El PP de Aguirre y Botella acorralado por venta de viviendas públicas a fondos de inversión.

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Los Gobiernos populares del Ayuntamiento y la Comunidad, investigados por transferir miles de pisos protegidos "sin concurrencia pública"

La Cámara de Cuentas acusa al anterior Ayuntamiento de Madrid de vulnerar "la ley de contratos públicos"

Raúl Rejón / José Precedo




Una de las promociones de vivienda pública vendida a un fondo de inversión en el Ensanche de Vallecas./OLMO CALVO

El martes 5 de abril, el mismo día en que eldiario.es revelaba el informe de la Cámara de Cuentas que acusa al Gobierno de Ana Botella de saltarse la Ley de Contratos del Sector Público en la venta de 1.860 viviendas a filiales del fondo buitre Blackstone, el exdirector general de Vivienda de la Comunidad de Madrid Juan Van Halen declaraba en el juzgado como investigado (la figura judicial que sustituye al imputado) que indaga sobre si el Gobierno de Ignacio González prevaricó al vender 2.935 pisos sociales al fondo de inversión Azora-Goldman-Sachs.

Las dos operaciones fraguadas en 2013 amenazan ahora en varios frentes al viejo PP madrileño de Esperanza Aguirre, González y Ana Botella, ahora que han perdido el poder institucional y cotizan en horas bajas dentro del partido. Las ventas de estos inmuebles públicos ya nacieron rodeadas de polémica y con la oposición del resto de partidos y de los vecinos que ocupaban los pisos en régimen de alquiler. Pero las mayorías absolutas del Partido Popular entonces en la Comunidad y el Ayuntamiento aplacaron cualquier protesta, sepultaron el debate político y ambas ventas siguieron adelante.


Los argumentarios populares repetían que ambas operaciones eran legales y además suponían ingresos notables para ambas administraciones (201 millones para el Gobierno regional, 128 millones para el Ayuntamiento) cuando azotaba lo peor de la crisis.

Ambos argumentos están ahora en cuestión: en el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid, que investiga al Gobierno de González por los delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación, y también en la Cámara de Cuentas de Madrid.

Los informes de fiscalización de este organismo sobre ambas ventas han destapado graves irregularidades que previsiblemente acabarán dilucidando los tribunales. En el caso de la Comunidad, Cuentas alertó de que la enajenación de los 2.935 pisos protegidos por 201 millones se hizo por debajo del precio de mercado con una "pérdida patrimonial de 98 millones" para el Gobierno regional.

En la operación realizada por el Ayuntamiento de Ana Botella, el dictamen, todavía provisional, de la Cámara de Cuentas va más allá. También detalla que la factura que pagaron las sociedades Fidere del fondo Blackstone debió ser mayor –sostiene que la sociedad municipal podría haber ingresado 30,5 millones de euros más–, pero además revela que no hubo concurrencia pública, que se ofreció información privilegiada a cuatro de las empresas aspirantes (entre ellas la adjudicataria) y que se pagaron 2,4 millones a un intermediario de cuyas gestiones no hay más prueba que las propias facturas de cobro.

Comisiones de investigación
La concejala del área de Equidad del Gobierno de Madrid, Marta Higueras, anunció el miércoles que el Ejecutivo de Carmena estudiará todas las acciones a adoptar para revertir la operación. De entrada, el Ayuntamiento pretende que el asunto ocupe un papel central en la comisión de investigación municipal sobre la deuda. Pero fuentes del Gobierno de Ahora Madrid dan por hecho que el caso volverá al juzgado, pese a que en su día ya fue archivada una denuncia del PSOE ante el juzgado de instrucción número 38 de Madrid por estos hechos.

En la causa contra la Comunidad, que instruye el titular del juzgado 48, los responsables políticos que han declarado se han ido sacudiendo sus responsabilidades apuntando hacia sus superiores. La primera en hacerlo fue la imputada Ana Gomendio, exdirectora general de Vivienda en el Ejecutivo regional, quien declaró al juez que la venta de los 32 bloques de viviendas "fue una decisión política anterior" a su llegada al cargo, donde sustituyó a Van Halen. Así que el siguiente en comparecer en el juzgado fue el propio Van Halen, a quien su imputación ya le costó el puesto como alto cargo en el Ministerio de Fomento: tuvo que dimitir el pasado febrero cuando le llegó la citación judicial.

Sentado ante el juez, Van Halen también decidió apuntar a sus superiores jerárquicos y señaló al entonces consejero de Vivienda, Pablo Cavero, hoy concejal con Esperanza Aguirre en la oposición a Manuela Carmena.

