Entonces, no entiendo por qué te parece mal que Pérez de los Cobos no actuase por ideología.
Grande Marlaska purga cúpula de la Guardia Civil
- AutorSultanaXS
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Entonces, no entiendo por qué te parece mal que Pérez de los Cobos no actuase por ideología.
Viendo los informes que ha perpetrado su equipo lo dudo mucho.
Él no los había visto, como era su obligación.
Te he preguntado yo a ti. Eres politica socialiSta o que?. Igual que ellos. En vez de responder, contestan con una pregunta.
No se que tiene de ultra investigar si hubo o no prevaricación por omisión por parte de Franco ya que es evidente que el 8 m fué un cluster de contagio de la covid19 bestial. Quién se equivoca y su error produce muertes, tendrá que responder.
Vox presenta una iniciativa para reprobar a Marlaska y forzar al Congreso a exigir su destitución
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ayer, en el Congreso. EFE
De esta manera, Vox pretende forzar en el Parlamento un debate expreso sobre la gestión de Marlaska y, en concreto, acerca de este caso; además de una votación en la que el Congreso se pronuncie sobre si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería destituirlo inmediatamente como ministro del Interior.
Aunque salgan adelante, las reprobaciones no conllevan automáticamente el cese del cargo repudiado, ya que esta decisión es una competencia exclusiva del presidente del Gobierno. Sin embargo, las reprobaciones tienen una carga simbólica importante porque implican que la Cámara rechaza una gestión y manifiesta su total desconfianza para que la persona implicada continúe desempeñando unas funciones determinadas. Sería, por lo tanto, una censura política expresada en una votación del Congreso.
"Gravísima intromisión en el poder judicial"
Dadas las circunstancias del caso Pérez de los Cobos, Vox ha recurrido a esta fórmula parlamentaria presentando este jueves en el Congreso una proposición no de ley con dos únicos puntos: la reprobación del ministro y el llamamiento a Sánchez para que le destituya. Con el objetivo de forzar el pronunciamiento del Congreso.
En su escrito, Vox alega que Marlaska habría cometido una "gravísima intromisión del poder ejecutivo en la actuación del poder judicial, al cesar a coronel Pérez de los Cobos cuando su equipo estaba actuando como policía judicial. Y es que, los agentes a su cargo en la Guardia Civil se encontraban elaborando informes para una juez que investiga las condiciones en las que se permitieron las manifestaciones feministas del 8-M y si para su celebración se impusieron los criterios políticos a los sanitarios, provocando a la postre una mayor expansión del coronavirus.
Vox alerta de que la justificación de "pérdida de confianza" en el coronel, con la que el Ministerio del Interior argumentó su cese al frente de la Comandancia de Madrid, no puede "encubrir la arbitrariedad y menos aún represalias por actuaciones plenamente conformes con la Constitución y las leyes".
"Caerá por sus subordinados"
Ayer Vox abrió un frente judicial en este caso al presentar una querella contra la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y contra el secretario de Estado de Seguridad y número dos del Ministerio, Rafael Pérez. Les imputa los delitos de obstrucción a la Justicia, represalias y prevaricación.
Asimismo, la diputada Macarena Olona denunció una serie de presiones telefónicas el pasado domingo con varias llamadas de mandos de la Guardia Civil para exigir a Pérez de los Cobos el contenido del informe que su equipo hizo para el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid. Cuando éste tenía orden expresa de la juez, Carmen Rodríguez-Medel, de mantener la investigación secreta y sin informar a los altos mandos, por las posibles implicaciones que el caso pudiera tener en miembros del Ejecutivo. "Usted va a caer por sus subordinados", advirtió a Olona a Marlaska
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- ÁLVARO CARVAJAL
@alvaro7carvajal
Madrid
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De esta manera, Vox pretende forzar en el Parlamento un debate expreso sobre la gestión de Marlaska y, en concreto, acerca de este caso; además de una votación en la que el Congreso se pronuncie sobre si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería destituirlo inmediatamente como ministro del Interior.
Aunque salgan adelante, las reprobaciones no conllevan automáticamente el cese del cargo repudiado, ya que esta decisión es una competencia exclusiva del presidente del Gobierno. Sin embargo, las reprobaciones tienen una carga simbólica importante porque implican que la Cámara rechaza una gestión y manifiesta su total desconfianza para que la persona implicada continúe desempeñando unas funciones determinadas. Sería, por lo tanto, una censura política expresada en una votación del Congreso.
