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Cursach, el rey de la noche, acusado de homicidio y corrupción de menores
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@SPIBviu
"No se puede criminalizar a los periodistas por hacer su trabajo"
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Timoneda
@mstimoneda
En respuesta a @EPBaleares
A saber que contubernio policiaco-judicial-estatal hay en torno al #casocursach para que estén vulnerando la libertad de prensa y, por las malas, el secreto profesional, q es lo mas sagrado de la profesión
Jose Luis Blanco
@jlbepe1
En respuesta a @EPBaleares y @PepaBueno
España cada vez más corrupta. Cuando se intenta investigar a policías implicados en las mafias que controlan Mallorca, ya no se respeta ni la libertad y confidencialidad de la prensa. Quieren saber quién ha dado información a los periodistas y meter miedo para que no se hable.
@mstimoneda
En respuesta a @EPBaleares
A saber que contubernio policiaco-judicial-estatal hay en torno al #casocursach para que estén vulnerando la libertad de prensa y, por las malas, el secreto profesional, q es lo mas sagrado de la profesión
Jose Luis Blanco
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En respuesta a @EPBaleares y @PepaBueno
España cada vez más corrupta. Cuando se intenta investigar a policías implicados en las mafias que controlan Mallorca, ya no se respeta ni la libertad y confidencialidad de la prensa. Quieren saber quién ha dado información a los periodistas y meter miedo para que no se hable.
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EXCLUSIVA | Las cloacas de Interior: Los registros a periodistas en Palma buscan destruir al fiscal que investiga el caso Cursach
Fuentes policiales revelan a 'Público' que "se ha pactado en los despachos" que no se va a perseguir al magnate de la noche mallorquina, Bartolomé Cursach, por el presunto delito fiscal contenido en el informe policial filtrado, y que se quiere hacer responsable al fiscal Subirán de revelación de secretos para "hacer zozobrar toda la causa" sobre la mafia policial y del PP
Primero persiguieron, amenazaron y agredieron a los testigos protegidos. Después acosaron e intimidaron a los jueces y fiscales que investigan la mayor trama de corrupción policial y política jamás descubierta en Palma de Mallorca. Ahora, han conseguido que el nuevo magistrado de la causa, Miguel Florit, ordene el registro de medios de comunicación y la incautación de móviles privados de periodistas –en flagrante violación del Artículo 20 de la Constitución–, para hacer zozobrar toda la causa del escándalo Cursach/PP.
Y todo este despliegue de extorsiones y actuaciones rayanas en la prevaricación se han desplegado para exonerar al emperador de la noche mallorquina, el magnate de las discotecas, hoteles y puticlubs de Palma y Calvià, Bartolomé (Tolo) Cursach, imputado por narcotráfico, pertenencia a organización criminal, extorsión, blanqueo, cohecho, amenazas, estafa, coacciones, delito fiscal, tráfico de influencias y delito contra el derecho de los trabajadores.
Un padrino de la mafia nocturna policial mallorquina que pasó más de un año en prisión provisional –de la que salió tras reunir en dos horas el millón de euros de fianza– procesado por encabezar un emporio de drogas, prostit*ción, extorsión y soborno que "se servía de diversos agentes y mandos policiales para literalmente MACHACAR A LA COMPETENCIA A BASE DE INSPECCIONES con el fin de que no levantaran cabeza". Al menos, eso es lo que asevera el auto del magistrado Manuel Penalva, anterior titular del Juzgado de Instrucción Nº12 de Palma, que en marzo de 2017 envió a la cárcel a Cursach y a su mano derecha, Bartolomé Sbert, quien fuera director general de Turismo cuando Gabriel Cañellas (PP) presidía el Govern balear.
Ese auto de procesamiento dejó bien claro que en esa organización mafiosa participaban los jefes de la Patrulla Verde de la Playa de Palma encargada de inspeccionar los locales de ocio, de forma que la red de Cursach nunca era pillado con las manos en la masa de esa red de discotecas, famosas en el mundo entero, en las que mandos policiales disfrutaban de barra libre, coca y s*x* a cambio de su protección. Algunos de esos mandos policiales llegaron a establecer su "oficina" en esos puticlubs, como el Table Dance de s'Arenal, perteneciente a otros potentados de la noche mallorquina (los hermanos Pascual), que abría por las tardes sólo para fiestas de políticos y cargos públicos del PP.
Por ejemplo, el exjefe de la Patrulla Verde de la Policía Local, Bartolomé Capó, imputado en la trama y acusado de tramitar sanciones exprés contra los competidores de Cursach y los Pascual, "era conocido por todos nosotros por operar desde uno de los locales de alterne del emporio", explican fuentes periodísticas de Palma. Los capos de ese entramado mafioso recompensaban a los policías a su servicio con cestas de Navidad de más de 2.000 euros y muchas otras prebendas.
Entre los muchísimos testigos protegidos de semejante emporio de perversión figura una menor rumana que participó en esas orgías con altos dirigentes del PP local, así como empleados de esos locales de alterne –como el famoso "testigo 29", ex trabajador de Tito's que ha recibido palizas de sicarios para que calle– y hasta policías. Uno de ellos declaró haber visto cómo uno de sus compañeros arrojó a una prost*t*ta a un contenedor de basura, ante varios agentes y autoridades, en una de esas juergas nocturnas.
