Una mujer escolta denuncia a IRENE MONTERO por explotacion

Solo quieren titulares, nada mas.

Hay dos clases de escolta, uno si perteneces a las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado o estás contratado por una empresa privada.

Si lo haces por medio de una empresa privada no te pueden despedir, sino que cancelan el contrato con la empresa de seguridad y listo.

La escolta en ese caso pide a su empresa que le cambien de destino y se acabó.

Por cierto, como bien dices que para ser escolta privado se necesita hacerte vigilante de seguridad, aprobar el curso de escolta y que entres a trabajar en la plantilla de una empresa de seguridad.

Así que no sé que clase de ""escolta"" era esa mujer y sus funciones a desarrollar. Que lo diriman en un juzgado y que el juez decida. Ni mas ni menos. Hasta que se llegue ese momento podemos llenar páginas y páginas del hilo, pero no se aportará nada nuevo.
Potemos los contrata de forma ilegal
 
ESCOLTAGATE'

Podemos manipuló documentos oficiales para ocultar la explotación laboral de sus escoltas
Los dos máximos responsables de la formación, José Manuel Calvente y Mónica Carmona, han sido represaliados por investigar estas irregularidades laborales y los sobresueldos de varios miembros del partido.

OKDIARIO ha accedido a dos documentos de Podemos que demuestran cómo la formación contrató ilegalmente a sus escoltas, los adscribió al Área de Transporte y Logística como chóferes y lo hizo a sabiendas de que algunos de ellos carecían de la titulación obligatoria para el puesto. Con la intención de ocultar dichas irregularidades laborales, el partido liderado por Pablo Iglesias e Irene Montero manipuló un documento oficial -el análisis de riesgos penales- en contra del criterio del equipo jurídico.

El responsable de cumplimiento normativo de Podemos en 2017, Raúl Carballedo, confeccionó un informe, al que ha tenido acceso en exclusiva este diario, en el que se detallaba el organigrama de la formación y los puestos y funciones desarrollados por cada uno de sus miembros.

En una primera versión del mismo, Carballedo describe la estructura del partido haciendo mención expresa a la existencia de un departamento de seguridad con “escoltas” e identificando con nombres y apellidos a cada uno de ellos. Además de indicar cuáles de ellos disponían de la acreditación necesaria del Ministerio del Interior y cuáles estaban en proceso de obtenerla.

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Tras la advertencia del Área Legal de Podemos sobre la gravedad de reconocer que los trabajadores contratados para conducir los vehículos de los entonces portavoces, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, desempeñaban funciones propias de un puesto para el que no habían sido incorporados –“acompañamiento, defensa y seguridad de personas"– Carballedo eliminaba, en una segunda versión del documento, dicha referencia.

Departamento de Seguridad

El informe de Podemos sobre el departamento de Seguridad del partido afirma que además de encargarse de la gestión y coordinación del equipo de logística-transporte, recepción y el voluntariado de respeto, era el área concebida para “la seguridad del partido y sus principales portavoces”.

Y asignaba a su Director de Seguridad, Sergio Illanes, la misión de organizar “los diferentes equipos, la dirección, inspección y administración de los servicios” prestados y contratados; la “implantación de los planes de seguridad, control de funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de seguridad privada”; “comunicación e interlocuciones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, tanto a nivel operativo como vía contacto telefónico; y, la “creación de los presupuestos del departamento”, incluida la búsqueda de “formación activa para el equipo de Logística-Seguridad”.

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El propio Illanes advirtió a la cúpula de Podemos de la situación irregular de sus chóferes-escoltas, entre los que se encontraba la trabajadora a la que Irene Montero convirtió en recadera y que ahora demanda a la formación morada por despido improcedente y “trato discriminatorio”. Le preocupaban las elevadas sanciones administrativas a las que se enfrentaría el partido de no regularizar la situación laboral de dichos profesionales y las consecuencias penales -incluido un posible delito de intrusismo– a las que se enfrentaban tanto la formación como los propios trabajadores afectados.

No en vano, en último término, a él correspondía la coordinación del equipo humano y la coordinación territorial de los denominados “voluntarios de respeto”, afiliados y simpatizantes del partido encargados de colaborar en la seguridad de los eventos multitudinarios de la formación como, por ejemplo, los dos mítines de Vistalegre.

