LA JUSTICIA EN CAÍDA LIBRE... ¿O SON LOS JUECES Y FISCALES?

[Luchy92]

Bueno bueno…la juez De Lara no es precisamente ejemplo de nada, @IDOLO

Coincide el archivo del Garañón con el aniversario del inicio de la sanción que la apartó de Lugo. La jueza va sumando censuras y controversias mientras los imputados en sus grandes causas siguen en el limbo judicial, siete u ocho años después.


Dice Woody Allen que comedia es igual a tragedia más tiempo. Para decantar la ecuación de la jueza Pilar de Lara es evidente que tragedia es lo que llevan encima los imputados en sus causas y tiempo lo que suman en el purgatorio judicial. La comedia, si quieren, la puso la magistrada en el confinamiento con los conciertos de su Dúo Estático y también puede encontrarse algo de surrealismo retorcido en el reguero de cifras que dejó tras su paso de 13 años por el Juzgado de Instrucción 1 de Lugo: nueve macrocausas, 90 piezas, más de 250 personas siguen imputadas, cientos de tomos y cientos de miles de folios. ¿Quién podría pensar que eso iba a acabar mal? La propia Audiencia de Lugo habla en el auto del Garañón conocido el miércoles de "elefantiasis" judicial, regalando una rica imagen al periodismo. Ella, mientras, hizo balance ya en su nuevo destino en Ponferrada tras los 7 meses de sanción diciendo que tuvo “sus errores y sus aciertos, como todos los jueces”. Es una forma de verlo.

Golpes y retrasos​

En los tres últimos años quizás las personas que hayan sufrido más reveses en España son Bartomeu, Rajoy y De Lara. A los tres los echaron de sus puestos y ahora siguen recibiendo golpes por su vieja gestión. Esta misma semana a uno se le acusó de la ruina del Barça, a otro lo amenaza Bárcenas y a la magistrada se le cayó otro viejo caso entre duras críticas de la propia Audiencia. Atendiendo al historial puede que no sean los últimos baches que les quedan.
En el caso de De Lara el resto de sus grandes causas siguen abiertas tras su marcha. La Carioca se ha ido desinflando en el camino de una complejísima instrucción -la más grande en la historia de España contra la prostit*ción- que al menos sí ve la luz tras once años. En una situación más difusa se encuentra la Pokémon y sus derivadas -como Pikachu y Manga-, la Pulpo, Cebra, Cóndor... de todas estas, solo la pieza por las obras de la CHMS mira al juicio. Muchos de todos estos imputados están en un limbo que costó carreras políticas, heridas laborales y personales... y ahora, seis, siete, ocho, nueve años después del inicio todavía no saben si les va acusar el fiscal. De ese purgatorio han salido esta semana, a medias, Orozco y Besteiro. El primero acumula seis archivos, al segundo todavía le quedan seis imputaciones por la Pulpo y ambos resumen el "modelo De Lara": investigaciones impulsadas con anónimos o construidas sobre la marcha alteran la vida pública -dimitieron en 2016, igual que Paco Rodríguez, Fernando Blanco, Fernando Varela...- por causas llenas de generalidades y eternas -el Garañón se inició en 2009-. Ahora, tras casi seis años imputados, archivo. Y todo se desvanece, menos el daño causado.

Archivos, reproches y sanción: ocho años de severos patinazos​

· Detención irregular (2013) La Audiencia de Lugo puso en libertad al expresidente de la CHMS Fernández Liñares al considerar "nula de pleno derecho" la prórroga de su arresto en la Pokemon. La jueza había estado más de 72 horas sin tomarle declaración.
· La voz de Rey Varela (2014) Imputado en la Pokemon, la defensa advirtió que le habían confundido la voz en el pinchazo teléfonico. La jueza no atendió, al final intercedió la Policía Nacional y dio la razón al exconselleiro.
· Paula Prado (2015) También en la Pokémon, el TSXG cierra el caso contra la exportavoz del PP.
· Desimputación de Paco Rodríguez y Marnotes (2016) En piezas separadas de la Pokemon, juzgados de Carballiño y Ourense archivan sendos procesos contra los exalcaldes. Ocho años después de su inicio, ambos siguen imputados en la pieza de Vendex.
· Críticas de la Fiscalía de Lugo (2017) En un durísimo informe sobre la Pulpo, expone los métodos prospectivos - prohibidos, al basarse en investigar para buscar indicios- de De Lara, que fue ampliando lo que era un caso de acoso laboral y gastos de una excursión hasta llegar a contrataciones de la época de Cacharro.
· Las botellas de vino (2017)La jueza pide investigar a los destinatorios de estos regalos de Monbús. Aforados como Prado, el caso pasó al TSXG -Feijóo y Rueda- y Supremo -Blanco y Barreiro-. No se aprecia ningún delito y se archiva.
· Recorte a a la Cóndor(2018) Como reveló ABC, la Audiencia de Lugo anuló diligencias de De Lara al ver métodos prospectivos.
· F. Blanco (2018) La Audiencia de Lugo archiva la investigación contra el exconselleiro en una pieza de la Campeón -que asumió De Lara-. Pasó 7 años imputado.
· Rechazo de la A.Nacional (2018) No acepta la pieza de Aquagest, separata de la Pokemon. En el auto reprocha a la jueza “lo tardío de la inhibición” o que “no se determinan los perjuicios causados".
· Rechazos en Asturias (2018) Un juzgado de Avilés rechaza la pieza asturiana de la Pokemon, que luego rebota también en Oviedo. Críticas a los "retrasos indebidos" ante hechos de 2013.
· Otro rebote en la Audiencia Nacional (2019)Vuelve a rechazar otra pieza de De Lara, en este caso una pieza de Vendex, con argumentos similares a enero del 18.
· Llega la sanción (2019) El Poder Judicial razona en marzo la suspensión de siete meses a De Lara por "desidia", "descontrol" e "inhibición absoluta". Ven “afectación a derechos fundamentales de quienes fueron parte de los procedimientos y que sufrieron las consecuencias de esa conducta”. El 30 de enero del 2020 dejará Lugo.
· Archivo en Santiago (2020) Carpetazo a otra separata de la Pokemon. Ven “absolutamente genérica” el objeto del procedimiento y las imputaciones. Críticas a la indefensión de los investigados, que eran Conde Roa y parte de su equipo -ocho años imputados-.
· Otro carpetazo (2020) Archivada la pieza de la Pokemon sobre financiación del PSOE de Santiago. Reproches a la jueza por mantener 5 años paralizada la instrucción.
· La Pokemon, a trozos (2020): La Audiencia revoca a De Lara y reparte la trama en 32 causas, como pidió la Fiscalía e impidió la jueza días antes de cesar.
· Los anónimos (2020) Después de que De Lara iniciase o impulsase investigaciones en base a anónimos, fue muy relevante cómo dentro de la Pulpo el juez que ocupó su plaza en Lugo, Joaquín Brage, propusiese así el archivo de las investigaciones a dos asesoras de Orozco y Besteiro, iniciadas por anónimos: “Las denuncias anónimas no deben ser atendidas por las autoridades y menos dar lugar a actuación alguna respecto del denunciado sin previa comprobación de hechos”.
· Solo sospechas (2021): El archivo del Garañón es el último revés la jueza. La Audiencia de Lugo es muy tajante en el auto de cierre: “Niguna imputación puede basarse en sospechas tan vana. (...) El caso se ha construido sobre meras sospechas que no alcanzan el carácter de indicio.’”

