Grande Marlaska purga cúpula de la Guardia Civil

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En la guardia civil ha habido cada "cabestro"
 
LAS CLOACAS DE INTERIOR

De los Cobos, a la cabeza de la facción del Opus que sigue controlando la Secretaría de Estado de Seguridad

Tras la supuesta disolución de las cloacas de Interior que crearon una policía política durante el mandato de Fernández Díaz, destacado miembro del Opus Dei, el círculo de simpatizantes de la Obra de los que él se rodeó se ha asegurado la continuidad de esa red conservadora al frente de la Seguridad del Estado colocando a sus lugartenientes en puestos clave. Y el que domina esa facción es el recién destituido coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos, según ha podido saber Público de fuentes de toda solvencia.



El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, a su llegada a la reunión de mandos policiales que la Fiscalía ha convocado para coordinar las actuaciones encaminadas a evitar el 1 de octubre. | QUIQUE GARCÍA (EFE)
El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, a su llegada a una reunión de mandos policiales en Barcelona para coordinar las actuaciones para evitar el referéndum del 1-O de 2017. | QUIQUE GARCÍA (EFE)

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BARCELONA/MADRID
27/05/2020 22:27 ACTUALIZADO: 28/05/2020 11:23
CARLOS ENRIQUE BAYO

@tableroglobal
Como ministro, Jorge Fernández Díaz construyó en la cúpula de Interior un círculo de poder compuesto por afiliados o simpatizantes del Opus Dei, o incluso miembros de la Orden Constantiniana de San Jorge, a la que pertenece él mismo a pesar de no estar reconocida por el Vaticano. Más de tres años después del fin de su mandato, la Secretaría de Estado de Seguridad sigue estando controlada por adeptos a la Obra a pesar de que Fernando Grande-Marlaska ha destituido a más de una docena de altos cargos en sus dos años al frente del Ministerio.

Fuentes de Interior conocedoras de la pugna en sus más altos niveles han asegurado a Público que "hay una facción del Opus que controla la Secretaría de Estado de Seguridad, verdadero núcleo de poder del Ministerio, y este sector siempre estuvo dirigido por Diego Pérez de los Cobos, quien sigue dominando la situación desde fuera. No se mueve nada en la Secretaría sin que él lo sepa, porque ha dejado colocados allí todos sus peones".

El coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos fue el director del Gabinete de Coordinación y Estudios de esa Secretaría con Fernández Díaz. Desde ese puesto, acumuló tanta influencia que el Gobierno de Rajoy le nombró "director técnico" de coordinación de todas las fuerzas de seguridad en Catalunya encargadas de impedir la celebración del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017. Y uno de sus hombres de confianza es el teniente coronel Daniel Baena (alias Tácito en Twitter), quien firmó todos los atestados contra los políticos soberanistas catalanes como director de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Catalunya.

"Pérez de los Cobos seguía siendo el filtrador en contra del Gobierno y el que maniobraba en favor del PP y de Vox"

Condecorado y recompensado tras el 1-O con la jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Pérez de los Cobos "seguía siendo hasta ahora el filtrador, a través de sus hombres de confianza en Interior, de informaciones perjudiciales para el Gobierno y el que maniobraba en favor del PP y de Vox", afirman las fuentes citadas. "Y seguirá controlando la Secretaría de Seguridad incluso después de su destitución, porque los jefes del entramado opusdeísta que instauró Fernández Díaz han dejado allí a sus primeros espadas, y estos siguen obedeciendo a sus padrinos aunque hayan sido apartados de los cargos de mando. Nada ha cambiado, porque se han quedado los lugartenientes".

Entre los numerosos altos cargos de Fernández Díaz simpatizantes del Opus Dei –como Luis Aguilera Ruiz, subsecretario de Interior que ahora está de regreso en la Abogacía del Estado– figuraban el director general de la Policía, Ignacio Cosidó y su homólogo en la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, asimismo caballero de la Orden Constantiniana, así como el Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino, jefe de la brigada política del comisario José Manuel Villarejo, hoy preso e imputado por organización criminal y cohecho.

