Los jubilados se manifiestan contra la subida del 0,25% de las pensiones

Hacienda amenaza con multas a miles de pensionistas


Emigrantes retornados de otros países europeos tras jubilarse comienzan a recibir declaraciones paralelas con propuestas de sanción de miles de euros al considerar Hacienda sus pensiones como rentas generadas en el extranjero, similares a las regularizadas por los defraudadores VIP con la amnistía tributaria ilegal

EDUARDO BAYONA

@e_bayona
La Agencia Tributaria ha comenzado a remitir requerimientos con propuestas de sanción a emigrantes retornados que cobran en España pensiones de jubilación generadas en los países en los que se ganaron la vida: considera que tanto los subsidios públicos como los planes de pensiones privados son rentas generadas en el extranjero que deben tributar aquí, por lo que les reclama su regularización o el abono de las deducciones que hayan podido aplicarse por doble tributación, según el caso y siempre con amenazas de multas de varios miles de euros, intereses de demora al margen.

“Hay un millón de personas afectadas”, explica Eva Fontcubierta, de la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados (FEAER). Los requerimientos hacen referencia a los ejercicios fiscales a partir de 2013, cuyas eventuales infracciones tributarias quedarían prescritas el 30 de junio.

Entre sus asociados hay casos sangrantes, como el de un jubilado de Cádiz que regresó de Holanda en 2009 con una pensión mensual de 776 euros más un pequeño fondo de pensiones y que, mientras hace frente a una deuda de 9.000 por el IRPF de 2012, ha recibido otro requerimiento por el de 2013 en el que le reclaman entre 7.500 y 9.000 (una cuota presuntamente defraudada de 5.963 y una multa de 1.565 a 2.981) más intereses. “Está pagando alquiler y el resto de gastos que pueda tener cualquier persona. Acaba de vender su coche y el mes pasado le embargaron los 647 euros que tenía en su cuenta, sin respetar el mínimo vital”, explica.

La cuantía de las multas con las que la Agencia Tributaria amenaza a los emigrantes retornados resulta llamativa cuando procede del mismo Gobierno que, con una amnistía fiscal declarada ilegal por el Tribunal Constitucional, permitió que 31.500 defraudadores regularizaran 40.000 millones pagando solo 1.200.

Más de 300 millones de euros recaudados
Un portavoz de la Agencia Tributaria confirmó el envío de los requerimientos a pensionistas retornados “que no aprovecharon la ventana de regularización de 2015 para ponerse al día en sus obligaciones tributarias”. La misma fuente, que declinó especificar a cuantos emigrantes se les han enviado notificaciones, rechazó que se tratara de una acción masiva como la de la anterior legislatura. “No se trata de una oleada, sino que periódicamente se realizan chequeos por ámbitos de contribuyentes”, explicó.

Fontcubierta, por su parte, sostiene que sí se trata de requerimientos generalizados a los emigrantes retornados, en lo que sería la continuación de la campaña iniciada por Hacienda entre 2012 y 2014 y suspendida coincidiendo con los años electorales de 2015 y 2016.

La primera campaña, que afectaba a los ejercicios de 2008 a 2012 e incluyó a extranjeros que se afincan en Andalucía y la costa Mediterránea, se saldó, según una respuesta parlamentaria al diputado malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia, con la regularización de 147.462 pensionistas que pagaron 309,13 millones de euros. “Sin que haya habido intereses, recargos y sanciones”, sostiene el Gobierno, que envió 800.000 requerimientos.

Por comunidades, las más afectadas fueron Andalucía (35.493), la Comunitat Valenciana (21.688), Galicia (20.945), Madrid (16.497), Catalunya (13.434) y Castilla-León (10.459), que son también, junto con Canarias, las que más emigrantes retornados acogen cada año, según los datos del Ministerio de Empleo.

Siete millones en multas sin devolver
“Entonces solo regularizaron su situación el 21% de los afectados, y ahora les están llegando las cartas al otro 79%. Están recibiendo notificaciones los pensionistas y en algunos casos los herederos de fallecidos, que tienen que hacerse cargo de las deudas si aceptaron las herencias”, explica Fontcubierta.

