La oposición fuerza al PP a reformar la "ley Mordaza"
- Autor_Marta
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Que miserable eres Boldovi
El abogado Joaquín G. Moeckel, en el programa “Las Cosas Claras” presentado por Jesús Cintora, se refirió a las protestas que se han producido en España a favor del rapero Pablo Hasél.
El abogado manifestó en el programa que su condena a cualquier tipo de hecho violento «venga de donde venga», porque de no ser así, se tendría que justificar la noche de los cristales rotos en la Alemania NAZl.Explicaba el abogado que en 1938, los judíos en la Alemania fueron presa de los peores linchamientos multitudinarios ejecutados por la autoridad de ese momento y los habitantes alemanes.
Puntualizando ya para finalizar Moeckel, con una frase que ha generado todo tipo de reacciones en redes: «Los alemanes estaban muy j0didos con los judíos», manifestó el tertuliano.
El periodista Miquel Ramos le recriminó su comparación «me parece obsceno». El tertuliano llegó a justificar que la mujer que perdió el ojo «puede que la hay perdido injustamente porque no sabe manifestarse».
Vídeo | Judios, NAZlS, y justificación de perder un ojo en las protestas, el pleno de un tertuliano de TVE sobre las protestas
El abogado Joaquín G. Moeckel, en el programa “Las Cosas Claras” presentado por Jesús Cintora, se refirió a las protestas que se han producido en España a favor del rapero Pablo Hasél. El abogado manifestó en el programa que su condena a cualquier tipo de hecho violento «venga de donde venga»...
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Fake News: El Español y otros medios difunden que incautaron una ballesta en las protestas pro Hasél
21/02/2021 por Alberto R.FacebookTwitterWhatsAppTelegramMeneameCompartir
Esta última semana se han dado múltiples manifestaciones en toda España en contra del encarcelamiento del rapero Pablo Hasel, lo que ha revolucionado a los usuarios de las redes sociales que han compartido multitud de imágenes de los disturbios y de actuaciones policiales.
Una de estas imágenes que comenzó a circular y se volvió viral fue una en la que se ve una ballesta presuntamente incautada por los Mossos d’Esquadra en Barcelona durante una de estas protestas.El Español publicó la noticia dando por hecho que la ballesta fue incautada, pero dicha información no es real.
El diario ‘El Español’, endosó dicha imagen al “arsenal” de la “‘guerrilla’ pro Hasél” armas como “ballestas y arpones de cinco puntas”, mostrando el texto, la imagen y respaldando que “los policías” dicen que los protestantes de Barcelona “van a matar”.
Un usuario avisó a ‘El Español’ mediante WhatsApp que las armas mostradas en esa imagen no tenían nada que ver con las protestas por la libertad de Hasél, de forma inmediata diario eliminó la imagen.
Fake News: El Español y otros medios difunden que incautaron una ballesta en las protestas pro Hasél
Esta última semana se han dado múltiples manifestaciones en toda España en contra del encarcelamiento del rapero Pablo Hasel, lo que ha revolucionado a los usuarios de las redes sociales que han compartido multitud de imágenes de los disturbios y de actuaciones policiales. Una de estas imágenes...
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La modificación de esta ley ya llevó a grupos de negacionistas y antivacunas a organizarse para intentar colapsar el correo de diputados de los tres grupos con representación en la Cámara y a dejar centenares de comentarios en la web de la institución.
La manifestación, que dio inicio a las 16.30 horas con una concentración frente a la estación de tren de la capital gallega, estuvo velada en todo momento por agentes del Cuerpo Nacional de Policía. También estaba convocada una contramanifestación de colectivos antifascistas, que desde la lejanía han proferido cánticos como «fascistas fuera de Galicia».
Esta protesta, organizada por el colectivo Policías por la Libertad y secundada por otros similares colectivos negacionistas como Médicos por la Verdad, Madres por la Verdad y Docentes por la Verdad, ha servido para mostrar su rechazo a la que llaman la ‘Ley Auschwitz’, en referencia al campo de concentración instalado en Polonia por parte de la Alemania Nazi.