Los altos cargos de Fernández Díaz y Zoido colocaron a sus delfines en Interior y siguen controlando la Secretaría de Estado desde fuera
Al caer el Gobierno de Mariano Rajoy –a causa de la moción de censura tras la condena en firme contra el PP por corrupción–, todos esos altos cargos ya habían preparado y colocado a sus delfines en la Secretaría de Estado para seguir dominando Interior desde fuera tras sus jubilaciones o destituciones. Una labor que se fue desarrollando durante el mandato de Juan Ignacio Zoido, quien en sólo un año logró reconstruir las cloacas de Interior con hombres (como Juan Carlos Ortiz Argüelles) fieles a la entonces ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, también relacionada con Villarejo a través de su marido, Ignacio López del Hierro.

En un audio grabado por el propio Villarejo se escucha al comisario explicarles a Cospedal y a López del Hierro –en una conversación en la planta noble de la sede del PP en la calle Génova– que José Luis Olivera Serrano, director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), es un "tronco" que les está ayudando a sortear las causa judiciales por la corrupción del Partido Popular.

Olivera también dejó allí a su segundo en ese poderoso centro de coordinación, un comisario que también es el segundo del actual jefe del CITCO, el general de la Guardia Civil Ángel Alonso Miranda, quien acaba de ser ascendido hace unos días a general de división. Igual que sigue allí otro hombre de la máxima confianza del amigo de Villarejo, el inspector-jefe Carlos Checa.

Más aún, como Olivera dirigió la UDEF durante largo tiempo –precisamente cuando esa Unidad de Delitos Económicos y Fiscales se vio involucrada en montajes de las cloacas–, ahora han quedado al frente de esa importante unidad dos de sus adláteres: el inspector-jefe Luna en Blanqueo de Capitales y Miguel Ángel Gómez Díaz en Seguridad Social.

Laurentino Ceña ya fue el hombre fuerte de Zoido en la Guardia Civil como jefe del Mando de Operaciones Territoriales

Igualmente, Pérez de los Cobos situó estratégicamente a sus hombres en la Secretaría de Estado, como el ahora dimitido –a sólo unos días de su postergada jubilación– Laurentino Ceña, quien ya era el hombre fuerte de Zoido en la Guardia Civil como jefe del Mando de Operaciones Territoriales, o el teniente coronel Pablo Montero Llácer, quien permanece como asesor del actual secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, exletrado del Poder Judicial nombrado por Marlaska.

"El ministro y su secretario de Estado proceden del mundo judicial, así que no dominan los entresijos policiales, ni la penetración del Opus Dei en las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado", subrayan a este diario fuentes de la Guardia Civil que piden no ser identificadas. "Así que no saben que tanto Pablo Montero como su hermano, el coronel Jorge Montero –jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca–, trabajan en favor del PP".

Según esta otra fuente, uno de los principales simpatizantes del Opus en la Secretaría de Estado es el comandante de la Guardia Civil Fernando Alcázar, sobrino del coronel Ignacio Alcázar.

Otra fuente policial que también habla bajo condición de anonimato subraya: "Tenemos un problema gravísimo, la radicalización hacia la ultraderecha que están sufriendo la Policía Nacional y la Guardia Civil. La manifestación policial que hubo el sábado pidiendo la dimisión del Gobierno lució la misma simbología que Jusapol, y es peligroso que la ultraderecha se esté apropiando de la inmensa mayoría de la opinión interna en la Policía y la Guardia Civil".

La jueza Martínez Medel se había postulado para la Dirección General de la Guardia Civil y ahora parece buscar notoriedad
Fuentes judiciales también muestran su asombro ante la chapuza de errores, rumores, bulos, corta-pega de digitales ultraderechistas, omisiones y hasta manipulaciones de testimonios en los que se fundamenta el informe de la Guardia Civil sobre la supuesta relación entre la pandemia y la manifestación feminista del 8-M que se envió a la jueza Carmen Rodríguez Medel. Magistrada que se postuló para ser directora general de la Guardia Civil y ahora parece buscar notoriedad ordenando diligencias no urgentes en pleno estado de alarma y amenazando con actuar contra el ministro en caso de que se relacione el cese de Pérez de los Cobos con su falta de información al ministro sobre dicho informe.

