PP, PsoE y C's firman una ley que permite la venta de armas a Arabia Saudí de manera clandestina

VENTA DE ARMAMENTOEspaña hace negocios millonarios con la venta de armas a países en guerra


Arabia Saudí, Turquía, Emiratos Árabes Unidos o Israel han pagado abultadas sumas por la compra de todo tipo de armamento. Las ONG agrupadas en la campaña Armas Bajo Control reclaman que se adopten medidas urgentes.





El rey Felipe VI con el príncipe heredero de Arabia Saudí Mohamed bin Salman. REUTERS/ Pool/Juan Carlos Hidalgo

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BILBAO
11/10/2019 23:06 Actualizado: 11/10/2019 23:06
DANILO ALBIN

Hay sitios donde el simple hecho de mantenerse con vida se convierte en heroico. Lugares donde la muerte se ha convertido en la marca de la casa. Son las imágenes de sufrimiento y humo que salen en los telediarios. Son los países donde actualmente llegan millonarias exportaciones de la industria militar española, autorizadas por los gobiernos de turno pese a las reiteradas denuncias de distintas ONG.

Hoy las imágenes del espanto llegan desde el Kurdistán sirio. La gente huye de las bombas, tal como ocurre desde marzo de 2015 en Yemen. En el caso kurdo, quien ataca es Turquía. El horror yemení es producido por una coalición encabezada por Arabia Saudí. Según ha podido confirmar Público, tanto el Estado turco como el régimen saudí son socios preferentes de España en materia de venta de armas.


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Arabia Saudí, cliente principal
Según consta en distintos informes elaborados por Amnistía Internacional, Intermon Oxfam, Greenpeace y FundiPau (integrantes de la plataforma Armas Bajo Control), entre enero de 2015 y junio de 2018 –última fecha disponible con datos actualizados por parte de la Secretaría de Estado de Comercio, que aún no ha presentado el informe correspondiente al total del año pasado– se concedieron licencias a empresas españolas para realizar ventas de material de defensa a Arabia Saudí por un total de 2.483 millones de euros, mientras que en ese mismo periodo se realizaron exportaciones por 2.046 millones de euros. En esas fechas, la coalición liderada por los saudíes realizaba intensos bombardeos contra Yemen, lo que para entonces ya arrojaba un saldo cercano a los sesenta mil muertos.

“Las cuatro licencias autorizadas entre enero y junio de 2018 por valor de 13,2 millones de euros incluyeron 2,1 millones de euros en municiones, 2,7 millones de euros en materiales energéticos y 20 millones de euros en equipos de formación de imagen o contramedida.

“Las licencias son las operaciones que el gobierno español autoriza que se realicen y que son analizadas por la Junta Interministerial, donde se vota por mayoría si se concede o no el permiso para exportar”, explica Alberto Estévez, portavoz de Armas Bajo Control. Por su parte, “las exportaciones realizadas son aquellas operaciones autorizadas que se plasman en una venta”. Dependiendo del producto que se vaya a exportar, “puede ocurrir que desde que se autoriza la venta hasta que se realiza efectivamente el envío pasen varios meses”, señala Estévez.

Torpedos para Erdogan
Turquía, que hoy bombardea a la población kurda, también ha sido escenario de suculentos negocios para la industria militar española. De acuerdo a los datos extraídos de los estudios de Armas Bajo Control, en ese periodo se alcanzaron exportaciones por 716,8 millones de euros. Entre el material vendido al Gobierno de Erdogan figuran bombas, torpedos, cohetes y misiles, así como agentes químicos y biológicos o piezas para un avión de entrenamiento.

“Recomendamos suspender y revocar las licencias de exportación de armas pequeñas y su munición y de otro material militar y de seguridad hasta que el Gobierno turco aplique reformas jurídicas y medidas administrativas eficaces para poner fin a la tortura, y garantizar que las fuerzas de seguridad usan la fuerza de acuerdo con las normas internacionales sobre la materia”, decía el informe de las ONG correspondiente al primer semestre de 2018.