De Lara: tragedia más tiempo

Coincide el archivo del Garañón con el aniversario del inicio de la sanción que la apartó de Lugo. La jueza va sumando censuras y controversias mientras los imputados en sus grandes causas siguen en el limbo judicial, siete u ocho años después.

www.atlantico.net

 

[IDOLO]

Bueno bueno…la juez De Lara no es precisamente ejemplo de nada, @IDOLO

Coincide el archivo del Garañón con el aniversario del inicio de la sanción que la apartó de Lugo. La jueza va sumando censuras y controversias mientras los imputados en sus grandes causas siguen en el limbo judicial, siete u ocho años después.


Dice Woody Allen que comedia es igual a tragedia más tiempo. Para decantar la ecuación de la jueza Pilar de Lara es evidente que tragedia es lo que llevan encima los imputados en sus causas y tiempo lo que suman en el purgatorio judicial. La comedia, si quieren, la puso la magistrada en el confinamiento con los conciertos de su Dúo Estático y también puede encontrarse algo de surrealismo retorcido en el reguero de cifras que dejó tras su paso de 13 años por el Juzgado de Instrucción 1 de Lugo: nueve macrocausas, 90 piezas, más de 250 personas siguen imputadas, cientos de tomos y cientos de miles de folios. ¿Quién podría pensar que eso iba a acabar mal? La propia Audiencia de Lugo habla en el auto del Garañón conocido el miércoles de "elefantiasis" judicial, regalando una rica imagen al periodismo. Ella, mientras, hizo balance ya en su nuevo destino en Ponferrada tras los 7 meses de sanción diciendo que tuvo “sus errores y sus aciertos, como todos los jueces”. Es una forma de verlo.

Golpes y retrasos​

En los tres últimos años quizás las personas que hayan sufrido más reveses en España son Bartomeu, Rajoy y De Lara. A los tres los echaron de sus puestos y ahora siguen recibiendo golpes por su vieja gestión. Esta misma semana a uno se le acusó de la ruina del Barça, a otro lo amenaza Bárcenas y a la magistrada se le cayó otro viejo caso entre duras críticas de la propia Audiencia. Atendiendo al historial puede que no sean los últimos baches que les quedan.
En el caso de De Lara el resto de sus grandes causas siguen abiertas tras su marcha. La Carioca se ha ido desinflando en el camino de una complejísima instrucción -la más grande en la historia de España contra la prostit*ción- que al menos sí ve la luz tras once años. En una situación más difusa se encuentra la Pokémon y sus derivadas -como Pikachu y Manga-, la Pulpo, Cebra, Cóndor... de todas estas, solo la pieza por las obras de la CHMS mira al juicio. Muchos de todos estos imputados están en un limbo que costó carreras políticas, heridas laborales y personales... y ahora, seis, siete, ocho, nueve años después del inicio todavía no saben si les va acusar el fiscal. De ese purgatorio han salido esta semana, a medias, Orozco y Besteiro. El primero acumula seis archivos, al segundo todavía le quedan seis imputaciones por la Pulpo y ambos resumen el "modelo De Lara": investigaciones impulsadas con anónimos o construidas sobre la marcha alteran la vida pública -dimitieron en 2016, igual que Paco Rodríguez, Fernando Blanco, Fernando Varela...- por causas llenas de generalidades y eternas -el Garañón se inició en 2009-. Ahora, tras casi seis años imputados, archivo. Y todo se desvanece, menos el daño causado.

Archivos, reproches y sanción: ocho años de severos patinazos​

· Detención irregular (2013) La Audiencia de Lugo puso en libertad al expresidente de la CHMS Fernández Liñares al considerar "nula de pleno derecho" la prórroga de su arresto en la Pokemon. La jueza había estado más de 72 horas sin tomarle declaración.
· La voz de Rey Varela (2014) Imputado en la Pokemon, la defensa advirtió que le habían confundido la voz en el pinchazo teléfonico. La jueza no atendió, al final intercedió la Policía Nacional y dio la razón al exconselleiro.
· Paula Prado (2015) También en la Pokémon, el TSXG cierra el caso contra la exportavoz del PP.
· Desimputación de Paco Rodríguez y Marnotes (2016) En piezas separadas de la Pokemon, juzgados de Carballiño y Ourense archivan sendos procesos contra los exalcaldes. Ocho años después de su inicio, ambos siguen imputados en la pieza de Vendex.
· Críticas de la Fiscalía de Lugo (2017) En un durísimo informe sobre la Pulpo, expone los métodos prospectivos - prohibidos, al basarse en investigar para buscar indicios- de De Lara, que fue ampliando lo que era un caso de acoso laboral y gastos de una excursión hasta llegar a contrataciones de la época de Cacharro.
· Las botellas de vino (2017)La jueza pide investigar a los destinatorios de estos regalos de Monbús. Aforados como Prado, el caso pasó al TSXG -Feijóo y Rueda- y Supremo -Blanco y Barreiro-. No se aprecia ningún delito y se archiva.
· Recorte a a la Cóndor(2018) Como reveló ABC, la Audiencia de Lugo anuló diligencias de De Lara al ver métodos prospectivos.
· F. Blanco (2018) La Audiencia de Lugo archiva la investigación contra el exconselleiro en una pieza de la Campeón -que asumió De Lara-. Pasó 7 años imputado.
· Rechazo de la A.Nacional (2018) No acepta la pieza de Aquagest, separata de la Pokemon. En el auto reprocha a la jueza “lo tardío de la inhibición” o que “no se determinan los perjuicios causados".
· Rechazos en Asturias (2018) Un juzgado de Avilés rechaza la pieza asturiana de la Pokemon, que luego rebota también en Oviedo. Críticas a los "retrasos indebidos" ante hechos de 2013.
· Otro rebote en la Audiencia Nacional (2019)Vuelve a rechazar otra pieza de De Lara, en este caso una pieza de Vendex, con argumentos similares a enero del 18.
· Llega la sanción (2019) El Poder Judicial razona en marzo la suspensión de siete meses a De Lara por "desidia", "descontrol" e "inhibición absoluta". Ven “afectación a derechos fundamentales de quienes fueron parte de los procedimientos y que sufrieron las consecuencias de esa conducta”. El 30 de enero del 2020 dejará Lugo.
· Archivo en Santiago (2020) Carpetazo a otra separata de la Pokemon. Ven “absolutamente genérica” el objeto del procedimiento y las imputaciones. Críticas a la indefensión de los investigados, que eran Conde Roa y parte de su equipo -ocho años imputados-.
· Otro carpetazo (2020) Archivada la pieza de la Pokemon sobre financiación del PSOE de Santiago. Reproches a la jueza por mantener 5 años paralizada la instrucción.
· La Pokemon, a trozos (2020): La Audiencia revoca a De Lara y reparte la trama en 32 causas, como pidió la Fiscalía e impidió la jueza días antes de cesar.
· Los anónimos (2020) Después de que De Lara iniciase o impulsase investigaciones en base a anónimos, fue muy relevante cómo dentro de la Pulpo el juez que ocupó su plaza en Lugo, Joaquín Brage, propusiese así el archivo de las investigaciones a dos asesoras de Orozco y Besteiro, iniciadas por anónimos: “Las denuncias anónimas no deben ser atendidas por las autoridades y menos dar lugar a actuación alguna respecto del denunciado sin previa comprobación de hechos”.
· Solo sospechas (2021): El archivo del Garañón es el último revés la jueza. La Audiencia de Lugo es muy tajante en el auto de cierre: “Niguna imputación puede basarse en sospechas tan vana. (...) El caso se ha construido sobre meras sospechas que no alcanzan el carácter de indicio.’”

De Lara: tragedia más tiempo

Coincide el archivo del Garañón con el aniversario del inicio de la sanción que la apartó de Lugo. La jueza va sumando censuras y controversias mientras los imputados en sus grandes causas siguen en el limbo judicial, siete u ocho años después.

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Hay jueces independientes en éste país, pero otra parte no defiende la justicia, sino intereses privados a veces inconfesables.