Según fuentes de la investigación, Van Halen contó al juez que se trataba de compensar los 100 millones de euros anuales de asignación que el Gobierno de González había decidido suprimir al Instituto de la Vivienda de Madrid. En castellano raso: que fue una decisión política fraguada en el Consejo de Gobierno de González, que a él le trasladó el propio Cavero. Según las fuentes jurídicas consultadas, lo previsible es que en el juzgado siga corriendo el escalafón, hasta que alguien asuma como suya la decisión de vender los pisos a través de ese procedimiento. Desde la declaración de Van Halen, los focos apuntan a Cavero, hombre de confianza de Esperanza Aguirre.

Y además del frente judicial, está el político: pese a que el PP ha logrado mantener el Gobierno de Madrid, las familias en el poder han cambiado y además la presidenta, Cristina Cifuentes, depende de sus socios de Ciudadanos. En la Asamblea de Madrid ya no vale con aplicar el rodillo de la mayoría de las últimas legislaturas y en esta ya ha arrancado una comisión de investigación con comparecencias de todos los implicados para esclarecer esos negocios con los fondos buitre.

En la calle, además, esperan las plataformas vecinales, dispuestas a llegar hasta el final para aclarar los vínculos de uno de los hijos de Ana Botella, José María Aznar Botella, con ELQ Holding Llc (una filial de Goldman Sachs radicada en el paraíso fiscal de Delaware), que se ha convertido en propietaria, tras una serie de cambios societarios, de 338 viviviendas de protección oficial que correspondían a la Comunidad de Madrid.

http://www.eldiario.es/madrid/PP-Madrid-acorralado-viviendas-inversion_0_502549970.HTML

Que poco se habla de ello y desde luego no es tema de tertulias actuales. Están a otra cosa....
 

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Así defendía Ana Botella la venta de VPO a un fondo buitre: "Es un cambio de casero".




Blackstone se hizo con casi 2.000 pisos públicos en una operación que ha sido calificada como fuera de la ley por la Cámara de Cuentas de Madrid

La exalcadesa se preguntó: "¿De qué problemas habla?", cuando los inquilinos informaron de que la dueña subía los alquileres para renovar los contratos y comunicaba procesos de desahucio

La operación buscaba fondos para evitar la desaparición de la Empresa Municipal de Vivienda, ahogada por el endeudamiento al que se la había llevado

El Ayuntamiento de Madrid que dirigía Ana Botella (PP) vendió 1.860 pisos de protección al fondo buitre Blackstone en pleno verano: la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) decidió adjudicar las 18 promociones un 24 de julio de 2013. Los inquilinos no sabían nada.

La alcaldesa no ha hablado mucho sobre esta operación que ha sido calificada como fuera de la ley por la Cámara de Cuentas de Madrid, como ha publicado eldiario.es. Para ella ha sido un simple cambio de dueño, como dejó sentenciado en el Pleno municipal del 13 de mayo de 2014. Para ella y su equipo, se trataba de un sencilla venta. Sin ninguna consecuencia.


"Para los inquilinos lo único que ha cambiado es su casero, nada más"
Ana Botella despachó así los problemas que habían aflorado con la venta de las viviendas. De hecho, ante el Pleno se preguntaba retóricamente: "¿Y de qué problemas habla?". La exalcadesa solo veía en este proceso que en el "recibo del alquiler, el emisor ya no corresponde a la Empresa Municipal sino al nuevo propietario".

Para Botella, plantear cuestiones acerca de lo que ha supuesto deshacerse de ese patrimonio público y con los vecinos viviendo en los inmuebles era generar problemas. Exigía "no introducir dudas en esos inquilinos, que siguen exactamente en las mismas condiciones". Mientras, Fidere –la nueva casera– comunicaba a los vecinos que si querían mantener sus hogares tenían que aceptar sus nuevas condiciones: rentas más altas, contratos más cortos.

La encargada por Ana Botella para dirigir la política de Vivienda en Madrid era su delegada, Paz González. González ha defendido el proceso que ahora ha cuestionado la Cámara de Cuentas.

"La venta se ha tramitado mediante anuncio público. Favoreciendo transparencia y concurrencia competitiva"
La delegada de Vivienda de Ana Botella incluso presumía de que la EMVS convocó este concurso "sin estar obligada a ello". La Cámara de Cuentas ha visto que se otorgó información clave a algunos aspirantes antes de hacer ese anuncio. Y que el proceso en general fue incumpliendo los procesos establecidos en las normas de contratación. Paz González presentaba así la actuación del Ayuntamiento en 2013: "La EMVS ha articulado un procedimiento impecable que se ha desarrollado desde la más estricta legalidad".