El Gobierno, que abrió de enero a junio de 2015 un periodo de regularización sin recargos para los ejercicios a partir de 2010, acabó dando marcha atrás en las sanciones, que solo ese año habían alcanzado los 20 millones de euros. Sin embargo, el hecho de que no las devolviera sin reclamación previa del afectado hizo que solo devolviera trece.

“El Gobierno trata con guante de seda a los poderosos mientras con puño de hierro machaca a los más débiles”, señala Heredia, que sostiene que “no existió culpa, ni siquiera mera negligencia, en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales por parte de estos pensionistas, ya que la administración tributaria nunca les había exigido que tributasen por esas pensiones, e incluso en las oficinas de Hacienda se les decía que no tenían que declararlo”.

El diputado socialista, que considera que el colectivo de emigrantes retornados “está sufriendo una enorme discriminación, ya que teniendo derecho a recibir información fiscal” la Agencia Tributaria no incluye la información de esas pensiones en el borrador del IRPF y, además, “no está aplicando de manera generalizada sentencias que dan la razón a emigrantes retornados de Alemania que tributaron en su día por los acuerdos bilaterales en ese país, y que no tienen obligación de declarar en España porque ya tributaron en su momento”.

Los requerimientos, añade, “asfixian sus débiles economías y generan un miedo importante entre estas personas, que nunca habían recibido una carta amenazante en estos términos, y mucho menos de Hacienda”.

“Una mención genérica” en el borrador
“La ilusión de toda persona que se va de su tierra es regresar”, anota Fontcubierta, que destaca que los afectados por la campaña de Hacienda “son personas que contribuyeron al desarrollo de España enviando divisas a partir de los años 50, que trabajaron durante años lejos de su tierra y que ahora, cuando vuelven con pensiones de 700 y 800 euros, se encuentran con esto”.

El borrador de la declaración del IRPF que elabora la Agencia Tributaria no incluye datos sobre las pensiones generadas en otros países, aunque desde 2013 si lleva “una mención genérica a la obligación de incluir la totalidad de las rentas obtenidas en España y en el extranjero”.

Los emigrantes españoles que obtuvieron pensiones de invalidez en otros países se encuentran con otro problema al regresar a España: los consulados han dejado de homologar esas declaraciones y se ven obligados a pedir su homologación en la Seguridad Social, lo que supone un trámite de varios años en los que no cobran.


¡Que vergüenza!
 
Rafa Mayoral en Los Desayunos de TVE:
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"Hay algo de lo que se habla muy poco, y es que el 1 de Enero de 2019 es el día del atraco a las pensiones, donde se aplicará el "factor de sostenibilidad" que recortará un 7% las pensiones".
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"Hay una nueva agenda política internacional a la que se ha sumado M. Rajoy que pretende meter la mano en el bolsillo de los pensionistas para entregárselo a los bancos".

 
El poder de la culpa


Rajoy continúa siendo Presidente del Gobierno gracias a los votos de los que se sienten culpables. Y pretende continuar siéndolo con la misma estrategia

Joan Coscubiela
04/03/2018 - 23:07h
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Manifestación contra el Gobierno por las pensiones ante el Congreso de los Diputados LAURA OLÍAS

La culpa tiene poder, bien podría ser el título de una nueva rumba catalana. O quizás mejor la letra de un rap de denuncia cantado en las movilizaciones sociales.

La culpa tiene poder y los poderosos saben por qué. Se viene utilizando desde tiempos ancestrales y con gran éxito como elemento de dominación social. Alcanza su cénit con las religiones monoteístas, que han conseguido ofrecernos el pack completo. La culpa -del pecador- la confesión, el arrepentimiento y la penitencia.

Ha sido tal el éxito histórico de la culpa que se utiliza por ideologías y sistemas políticos de todo tipo. La autocrítica no es más que la vertiente laica de la confesión de culpa y las consecuencias impuestas al “autocriticado” pura penitencia en forma de depuración política.

Si la culpa es tan poderosa para el control social es porque impone al culpable el arrepentimiento, en forma de resignación.

En España tenemos a uno de los campeones mundiales en la estrategia de la culpa. “Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades” fue la frase más vomitada por Rajoy para justificar sus políticas de ajuste. En pleno aquelarre se llegó a decir que “hemos comprado a crédito viajes al Caribe” para justificar en el debate parlamentario de Julio del 2012 la reducción de las prestaciones de desempleo.

