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La inmigración derriba el dique erigido con corruptelas para proteger Canarias
Más de 10.500 'sin papeles' llegaron a las islas en lo que va de año. Con sus viajes al Magreb, Sánchez y Grande-Marlaska tratan, por ahora sin éxito, de conseguir devolver a los inmigrantes

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27/10/2020 05:00
Hace algo más de una década, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, España organizó un sofisticado sistema de colaboración oficial y sobresueldos bajo cuerda a las fuerzas de seguridad de Mauritania y Senegal para impedir que se reprodujera la llamada 'crisis de los cayucos' de 2006, cuando 31.678 inmigrantes irregulares procedentes del continente africano desembarcaron en Canarias.

Catorce años después, ese dique de contención se ha venido abajo. Hasta mediados de la semana pasada, llegaron al archipiélago canario más de 10.500 'sin papeles', la mayoría desde agosto. Con relación al año pasado, son más de un 700% más. Si el ritmo se modera, Canarias cerrará el año con algo más de 15.000 inmigrantes irregulares, pero si se mantiene al nivel de estos últimos días, rebasará los 33.000. Ni siquiera en los peores momentos de la crisis de 2006 desembarcaron en las islas tantos náufragos al día como a principios de este otoño.



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Inclusión, Interior, Defensa y Exteriores pugnan entre sí sin que haya un mecanismo de coordinación entre ministerios y mientras crece el drama humanitario en las islas




2020 también es diferente en materia migratoria. La costa norte de Marruecos, el frente tradicionalmente más activo, registra una caída de las llegadas por mar a la Península de casi un 30%, según el Ministerio del Interior. Pero no solo el flanco canario se dispara sino también el argelino. La mayoría de las pateras o más bien semi rígidas que cruzan el Mediterráneo de sur a norte zarpan de las costas de Orán y de Mostaganem (Argelia) rumbo a Murcia, Almería e incluso Alicante y Baleares.

Desde mediados de año, una vez concluida la etapa más dura del confinamiento en numerosos países, la inmigración está en auge. Las autoridades españolas y europeas prevén que cuando se restablezca una mayor libertad de movimiento, se disparará. Lo reconocía incluso el mes pasado Sabri Boukadoum, ministro de Asuntos Exteriores argelino: las turbulencias pospandemia en África, y especialmente en el Sahel, suscitarán “una gran oleada de inmigración que nos amenaza”. Entrarán en Argelia, advertía, y, de ahí, intentarán dar el salto a Europa junto con muchos argelinos.

A finales de la década pasada, España “metió en nómina a un país entero”, según narró en 2014 en su libro 'Diario de un espía' David R. Vidal, que durante 10 años siguió el fenómeno migratorio para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en África Occidental. Al margen de colaborar con los destacamentos de la Guardia Civil en Mauritania y Senegal, los miembros de las fuerzas de seguridad mauritanas recibían un sobresueldo español por hacer bien su trabajo, vigilar las costas para impedir las salidas rumbo a Canarias. El sistema de 'incentivos pecuniarios', que también se amplió a Senegal, incluía además la concesión de visados Schengen de larga duración y múltiples entradas a varios miles de gerifaltes del régimen que aprovechan sobre todo para viajar a Francia, su país de referencia en Europa.



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El Ministerio del Interior no facilitaba el desglose de los "sin papeles" por nacionalidades. Pero, por fin, ha proporcionado una auténtica radiografía del fenómeno migratorio desde 2014




El dinero de estos sobresueldos no salía de los fondos reservados sino de los acuerdos de cooperación entre el Ministerio del Interior español y esos dos países africanos para reforzar la operatividad de sus fuerzas de seguridad. A mediados de esta década, desembolsaba unos 14 millones de euros anuales de los que Mauritania se quedaba con el 70% y el resto Senegal.

