TODO sobe Pablo Iglesias y Podemos.

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Podemos teme que la 'guerra' interna destape la financiación de las campañas electorales

Miembros del partido morado sostienen que existe un vínculo entre la denuncia de los abogados purgados y la recaudación de microcréditos a través de empresas y consultorías externas


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“Irregularidades financieras”
. Estas dos palabras sobrevuelan Podemos en uno de sus momentos más agridulces. Por un lado, el histórico acercamiento al Gobierno. Por el otro, una polémica que amenaza con alcanzar uno de los pilares del partido morado: la financiación a través de microcréditos.

Fuentes de Podemos explican que José Manuel Calvente, uno de los dos asesores legales del partido despedidos con polémica, maneja información confidencial sobre la financiación de las campañas electorales. Hablan directamente de los microcréditos, el sistema de recaudación de fondos que el partido de Pablo Iglesias utiliza para financiar sus campañas electorales, y del que presume para diferenciarse de los que piden préstamos a los bancos.

La cuestión no es baladí. Hasta ahora, en un duro comunicado que adelantó Vozpópuli, Mónica Carmona Segura (la segunda trabajadora despedida) ha hablado de posibles infracciones penales o administrativas. Ella y Calvente, según su tesis, estaban investigando varios casos sospechosos dentro del partido cuando se toparon con Alberto Rodríguez, actual secretario de Organización, quien frenó la investigación y les despidió vía burofax.

En un primer momento, el partido ha intentado justificar el cese hablando de “reorganización interna”. Tras estallar la polémica, ha cambiado su versión y ha apuntado a un caso de acoso sexual. Esta tesis ha sido negada por Calvente a El Mundo y otros miembros de Podemos coinciden en conversación con este diario de que se trata de una “maniobra” para “desviar el debate público”: “Si hay un caso de acoso se tiene que denunciar. En caso contrario, tiene pinta de ser una maniobra de despiste”, afirman.


Consultoras y financiación
“Calvente maneja información privilegiada y todo depende de lo que se ha podido llevar. Pero el asunto es de enorme gravedad”, reflexionan otros en el partido. El temor es que Calvente abra la caja de Pandora de los microcréditos, o sea, que confirme las sospechas existentes sobre la procedencia de los fondos para las campañas.

El esquema al que apuntan dirigentes de Podemos en conversación con este diario plantea que la financiación de los microcréditos pudo estar inflada a través de encargos recibidos por varias sociedades. Por ejemplo, en campañas electorales en países latinoaméricanos. Y que a través de una contratación tapadera en España, Podemos haya “blanqueado” (este es el término empleado por las fuentes consultadas) esos fondos en los microcréditos.

Más de un dirigente de Podemos menciona la consultora vinculada a Juan Carlos Monedero, sobre cuya existencia este diario dio las primeras informaciones. Esa consultora trabajó en la campaña electoral de Podemos en las generales del pasado abril, y también en las autonómicas de Madrid. El Confidencial, por su parte, apunta a otra empresa de la que fue dueño Rafa Mayoral y que también trabajó para el Ayuntamiento de Manuela Carmena.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y la portavoz, Irene Montero, en rueda de prensa.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y la portavoz, Irene Montero, en rueda de prensa. EFE/Victor Lerena

Más fondos con menos votos
Otro elemento que alimenta la sospecha es que la recaudación de fondos se disparó cuando Podemos bajaba en peso electoral. “Algo extraño”, reconocen algunos en Podemos. Según los datos oficiales del partido morado, en las generales del 20 de diciembre de 2015, Podemos logró los 2,8 millones de euros en ayudas. El 26 de junio de 2016 obtuvo 1,2 millones. Mientras que en noviembre de este año, Podemos superó los dos millones, levantando la cifra récord de casi un millón en tan solo una semana. En cambio, desde 2016 hasta 2019 el partido ha perdido la mitad de sus diputados.

La sospecha es grave, aunque todas las fuentes consultadas reiteran que la autoridad que puede resolver las dudas es el Tribunal de Cuentas. “Se trata de analizar todas las facturas para comprender si hubo algo irregular”, explican. Calvente habla de “sobresueldos” a cargos de partido, presuntas votaciones internas manipuladas, además de las “irregularidades financieras” reiteradas en la carta confidencial enviada al Consejo Ciudadano de Podemos.