Lo más peligroso del uso de la culpa por el poder es que suele tener éxito. Rajoy continúa siendo Presidente del Gobierno gracias a los votos de los que se sienten culpables. Y pretende continuar siéndolo con la misma estrategia.

Estos días, de manera desacomplejada, los miembros del gobierno Rajoy, los expertos acólitos y sus voceros han conseguido el récord mundial en el decatlón de la culpa.

Para justificar la congelación de pensiones y su perdida de poder adquisitivo a perpetuidad, mientras esté vigente la ley del 2013, han intentado sepultar a los pensionistas de sentimiento de culpa por ser unos privilegiados.

Se pretende acallarlos con el argumento de que son el colectivo que mejor librado han salido de las políticas de recortes sociales. Y desgraciadamente el argumento cala, porque son muchos los pensionistas que tienen en su entorno personas muy maltratadas por la crisis y las mal llamadas políticas de “austeridad”.

Diferentes “expertos” orgánicos del Partido Popular recuerdan a los pensionistas que algunos de ellos cobran más que lo que cobran sus hijos y nietos trabajando. Como si su pensión fuera un regalo y los salarios de miseria de sus hijos una maldición bíblica.

Esta es una argumentación que cala en las personas pensionista, porque tiene una gran capacidad de generar culpa, arrepentimiento y resignación. Durante años, mi madre perceptora de una pensión mínima se sentía culpable de cobrar prácticamente lo mismo que la trabajadora social que le ayudaba en su situación de dependencia.

Por supuesto en esta orgía culpabilizadora no podía faltar el Gobernador del Banco de España que nos acaba de regalar la “lindeza” de decirle a los pensionistas que la congelación de las pensiones no les afecta tanto como parece, porque la mayoría son propietarios de sus viviendas y con ello tienen unos gastos menores de alojamiento.

Como si la vivienda en propiedad no fuera el fruto del ahorro de toda una vida, que en muchos casos les sirve para pagar una plaza en una residencia privada ante la escasez de plazas públicas.

Resulta cínico que los mismos que justifican la congelación de las pensiones– incluso de las mínimas – porque algunos pensionistas son propietarios de su vivienda, sean al mismo tiempo los máximos defensores de la desaparición del impuesto de sucesiones, incluso para elevados patrimonios. Defienden que las personas cuyo único ahorro es una vivienda en propiedad la dediquen a garantizar su subsistencia en los últimos años de vida, mientras al mismo tiempo proponen que los que heredan importantes patrimonios no paguen impuestos.

Esta estrategia de acusar de privilegiados a los que disponen de derechos no es nueva. Se ha llegado a decir que los jóvenes no tienen trabajo por culpa de unos padres que tienen empleos y salarios privilegiados. Esta es de hecho la ideología de las reformas laborales y con la que se ha intentado vender el mal llamado “contrato único”.

Si alguien ha sufrido y continúa sufriendo la estrategia de la culpabilización por parte del poder, son las mujeres.

La ideología patriarcal pretende que las mujeres se sientan culpables de casi todo. De no ser madres, si así lo han decidido, por poner en riesgo la demografía de la sociedad. De ser madres y querer trabajar al mismo tiempo sin morir en el intento. De pretender que sus opciones vitales no penalicen sus trayectorias profesionales. De no atender bien a los hijos por poner por delante su condición de persona. De cobrar menos que los hombres por no estar suficientemente formadas.

Estos días asistimos a una vergonzosa ofensiva del Gobierno Rajoy y el Partido Popular para hacer sentir culpables a las mujeres que denuncian la brecha salarial de genero y a los convocantes de la huelga del 8 de marzo.

Se ha llegado a decir que era una movilización de mujeres privilegiadas, porque solo podían hacer huelga las que trabajan y se ignora a las que están desempleadas. Increíble pero cierto.

La avalancha de culpa que nos echan encima a unas y otros no es una anécdota. Forma parte de una ofensiva ideológica para que aceptemos resignadamente la máxima consigna del capitalismo financiero global: “Repartíos el salario y las pensiones entre vosotros, que los beneficios del capital no se tocan y de impuestos ni se habla”.

Una estrategia exitosa que ha conseguido hacer del agravio comparativo entre las personas trabajadoras el motor de la historia, ocupando el vacío dejado en esa función, antaño articuladora de la política y la sociedad, por la lucha de clases.