En Mauritania, un asesor del presidente, que entonces era Mohamed Ould Abdelaziz, firmaba los justificantes de los gastos costeados por la cooperación española y desde la jefatura del Estado se repartían los 'incentivos' que llegaban hasta el gendarme que patrullaba por la playa. El Tribunal de Cuentas español señaló en alguno de sus informes el descontrol de Interior sobre el destino real del dinero gastado en cooperación, sobre todo con Senegal.

Fernando Grande-Marlaska, el ministro del Interior, ahondó, a partir de 2019, la política puesta en marcha 10 años antes por su predecesor, Alfredo Pérez Rubalcaba. El año pasado triplicó, hasta alcanzar los 46 millones de euros, las ayudas otorgadas a los países africanos para luchar contra la emigración irregular, según una respuesta del Gobierno al diputado de Bildu Jon Iñarritu. Marruecos, que se benefició de ellas por primera vez, se quedó con el 69,5%, y el resto se lo repartieron sobre todo entre Mauritania y Senegal.



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El esfuerzo no ha sido rentable. Las pateras que llegan ahora a Canarias proceden del sur de Marruecos, del Sáhara Occidental bajo control marroquí y, sobre todo, de Mauritania, según fuentes de Inteligencia. En las últimas semanas, se han sumado también embarcaciones que zarparon desde Senegal y hasta de Gambia. “El recrudecimiento de la emigración irregular desde Senegal alcanza niveles preocupantes”, constaba en un comunicado, el 10 de octubre, de la asociación de periodistas senegaleses especializados en migraciones y seguridad (AJMS).

Una combinación de factores explica que el dique de contención de la migración erigido hace más de una década para proteger Canarias esté deshilachándose. El primero es, probablemente, el incremento de la presión migratoria a causa de la crisis económica provocada por la pandemia. Txema Santana, portavoz en Canarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), señalaba a la prensa local que los migrantes senegaleses y marroquíes eran en sus países “guías, taxistas o vendedores ambulantes de baratijas” que, con la desaparición del turismo a causa del covid-19, se han arruinado.



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Solo durante el estado de alarma, han llegado 1.200 migrantes en patera a Canarias. Cruz Roja ha atendido a la mayoría, pero necesita más recursos




El investigador argelino Raouf Farrah, del centro de estudios Global Initiative Against Transnational Organized Crime, explica, por su parte, el auge de la emigración argelina (+606% con relación a 2019) por “la creciente pauperización, la gestión caótica de la pandemia, las restricciones de las libertades individuales y colectivas y la negativa del régimen a emprender las reformas que consagren las legítimas reivindicaciones del Hirak”, el gran movimiento pacífico de protesta que empezó en febrero de 2019. “Amplios sectores de la población tienen un profundo sentimiento de injusticia, de 'hogra' [humillación], sobre todo entre los jóvenes”, añade. “Para ellos, la emigración clandestina es la única puerta de salida”, concluye.

Para los 'harragas', como llaman en el Magreb a los 'sin papeles', hay ahora un aliciente más. Ya no corren el riesgo de ser expulsados de España y regresar a sus países derrotados y endeudados. Desde que empezó la pandemia, solo Mauritania ha aceptado un puñado de devoluciones con cuentagotas, pero las entregas de inmigrantes a Marruecos, a través de las fronteras de Ceuta y Melilla, y a Argelia, a través del ferry que enlaza Alicante con Orán, están suspendidas 'sine die'.

El desbloqueo de las devoluciones ha sido el principal objetivo del viaje del presidente Pedro Sánchez a Argel, el 6 de octubre, y, en cierta medida, a Nuakchot, el 29 de junio, según indican fuentes diplomáticas. Con el mismo propósito, se desplazará este otoño a Túnez y a Líbano. La Dirección General de la Seguridad de Líbano anunció el 18 de octubre el desmantelamiento de una amplia red que operaba en el aeropuerto de Beirut para enviar a España emigrantes clandestinos libaneses y palestinos.



