Cursach, el rey de la noche, acusado de homicidio y corrupción de menores

El Caso Cursach y la "información vaginal" de las cloacas

Los escándalos, que no casos, Cursach y Salamanca explican muy bien el significado de la "información vaginal" de la que se jactó Villarejo ante Dolores Delgado y el dueño de su copa y ministerio, Baltasar Garzón. Que Bartolomé Cursach, rey del hampa nocturna balear (seguir llamando "ocio" al negocio de un acusado de dieciocho delitos y todas las variantes de corrupción, violencia y el crimen organizado, me parece un eufemismo ridículo), siga en libertad sólo se explica por una sistemática corrupción judicial y policial.

Y ha hecho falta que la policía, por mandato de un juez, se presentara en el Diario de Mallorca para incautarse de los móviles de periodistas con datos de los infinitos delitos fiscales de Cursach, para que el escándalo saltara, por fin, el muro de silencio de un archipiélago en el que la omertá periodística ha ido de la mano de la política e institucional.

¿Acaso pensaban los protectores durante décadas de ese vertedero político llamado Unión Mallorquina, aliado del PP y del PSOE y socio sempiterno del catalanismo que ahora arrasa las Baleares, que el delito común y el chantaje generalizado se detendrían en la actividad diurna? ¿Creyeron que el encubrimiento político, fiscal, policial, y finalmente, judicial, se limitaría a los culiparlantes del parlamento regional? Para mí, el Caso Cursach es la continuación del de María Antonia Munar. Y ambos, el síntoma de un cáncer que, si llegara el cambio a la política española, habría que afrontar con absoluta urgencia y con la más extrema contundencia.

Cuando el delincuente instruye su propio caso
Hay veces en que un titular periodístico sustituye ventajosamente a un tratado de Derecho Penal. Es el caso de una columna de Matías Vallés en el Diario de Mallorca: "Cursach instruye su propio caso". O el de su vídeo sarcástico: "Cursach será nombrado juez sustituto plenipotenciario". El sarcasmo, en este caso, no es hiperbólico, sino descriptivo. Es tal el poder del "padrino" balear en la policía, la fiscalía y la judicatura –en los medios, la corrupción se advierte por la precaución informativa– que ha conseguido algo sólo al alcance de las cloacas policiales y judiciales, unidas indeleblemente en la celebérrima grabación de Villarejo. Porque, hasta ahora, para corromper los más altos niveles de los organismos del Estado había que estar dentro, con uniforme o toga. Cursach ha conseguido instruir su caso sin ser juez ni policía. Le basta comprarlos o chantajearlos.

Nadie es inmune al chantaje
Yo no creo que casi todos los jueces, fiscales y policías en Mallorca, aunque sean muchos los que aseguran el ámbito de impunidad de Cursach, estén sobornados. Sí creo que todos los ciudadanos podemos ser objeto de chantaje sexual, con fundamento o por algún tipo de montaje. El resultado es el mismo. Cualquiera puede resistir un soborno de muchos euros, pero no es fácil, y menos aún si se lleva uniforme o toga, resistir un chantaje de tipo sexual, al margen de que venga de una conducta habitual o una trampa.

Esa es la "información vaginal" de la que presumía Villarejo, con el aplauso y la complicidad de la cúpula policial y judicial de la Audiencia en la cinta célebre, que muestra que, en España, como en la Roma imperial, hay una Cloaca Máxima en la que desembocan todas las alcantarillas. En tiempos de Garzón era, sobre todo, la Audiencia Nacional. Pero hay otras evidencias de corrupción al máximo nivel, el del Supremo, que Delgado misma delata al revelar a Villarejo supuestos comportamientos sexuales delictivos con menores en Colombia. Por cierto, aquellos viajeros aludidos anunciaron querellas contra la ministra y su entorno. ¿Presentaron alguna?

Acostumbrarse a la corrupción
Las acusaciones a Cursach, que incluyen el asesinato, tenían un punto clave: la corrupción de políticos, jueces y policías, invitados a orgías de s*x* y drogas a todo lujo, que los convertían en rehenes del hampa. No extraña que la testigo protegida que lo denunció pueda desaparecer o perder la memoria o que la Fiscalía actúe contra un fiscal que no se rinde, aunque eso y mucho más se da en el Caso Cursach; y algo debería hacer el CGPJ al respecto. No hace falta, aunque nunca falte, el sobre que completa el magro sueldo. Basta la grabación, la "información vaginal" a una o un profesional del s*x*, la confidencia del borracho, o pasado de coca o enamoriscado. Basta una sola noche. Una sola vez. Cuando pasa una, pasa mil y una. Y los que no aceptan el trato, son orillados y difamados por los que sí aceptan. Luego hay medios y periodistas sin escrúpulos que completan el círculo del chantaje. Y así, con los años y los silencios, se teje una trama inextricable.