Así que en el auto del juez Penalva por el que concedió la libertad de Sbert –quien también abonó sin pestañear medio millón de euros de fianza– se hacía una clara advertencia contra "cualquier acto dirigido a coaccionar, intimidar, agredir o recompensar económicamente a algún testigo", tal como ha ido ocurriendo a lo largo de la instrucción, que se mantuvo cuatro años y medio bajo secreto de sumario.
Algunos testigos protegidos, como la "madame" que identificó a mandos policiales y dirigentes del PP, empezaron a desdecirse de sus testimonios iniciales
Pero todas esas maniobras continuaron y la intimidación se extendió también al juez Penalva y al fiscal anticorrupción, Miguel Ángel Subirán, contra los que incluso se organizaron manifestaciones de imputados y empleados de Cursach, exigiendo su destitución. Y algunos testigos protegidos empezaron a desdecirse de sus testimonios originales, como la célebre "madame" de un puticlub de alto copete que empezó identificando como clientes no sólo a mandos policiales, y a decenas de agentes locales, sino incluso a altos dirigentes del PP, como el propio barón Jose María Rodríguez o el diputado Álvaro Gijón.
Fuentes policiales revelan a 'Público' que "se ha pactado en los despachos" que no se va a perseguir al magnate de la noche mallorquina, Bartolomé Cursach, por el presunto delito fiscal contenido en el informe policial filtrado, y que se quiere hacer responsable al fiscal Subirán de revelación de secretos para "hacer zozobrar toda la causa" sobre la mafia policial y del PP
Primero persiguieron, amenazaron y agredieron a los testigos protegidos. Después acosaron e intimidaron a los jueces y fiscales que investigan la mayor trama de corrupción policial y política jamás descubierta en Palma de Mallorca. Ahora, han conseguido que el nuevo magistrado de la causa, Miguel Florit, ordene el registro de medios de comunicación y la incautación de móviles privados de periodistas –en flagrante violación del Artículo 20 de la Constitución–, para hacer zozobrar toda la causa del escándalo Cursach/PP.
Y todo este despliegue de extorsiones y actuaciones rayanas en la prevaricación se han desplegado para exonerar al emperador de la noche mallorquina, el magnate de las discotecas, hoteles y puticlubs de Palma y Calvià, Bartolomé (Tolo) Cursach, imputado por narcotráfico, pertenencia a organización criminal, extorsión, blanqueo, cohecho, amenazas, estafa, coacciones, delito fiscal, tráfico de influencias y delito contra el derecho de los trabajadores.
Un padrino de la mafia nocturna policial mallorquina que pasó más de un año en prisión provisional –de la que salió tras reunir en dos horas el millón de euros de fianza– procesado por encabezar un emporio de drogas, prostit*ción, extorsión y soborno que "se servía de diversos agentes y mandos policiales para literalmente MACHACAR A LA COMPETENCIA A BASE DE INSPECCIONES con el fin de que no levantaran cabeza". Al menos, eso es lo que asevera el auto del magistrado Manuel Penalva, anterior titular del Juzgado de Instrucción Nº12 de Palma, que en marzo de 2017 envió a la cárcel a Cursach y a su mano derecha, Bartolomé Sbert, quien fuera director general de Turismo cuando Gabriel Cañellas (PP) presidía el Govern balear.
Ese auto de procesamiento dejó bien claro que en esa organización mafiosa participaban los jefes de la Patrulla Verde de la Playa de Palma encargada de inspeccionar los locales de ocio, de forma que la red de Cursach nunca era pillado con las manos en la masa de esa red de discotecas, famosas en el mundo entero, en las que mandos policiales disfrutaban de barra libre, coca y s*x* a cambio de su protección. Algunos de esos mandos policiales llegaron a establecer su "oficina" en esos puticlubs, como el Table Dance de s'Arenal, perteneciente a otros potentados de la noche mallorquina (los hermanos Pascual), que abría por las tardes sólo para fiestas de políticos y cargos públicos del PP.
Por ejemplo, el exjefe de la Patrulla Verde de la Policía Local, Bartolomé Capó, imputado en la trama y acusado de tramitar sanciones exprés contra los competidores de Cursach y los Pascual, "era conocido por todos nosotros por operar desde uno de los locales de alterne del emporio", explican fuentes periodísticas de Palma. Los capos de ese entramado mafioso recompensaban a los policías a su servicio con cestas de Navidad de más de 2.000 euros y muchas otras prebendas.
Entre los muchísimos testigos protegidos de semejante emporio de perversión figura una menor rumana que participó en esas orgías con altos dirigentes del PP local, así como empleados de esos locales de alterne –como el famoso "testigo 29", ex trabajador de Tito's que ha recibido palizas de sicarios para que calle– y hasta policías. Uno de ellos declaró haber visto cómo uno de sus compañeros arrojó a una prost*t*ta a un contenedor de basura, ante varios agentes y autoridades, en una de esas juergas nocturnas.