Muertes en Gaza, compras en España
Israel, con sus ataques a la población palestina, es otro de los clientes de la industria militar española. “Entre 2015 y 2017, el Gobierno español autorizó 69 licencias de exportación de material de defensa a Israel autorizadas por valor de 16,5 millones de euros y las exportaciones realizadas ascendieron a 4 millones de euros”, relata uno de los informes. En tal sentido, destaca que en el primer semestre de 2018 “se exportaron municiones y equipos electrónicos por valor de 390.957 de euros”. Ese mismo año, “las fuerzas israelíes mataron al menos a 180 personas, entre ellas 35 menores, durante las manifestaciones por el derecho al retorno de las personas refugiadas”.

Aeronaves para EAU
Emiratos Árabes Unidos (EAU), que participa activamente en los ataques contra la población yemení, es otro de los grandes compradores de armas exportadas desde España. “Entre 2015 y 2017 el Gobierno español autorizó 40 licencias de exportación de material de defensa a EAU por valor de 102,4 millones de euros, y llevó a cabo exportaciones de armas por importe de 83,6 millones de euros”, explica el documento de Armas Bajo Control.

En el primer semestre de 2018, “el Gobierno autorizó 10 licencias de material de defensa por valor de 239 millones de euros”. En concreto, Emiratos pagó 3 millones de euros en concepto de municiones y 236 millones de euros “en aeronaves, incluidos cinco aviones de transporte militar”. “Las exportaciones (867.623 €), fueron de material de la categoría de aeronaves para las Fuerzas Armadas”, añade el informe.

En ese sentido, Armas Bajo Control advierte que Emiratos “sigue desempeñando una función destacada en la coalición internacional encabezada por Arabia Saudí”, remarcando que “ha llevado a cabo decenas de ataques ilegítimos en Yemen”. De hecho, denunciaba que “tropas de EAU y milicias apoyadas por EAU que operan en el sur de Yemen llevaron a cabo desapariciones forzadas y torturas”.

Al-Sisi compra bombas y cohetes
Egipto, gobernado con mano de hierro por el general Abdelfatah Al-Sisi, también figura en el ranking de estados que han gastado varios millones de euros en compras a España. Entre enero de 2015 y junio de 2018 hubo en total 345,6 millones de euros en exportaciones de material de defensa hacia ese país. Solo en los primeros seis meses de 2018 se concedieron once licencias por valor de 3,15 millones de euros, lo que incluía 750 mil euros en municiones, 964.156 euros en bombas, torpedos, cohetes y misiles, 186.000 euros en sistemas de dirección de tiro y 1,25 millones de euros en vehículos terrenos.

En ese mismo periodo las exportaciones a Egipto fueron de 8 millones de euros, “entre las que figuran 770.500 euros en municiones, 4,94 millones de euros en bombas, torpedos, cohetes y misiles, 18.000 euros en sistemas de dirección de tiro, 430.566 euros en vehículos terrenos y 1,8 millones de euros en aeronaves”.

Ante esos datos, Armas Bajo Control recomendó al Gobierno “adoptar una política de ‘presunción de denegación’ de exportación de armas a Egipto hasta que las autoridades apliquen salvaguardias adecuadas para evitar nuevas violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y se procese a los responsables y denegar las autorizaciones de armas mientras siga habiendo un riesgo sustancial de que podrían emplearse en Yemen”.

Munición para Pakistán
Por su parte, Pakistán, enfrentado a India y en permanente estado de movilización militar, realizó pagos de hasta 52,2 millones de euros en concepto de materiales militares enviados desde España. En su último informe, Armas Bajo Control pidió “suspender la exportación de armas pequeñas, munición y vehículos mientras Pakistán siga usando ese material para cometer y facilitar violaciones graves de derechos humanos”.

https://www.publico.es/politica/ven...os-millonarios-venta-armas-paises-guerra.html
 

España vendió material antidisturbios para reprimir la ola de protesta global que dejó muertos y heridos en varios países​

El Gobierno justifica la exportación de material militar a distintos países cuestionados por las actuaciones de sus cuerpos de seguridad. En el listado figuran los Antidisturbios de Chile y Perú, acusados de violaciones a los derechos humanos por sus actuaciones represivas contra manifestantes. También hubo ventas de cartuchos lacrimógenos a Túnez.​




Carabineros
Carabineros de Chile en una imagen de archivo. — Alberto Valdés / EFE

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BILBAO
01/02/2021 22:01
DANILO ALBIN @DANIALRI

Haykal Rachdi tenía 21 años. El pasado 18 de enero, agentes de la Policía de Túnez le lanzaron un bote de gas lacrimógeno a corta distancia. Haykal participaba en la ola de protestas sociales que durante las últimas semanas atravesó ese país. La muerte llegó siete días después a causa de las heridas. Otro joven, Aymen Mahmoudi, tuvo más suerte: hoy se recupera de las graves heridas provocadas en la cara por otro bote lacrimógeno.