El Tribunal de Cuentas se encarga de analizar las donaciones que reciben los partidos políticos, distinguiendo de si se trata de periodos de campaña electoral o normales. En todo tipo de donación, incluida la “participativa” (es decir, el llamado crowdfunding), el Tribunal analiza si existen casos de fraccionamiento u otras malas prácticas. El problema es que hasta ahora el Tribunal de Cuentas solo ha analizado la fiscalización de los partidos hasta el año 2015.


Guerra interna
El caso de los despedidos abre, además, otra guerra interna. “Calvente estuvo al lado de Pablo e Irene durante todos estos años. Es una persona de confianza de Gloria Elizo y no sorprende que todo haya estallado cuando ella ha obtenido un cargo en la Mesa del Congreso”, señala un miembro de Podemos.

La clave para todas las fuentes consultadas es la gestora de fondos de Podemos. Aunque Calvente se encargaba de los asuntos legales y su otra compañera trabajaba en tema de protección de datos, "pueden tener información privilegiada del despacho de finanzas", repiten en Podemos.

 
El abogado de Podemosexpulsado por el partido tras investigar irregularidades asegura en declaraciones exclusivas a EL MUNDO que la operación contra él se debe a que "el partido quiere tapar su corrupción". José Manuel Calvente sostiene que ha venido llevando a cabo una investigación, entre otros, contra el tesorero de la formación morada que aflora, a su juicio, un sinfín de ilegalidades. Entre otras, el pago de "sobresueldos en negro" a altos dirigentes del partido.


"Hemos detectado irregularidades en la protección de datos, han robado un disco duro para averiguar qué sabe del partido, lo cual puede ser un delito de revelación de secretos; querían ceder datos personales a una empresa externa para que se produjera una votación; querían compartir datos ilegalmente con otros partidos; han cedido datos personales a Facebook para la campaña electoral. Todo esto lo tengo denunciado ante la Agencia de Protección de Datos", señala. "Denuncié a la Agencia que estaba sometido a una injerencia en mi trabajo". "Además sospecho que han robado datos de Podemos para pasárselo a Más País", añade.

"En el bloque laboral", prosigue Calvente, "se están produciendo despidos sin cumplir la ley como ha sido el caso de la escolta de Irene Montero y más personas que no son relevantes mediáticamente para intentar encubrir un ERE". "Asimismo, han utilizado empleados del Congreso para tareas del partido durante la campaña electoral".

En la parcela financiera hemos detectado "sobresueldos, unos 900 euros al mes (600 en nómina y el resto en negro) del tesorero y de la gerente del partido". "A su vez hay pagos sin presupuesto aprobado, y han bloqueado el portal de transparencia y la gota que colmó el vaso fue investigar el tema de la escolta".

En cuanto a la reciente acusación de acoso sexual del partido contra él para justificar su despido, Calvente lo niega y sostiene que "Podemos tiene un sistema interno para dirimir las cuestiones labores y en este comité no ha llegado ninguna denuncia contra mí". "Nadie me ha dicho que tengo una denuncia de una compañera de trabajo. Mis testigos lo van a tumbar todo, se han vuelto locos y están desquiciados. Irene Montero está histérica porque se está jugando su ministerio".


"La supuesta autora de las falsas acusaciones contra mí es Marta Flor, que tuvo que ser apartada del equipo legal de Podemos por parte de Gloria Elizo por diversas irregularidades que ponían en riesgo el trabajo del grupo. Por razones que no se entienden fue protegida por la gerente y por Alberto Rodríguez". "Son una mafia, llevan a cabo actuaciones mafiosas", apostilla. "El último paso que están dando es fabricar pruebas falsas".