Así que en el auto del juez Penalva por el que concedió la libertad de Sbert –quien también abonó sin pestañear medio millón de euros de fianza– se hacía una clara advertencia contra "cualquier acto dirigido a coaccionar, intimidar, agredir o recompensar económicamente a algún testigo", tal como ha ido ocurriendo a lo largo de la instrucción, que se mantuvo cuatro años y medio bajo secreto de sumario.
Algunos testigos protegidos, como la "madame" que identificó a mandos policiales y dirigentes del PP, empezaron a desdecirse de sus testimonios iniciales
Pero todas esas maniobras continuaron y la intimidación se extendió también al juez Penalva y al fiscal anticorrupción, Miguel Ángel Subirán, contra los que incluso se organizaron manifestaciones de imputados y empleados de Cursach, exigiendo su destitución. Y algunos testigos protegidos empezaron a desdecirse de sus testimonios originales, como la célebre "madame" de un puticlub de alto copete que empezó identificando como clientes no sólo a mandos policiales, y a decenas de agentes locales, sino incluso a altos dirigentes del PP, como el propio barón Jose María Rodríguez o el diputado Álvaro Gijón.
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En cuanto al fiscal Subirán, los sicarios de la trama convirtieron su vida en un infierno: no sólo le acosaron impunemente en la vía pública –sin que sus escoltas lo protegieran–, sino que entraron varias veces en su domicilio, robándole objetos personales –como fotos de sus padres recién fallecidos– y le amenazaron de todas las formas imaginables.
Ahora, "como Subirán no ha tirado la toalla, pretenden inhabilitarlo haciéndole responsable de un delito de revelación de secretos por la filtración del informe policial que acusa a Cursach de graves delitos fiscales", aseguran a Público fuentes policiales que han participado en la investigación desde sus mismos inicios, cuando instruía la causa la jueza Carmen González, apartada del caso por el método de ascenderla a la Audiencia Provincial.
Ahora, "como Subirán no ha tirado la toalla, pretenden inhabilitarlo haciéndole responsable de un delito de revelación de secretos por la filtración del informe policial que acusa a Cursach de graves delitos fiscales", aseguran a Público fuentes policiales que han participado en la investigación desde sus mismos inicios, cuando instruía la causa la jueza Carmen González, apartada del caso por el método de ascenderla a la Audiencia Provincial.
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El informe, elaborado por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, acusa al Grupo Cursach de defraudar al menos 51 millones de euros a Hacienda y otros 14,7 millones a la Seguridad Social entre 2010 y 2016, y analiza a lo largo de 400 páginas el "sistema de defraudación perfectamente orquestado por sus responsables" en la gestión de las discotecas Tito's, BCM, Paradise, Megarena, Riu Palace y Megapark y en el Restaurante Asadito. Sin embargo, Hacienda nunca persiguió a Cursach por delito fiscal, sino únicamente por irregularidades contables y violación de los derechos de los trabajadores.
En los primeros meses de su instrucción, el juez Florit prácticamente no efectuó ninguna diligencia de este mega-caso de corrupción, y de pronto ha lanzado la caballería contra el fiscal que tiene todo el sumario en la cabeza, ordenando la incautación de los móviles y ordenadores de los dos periodistas que publicaron en julio esa filtración, en Europa Press y Diario de Mallorca, así como la entrada y registro en sus sedes de Palma.
"No sólo se me han incautado de mi móvil particular, privándome de mi agenda y de una herramienta imprescindible para mi trabajo" –explica a Público Kiko Mestre, el periodista de Diario de Mallorca que desveló el informe–, "sino que me han dicho que la Policía ha solicitado al juez la intervención de mi número telefónico desde hace siete u ocho meses, solicitando el registro de todas mis llamadas y hasta la geolocalización de mi teléfono durante todo ese tiempo, poniendo en riesgo a todas mis fuentes".
Mestre fue atraído a comisaría con engaños, conducido después a dependencias judiciales y forzado a entregar su móvil con la excusa de que se pondría fuera de la ley si incumplía una orden judicial. El juez va a tener que sustentar muy cuidadosamente su auto, en base al que se comete esa violación de derechos fundamentales, que está siendo denunciada como actuaciones desproporcionadas, que también violan "la intimidad de ciudadanos no investigados ni acusados", por eminentes juristas y veteranos magistrados, como el juez José Castro.
Como dicen otras fuentes cercanas a la investigación judicial: "Es la guerra. Ya han hecho todo tipo de marrullerías, como grabar a policías dentro de sus vehículos o presentar denuncias falsas contra inspectores colocándoles pistolas viudas [sin registrar], pero ahora se han decidido a cambiar de golpe el rumbo de la causa para que Cursach salga airoso a pesar de la inmensa cantidad de pruebas acumuladas contra él. De momento, ya se ha pactado en los despachos que no será perseguido por delito fiscal ni por blanqueo".
En los primeros meses de su instrucción, el juez Florit prácticamente no efectuó ninguna diligencia de este mega-caso de corrupción, y de pronto ha lanzado la caballería contra el fiscal que tiene todo el sumario en la cabeza, ordenando la incautación de los móviles y ordenadores de los dos periodistas que publicaron en julio esa filtración, en Europa Press y Diario de Mallorca, así como la entrada y registro en sus sedes de Palma.
