rosell en otra a la que sumó los delitos de retraso malicioso, cohecho y prevaricación. En su texto se recogen pasajes íntegros del informe que Alba evacuó en diciembre por encargo de la Fiscalía de Las Palmas.

José Manuel Soria sale de los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria. Alejandro Ramos
16 de marzo de 2016. Salvador Alba y Miguel Ángel Ramírez se reúnen en solitario en el despacho del magistrado, sin presencia del abogado del empresario. El encuentro no trasciende hasta meses más tarde. Ramírez graba la conversación porque, dijo tiempo después, le sorprendió y descolocó que el juez le citara en su despacho.

En este encuentro ambos conversaron sobre el interés de Alba en poder acreditar "la quiebra del deber de imparcialidad" de Victoria Rosell como instructora de las diligencias relacionadas con Ramírez, utilizando para ello la posible existencia de relaciones comerciales entre Carlos Sosa y el empresario.

El administrador de SIC se comprometió entonces a entregar a Alba los contratos comerciales existentes entre él y el periodista, aunque no eran objeto de la causa, que versaba sobre el impago de impuestos. A cambio, el juez le ofreció a Ramírez una declaración de nulidad de actuaciones que impidiera acciones de la Agencia Tributaria en su contra.

Durante la conversación, el juez Alba da instrucciones precisas al empresario imputado sobre qué debe decir en su próxima declaración para sostener las acusaciones contra Rosell y tratar de eliminar el rastro de sospecha sobre que ambos estaban poniéndose de acuerdo.

La sombra de José Manuel Soria siempre estuvo ahí. Los hechos probados de la sentencia de la Sala Penal del TSJC establecen que la conspiración de Alba pretendía aumentar las posibilidades de que fuera admitida a trámite la querella interpuesta ante el Supremo por el exministro contra Rosell, como así ocurrió.

23 de marzo de 2016: juez e imputado vuelven a verse las caras pero ahora sí en el interior del juzgado con luz, taquígrafos y abogados como testigos. Ramírez sigue el guión pactado con Alba en el encuentro anterior. Durante el interrogatorio de una hora dirigido por el juez, se introducen ya preguntas sobre posibles relaciones comerciales de la empresa Clan de Medios de Comunicación, vinculada a Carlos Sosa, con la empresa Ralons Servicios y Sistemas de Gestión 3000. Incluso el empresario se ofrece a presentar documentación sobre estos vínculos económicos.

28 de marzo de 2016: Soria utiliza varias noticias publicadas en prensa sobre la declaración para su querella ante el Supremo, y la amplía con esas piezas informativas. A pesar de que el contenido de la declaración ya se había publicado en el diario El Mundo, el Juzgado número 8 denegó la solicitud de Rosell de obtener una copia de las palabras del empresario. Unos días después otro diario publica la declaración del empresario.

Capítulo 3: El terremoto político

El 25 de abril de 2016 el Supremo admite a trámite la querella de Soria contra Rosell por hechos delictivos relativos a su actuación jurisdiccional en la causa de Ramírez. La Fiscalía había dicho en marzo que no veía indicios de delito en la actuación de Rosell y se opuso a investigarla.

En el auto de admisión a trámite el Supremo asegura que la investigación deberá dilucidar si las decisiones que adoptó la jueza en una investigación que implicaba al por entonces socio de su pareja "no eran sino el vehículo par la consecución del objetivo de la señora Rosell, que según el querellante, buscaba enriquecer a su pareja". Rosell ya está formalmente investigada por el Supremo a los pocos meses de las elecciones, el escándalo político se desencadena inmediatamente con gran repercusión en los medios.

27 de abril de 2016: Rosell abandona de Diputación Permanente, el órgano de guardia en el Congreso cuando se disuelven las Cortes, al admitirse a trámite la querella interpuesta por Soria en el Supremo. Con la convocatoria de nuevas elecciones ya fijada, supone la pérdida del escaño inminente cuando se disuelva la cámara baja. El impacto político de la admisión de la querella es doble. Rosell deja la Diputación Permanente y poco después se confirma que no repetirá en las listas de Podemos para las elecciones del 26 de junio, convocadas de manera automática ante la falta de acuerdo para formar Gobierno.

Capítulo 4: la grabación​

El objetivo de tumbar a Rosell ya se ha conseguido. El recorrido final de la querella en el Supremo pierde relevancia; la exjueza ha tenido que dejar el cargo electo que consiguió y ha visto truncada su carrera política a los pocos meses de entrar en Podemos. A partir de entonces las bases de la conspiración comienzan a tambalearse.