Contratación ilegal

Podemos contrató a la escolta a la que Irene Montero convirtió en recadera -y que ahora demanda al partido por su trato “discriminatorio”– sin mediar para ello una empresa de seguridad autorizada por el Ministerio del Interior, tal y como obliga la ley.

Así se desprende del documento laboral suscrito entre la escolta y Podemos, al que OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva, y que la propia trabajadora incorporó como prueba ante el Juzgado de lo Social número 3 de Madrid,

La formación morada incumplió los requisitos legales para la actividad de protección de personas a título particular que "únicamente" puede "ser desarrollada por escoltas privados integrados en empresas de seguridad”.

Esto es, Podemos incurrió en una "clara ilegalidad" -tal y como avisó en 2016 el entonces jefe de seguridad del partido a la propia Montero, vía mail- al contratar a la trabajadora sin recurrir a una empresa correctamente autorizada por la Unidad Central de Seguridad Privada de la Dirección General de la Policía Nacional, "para el ejercicio de dicha actividad".

 
ESCOLTAGATE'

Podemos manipuló documentos oficiales para ocultar la explotación laboral de sus escoltas
Los dos máximos responsables de la formación, José Manuel Calvente y Mónica Carmona, han sido represaliados por investigar estas irregularidades laborales y los sobresueldos de varios miembros del partido.

OKDIARIO ha accedido a dos documentos de Podemos que demuestran cómo la formación contrató ilegalmente a sus escoltas, los adscribió al Área de Transporte y Logística como chóferes y lo hizo a sabiendas de que algunos de ellos carecían de la titulación obligatoria para el puesto. Con la intención de ocultar dichas irregularidades laborales, el partido liderado por Pablo Iglesias e Irene Montero manipuló un documento oficial -el análisis de riesgos penales- en contra del criterio del equipo jurídico.

El responsable de cumplimiento normativo de Podemos en 2017, Raúl Carballedo, confeccionó un informe, al que ha tenido acceso en exclusiva este diario, en el que se detallaba el organigrama de la formación y los puestos y funciones desarrollados por cada uno de sus miembros.

En una primera versión del mismo, Carballedo describe la estructura del partido haciendo mención expresa a la existencia de un departamento de seguridad con “escoltas” e identificando con nombres y apellidos a cada uno de ellos. Además de indicar cuáles de ellos disponían de la acreditación necesaria del Ministerio del Interior y cuáles estaban en proceso de obtenerla.

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Tras la advertencia del Área Legal de Podemos sobre la gravedad de reconocer que los trabajadores contratados para conducir los vehículos de los entonces portavoces, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, desempeñaban funciones propias de un puesto para el que no habían sido incorporados –“acompañamiento, defensa y seguridad de personas"– Carballedo eliminaba, en una segunda versión del documento, dicha referencia.

Departamento de Seguridad

El informe de Podemos sobre el departamento de Seguridad del partido afirma que además de encargarse de la gestión y coordinación del equipo de logística-transporte, recepción y el voluntariado de respeto, era el área concebida para “la seguridad del partido y sus principales portavoces”.

Y asignaba a su Director de Seguridad, Sergio Illanes, la misión de organizar “los diferentes equipos, la dirección, inspección y administración de los servicios” prestados y contratados; la “implantación de los planes de seguridad, control de funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de seguridad privada”; “comunicación e interlocuciones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, tanto a nivel operativo como vía contacto telefónico; y, la “creación de los presupuestos del departamento”, incluida la búsqueda de “formación activa para el equipo de Logística-Seguridad”.

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El propio Illanes advirtió a la cúpula de Podemos de la situación irregular de sus chóferes-escoltas, entre los que se encontraba la trabajadora a la que Irene Montero convirtió en recadera y que ahora demanda a la formación morada por despido improcedente y “trato discriminatorio”. Le preocupaban las elevadas sanciones administrativas a las que se enfrentaría el partido de no regularizar la situación laboral de dichos profesionales y las consecuencias penales -incluido un posible delito de intrusismo– a las que se enfrentaban tanto la formación como los propios trabajadores afectados.

No en vano, en último término, a él correspondía la coordinación del equipo humano y la coordinación territorial de los denominados “voluntarios de respeto”, afiliados y simpatizantes del partido encargados de colaborar en la seguridad de los eventos multitudinarios de la formación como, por ejemplo, los dos mítines de Vistalegre.