Menuda Mafia peligrosa hay por allí.
 
La fiscalía pide ocho años y medio de cárcel para Cursach por liderar un grupo criminal

La Fiscalía Anticorrupción pide un total de 8 años y medio de cárcel para Cursach, por los delitos de pertenencia a grupo criminal, prevaricación administrativa continuada, coacciones y cohecho activo continuado. El ministerio público solicita, además, una inhabilitación de 15 años para toda actividad relativa a la hostelería, ocio o recreo y una multa de 60.000 euros.
 
Empleados de Cursach obligaban a funcionarios a aceptar sobornos

Los sobornos, como bien deja claro el fiscal, no los ofrecía nunca Cursach, sino que lo hacían sus empleados. Así, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Palma de esta tarea se encargaba Antonio Bergas, policía local jubilado, y el que fue celador de obras de Cort, Julián Garau. "Eran ellos quienes ofrecían y obligaban (a los funcionarios) a aceptar dinero, cestas de navidad, cajas de champán, pases VIP para las instalaciones del Megasport y otros regalos a sus compañeros y superiores del departamento de urbanismo del Ayuntamiento de Palma", relata la acusación, que además añade que los funcionarios aceptaban estos regalos porque si los rechazaban los amenazaban con querellas "hasta arruinarles su vida profesional". De esta forma se entiende que los funcionarios aceptaran estos sobornos económicos con billetes de 500 euros, además de botellas de champán francés y pases gratis al gimnasio. El fiscal también destaca el papel de Pilar Carbonell, tanto cuando trabajó en el Ayuntamiento de Calvià, como después como directora general de Turismo, que adoptó decisiones para beneficiar a Cursach. En Calvià, según la fiscalía, era quien se encargaba de que las sanciones que se imponían a los negocios de Cursach no llegaran a pagarse.

Precisamente, la acusación utiliza la estadística para demostrar el trato de favor que recibía Cursach para no pagar las multas. Así, solo en Palma, en cuanto a sanciones económicas impuestas a empresarios del ocio, solo el 12,5% afectaban al Grupo Cursach, cuando es la empresa más potente de este sector. Y, además, al final únicamente se pagaban el 7,95%. El resto se perdían por el camino. En Calvià ocurría lo mismo. Del total de sanciones impuestas a locales de ocio, Cursach solo recibía el 5% de multas, pero la mayoría nunca llegaban a pagarse porque era el propio Ayuntamientos quien las hacía desaparecer.
 
Alerta de bola de nieve en un juzgado de Mallorca

El caso es que quienes albergamos serias dudas de que España sea una democracia de esas en las que reina la separación de poderes y que también cuentan con una sociedad que defienda las libertades, hemos recibido dos nuevas pruebas que justifican nuestras peores sospechas.

Por una parte, tenemos el episodio de un ajedrecista que también es juez, de gesto siempre pensativo aunque ahora de pocos amigos que, sin percatarse de que en ese momento jugaba con la toga puesta, y con pleno conocimiento de varias de las piezas más relevantes de su lado del tablero, ha realizado un movimiento no establecido en las reglas del juego, con el que ha bloqueado dos peones de un adversario que le resultaba molesto por el simple hecho de que miraba lo que también él puede mirar, y de que hablaba sobre lo que él tiene que decidir.

Pero huyamos de las figuras, que poco pueden contra los peligros que cada día que despertamos sentimos más cercanos, y que quizás se encuentran a dos telediarios de incautarse de nuestros bolígrafos y nuestros teclados.

Aunque antes conviene parar un instante en la información que nos trae a colación don Jesús Cabaleiro Larrán desde Periodistas-es, y que podría decir mucho de la personalidad de nuestro juez por sus pautas con el ajedrez. En su artículo titulado “El juez mallorquín Miquel Florit jugador de ajedrez” nos dice: “En su base de datos de partidas figuran un 25% de victorias y un 75% de derrotas, no constando partidas terminadas en tablas”.

Las personas equilibradas pueden realizar actividades distintas, pero sus actitudes deben ser coherentes. Por eso, llamaría ahora mismo a Florit para preguntarle lo siguiente ¿de verdad que en ninguna de tantas partidas en las que veía venir la derrota le interesó jugar a conseguir una de esas tablas que tantas veces saben a victoria? ¿Solo le sirve a usted morir o matar? Esta puede ser una manera muy española de salir derrotado, pero ¿Qué tal si lo dejamos para el ajedrez.

Sigo leyendo lo que se escribe sobre Florit y, para parecer un tertuliano de los del montón, diré que “como no podía ser de otra manera” decido hacerme eco de un revelador párrafo que Matías Vallés incluye en lo suyo de ayer, 16 de noviembre, con un título tan explícito como el de “Echaron al juez, al fiscal, a los policías y ahora a la prensa”.