"No tiene sentido que formule esa amenaza, porque no emitió un oficio específico prohibiendo al coronel informar a sus superiores, es decir la directora general y el ministro, por lo que los únicos que se debían al secreto de actuación como policía judicial dependiente de la magistrada eran los agentes y/o mandos en concreto que estaban efectuando esa investigación", explican dichas fuentes. Además, todo el escándalo tiene una enorme semejanza con los montajes policiales que organizó en su día el ministro Fernández Díaz contra los adversarios del PP.

"Los que ahora mismo ponen el grito en el cielo por esa supuesta injerencia ejecutiva en temas judiciales ni siquiera abrieron la boca cuando se disolvió irregularmente la comisión judicial que investigaba la corrupción policial del comisario Villarejo, ni cuando Asuntos Internos tomó represalias ilegales contra los investigadores que sí habían sido específicamente encargados y blindados por una providencia judicial... Además, luego se ha demostrado que todo lo que estaban investigando era cierto y gravísimo".

 
LAS CLOACAS DE INTERIOR

De los Cobos, a la cabeza de la facción del Opus que sigue controlando la Secretaría de Estado de Seguridad

Tras la supuesta disolución de las cloacas de Interior que crearon una policía política durante el mandato de Fernández Díaz, destacado miembro del Opus Dei, el círculo de simpatizantes de la Obra de los que él se rodeó se ha asegurado la continuidad de esa red conservadora al frente de la Seguridad del Estado colocando a sus lugartenientes en puestos clave. Y el que domina esa facción es el recién destituido coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos, según ha podido saber Público de fuentes de toda solvencia.



El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, a su llegada a la reunión de mandos policiales que la Fiscalía ha convocado para coordinar las actuaciones encaminadas a evitar el 1 de octubre. | QUIQUE GARCÍA (EFE)
El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, a su llegada a una reunión de mandos policiales en Barcelona para coordinar las actuaciones para evitar el referéndum del 1-O de 2017. | QUIQUE GARCÍA (EFE)

Sólo con el apoyo de personas comprometidas podemos investigar exclusivas como esta. Tú haces posible el periodismo valiente de Público.

BARCELONA/MADRID
27/05/2020 22:27 ACTUALIZADO: 28/05/2020 11:23
CARLOS ENRIQUE BAYO

@tableroglobal
Como ministro, Jorge Fernández Díaz construyó en la cúpula de Interior un círculo de poder compuesto por afiliados o simpatizantes del Opus Dei, o incluso miembros de la Orden Constantiniana de San Jorge, a la que pertenece él mismo a pesar de no estar reconocida por el Vaticano. Más de tres años después del fin de su mandato, la Secretaría de Estado de Seguridad sigue estando controlada por adeptos a la Obra a pesar de que Fernando Grande-Marlaska ha destituido a más de una docena de altos cargos en sus dos años al frente del Ministerio.

Fuentes de Interior conocedoras de la pugna en sus más altos niveles han asegurado a Público que "hay una facción del Opus que controla la Secretaría de Estado de Seguridad, verdadero núcleo de poder del Ministerio, y este sector siempre estuvo dirigido por Diego Pérez de los Cobos, quien sigue dominando la situación desde fuera. No se mueve nada en la Secretaría sin que él lo sepa, porque ha dejado colocados allí todos sus peones".

El coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos fue el director del Gabinete de Coordinación y Estudios de esa Secretaría con Fernández Díaz. Desde ese puesto, acumuló tanta influencia que el Gobierno de Rajoy le nombró "director técnico" de coordinación de todas las fuerzas de seguridad en Catalunya encargadas de impedir la celebración del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017. Y uno de sus hombres de confianza es el teniente coronel Daniel Baena (alias Tácito en Twitter), quien firmó todos los atestados contra los políticos soberanistas catalanes como director de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Catalunya.

"Pérez de los Cobos seguía siendo el filtrador en contra del Gobierno y el que maniobraba en favor del PP y de Vox"

Condecorado y recompensado tras el 1-O con la jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Pérez de los Cobos "seguía siendo hasta ahora el filtrador, a través de sus hombres de confianza en Interior, de informaciones perjudiciales para el Gobierno y el que maniobraba en favor del PP y de Vox", afirman las fuentes citadas. "Y seguirá controlando la Secretaría de Seguridad incluso después de su destitución, porque los jefes del entramado opusdeísta que instauró Fernández Díaz han dejado allí a sus primeros espadas, y estos siguen obedeciendo a sus padrinos aunque hayan sido apartados de los cargos de mando. Nada ha cambiado, porque se han quedado los lugartenientes".