El otro día vi en el canal autonómico de la ETB la peli "El caso Sloane" Si eso ocurre aquí con nuestros senadores, en vez de llevarle a tribunales se les concede un premio, siempre que sean de partidos de la derecha por supuesto.

 

[IDOLO]

El TSJ de Madrid corrige a una jueza que negó una pensión a una limpiadora porque su trabajo era "vaciar papeleras"​

En su sentencia, ya revocada, la titular del Juzgado de lo Social 39 de Madrid minusvalora el esfuerzo físico que requiere la limpieza en oficinas y reduce el trabajo a "funciones de carácter liviano", como "el desempolvado".​

Una limpiadora del Museo Guggenheim (Archivo) — H. Bilbo / EUROPA PRESS

MADRID
31/03/2022 23:48 ACTUALIZADO: 01/04/2022 07:43
ANA MARÍA PASCUAL@ANMARIAPASCUAL

Cuando una jueza de lo Social dictamina que la profesión de limpiadora consiste en "funciones de carácter liviano" refleja hasta qué punto parte de la judicatura está alejada de la realidad social. El caso de una mujer que desde junio de 2019 reclamaba una incapacidad permanente por las lesiones lumbares que padece y que la impiden ejercer su profesión de limpiadora ilustra las trabas que existen para el colectivo, no sólo para percibir el desempleo, en el caso de las empleadas del hogar, sino también para que se reconozcan sus lesiones incapacitantes.

La mujer tenía 57 años cuando recurrió al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reclamando una incapacidad permanente porque no podía seguir trabajando en la limpieza de oficinas en Madrid debido a sus problemas médicos. Su cuadro clínico refleja discopatía lumbar con protusiones discales, pérdida de sensibilidad en las extremidades y una gastrectomía parcial [extirpación de parte del estómago] que "la limita para esfuerzos intensos, carga de objetos pesados, sobrecargas posturales de columna lumbar y permanencias de bipedestación o deambulación prolongadas", como consta en la sentencia del TSJ de Madrid, a la que ha tenido acceso Público.



El INSS rechazó su pretensión debido a que sus lesiones no "alcanzan un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral para ser constitutivas de la incapacidad permanente". La mujer recurrió a la Justicia, pero el Juzgado de lo Social 39 de Madrid, en octubre de 2019, dio la razón a la Seguridad Social.


Lo más llamativo de la resolución de la jueza María Luz Rico, a la que ha podido acceder este diario, es su consideración de la profesión de limpiadora. Dice que la tarea de la profesión habitual de limpiadora "se lleva a efecto mediante utilización de carros de limpieza, siendo las funciones principales de carácter liviano, la del desempolvado y vaciado de papeleras".

Precisamente esta aseveración simplista fue usada como estrategia por la defensa de la mujer en su recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. "Nos acogimos a la Guía de Valoración Profesional del INSS, que dice que la profesión de limpiadora tiene un grado 3 sobre 4 en exigencia física. No es precisamente un trabajo liviano", explica Jorge Campmany, director del bufete Campmany Abogados, que se encargó del caso.
Las magistradas del TSJ de Madrid entendieron que la sentencia recurrida había hecho una interpretación errónea del trabajo físico que acarrea limpiar oficinas a diario. "La característica de las tareas (...) de limpieza en edificios y oficinas es su carga física, requiriendo esfuerzos importantes, así como de bipedestación, deambulación, flexoextensiones reiteradas y sobrecargas posturales de columna vertebral, etc., todas ellas contraindicadas con el estado de salud de la actora".


Ahondan las magistradas en su sentencia del 21 de febrero pasado en que las tareas específicas en la limpieza de oficinas son: "barrer, limpiar, lavar y encerar los suelos, recintos, muebles y objetos en el interior", regladas en la citada Guía de Valoración Profesional del INSS, sin mencionar el vaciado de papeleras al que la jueza María Luz Rico se había referido para minusvalorar el esfuerzo físico de esa profesión.

Así, el TSJ de Madrid recova la sentencia del Juzgado de lo Social 39 de Madrid y ordena que a la mujer se le conceda la invalidez permanente total para su profesión habitual de limpiadora, con derecho a percibir una prestación equivalente al 55% de su base reguladora de 452,90 euros. Con el complemento mínimo establecido, al tener ya 60 años, esta mujer percibirá una pensión de 675 euros al mes, según indica el despacho de abogados que la representa.

"Desgraciadamente este caso es más habitual de lo que pudiera parecer --dice Jorge Campmany --.Nuestra cliente ha tenido que estar más de dos años esperando a que se le dé una solución a su problema, cuando desde el principio reunía todos los requisitos para ser merecedora de la incapacidad permanente total".

El TSJ de Madrid corrige a una jueza que negó una pensión a una limpiadora porque su trabajo era "vaciar papeleras"

En su sentencia, ya revocada, la titular del Juzgado de lo Social 39 de Madrid minusvalora el esfuerzo físico que requiere la limpieza en oficinas y reduce el trabajo a "funciones de carácter liviano", como "el desempolvado".

www.publico.es

La Jueza debería renunciar a su puesto o mejor dicho la deberían echar de su puesto y ponerla a vaciar papeleras.

Es lo que tiene el sistema gremial de la justicia, que se tapan las miserias entre todos, y aunque hay jueces que lo hacen bien, por contra hay jueces que ponen a sistema judicial español en la picota de Europa.

Los jueces reclaman al Gobierno que frene el desprestigio de la justicia española ante Europa

La mayoritaria asociación de jueces junto a otras dos han solicitado hoy al Gobierno que impida que el Consejo de Europa apruebe un informe el próximo lunes que pone en

www.lavanguardia.com

 

[Indigo97]

Monedero: “No me extrañaría que hubiera también una ‘judicatura patriótica’”​

“Cada vez que el PP o Vox hacen algún gesto que quiere quitar relevancia a la homofobia o cuestionar al mundo LGTBI, están facilitando que después haya locos que cometan este tipo de fechorías”, advierte el politólogo, entrevistado por LUH.

Por
Javier Lezaola.

6 de julio de 2021 22:58

Juan Carlos Monedero
“A ver si alguien me explica a qué Dios le rezan los de Vox y los que les secundan cuando asesinan a alguien por su odio a los homosexuales. Piensa, José Luis Martínez-Almeida, que si hubieras colgado la bandera LGTBI en el Ayuntamiento [de Madrid], el asesinato de Samuel habría sido un poco más difícil”. Así se manifestaba Juan Carlos Monedero, politólogo y cofundador de Podemos, en su perfil de Twitter el pasado domingo, nada más conocerse la muerte, a patadas y al grito de “mari**n”, de un chaval de 24 años la noche anterior en las calles de la ciudad de A Coruña. Dirigentes de Vox anunciaban este lunes que el partido ultraderechista emprenderá “acciones legales” contra Monedero por vincularles con el “fallecimiento” del joven.

El politólogo y cofundador de Podemos ha hablado este martes con LUH sobre la ultraderecha, sus acciones, sus discursos y sus proximidades.

PREGUNTA– Tú escribiste “a ver si alguien me explica a qué Dios le rezan los de Vox y los que les secundan cuando asesinan a alguien por su odio a los homosexuales”, pero ellos han debido de entender que el “cuando asesinan” también va por ellos. Tú preguntaste que a qué Dios le rezan, no dijiste que hayan matado a nadie, ¿no?