"Nosotros vamos a hacer una política de vivienda pública"
Esa fue la introducción que Ana Botella hizo a su análisis sobre la subasta con los fondos buitre. La delegada de Vivienda de Botella remachaba que el dinero que ingresaban servía para obtener "recursos hoy absolutamente necesarios para las políticas sociales". Vender ese grupo de casas le quitaba a Madrid un montón de viviendas diseñadas y construidas para sostener ese tipo de actuaciones. Varias de las promociones que han terminado en la cartera de Fidere tenían no solo la calificación de públicas y protegidas sino que cumplían "función social".

Allí vivían vecinos con escasos recursos cuyos alquileres estaban calculados en consecuencia. La entrada de Fidere supuso que, al vencer los plazos pactados con al EMVS, la nueva propietaria cambiase unilateralmente las condiciones del contrato si querían seguir viviendo en esas casas. Sin aceptar sus condiciones, lo que llegaba era un aviso de proceso de desahucio.

En realidad, la EMVS estaba ahogada por las deudas, tras años de ser utilizada para cubrir gastos que el Ayuntamiento no podía realizar directamente debido, también, al endeudamiento al que se había sometido a sus arcas –llegó hasta los 7.000 millones de euros–. La ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local impulsada por el Gobierno iba a exigir a las sociedades mercantiles públicas (como la EMVS) que corrigieran sus desviaciones o desaparecieran.

Sin avisar de todas estas gestiones, 1.800 familias se enteraron de la noche a la mañana de que sus casas ya no eran públicas sino privadas. Era pleno verano de 2013. En el Ayuntamiento de Madrid estaban en frenética actividad pero con otro objetivo: la selección de sede olímpica a la que aspiraba Madrid. Se celebraba en septiembre de ese año en Buenos Aires y vio cómo se acuñaba una de las frases más célebres de Ana Botella. No tenían que ver con la operación con el fondo Blackstone.

http://www.eldiario.es/madrid/Ana-Botella-viviendas-sociales-buitre_0_502550482.HTML

A ésta elementa tan bien preparada para algunas cosas...se le premia con un puestecito de asesora para la Organización Mundial de Turismo.

Es para mear no echar gota.
 
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Me parece perfecto que si hay irregularidades, se depuren pero al lado de esta noticia puedes poner el desahucio de 50 familias y la rescisión de 250 contratos de alquiler de vivienda social que ha acordado el Consell de Mónica Oltra.

¿De qué sirve tener viviendas si luego echas a los que se supone que las necesitan?
 
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Esto sí que es indecente e inmoral, vender viviendas protegidas a fondos buitre con la gente viviendo en ellas y sin informarles adecuadamente. Y aún se permiten acusar a otros de no sé cuántas cosas cuando están de vergüenzas hasta más allá de lo imaginable. No sé quiénes me producen más asco y rechazo, si los que han procedido de manera tan vil y ruin contra la gente o los que aún les defienden y obvian semejantes atropellos indignos.

En España tenemos un problema muy serio de incultura democrática y política, de gamberrismo, de insolidaridad y de falta de empatía.
 

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La venta de pisos a fondos buitre, una bomba de relojería que puede explotar a Carmena


1.553 familias sufrirán hasta 2019 subidas del 43% en los alquileres que cobran los fondos buitre y el Ayuntamiento no dispone de viviendas para alojarlos

El Gobierno de Ahora Madrid teme una oleada de desahucios a los que no puede hacer frente y busca resquicios para revertir la venta



Solo este año caducan 351 alquileres de esas promociones ubicadas vendidas por el Gobierno de Botella. En 2017 caducan otros 352. Y en 2018, el último año de la legislatura, serán 690 los alquileres que expiren. Aunque el vencimiento de cada contrato no implica necesariamente un desahucio, las plataformas vecinales sostienen que serán cientos los vecinos que no podrán afrontar los nuevos precios de las filiales de Blackstone. La concejal de Equidad de Ahora Madrid, Marta Higueras, expresó el pasado martes en voz alta un temor que comparte todo el equipo de gobierno: el Ayuntamiento no dispone de viviendas para realojar a quienes no puedan pagar los nuevos precios.

Las consecuencias de aquella polémica operación de venta respaldada con los únicos votos de la mayoría del PP pueden recaer sobre el Gobierno de Ahora Madrid. El propio gabinete de Ana Botella ya tuvo que acudir a un proyecto de viviendas solidarias para dar un techo a las personas que desalojaba el fondo al que vendió sus pisos protegidos pero el grueso del problema se dará durante el mandato de Carmena.