Se dirige el articulista más leído de Mallorca a los policías enviados por el juez, y dado que se trata del caso Cursach, les dice que, en lugar de ir a requisar en periódicos pueden investigar, en su propia comisaría, “al jefe de policía que le dijo textualmente a Tolo Sbert que él no podía cerrar todas las discotecas que le hicieran la competencia a Cursach, y que la próxima vez tendrían que hacer la inspección/redada primero en un local del grupo (Cursach, se entiende) y luego en el que le hiciera la competencia. Por supuesto, sin sancionar al primero y hundiendo al segundo, ‘y de hecho lo hicieron así’. Fin de la cita, folio 28.902 del sumario, en el que un testigo coloca a la Jefatura entera en la órbita del magnate”, termina Vallés, reincidiendo así en una de las filtraciones que, en beneficio de la verdad, tanto han enfadado al juez. Para quien no lo sepa, el tal Tolo Sbert es segundo de Cursach y también imputado en el asunto del que el juez es capaz de todo para que no haya filtraciones.

No le arrendaría yo las ganancias a quienes, dirigidos por Florit y pudiendo al menos intentarlo, no han hecho nada por impedir esta sorprendente acción de la justicia contra la libertad de prensa.

Pero ahora, regresemos al título. Retener durante días unos aparatos tan peligrosos como los que utilizan profesionales cuyo trabajo está especialmente protegido por la Constitución puede terminar convirtiendo este asunto en una gran bola de nieve. Y sigue nevando.

Con lo sensibles que son estos cacharros a las manipulaciones ajenas, me asedia una cascada de preguntas y respuestas.

P: ¿Qué harán con sus móviles y ordenadores los legítimos propietarios cuando el señor juez tenga que devolverlos?
R: Pues, lógicamente, encargarán, con acta notarial incluida, una auditoría tecnológica exhaustiva.

P: ¿Y si aparecieran alteraciones de cualquier clase?
R: Esta vez me respondo que no soy capaz de imaginar las consecuencias, pero sí me pregunto de nuevo:

P: ¿Es posible que ninguna de las cabezas de ninguna de las personas que, junto con el juez Florit, se han implicado en esta operación desde el principio, haya sido capaz de imaginar el endemoniado escenario que se iba a crear desde el minuto uno en el que llevaran a cabo su osadía? ¿Tan poderosa e impune se siente la justicia en este país como para negar la vigencia de unas leyes sociales no escritas, pero que operan con tanta fuerza como la Ley de la Gravedad?

Conclusión política. Si un Florit de Jueces por la Democracia y un fiscal anticorrupción con la trayectoria de Carrau son capaces de perpetrar este exceso, no resulta extraño que los de Vox tomen el relevo de delincuentes como los de Manos Limpias y el PP en lo de presentar cada día querellas contra sus adversarios políticos. De los primeros, porque la suciedad de sus procedimientos les tiene ahora probando su propia medicina. Y de los segundos, porque ya no están en el gobierno y tendrían que pagar los abogados con su dinero, negro y sagrado. Pero el peligro que la justicia significa en España para la democracia tiene muchas derivadas y requiere un tratamiento específico, que continuará…

Para ir terminando lo de hoy, y no sin antes afirmar que las filtraciones perseguidas no parecen haber perjudicado la labor de la justicia en la persecución del delito, le haré al juez una pregunta en la prosa más versada y pedante que se me ocurra, por si así comprende la urgencia que tiene de parar la bola.

¿Qué filtrador infiltrado busca usted en su juzgado, con tanto ahínco y desvarío, que su perseguido no ha sido, ni siquiera, capaz de advertir a sus amigos, los de la canallesca, que sus intimidades serían violadas con fuerza legal, y ellos mismos separados de sus útiles de trabajo?

Volviendo al segundo párrafo, la otra prueba de la debilidad de nuestra democracia queda constatada por el hecho de que la parte más ofendida por este abuso, es decir, toda la prensa española, salvo la que opera como brazo mediático de un autoritarismo que se reconstruye despertando al franquismo para usarlo como amenaza, no está realizando una protesta coordinada consistente, por ejemplo, en repetir cada día en las portadas la denuncia contra la actuación de Florit hasta que devuelva lo incautado y busque, si es que existe, la puerta de salida del laberinto en el que él mismo se ha metido.

No se puede esperar de miles de periodistas y de sus jefes que se declaren en huelga de hambre, como sí que están haciendo otros a quienes también les están violando sus derechos esenciales con una política judicial de autos consumados.

Pero si podrían los editores atreverse a realizar la manifestación más pacífica de todas, la que solo protagonizarían unas palabras escritas. Se trataría de una actitud firme e indiscutible a favor de la libertad de prensa que, destinada a defender el derecho de todos a una información libre, es lo único que les permitirá ganarse el pan de cada día con dignidad y decencia.
 