 

Pedro Fráudez no quiere al marqués, quiere gobernar solo o como mucho, con los bilduetarras y los nazionalistas. El día del pacto ya le estaba preparando la jugarreta al de la koleta. Las cloacas lo saben todo de todos. Solo hay que pasarle la información a algún medio en el momento oportuno.
El marqués, que se cree muy listo, ha pecado de pardillo con Fráudez y no le ha dado tiempo a destruir los discos duros.
Ay, marqués, tus ansias de poder te han cegado. ¿No te diste cuenta durante las sesiones de investidura de la legislatura anterior que éste no te quiere ver ni en pintura? ¿Que el abrazo fue un puñalada por la espalda y te la iba a jugar? Y te la ha jugado porque tú y tu partido también sois corruptos.
Ahora, a tragar de la medicina que le has dado a otros y a llorar por haber sido tan parvenue y haberte fiado del gran traidor.
 
El lodazal de Podemos: un cóctel de intrigas, clanes, despidos, acoso y corrupción

El letrado despedido afirma que en octubre denunció a sus superiores a la Agencia de Protección de Datos. Las denuncias cruzadas enfangan Podemos en el momento más crítico

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La guerra en Podemos ha bajado al fango. Dos de las personas clave para controlar internamente el funcionamiento del partido han reventado la paz en el peor momento para Iglesias. La responsable de Cumplimiento Normativo, Mónica Carmona, y el abogado del partido y responsable de Protección de Datos, José Manuel Calvente, han lanzado graves acusaciones sobre Podemos. Han denunciado que estaban investigando sueldos por encima de los estatutos, manipulación de primarias, adjudicaciones a dedo a afines, como la reforma de la sede de Podemos, y que por eso fueron despedidos. El partido asegura que todo responde a una venganza porque Calvente ha sido despedido por acoso sexual a una extrabajadora.

Calvente no es cualquiera en Podemos. Aunque no haya estado en primera línea política, sí lleva desde el inicio en la cocina del partido. Coordinador del equipo legal desde junio de 2014, cuando se profesionalizó el partido después de sacar cinco escaños en las europeas, Calvente ha defendido al partido en causas penales. Ha sido incluso el abogado de Iglesias en sus pleitos. "Si alguien sabe de estas cosas es él, siempre ha estado en la pomada", resume una fuente que conoce Podemos desde el principio.

Calvente es una persona de confianza de Gloria Elizo. La vicepresidenta tercera del Congreso, abogada de formación, ha ido perdiendo poder orgánico últimamente. Su pareja, anterior gerente, está ahora destinado en el grupo parlamentario en Bruselas. La entrada de Alberto Rodríguez como secretario de Organización fue desplazando a Elizo y su equipo. Significativamente, la carta de Carmona al Consejo Estatal de Podemos llegó un día después de que Elizo fuese nombrada vicepresidenta del Congreso a propuesta de Podemos. Allí ya es inamovible.

Elizo y Calvente han llevado el equipo jurídico que, por ejemplo, está de acusación en el caso Villarejo. Es en ese grupo donde se gesta esta crisis interna. Según Calvente, una de las abogadas fue apartada por Elizo por perjudicar la causa. Ahí, las versiones ya difieren radicalmente. Calvente afirma que en primavera puso una querella a esta trabajadora por injurias cuando esta empezó a decir que él la había apartado y acosado y está pendiente de una conciliación. El partido lo despidió el pasado lunes por burofax. Lo hizo con una carta de 19 páginas en la que incluye mensajes de él a ella y que justificarían un despido disciplinario por acoso sexual y laboral. Ni Elizo ni la abogada que lo denunció han querido hablar para este diario.

Calvente y Carmona insisten en que en realidad lo que pretende el partido es tapar sus investigaciones de irregularidades. Aunque sin mostrar documentación alguna, afirman que tenían expedientes abiertos que afectan a varias áreas del partido. Contrataciones a dedo a empresas próximas a cargos de Podemos incumpliendo la ley de contratos públicos, sueldos por encima de lo que marcan los estatutos. Por teléfono, Calvente explica que uno de los casos que tenía bajo la lupa es la reforma de la sede de Podemos, adjudicada el 3 de junio, un día antes de que Rodríguez sustituyera a Pablo Echenique. La reforma salió a licitación por 649.936 euros pero fue adjudicada por el doble, 1,36 millones.