"No sólo se me han incautado de mi móvil particular, privándome de mi agenda y de una herramienta imprescindible para mi trabajo" –explica a Público Kiko Mestre, el periodista de Diario de Mallorca que desveló el informe–, "sino que me han dicho que la Policía ha solicitado al juez la intervención de mi número telefónico desde hace siete u ocho meses, solicitando el registro de todas mis llamadas y hasta la geolocalización de mi teléfono durante todo ese tiempo, poniendo en riesgo a todas mis fuentes".
Mestre fue atraído a comisaría con engaños, conducido después a dependencias judiciales y forzado a entregar su móvil con la excusa de que se pondría fuera de la ley si incumplía una orden judicial. El juez va a tener que sustentar muy cuidadosamente su auto, en base al que se comete esa violación de derechos fundamentales, que está siendo denunciada como actuaciones desproporcionadas, que también violan "la intimidad de ciudadanos no investigados ni acusados", por eminentes juristas y veteranos magistrados, como el juez José Castro.
Como dicen otras fuentes cercanas a la investigación judicial: "Es la guerra. Ya han hecho todo tipo de marrullerías, como grabar a policías dentro de sus vehículos o presentar denuncias falsas contra inspectores colocándoles pistolas viudas [sin registrar], pero ahora se han decidido a cambiar de golpe el rumbo de la causa para que Cursach salga airoso a pesar de la inmensa cantidad de pruebas acumuladas contra él. De momento, ya se ha pactado en los despachos que no será perseguido por delito fiscal ni por blanqueo".
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Muchas gracias, señor juez (y señor Cursach)
Ahora que investiga a periodistas, violando la Constitución y de conformidad con los deseos del señor Cursach, ¿sabe usted señor juez qué periódico encabezó la defensa de su colega el señor Penalva, cuando el emperador de Mallorca montó manifestaciones ignominiosas en contra de un magistrado en el ejercicio de su labor? Y dado que la fiscalía antiinformación participa de la farsa apoyando el secuestro de periodistas, ¿sabe qué diario apoyó a la entonces llamada fiscalía Anticorrupción, cuando los partidos la acusaban de actuar bajo directrices políticas?
Señor juez, no se necesita un manual de ajedrez para entender que estas querellas dilatorias del señor Cursach tienen por objeto difuminar a los beneficiarios de decenas de millones de euros, de ahí el nerviosismo ambiental. Su colega el juez Penalva estableció que el oscuro empresario ha escrito la ley y las resoluciones de Mallorca durante décadas, con la ayuda inestimable de policías locales, policías nacionales, guardias civiles y políticos conservadores. Aguardamos con ansia las nuevas incorporaciones a la lista.
Cuando la justicia franquista, y por qué será que me remonto a esa época, cerró la revista Por favor, los montalbanes respondieron con una hilarante editorial titulada "Muchas gracias". Pues bien, muchas gracias, señor juez (y señor Cursach). A partir de hoy, no existe ninguna duda sobre sus intenciones y sus intereses.
Muchas gracias, señor juez (y señor Cursach) porque, aunque es más fácil y agradecido perseguir a periodistas que a mafiosos, esta profesión perra dio ayer un hermoso ejemplo de unidad. No en torno a un periodista o a un medio concreto, sino alrededor de la hoguera donde se cuentan las conexiones millonarias entre los grandes corruptores y los personajes en teoría incorruptibles de la sociedad.
Al cortarle las manos a dos periodistas, ni siquiera ha revestido usted de un mínimo de épica el mayor atentado de la España reciente contra la libertad de información. Y por algo se empieza pero, aunque la hiperactividad no se encuentre entre sus vicios capitales, a esta embestida le falta ambición. ¿Solo dos informadores censurados y obligados a trabajar entre tinieblas, mientras se amenaza a las fuentes? Hay que extender el secuestro de teléfonos y ordenadores a veinte informadores. Qué digo a veinte, a doscientos.
Ahora que investiga a periodistas, violando la Constitución y de conformidad con los deseos del señor Cursach, ¿sabe usted señor juez qué periódico encabezó la defensa de su colega el señor Penalva, cuando el emperador de Mallorca montó manifestaciones ignominiosas en contra de un magistrado en el ejercicio de su labor? Y dado que la fiscalía antiinformación participa de la farsa apoyando el secuestro de periodistas, ¿sabe qué diario apoyó a la entonces llamada fiscalía Anticorrupción, cuando los partidos la acusaban de actuar bajo directrices políticas?
Señor juez, no se necesita un manual de ajedrez para entender que estas querellas dilatorias del señor Cursach tienen por objeto difuminar a los beneficiarios de decenas de millones de euros, de ahí el nerviosismo ambiental. Su colega el juez Penalva estableció que el oscuro empresario ha escrito la ley y las resoluciones de Mallorca durante décadas, con la ayuda inestimable de policías locales, policías nacionales, guardias civiles y políticos conservadores. Aguardamos con ansia las nuevas incorporaciones a la lista.
Cuando la justicia franquista, y por qué será que me remonto a esa época, cerró la revista Por favor, los montalbanes respondieron con una hilarante editorial titulada "Muchas gracias". Pues bien, muchas gracias, señor juez (y señor Cursach). A partir de hoy, no existe ninguna duda sobre sus intenciones y sus intereses.