La portavoz de Policías por la Libertad, Sonia Vescovacci, se dirigió a los manifestantes, entre los que algunos portaban pancartas que decían que la pandemia es mentira. En esta intervención las críticas se dirigieron a la reforma legislativa, aunque el contenido cambió al término de la marcha y los presentes gritaron consignas contra las vacunas, contra la tecnología 5G y contra los medios de comunicación.
Vescovacci también ha hecho un llamamiento a mantener un minuto de silencio por los muertos que deja en España la Covid-19. Y todo esto a pesar de que, según describían algunas de las pancartas vistas en la protesta, la pandemia es una «mentira».
spanishrevolution.net
Se saltan la ley por partida doble y les dejan desfilar....¿Donde estaba la policía para indicárselo?
Negacionistas de toda España se manifiestan en Santiago sin consecuencias a pesar del cierre perimetral
Javier F. Ferrero, 22 febrero 2021 14:50 0 2 min 548Los negacionistas gritaron en contra de la reforma de la ley gallega de salud y lanzaron consignas contra las vacunas, contra la tecnología 5G y contra los medios de comunicación.
Cientos de personas de distintas partes de España y de diferentes colectivos negacionistas han acudido a Santiago de Compostela para manifestarse este sábado en contra de la reforma de la ley gallega de salud que, previsiblemente, saldrá aprobada el martes en el Parlamento de Galicia.La modificación de esta ley ya llevó a grupos de negacionistas y antivacunas a organizarse para intentar colapsar el correo de diputados de los tres grupos con representación en la Cámara y a dejar centenares de comentarios en la web de la institución.
La manifestación, que dio inicio a las 16.30 horas con una concentración frente a la estación de tren de la capital gallega, estuvo velada en todo momento por agentes del Cuerpo Nacional de Policía. También estaba convocada una contramanifestación de colectivos antifascistas, que desde la lejanía han proferido cánticos como «fascistas fuera de Galicia».
Esta protesta, organizada por el colectivo Policías por la Libertad y secundada por otros similares colectivos negacionistas como Médicos por la Verdad, Madres por la Verdad y Docentes por la Verdad, ha servido para mostrar su rechazo a la que llaman la ‘Ley Auschwitz’, en referencia al campo de concentración instalado en Polonia por parte de la Alemania Nazi.
Sin mascarillas y sin respetar el cierre perimetral
Lo más llamativo de este acto es que pese a que muchos de ellos recorrieron las calles compostelanas este sábado sin mascarilla o con ella bajada y a que la capital gallega es una ciudad cerrada perimetralmente, la policía no multó a ninguno de los asistentes bajo el amparo al derecho a manifestación, que impera sobre los cierres de municipios si se cumple la legislación.La portavoz de Policías por la Libertad, Sonia Vescovacci, se dirigió a los manifestantes, entre los que algunos portaban pancartas que decían que la pandemia es mentira. En esta intervención las críticas se dirigieron a la reforma legislativa, aunque el contenido cambió al término de la marcha y los presentes gritaron consignas contra las vacunas, contra la tecnología 5G y contra los medios de comunicación.
Vescovacci también ha hecho un llamamiento a mantener un minuto de silencio por los muertos que deja en España la Covid-19. Y todo esto a pesar de que, según describían algunas de las pancartas vistas en la protesta, la pandemia es una «mentira».
Negacionistas de toda España se manifiestan en Santiago sin consecuencias a pesar del cierre perimetral
Los negacionistas gritaron en contra de la reforma de la ley gallega de salud y lanzaron consignas contra las vacunas, contra la tecnología 5G y contra los medios de comunicación.
spanishrevolution.netSe saltan la ley por partida doble y les dejan desfilar....¿Donde estaba la policía para indicárselo?
Denuncian un “montaje” para criminalizar la defensa del derecho a la vivienda y el ejercicio del derecho a la protesta
La Fiscalía pide nueve años de cárcel, por una acción de desobediencia civil no violenta, para una pareja de inquilinos del barrio barcelonés de Sant Antoni y para el portavoz del Sindicat de Llogateres, quien advierte: “Amenaza con ser un juicio sin garantías”.Por
Javier Lezaola.