RESPUESTA– Claro, es evidente; si quisiera decir “cuando los asesinos de Vox…”. Pero les da un poco lo mismo, porque yo llevo como 14 o 15 querellas de la extrema derecha, algo que forma parte de una estrategia para tenerte entretenido y asustado y que si coincide con un juez afín a la extrema derecha, te puede generar más inconvenientes. Forma parte de la estrategia de quien piensa que el Estado le pertenece y que por tanto la judicatura, igual que la policía, forma parte de ellos. Cuando no les funciona, montan una ‘policía patriótica’, así que no lo sabemos pero no me extrañaría que hubiera una ‘judicatura patriótica’; igual que el PP montó una ‘policía patriótica’ para intentar silenciar a policías decentes que estaban haciendo su trabajo, es posible que haya una ‘judicatura patriótica’ en la que el PP y Vox parecen confiar, entonces te ponen querella tras querella y resulta que en algunos casos, como en el de Isa Serra, funciona y la inhabilitan 19 meses. Además, te hacen perder dinero y tiempo, te distraen y su objetivo final es asustarte y que te calles y te vayas a tu casa. Porque verificamos que cuando la gente se va de Podemos, se le terminan los problemas…

P.– Sí, esa forma de funcionar es vieja.

R.– Claro. Cuando estás en estas peleas, eres consciente de que las élites siempre van a intentar acabar con quienes ponen en riesgo sus privilegios.

En Colombia les matan y aquí intentan matarnos civil y políticamente.

P.– Sobre el fondo del tema, ¿qué relación hay entre los discursos ultraderechistas –en este caso en su vertiente homófoba– y lo que ocurre después en las calles?

R.– En España, si queremos entender, podemos mirar nuestra propia historia. Cuando ETA estaba en activo, prácticamente toda la prensa de España señaló a Herri Batasuna pero también a medios de comunicación, diciendo que señalaban objetivos, y cerraron ‘Ardi Beltza’ y cerraron –que después lo condenó el Tribunal de Estrasburgo– ‘Egunkaria’. Ahí no había dudas y todos los medios –incluidos esos 80 periodistas que estaban en nómina de Telefónica, como denunció David Jiménez, exdirector de ‘El Mundo’, en su libro ‘El director’– estaban de acuerdo en que había un entorno de ETA que señalaba objetivos, justificaba los asesinatos y daba cobertura al funcionamiento de ETA. Yo lo que me pregunto es por qué no empezamos a pensar lo mismo con las agresiones machistas y con las agresiones homófobas, por qué no pensamos que hay grupos políticos y grupos mediáticos que están alimentando un ánimo social que hace más fácil que después venga algún loco y haga una barbaridad –cuidado, eh– con la ayuda de casi una decena más.

“El responsable de Comunicación de Vox ha dicho que por qué los gais celebran tanto el Día de San Valentín si lo suyo no es amor sino vicio”​

P.– Que se dice pronto.

R.– Sí, porque en el caso del asesinato de Samuel, el tipo obviamente era un homófobo –con esos gritos de “mari**n de mierda”–, pero es que entra en la discoteca y sale con una decena más de tipos, y –cuando están dándole patadas y puñetazos y gritándole “mari**n, mari**n”– ninguno de ellos tiene la sensibilidad de decir “oye, no lo hagas”. Entonces, yo creo que cada vez que el PP o Vox hacen algún gesto que quiere quitar relevancia a la homofobia o cuestionar al mundo LGTBI, están facilitando que después haya locos que cometan este tipo de fechorías. Yo no estoy diciendo que Vox directamente lo haga, pero creo que con su discurso ayuda a que haya gente que pueda pensar que es normal hacer ese tipo de cosas. El responsable de Comunicación de Vox ha dicho que por qué los gais celebran tanto el Día de San Valentín si lo suyo no es amor sino vicio. Si para Vox lo que hacen los gais es vicio, a lo peor una persona llena de orden y de moral en su cabeza ve a dos gais besándose y dice “esto es vicio y les voy a pegar una paliza”. Entonces, esa relación de causalidad es bastante evidente.

P.– ¿Por eso escribiste también que si Almeida hubiera colgado la bandera LGTBI en el Ayuntamiento, “el asesinato de Samuel habría sido un poco más difícil”?

R.– Claro. ¿Por qué nuestra exigencia de colgar la bandera LGTBI? Porque es una manera de reconocimiento de algo que todavía cuesta mucho y que todavía genera acoso escolar en las escuelas, señalamientos en los trabajos y muchos problemas, por lo que es una manera de decir “vamos a apoyar estos derechos civiles de la homosexualidad”. Entonces, cuando Almeida se niega a colgar la bandera LGTBI, en el fondo está haciendo lo mismo que Vox cuando no condena la declaración de 300 “municipios libres de ideología homosexual” en Polonia o que Orbán cuando toma decisiones contra los homosexuales en Hungría. Forma parte de la misma lógica donde el homosexual está bajo sospecha, y está bajo sospecha porque impugna el orden natural de las cosas de la derecha y de la extrema derecha.

P.– También existen sectores de presunta izquierda que empiezan a desplegar un discurso peligroso sobre esos temas, un discurso que es muy próximo al de Vox y al de esos socios europeos del partido ultraderechista y que está siendo alimentado por ciertas élites y por el propio Vox.

R.– Sí, los ‘rojipardos’…

P.– Efectivamente, los ‘rojipardos’. Hace unos días, el presidente de Vox, Santiago Abascal, subía a la tribuna del Congreso de los Diputados con un libro que…

R.– La derecha y la extrema derecha pueden captar a algunos sectores populares que se sienten arrojados a la intemperie por la globalización. El deterioro de los derechos laborales, el desempleo, la precariedad… todo disuelve los vínculos sociales. El propio vaciamiento de España por cuestiones económicas lleva a la gente a las ciudades, y en las ciudades la vida es dura; la vida en las grandes capitales no es la Gran Vía, porque doblas a la izquierda y está Valverde, llena de prostit*ción. Entonces, esa disolución de los vínculos pretende ser solventada por la derecha de una manera autoritaria, con una familia autoritaria, patriarcal; con una nación excluyente, con una idea de religión igualmente castigadora, punitiva; con una idea de la propiedad como sancionada por Dios –el que tiene es porque se lo ha ganado, y el que no tiene es porque es un improductivo, un vago o un parásito–… Y ese discurso de la extrema derecha, que es un discurso que oculta realmente el mantenimiento de los privilegios, a veces es comprado por gente que se siente de izquierdas y que sin darse cuenta se aproxima peligrosamente a esos postulados de la derecha y de la extrema derecha. Eso no significa que la izquierda no tenga que repensar su familia, su nación, su religión…, pero ya lo está haciendo el feminismo, y lo que habría que decirles a los ‘rojipardos’ es si no es mucho más emancipador acercarse a las posiciones de familia, de nación, de religión, de comunidad… de las feministas que acercarse a las de la extrema derecha, que al final van a generar necesariamente exclusión.

“Hay que tener cuidado con los discursos que intentan embellecer el pasado; cuidado con esa visión idílica que es más propia del ‘No-Do’ que de…”​

P.– E incluso odio…

R.– Es que hay que tener cuidado con los discursos que intentan embellecer el pasado. En los años sesenta, España era una basura y la gente tenía que irse a trabajar a Alemania o tenía que venirse a los alrededores de Madrid –que estaban llenos de chabolas–, y en los campos la gente se moría de hambre. Entonces, cuidado con esa visión idílica que es más propia del ‘No-Do’ que de…

P.– Y más si esa visión idílica viene acompañada por ejemplo de ciertas referencias a fascistas declarados como Ramiro Ledesma.

R.– A mí del libro de Ana Iris Simón lo que más me preocupa es el prólogo –que es de Pablo Und Destruktion–, que dice “este libro que tienen entre sus manos habla de estas cuestiones y lo hace con la claridad y firmeza de un infante o de una entidad natural: «familia, municipio y sindicato»”.