Entre los numerosos altos cargos de Fernández Díaz simpatizantes del Opus Dei –como Luis Aguilera Ruiz, subsecretario de Interior que ahora está de regreso en la Abogacía del Estado– figuraban el director general de la Policía, Ignacio Cosidó y su homólogo en la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, asimismo caballero de la Orden Constantiniana, así como el Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino, jefe de la brigada política del comisario José Manuel Villarejo, hoy preso e imputado por organización criminal y cohecho.

Los altos cargos de Fernández Díaz y Zoido colocaron a sus delfines en Interior y siguen controlando la Secretaría de Estado desde fuera
Al caer el Gobierno de Mariano Rajoy –a causa de la moción de censura tras la condena en firme contra el PP por corrupción–, todos esos altos cargos ya habían preparado y colocado a sus delfines en la Secretaría de Estado para seguir dominando Interior desde fuera tras sus jubilaciones o destituciones. Una labor que se fue desarrollando durante el mandato de Juan Ignacio Zoido, quien en sólo un año logró reconstruir las cloacas de Interior con hombres (como Juan Carlos Ortiz Argüelles) fieles a la entonces ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, también relacionada con Villarejo a través de su marido, Ignacio López del Hierro.

En un audio grabado por el propio Villarejo se escucha al comisario explicarles a Cospedal y a López del Hierro –en una conversación en la planta noble de la sede del PP en la calle Génova– que José Luis Olivera Serrano, director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), es un "tronco" que les está ayudando a sortear las causa judiciales por la corrupción del Partido Popular.

Olivera también dejó allí a su segundo en ese poderoso centro de coordinación, un comisario que también es el segundo del actual jefe del CITCO, el general de la Guardia Civil Ángel Alonso Miranda, quien acaba de ser ascendido hace unos días a general de división. Igual que sigue allí otro hombre de la máxima confianza del amigo de Villarejo, el inspector-jefe Carlos Checa.

Más aún, como Olivera dirigió la UDEF durante largo tiempo –precisamente cuando esa Unidad de Delitos Económicos y Fiscales se vio involucrada en montajes de las cloacas–, ahora han quedado al frente de esa importante unidad dos de sus adláteres: el inspector-jefe Luna en Blanqueo de Capitales y Miguel Ángel Gómez Díaz en Seguridad Social.

Laurentino Ceña ya fue el hombre fuerte de Zoido en la Guardia Civil como jefe del Mando de Operaciones Territoriales

Igualmente, Pérez de los Cobos situó estratégicamente a sus hombres en la Secretaría de Estado, como el ahora dimitido –a sólo unos días de su postergada jubilación– Laurentino Ceña, quien ya era el hombre fuerte de Zoido en la Guardia Civil como jefe del Mando de Operaciones Territoriales, o el teniente coronel Pablo Montero Llácer, quien permanece como asesor del actual secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, exletrado del Poder Judicial nombrado por Marlaska.

"El ministro y su secretario de Estado proceden del mundo judicial, así que no dominan los entresijos policiales, ni la penetración del Opus Dei en las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado", subrayan a este diario fuentes de la Guardia Civil que piden no ser identificadas. "Así que no saben que tanto Pablo Montero como su hermano, el coronel Jorge Montero –jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca–, trabajan en favor del PP".

Según esta otra fuente, uno de los principales simpatizantes del Opus en la Secretaría de Estado es el comandante de la Guardia Civil Fernando Alcázar, sobrino del coronel Ignacio Alcázar.

Otra fuente policial que también habla bajo condición de anonimato subraya: "Tenemos un problema gravísimo, la radicalización hacia la ultraderecha que están sufriendo la Policía Nacional y la Guardia Civil. La manifestación policial que hubo el sábado pidiendo la dimisión del Gobierno lució la misma simbología que Jusapol, y es peligroso que la ultraderecha se esté apropiando de la inmensa mayoría de la opinión interna en la Policía y la Guardia Civil".

