Tendrán que buscar algo más sustancioso para impedir la investidura, pero no lo tienen. Eso sí, el despliegue de medios va a ser tremendo. Ahora toca noticia diaria de Venezuela, de okupas, cualquier dato económico negativo a magnificarlo...guerracivilismo, Frente Popular.... menos mal que están ellos para devolvernos al orden.
Y lo más divertido es que se creen que Podemos son comunistas
¿Por qué dices banca y no banca pública, que fue la que tuvimos que rescatar, la que defiende tu amado Podemos? Con el rescate a la banca sí tienen mucho que ver, formaban parte de los consejos de administración de la banca pública que nos llevó a la ruina llenando los bolsillos de los políticos que la regían, comunistas incluidos.
La investidura no la impide nadie salvo un cataclismo mundial (ni aun asi) pero ¿cuanto durara?Tendrán que buscar algo más sustancioso para impedir la investidura, pero no lo tienen. Eso sí, el despliegue de medios va a ser tremendo. Ahora toca noticia diaria de Venezuela, de okupas, cualquier dato económico negativo a magnificarlo...guerracivilismo, Frente Popular.... menos mal que están ellos para devolvernos al orden.
Y lo más divertido es que se creen que Podemos son comunistas
La propietaria señalada por Podemos rompe su silencio: "Me han hecho un linchamiento público"
"Me han hecho un linchamiento público y todo para quedarse con mi piso a precio de ganga". Esta es la opinión de Esther Argerich, la propietaria de un piso de Barcelona a la que varios dirigentes de Unidas Podemos --entre otros, Irene Montero-- señalaron de forma pública por querer expulsar de su vivienda a los inquilinos que allí residían.
La propietaria comenta que el contrato --a tres años y sin posibilidad de renovación-- incluyó una actualización del precio mensual hasta los 1.300 euros. Una cantidad que se encuentra muy por debajo del precio de mercado de un piso de esas características en la zona, asegura Esther, pero que se decidió así ya que "llevaban mucho tiempo" en el piso. Pero ello tampoco convenció a los inquilinos: "Llamaron varias veces a la administradora comunicando que no se querían ir pero que tampoco aceptaban el precio".
Poco después, el Sindicat de Llogaters y la Oficina d'Habitatge Popular de Gràcia se puso en contacto tanto con la administradora como con la propietaria "exigiendo que negociáramos (a la baja) con los inquilinos". Se les detalló que el objetivo principal no era renovarles el contrato, sino recuperar el piso y poco después comenzaron los escraches. Incluido el realizado desde las filas del partido de Pablo Iglesias.
A todo ello se une la entrada en escena de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que "les ha concedido un piso social a los inquilinos" en Les Corts. Según Esther, dicha vivienda cuenta con 60 metros cuadrados, tres habitaciones y un alquiler de 850 euros al mes. Es necesario destacar el precio del metro cuadrado para comprobar la realidad de este alquiler social. En el piso de Esther, la familia pagaba 7,14 euros/m2 con el alquiler antiguo, que hubiera ascendido a 9,28 euros en el caso de que hubiesen aceptado la subida de la mensualidad a 1.300 euros. En el nuevo piso ofrecido por Colau el precio del metro cuadrado se sería de 14,17 euros. Casi el doble de lo que pagaban a Esther. Este medio se ha puesto en contacto para corroborar la veracidad de esta información con el Ayuntamiento de Barcelona, que aún no ha contestado.
Esther Argerich asegura que las dos organizaciones sociales crearon "concentraciones violentas" con pancartas y folletos en los que se incluían sus datos personales y que "se pusieron en contacto" con Podemos para darles a conocer el caso. Fue entonces cuando tres dirigentes del partido, Irene Montero, Rafael Mayoral e Ione Belarra, "difundieron mensajes dando mi nombre en Twitter y diciendo que negociara con los inquilinos".
La historia con fotos del piso más polémico contado por su propietaria
“Yo tengo un piso que heredé de mis padres y que alquilé hace 12 años mediante una agencia inmobiliaria a un matrimonio con tres hijos por 1.100 euros. El piso tiene 140 m2, cinco habitaciones, tres baños y está en el ensanche derecho de Barcelona, cerca de la Sagrada Familia. El contrato inicial era de 5 años pero se les fue prorrogando. Con la crisis y al decirme que habían perdido un trabajo, se les bajó el precio y en el año 2018, en que venció el último contrato que se firmó con ellos, estaban pagando 1.000 euros al mes, menos de lo que pagaban 12 años antes. En el 2018 yo no quería renovarles más el contrato, sino recuperarlo para mí y mi familia por ser una casa más grande que la que tenemos”.
"Concentraciones violentas delante de la agencia inmobiliaria con pancartas con mi nombre y apellido, repartieron folletos por las calles con datos personales míos, fueron a mi domicilio a repartir folletos a los vecinos, engancharon carteles con mi nombre y otros datos personales por todo el barrio, hicieron llamadas telefónicas en mi lugar de trabajo, explicando la historia a mis compañeros de trabajo, se pusieron en contacto con el sindicato de la CGT y montaron una convocatoria en un local de mi propio trabajo", enumera.