Los nombres de Haykal y Aymen figuran en un reciente comunicado de Amnistía Internacional que denuncia, precisamente, la mala utilización de ese tipo de armamento por los cuerpos policiales. En el caso de Túnez, las miradas se dirigen también a España: según consta en una respuesta escrita del Gobierno enviada al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, este país vendió cartuchos lacrimógenos a la Policía tunecina en 2019 por un importe de 85.176 euros.

No fue el primer negocio de ese tipo con el Gobierno de Túnez. En 2018, fabricantes españoles habían conseguido que el Ejecutivo de este país les permitiese exportar "artificios de luz y sonido y botes de humo por valor de 183.076 euros", según recordaba Iñarritu en su pregunta.

El diputado de EH Bildu intentó que el Ejecutivo explicase "cómo valoró el riesgo de que pudiera contribuir al uso excesivo de la fuerza en manifestaciones en un marco de impunidad en ese país". Sin embargo, el Gobierno ha vuelto a ampararse en su política de secretismo sobre la venta de armas para no dar ninguna explicación concreta sobre dicha valoración.

"No deberían exportarse armas a ningún Estado donde puedan ser utilizadas para conculcar los derechos humanos", afirma Iñarritu a Público. En ese contexto, el diputado vasco considera que existe una "doble vara de medir" por parte del Estado español. "En este asunto priman los intereses económicos", lamentó.

Tales intereses primaron, además, en un contexto global sumamente relevante: Túnez es tan solo un ejemplo de los países agitados por una gigantesca ola de protesta social que nació antes de que llegara la pandemia y que consiguió mover a millones de personas en lugares tan distantes como Hong-Kong, Colombia, Chile o, incluso, la Francia de los Chalecos Amarillos.

En cuestión de meses la ola se hizo tsunami y contagió a distintos continentes. El hartazgo social era, más allá de cualquier frontera, el común denominador de esas movilizaciones. La respuesta fue, en todos los casos, de carácter esencialmente represivo: ahí están los muertos en Colombia, los ojos arrancados por balas de goma en Chile o las vidas perdidas en las calles de Túnez.

En la respuesta remitida a Iñarritu, el Gobierno señala además que las seis licencias de exportación a Perú concedidas en 2018 y 2019 englobaban concretamente "despieces para la fabricación de artificios lacrimógenos, cartuchos propulsores y postas de goma".

El caso de Perú resulta problemático. El artículo 20 del Código Penal de ese país exime a las Fuerzas Armadas y a la Policía de rendir cuentas "en caso de causar lesiones o muerte", denunciaba el diputado de EH Bildu. Al igual que en otros casos, el Gobierno español no aclara cuáles han sido los parámetros seguidos para permitir igualmente que se vendiese material represivo a ese país latinoamericano.

El pasado 9 de enero, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos determinó que durante las protestas registradas en Perú en el mes de noviembre se produjo "un uso innecesario y excesivo de la fuerza" por parte de la Policía. El informe establece además que la Policía disparó perdigones y cartuchos de gas lacrimógeno "de manera indiscriminada y a corta distancia". Hubo dos muertos y cientos de heridos.

Según reflejan los informes oficiales sobre venta de armas que elabora la Secretaría de Estado de Comercio, Colombia es otro de los países latinoamericanos sacudidos por protestas sociales que también compró material militar a España.

En 2019 hubo negocios por 8,8 millones de euros en "munición de artillería y de armas ligeras y partes, piezas y repuestos para aviones de transporte de fabricación española", mientras que el año anterior se registraron ventas por 11,0 millones de euros en "repuestos para mantenimiento de obuses de artillería, munición de artillería, repuestos para vehículos blindados de fabricación estadounidense y española, y partes, piezas y repuestos para aviones de transporte de fabricación española".