La jueza Martínez Medel se había postulado para la Dirección General de la Guardia Civil y ahora parece buscar notoriedad
Fuentes judiciales también muestran su asombro ante la chapuza de errores, rumores, bulos, corta-pega de digitales ultraderechistas, omisiones y hasta manipulaciones de testimonios en los que se fundamenta el informe de la Guardia Civil sobre la supuesta relación entre la pandemia y la manifestación feminista del 8-M que se envió a la jueza Carmen Rodríguez Medel. Magistrada que se postuló para ser directora general de la Guardia Civil y ahora parece buscar notoriedad ordenando diligencias no urgentes en pleno estado de alarma y amenazando con actuar contra el ministro en caso de que se relacione el cese de Pérez de los Cobos con su falta de información al ministro sobre dicho informe.

"No tiene sentido que formule esa amenaza, porque no emitió un oficio específico prohibiendo al coronel informar a sus superiores, es decir la directora general y el ministro, por lo que los únicos que se debían al secreto de actuación como policía judicial dependiente de la magistrada eran los agentes y/o mandos en concreto que estaban efectuando esa investigación", explican dichas fuentes. Además, todo el escándalo tiene una enorme semejanza con los montajes policiales que organizó en su día el ministro Fernández Díaz contra los adversarios del PP.

"Los que ahora mismo ponen el grito en el cielo por esa supuesta injerencia ejecutiva en temas judiciales ni siquiera abrieron la boca cuando se disolvió irregularmente la comisión judicial que investigaba la corrupción policial del comisario Villarejo, ni cuando Asuntos Internos tomó represalias ilegales contra los investigadores que sí habían sido específicamente encargados y blindados por una providencia judicial... Además, luego se ha demostrado que todo lo que estaban investigando era cierto y gravísimo".

Estos panfletos de mentes paranoides......bulos y difamaciones.
 
Claaaaaroooooooooo

???????????????????

Conspiracion paranoide de la juez y la Guardia Civil contra el pobre Gobierno.....

Por cierto.....te parece bien que un Ministro se entrometra en una investigacion judicial contra el Gobierno exigiendo que le entreguen un informe que solo va destinado a la Juez para la instruccion?

No contestas........
 
La jueza aplaza la declaración del delegado del Gobierno tras las críticas de la Abogacía por su rapidez meteórica

  • Rodríguez-Medel la pospone cinco días después de que saliera a la luz el recurso donde el servicio jurídico de la Administración la acusara de "vulnerar" los derechos de José Manuel Franco por sus prisas en un estado de alarma marcado por el parón procesal
  • El servicio jurídico sostiene que "si las actuaciones no son urgentes, como así lo declara la propia instructora, no se debieron abrir diligencias en una situación excepcional que dificulta en gran manera la defensa del denunciado"

Alicia Gutiérrez
agutierrez@infolibre.es @aliciaguti
Publicada el 28/05/2020 a las 11:00Actualizada el 28/05/2020 a las 11:17
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José Manuel Franco, diputado regional del PSOE-M, en mayo de 2017.

José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid
EFE
La declaración como imputado del delegado del Gobierno en Madrid tras una denuncia por haber permitido las manifestaciones del 8 de marzo acaba de quedar pospuesta cinco días y así lo han confirmado a infoLibre fuentes jurídicas. La magistrada Carmen Rodríguez-Medel, titular del juzgado de instrucción 51 de Madrid, había fijado como fecha el 5 de junio, es decir, solo un día después de que el reloj de los plazos para recurrir decisiones judiciales vuelva a estar en marcha tras el parón procesal del estado de alarma.

La rapidez meteórica con que está actuando la jueza en estas diligencias pese a que ella misma las definió como "no urgentes" ha sorprendido no solo a la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa del delegado del Gobierno, José Manuel Franco. Múltiples juristas a los que el miércoles consultó este periódico temen que lo que consideran una denuncia de armadura débil y cuyo principal refuerzo conocido es de momento un informe de la Guardia Civil plagado de errores, acabe convertido en un verdadero campo de minas para Franco y el Ejecutivo de Pedro Sánchez.