Cursach, corrosivo para la Justicia

De entrada, que un tema de máximo interés mediático en el que se cruzan, presuntamente, corrupción empresarial, corrupción policial y corrupción política acabe nada menos que con el registro de los medios de comunicación que publicaban sobre el caso.

Como decía, todo está muy turbio. Cuando empecé a trabajar como abogado, en 1997, Bartolomé Cursach ya tenía fama de tantas cosas escabrosas que si intentara resumirlas en una entrada, me vería obligado a batir el récord de uso de las palabras “presunto” y “presuntamente”.

Que después de décadas con todo tipo de filtraciones a todos los medios de comunicación, locales y nacionales, un Juez actúe por primera vez y lo haga en beneficio objetivo de los intereses de la defensa de Cursach, que roza la nulidad de actuaciones con la punta de los dedos, es otra desgracia añadida.

Hay gente que contamina a todo el que se le acerca y Cursach, su caso me refiero, es de estos temas.

 
Dos imputados del PP por el caso Cursach asistían a bacanales de s*x* y cocaína

Una testigo asegura que el expresidente del PP de Palma, José María Rodríguez, y el diputado autonómico Álvaro Gijón, asistían a fiestas con droga y s*x* en una finca propiedad de Cursach o en prostíbulos. Según este testimonio, cada lunes se organizaban partidas de póker en la finca Puntiró, propiedad del empresario Bartolomé Cursach, y que cuando concluía la partida "había auténticas bacanales". En estas fiestas se daba cocaína a las chicas, que "cobraban muy bien", pero "tenían que someterse a vejaciones como palizas, sobredosis de drogas y a prácticas sexuales violentas" en las que empleaban "juguetes eróticos" o las ataban y mantenían s*x* con varios hombres a la vez.

La declarante afirma que sabe por sus compañeras que Rodríguez "pasaba tardes enteras" en un prostíbulo de Palma, donde consumía "botellas caras" y "constantemente iba seleccionando chicas para mantener s*x*", con las que "se encerraba". Siempre según esta versión, las chicas se negaban a mantener s*x* con él porque tenía "unos gustos extraños y peligrosos" por lo que Rodríguez "mandaba traer chicas de la calle e incluso chicos" para presenciar cómo tenían s*x* entre ellos o con las chicas. En este sentido, precisa la testigo que "Gijón también iba a este piso" aunque "de forma más esporádica" que Rodríguez. Asimismo, manifiesta que vio "en numerosas ocasiones" a Rodríguez saliendo del piso "en un estado lamentable" y "totalmente pasado de cocaína y alcohol", mientras que Gijón se iba "en coche oficial" también en un estado "deplorable".

Afirma que Gijón "seleccionaba a las chicas" y exigía que tomaran cocaína, y que quien se negara "no entraba con él". Las que lo hacían estaban "días enteros sin salir del piso", mientras que Gijón "alguna reunión de la policía la hacía por teléfono desde la casa" y cuando se cansaba "llamaba al chófer y se iba". La testigo también asegura que en otra fiesta, organizada en Mega, Gijón le ordenó ir a "buscar más cocaína" al haberse acabado la que tenían y que quien le pagó por la droga -500 euros- fue el actual abogado defensor de Gijón en el caso, José Ramón Orta, que entonces trabajaba en el área de Seguridad Ciudadana.

La mujer sostiene que en una de estas fiestas, en la que estaba presente Rodríguez, a una amiga suya le acabaron rompiendo el bazo y fue conducida por la dueña de la casa de citas a Son Dureta echando "sangre por la boca y la vagina". La describe como una chica "mulata, brasileña y muy guapa". La testigo fue a visitarla a Son Dureta y más tarde esta chica "desapareció del mapa" después de que, según confesó a la declarante, Cursach "le dio mucho dinero para que se marchara a Brasil".

https://www.20minutos.es/noticia/30...iestas-con-s*x*-drogas/#xtor=AD-15&xts=467263

Qué fuerte esto, lo desconocia!!!!!
 
Cursach no sorprende a nadie

Al margen de consideraciones penales, el texto de la fiscalía es tan ilustrativo sobre el funcionamiento de Mallorca en los veinte últimos años que debería incorporarse a los programas educativos.

Alguien me recordará aquí que estoy dando valor documental a una versión de parte.
Sin embargo, no he encontrado todavía a una sola persona que me desmienta la compra de policías y funcionarios descrita por los fiscales.

Claro que no he hablado con los abogados de Cursach.

No solo eso, todavía he de encontrar al primer mallorquín que me diga que se sorprende de los hechos atribuidos a Cursach por la acusación.

Y este es el titular, que Cursach no sorprende a nadie.

Y los policías que se compró según el fiscal, tampoco.
 
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