Muchas gracias, señor juez (y señor Cursach) porque, aunque es más fácil y agradecido perseguir a periodistas que a mafiosos, esta profesión perra dio ayer un hermoso ejemplo de unidad. No en torno a un periodista o a un medio concreto, sino alrededor de la hoguera donde se cuentan las conexiones millonarias entre los grandes corruptores y los personajes en teoría incorruptibles de la sociedad.
Al cortarle las manos a dos periodistas, ni siquiera ha revestido usted de un mínimo de épica el mayor atentado de la España reciente contra la libertad de información. Y por algo se empieza pero, aunque la hiperactividad no se encuentre entre sus vicios capitales, a esta embestida le falta ambición. ¿Solo dos informadores censurados y obligados a trabajar entre tinieblas, mientras se amenaza a las fuentes? Hay que extender el secuestro de teléfonos y ordenadores a veinte informadores. Qué digo a veinte, a doscientos.
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La periodista Sandra Sabatés hizo la presentación de los hechos acaecidos el martes en los dos medios de comunicación de Mallorca, lo que dio paso al comentario de José Miguel Monzón El Gran Wyoming: "Se trata de una clara violación de un derecho fundamental que tienen los periodistas y que está recogido en el artículo 20 de la Constitución. Además, los ciudadanos también tenemos derecho a ser informados".
"Si los periodistas estuvieran obligados a revelar sus fuentes tal vez nunca hubiésemos conocido escándalos que destapó la prensa, como los papeles de Bárcenas, los pantallazos de móvil de los mensajes que intercambiaron Rajoy y Bárcenas, la existencia de una sociedad offshore, los negocios fiscales del exministro Soria o el caso del máster de Cristina Fuentes. Cualquier actuación que ponga en riesgo este derecho a estar informado hace peligrar los valores de nuestro sistema democrático". Para finalizar, El Gran Wyoming añade con ironía: "Yo solo le veo una cosa buena a que ante el peligro de revelar las fuentes estos casos habrían quedado ocultos, que nos hubiéramos ahorrado cinco años de chistes malos de 'El Intermedio'.
"Si los periodistas estuvieran obligados a revelar sus fuentes tal vez nunca hubiésemos conocido escándalos que destapó la prensa, como los papeles de Bárcenas, los pantallazos de móvil de los mensajes que intercambiaron Rajoy y Bárcenas, la existencia de una sociedad offshore, los negocios fiscales del exministro Soria o el caso del máster de Cristina Fuentes. Cualquier actuación que ponga en riesgo este derecho a estar informado hace peligrar los valores de nuestro sistema democrático". Para finalizar, El Gran Wyoming añade con ironía: "Yo solo le veo una cosa buena a que ante el peligro de revelar las fuentes estos casos habrían quedado ocultos, que nos hubiéramos ahorrado cinco años de chistes malos de 'El Intermedio'.
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La Policía accedió a las llamadas de los periodistas durante semanas sin estar imputados
Otro dato significativo de este escándalo radica en que la Policía Nacional tuvo acceso al listado de llamadas telefónicas de los periodistas Kiko Mestre y Blanca Pou, de Diario de Mallorca y Europa Press, respectivamente, pese a que ninguno de los dos redactores no figuraban como investigados (antiguamente imputados), pese a lo que el magistrado autorizó el cribado de sus llamadas profesionales y particulares, así como la mencionada incautación de sus teléfonos.
Florit, que instruye el caso Cursach en sustitución del magistrado Manuel Penalva, ordenó hace semanas a las compañías telefónicas de los dos periodistas que facilitaran a la Policía las llamadas de entrada y salida desde el móvil de Kiko Mestre y Blanca Pou. Florit buscaba, al parecer, a una persona que participaba en la investigación que, según sospecha el juez, podría haber facilitado a los dos periodistas un informe sobre la contabilidad de los negocios de Cursach. Dicho informe ya había sido entregado en el juzgado semanas antes de la publicación en los medios de esta investigación. Cuando se publicó este informe, esta parte de la investigación no estaba bajo secreto de sumario.
La Policía analizó esas llamadas y remitió el pasado 8 de octubre un primer informe al juzgado dando cuenta del resultado de sus pesquisas. Posteriormente, solicitaron al juez Florit que requiriese a las compañías para que facilitaran los listados de llamadas de Mestre desde octubre de 2017 hasta el 15 de junio del 2018, y los de Blanca Pou desde octubre de 2017 hasta el 1 de enero de este año.
Otro dato significativo de este escándalo radica en que la Policía Nacional tuvo acceso al listado de llamadas telefónicas de los periodistas Kiko Mestre y Blanca Pou, de Diario de Mallorca y Europa Press, respectivamente, pese a que ninguno de los dos redactores no figuraban como investigados (antiguamente imputados), pese a lo que el magistrado autorizó el cribado de sus llamadas profesionales y particulares, así como la mencionada incautación de sus teléfonos.