Quizás ha llegado el momento de componer un rap titulado: “A la mierda con la culpa”. Eso sí, con prudencia, no sea que nos acusen de un delito de odio.

http://www.eldiario.es/zonacritica/poder-culpa_6_746535343.html
 
La recuperación de Rajoy no da para subir las pensiones


Si no se pueden subir las pensiones no es porque no haya recursos, sino porque Rajoy y su gobierno los han venido distribuyendo a favor de los que ya tienen más de por sí. Y lo lamentable es que ni siquiera harían cambios para que las cosas fueran de otro modo

Juan Torres López
04/03/2018 - 21:02h
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Manifestación contra el Gobierno por las pensiones ante el Congreso de los Diputados LAURA OLÍAS

El presidente Mariano Rajoy ha sido sincero respondiendo a los pensionistas que le reclaman mejorar las pensiones que reciben. Les ha dicho que "la recuperación económica no ha llegado a donde todos queremos que llegue y no tenemos los recursos suficientes para poder subirlas más".

El presidente lleva razón pero solo en parte.

Es cierto que ha habido una recuperación de la economía, tal y como reflejan la gran mayoría de los indicadores: el crecimiento del PIB, la inversión y particularmente la que se realiza en bienes de equipo, el consumo de los hogares, las exportaciones e importaciones, el empleo, las ventas y la cifra de negocios, el crédito a familias y empresas, e incluso otros más subjetivos como los de confianza empresarial o de los consumidores.

Negar la evidencia es absurdo. Hemos salido de una situación muy complicada y la economía española se encuentra ahora en una situación muy diferente a la de crisis y recesión de años anteriores.

Lo que ocurre, sin embargo, es que esa recuperación indiscutible se ha producido sobre unas bases que comportan, por decirlo de una manera suave, demasiadas sombras, sobre todo, porque se ha hecho descansar en el privilegio de unos pocos en detrimento de la gran mayoría.

Los principales "puntos oscuros" de la recuperación conseguida por el Gobierno de Rajoy son, a mi juicio, los siguientes:

  • Hemos tardado mucho en salir de la crisis (9 años frente a 2 de Alemania, o 3 de Francia e Italia) y aquí ocurre como con una gripe: no es igual tenerla durante un par de días que durante dos meses.
  • La recuperación es evidente, como he dicho, pero no semejante en todos los sectores de actividad, ni claramente consolidada: hay actividades que no terminan de despegar y otras que presentan signos de retroceso. Por poner solo dos ejemplos, el consumo privado se ha ralentizado y la inversión no alcanza los niveles precrisis.
  • Mantenemos un problema muy grande de deuda que podría ser peligroso si suben los tipos de interés: la pública aumentó en 2017 a un ritmo de 1.200 euros por segundo y el Estado tendrá que colocar en los mercados unos 7.000 euros de deuda cada segundo en 2018, 220.000 millones en todo el año.
  • El ahorro está en mínimos históricos y el 58% de los hogares tiene que endeudarse para llegar a fin de mes.
  • Efectivamente, se han creado empleos, pero siguen existiendo problemas muy graves en el mercado de trabajo: hay 1,7 millones de empleos, 900.000 afiliados y unos 80 millones de horas semanales menos que antes de la crisis; la tasa de temporalidad es la más alta de Europa y está en el nivel más elevado desde 2008. El 91% de las personas que tienen contratos temporales desearían tener uno indefinido y el 58% de las personas que trabajan a jornada parcial quieren hacerlo a jornada completa. El año pasado se firmaron más de 21 millones de contratos de trabajo (el 91% temporales), es decir, casi 44 por cada nuevo empleo añadido.
  • La crisis no se ha utilizado para cambiar el modelo productivo, sino que más bien se han reforzado nuestros grandes defectos estructurales: la debilidad de nuestra industria, el predominio de servicios de bajo valor añadido e intensivos en mano de obra, la especialización en productos de tecnología medio alta y de calidad medio baja, la competencia vía precios, la escasa complejidad en nuestra proyección exterior o exportaciones que recaen sobre las espaldas de muy pocas empresas y con gran componente de bienes importados, entre otros... Y se han hecho los recortes más altos de las economías de nuestro entorno con las que hemos de compararnos en actividades esenciales para el futuro como la investigación, las energías alternativas, la educación o la lucha contra la desigualdad.
  • Los beneficios y los costes de lo realizado para lograr esta recuperación se han repartido muy desigualmente. España es el país europeo en donde más ha aumentado la desigualdad y ya somos el tercer país más desigual de Europa: el 79% de los jóvenes (19-30 años) tiene la impresión de que han sido excluidos de la vida económica a raíz de la crisis; el 24,2% de entre 20 y 34 ni trabajaba ni estudiaba en 2015; el salario anual de los jóvenes menores de 26 años que entran al mercado laboral es un tercio inferior al que hubiesen percibido en 2008; el 86,6% de los españoles que obtienen rentas ingresan menos de 30.000 euros al año; el 62,6% dice que su situación económica es igual que hace seis meses, el 23,6% dice que peor y sólo un 13,4% dice que ha mejorado...
  • Y, para colmo, esta recuperación se ha producido paralelamente a una crisis institucional sin precedentes en nuestra historia, algo que es muy peligroso también para la actividad económica: la confianza en nuestros representantes políticos disminuye y la unidad nacional se pone en peligro, en gran parte alentada por la torpe y pervertida respuesta que el Gobierno de Rajoy ha dado al independentismo (no se puede explicar de otra manera que haya crecido tanto bajo su mandato).
En definitiva, es totalmente cierto que el Gobierno de Rajoy ha logrado recuperar la economía, pero lo ha hecho favoreciendo a los grupos e intereses económicos ya de por sí más poderosos, concediéndole cada vez más capacidad de decisión y mejores condiciones para obtener beneficios.