Según Argerich, la familia inquilina se dedicaba a realquilar una de las habitaciones sin su permiso. "Me enteré por gente que los conocía que desde el principio que estaban en el piso habían estado realquilando habitaciones y haciendo negocio con mi piso y sin mi permiso. También me he enterado del nivel de vida que llevaban, que en ningún caso es asimilable a personas en situación de vulnerabilidad, haciendo viajes por todo el mundo", afirma.
Y para demostrarlo publica una foto del cerrojo que colocaron en la puerta de una de las habitaciones para realquilarla ilegalmente.
Un dormitorio
El salón lleno de bolsas de basura
La propietaria señalada por Podemos rompe su silencio: "Me han hecho un linchamiento público"
"Me han hecho un linchamiento público y todo para quedarse con mi piso a precio de ganga". Esta es la opinión de Esther Argerich, la propietaria de un piso de Barcelona a la que varios dirigentes de Unidas Podemos --entre otros, Irene Montero-- señalaron de forma pública por querer expulsar de su vivienda a los inquilinos que allí residían.
La propietaria comenta que el contrato --a tres años y sin posibilidad de renovación-- incluyó una actualización del precio mensual hasta los 1.300 euros. Una cantidad que se encuentra muy por debajo del precio de mercado de un piso de esas características en la zona, asegura Esther, pero que se decidió así ya que "llevaban mucho tiempo" en el piso. Pero ello tampoco convenció a los inquilinos: "Llamaron varias veces a la administradora comunicando que no se querían ir pero que tampoco aceptaban el precio".
Poco después, el Sindicat de Llogaters y la Oficina d'Habitatge Popular de Gràcia se puso en contacto tanto con la administradora como con la propietaria "exigiendo que negociáramos (a la baja) con los inquilinos". Se les detalló que el objetivo principal no era renovarles el contrato, sino recuperar el piso y poco después comenzaron los escraches. Incluido el realizado desde las filas del partido de Pablo Iglesias.
A todo ello se une la entrada en escena de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que "les ha concedido un piso social a los inquilinos" en Les Corts. Según Esther, dicha vivienda cuenta con 60 metros cuadrados, tres habitaciones y un alquiler de 850 euros al mes. Es necesario destacar el precio del metro cuadrado para comprobar la realidad de este alquiler social. En el piso de Esther, la familia pagaba 7,14 euros/m2 con el alquiler antiguo, que hubiera ascendido a 9,28 euros en el caso de que hubiesen aceptado la subida de la mensualidad a 1.300 euros. En el nuevo piso ofrecido por Colau el precio del metro cuadrado se sería de 14,17 euros. Casi el doble de lo que pagaban a Esther. Este medio se ha puesto en contacto para corroborar la veracidad de esta información con el Ayuntamiento de Barcelona, que aún no ha contestado.
Esther Argerich asegura que las dos organizaciones sociales crearon "concentraciones violentas" con pancartas y folletos en los que se incluían sus datos personales y que "se pusieron en contacto" con Podemos para darles a conocer el caso. Fue entonces cuando tres dirigentes del partido, Irene Montero, Rafael Mayoral e Ione Belarra, "difundieron mensajes dando mi nombre en Twitter y diciendo que negociara con los inquilinos".
La historia con fotos del piso más polémico contado por su propietaria
“Yo tengo un piso que heredé de mis padres y que alquilé hace 12 años mediante una agencia inmobiliaria a un matrimonio con tres hijos por 1.100 euros. El piso tiene 140 m2, cinco habitaciones, tres baños y está en el ensanche derecho de Barcelona, cerca de la Sagrada Familia. El contrato inicial era de 5 años pero se les fue prorrogando. Con la crisis y al decirme que habían perdido un trabajo, se les bajó el precio y en el año 2018, en que venció el último contrato que se firmó con ellos, estaban pagando 1.000 euros al mes, menos de lo que pagaban 12 años antes. En el 2018 yo no quería renovarles más el contrato, sino recuperarlo para mí y mi familia por ser una casa más grande que la que tenemos”.
"Concentraciones violentas delante de la agencia inmobiliaria con pancartas con mi nombre y apellido, repartieron folletos por las calles con datos personales míos, fueron a mi domicilio a repartir folletos a los vecinos, engancharon carteles con mi nombre y otros datos personales por todo el barrio, hicieron llamadas telefónicas en mi lugar de trabajo, explicando la historia a mis compañeros de trabajo, se pusieron en contacto con el sindicato de la CGT y montaron una convocatoria en un local de mi propio trabajo", enumera.
Según Argerich, la familia inquilina se dedicaba a realquilar una de las habitaciones sin su permiso. "Me enteré por gente que los conocía que desde el principio que estaban en el piso habían estado realquilando habitaciones y haciendo negocio con mi piso y sin mi permiso. También me he enterado del nivel de vida que llevaban, que en ningún caso es asimilable a personas en situación de vulnerabilidad, haciendo viajes por todo el mundo", afirma.
Y para demostrarlo publica una foto del cerrojo que colocaron en la puerta de una de las habitaciones para realquilarla ilegalmente.
Un dormitorio
El salón lleno de bolsas de basura