Florit, que instruye el caso Cursach en sustitución del magistrado Manuel Penalva, ordenó hace semanas a las compañías telefónicas de los dos periodistas que facilitaran a la Policía las llamadas de entrada y salida desde el móvil de Kiko Mestre y Blanca Pou. Florit buscaba, al parecer, a una persona que participaba en la investigación que, según sospecha el juez, podría haber facilitado a los dos periodistas un informe sobre la contabilidad de los negocios de Cursach. Dicho informe ya había sido entregado en el juzgado semanas antes de la publicación en los medios de esta investigación. Cuando se publicó este informe, esta parte de la investigación no estaba bajo secreto de sumario.
La Policía analizó esas llamadas y remitió el pasado 8 de octubre un primer informe al juzgado dando cuenta del resultado de sus pesquisas. Posteriormente, solicitaron al juez Florit que requiriese a las compañías para que facilitaran los listados de llamadas de Mestre desde octubre de 2017 hasta el 15 de junio del 2018, y los de Blanca Pou desde octubre de 2017 hasta el 1 de enero de este año.
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Cursach instruye su propio caso
El nuevo jefe superior de Policía de Balears ya se ha enterado de quién manda aquí, y las decisiones que promueve de secuestro de periodistas (una persona es menos valiosa que su móvil) demuestran que la sintonía con Cursach es perdurable. También el flamante coronel de la Guardia Civil ha sido informado del auténtico propietario de la Bahía de Palma con sus hombres perfectamente cuadrados en la ruta.
Sin embargo, la penetración de Cursach en el ámbito judicial presentaba algunas deficiencias, que procedía subsanar. La interesada concentración en la figura del juez Manuel Penalva olvida que la investigación sobre la mafia policial, con su desembocadura en el caso Cursach, es iniciada con valentía por la magistrada Carmen González. Los interesados pueden preguntarle a la hoy titular de la Audiencia por las escenas de película de terror que vivió durante la instrucción.
Trasladada González, la campaña contra Penalva entrará en los anales de la persecución encarnizada. Tras eliminar al juez, se nombró al mejor instructor que podía tener el escandalo, el propio Cursach. No puede extrañar el seguidismo de la policía a sus propuestas, pero lograr que la renqueante maquinaria judicial se emplee con brío para secuestrar a la prensa requiere de la indudable eficiencia del empresario todopoderoso. Por fin, Cursach se investiga a sí mismo, y por supuesto le sale inocente. Inicia a continuación la persecución de los auténticos culpables, que como de costumbre son los periodistas. Por dinero no va a quedar. Y no debe olvidarse el gesto emotivo de que su querella venga visada por la fiscalía anticorrupción. El presunto autor de una decena de delitos y los fiscales cabalgan juntos, nada se le resiste al emprendedor. A Juan Carrau, quién lo ha visto y quién lo ve. De interrogar a Cañellas, a meterse en el túnel con Cursach.
El nuevo jefe superior de Policía de Balears ya se ha enterado de quién manda aquí, y las decisiones que promueve de secuestro de periodistas (una persona es menos valiosa que su móvil) demuestran que la sintonía con Cursach es perdurable. También el flamante coronel de la Guardia Civil ha sido informado del auténtico propietario de la Bahía de Palma con sus hombres perfectamente cuadrados en la ruta.
Sin embargo, la penetración de Cursach en el ámbito judicial presentaba algunas deficiencias, que procedía subsanar. La interesada concentración en la figura del juez Manuel Penalva olvida que la investigación sobre la mafia policial, con su desembocadura en el caso Cursach, es iniciada con valentía por la magistrada Carmen González. Los interesados pueden preguntarle a la hoy titular de la Audiencia por las escenas de película de terror que vivió durante la instrucción.
Trasladada González, la campaña contra Penalva entrará en los anales de la persecución encarnizada. Tras eliminar al juez, se nombró al mejor instructor que podía tener el escandalo, el propio Cursach. No puede extrañar el seguidismo de la policía a sus propuestas, pero lograr que la renqueante maquinaria judicial se emplee con brío para secuestrar a la prensa requiere de la indudable eficiencia del empresario todopoderoso. Por fin, Cursach se investiga a sí mismo, y por supuesto le sale inocente. Inicia a continuación la persecución de los auténticos culpables, que como de costumbre son los periodistas. Por dinero no va a quedar. Y no debe olvidarse el gesto emotivo de que su querella venga visada por la fiscalía anticorrupción. El presunto autor de una decena de delitos y los fiscales cabalgan juntos, nada se le resiste al emprendedor. A Juan Carrau, quién lo ha visto y quién lo ve. De interrogar a Cañellas, a meterse en el túnel con Cursach.
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Los verdaderos móviles del 'caso Cursach'
Amenazas a testigos, fiestas privadas para policías, manifestaciones contra un juez y un fiscal, seguimientos nocturnos, peleas intestinas entre grupos de la Policía Nacional, pinchazos telefónicos, palizas en la cárcel, denuncias cruzadas, armas, negocios millonarios y un juez apartado. La lista de elementos podría seguir engordando con conceptos más propios de una novela de Don Winslow que de una investigación judicial como la abierta hace cuatro años en el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma. Esta semana ha sumado un nuevo escándalo con la insólita orden judicial de confiscar, para averiguar el origen de una filtración, los teléfonos móviles, ordenadores y archivos de dos periodistas de Diario de Mallorca y la agencia Europa Press que dieron cuenta de un informe policial incluido en la causa.