La preocupación en su equipo de Gobierno es máxima: e n cuestión de meses, la nueva alcaldesa y sus concejales, que hicieron bandera durante la campaña electoral y los meses previos contra los desahucios, pueden encontrarse con las manos atadas para hacerles frente en su propio municipio.

Según ha podido saber este diario, las conversaciones informales que las autoridades municipales han mantenido con las filiales de Blackstone para evitarlo no han arrojado resultado alguno. Los fondos de inversión han comprado los pisos para hacer negocio y solo atienden a criterios de rentabilidad, aseguran los dirigentes consultados.

Visto que no hay cauces de negociación, H igueras aseguró en su comparecencia pública del martes que el Ayuntamiento busca cualquier resquicio para ir a los tribunales y revertir la operación, pero las fuentes jurídicas consultadas por eldiario.es sostienen que las filiales inmobiliarias del fondo buitre tienen los contratos muy atados y que deshacer la venta de esas 32 promociones inmobiliarias ocasionaría un desembolso millonario imposible de asumir por el Gobierno municipal. Y el tiempo sigue corriendo en contra del Gobierno de Carmena.

http://www.eldiario.es/madrid/fondos-buitre-relojeria-explotar-Carmena_0_502899983.HTML

Y la responsable de todo ello nombrada asesora de....¡Hay que jod***se"
 
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Madrid
"He sido víctima de las atrocidades del Ayuntamiento de Ana Botella en la venta de VPO al fondo buitre"


María Camino trató de defenderse del desahucio iniciado por Fidere y a cambio vio cómo tenía que abandonar su casa y quedaba fuera de la lista de viviendas sociales de Madrid

La Empresa Municipal dirigida por el PP trató de que renunciara a la casa que ya había vendido "para evitarle un procedimiento judicial" a la nueva propietaria, dice la afectada

"Ha sido una película de agresiones de las administraciones a mis derechos", se queja esta vecina del barrio madrileño de Carabanchel

Raúl Rejón

07/04/2016 - 20:19h



Como María Camino no se plegó fácilmente, la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) la castigó y la dejó fuera de la bolsa de solicitantes de vivienda social, según muestra la documentación de su expediente. Solo con el cambio de color político en el Gobierno local (dirigido por Ahora Madrid), la salvó de verse en la calle: la misma EMVS reconoció que se había actuado incorrectamente y la reincorporó a las viviendas protegidas cuando se había rendido ante Fidere y se marchaba de casa: no podía afrontar las nuevas condiciones de alquiler.

Vencimiento de lo contratos: subida de alquiler
Blackstone compró en 2013 18 promociones de viviendas en alquiler cuyos contratos iban a vencer en meses o años. Como muy tarde, en 2020 las tendrán todas libres de cargas. El contrato de María se prolongaba hasta agosto de 2014 por lo que la empresa le escribió junio: "Fidere le ofrece ofrece suscribir un nuevo contrato de arrendamiento de la vivienda en la que actualmente habita en las condiciones que en breve se le comunicarán".

Esas nuevas condiciones eran básicamente subir el alquiler más de un 35%: de 4.300 euros al año a más de 6.100. Con un periodo de transición de dos años dando saltos de más del 10% cada anualidad. "Yo seguía cumpliendo los criterios de bajos ingresos para vivir en una casa de protección pública [aun hoy los cumple] así que ese nuevo contrato era inasumible para mi familia". Su marido está en paro y ella es la única que aporta ingresos. Fidere le informó en agosto de 2014 que procedería "a la presentación de la oportuna demanda de juicio verbal de desahucio".

Esta dinámica es la que se ha repetido con los inquilinos de las viviendas que pasaron de públicas a privadas. De hecho, este 2016 expiran 352 contratos. El año que viene otros 352. Para 2018 otros 690. La Asociación de Afectados de EMVS espera que el informe de la Cámara Cuentas sirva para reavivar la querella que presentaron por esta subasta y que fue sobreseída provisionalmente.

Con esa espada de Damocles encima, María Camino quiso plantar cara y pelear en los tribunales. "Decidí defenderme del desahucio. Pero como no puedo pagarme un abogado solicité la asistencia jurídica gratuita" que es competencia de la Comunidad de Madrid. "Me la denegaron a pesar de que los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid me avalaban", se lamenta María Camino. La trabajadora social escribió en noviembre de 2015 que "a la vista de las circunstancias se considera necesaria la valoración y apoyo a través de justicia gratuita para su caso".