El TC congela su rechazo a las devoluciones en caliente tras el aval de Estrasburgo
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El alto tribunal había dudado de la constitucionalidad de las repatriaciones exprés introducidas por el PP en 2015, pero el fallo del TEDH puede hacer cambiar la orientación de la ponencia




El jefe del Gobierno ha sido precedido en sus visitas africanas por Grande-Marlaska. En Túnez, el 16 de octubre, le pidió al primer ministro que suscribiera un convenio, similar al suscrito con otros países magrebíes, para poder efectuar devoluciones. Su prioridad es expulsar a los más de 700 tunecinos atrapados en el Centro de Estancia Temporal de Extranjeros de Melilla desde hace más de un año.

Grande-Marlaska se llevó a Nuakchot, el 18 de septiembre, a la comisaria europea de Asuntos de Interior, Yilva Johansson, para sensibilizarla acerca de “la amenaza que se cierne sobre Canarias”, según un diplomático conocedor del viaje. El 6 de noviembre, viajarán juntos al archipiélago para que la responsable europea conozca la otra cara del problema migratorio.

El dique de contención se está también desmoronando en África Occidental, porque desde hace 15 meses Mauritania tiene un nuevo presidente, el exjefe de Estado Mayor Mohamed Ould Ghazaouani. Su equipo no parece tan eficaz como el de su predecesor a la hora de repartir los sobresueldos enviados por el Ministerio del Interior y la corrupción, fomentada por los traficantes de seres humanos, ha ganado terreno entre las fuerzas de seguridad.



Interior reabre los CIE de Canarias con vistas a retomar las devoluciones de migrantes
EFE
La reactivación de las repatriaciones "se irá concretando" en próximas fechas. "Lo anunciará el Ministerio del Interior, pero si se abren los CIE es porque hay perspectiva de que eso ocurra"




Al margen de Nuadibú, la gran ciudad septentrional de Mauritania desde donde tradicionalmente zarpaban los cayucos, los migrantes se echan a la mar desde al menos otros dos puntos de la costa mauritana: los pequeños puertos de Tanit, a 60 kilómetros al norte de la capital, y de Chami, a unos 200 kilómetros.

Interior es muy reacio a transportar masivamente a la Península a los miles de 'sin papeles' atrapados en el archipiélago, porque confía aún en poder entregar buena parte de ellos a Mauritania, mientras que los ministerios de Inclusión Social y de Industria y Turismo, y el Ejecutivo de las islas, sí abogan por su traslado.

Como la red de acogida de Canarias estaba desbordada, unos 2.300 han sido alojados en 12 hoteles vacíos, sobre todo en Maspalomas y Puerto Rico. El 1 de noviembre empieza la temporada alta y como la pandemia está controlada en el archipiélago se acaban de abrir pasillos aéreos con Alemania, el Reino Unido y Suecia, de donde procede cerca del 60% de los turistas que visitan las islas. Urge trasladarlos, en opinión de la Consejería de Turismo canaria, para evitar que los turistas se crucen en la calle o en sus hoteles con esos inmigrantes recién llegados.

https://www.elconfidencial.com/espa...encion-corruptelas-proteger-canarias_2807195/

Esto es insostenible, ni con pagas ni sin pagas, solo con lo que cuesta en hoteles a pensión completa, mas lugo las escursiones que les dan por la tarde.
 
La Fiscalía rechaza investigar a Ábalos por el Delcygate: lo ve "un acto diplomático"

“No olvidemos que la citada vicepresidenta no llegó a entrar en territorio español, sino que se mantuvo en la zona de tránsito”, dice un informe del ministerio público remitido al Supremo



La Fiscalía se opone a que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, sea investigado en el Tribunal Supremo por su encuentro secreto en enero con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, que desveló Vozpópuli. En un escrito al que ha tenido acceso este periódico, el ministerio público que dirige la exministra Dolores Delgado argumenta que las acciones emprendidas por tres partidos políticos se basan en informaciones periodísticas. Añade que no hay pruebas que demuestren que la intervención de Ábalos fuera “más allá de lo estrictamente diplomático” y da por buena la versión del Gobierno de que la mandataria no llegó a pisar suelo español, sino que permaneció en zona de tránsito del aeropuerto de Barajas.