21 de junio de 2021 22:58
Jaime Palomera, flanqueado por Alpha y Fran en el cartel del acto de apoyo que se celebrará el próximo lunes en la Ciutat de la Justicia
Este lunes ha saltado a la luz un nuevo caso de criminalización de la protesta –en este caso relacionado con la defensa del derecho a la vivienda–, y es que la Fiscalía ha pedido para tres personas un total de nueve años de cárcel –tres para cada una de ellas– por una acción de desobediencia civil no violenta. Se trata del portavoz del Sindicat de Llogateres i Llogaters de Barcelona [Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Barcelona], Jaime Palomera, y de Alpha y Fran, la pareja de inquilinos de una de las viviendas del número 92 de la calle barcelonesa de Floridablanca, ubicado junto al Mercat de Sant Antoni, en el barrio del mismo nombre. “Nos piden nueve años de cárcel por defender el derecho a la vivienda y ejercer el derecho a la protesta”, ha denunciado Palomera este jueves, consultado por LUH.
Los tres serán juzgados el próximo lunes, 28 de junio, en la Ciutat de la Justicia de Barcelona, y es que los grandes propietarios de ‘Floridablanca, 92’ interpusieron en 2019 una querella por coacciones y amenazas contra Palomera, Alpha y Fran, en lo que el portavoz del Sindicat de Llogateres califica de “montaje sin ningún tipo de pruebas que pretende hacer pasar por un acto de violencia una protesta pacífica y festiva”, la llevada a cabo el 17 de octubre de 2018 en el barcelonés Instituto Francis –instituto de belleza propiedad de los dueños de ‘Floridablanca, 92’, es decir de la familia Fradera; ‘El consultorio sentimental y de belleza de Elena Francis’ fue, además de un programa de radio emitido en España entre los años 1947 y 1984, “un arma ideológica para someter a las mujeres durante el franquismo” y “un montaje que el Instituto Francis y los Fradera se inventaron para publicitar sus productos”– para protestar por la situación de la pareja y exigir una solución.
La acusación particular pide 21 meses de prisión para Palomera, Alpha y Fran, pero la Fiscalía va más allá y pide tres años de cárcel para cada uno, “a pesar de la inexistencia de pruebas”, denuncia el portavoz del Sindicat de Llogateres. Además, “el juez ha inadmitido un gran número de pruebas aportadas por la defensa” –rechaza la emisión de “vídeos que acreditan que la protesta fue totalmente pacífica” o el testimonio de “hasta tres periodistas y dos diputados presentes en la protesta”–, por lo que el juicio “amenaza con ser un juicio sin garantías”, advierte.
Alpha y Fran viven desde 2010 en una de las viviendas de ‘Floridablanca, 92’ –bloque propiedad de esos grandes propietarios de más de cien viviendas y locales sólo en la ciudad de Barcelona–, y en estos 11 años no han dejado de pagar ni un solo mes de alquiler, asumiendo subidas de precios y condiciones “indignas” y a menudo “angustiantes” –agua no potable, tuberías agujereadas, una recurrente plaga de termitas…–, en lo que Palomera califica de “caso típico de acoso inmobiliario”.
Con esos antecedentes y después de que la pareja pidiera repetidamente que resolvieran los problemas de la vivienda a los grandes propietarios, estos les comunicaron en 2018 que no les renovarían el contrato, es decir que los echarían de casa.
Fue entonces cuando Alpha y Fran se unieron a la campaña del Sindicat de Llogateres #NosQuedamos, que precisamente desde 2018 propugna plantarse ante los abusos inmobiliarios y los denominados desahucios invisibles, una campaña de la que este año 2021 ya forman parte 3.000 familias, según los datos del sindicato.
Una vez finalizado el contrato, Alpha y Fran “resisten en el piso y piden a la inmobiliaria y a esos grandes propietarios que dejen de acosarlos y que se sienten a hablar del nuevo alquiler” y “protestan pacíficamente en una de las muchas empresas de esos grandes propietarios, el Instituto de Belleza Francis, para pedir que no los echen de casa y que dejen de acosarlos”, explica el portavoz del Sindicat de Llogateres, que destaca que el caso de Alpha y Fran es “una expresión paradigmática de la lucha colectiva de cuatro años que ha permitido al Sindicato de Inquilinos asegurar que miles de familias se quedan en casa con alquileres asumibles e impulsar cambios legislativos históricos”: en 2019, la extensión de los contratos de alquiler desde los tres hasta los cinco y siete años, y en 2020, la regulación de precios.