En su recurso contra la incoación de diligencias contra Franco, la celeridad con que la jueza lleva actuando desde el 23 de marzo centra buena parte de las críticas del servicio jurídico de la Administración. "Si las actuaciones no son urgentes no se debieron abrir las diligencias en una situación excepcional que dificulta la defensa" de José Manuel Franco, aduce el servicio jurídico de la Administración.

La apertura de las investigaciones y la práctica diligencias no urgentes "supone una vulneración de las normas que resultan de aplicación durante la vigencia del estado de alarma", se lee en el recurso de la Abogacía. En su escrito acusa a Rodríguez-Medel de haber abierto una "causa general" contra el Gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus. Presentado el 20 de abril y aún pendiente de que la Audiencia de Madrid lo resuelta, el recurso lo expone así: "En su afán de encontrar indicios (...) solicita de la policía judicial que recabe información no solamente sobre la actuación del Delegado del Gobierno, sino de cualesquiera otras autoridades que ni siquiera identifica, convirtiendo esta instrucción en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria".

 
La jueza aplaza la declaración del delegado del Gobierno tras las críticas de la Abogacía por su rapidez meteórica

  • Rodríguez-Medel la pospone cinco días después de que saliera a la luz el recurso donde el servicio jurídico de la Administración la acusara de "vulnerar" los derechos de José Manuel Franco por sus prisas en un estado de alarma marcado por el parón procesal
  • El servicio jurídico sostiene que "si las actuaciones no son urgentes, como así lo declara la propia instructora, no se debieron abrir diligencias en una situación excepcional que dificulta en gran manera la defensa del denunciado"

Alicia Gutiérrez
agutierrez@infolibre.es @aliciaguti
Publicada el 28/05/2020 a las 11:00Actualizada el 28/05/2020 a las 11:17
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José Manuel Franco, diputado regional del PSOE-M, en mayo de 2017.
José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid
EFE
La declaración como imputado del delegado del Gobierno en Madrid tras una denuncia por haber permitido las manifestaciones del 8 de marzo acaba de quedar pospuesta cinco días y así lo han confirmado a infoLibre fuentes jurídicas. La magistrada Carmen Rodríguez-Medel, titular del juzgado de instrucción 51 de Madrid, había fijado como fecha el 5 de junio, es decir, solo un día después de que el reloj de los plazos para recurrir decisiones judiciales vuelva a estar en marcha tras el parón procesal del estado de alarma.

La rapidez meteórica con que está actuando la jueza en estas diligencias pese a que ella misma las definió como "no urgentes" ha sorprendido no solo a la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa del delegado del Gobierno, José Manuel Franco. Múltiples juristas a los que el miércoles consultó este periódico temen que lo que consideran una denuncia de armadura débil y cuyo principal refuerzo conocido es de momento un informe de la Guardia Civil plagado de errores, acabe convertido en un verdadero campo de minas para Franco y el Ejecutivo de Pedro Sánchez.



En su recurso contra la incoación de diligencias contra Franco, la celeridad con que la jueza lleva actuando desde el 23 de marzo centra buena parte de las críticas del servicio jurídico de la Administración. "Si las actuaciones no son urgentes no se debieron abrir las diligencias en una situación excepcional que dificulta la defensa" de José Manuel Franco, aduce el servicio jurídico de la Administración.

La apertura de las investigaciones y la práctica diligencias no urgentes "supone una vulneración de las normas que resultan de aplicación durante la vigencia del estado de alarma", se lee en el recurso de la Abogacía. En su escrito acusa a Rodríguez-Medel de haber abierto una "causa general" contra el Gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus. Presentado el 20 de abril y aún pendiente de que la Audiencia de Madrid lo resuelta, el recurso lo expone así: "En su afán de encontrar indicios (...) solicita de la policía judicial que recabe información no solamente sobre la actuación del Delegado del Gobierno, sino de cualesquiera otras autoridades que ni siquiera identifica, convirtiendo esta instrucción en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria".

No es verdad. Como manipulais. Es de risa!!!! Se ha pospuesto por razones de agenda del propio Juzgado.

??????????????
 