"Gravísima intromisión en el poder judicial"
Dadas las circunstancias del caso Pérez de los Cobos, Vox ha recurrido a esta fórmula parlamentaria presentando este jueves en el Congreso una proposición no de ley con dos únicos puntos: la reprobación del ministro y el llamamiento a Sánchez para que le destituya. Con el objetivo de forzar el pronunciamiento del Congreso.
En su escrito, Vox alega que Marlaska habría cometido una "gravísima intromisión del poder ejecutivo en la actuación del poder judicial, al cesar a coronel Pérez de los Cobos cuando su equipo estaba actuando como policía judicial. Y es que, los agentes a su cargo en la Guardia Civil se encontraban elaborando informes para una juez que investiga las condiciones en las que se permitieron las manifestaciones feministas del 8-M y si para su celebración se impusieron los criterios políticos a los sanitarios, provocando a la postre una mayor expansión del coronavirus.
Vox alerta de que la justificación de "pérdida de confianza" en el coronel, con la que el Ministerio del Interior argumentó su cese al frente de la Comandancia de Madrid, no puede "encubrir la arbitrariedad y menos aún represalias por actuaciones plenamente conformes con la Constitución y las leyes".
"Caerá por sus subordinados"
Ayer Vox abrió un frente judicial en este caso al presentar una querella contra la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y contra el secretario de Estado de Seguridad y número dos del Ministerio, Rafael Pérez. Les imputa los delitos de obstrucción a la Justicia, represalias y prevaricación.
Asimismo, la diputada Macarena Olona denunció una serie de presiones telefónicas el pasado domingo con varias llamadas de mandos de la Guardia Civil para exigir a Pérez de los Cobos el contenido del informe que su equipo hizo para el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid. Cuando éste tenía orden expresa de la juez, Carmen Rodríguez-Medel, de mantener la investigación secreta y sin informar a los altos mandos, por las posibles implicaciones que el caso pudiera tener en miembros del Ejecutivo. "Usted va a caer por sus subordinados", advirtió a Olona a Marlaska
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Eso de pruebas falsas, etc.. lo tendra que dicer un juez, no tu, ni la sexta y demas medios de comunicacion subvencionados y afines a este gobierno de incompetentes
Lo dicen quienes declararon y ahora se encuentran que sus declaraciones han sido manipuladas.
La Comunidad de Madrid no envió ninguna alerta sanitaria a la Delegación del Gobierno relacionada con el 8M
Lo que el Gobierno de Ayuso califica como avisos son dos correos electrónicos enviados al filo de las 21 horas del 7M informando de que iban a cerrar centros de mayores y suspender prácticas de estudiantes de Medicina; la propia Guardia Civil dice que no hay constancia de avisos relacionados con el 8M
EXCLUSIVA | La Guardia Civil manipuló la declaración de un testigo para inculpar al Gobierno por la manifestación del 8M
Marcos Pinheiro / Irene Castro
27/05/2020 - 22:16h
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EUROPA PRESS
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La Comunidad de Madrid no expresó a la Delegación del Gobierno su preocupación por la celebración de la manifestación del 8M ni sobre la posible incidencia que esas concentraciones pudieran tener en la expansión del coronavirus. No hubo avisos de ningún tipo, en contra de lo sugerido por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que se limitó a informar de medidas a adoptar en centros de mayores y de Salud, pero sin referencia alguna a las marchas por el Día Internacional de la Mujer.
Es lo que consta en el informe que la Guardia Civil elaboró a instancia de la jueza Carmen Rodríguez-Medel, quien ha imputado por prevaricación al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Es el mismo atestado policial que incluye declaraciones que han negado testigos interrogados y que tiene como tesis que el Ejecutivo autorizó la marcha del 8M y trató de desconvocar otras por la puerta de atrás con criterios arbitrarios. En su batería de diligencias, la titular del juzgado número 51 de Madrid ordenó también a los agentes que se hicieran con las recomendaciones sanitarias emitidas o recibidas en la Consejería de Salud madrileña en el marco de la crisis del coronavirus.