Carmona está esperando su despido. Aunque Podemos no la acusa de acoso, los considera un tándem. El caso acabará en los tribunales. Ella ha defendido a Calvente: "No pensé que llegarían tan lejos". En su carta a la cúpula de Podemos, afirma: "El motivo del cese de don José Manuel Calvente ha sido un despido disciplinario por hechos inventados y rotundamente falsos". Sin ellos, dos de las tres patas de control interno de Podemos quedarán vacantes. Solo el financiero, Dennis McGuire, sigue en el cargo.

Calvente afirma que el pasado mes de octubre denunció ante la Agencia de Protección de Datos a Rodríguez y a Rocío Val, nombrada gerente a principios de año y que sustituyó al marido de Elizo. El tándem de controladores afirma que Calvente nunca pudo defenderse ante el comité de salud laboral, como marca la norma de Podemos, y que este órgano ha sido convocado para la semana que viene, después del despido.

El caso se ha convertido en un partido de graves acusaciones cruzadas. El ventilador funciona a toda máquina. El partido cree haber desactivado las acusaciones al conocerse el caso de acoso. Pero los precedentes señalan que hay versiones que parecen contradictorias pero acaban siendo compatibles. Luis Bárcenas tenía dinero en Suiza y a la vez lo que contó de la caja B del PP era cierto.

Podemos no entra a desmentir una por una las irregularidades que denuncian Carmona y Calvente, pero señala que todo está en orden y que Calvente miente y estudia acciones legales contra él. Pero en el partido hay inquietud. Historias sobre anomalías en Podemos han circulado muchas, pero hasta ahora no habían salido de la boca de alguien de la fontanería más profunda. Podemos ha sido acusado en el pasado por informes policiales sin base, pero ahora no puede decir que esto sean las cloacas del Estado. Si acaso, las cloacas de Podemos.


 
Podemos manejó el censo sin control y eludió la auditoría externa en consultas clave

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Los abogados de Podemos despedidos por investigar graves irregularidades internas han puesto bajo sospecha la financiación del partido y han alertado sobre el pago de sobresueldos en B. Desde hace casi dos años, Podemos oculta con celo los ingresos y gastos que ante exponía en su portal de transparencia, cerrado ahora a cal y canto. Esas posibles ilegalidades se completan con un ERE encubierto de trabajadores afines a sectores críticos como el errejonismo, más de 50, que fueron despedidos «con muy malas formas» y utilizando las indemnizaciones más bajas fijadas por la reforma laboral que, en teoría, combate el partido.

En segundo lugar, los últimos purgados señalan la posibilidad de que se haya traficado con los datos de los inscritos e incluso de que se hayan producido pucherazos en sus votaciones internas. No en vano, los despedidos, José Manuel Calvente Redondo y Mónica Carmona Segura, eran el delegado de Protección de Datos y la Responsable de Cumplimiento Normativo del partido, respectivamente.

En una carta enviada a la dirección de Podemos este martes, Carmona advertía a la cúpula del partido de su posible responsabilidad en «infracciones graves» y hasta en posibles delitos. «Estamos hablando de irregularidades financieras, en materia laboral y de limpieza en la realización de las consultas y primarias del partido que de confirmarse pondrían en cuestión los elementos centrales de nuestra legitimidad como organización», avisaba.

Podemos lleva 20 meses ocultando gastos e ingresos en su portal de transparencia

«El despido disciplinario del delegado de Protección de Datos y la propuesta de mi cese como responsable de Cumplimiento Normativo es un grave acto de represalia y posibles coacciones porque estábamos investigando graves irregularidades de Podemos en materia de protección de datos y de cumplimiento normativo penal, en los que se verían envueltos varios cargos internos y que conllevaría graves perjuicios para el partido», señala la abogada despedida, que alertaba de «irregularidades muy graves que podrían comprometer seriamente al partido como entidad jurídica desde un punto de vista penal, administrativo y reputacional».

Una de las señas de identidad de Podemos bajo sospecha por esas prácticas es la participación interna en las decisiones del partido a través de consultas a los inscritos. Desde que tomó las riendas de la Organización Pablo Echenique, muchas han sido las denuncias sobre irregularidades en esas consultas. El motivo es que las empresas informáticas que trabajaban para esas votaciones online nunca han tenido acceso al censo del partido, que es quien se encargaba de autentificar las identidades de los inscritos para votar. Desde Agora Voting, la empresa que más ha trabajado con ellos y la que le ha suministrado un software para hacer las votaciones también sin su control, así lo aseguran.