P.– Son las tres “entidades naturales” del Movimiento Nacional franquista: la familia, con su “cabeza de familia” –el padre–; el municipio y el sindicato, que por supuesto no era otro que la antiobrera Organización Sindical Española, más conocida como Sindicato Vertical…

R.– Claro, en el prólogo hay un tipo que reivindica directamente el franquismo. Yo creo que Ana Iris Simón no lo hace; Ana Iris Simón hace literatura, pero sí es verdad que ese tipo de afirmaciones permiten que Abascal vaya con su libro al Congreso de los Diputados, y por tanto creo que hay que ser cuidadosos, porque todo libro, aunque sea una novela, tiene detrás una tesis, y esa tesis puede alimentar cosas que, aunque no sea tu intención, al final las alimenta.

Monedero: “No me extrañaría que hubiera también una ‘judicatura patriótica’”

“Cada vez que el PP o Vox hacen algún gesto que quiere quitar relevancia a la homofobia o cuestionar al mundo LGTBI, están facilitando que después haya locos que cometan este tipo de fechorías”, advierte el politólogo, entrevistado por LUH.

luhnoticias.es

Hay que ser cortito no, lo siguiente.

Son todo partidos del sistema. Ni Vox, ni PP ni C's son fascistas ni PSOE, ni UP ni partidos independentistas son comunistas.

En fin, liberalconservadores y liberalprogresistas retroalimentándose entre entre ellos. Un circo esperpéntico.

Y mi ideología es socialista conservadora o lo que se diría «rojiparda». Ser crítico con el feminismo actual, la hipersexualización/cosificación, la manera líquida de relacionarse y el tema LGBT y la fuerte influencia del ultraindividualismo y el capitalismo sobre ello NO es machismo ni homofobia (y menos siendo bisexual con preferencia a las mujeres como soy y siempre he sido).

Es increíble que a la mínima que cuestionas el sistema se te ponga la etiqueta de «noséquéfobia». Es su puto comodín perfecto.

 

[IDOLO]

​

MARÍA SALMERÓN​

​

Justicia presentó camuflado el rechazo al indulto de María Salmerón para evitar así el debate en el Consejo de Ministros​

La negativa al indulto a esta madre la llevó a la reunión del Ejecutivo el equipo de Pilar Llop codificada en verde, que son los temas sobre los que hay consenso y no se debaten, y sin el nombre de Salmerón.​

Spoiler

María Salmerón durante una concentración ante el Congreso en protesta por la denegación de su indulto. — Marisa Kohan / PÚBLICO

MADRID
08/05/2022 22:07 ACTUALIZADO: 08/05/2022 22:24
MARISA KOHAN@KOHANM
"La denegación de mi indulto os la han colado en verde en el Consejo de Ministros y la aprobasteis dentro de un paquete con otras 74 negativas de indulto más, porque no sabíais que el mío iba entre ellos. Votaron algo que no sabían que estaban votando. ¿Cómo puede permitir eso un Estado de derecho? Que me lo expliquen, porque es una aberración". Con estas palabras espetó María Salmerón el pasado miércoles a un grupo de diputados y políticos de Unidas Podemos que se personaron en una concentración convocada frente al Congreso de los Diputados en apoyo de esta madre.
Las convocantes exigían una rectificación al Gobierno por haber denegado el indulto a esta madre, así como medidas de reparación para Salmerón, que lleva más de 20 años enredada en un galimatías judicial por incumplir algunas visitas de su hija con su padre entre 2012 y 2014.



El último capítulo de este maltrato institucional es su casi seguro ingreso en prisión para cumplir una pena de nueve meses a la que la condenó el Juzgado de lo Penal número 6 de Sevilla en 2019 y que se hará efectiva tras la negativa de indulto por parte del Ejecutivo. Salmerón tiene un requerimiento para personarse en el juzgado el próximo día 18 de mayo.

A lo que se refería Salmerón en su charla con los representantes políticos (entre los que se encontraban Enrique Santiago, Txema Guijarro, Isa Serra y Lilith Verstrynge, entre otros), es a la forma en la que el ministerio que dirige Pilar Llop presentó la denegación de su indulto al Consejo de Ministros el pasado 26 de abril.

Según ha podido saber Público, ministerio que dirige Pilar Llop lo incluyó entre los asuntos que se envían a esta reunión con lo que se denomina "codificación verde", es decir, temas sobre los que hay consenso y que no necesitan debate. Un dato cuanto menos curioso, puesto que el de Salmerón es un caso muy conocido, que ha atraído el interés de los medios de comunicación y de la opinión pública desde hace años y sobre el que la cúpula del Ministerio de Igualdad se había interesado especialmente, posicionándose a favor del indulto. Así lo manifestaron públicamente tanto la ministra Irene Montero, como la delegada del Gobierno contra la violencia de género (Victoria Rosell) y la secretaria de Estado de Igualdad (Ángela Rodríguez) en sus redes sociales y en distintos actos públicos a lo largo de los últimos meses.

Fuentes conocedoras del caso explicaron a Público que incluirlo de esa forma en el Consejo de Ministros es una práctica poco habitual cuando existen discrepancias en el seno del Gobierno o entre distintos ministerios, como es el caso.

• 
  María Salmerón: "La ministra de Justicia más parece de Vox y la de Igualdad llega tarde"
  JAIRO VARGAS MARTÍN

Justicia tampoco advirtió previamente de que el informe de su ministerio sobre el indulto de Salmerón era negativo y que se presentaría en el Consejo de Ministros del pasado 26 de abril. Diversos medios de comunicación, entre los que se cuenta Público, se han interesado a lo largo del último año y medio (desde que se presentó la petición de indulto para Salmerón en septiembre de 2020) sobre la evolución de este expediente, sobre el sentido de la decisión y sobre el momento en que éste se debatiría en el Consejo de Ministros, sin recibir respuestas. La petición de indulto había sido firmada por más de 300 asociaciones y por 500 personas a título individual.

Silencio del Gobierno​

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tampoco se hizo ninguna mención al indulto de Salmerón, como suele ser habitual en los casos en los que la decisión concita un alto interés público. Sin ir más lejos, la concesión del indulto parcial a Juana Rivas se anunció por la portavoz del Gobierno tras la reunión de los ministros.

Las reacciones a la denegación tardaron unas horas en llegar y sólo se produjeron al día siguiente del Consejo de Ministros, cuando los medios de comunicación se hicieron eco de la negativa del Gobierno a la medida de gracia. El primero de ellos fue El País.

• 
  Indignación en el Ministerio de Igualdad por el rechazo de Justicia a indultar a María Salmerón
  JAIRO VARGAS MARTÍN

Un día después de la reunión del Ejecutivo (el 27 pasado de abril), la indignación en el Ministerio de Igualdad se hizo evidente. Irene Montero escribió en su cuenta de Twitter: "Las condenas a María Salmerón no serían posibles hoy con la Ley de Infancia, que suspende las visitas con maltratadores y prohíbe el falso SAP".




El mismo día, la delegada del Gobierno contra la violencia de género tuiteo: "No dejo de pensar en María y Myriam [hija de María Salmerón]. Es un gran triunfo de la #ViolenciaDeGénero que un hombre que la maltrató desde la boda, fue condenado a prisión que no cumplió, y consiguió un régimen de visitas contra la voluntad de su hija, vea a su víctima en prisión por desobediencia". Y añadió que "las condenas por desobediencia -castigo institucional- a madres protectoras que incumplen las visitas con agresores son contrarias a la diligencia debida del Estado".




Por su parte, Ángela Rodríguez Pam, secretaria de Estado de Igualdad, afirmó el 27 de abril: "No compartimos la decisión de no indultar a María Salmerón. De haberse juzgado el caso con la ley de infancia aprobada, nada habría sucedido. Un padre maltratador no puede ser un buen padre. Que María entre en la cárcel es un fracaso de las instituciones".