Además –unidos a la comunidad de inquilinos, integrada por seis familias más, y a través del Sindicat de Llogateres–, Alpha y Fran interpusieron contra los grandes propietarios “dos denuncias por acoso inmobiliario” –denuncias que fueron admitidas, por lo que el Ayuntamiento de Barcelona anunció que multaría a esos grandes propietarios, algo sin precedentes en la historia– y “una demanda por daños y perjuicios”, y es que un perito de oficio llegó a determinar que la pareja no debería haber pagado el alquiler, porque “la vivienda estaba en condiciones inhabitables”.
Tras dos años de resistencia siempre pacífica y de varios intentos de desahucio, Alpha y Fran lograron quedarse en casa porque “se hace patente que los grandes propietarios han vulnerado la ley 17/2019” [Decreto-ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda], que “les obligaba a ofrecer un alquiler social como alternativa al desahucio, al tratarse de una pareja en situación de vulnerabilidad”, destaca Palomera, quien recuerda que “ante una nueva multa potencial de 90.000 euros, los grandes propietarios se ven obligados a cumplir la ley y hacer un alquiler social”.
El portavoz del Sindicat de Llogateres ha enmarcado la petición de nueve años de cárcel para Alpha, Fran y él en “el enorme conflicto que se vive en nuestras ciudades entre quien especula con los alquileres y quien defiende los derechos humanos”, conflicto que ha supuesto victorias pioneras –“sin precedentes históricos”, insiste– para el derecho a la vivienda que precisamente por eso suponen una “amenaza” para el poder inmobiliario y para la propia Fiscalía.
“Sin ningún motivo que no sea especular”
En el marco de ese conflicto, Palomera ha exigido al Estado “que impulse” ya una ley estatal de vivienda “que acabe con expulsiones injustificadas como la de Alpha y Fran, personas que pagan el alquiler y que son expulsadas de casa sin ningún motivo que no sea especular o las represalias por denunciar acoso inmobiliario” y ha recordado que para el próximo lunes, día del juicio contra la pareja de ‘Floridablanca, 92’ y contra él, hay convocado, a las nueve de la mañana ante de la Ciutat de la Justicia de Barcelona, un acto de apoyo en el que “se exigirá ese cambio legislativo” y se “defenderán los derechos fundamentales”. El lema del acto de protesta es ‘Porque hemos ganado, nos piden nueve años de cárcel por defender el derecho a la vivienda y ejercer el derecho a la protesta’.Esa futura ley estatal de vivienda acumula un retraso de más de cuatro meses en plena emergencia habitacional, y el principal escollo entre los equipos negociadores de ambos socios de gobierno, PSOE y Unidas Podemos, sigue siendo la regulación de los precios del alquiler. Unidas Podemos quiere introducir un sistema público de regulación para poder bajarlos, y el PSOE –que en un principio no quería ni siquiera poder regularlos, a pesar de haberse comprometido a ello por escrito dos veces: una en el pacto de gobierno y otra en el acuerdo de presupuestos– ha accedido ahora a introducir un sistema público de regulación, aunque no para poder bajar los precios sino sólo para poder evitar que sigan subiendo.
La negociación entre PSOE y Unidas Podemos, en el seno del Gobierno de coalición, para ver hasta dónde llegará finalmente ese sistema público de regulación de los precios del alquiler sigue su curso y encara su recta final, y en ella hay muchos intereses en juego; los primeros, los de los grandes propietarios, beneficiados por los cada día más desorbitados precios del alquiler, sobre todo en las zonas tensionadas de las grandes ciudades, como el barcelonés barrio de Sant Antoni. Los colectivos en defensa del derecho a la vivienda vienen insistiendo en que uno de los instrumentos más utilizados por esos especuladores en sus operaciones de expulsión de vecinos es el acoso inmobiliario, que se traduce en actuaciones deliberadamente dirigidas a degradar la salubridad de hogares y las condiciones de vida de sus habitantes.