Alberto Estévez, portavoz de AI sobre comercio de armas y material de seguridad, sostiene que "si España quiere exportar gas lacrimógeno a Túnez, pese a su historial de uso desproporcionado de la fuerza, o a Perú, cuya Policía y Fuerzas Armadas han causado la muerte de más de 150 personas durante protestas en los últimos 20 años, puede hacerlo, pero también podría suspender la entrega del material y condicionarlo a que los policías reciban formación sobre el uso de la fuerza y se adopten medidas para acabar con la impunidad, procesando a los responsables de torturas, malos tratos y homicidios ilegítimos o efectuando reformas legislativas".
Policías peruanos
Un policía peruano dispara contra manifestantes durante las protestas de noviembre. — Aldair Mejía / EFE
"En el caso de Perú, por ejemplo, eso pasaría por derogar la Ley de Protección Policial, que viola el derecho internacional y deja una puerta abierta a la impunidad y el uso excesivo de la fuerza por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas", subrayó Estévez. Precisamente, en noviembre pasado AI pidió al Gobierno español que no concediera nuevas autorizaciones de exportación de material antidisturbios, suspendiera los envíos de las autorizaciones concedidas y revocase la autorización de las licencias no ejecutadas. "La pregunta del millón es qué ha hecho la Junta Interministerial que regula la venta de armas, porque sus actas son secretas en virtud de la Ley de Secretos Oficiales de 1968", añadió el portavoz de AI.

El lanzamiento de gas lacrimógeno por parte de los cuerpos policiales de Perú y Túnez figura en un informe que este lunes ha dado a conocer Amnistía y en el que se analiza la utilización de ese tipo de armamento en diferentes países. "El constante uso indebido de gas lacrimógeno por parte de la Policía en todo el mundo es temerario y peligroso, y a menudo causa lesiones e incluso la muerte de manifestantes pacíficos", advirtió Patrick Wilcken, director adjunto del Programa de Asuntos Globales de AI.

Grilletes para Chile​

Del mismo modo, el informe enviado por el Ejecutivo permite establecer que se exportaron "grilletes de doble cierre (esposas normales)" con destino a los Carabineros de Chile, severamente cuestionados por la represión desatada contra las protestas surgidas en octubre de 2019.

En un informe publicado a finales de ese año, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos humanos denunció "un elevado número de violaciones de derechos humanos de manos de Carabineros y militares en Chile, entre las que se encuentran el uso excesivo e innecesario de la fuerza que ocasionó muertes ilícitas y heridas, tortura y malos tratos, violencia sexual, y detenciones arbitrarias".

Tras advertir que "el control de asambleas por los Carabineros ha sido realizado de manera fundamentalmente represiva", subrayaba que "algunas violaciones de derechos humanos, en particular, el uso inadecuado de armas menos letales y casos de malos tratos, son recurrentes en el tiempo y el espacio".

Con esos datos sobre la mesa, el Gobierno español defendió que la autorización de la venta de grilletes a los Carabineros se produjo "antes del comienzo de los disturbios locales".

Iñarritu también había preguntado sobre las salvaguardas adoptadas por la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMMDU), órgano encargado de la concesión de licencias de exportación, en el caso de los sensores y cámaras térmicas vendidas a la Policía y al "sector de la investigación" de la República Popular China. También se refirió a las armas pequeñas y municiones exportadas a Filipinas en 2019 por más de 8 millones de euros.

En el caso de China, el Ejecutivo asegura que "fueron evaluados los productos por los expertos del Ministerio del Interior de España y, debido a las características de los mismos, no se detectó que pudieran darse desvíos a usos no deseados", alegó el Gobierno.

Respecto a las exportaciones de armamento a Filipinas –donde, según denunció Naciones Unidas en junio pasado, se han cometido "graves violaciones a los derechos humanos" por parte de las Fuerzas de Seguridad–, el Gobierno argumenta que "cada operación a este destino es analizada detenidamente" y que se tienen en cuenta el "respeto a los Derechos Humanos", la "situación interna" del país y el "riesgo de desvío" del material exportado, "además de exigir unas estrictas garantías de uso final".

"Criterio de precaución"​

Sin embargo, el oscurantismo oficial en torno a esas autorizaciones provoca serias dudas entre los organismos de defensa de los derechos humanos. No en vano, el portavoz de AI reclamó que el Gobierno "prepare ya una nueva ley sobre esta cuestión que recoja las normas internacionales y se adopte un criterio de precaución en la autorización de venta de este material a países en los que, como Irak, Chile, Bolivia o Líbano, se han producido manifestaciones y uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en 2019 y 2020".

 

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