Tanto fuentes del Ministerio de Igualdad como del de Justicia contactadas por Público declinaron manifestarse sobre este asunto, afirmando que no pueden comentar sobre las deliberaciones o no del Consejo de Ministros y se limitaron a las notas emitidas por los ministerios y a las manifestaciones públicas de sus responsables en los últimos días. Desde Justicia se limitaron a la información ya difundida por dicho ministerio y a las declaraciones de la ministra Llop sobre el asunto un día después de aprobarse la denegación de la medida de gracia a Salmerón. El resto del Ejecutivo ha guardado un absoluto silencio sobre este tema.

Tres indultos del Partido Popular​

El incumplimiento de algunas visitas de la niña con su padre han motivado una cascada de denuncias por parte de Antonio Ruiz Daza, expareja de Salmerón, que han acabado con condenas de prisión hacia la madre. Tres de ellas fueron anuladas por sendos indultos parciales mientras gobernaba el Partido Popular, con Rajoy como presidente del Gobierno. El último de ellos, concedido en 2016, fue anulado posteriormente por el Tribunal Supremo en marzo de 2018 por "falta de motivación", pero Salmerón no llegó a entrar en prisión porque la condena había ya prescrito.

El cuarto indulto, solicitado por más de 300 organizaciones y 500 personas a título individual, se presentó ante el Ministerio de Justicia en septiembre del 2020, donde permaneció parado durante más de un año sin ser llevado al Consejo de Ministros una vez completado el expediente. Según la normativa, cuando pasa más de un año desde que está completa la documentación, el indulto se considera denegado "por silencio administrativo". El pasado 26 de abril el Gobierno aprobaba su denegación.

Justicia presentó camuflado el rechazo al indulto de María Salmerón para evitar así el debate en el Consejo de Ministros

La negativa al indulto a esta madre la llevó a la reunión del Ejecutivo el equipo de Pilar Llop codificada en verde, que son los temas sobre los que hay consenso y no se debaten, y sin el nombre de Salmerón.

www.publico.es

 

[IDOLO]

Audiencia Nacional: absolviendo etarras empujada por el magistrado De Prada​

• Sería una hecatombe que un tribunal fuera manejado y empujado por uno de sus miembros, salvo que ese empuje trate de aplicar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos –TEDH–, una jurisprudencia que el magistrado de Prada conoce a la perfección​

Garbiñe Biurrun Mancisidor

El juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada.
22 de mayo de 2022 21:43h
Actualizado el 23/05/2022 05:30h
9
Así, como lo leen. Así parece que anda la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a tenor de lo publicado el pasado 14 de mayo por el diario ABC. ¡Qué desastre! ¡Qué ataque a la justicia, al derecho, a las siempre injustas víctimas de tan tremendos delitos y a la sociedad en general!

En serio lo digo porque, ciertamente, sería un desastre que fuera de este modo. Pero ocurre que las cosas no son exactamente así o, mejor dicho, no son en absoluto así. Afortunadamente no lo son, pues sería una hecatombe que un tribunal fuera manejado y empujado por uno de sus miembros, salvo que ese empuje trate de aplicar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos –TEDH–, una jurisprudencia que el magistrado De Prada conoce a la perfección.

Todo este aparente –y muy intencionadamente buscado lío– deriva de dos sentencias dictadas recientemente por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en las que se absuelve a los (ex)miembros de ETA Gorka Palacios Alday y Juan Carlos Iglesias Chouza, alias “Gadafi”, de sendos delitos de atentado en Madrid, con una veintena de personas heridas, y de asesinato por cinco disparos de un agente de la Guardia Civil en Bilbao.

Sentencias según las cuales ni Palacios ni “Gadafi”, en el tiempo de su detención policial, tuvieron derecho a defensa letrada de su libre designación y ambos estuvieron incomunicados sin que se justificara esta restricción más allá de la general previsión legal, lo que ha llevado al Tribunal a tales absoluciones, por considerar que no existía prueba válida para las condenas. Y ha de añadirse que, según estas sentencias, incluso si no se hubiera aplicado la doctrina del TEDH, tampoco habría habido base suficiente para las condenas según el resultado de las pruebas practicadas en el juicio oral. Pero, desde luego, no ha sido una “ocurrencia” del magistrado de Prada, no –aunque habría podido ser una muy buena, cabal y profundamente argumentada “ocurrencia” desde este punto de vista jurídico–.

Y es que resulta que el TEDH ha dictado, también recentísimamente, una sentencia –ya firme– según la cual España vulneró el derecho a un proceso justo de quien fuera miembro de ETA, Xabier Atristrain. Vulneración que se habría producido por la aplicación en determinada forma del régimen de incomunicación de cinco días previsto en nuestro ordenamiento jurídico para las personas detenidas por delitos de terrorismo. Aplicación de la incomunicación que el Tribunal de Estrasburgo entiende vulneró el “derecho a un proceso justo y equitativo” y al “derecho a defenderse” de dicho ciudadano. Lo que el TEDH sustenta en que las declaraciones realizadas por Atristrain en el tiempo de la detención en sede policial fueron una base significativa para su condena y que su derecho a la defensa resultó irreparablemente perjudicado.

Al hilo de esta sentencia se ha producido un debate –recurrente ya– sobre el alcance de la doctrina sentada por el TEDH, esto es, si solo es aplicable al caso resuelto o si también es extensible a otros casos. Lo que no cabe ni siquiera pretender solucionar en este espacio, sino que es –una vez más– cuestión a determinar por el Tribunal que, en cada caso, deba resolver respecto de las alegaciones que se realicen en ese sentido. Lo que la Audiencia Nacional deberá hacer en cada ocasión. Y no entro en detalles sobre la solución correcta porque no soy, en modo alguno, una experta en el tema.

Pero lo que me preocupa no es la concreta respuesta a un dilema jurídico –jurídico puro, sí, pero teniendo en cuenta en su integridad la normativa supranacional e internacional y su interpretación judicial–. Me inquieta el tenor del debate y los términos en que se plantea. Me desasosiega que se genere la idea –absurda y, por tanto, falsa– de que las cosas puedan ser como el ABC y otros medios las cuentan.

De un lado, porque, con independencia del alcance que se pueda dar a esta doctrina del TEDH, se está contraponiendo el derecho –en la integral interpretación dada por este Tribunal– a una idea concreta de “justicia” que no puede sostenerse ya desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos de todas las personas.

De otro lado, porque no puede admitirse que sea creíble que ningún miembro de ningún tribunal pueda ser “empujado” a firmar una resolución de tal calado –ni de ningún calado, la verdad–, salvo que el “empujón” proceda de una instancia como el TEDH. Y, desde luego, no solo en estos casos, sino en cualesquiera otros, quienes juzgan y deciden tienen mi respeto –alguien dirá que “corporativista”–, aunque pueda hacer crítica jurídica –ojo, jurídica– de su decisión.

Crítica que, en esta ocasión, por parte de tales medios, ha superado –una vez más en el caso del magistrado de Prada– todos los límites. Pues, en los términos que el propio ABC refiere, este juez “utiliza un fallo europeo a favor de un preso de ETA para exonerar a otros”, “empuja a la Audiencia Nacional a absolver etarras” o “tensiona a la Audiencia”, de modo que lo que acontece es que se habría interpretado de manera utilitarista, en un determinado sentido, el alcance de esta doctrina del TEDH.

Y, sin embargo, desde el mismo elemental sentido común, ya ven, ni puede razonablemente entenderse que el magistrado “empujador” tenga poderes extrasensoriales distintos de un extraordinario conocimiento del derecho –en toda su amplitud– que le permitan manejar un tribunal, ni puede admitirse el menosprecio hacia el resto de sus miembros o la consideración de que sean personas ignorantes, timoratas o manipulables y que puedan dejarse “empujar” sin un buen y fundamentado impulso jurídico. No se olvide que cada sentencia de las comentadas ha sido firmada por los tres miembros del Tribunal y que, en consecuencia, cada cual responde íntegramente de la decisión.