El de Palomera y la pareja de ‘Floridablanca, 92’ no es ni mucho menos el primer caso de criminalización del ejercicio del derecho a la protesta; ni siquiera es el primer caso de criminalización de la protesta vinculada a la defensa del derecho a la vivienda, reconocido en el artículo 47 de la Constitución.
Ningún avance, ningún derecho, se ha conseguido sin protesta, por eso los poderes económicos y sus tentáculos siempre la han temido, siempre la han combatido y a menudo la han criminalizado a través de la aprobación y utilización de normas que prevén sanciones penales o administrativas para castigarla con el objetivo de neutralizarla todo lo posible.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó a Isa Serra, actual portavoz y secretaria de Discurso de Podemos, a un año y siete meses de prisión y 19 meses de inhabilitación para el derecho al sufragio pasivo por un delito de atentado a la autoridad durante su participación en el intento de paralizar, en el año 2014 en el barrio madrileño de Lavapiés, el desahucio de un enfermo crónico con incapacidad absoluta.
La defensa de Serra denunció que la sentencia del TSJM que la condenó por lanzar objetos a agentes “no valoró la prueba de forma racional” y “asumió las vagas e imprecisas declaraciones de los policías”, que acusaron a la actual dirigente de Podemos de lanzarles objetos pero sin poder precisar “cuándo” y “dónde”.
Palomera denuncia ahora que el juez de su caso ha rechazado la emisión de “vídeos que acreditan que la protesta” del 17 de octubre de 2018 en el Instituto Francis fue “totalmente pacífica” o el testimonio en el mismo sentido de “hasta tres periodistas y dos diputados” presentes en la movilización. Entre otras cosas por eso también insiste en hablar de “montaje”. El derecho a la protesta está en juego. El derecho a la vivienda, también.
Denuncian un “montaje” para criminalizar la defensa del derecho a la vivienda y el ejercicio del derecho a la protesta
La Fiscalía pide nueve años de cárcel, por una acción de desobediencia civil no violenta, para una pareja de inquilinos del barrio barcelonés de Sant Antoni y para el portavoz del Sindicat de Llogateres, quien advierte: “Amenaza con ser un juicio sin garantías”.
laultimahora.esPOLÍTICA
Mariona Reig, la maestra jubilada de 70 años imputada por criticar a la Guardia Civil en Facebook
La jueza la acusa de un presunto delito de incitación al odio y otro de injurias y amenazas por los comentarios que hizo en la red social sobre la actuación de un agente durante el referéndum del 1-OPor
Lorena Gómez.
3 de agosto de 2021 18:00
Mariona Reig, una maestra jubilada y con movilidad reducida, fue imputada por criticar en Facebook la intervención de un agente de la Guardia Civil —por ello, la jueza la acusa de un presunto delito de incitación al odio y otro de injurias y amenazas—. La actuación policial en Cataluña durante el referéndum del 1 de octubre de 2017 provocó un intenso debate sobre la proporcionalidad de las intervenciones. Desde la Unión Europea, tanto mandatarios de países miembros como el propio Consejo de Europa mostraron su preocupación, llegando el organismo a exigir al Ministerio del Interior que se investigara la actuación policial.
Lo sucedido el 1-O provocó que medios internacionales, como The New York Times, pusieran su punto de mira en España. El periódico neoyorquino —cuya labor le ha llevado a ganar el premio Pulitzer a la excelencia periodística hasta en 130 ocasiones— no dudaba en señalar en su portada la "agresividad" empleada por el gobierno español —en aquel momento en manos de Mariano Rajoy y el Partido Popular— contra el referéndum y los ciudadanos que participaron en él. El pasado mayo, la Audiencia Provincial de Barcelona daba la razón a la Generalitat y admitía la existencia de excesos policiales.
Sin embargo, Reig es una de las personas imputadas —está acusada junto a otras cinco— por sumarse a las críticas contra la represión policial del 1-O. “¿Vive en Tortosa? Hagámosle una visita y le devolvemos el favor”, fue el comentario que la profesora retirada publicó en Facebook y por el que fue acusada a sus 70 años. La pasada semana, la imputada decidía acogerse a su derecho a no declarar por segunda vez. En un caso similar, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya rechazaba en junio de 2018 que los policías del 1-O pudieran considerarse víctimas de delitos de odio.
