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Cursach, el rey de la noche, acusado de homicidio y corrupción de menores
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Condenan a Bankia a indemnizar con 200.000 euros a Cursach
La Sala asegura que "no existe indicio alguno" de que fuera Cursach el que pidiera que "se invirtieran sus fondos en participaciones preferentes y deuda subordinada". Así, determinan que fue la entidad financiera "la que ofreció dichos productos" a sus compañías (BCM Disco Empire, Titos, Magainver y Palma Magement). Además, considera que el servicio de asesoramiento a la inversión fue "deficiente" y que, de hecho, se sustituyeron "productos de inversión de menor riesgo por otros claramente más expuestos".
Por su lado, Bankia argumenta que eran personas "con perfil de inversor indiscutible". El banco alegó que el grupo contaba con un director financiero, que supuestamente era experto en este tipo de productos bancarios. Se refería al actual director general de la empresa, Miguel Pérez Marsá, que según explica la sentencia, a pesar de ser un jurista de reconocido prestigio y profesor universitario en temas fiscales y tributarios, no le convierte en un experto en conocimiento de productos financieros como los que adquirió Cursach. Por ello, los jueces se niegan a calificar a los directivos del grupo de "clientes profesionales", sino como "clientes minoristas", por lo que se tiene en cuenta que esta inversión en productos preferentes y obligaciones subordinadas se realizó sin el necesario asesoramiento.
La Sala asegura que "no existe indicio alguno" de que fuera Cursach el que pidiera que "se invirtieran sus fondos en participaciones preferentes y deuda subordinada". Así, determinan que fue la entidad financiera "la que ofreció dichos productos" a sus compañías (BCM Disco Empire, Titos, Magainver y Palma Magement). Además, considera que el servicio de asesoramiento a la inversión fue "deficiente" y que, de hecho, se sustituyeron "productos de inversión de menor riesgo por otros claramente más expuestos".
Por su lado, Bankia argumenta que eran personas "con perfil de inversor indiscutible". El banco alegó que el grupo contaba con un director financiero, que supuestamente era experto en este tipo de productos bancarios. Se refería al actual director general de la empresa, Miguel Pérez Marsá, que según explica la sentencia, a pesar de ser un jurista de reconocido prestigio y profesor universitario en temas fiscales y tributarios, no le convierte en un experto en conocimiento de productos financieros como los que adquirió Cursach. Por ello, los jueces se niegan a calificar a los directivos del grupo de "clientes profesionales", sino como "clientes minoristas", por lo que se tiene en cuenta que esta inversión en productos preferentes y obligaciones subordinadas se realizó sin el necesario asesoramiento.
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Gijón no dimitirá porque “nunca he recibido favores sexuales”
Álvaro Gijón ha asegurado este jueves ante el pleno municipal que no tiene “la más mínima intención de dimitir”, “bajo ningún concepto”, porque es “inocente” y “nunca” ha “recibido favores sexuales o prebendas de nadie”. Así se ha expresado Gijón durante el debate de una moción presentada por los partidos del equipo de gobierno, PSIB, MÉS y Podemos, con la que le instan a abandonar el Ayuntamiento por su relación con el caso Cursach.
El encargado de defender la moción ha sido el concejal de Igualdad, Aligi Molina (Podemos), que ha remarcado que la acusación contra Gijón es “muy grave” e “inaceptable”. Por ello, “por decencia” ha pedido el apoyo del pleno a la iniciativa para que Gijón “abandone la institución por el bien y la imagen de este Ayuntamiento”.
Álvaro Gijón ha asegurado este jueves ante el pleno municipal que no tiene “la más mínima intención de dimitir”, “bajo ningún concepto”, porque es “inocente” y “nunca” ha “recibido favores sexuales o prebendas de nadie”. Así se ha expresado Gijón durante el debate de una moción presentada por los partidos del equipo de gobierno, PSIB, MÉS y Podemos, con la que le instan a abandonar el Ayuntamiento por su relación con el caso Cursach.