"Es todo una película de agresiones de la administración", recuerda. De hecho, cuenta que "como sabía que si me presentaba sin abogado ni procurador al juicio de desahucio perdería sin más, me fui de la casa unos días antes de la fecha desahucio". Fidere ya contaba con una casa más de las adquiridas, libres para alquilar al precio que deseara.

Ayuntamiento a favor del casero
A María le parece que mientras intentaba defenderse de Fidere, el Ayuntamiento de Madrid dirigido por Ana Botella trabajaba a favor del fondo buitre. "Yo estaba reclamando a la EMVS y, de repente, recibo un burofax en el que me comunica la Empresa Municipal que tengo que acudir en ocho días a firmar un nuevo contrato para otra vivienda y renunciar al que tengo". Una casa "alejada del barrio en medio del curso escolar de mis hijos", puntualiza.

Así que la EMVS la cita y recibe para que renuncie a la casa que ya no es propiedad de esa empresa pública sino del fondo buitre. "Allí me encontré con más vecinos a los que se les decía que renunciaran por escrito a los pisos que habían ido a parar a Fidere. Se les intentaba evitar tener que interponer procedimientos judiciales de desahucio", explica esta afectada.

Con todo, "me presenté con un acompañante de testigo y les dije que había reclamado. Que no decía que no a la nueva vivienda pero que no podía trasladarme con esa inmediatez por mis hijos". Incluso presentó un documento aquella misma fecha para dejar constancia de ese episodio en la sede de la empresa. "Me dijeron que como había reclamado debía esperar a la contestación que me dieran".

La contestación por escrito que ha podido ver eldiario.es dice: "Como ya se le advirtió, al no haber comparecido en el día y hora señalados se entiende que renuncia a la vivienda adjudicada". Lo firmaba el director de los Servicios Jurídicos de la EMVS un 24 de abril de 2015. María quedaba sin asistencia jurídica para pelear un desahucio y fuera de la lista de peticiones de vivienda social por haber renunciado a una adjudicación.

Esta maniobra fue deshecha por la propia EMVS seis meses después. Reconoció su mala actuación ante María a la que se le restituyó como beneficiaria. Hoy vive en Carabanchel. En una casa de protección social. Su situación familiar y económica no ha variado en todo este tiempo.

http://www.eldiario.es/madrid/atrocidades-Ayuntamiento-Ana-Botella-VPO_0_502900420.html
 

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Todo eso está denunciado a la Comisión Europea desde hace dos años.Aunque Europa ya no parece lo que creíamos que era,están sorprendidos, hasta donde han podido llegar y quieren seguir el partido del PP.No entienden como un partido político puede caer tan bajo y que encima tengan más votos que los demás.Es una cuestión de gentilicio.Europa puede sancionar a un país miembro por no acatar las resoluciones de los derechos humanos según los relatores,pero el castigo sería para los españoles que ya bastante castigados están por su gobierno,ellos no pueden "sancionar" a un partido que corresponde a los ciudadanos hacerlo.La imagen de España está desprestigiada precisamente por las actuaciones de sus gobiernos y por que los españoles siguen permitiendo que estas irregularidades sigan producíendose.Si tuvíeramos una justicia como es debido....Pero al perro flaco, todo se vuelven pulgas .
 
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A HERENCIA DEL PP EN MADRID
Varapalo de los afectados y el PSOE al juez que se niega a reabrir el caso del fondo buitre
  • La defensa de los inquilinos reprocha al magistrado que aceptara como verdad incontrovertible la versión del equipo de Ana Botella y "desprecie como mera valoración" los datos ahora aportados
  • El bloqueo de la causa llegará de nuevo a la Audiencia de Madrid


Alicia Gutiérrez

Publicada 19/01/2017 a las 06:00Actualizada 19/01/2017 a las 19:35




La exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, en un acto oficial cuando estaba al frente del Ayuntamiento.

E. P.
Los afectados por la venta de 1.860 públicos de Madrid al fondo buitre Blackstone y el grupo socialista, que llevó a los tribunales la oscura operación materializada en 2013 por el equipo de Ana Botella, han reaccionado con un durísimo recurso a la negativa del juez a reabrir el caso. Como publicó infoLibre este lunes, el titular del juzgado 38 de Madrid ha denegado la reapertura bajo el argumento de que ni la investigación municipal desarrollada tras el cambio de gobierno ni el demoledor informe de la Cámara de Cuentas regional aportan "nada realmente nuevo".