Amenazas a testigos, fiestas privadas para policías, manifestaciones contra un juez y un fiscal, seguimientos nocturnos, peleas intestinas entre grupos de la Policía Nacional, pinchazos telefónicos, palizas en la cárcel, denuncias cruzadas, armas, negocios millonarios y un juez apartado. La lista de elementos podría seguir engordando con conceptos más propios de una novela de Don Winslow que de una investigación judicial como la abierta hace cuatro años en el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma. Esta semana ha sumado un nuevo escándalo con la insólita orden judicial de confiscar, para averiguar el origen de una filtración, los teléfonos móviles, ordenadores y archivos de dos periodistas de Diario de Mallorca y la agencia Europa Press que dieron cuenta de un informe policial incluido en la causa.
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El Caso Cursach y la "información vaginal" de las cloacas
Los escándalos, que no casos, Cursach y Salamanca explican muy bien el significado de la "información vaginal" de la que se jactó Villarejo ante Dolores Delgado y el dueño de su copa y ministerio, Baltasar Garzón. Que Bartolomé Cursach, rey del hampa nocturna balear (seguir llamando "ocio" al negocio de un acusado de dieciocho delitos y todas las variantes de corrupción, violencia y el crimen organizado, me parece un eufemismo ridículo), siga en libertad sólo se explica por una sistemática corrupción judicial y policial.
Y ha hecho falta que la policía, por mandato de un juez, se presentara en el Diario de Mallorca para incautarse de los móviles de periodistas con datos de los infinitos delitos fiscales de Cursach, para que el escándalo saltara, por fin, el muro de silencio de un archipiélago en el que la omertá periodística ha ido de la mano de la política e institucional.
¿Acaso pensaban los protectores durante décadas de ese vertedero político llamado Unión Mallorquina, aliado del PP y del PSOE y socio sempiterno del catalanismo que ahora arrasa las Baleares, que el delito común y el chantaje generalizado se detendrían en la actividad diurna? ¿Creyeron que el encubrimiento político, fiscal, policial, y finalmente, judicial, se limitaría a los culiparlantes del parlamento regional? Para mí, el Caso Cursach es la continuación del de María Antonia Munar. Y ambos, el síntoma de un cáncer que, si llegara el cambio a la política española, habría que afrontar con absoluta urgencia y con la más extrema contundencia.
Cuando el delincuente instruye su propio caso
Hay veces en que un titular periodístico sustituye ventajosamente a un tratado de Derecho Penal. Es el caso de una columna de Matías Vallés en el Diario de Mallorca: "Cursach instruye su propio caso". O el de su vídeo sarcástico: "Cursach será nombrado juez sustituto plenipotenciario". El sarcasmo, en este caso, no es hiperbólico, sino descriptivo. Es tal el poder del "padrino" balear en la policía, la fiscalía y la judicatura –en los medios, la corrupción se advierte por la precaución informativa– que ha conseguido algo sólo al alcance de las cloacas policiales y judiciales, unidas indeleblemente en la celebérrima grabación de Villarejo. Porque, hasta ahora, para corromper los más altos niveles de los organismos del Estado había que estar dentro, con uniforme o toga. Cursach ha conseguido instruir su caso sin ser juez ni policía. Le basta comprarlos o chantajearlos.
Nadie es inmune al chantaje
Yo no creo que casi todos los jueces, fiscales y policías en Mallorca, aunque sean muchos los que aseguran el ámbito de impunidad de Cursach, estén sobornados. Sí creo que todos los ciudadanos podemos ser objeto de chantaje sexual, con fundamento o por algún tipo de montaje. El resultado es el mismo. Cualquiera puede resistir un soborno de muchos euros, pero no es fácil, y menos aún si se lleva uniforme o toga, resistir un chantaje de tipo sexual, al margen de que venga de una conducta habitual o una trampa.
Esa es la "información vaginal" de la que presumía Villarejo, con el aplauso y la complicidad de la cúpula policial y judicial de la Audiencia en la cinta célebre, que muestra que, en España, como en la Roma imperial, hay una Cloaca Máxima en la que desembocan todas las alcantarillas. En tiempos de Garzón era, sobre todo, la Audiencia Nacional. Pero hay otras evidencias de corrupción al máximo nivel, el del Supremo, que Delgado misma delata al revelar a Villarejo supuestos comportamientos sexuales delictivos con menores en Colombia. Por cierto, aquellos viajeros aludidos anunciaron querellas contra la ministra y su entorno. ¿Presentaron alguna?
Acostumbrarse a la corrupción
Las acusaciones a Cursach, que incluyen el asesinato, tenían un punto clave: la corrupción de políticos, jueces y policías, invitados a orgías de s*x* y drogas a todo lujo, que los convertían en rehenes del hampa. No extraña que la testigo protegida que lo denunció pueda desaparecer o perder la memoria o que la Fiscalía actúe contra un fiscal que no se rinde, aunque eso y mucho más se da en el Caso Cursach; y algo debería hacer el CGPJ al respecto. No hace falta, aunque nunca falte, el sobre que completa el magro sueldo. Basta la grabación, la "información vaginal" a una o un profesional del s*x*, la confidencia del borracho, o pasado de coca o enamoriscado. Basta una sola noche. Una sola vez. Cuando pasa una, pasa mil y una. Y los que no aceptan el trato, son orillados y difamados por los que sí aceptan. Luego hay medios y periodistas sin escrúpulos que completan el círculo del chantaje. Y así, con los años y los silencios, se teje una trama inextricable.