Contratación ilegal

Podemos contrató a la escolta a la que Irene Montero convirtió en recadera -y que ahora demanda al partido por su trato “discriminatorio”– sin mediar para ello una empresa de seguridad autorizada por el Ministerio del Interior, tal y como obliga la ley.

Así se desprende del documento laboral suscrito entre la escolta y Podemos, al que OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva, y que la propia trabajadora incorporó como prueba ante el Juzgado de lo Social número 3 de Madrid,

La formación morada incumplió los requisitos legales para la actividad de protección de personas a título particular que "únicamente" puede "ser desarrollada por escoltas privados integrados en empresas de seguridad”.

Esto es, Podemos incurrió en una "clara ilegalidad" -tal y como avisó en 2016 el entonces jefe de seguridad del partido a la propia Montero, vía mail- al contratar a la trabajadora sin recurrir a una empresa correctamente autorizada por la Unidad Central de Seguridad Privada de la Dirección General de la Policía Nacional, "para el ejercicio de dicha actividad".

Ilegales e inmorales.
 
ESCOLTAGATE'

Podemos manipuló documentos oficiales para ocultar la explotación laboral de sus escoltas
Los dos máximos responsables de la formación, José Manuel Calvente y Mónica Carmona, han sido represaliados por investigar estas irregularidades laborales y los sobresueldos de varios miembros del partido.

OKDIARIO ha accedido a dos documentos de Podemos que demuestran cómo la formación contrató ilegalmente a sus escoltas, los adscribió al Área de Transporte y Logística como chóferes y lo hizo a sabiendas de que algunos de ellos carecían de la titulación obligatoria para el puesto. Con la intención de ocultar dichas irregularidades laborales, el partido liderado por Pablo Iglesias e Irene Montero manipuló un documento oficial -el análisis de riesgos penales- en contra del criterio del equipo jurídico.

El responsable de cumplimiento normativo de Podemos en 2017, Raúl Carballedo, confeccionó un informe, al que ha tenido acceso en exclusiva este diario, en el que se detallaba el organigrama de la formación y los puestos y funciones desarrollados por cada uno de sus miembros.

En una primera versión del mismo, Carballedo describe la estructura del partido haciendo mención expresa a la existencia de un departamento de seguridad con “escoltas” e identificando con nombres y apellidos a cada uno de ellos. Además de indicar cuáles de ellos disponían de la acreditación necesaria del Ministerio del Interior y cuáles estaban en proceso de obtenerla.

comparativa-escoltas.jpg


Tras la advertencia del Área Legal de Podemos sobre la gravedad de reconocer que los trabajadores contratados para conducir los vehículos de los entonces portavoces, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, desempeñaban funciones propias de un puesto para el que no habían sido incorporados –“acompañamiento, defensa y seguridad de personas"– Carballedo eliminaba, en una segunda versión del documento, dicha referencia.

Departamento de Seguridad

El informe de Podemos sobre el departamento de Seguridad del partido afirma que además de encargarse de la gestión y coordinación del equipo de logística-transporte, recepción y el voluntariado de respeto, era el área concebida para “la seguridad del partido y sus principales portavoces”.

Y asignaba a su Director de Seguridad, Sergio Illanes, la misión de organizar “los diferentes equipos, la dirección, inspección y administración de los servicios” prestados y contratados; la “implantación de los planes de seguridad, control de funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de seguridad privada”; “comunicación e interlocuciones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, tanto a nivel operativo como vía contacto telefónico; y, la “creación de los presupuestos del departamento”, incluida la búsqueda de “formación activa para el equipo de Logística-Seguridad”.

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El propio Illanes advirtió a la cúpula de Podemos de la situación irregular de sus chóferes-escoltas, entre los que se encontraba la trabajadora a la que Irene Montero convirtió en recadera y que ahora demanda a la formación morada por despido improcedente y “trato discriminatorio”. Le preocupaban las elevadas sanciones administrativas a las que se enfrentaría el partido de no regularizar la situación laboral de dichos profesionales y las consecuencias penales -incluido un posible delito de intrusismo– a las que se enfrentaban tanto la formación como los propios trabajadores afectados.