Sin dejar de lado el nada despreciable detalle del recorrido judicial que aún les queda a estas sentencias –comenzando por el recurso de casación ante el Tribunal Supremo–, en el que, sin prejuzgar ahora absolutamente nada, habrá de resolverse la cuestión controvertida.

En cuanto al furibundo –y, en mi opinión, manifiestamente injusto– ataque personal que contiene el artículo que ha dado pie a este comentario, poco cabe decir. Como ya ha expresado en un comunicado la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia, a la que pertenezco –no lo oculto, claro–, son descalificaciones personalizadas totalmente intolerables y no amparadas por los derechos a la libertad de expresión y de información.

Solo es de esperar –y espero, aunque con poca convicción, qué se le va a hacer, que no sea demasiado tiempo– que el CGPJ reaccione ante un ataque de este calibre a todo un Tribunal, aunque no provenga propiamente de un poder del Estado sino de un muy poderoso poder social.

Audiencia Nacional: absolviendo etarras empujada por el magistrado De Prada

Sería una hecatombe que un tribunal fuera manejado y empujado por uno de sus miembros, salvo que ese empuje trate de aplicar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos –TEDH–, una jurisprudencia que el magistrado de Prada conoce a la perfección

www.eldiario.es

La Justicia a la española. ¡No hay mas que hablar! Casos a tutiplén.

El último que me acuerdo ahora es el de las rastras Alberto Rodriguez acusado y sentenciado sin pruebas fehacientes, y encima hemos tenido que ver a una presidenta del Parlamento quitarle el acta de diputado por la jeta...¡y sigue en su puesto!, la presidenta digo.

Estamos en Españistan, Hespaña o como se quiera que le llamemos, pero lo de democracia plena no nos sirve, a no ser que hablemos de democracia plena de otras cosas...

 

[Odila_DT]

Audiencia Nacional: absolviendo etarras empujada por el magistrado De Prada​

• Sería una hecatombe que un tribunal fuera manejado y empujado por uno de sus miembros, salvo que ese empuje trate de aplicar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos –TEDH–, una jurisprudencia que el magistrado de Prada conoce a la perfección​

Garbiñe Biurrun Mancisidor

El juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada.
22 de mayo de 2022 21:43h
Actualizado el 23/05/2022 05:30h
9
Así, como lo leen. Así parece que anda la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a tenor de lo publicado el pasado 14 de mayo por el diario ABC. ¡Qué desastre! ¡Qué ataque a la justicia, al derecho, a las siempre injustas víctimas de tan tremendos delitos y a la sociedad en general!

En serio lo digo porque, ciertamente, sería un desastre que fuera de este modo. Pero ocurre que las cosas no son exactamente así o, mejor dicho, no son en absoluto así. Afortunadamente no lo son, pues sería una hecatombe que un tribunal fuera manejado y empujado por uno de sus miembros, salvo que ese empuje trate de aplicar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos –TEDH–, una jurisprudencia que el magistrado De Prada conoce a la perfección.

Todo este aparente –y muy intencionadamente buscado lío– deriva de dos sentencias dictadas recientemente por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en las que se absuelve a los (ex)miembros de ETA Gorka Palacios Alday y Juan Carlos Iglesias Chouza, alias “Gadafi”, de sendos delitos de atentado en Madrid, con una veintena de personas heridas, y de asesinato por cinco disparos de un agente de la Guardia Civil en Bilbao.

Sentencias según las cuales ni Palacios ni “Gadafi”, en el tiempo de su detención policial, tuvieron derecho a defensa letrada de su libre designación y ambos estuvieron incomunicados sin que se justificara esta restricción más allá de la general previsión legal, lo que ha llevado al Tribunal a tales absoluciones, por considerar que no existía prueba válida para las condenas. Y ha de añadirse que, según estas sentencias, incluso si no se hubiera aplicado la doctrina del TEDH, tampoco habría habido base suficiente para las condenas según el resultado de las pruebas practicadas en el juicio oral. Pero, desde luego, no ha sido una “ocurrencia” del magistrado de Prada, no –aunque habría podido ser una muy buena, cabal y profundamente argumentada “ocurrencia” desde este punto de vista jurídico–.

Y es que resulta que el TEDH ha dictado, también recentísimamente, una sentencia –ya firme– según la cual España vulneró el derecho a un proceso justo de quien fuera miembro de ETA, Xabier Atristrain. Vulneración que se habría producido por la aplicación en determinada forma del régimen de incomunicación de cinco días previsto en nuestro ordenamiento jurídico para las personas detenidas por delitos de terrorismo. Aplicación de la incomunicación que el Tribunal de Estrasburgo entiende vulneró el “derecho a un proceso justo y equitativo” y al “derecho a defenderse” de dicho ciudadano. Lo que el TEDH sustenta en que las declaraciones realizadas por Atristrain en el tiempo de la detención en sede policial fueron una base significativa para su condena y que su derecho a la defensa resultó irreparablemente perjudicado.

Al hilo de esta sentencia se ha producido un debate –recurrente ya– sobre el alcance de la doctrina sentada por el TEDH, esto es, si solo es aplicable al caso resuelto o si también es extensible a otros casos. Lo que no cabe ni siquiera pretender solucionar en este espacio, sino que es –una vez más– cuestión a determinar por el Tribunal que, en cada caso, deba resolver respecto de las alegaciones que se realicen en ese sentido. Lo que la Audiencia Nacional deberá hacer en cada ocasión. Y no entro en detalles sobre la solución correcta porque no soy, en modo alguno, una experta en el tema.

Pero lo que me preocupa no es la concreta respuesta a un dilema jurídico –jurídico puro, sí, pero teniendo en cuenta en su integridad la normativa supranacional e internacional y su interpretación judicial–. Me inquieta el tenor del debate y los términos en que se plantea. Me desasosiega que se genere la idea –absurda y, por tanto, falsa– de que las cosas puedan ser como el ABC y otros medios las cuentan.

De un lado, porque, con independencia del alcance que se pueda dar a esta doctrina del TEDH, se está contraponiendo el derecho –en la integral interpretación dada por este Tribunal– a una idea concreta de “justicia” que no puede sostenerse ya desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos de todas las personas.

De otro lado, porque no puede admitirse que sea creíble que ningún miembro de ningún tribunal pueda ser “empujado” a firmar una resolución de tal calado –ni de ningún calado, la verdad–, salvo que el “empujón” proceda de una instancia como el TEDH. Y, desde luego, no solo en estos casos, sino en cualesquiera otros, quienes juzgan y deciden tienen mi respeto –alguien dirá que “corporativista”–, aunque pueda hacer crítica jurídica –ojo, jurídica– de su decisión.

Crítica que, en esta ocasión, por parte de tales medios, ha superado –una vez más en el caso del magistrado de Prada– todos los límites. Pues, en los términos que el propio ABC refiere, este juez “utiliza un fallo europeo a favor de un preso de ETA para exonerar a otros”, “empuja a la Audiencia Nacional a absolver etarras” o “tensiona a la Audiencia”, de modo que lo que acontece es que se habría interpretado de manera utilitarista, en un determinado sentido, el alcance de esta doctrina del TEDH.

Y, sin embargo, desde el mismo elemental sentido común, ya ven, ni puede razonablemente entenderse que el magistrado “empujador” tenga poderes extrasensoriales distintos de un extraordinario conocimiento del derecho –en toda su amplitud– que le permitan manejar un tribunal, ni puede admitirse el menosprecio hacia el resto de sus miembros o la consideración de que sean personas ignorantes, timoratas o manipulables y que puedan dejarse “empujar” sin un buen y fundamentado impulso jurídico. No se olvide que cada sentencia de las comentadas ha sido firmada por los tres miembros del Tribunal y que, en consecuencia, cada cual responde íntegramente de la decisión.