Un ambiente pre golpista

El cese del coronel era la única salida por la que podía optar el ministro. Y eso es lo que hizo. Pero Grande-Marlaska no se ha atrevido a reconocerlo abiertamente

Carlos Elordi
28/05/2020 - 22:24h
Grande-Marlaska saluda a la bandera durante la toma de posesión de la directora general de la Guardia Civil, el pasado enero. EFE/ J.J. Guillén

Grande-Marlaska saluda a la bandera durante la toma de posesión de la directora general de la Guardia Civil, el pasado enero. EFE/ J.J. Guillén
No hay prueba alguna de que los hechos que atropelladamente se han producido en la última semana se inscriban en el marco de una conspiración destinada a derribar al Gobierno y quien sabe a qué más. Pero es bastante evidente que la concatenación de los mismos no es fruto de la estricta casualidad, sino de que en ciertos ámbitos de la derecha y de algunas instituciones existe una predisposición a responder sin miramientos de ningún tipo a cualquier situación favorable a sus intenciones desestabilizadoras. Eso es lo que caracteriza a un ambiente pre golpista. Y a eso hemos llegado.

La rapidez con se fabrican las patrañas con las que se pretende justificar cualquier ataque al Gobierno sugieren que existe un operativo muy bien articulado para vender a la opinión pública los movimientos destinados a desequilibrar la situación. Algunos medios deben de estar desempeñando un papel protagonista en este apartado, que es decisivo para la operación en marcha.

Y sus resultados son evidentes a poco que se hable con ciudadanos corrientes. Porque la gran mayoría de ellos está confundida, vive ajena al juego de maniobras en la oscuridad que se está produciendo o, en el caso de la derecha fanática, que no es pequeña, apoya acríticamente la postura de sus líderes, sean del PP o de Vox. La cosa viene de lejos y la actitud de los políticos democráticos también tiene su parte de responsabilidad en ello. Sea por lo que sea y a menos que cambien mucho las cosas, en estos momentos es impensable que pueda producirse una respuesta popular masiva en defensa de la democracia.

El espectáculo cada vez más angustioso de los debates parlamentarios para la prórroga del estado de alarma sugería ya desde hacía algunas semanas que de un momento a otro había de producirse un acontecimiento que rompiera ese estancamiento imposible de superar. Algo que supusiera un salto cualitativo y agravara drásticamente la situación.

El Gobierno ya era incapaz de provocar un movimiento de ese tipo. Atrapado por su dedicación absorbente a hacer frente a la crisis sanitaria, debilitado por sus desavenencias con algunos de sus socios de investidura y, en algún momento, superado por los acontecimientos, como ocurrió con su pacto con EH-Bildu, Pedro Sánchez y los suyos carecían, y hasta el momento siguen careciendo, de un rumbo alternativo. Aunque la opinión pública dé, cada vez más, muestras de estar harta de las medidas de confinamiento y empiece a hacer cada vez más responsable al Gobierno de su desazón. Y aunque los mensajes de que es necesario mantener alta la guardia contra la epidemia tengan cada vez menos eco. Y, por supuesto, sean ignorados por una oposición que cada vez entona con más fuerza la demanda falsaria y demagógica de "libertad".

El elemento disruptivo ha sido el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. Un personaje destacado, no solo en el ejercicio de las altas funciones a las que ha sido llamado en el pasado, no precisamente con gran éxito en el caso del referendo del 1 de octubre en Cataluña, sino también por su protagonismo en el juicio del procés, en el que su larga intervención hizo girar el ambiente a favor de los acusadores, muy desacreditados hasta ese momento. En la sala del Supremo, Pérez de los Cobos apareció con una persona con un articulado pensamiento político orientado hacia las posiciones tradicionales de la derecha.

A la espera de que se confirmen los detalles del asunto, si es que alguien los puede confirmar, todo indica que el coronel había santificado una investigación realizada por dos de sus subordinados sobre los precedentes de la autorización de la manifestación del 8M en Madrid y ordenada por la jueza Carmen Rodríguez Medel. Podía haber parado ese trabajo a la vista de las muchas irregularidades y subjetividades que contenía ese informe en el que el Gobierno terminaba apareciendo como responsable culposo de haber permitido la propagación del coronavirus.

Pero no lo hizo. Y se convirtió en protagonista de una operación política. Y se negó a echarse para atrás, aunque varios responsables políticos del Ministerio del Interior le pidieron que lo hiciera. Cabe sospechar que alguien le animó a que no tirara la toalla, porque ese informe podía ser útil a determinados propósitos antigubernamentales.