Los agentes hacen constar en su informe que la Consejería no les ha remitido nada relacionado con posibles riesgos derivados de concentraciones masivas de personas en fechas próximas al 8M, así que "se entiende la inexistencia de los mismos". Los investigadores que redactaron el informe sí que hicieron una relación del resto de documentos relacionados con la COVID-19.
Entre ellos solo hay dos que se enviaron a la Delegación del Gobierno con sendas resoluciones. La primera era relativa a la suspensión de las prácticas de estudiantes en centros sanitarios de la Comunidad "por la emergencia de salud pública causada por el COVID-19". La segunda versaba sobre la suspensión de actividades en centros de mayores.
Ambas se emitieron el 6 de marzo y se enviaron a la Delegación del Gobierno al día siguiente para su conocimiento. El informe recoge la hora exacta: uno se envía a las 20.46 horas del 7 de marzo y el otro un minuto después.
Esas son las dos únicas comunicaciones sobre el coronavirus que la Consejería de Salud del Ejecutivo de Ayuso envió a la Delegación del Gobierno. Dos correos electrónicos que trasladaban decisiones tomadas por la Consejería, que no tenían relación alguna con las marchas del 8M, y que se enviaron al filo de las nueve de la noche del sábado 7 de marzo.
Los agentes incluyen otros documentos de la Comunidad de Madrid como su nota informativa de medidas preventivas del 5 de marzo, con el siguiente entrecomillado: "Se informa que la población en general debe continuar con su actividad normal, si bien recomienda que se eviten los lugares con aglomeración de personas, como eventos multitudinarios o medios de transporte".
Los agentes, como con otros documentos recogidos en el polémico informe, no incluyen la totalidad del texto. La nota de la Comunidad de Madrid dice textualmente que la población general "puede continuar con su actividad con toda normalidad" y ciñe las recomendaciones sobre las aglomeraciones a quienes hayan tenido contacto con casos detectados.
El Gobierno regional ha tratado de difundir la idea de que sí alertó a la Delegación del Gobierno del riesgo sanitario del coronavirus de cara al 8M. El pasado 22 de abril varios medios recogieron de fuentes del Ejecutivo de Ayuso que sí que habían alertado al Gobierno central el día previo a la manifestación, pero no se trató de ninguna alerta sanitaria: fueron dos correos enviados a última hora para trasladar dos decisiones desvinculadas del 8M.
La Delegación del Gobierno en un primer momento dijo a la jueza que no había recibido ninguna alerta sanitaria de la Comunidad de Madrid antes del 14 de marzo. Después admitió que sí que había recibido esas dos comunicaciones, aunque no se leyeron hasta el lunes 9 de marzo.
Ayuso no mostró preocupación por el 8M
El Gobierno regional, como el PP, ha cargado contra esa movilización por haber causado un aumento de los contagios. Lo cierto es que el Ejecutivo de Ayuso nunca se opuso, ni en público ni en privado, a esa manifestación ni expresó su preocupación por el hecho de que se fuera a producir una gran concentración de personas.
De hecho, Ayuso no acudió a la concentración porque dijo que no se sentía representada por el cariz político que tenía. Es más, el 9 de marzo dio una entrevista en Los Desayunos de TVE en los que insistió en esta idea, y justificó su ausencia por motivos que nada tenían que ver con la emergencia sanitaria.
La presidenta madrileña ha insistido este miércoles en que "parece que no era lo más oportuno celebrar" la manifestación del Día Internacional de la Mujer. Eso sí, no ha querido ir más allá porque el asunto se encuentra judicializado.
La jueza investiga si el delegado del Gobierno prevaricó al autorizar manifestaciones por el riesgo de contagio que existía. José Manuel Franco está imputado por ese delito y tendrá que declarar el próximo 5 de junio.
La Comunidad de Madrid no envió ninguna alerta sanitaria a la Delegación del Gobierno relacionada con el 8M
Lo que el Gobierno de Ayuso califica como avisos son dos correos electrónicos enviados al filo de las 21 horas del 7M informando de que iban a cerrar centros de mayores y suspender prácticas de estudiantes de Medicina; la propia Guardia Civil dice que no hay constancia de avisos relacionados con...www.eldiario.es
Ahora la culpa es de Ayuso???????
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Lo que molesta es la injerencia de un ministro en una investigacion judicial. No tergiverses, por que no cuela. Eso es lo grave.