En el auto dictado, la sala civil y penal del TSJC alegaba que los delitos de odio tienen lugar cuando los afectados pertenecen a colectivos vulnerables. Por ende, el tribunal determinó que no puede considerarse delito de odio “cualquier expresión de hostilidad difundida contra un determinado colectivo o grupo, aunque sea claramente ofensiva y perturbadora de la paz social y el orden público”. Cabe destacar que casos como el de Reig son posibles gracias a la Ley Mordaza —que contempla el delito de injurias a las instituciones del Estado—, aprobada por el gobierno de Rajoy en 2015. Ante las exigencias de su derogación incluso desde Bruselas, Unidas Podemos ya presentó una iniciativa, actualmente en tramitación. A pesar de que el PSOE se unió a Ciudadanos, Vox y el Partido Popular para votar en contra de la derogación impulsada por la CUP el pasado marzo, se espera que los socialistas no bloqueen la propuesta morada y cumplan, por lo tanto, con el acuerdo de coalición.
Mariona Reig, la maestra jubilada de 70 años imputada por criticar a la Guardia Civil en Facebook
La jueza la acusa de un presunto delito de incitación al odio y otro de injurias y amenazas por los comentarios que hizo en la red social sobre la actuación de un agente durante el referéndum del 1-O
luhnoticias.esLa libertad de expresión vale para toda la derecha, pero vemos que para las ideologías que no tienen que ver con la derecha la libertad de expresión no existe.
Recuerdo a Casado decir todo nervioso: " Hay que proteger al rey!" A mi me sonó a : " Proteged al corrupto que no salga más mi...que nos salpica a todos por haber permitido todo.El Congreso está lleno de bufones de la corte en vez de representantes de los intereses de los ciudadanos?
POLÍTICA
La Fiscalía pide 4 años y medio de cárcel a un abogado por fotografiar un desahucio
El abogado Diego Herchhoren, difundió imágenes del desalojo de una pareja de 17 y 19 años, con un bebé recién nacido
El proceso por el cual la Fiscalía pedía 4 años y medio de prisión para Diego Herchhoren, por denunciar en redes sociales el desahucio de una familia con un bebé que quedaba sin alternativa habitacional, se mantiene después de 3 años.
Los hechos ocurrieron en marzo de 2019, cuando desalojaron a una pareja de 17 y 19 años, con un bebé recién nacido en Guadalajara. Los vecinos y activistas allí presentes denunciaron los hechos tomando fotos y vídeos de lo ocurrido. Entre ellos, el imputado, un abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que difundió unas imágenes en sus redes sociales, donde se podía ver la cara de los agentes que ejecutaron el desahucio.
A raíz de este suceso, el Juzgado de Instrucción número uno de Guadalajara recogió una medida cautelar por la que la PAH de Guadalajara no podría fotografiar ni difundir imágenes de desahucios, ya que las fotografías compartidas desde las redes sociales de la plataforma suponían “una amenaza para el personal a su cargo quien puede ver comprometida su seguridad en el futuro”.
Esta prohibición generó mucha denuncia por parte de los medios, que tachaban la medida de “intimidatoria” y “de alta peligrosidad para la libertad de expresión”.
Diego es acusado de desobediencia a la autoridad, delito contra la intimidad e injurias con publicidad y será juzgado por ello el próximo mes. La plataforma defiende, que los hechos se dieron en la vía pública y por parte de las autoridades públicas “...vamos a seguir difundiendo los abusos y no vamos a cambiar un ápice nuestra forma de entender la lucha por el derecho a la vivienda”.
A través de Change.org se ha lanzado la campaña #NoInformarás, impulsada por la PAH y en la que se han recogido más de 70.000 firmas y decenas de autoinculpaciones pidiendo la retirada de todos los cargos. Amnistía Internacional se ha pronunciado también sobre el tema y ha comunicado su intención de hacer un seguimiento del caso, por el efecto que puede tener para el correcto ejercicio del derecho a la información.
La Fiscalía pide 4 años y medio de cárcel a un abogado por fotografiar un desahucio
El abogado Diego Herchhoren, difundió imágenes del desalojo de una pareja de 17 y 19 años, con un bebé recién nacido
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