Las claves del caso 'Delcygate'

“Desconocemos, puesto que en las querellas no consta, si el querellado, pese a su presencia en el lugar de los hechos durante cierto tiempo, tomó alguna decisión, es decir, no se individualiza la conducta concreta (...) Tampoco existen indicios de que su supuesta intervención fuera más allá del ámbito estrictamente diplomático, ausencia de indicios que no permite adentrarnos en el campo del delito”, dice el documento firmado por la fiscal Ángeles Guillón. La Fiscalía es un cuerpo jerárquico que depende de la fiscal general del Estado, aunque Delgado ha asegurado en varias ocasiones que no interviene en los asuntos que afectan a sus excompañeros de Gabinete.

Su Departamento defiende que, “para decretar la inadmisión de las querellas acumuladas, bastaría constatar la forma o planteamiento de las mismas, basadas exclusivamente en artículos de prensa (especialmente de Vozpópuli, edición digital) y en la declaración notarial de un trabajador que ni siquiera especifica su puesto de trabajo". Se refiere a la declaración prestada por un guardia de seguridad privada que decía haber prestado servicio la noche de los hechos en la terminal de vuelos privados y confirmó la información adelantada por este periódico.

"No llegó a entrar"
"No olvidemos que además y al parecer, la citada vicepresidenta no llegó a entrar en territorio español, sino que se mantuvo en la zona de tránsito hasta que partió en avión con destino fuera del espacio europeo y que conforme con el Reglamento Europeo y Consejo de 14 de noviembre de 2018, los ciudadanos de Venezuela están exentos de visado", añade la Fiscalía. Según todas las fuentes consultadas, Ábalos subió al avión, se entrevistó con Delcy Rodríguez, que después bajó del aparato y se desplazó hasta la sala VIP de la terminal de vuelos privados donde permaneció durante horas hasta que tomó un vuelo con destino a Doha (Catar).

Por estos hechos se querellaron en el Tribunal Supremo Vox y en primer lugar una formación llamada Partido Laócrata. Acusaban a Ábalos de un delito de prevaricación al haber permitido hacer escala en España a la dirigente bolivariana cuando tiene prohibido su paso por territorio europeo desde 2017 por orden del Consejo de la Unión Europea, que le acusa de violar derechos humanos en su país. Una prevaricación de este tipo se castiga con una inhabilitación de hasta 15 años, según el artículo 404 del Código Penal.

La formación que lidera Santiago Abascal planteó también una posible omisión del deber de perseguir delitos y usurpación de atribuciones, pero el informe fiscal zanja que lo hace “sin fundamento alguno”. Estos dos delitos están castigados en el Código Penal con una inhabilitación de hasta dos años o una pena de cárcel de hasta tres años, respectivamente. Además, Ciudadanos presentó por su parte una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, que también queda despachada con este escrito con fecha del pasado jueves. Responde así a la petición de información que le hizo el Supremo antes de tomar una decisión definitiva sobre si abre una causa penal o archiva el caso.

Se desconoce quién tomó la decisión
El informe tampoco tiene en cuenta las diferentes versiones que Ábalos ofreció de unos hechos que inicialmente trató de ocultar cuando fue consultado por este periódico. "Eso no es suficiente para concluir que actuó a sabiendas de la presunta injusticia", dice. A su entender, “los querellantes, al margen de sus opiniones y sospechas, no concretan cuál es la resolución injusta y arbitraria” dictada por Ábalos “ni siquiera cuáles son los indicios racionales de la participación del ministro en la decisión que cuestionan, desconociéndose quién la tomó”.

En sus argumentos, la Fiscalía sostiene que para actuar contra Ábalos en este caso haría falta algo más que el desconocimiento por parte del ministro de la decisión del Consejo de la Unión Europea, lo cual sería más propio de la vía contencioso administrativa. Pero para la vía penal “se precisa un importante plus que en esta sede no ha sido acreditado siquiera indiciariamente”.