El encargado de defender la moción ha sido el concejal de Igualdad, Aligi Molina (Podemos), que ha remarcado que la acusación contra Gijón es “muy grave” e “inaceptable”. Por ello, “por decencia” ha pedido el apoyo del pleno a la iniciativa para que Gijón “abandone la institución por el bien y la imagen de este Ayuntamiento”.
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La Audiencia confirma la pieza separada que investiga a Gijón
La Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado la resolución de realizar una pieza separada por presuntos delitos de cohecho continuado, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, entre otros supuestos delitos, dentro del caso de la Policía Local de Palma en el que se investiga al exdiputado del PP y regidor del Ayuntamiento Álvaro Gijón.
De esta manera, la Sección Primera de la Audiencia ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Gijón, ahora en el grupo mixto del Parlament, contra la resolución del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma. La resolución es firme y contra ella no cabe recurso.
En concreto, se investiga si Gijón recibió favores y regalos por parte del empresario Miguel Pascual (Pabisa) a cambio de beneficiar a sus empresas. Entre otros, en la causa también está investigado el expresidente del PP de Palma, José María Rodríguez.
La Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado la resolución de realizar una pieza separada por presuntos delitos de cohecho continuado, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, entre otros supuestos delitos, dentro del caso de la Policía Local de Palma en el que se investiga al exdiputado del PP y regidor del Ayuntamiento Álvaro Gijón.
De esta manera, la Sección Primera de la Audiencia ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Gijón, ahora en el grupo mixto del Parlament, contra la resolución del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma. La resolución es firme y contra ella no cabe recurso.
En concreto, se investiga si Gijón recibió favores y regalos por parte del empresario Miguel Pascual (Pabisa) a cambio de beneficiar a sus empresas. Entre otros, en la causa también está investigado el expresidente del PP de Palma, José María Rodríguez.
La Policía Nacional requisa documentación en la sede de Europa Press Baleares por una filtración periodística
11 de diciembre de 2018EUROPA PRESS
PALMA DE MALLORCA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Policía Nacional se han personado este martes en la delegación balear de la agencia de noticias Europa Press para requisar documentación y equipos corporativos y personales en el marco de una investigación dentro del caso Cursach, con el objetivo de determinar el origen de una filtración periodística que avanzó en primicia Europa Press Baleares.
Tres agentes y una secretaria judicial han entregado en la redacción la orden de registro y han exigido a la periodista que cubre información relacionada con el caso Cursach que entregase cualquier documentación sobre la macrocausa de la Policía Local.
La redactora se ha acogido a su derecho profesional a no revelar las fuentes y los agentes le han negado contactar con los servicios jurídicos de la empresa. Por ello, amparándose en el mandato judicial, los agentes se han llevado su teléfono móvil personal, dos ordenadores de la empresa y varios documentos en papel con el objetivo de determinar el origen de una filtración.
Según consta en el auto del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, se investiga un delito de descubrimiento de secretos, a instancias de los abogados de Bartolomé Cursach, Bartolomé Sbert y el Ministerio Fiscal. Según han informado los funcionarios policiales, Europa Press no está siendo investigada.
Europa Press reitera su compromiso con la libertad periodística y con la protección de las fuentes y lamenta este ataque al derecho a la información, derecho fundamental recogido en la Constitución.
Fuente: https://amp.europapress.es/nacional...20181211151409.html?__twitter_impression=true
11 de diciembre de 2018EUROPA PRESS
PALMA DE MALLORCA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Policía Nacional se han personado este martes en la delegación balear de la agencia de noticias Europa Press para requisar documentación y equipos corporativos y personales en el marco de una investigación dentro del caso Cursach, con el objetivo de determinar el origen de una filtración periodística que avanzó en primicia Europa Press Baleares.
Tres agentes y una secretaria judicial han entregado en la redacción la orden de registro y han exigido a la periodista que cubre información relacionada con el caso Cursach que entregase cualquier documentación sobre la macrocausa de la Policía Local.
La redactora se ha acogido a su derecho profesional a no revelar las fuentes y los agentes le han negado contactar con los servicios jurídicos de la empresa. Por ello, amparándose en el mandato judicial, los agentes se han llevado su teléfono móvil personal, dos ordenadores de la empresa y varios documentos en papel con el objetivo de determinar el origen de una filtración.