No en vano, en último término, a él correspondía la coordinación del equipo humano y la coordinación territorial de los denominados “voluntarios de respeto”, afiliados y simpatizantes del partido encargados de colaborar en la seguridad de los eventos multitudinarios de la formación como, por ejemplo, los dos mítines de Vistalegre.

Contratación ilegal

Podemos contrató a la escolta a la que Irene Montero convirtió en recadera -y que ahora demanda al partido por su trato “discriminatorio”– sin mediar para ello una empresa de seguridad autorizada por el Ministerio del Interior, tal y como obliga la ley.

Así se desprende del documento laboral suscrito entre la escolta y Podemos, al que OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva, y que la propia trabajadora incorporó como prueba ante el Juzgado de lo Social número 3 de Madrid,

La formación morada incumplió los requisitos legales para la actividad de protección de personas a título particular que "únicamente" puede "ser desarrollada por escoltas privados integrados en empresas de seguridad”.

Esto es, Podemos incurrió en una "clara ilegalidad" -tal y como avisó en 2016 el entonces jefe de seguridad del partido a la propia Montero, vía mail- al contratar a la trabajadora sin recurrir a una empresa correctamente autorizada por la Unidad Central de Seguridad Privada de la Dirección General de la Policía Nacional, "para el ejercicio de dicha actividad".


A simple vista veo que el documento original está con el logotipo de PODEMOS. El modificado que has aportado curiosamente no. :sneaky:
 
Podemos es pura mafia


"Son una mafia, llevan a cabo actuaciones mafiosas", con estas palabras se refiere a Podemos José Manuel Calvente, el abogado responsable de compliance que ha sido despedido junto a su compañera Mónica Carmona, según dice “para tapar sus sobresueldos en negro”. Los abogados a los que han despedido eran personal de la máxima confianza de la cúpula del partido y estaban encargados de establecer y hacer seguimiento de los procedimientos internos más adecuados para garantizar que tanto el partido como sus dirigentes cumplan con toda la normativa que les es de aplicación. Y por hacer bien su trabajo los han echado. Como hace la mafia.

Según denuncia Calvente todo saltó cuando se destapó que la escolta de Irene Montero había sido despedida de manera improcedente tras quejarse de los abusos laborales a los que Irene Montero la estaba sometiendo al usarla de niñera, recadera, escolta y chófer, fuera de su jornada de trabajo y sin abonarle las horas extras correspondientes. La dirección del partido manipuló sus documentos internos para camuflar las irregularidades que a este respecto denunciaba el equipo jurídico y a partir de ahí los denunciantes fueron irremediablemente purgados de una organización que tiene tan poco apego a las normas como interés en que se sepa la verdad y los responsables paguen por sus infracciones. Como toda organización mafiosa reaccionaron despidiendo a los denunciantes y acusándolos de repente de un sobrevenido caso de acoso sexual del que no hay constancia en ningún juzgado y según denuncia Calvente "el último paso que están dando es fabricar pruebas falsas". Igual que la mafia.

En la mafia de Podemos todo es mentira, trataron de hacernos creer que los millones de euros para la financiación de sus primeras campañas les llovió del cielo cual maná que aparecía en su contabilidad oficial como cientos de miles de pequeñas donaciones anónimas que les llegaban a través de la pasarela de pago de PayPal, que casualmente no deja rastro de la procedencia de tanto dinero. Los que hayan visto la serie ‘Breaking Bad’ recordarán como su mafioso protagonista usa una campaña en la que su hijo pide donativos para pagar su tratamiento de cáncer y contrata a un hacker ruso que la utiliza para blanquear grandes cantidades de dinero que llegan mediante pequeños pagos anónimos. Luego supimos de los más de 7 millones de dólares que Chávez les había entregado para “que en España puedan crear consensos de fuerzas políticas y movimientos sociales, propiciando en ese país cambios políticos aún más afines al Gobierno bolivariano”. Pura mafia.
 
Y que haya gentureo q les ha hecho el trabajo sucio para q estos comunistas de salón se hagan millonarios a nuestra costa.
 
Montero a la desesperada: ofrece 50.000 € a la escolta-recadera para no ir a juicio como ministra
La número dos de la formación liderada de Pablo Iglesias pone precio a las reclamaciones de la trabajadora. Quiere que renuncie a la demanda y firme un documento de confidencialidad.
 
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