Los afectados reprochan en su recurso al magistrado que archivase la causa en enero de 2015 tras haber aceptado como "hechos incontrovertibles" la versión del equipo de Ana Botella, según el cual el proceso de venta fue legal de principio a fin, mientras que desprecia "como simple valoración" lo que la propia Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) sostiene ahora a la vista del dictamen de la comisión municipal de investigación y del informe del órgano fiscalizador de la Comunidad.


La EMVS se adhirió como institución a la petición de reapertura formulada tanto por los inquilinos como por el PSOE, que vieron así alimentadas sus esperanzas en que el magistrado accedería a la solicitud. Lejos de ello, el juez dictó un auto en el que, además de recalcar que no observa la existencia de ningún "elemento fáctico" novedoso, lanza una especie de recordatorio al equipo de Manuela Carmena: el de que el Ayuntamiento de Madrid podría acabar siendo responsable civil si prosperase la acción penal cuya reanudación solicita.


Lo previsible es que el juez, Juan Antonio Sáenz de San Pedro, titular del juzgado de instrucción 38 de Madrid, rechace el llamado recurso de reforma, dado que afecta a una decisión tomada por él mismo. Los querellantes deberán entonces plantear un segundo recurso, este ante la Audiencia Provincial. En septiembre de 2015, la Audiencia confirmó el sobreseimiento acordado por Sáenz de San Pedro. Ahora, con lo que los querellantes consideran nuevos y más que relevantes datos sobre la mesa -los destapados por la investigación del consistorio y el informe de la Cámara de Cuentas-, la Audiencia entrará por segunda vez en escena.

El recurso elaborado por el abogado José Mariano Benítez de Lugo ataca la premisa básica en la que el juez Sáenz de San Pedro sustenta su negativa a reabrir el caso: la de la supuesta inexistencia de hechos desconocidos cuando se produjo el carpetazo inicial. "No resulta de recibo jurídicamente -escribe el letrado- minusvalorar lo dicho por los citados Organismos Públicos [el Ayuntamiento de Madrid y la Cámara de Cuentas] a la condición de 'simples nuevas valoraciones de una misma realidad'". "Muy por el contrario -agrega el recurso-, los concienzudos análisis de esa realidad efectuados por los citados Organismos públicos tras analizar el proceso de enajenación, operan desde el análisis de los hechos que se llevaron a cabo en el citado proceso de ventas (los hechos son porfiados)".

"El comprador fijó unilateralmente el precio"

Boicoteada por el PP desde su inicio, la investigación municipal impulsada por el equipo de Manuela Carmena y avalada por PSOE y Ciudadanos certificó que dos filiales de Blackstone se hicieron en 2013 con 18 promociones de pisos públicos por 128,5 millones, un precio no solo inferior en dos millones al ofertado por el propio comprador sino más bajo que el que ofrecía otra empresa.

Ese precio, recuerdan ahora los querellantes, "fue señalado unilateralmente por la parte compradora". Y recuerdan algo más: "no se respetó el procedimiento administrativo establecido por el Ayuntamiento con las consiguientes pérdidas al patrimonio de la EMVS".

La comisión municipal de investigación desveló también que en la operación se produjo el pago de una extraña comisión de 2,4 millones a un supuesto intermediario inmobiliario de cuyo trabajo efectivo no hay rastro. Ese intermediario era una UTE capitaneada por un antiguo socio y directivo del gigante de la gestión inmobiliaria Aguirre Newman SA, empresa en la que un hermano de Esperanza Aguirre figura como copropietario.

El dictamen de la comisión municipal incorporaba un mandato expreso para que la EMVS interpusiera querella o se adhiriese a la de los inquilinos afectados, como finalmente hizo la empresa municipal. Es decir, a la querella que, formulada por los delitos de sustracción de cosa propia a su utilidad social, malversación, fraude y prevaricación, había archivado el juez Sáenz de San Pedro en enero de 2015.

En un escrito posterior al cierre de la comisión de investigación municipal, el fiscal del Tribunal de Cuentas cifró en 2,3 millones el quebranto económico ocasionado por aquella venta de pisos materializada en 2013. Y subrayó que el equipo de Botella había escriturado a nombre de Blackstone 11 garajes [el escrito habla de 13 pero los documentos oficiales, solo accesibles tras el cambio de gobierno, los cifran en 11] que inicialmente no figuraban en la lista y por los que el fondo buitre no pagó ni un euro adicional.

Dos millones de ese indiciario daño que el fiscal cifra en 2,3 millones se explican por la rebaja en el precio de venta originalmente acordado. Y los 300.000 euros restantes equivalen a la propina de garajes que obtuvo Blackstone. El número de plazas de aparcamiento –11– que el comprador recibió gratis coincide exactamente con el de los garajes robotizados que, frente al Museo del Prado, en pleno centro de la capital, acabaron en manos de Blackstone.