Según consta en el auto del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, se investiga un delito de descubrimiento de secretos, a instancias de los abogados de Bartolomé Cursach, Bartolomé Sbert y el Ministerio Fiscal. Según han informado los funcionarios policiales, Europa Press no está siendo investigada.
Europa Press reitera su compromiso con la libertad periodística y con la protección de las fuentes y lamenta este ataque al derecho a la información, derecho fundamental recogido en la Constitución.
Fuente: https://amp.europapress.es/nacional...20181211151409.html?__twitter_impression=true
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La Asociación de Medios de Información denuncia el "grave ataque al derecho de información”
La Asociación condena en un comunicado estos registros al entender que representan un grave ataque al derecho de información y a la independencia de los medios de comunicación frente a todo tipo de presiones. AMI recuerda a las autoridades policiales o judiciales que no pueden coaccionar a los profesionales de la información en el ejercicio de sus funciones, a los que les ampara el derecho de protección de sus fuentes.
La Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB) y el Sindicato de Periodistas de las Islas Baleares (SPIB) han emitido un comunicado conjunto en el que consideran la incautación de los teléfonos y los registros de redacciones, con retirada de ordenadores en el caso de Europa Press, "el mayor atentado contra la libertad de prensa de la historia democrática de Baleares". Las dos organizaciones subrayan que el uso de estos métodos para tratar de desvelar la fuente de una información sobre el proceso judicial contra la corrupción conocido como caso Cursach es una vulneración del secreto profesional que ampara el ejercicio del periodismo. Condenan además que a la redactora de Europa Press se le haya negado el derecho a la asistencia jurídica y expresan su apoyo a la negativa de Diario de Mallorca a entregar los ordenadores que se les requerían de forma voluntaria.
La Asociación condena en un comunicado estos registros al entender que representan un grave ataque al derecho de información y a la independencia de los medios de comunicación frente a todo tipo de presiones. AMI recuerda a las autoridades policiales o judiciales que no pueden coaccionar a los profesionales de la información en el ejercicio de sus funciones, a los que les ampara el derecho de protección de sus fuentes.
La Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB) y el Sindicato de Periodistas de las Islas Baleares (SPIB) han emitido un comunicado conjunto en el que consideran la incautación de los teléfonos y los registros de redacciones, con retirada de ordenadores en el caso de Europa Press, "el mayor atentado contra la libertad de prensa de la historia democrática de Baleares". Las dos organizaciones subrayan que el uso de estos métodos para tratar de desvelar la fuente de una información sobre el proceso judicial contra la corrupción conocido como caso Cursach es una vulneración del secreto profesional que ampara el ejercicio del periodismo. Condenan además que a la redactora de Europa Press se le haya negado el derecho a la asistencia jurídica y expresan su apoyo a la negativa de Diario de Mallorca a entregar los ordenadores que se les requerían de forma voluntaria.
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ACIJUR condena que se requise material y documentos periodistas
EACIJUR condena que se requise material y documentos a periodistas en una investigación por el 'caso Cursach'
Expresa "la más contundente oposición a cualquier actuación, policial o judicial, que ponga en entredicho el derecho a la confidencialidad de las fuentes de información". Recuerda esta asociación que los medios de comunicación, "en su papel esencial de intermediarios del derecho a la información y a la libertad de expresión
EACIJUR condena que se requise material y documentos a periodistas en una investigación por el 'caso Cursach'
Expresa "la más contundente oposición a cualquier actuación, policial o judicial, que ponga en entredicho el derecho a la confidencialidad de las fuentes de información". Recuerda esta asociación que los medios de comunicación, "en su papel esencial de intermediarios del derecho a la información y a la libertad de expresión
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Un juez ordena registrar Diario de Mallorca por investigar a Cursach
Tres agentes, dos policías encargados de la investigación de Cursach y un experto en informática, conseguieron que Mestre les entregara su móvil profesional y personal en los juzgados de Vía Alemania, donde se encontraba trabajando, por estar especializado en información judicial. Los agentes le convocaron en jefatura y después, por teléfono, le citaron en el juzgado, donde les entregó sin oposición el dispositivo, al ser advertido de que no podía negarse por la existencia de una resolución judicial apoyada además por la Fiscalía.