«Hemos trabajado en múltiples votaciones online de Podemos y, salvo en la primera, nunca hemos gestionado el censo porque había una separación de responsabilidades como medida de seguridad. El partido se encargaba de la autenticación [verificación de la identidad] y autorización [censo], mientras nosotros nos encargábamos de la recogida del voto y su contabilización», explican fuentes de la empresa. De esta manera, la auditora externa hacía la función de un interventor en una votación tradicional. Al dividir el control del proceso entre dos autoridades, la cúpula de Podemos y la empresa externa, se dificulta que se produzca una colaboración entre los distintos actores para corromper el procedimiento.

En cualquier caso, aunque la empresa participara en algunas las consultas, Podemos siempre ha manejado su censo sin control externo. Y la mayoría de las irregularidades denunciadas en las consultas tienen que ver precisamente con posibles manipulaciones del censo que permitirían votos irregulares.

Por otro lado, Agora Voting, que no trabaja con Podemos desde marzo de este año, ha sido excluida en consultas clave como la que debía decidir sobre la continuidad de Pablo Iglesias e Irene Montero al frente del partido tras la compra de su chalet en Galapagar o la que avaló que Podem Catalunya concurriera a las elecciones catalanas de 2017 coalición con Catalunya en Comú, el partido de Ada Colau.

Esas votaciones se hicieron sin ninguna autoridad externa al partido, sólo con el software contratado por Podemos. La consulta sobre el chalet obtuvo una participación récord y el respaldo de 128.300 inscritos, un 26,3% del total de los 487.772 militantes con los que contaba. La votación sobre la unión con el partido de Colau también tuvo la participación del 70% de inscritos activos del partido.

La Comisión de Garantías gallega pidió una auditoría de las votaciones. Bescansa se unió a esta petición, pero Iglesias la rechazó y Gómez-Reino optó por liquidar este órgano. La fundadora de Podemos criticó entonces la arbitrariedad del partido. «Quo vadis Podemos?» («¿Adónde vas, Podemos?»), se preguntó. La ex dirigente y fundadora de Podemos ha sido una de las más críticas con la deriva del partido y antes de su marcha advirtió de la «crisis en racimo» que vivía el partido en todo el territorio nacional.

Un año antes, en diciembre de 2018, la dirección de En Marea paralizó la votación de sus primarias por la sospecha de irregularidades. De la mano de su representante legal ante la Agencia Española de Protección de Datos, Gonzalo Rodríguez, la marca gallega de Podemos detuvo las votaciones de las primarias al Consello das Mareas por una presunta «intrusión» en el censo del partido cometida, supuestamente, por parte del Comité Electoral, controlado por el sector crítico.

Si hasta Vistalegre 2 Podemos hacía las votaciones auditadas Agora Voting, desde febrero de 2017 la formación ha venido prescindiendo de esta auditoría y son los propios trabajadores a sueldo de la cúpula quienes controlan los procesos participativos y velan por la limpieza de los resultados. Esa circunstancia ha abierto la puerta a la posibilidad de que en las primarias fueran favorecidos los candidatos oficialistas frente a los críticos; unas sospechas que emergieron con fuerza en Navarra, donde el pablista Eduardo Santos ganó por un puñado de votos a la ex secretaria general autonómica, Laura Pérez, que fue después expulsada; y en Galicia, donde Carolina Bescansa perdió por la mínima frente al candidato apoyado explícitamente por Pablo Iglesais, Antón Gómez-Reino, en enero de este año.

Las votaciones se abrieron con «normalidad pero dos horas más tarde fueron congeladas por parte de la empresa encargada del sistema (Agora Voting) a instancias de la solicitud del representante legal ante la Agencia Española de Protección de Datos, Gonzalo Rodríguez (miembro de la dirección), que alegaba la existencia de una «intrusión no autorizada» por parte de un miembro del Comité Electoral.

 
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