Los escándalos, que no casos, Cursach y Salamanca explican muy bien el significado de la "información vaginal" de la que se jactó Villarejo ante Dolores Delgado y el dueño de su copa y ministerio, Baltasar Garzón. Que Bartolomé Cursach, rey del hampa nocturna balear (seguir llamando "ocio" al negocio de un acusado de dieciocho delitos y todas las variantes de corrupción, violencia y el crimen organizado, me parece un eufemismo ridículo), siga en libertad sólo se explica por una sistemática corrupción judicial y policial.
Y ha hecho falta que la policía, por mandato de un juez, se presentara en el Diario de Mallorca para incautarse de los móviles de periodistas con datos de los infinitos delitos fiscales de Cursach, para que el escándalo saltara, por fin, el muro de silencio de un archipiélago en el que la omertá periodística ha ido de la mano de la política e institucional.
¿Acaso pensaban los protectores durante décadas de ese vertedero político llamado Unión Mallorquina, aliado del PP y del PSOE y socio sempiterno del catalanismo que ahora arrasa las Baleares, que el delito común y el chantaje generalizado se detendrían en la actividad diurna? ¿Creyeron que el encubrimiento político, fiscal, policial, y finalmente, judicial, se limitaría a los culiparlantes del parlamento regional? Para mí, el Caso Cursach es la continuación del de María Antonia Munar. Y ambos, el síntoma de un cáncer que, si llegara el cambio a la política española, habría que afrontar con absoluta urgencia y con la más extrema contundencia.
Cuando el delincuente instruye su propio caso
Hay veces en que un titular periodístico sustituye ventajosamente a un tratado de Derecho Penal. Es el caso de una columna de Matías Vallés en el Diario de Mallorca: "Cursach instruye su propio caso". O el de su vídeo sarcástico: "Cursach será nombrado juez sustituto plenipotenciario". El sarcasmo, en este caso, no es hiperbólico, sino descriptivo. Es tal el poder del "padrino" balear en la policía, la fiscalía y la judicatura –en los medios, la corrupción se advierte por la precaución informativa– que ha conseguido algo sólo al alcance de las cloacas policiales y judiciales, unidas indeleblemente en la celebérrima grabación de Villarejo. Porque, hasta ahora, para corromper los más altos niveles de los organismos del Estado había que estar dentro, con uniforme o toga. Cursach ha conseguido instruir su caso sin ser juez ni policía. Le basta comprarlos o chantajearlos.
Nadie es inmune al chantaje
Yo no creo que casi todos los jueces, fiscales y policías en Mallorca, aunque sean muchos los que aseguran el ámbito de impunidad de Cursach, estén sobornados. Sí creo que todos los ciudadanos podemos ser objeto de chantaje sexual, con fundamento o por algún tipo de montaje. El resultado es el mismo. Cualquiera puede resistir un soborno de muchos euros, pero no es fácil, y menos aún si se lleva uniforme o toga, resistir un chantaje de tipo sexual, al margen de que venga de una conducta habitual o una trampa.
Esa es la "información vaginal" de la que presumía Villarejo, con el aplauso y la complicidad de la cúpula policial y judicial de la Audiencia en la cinta célebre, que muestra que, en España, como en la Roma imperial, hay una Cloaca Máxima en la que desembocan todas las alcantarillas. En tiempos de Garzón era, sobre todo, la Audiencia Nacional. Pero hay otras evidencias de corrupción al máximo nivel, el del Supremo, que Delgado misma delata al revelar a Villarejo supuestos comportamientos sexuales delictivos con menores en Colombia. Por cierto, aquellos viajeros aludidos anunciaron querellas contra la ministra y su entorno. ¿Presentaron alguna?
Acostumbrarse a la corrupción
Las acusaciones a Cursach, que incluyen el asesinato, tenían un punto clave: la corrupción de políticos, jueces y policías, invitados a orgías de s*x* y drogas a todo lujo, que los convertían en rehenes del hampa. No extraña que la testigo protegida que lo denunció pueda desaparecer o perder la memoria o que la Fiscalía actúe contra un fiscal que no se rinde, aunque eso y mucho más se da en el Caso Cursach; y algo debería hacer el CGPJ al respecto. No hace falta, aunque nunca falte, el sobre que completa el magro sueldo. Basta la grabación, la "información vaginal" a una o un profesional del s*x*, la confidencia del borracho, o pasado de coca o enamoriscado. Basta una sola noche. Una sola vez. Cuando pasa una, pasa mil y una. Y los que no aceptan el trato, son orillados y difamados por los que sí aceptan. Luego hay medios y periodistas sin escrúpulos que completan el círculo del chantaje. Y así, con los años y los silencios, se teje una trama inextricable.