La diligencia del juez Florit se hizo extensiva a Europa Press, que también se había hecho eco del informe policial obrante en una causa bajo secreto de sumario. Los agentes se personaron en la redacción de la agencia al filo de las tres y media de la tarde y la redactora, Blanca Pou, se acogió a su derecho profesional a no revelar las fuentes. Los agentes le negaron la posibilidad de contactar con los servicios jurídicos de la empresa y, amparándose en el mandato judicial, se llevaron su teléfono móvil personal, dos ordenadores de la empresa y varios documentos en papel con el objetivo de determinar el origen de la información publicada también por Diario de Mallorca.
La diligencia del juez Florit ordena "la intervención para su posterior volcado y estudio del teléfono móvil" de los dos periodistas, así como "la intervención o requerimiento para entega voluntaria de cualquier documento policial o judicial en cualquier formato relacionado con la investigación del caso Cursach y sus derivadas. Se intervendrán también o se requerirá la aportación de memorias externas o pendrives que pudieran contener los documentos interesados". El juez deja claro que "se pretende y se autoriza el estudio de Whatsapps, correo electrónico y otras redes sociales a fin de detectar posibles envíos de datos, filtrados por parte de los investigados, así como la intervención de cualquier documento o archivo relacionado con la investigación del caso Cursach y sus derivados".
Medida sin precedentes
Ninguno de los dos periodistas objeto de esta medida sin precedentes están investigados en la causa, ni si quiera han sido citados como testigos, solo han informado sobre ella.
La noticia publicada por Diario de Mallorca y Europa Press cuyo origen indaga el juez Florit reproducía un informe policial en el que se aseguraba que el fraude fiscal en las sociedades que controla el magnate Tolo Cursach supera los 51 millones de euros. A esta cifra había que añadir otros 14,7 millones de euros por impago de cuotas de la Seguridad Social de los empleados que trabajan sin contrato. Un posterior informe de la Agencia Tributaria negó la existencia del fraude fiscal y el juez lo persigue ahora por presunto delito contable.
El empresario Bartomeu Cursach estuvo una año en prisión preventiva y ha sido condenado por tenencia ilícita de armas. Salió en libertad tras conseguir en cinco horas reunir una fianza de un millón de euros. En estos momentos, se le investiga al menos en tres causas judiciales, dos de ellas relacionadas con supuestos pagos a funcionarios y policías locales para beneficiar a sus negocios, avisarle de inspecciones y perseguir a la competencia. En las causas, y también se investiga a políticos que habrían sido pagados con prost*tutas y drogas a cambio de favores empresariales al magnate del ocio nocturno.
Tres agentes, dos policías encargados de la investigación de Cursach y un experto en informática, conseguieron que Mestre les entregara su móvil profesional y personal en los juzgados de Vía Alemania, donde se encontraba trabajando, por estar especializado en información judicial. Los agentes le convocaron en jefatura y después, por teléfono, le citaron en el juzgado, donde les entregó sin oposición el dispositivo, al ser advertido de que no podía negarse por la existencia de una resolución judicial apoyada además por la Fiscalía.
La diligencia del juez Florit se hizo extensiva a Europa Press, que también se había hecho eco del informe policial obrante en una causa bajo secreto de sumario. Los agentes se personaron en la redacción de la agencia al filo de las tres y media de la tarde y la redactora, Blanca Pou, se acogió a su derecho profesional a no revelar las fuentes. Los agentes le negaron la posibilidad de contactar con los servicios jurídicos de la empresa y, amparándose en el mandato judicial, se llevaron su teléfono móvil personal, dos ordenadores de la empresa y varios documentos en papel con el objetivo de determinar el origen de la información publicada también por Diario de Mallorca.