3 de mayo de 2016. El juzgado número 8 de Las Palmas deja de estar en manos de Salvador Alba. El Boletín Oficial del Estado publica en abril la adjudicación de la plaza a la magistrada Carla Vallejo, actualmente viceconsejera de Justicia del ejecutivo canario. Salvador Alba abandona el juzgado el 3 de mayo de ese año.

11 de mayo de 2016. Miguel Ángel Ramírez entrega al Juzgado de Instrucción número 8, ya con magistrada Carla Vallejo al frente, el audio con la conversación que había mantenido con Salvador Alba en el despacho del juez. Ese mismo día se publican en elDiario.es. Además de acordar la declaración con el empresario, Alba dedica algunos improperios a Rosell, relata su jugada judicial y dice que el fiscal “se tendrá que joder”.

Una vez fuera del Congreso y de la política, Victoria Rosell solicita su reingreso en la carrera judicial. Un día después la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acuerda su reingreso.

12 de mayo de 2016. El juez Alba se defiende y dice que "en ningún momento se ha efectuado imputación alguna de actividades irregulares a Victoria Rosell”, y niega que conspirase con Ramírez. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que pertenece, defiende a Alba y dice que “no hay ningún problema en recibir, como acto de transparencia, a quien se lo solicita. Lo hacen todos los jueces". Seis días después, la Fiscalía dice que hay delito en la actuación de Alba.

19 de mayo de 2016. La jueza Vallejo también ve delito y eleva una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que abre diligencias penales contra el juez Alba. Al mismo tiempo, el Consejo General del Poder Judicial le abre un expediente que se salda con una propuesta de expulsión que se hará efectiva ahora que la sentencia condenatoria es firme. El 26 de mayo, el TSJC abre diligencias contra el juez. Para defenderse, Alba ficha al abogado del exministro Soria.

4 de octubre de 2016. La Guardia Civil localiza la grabación completa entre el empresario y el juez. Es de más de una hora, pero el empresario solo entregó al juzgado unos 32 minutos. En esa parte de la conversación, ambos aluden al ministro Soria.

Ramírez: ¿Tú crees que a José Manuel le va bien esto para la querella que tiene?

Alba: A ver, la querella que tiene yo creo que prospera sí o sí, como está, pero desde luego esto...

Ramírez: Sí, ya está, admitirla a trámite.

Alba: Sí, por supuesto, pero esto, ya…


2 de diciembre de 2016. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que había asumido la querella de Soria cuando Rosell dejó de ser aforada en el Supremo, la archiva. La jueza no cometió delito alguno, ni de injurias ni durante la instrucción del caso.

Capítulo 5: la caída del juez​

El juez Alba no desiste y empieza a intercambiar correos con un exconvicto, que se autoproclama antiguo agente del CESID. Su interlocutor, apodado “La Araña”, le ofrece en marzo de 2017 un “dossier explosivo” para hundir a Victoria Rosell. El juez mostró su interés pero cortó las conversaciones cuando “Araña” le pidió 1.000 euros a cambio, lo que provocó una denuncia por parte del magistrado. Alba ocultó a la Fiscalía los correos que más le comprometían.

29 de septiembre de 2017. El papel de Alba como uno de los integrantes del tribunal que juzga el ‘caso Faycán’ empieza a ser cuestionado por el escándalo relacionado con Victoria Rosell. Un empresario le recusa por “enemistad” del magistrado con su abogado, relacionado a su vez con Miguel Ángel Ramírez. Alba forma parte del tribunal pero se queda en minoría y no puede evitar que el Partido Popular sea condenado por reformar su sede de Telde con dinero público en 2003.

El juez Salvador Alba, entre sus dos abogados, mientras escuchaba la grabación de su reunión con Ramírez. (ÁNGEL SARMIENTO)
8 de mayo de 2018. Se cierra la instrucción dirigida por la magistrada del TSJC Margarita Varona, y se decreta la apertura de juicio oral, lo que activó la suspensión del juez Alba, que desde septiembre de ese año no ejerce en la judicatura, aunque sigue cobrando del Ministerio de Justicia un salario sin complementos de acuerdo con el reglamento que rige para jueces y magistrados. El Ministerio Fiscal pide para Alba una condena de 10 años de prisión y 29 de inhabilitación, mientras la acusación particular (Victoria Rosell) y las acusaciones populares (Podemos y Carlos Sosa) elevaban la petición de cárcel hasta los 14 años.

19 de julio de 2018. El Consejo General del Poder Judicial decide suspender de manera cautelar a Salvador Alba después de la apertura de juicio oral contra él. La Comisión Permanente le reprocha incluso que busque acreditar su incapacidad laboral cuando ha estado de viaje en las islas Maldivas.