Su cese era la única salida por la que podía optar el ministro del Interior. Y eso es lo que hizo. Pero Fernando Grande-Marlaska no se ha atrevido a reconocerlo abiertamente. Puede que porque pensara que corría el riesgo de que un fiscal le acusara de injerencia en la labor de la jueza Rodríguez Medel. O porque no quería dar más pábulo a la maniobra de Pérez de los Cobos. Lo cierto es que dijo que el coronel había sido cesado dentro del marco de una reordenación de la cúpula del cuerpo, aunque en un primer momento el ministerio había argumentado "pérdida de confianza".

Y eso destapó la caja de los truenos. La derecha se lanzó a por el ministro, sin reparar en barbaridades y falsedades, al unísono PP y Vox, clamando contra quien había ofendido "el honor la Guardia Civil" y pidiendo la dimisión de Marlaska. Todo el arsenal más tradicional de la reacción española fue expuesto en el hemiciclo. Y a la cabeza, la sacralización de la Guardia Civil, que en ese ambiente siempre se ha considerado tan intocable como la Iglesia Católica, aunque en ambos casos sin argumentos mínimamente sólidos desde una óptica democrática.

La dimisión del número dos de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, en solidaridad con el cesado Pérez de los Cobos, dejó de ser argumento de ataque poco después de ser anunciado. Porque el hecho de que el general estuviera a punto de jubilarse le restaba eficacia. La derecha tenía bastante con llamar mentiroso a Grande Marlaska.

Este aguantó el formidable ataque. Insistiendo en que él no se había injerido en la acción judicial. Argumento que parece bastante sólido, porque injerencia habría sido parar el informe y éste llegó a manos de la jueza. Pero al día siguiente, el ministro dio un paso más hacia delante: el de cesar al número tres de la Guardia Civil.

Por lo tanto, Marlaska sigue firme. Pero se mueve en un terreno muy pantanoso. La Guardia Civil es un entramado en el que la democracia sólo ha penetrado muy superficialmente y en el que la autonomía de sus mandos, si no formalmente decisional sí de hecho, sigue siendo grande en un cuerpo en el que mayoritariamente jefes y tropa simpatizan con las ideas de una derecha que cada día es más extrema. Hasta el punto de que no se pueden descartar nuevos episodios de tensión. Pablo Casado parece empeñado en que eso ocurra, pues en las últimas horas se ha reunido con prácticamente todas las asociaciones vinculadas al cuerpo y seguramente no para apoyar al Gobierno.


El momento es por tanto muy inquietante. Porque el ataque de la derecha, que cuenta con fervientes simpatizantes en todo el entramado institucional del Estado, puede aparecer por cualquier otro frente. El Gobierno no tiene más remedio que resistir. Un renovado apoyo parlamentario por parte de sus socios más díscolos en los últimos tiempos debería ayudarle. Si no a salir plenamente victorioso, que eso es difícil mientras no pase algo en el interior del PP, sí a capear este temporal. Lo que está claro es que el éxito económico apenas logrado en Europa no va a cambiar mucho el signo del momento. Aunque a medio plazo puede influir más de lo que se cree.


El PXXE es timorato y pusilánime respecto a las pasadas de frenada de la derecha. No le planta cara y se van creciendo cada día demás.

El único que ha sido capaz de decirle a la cara a un dirigente de VOX que les gustaría un golpe de estado ha sido el vicepresidente Pablo Iglesias. Por supuesto que las críticas van a ser para él, ¡Faltaría más!

Hacen lo que les da la gana sin que nadie les ponga límites. En tiempos de alarma se permiten una concentración de sus diputados enfrente de la puerta del Parlamento cuando todo eso estaba prohibido.

Se le permiten concentraciones y manifestaciones con cazuelas en plena calle cuando por ley estaba prohibido hacerlo en la calle.

Nadie les pone coto. El único que ha sido valiente en decirle de frente lo que pasa es quien al final va a ser criticado.

Así tenemos éste país de pandereta, circo, futbol y toros.
 
Qué tiene que ver lo último del panfleto de Escolar con este hilo? Nada.
 
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