La Fiscalía, cuyo dictamen no es vinculante, fija así su posición respecto a tres de los frentes judiciales que se le abrieron al ministro tras la publicación de su encuentro con la mandataria venezolana en el aeropuerto de Barajas. Al mismo tiempo, traslada toda la responsabilidad al Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid donde también se investigan estos hechos, en este caso por las denuncias presentadas por el PP por la presunta responsabilidad de los policías del aeropuerto.

La Fiscalía del Tribunal Supremo se remite a esa otra investigación para que en el caso de que en ella se encuentren posibles delitos cometidos por Ábalos eleve una exposición razonada al Supremo debido a su condición de aforado como ministro. No obstante, le recuerda que “no basta la mera imputación personal”, sino que “debe investigar hasta encontrar indicios fundados”. “De ahí que sea menester que existan suficientes indicios de responsabilidad contra la persona aforada”, concluye.


 
Hoy analizamos la escalada autoritaria del gobierno de Pedro Sánchez que cada vez va a más. Un estado de alarma de nuevo ilegal que están usando para colarnos su dictadura por la puerta de atrás. Nadie les para los pies y para más inri, ahora tienen al PP de su lado. No les importa la ruina económica solo su bienestar y su sueldo pagado por nosotros.

Nuevo ESTADO DE ALARMA y toque de queda: MÁS AUTORITARISMO | InfoVlogger
https://superocho.org/watch/BQSvAAAH1iNyxx7
 
El presidente de la Fundación Madrina: "Los periodistas me dicen que tienen prohibido grabar las colas del hambre"

Conrado Giménez, presidente de la ONG, denuncia que varios medios de comunicación le han confesado que "hay órdenes de arriba".

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Las colas del hambre van creciendo y suman cada vez más kilómetros. La situación es "insostenible y va haber un gran estallido social. En tres meses empezarán los robos y saqueos", declara Conrado Giménez, presidente de laFundación Madrina en Madrid, una ONG que ayuda a madres e hijos en situación desfavorable y que desde el inicio de la pandemia en España ha ampliado sus servicios a todo tipo de perfiles.

"Hay falta de alimentos. Estamos desabastecidos y no sabemos qué hacer ante la escasez y el alto volumen de demanda. Antes de la pandemia atendíamos a cerca de 400 familias vulnerables al mes y ahora repartimos alimentos a 3.500 familias al día. Estamos desbordados y no hay donaciones suficientes", explica a Libre Mercado el representante de la fundación madrileña.

colas-hambre-7.pngPadres y bebés guardan cola esperando una cesta de alimentos I Fundación Madrina
Giménez, ante el colapso del banco de alimentos, ha acudido a los distintos medios de comunicación que, antes del verano, estuvieron grabando las colas del hambre. Su objetivo era dar la voz de alarma una vez más sobre la ruina económica que pesa sobre los españoles y, sobre todo pedir en televisión ayuda alimentaria y más donaciones. Sin embargo, para su sorpresa, se ha encontrado con un no por respuesta.

El presidente de la Fundación Madrina no da crédito a lo que le han contestado diferentes periodistas de varios medios de comunicación de los que evita dar sus nombres, aunque sí quiere dejar constancia de lo que le ha sucedido: "Antes del verano venían todas las televisiones y en un momento determinado cortaron. Ya no nos compran este tema me decían. No podemos meterlo, no nos dejan grabar las colas del hambre porque nos han dicho de arriba que no se saque, me comentaban unos y otros. Ellos no quieren hablar pero yo lo denuncio porque es verdad, a mí me lo han dicho así, tal y como lo cuento", recalca Giménez con profunda indignación.

colas-hambre-5.jpgColas ante la Fundación Madrina
El director del banco de alimentos está convencido de que "las órdenes de arriba" que exigen la prohibición de emitir imágenes de las colas del hambre proceden del Gobierno de España. A él ya le extrañaba que en cuatro meses no haya habido cámaras grabando por las inmediaciones de la Fundación Madrina, desde que en mayo saltara la impactante noticia de las enormes colas nunca vistas desde la crisis de 2008.