La diligencia del juez Florit ordena "la intervención para su posterior volcado y estudio del teléfono móvil" de los dos periodistas, así como "la intervención o requerimiento para entega voluntaria de cualquier documento policial o judicial en cualquier formato relacionado con la investigación del caso Cursach y sus derivadas. Se intervendrán también o se requerirá la aportación de memorias externas o pendrives que pudieran contener los documentos interesados". El juez deja claro que "se pretende y se autoriza el estudio de Whatsapps, correo electrónico y otras redes sociales a fin de detectar posibles envíos de datos, filtrados por parte de los investigados, así como la intervención de cualquier documento o archivo relacionado con la investigación del caso Cursach y sus derivados".
Medida sin precedentes
Ninguno de los dos periodistas objeto de esta medida sin precedentes están investigados en la causa, ni si quiera han sido citados como testigos, solo han informado sobre ella.
La noticia publicada por Diario de Mallorca y Europa Press cuyo origen indaga el juez Florit reproducía un informe policial en el que se aseguraba que el fraude fiscal en las sociedades que controla el magnate Tolo Cursach supera los 51 millones de euros. A esta cifra había que añadir otros 14,7 millones de euros por impago de cuotas de la Seguridad Social de los empleados que trabajan sin contrato. Un posterior informe de la Agencia Tributaria negó la existencia del fraude fiscal y el juez lo persigue ahora por presunto delito contable.
El empresario Bartomeu Cursach estuvo una año en prisión preventiva y ha sido condenado por tenencia ilícita de armas. Salió en libertad tras conseguir en cinco horas reunir una fianza de un millón de euros. En estos momentos, se le investiga al menos en tres causas judiciales, dos de ellas relacionadas con supuestos pagos a funcionarios y policías locales para beneficiar a sus negocios, avisarle de inspecciones y perseguir a la competencia. En las causas, y también se investiga a políticos que habrían sido pagados con prost*tutas y drogas a cambio de favores empresariales al magnate del ocio nocturno.
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SPIB y APIB: "Es el mayor atentado contra la libertad de prensa de la historia democrática de Baleares”
Denuncian que "es el mayor atentado contra la Libertad de Prensa de la historia democrática de Baleares". Por esto, ha hecho un llamamiento "a las instituciones y a la sociedad civil balear a defender el derecho al ejercicio del periodismo, pilar básico de la democracia".
Denuncian que "es el mayor atentado contra la Libertad de Prensa de la historia democrática de Baleares". Por esto, ha hecho un llamamiento "a las instituciones y a la sociedad civil balear a defender el derecho al ejercicio del periodismo, pilar básico de la democracia".
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Kiko Mestre
@Piomoa43
Quiero agradecer todas las muestras de apoyo. Hoy he sido yo, pero mañana será otro periodista. Ante estos atropellos, ¿cómo se van a fiar ahora las fuentes de los periodistas si requisan sus herramientas de trabajo? Que nadie me llame porque no puedo contestar
Diario de Mallorca
@diariomallorca
La @ami_asociacion denuncia el "grave ataque al derecho de información" que supone el registro de la sede de Diario de Mallorca y Europa Press Baleares #LibertadDePrensa
Diario de Mallorca
@diariomallorca
Diario de Mallorca quiere agradecer el apoyo recibido tras la intervención del móvil del periodista Kiko Mestre por orden judicial, y del intento de la Policía de registrar la redacción del periódico a raíz de las informaciones publicadas sobre el caso Cursach #LibertadDePrensa
EuropaPress Baleares
@EPBaleares
Ferrà ha explicado que se trata de "una situación muy grave" al tratarse de "dos principios que están recogidos en la Constitución"
@Piomoa43
Quiero agradecer todas las muestras de apoyo. Hoy he sido yo, pero mañana será otro periodista. Ante estos atropellos, ¿cómo se van a fiar ahora las fuentes de los periodistas si requisan sus herramientas de trabajo? Que nadie me llame porque no puedo contestar
Diario de Mallorca
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La @ami_asociacion denuncia el "grave ataque al derecho de información" que supone el registro de la sede de Diario de Mallorca y Europa Press Baleares #LibertadDePrensa
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Ferrà ha explicado que se trata de "una situación muy grave" al tratarse de "dos principios que están recogidos en la Constitución"
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