Sin dejar de lado el nada despreciable detalle del recorrido judicial que aún les queda a estas sentencias –comenzando por el recurso de casación ante el Tribunal Supremo–, en el que, sin prejuzgar ahora absolutamente nada, habrá de resolverse la cuestión controvertida.

En cuanto al furibundo –y, en mi opinión, manifiestamente injusto– ataque personal que contiene el artículo que ha dado pie a este comentario, poco cabe decir. Como ya ha expresado en un comunicado la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia, a la que pertenezco –no lo oculto, claro–, son descalificaciones personalizadas totalmente intolerables y no amparadas por los derechos a la libertad de expresión y de información.

Solo es de esperar –y espero, aunque con poca convicción, qué se le va a hacer, que no sea demasiado tiempo– que el CGPJ reaccione ante un ataque de este calibre a todo un Tribunal, aunque no provenga propiamente de un poder del Estado sino de un muy poderoso poder social.

Audiencia Nacional: absolviendo etarras empujada por el magistrado De Prada

Sería una hecatombe que un tribunal fuera manejado y empujado por uno de sus miembros, salvo que ese empuje trate de aplicar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos –TEDH–, una jurisprudencia que el magistrado de Prada conoce a la perfección

www.eldiario.es

La Justicia a la española. ¡No hay mas que hablar! Casos a tutiplén.

El último que me acuerdo ahora es el de las rastras Alberto Rodriguez acusado y sentenciado sin pruebas fehacientes, y encima hemos tenido que ver a una presidenta del Parlamento quitarle el acta de diputado por la jeta...¡y sigue en su puesto!, la presidenta digo.

Estamos en Españistan, Hespaña o como se quiera que le llamemos, pero lo de democracia plena no nos sirve, a no ser que hablemos de democracia plena de otras cosas...

Sin pruebas y por la jeta.....

 

[Charlotte Casiraghi]

Sin pruebas y por la jeta.....

algo habrá hecho, digo yo....no???

 

[Odila_DT]

algo habrá hecho, digo yo....no???

Que va mujer....que le tienen tirria por ser de izquierdas y ya sabes que la,Fiscalia,es Facha.......

 

[IDOLO]

POLÍTICA​

María Salmerón y la misoginia judicial​

Son muchas las mujeres que encuentran múltiples trabas y dificultades a la hora de demandar justicia, debido a que las instituciones no cumplen con su responsabilidad de prevenir daños y reparar a las víctimas

La violencia de género se ha configurado desde siempre como la cara más brutal de la desigualdad, del mismo modo que lo son todos los procesos que ese suceso conlleva. En la sociedad actual, son muchas las mujeres las que se encuentran ante situaciones de extrema vulnerabilidad cuando, siendo víctimas de violencias machistas, encuentran múltiples trabas y dificultades a la hora de demandar justicia, tanto para ellas como para sus hijas e hijos. Y es que la negativa por parte de los órganos judiciales a condenar a los agresores tiene como resultado el castigo a las familias y, en especial, a los menores. Durante muchos años se consideró que la infancia únicamente era víctima cuando la agresión era directa, pero desde hace un tiempo ha quedado demostrado que los niños y las niñas son también víctimas indirectas mientras vivan en un ambiente donde su madre está siendo maltratada por su pareja.

En este sentido, Naciones Unidas ya ha dado hasta en tres ocasiones avisos serios a España por el modo en que su justicia interpreta las leyes de protección a las víctimas de violencia de género y de protección de la infancia, hablando de un patrón estructural en la justicia “que indicaría, una interpretación discriminatoria de la legislación nacional, basada en prejuicios y estereotipos de género”. Muchas de las mujeres afectadas denuncian principalmente las "irregularidades procesales, retardos en la tramitación, obstáculos para probar los hechos denunciados y omisión de respuesta".

Es por esto, que el mayor reflejo de la violencia institucional sobre las mujeres se presenta cuando el sistema de justicia no responde adecuadamente ante las víctimas. Este es además uno de los más peligrosos porque se trata de mujeres cuyas vidas están en peligro, al igual que las de sus hijas e hijos y ocurre cuando las instituciones no cumplen con su obligación de prevenir el daño, de hacer justicia y de reparar a las víctimas.

LA INJUSTICIA DE MARÍA SALMERÓN ​

La misoginia judicial queda perfectamente reflejada en el caso actual de María Salmerón y su entrada a prisión este mismo jueves. Su situación ha mantenido un seguimiento desde hace meses por diversos medios y televisiones a nivel nacional, que han mostrado la injusticia a la que esta madre se está enfrentando por tratar de mantener la seguridad y el bienestar de su hija. La sevillana víctima de violencia machista recurrió la sentencia de un juzgado de lo Penal de Sevilla, que la condenaba a entrar en la cárcel por haber incumplido entre los años 2012 y 2014 la custodia compartida de su hija con el padre de ésta –cumpliendo la voluntad de su descendiente– que a su vez está condenado a un año y nueve meses de prisión y a alejamiento por malos tratos sobre Salmerón, aunque este nunca ha llegado a pisar la cárcel y a ella la condenaron a nueve meses por desobediencia.

Salmerón se ha mostrado muy crítica con las instituciones desde el momento de su condena, haciendo señalamientos directos a Pilar Llop y a Fernando Grande-Marlaska: "La ministra de Justicia y el ministro del Interior, Grande Marlaska, dicen que no sufro maltrato institucional. Y yo estoy de acuerdo. Lo que sufrimos mi hija y yo es tortura institucional". Ahora, su hija Miriam Ruiz Salmerón, ha enviado una carta a los medios de comunicación a raíz del ingreso en prisión de madre, asegurando que su "peor pesadilla se ha hecho realidad" y sentencia: "Finalmente, esa persona que se propuso arruinarle la vida a mi madre hace más de 20 años y con la que comparto apellido, ha conseguido separarnos".

EL MINISTERIO DE IGUALDAD PIDIÓ EL INDULTO​

La ministra de igualdad, Irene Montero, defendió en la televisión abierta la actuación de Salmerón por tratarse de “una forma de defensa de los hijos contra la violencia machista”, tildando a la mujer de "madre protectora". De esta forma, el ministerio siempre se ha mostrado favorable a conceder el indulto afirmando que: "Si no queremos que los maltratadores asesinen a sus hijos e hijas para dar donde más duelen a las mujeres, debemos proteger a las mujeres vivas que se defienden a sí mismas y a sus hijos e hijas de la violencia machista". Recordando, además, que queda ya reconocido por la ley de este país que un maltratador nunca es un buen padre.

En el Convenio de Estambul –que España ratificó en 2018– aparece reflejado en sus artículos 5 y 30 la existencia de una posible violencia institucional contra las mujeres por parte de “funcionarios, agentes y las instituciones estatales”, que pueden cometer “violencias verbales, físicas, psicológicas” contra las mujeres en un contexto androcéntrico. Estas iniciativas suponen pequeños avances hacia un futuro más justo, pero mientras sigan sucediendo estos atropellos de los derechos y el Estado no tome responsabilidad seguirá quedando un largo camino que recorrer.

María Salmerón y la misoginia judicial

Son muchas las mujeres que encuentran múltiples trabas y dificultades a la hora de demandar justicia, debido a que las instituciones no cumplen con su responsabilidad de prevenir daños y reparar a las víctimas

luhnoticias.es

 

[BOIRA_A]

No estoy de acuerdo, si por los mismos motivos se encarcela al hombre tambien a la mujer, por los mismos hechos basta ya de tanta milonga

 

[IDOLO]