"Cuando vino la prensa recopilé los teléfonos de los medios que se acercaron a grabar para llamarlos cuando volviéramos a necesitarlos. El hecho de salir a nivel mediático fue muy importante porque propició que la gente se solidarizara y los bancos alimentos recibieran una lluvia de donaciones de empresas y particulares. Pero insisto, ya no vinieron más y de esto hace cuatro meses. Y por lo que me indican no van a venir", apunta el representante de la organización benéfica que apunta a medios de comunicación tanto públicos como privados.

Y no es de ahora. Giménez lleva intentando que las colas del hambre vuelvan a los telediarios desde hace varios meses. "Ya este verano llamaba a periodistas viendo la magnitud de las colas, a la vista de que cada vez eran más gigantes, y todos me repetían lo mismo, que les habían prohibido sacar las colas del hambre", reitera.

Según relata el fundador de la ONG Madrina, las imágenes de las familias guardando cola para recibir su cesta dejaron de aparecen en la pantalla de los medios generalistas españoles, pero donde sí se han emitido ha sido en muchos medios internacionales, que están haciendo un seguimiento exhaustivo de la situación económica real que hay en España, al margen de la propaganda gubernamental", informa Giménez.

"No paramos de salir es en los medios internacionales. Han venido de los telediarios de muchísimos países: Holanda, Rusia… Nos han sacado en todos los informativos televisivos extranjeros y aquí en España nada. Hemos hecho declaraciones recientemente para todos ellos. El otro día, la televisión holandesa abrió con nosotros y hablaron de la enorme crisis en España y mostraron las enormes colas que se agolpan ante nuestra fundación. Pero es que el resto de Bancos de Alimentos están igual, se están vaciando", critica con vehemencia Conrado Giménez.

Desde la Fundación Madrina piden que los medios vuelvan a mostrar la cruda realidad y dejen de ocultar las imágenes del aumento de miles de familias que esperan recoger su bolsa de alimentos, consecuencia esta, según Giménez, de "la nefasta gestión del Estado y el Gobierno de España que sólo se dedica a hacer ingeniería social que no vale para nada", insiste.

Por último, el presidente de la Fundación Madrina anuncia que van a verse abocados a pedir auxilio a nivel internacional, "como si España fuera un país africano" y da por hecho que será en muy poco tiempo, dado el desalentador panorama que se avecina. "Estamos dispuestos a pedir ayuda y alimentación en otros países. Desde el Gobierno de España no se nos atiende. No hemos recibido jamás ayuda de ellos. En la Fundación Madrina somos amortiguadores sociales de una situación de crispación y ruina. El Gobierno únicamente vende propaganda, ayudas que son temporales y precarias. No hay empleo y aquí ya vienen personas de toda condición y que jamás pensaron verse en una situación así", concluye Giménez que continúa repartiendo alimentos mientras atiende a las preguntas de este medio.

https://www.libremercado.com/2020-1...distas-no-pueden-grabar-colas-hambre-6673199/

Viendo la censura, el odio que hay hacia los españoles por parte del gobierno progre, mejor que los españoles se pinten de negro se vayan a Canarias en patera tiren su documentación al agua y vivan en calidad de refugiados extracomunitarios en España, con su paga contributiva y su pensión garantizada, es un poco engorroso tener que maquillarse todos los días de betún, pero al menos comerán gratis como los políticos
 
Gracias por darme la razón... la RGI no es una ayuda específica para inmigrantes ilegales. Es una ayuda para TODOS los que cumplan sus requisitos.
claro, claro, cuando vas a un pais: sin estudios, sin oficio, sin conocer la lengua, no hace falta mantenerte , noooooooooooooooooooooooooooo que vaaaaaaaaaaaaaa
te dan las ayudas que nooooooooooooooooooooooooo necesitas y si las necesitan los que tienen estudios arraigo, familia, profesión....
 
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