El fiscal del Tribunal de Cuentas basó sus conclusiones en un exhaustivo informe de la Cámara de Cuentas de Madrid que había sido aprobado de forma unánime por los integrantes del órgano fiscalizador madrileño. Es decir, había sido aprobado también con los votos de los consejeros afines al PP.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/01/20/varapalo_los_afectados_psoe_juez_que_niega_reabrir_caso_del_fondo_buitre_59989_1012.html


Pues nada, habrá que ir al Tribunal de la UE.

Es muy dificil aceptar y comprender lo que ha expuesto éste juez. Casos como éstos provoca que creamos que éste país hay bastantes jueces que no están dispuestos a aplicar la ley y hacer justicia cuando se trata de gente poderosa.
 
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Esta denuncia otra más de vergüenza, de un partido sin escrúpulos ya está en el Tribunal europeo.Los afectados no van a resignarse,irán si es preciso hasta el mismo infierno.Hay una determinación firme,por que se sienten robados,ellos pagaban religiosamente y cuando los vendieron no les informaron de nada.Tan solo que costaban más del doble y si no aceptaban las condiciones tenían que irse a la calle,edificios construidos con el dinero público.Botella ha pasado todos los limites de la desvergüenza.
 
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La venta de pisos a fondos buitre, una bomba de relojería que puede explotar a Carmena


1.553 familias sufrirán hasta 2019 subidas del 43% en los alquileres que cobran los fondos buitre y el Ayuntamiento no dispone de viviendas para alojarlos

El Gobierno de Ahora Madrid teme una oleada de desahucios a los que no puede hacer frente y busca resquicios para revertir la venta



Solo este año caducan 351 alquileres de esas promociones ubicadas vendidas por el Gobierno de Botella. En 2017 caducan otros 352. Y en 2018, el último año de la legislatura, serán 690 los alquileres que expiren. Aunque el vencimiento de cada contrato no implica necesariamente un desahucio, las plataformas vecinales sostienen que serán cientos los vecinos que no podrán afrontar los nuevos precios de las filiales de Blackstone. La concejal de Equidad de Ahora Madrid, Marta Higueras, expresó el pasado martes en voz alta un temor que comparte todo el equipo de gobierno: el Ayuntamiento no dispone de viviendas para realojar a quienes no puedan pagar los nuevos precios.

Las consecuencias de aquella polémica operación de venta respaldada con los únicos votos de la mayoría del PP pueden recaer sobre el Gobierno de Ahora Madrid. El propio gabinete de Ana Botella ya tuvo que acudir a un proyecto de viviendas solidarias para dar un techo a las personas que desalojaba el fondo al que vendió sus pisos protegidos pero el grueso del problema se dará durante el mandato de Carmena.

La preocupación en su equipo de Gobierno es máxima: e n cuestión de meses, la nueva alcaldesa y sus concejales, que hicieron bandera durante la campaña electoral y los meses previos contra los desahucios, pueden encontrarse con las manos atadas para hacerles frente en su propio municipio.

Según ha podido saber este diario, las conversaciones informales que las autoridades municipales han mantenido con las filiales de Blackstone para evitarlo no han arrojado resultado alguno. Los fondos de inversión han comprado los pisos para hacer negocio y solo atienden a criterios de rentabilidad, aseguran los dirigentes consultados.

Visto que no hay cauces de negociación, H igueras aseguró en su comparecencia pública del martes que el Ayuntamiento busca cualquier resquicio para ir a los tribunales y revertir la operación, pero las fuentes jurídicas consultadas por eldiario.es sostienen que las filiales inmobiliarias del fondo buitre tienen los contratos muy atados y que deshacer la venta de esas 32 promociones inmobiliarias ocasionaría un desembolso millonario imposible de asumir por el Gobierno municipal. Y el tiempo sigue corriendo en contra del Gobierno de Carmena.

http://www.eldiario.es/madrid/fondos-buitre-relojeria-explotar-Carmena_0_502899983.HTML

Y la responsable de todo ello nombrada asesora de....¡Hay que jod***se"
y todavía tendrán el morro de echarle la culpa a Carmena, esperemos y veremos.....
 
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la fiscalía está agotadita de perseguir a tuiteros, titiriteros y gente de mal vivir, a esta gente de buenísimas familias no hay que molestarles, y si no ya sacaremos algún otro tema que distraiga, como el del rey o el gran hermano o lo que sea.
 