21 de marzo de 2019. La jueza Rosell anuncia que regresa a la política y que se presentará a las elecciones generales de abril con Unidas Podemos. Encabeza la lista del partido por Las Palmas y obtiene un escaño en unos comicios en los que el partido fue el segundo más votado en la provincia. Conservó su acta en la repetición electoral de noviembre.


1 de julio de 2019. Comienza el juicio contra Salvador Alba en el Tribunal Superior de Canarias. El empresario Miguel Ángel Ramírez reconoce la reunión con el magistrado y llega a comparar su manera de proceder con la de “la mafia”. Previamente, Alba se había declarado víctima de un “chantaje”.

02 de julio de 2019. Victoria Rosell afirma en el juicio que Salvador Alba “es como nuestro Villarejo”.

12 de julio de 2019. El juicio contra Salvador Alba queda visto para sentencia. El todavía magistrado niega haber querido perjudicar a Victoria Rosell y afirma: “Yo nunca he asesorado al señor Soria”. El fiscal Vicente Garrido hace un duro alegato en el que asegura que Alba “usó su poder como juez para satisfacer un interés personal: desprestigiar a Rosell”.

19 de julio de 2018. El Consejo General del Poder Judicial decide suspender de manera cautelar a Salvador Alba después de la apertura de juicio oral contra él. La Comisión Permanente le reprocha incluso que busque acreditar su incapacidad laboral cuando ha estado de viaje en las islas Maldivas.

21 de marzo de 2019. La jueza Rosell anuncia que regresa a la política y que se presentará a las elecciones generales de abril con Unidas Podemos. Encabeza la lista del partido por Las Palmas y obtiene un escaño en unos comicios en los que el partido fue el segundo más votado en la provincia. Conservó su acta en la repetición electoral de noviembre.




1 de julio de 2019. Comienza el juicio contra Salvador Alba en el Tribunal Superior de Canarias. El empresario Miguel Ángel Ramírez reconoce la reunión con el magistrado y llega a comparar su manera de proceder con la de “la mafia”. Previamente, Alba se había declarado víctima de un “chantaje”.

02 de julio de 2019. Victoria Rosell afirma en el juicio que Salvador Alba “es como nuestro Villarejo”.

12 de julio de 2019. El juicio contra Salvador Alba queda visto para sentencia. El todavía magistrado niega haber querido perjudicar a Victoria Rosell y afirma: “Yo nunca he asesorado al señor Soria”. El fiscal Vicente Garrido hace un duro alegato en el que asegura que Alba “usó su poder como juez para satisfacer un interés personal: desprestigiar a Rosell”.



10 de septiembre de 2019. Tres años después de que se iniciara la conspiración, el TSJC dicta una sentencia que evidencia cómo cada uno de los pasos dados por Salvador Alba componen una maquinación dirigida a acabar con la carrera política de Victoria Rosell que le costará 18 años de inhabilitación y seis años y medio de cárcel.

3 de noviembre de 2019. En una entrevista en el digital ConfiLegal, donde ha escrito varios artículos, Alba asegura que el juicio contra él “fue, como poco, irregular” y plantea una batería de argumentos que acaban de ser rechazados por el Tribunal Supremo.

20 de mayo de 2020. El caso empieza a tramitarse ante el Tribunal Supremo y la Fiscalía pide en su escrito que los jueces confirmen su condena. La representante del Ministerio Público defiende, entre otras cosas, que la grabación realizada por el empresario Ramírez es válida y sirve para cimentar su condena junto con el resto de pruebas. Rosell y la acusación popular de Podemos pide aumentar su condena a 10 años de prisión. El juez Pablo Llarena se aparta del caso por su relación profesional pasada con el acusado.

11 de noviembre de 2021. La sala de lo penal del Supremo celebra una vista pública para estudiar la condena de Salvador Alba. La fiscal Iliana Navia-Osorio pide la confirmación de su condena y es contundente al hablar sobre la grabación de sus conversaciones con el empresario Miguel Ángel Ramírez durante la conspiración contra Rosell: “El contenido de la grabación sonroja”.

25 de noviembre de 2021. Seis años y tres semanas después de sus primeras maniobras conspiratorias, Salvador Alba es condenado en firme. El Tribunal Supremo confirma su condena de más de seis años de prisión, lo que implica que tendrá que cumplir condena entre rejas y que será expulsado de la judicatura. Victoria Rosell recibe la noticia en su despacho donde sigue ejerciendo como delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.


Por cierto, cansa ver en todas las tertulias y canales de televisión hablar largo y tendido de ésta noticia . :sneaky: :rolleyes: o_O

Por cierto, ¿Seis años de cárcel y 18 de inhabilitación? Muy poquito me parece.