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Esto sí que es indecente e inmoral, vender viviendas protegidas a fondos buitre con la gente viviendo en ellas y sin informarles adecuadamente. Y aún se permiten acusar a otros de no sé cuántas cosas cuando están de vergüenzas hasta más allá de lo imaginable. No sé quiénes me producen más asco y rechazo, si los que han procedido de manera tan vil y ruin contra la gente o los que aún les defienden y obvian semejantes atropellos indignos.

En España tenemos un problema muy serio de incultura democrática y política, de gamberrismo, de insolidaridad y de falta de empatía.
Y de ser muy permisivos con la corrupción.Como si esta fuera algo normal,lo que indica que la sociedad esta enferma.Todo lo que venga de una sociedad civil que tolera todo los escándalo y recortes que estamos comprobando y no castiga estas prácticas vergonzosas es que efectivamente sin ética y sin principios todo se destruye,más allá de la convivencia de unos con los otros,está el respeto y la dignidad de un país que está en minimos en todos los sentidos.
 
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El Tribunal de Cuentas da carpetazo al caso de la venta de pisos públicos a un fondo buitre en la etapa de Botella
  • El órgano fiscalizador esgrime que la enajenación de 1.860 viviendas públicas a Blackstone tuvo "naturaleza privada" y aunque el fiscal cifraba el quebranto en 2,3 millones concluye que no hubo "menoscabo" para las arcas públicas
  • El equipo de Carmena confirma a infoLibre que se opondrá al cerrojazo, lo que de manera automática obligará a la reapertura de la investigación contable.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/06/26/el_tribunal_cuentas_carpetazo_investigacion_sobre_venta_pisos_publicos_fondo_buitre_etapa_botella_66820_1012.html

Ocurrirá como en el asunto del Open Tenis, que los que persiguen la corrupción ...serán los perseguidos.

Ahora bien, no es de extrañar porque en el Tribunal de Cuentas trabajan familiares de altos cargos ...Hoy por ti y mañana por mi.


http://www.publico.es/politica/control-del-tribunal-cuentas-partidos.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/06/09/actualidad/1402333463_591562.html

 
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Me parece perfecto que si hay irregularidades, se depuren pero al lado de esta noticia puedes poner el desahucio de 50 familias y la rescisión de 250 contratos de alquiler de vivienda social que ha acordado el Consell de Mónica Oltra.

¿De qué sirve tener viviendas si luego echas a los que se supone que las necesitan?
La cuestión es mucho más compleja. El Consell de Mónica Oltra no pretende dejar a nadie en la calle, y además es su obligación, pero la pretensión de estas familias de que se les hiciera propietarios de los pisos acogiéndose al hecho de llevar viviendo varios años en ellas, no podía ser atendida. El gobierno valenciano dijo que esas viviendas debían incorporarse al parque público de alquiler, para el cual había una lista de espera de 9.000 personas, y desde luego, a estas personas se les informó de que además podían recurrir a las ayudas que se ofrecen en temas habitacionales así como a la mesa de emergencia que tienen los ayuntamientos.

Oltra no tiene una varita mágica para hacer viviendas de la noche a la mañana, y adjudicar las ya existentes y vacías, conlleva un proceso en el que no todos los factores a tener en cuenta dependen exclusivamente de ella y sus consejeros. Por supuesto, se le ha de exigir la obligación de realojo digno a quien lo necesite si el desahucio, desgraciadamente, es inevitable.

Lo que me provoca indignación y vergüenza ajena es que el Partido Popular y sus medios afines pongan el grito en el cielo al oír hablar de desahucios cuando en realidad no han hecho NADA por favorecer el acceso a la vivienda en nuestro país. Han torpedeado TODAS las iniciativas sociales que se han presentado en esta materia, TODAS, e incluso RECURREN cualquier propuesta de ley al Constitucional. A mí no van a engañarme porque conozco de primerísima mano cómo se manejan en este tema, no vengan ahora a escandalizarse porque de verdad causan sonrojo.

El desmán indecente que hay en España con el tema habitacional es producto de décadas de especulación y fraude, tradición patria donde las haya. He perdido la cuenta de las sentencias condenatorias de la UE al respecto. Y ni p.. caso, oiga. Como quien oye llover. No pretenderá nadie que gobiernos de otro color político solucionen la papeleta en dos días.

Estoy totalmente en contra de los desahucios a familias de economía precaria, y más en contra aún de que no tengan alternativa para cuando el desahucio se produce, porque lamentablemente sé también que a veces es inevitable, ya sean ejecuciones hipotecarias, alquiler particular o bien ocupaciones.
 
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