Eso es lo que explica que los salarios hayan caído casi 40.000 millones (y no solo por el menor empleo) en la renta nacional, lo que en la práctica significa casi tanto dinero menos de ingresos para las empresas, que el 54% de las horas extraordinarias no se retribuyan, que el 28% de los contratos firmados en julio pasado y los 2/3 de los temporales de agosto duraran menos de una semana y que se hayan disparado los contratos de cero horas.

¿Cómo se va a poder subir las pensiones con esa realidad laboral, con esa precariedad salarial tan extraordinaria?

El Gobierno de Rajoy ha creado las condiciones para que las grandes empresas y los bancos obtengan impresionantes beneficios y que tengan grandes ventajas fiscales, pero a costa de las empresas más pequeñas y medianas y de las familias.

  • Como ha señalado hace poco el economista Vicente Clavero, los seis mayores bancos españoles (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bankinter) no han pagado, en conjunto, ni un solo euro por el Impuesto de Sociedades desde el inicio de la crisis económica, pese a haber ganado 84.000 millones mientras tanto (en realidad, han tenido un saldo a su favor con Hacienda de 164 millones de euros). Si hubieran pagado solo el 10% de esos beneficios el Estado podría haberle dado 1.600 euros a los 5,22 millones de pensionistas españoles que tienen una pensión de menos de 1.000 euros.
  • Un buen ejemplo de cómo y a costa de quién se ha producido la recuperación que ha promovido el Gobierno de Rajoy es que una sola de las grandes empresas, ENDESA (que antes era de todos los españoles y fue vendida al capital privado por el Gobierno de Aznar) repartió en un solo año, 2014, el mayor dividendo de la historia de España: 14.600 millones de euros. A cambio, en España tenemos la luz más cara de Europa antes de impuestos y doce veces menos energía solar que en Alemania, porque Rajoy entregó la cabeza del sector a la señora Merkel nada más empezar a gobernar.
  • El Banco de España ha estimado, muy a la baja, que de los 54.353 millones de euros que se han dado en ayudas a la banca, sólo se habían recuperado 3.873 millones a finales del año pasado y que finalmente no se llegarán a recuperar ni 15.000 millones.
  • De 2007 a 2016, la participación en la renta nacional del 10% más pobre de la población española descendió un 17%, mientras que la del 10% más rico creció un 5% y la del 1% más rico, un 9%.
Teniendo en cuenta todos estos hechos, algunos informes afirman, yo creo que sin exagerar, que la recuperación económica en España ha beneficiado cuatro veces más a los grupos de renta más alta que al 90% más pobre de los españoles. Y con una recuperación tan desigual es natural que el presidente Rajoy diga que no se pueden subir las pensiones.

Por si no se pueden subir las pensiones no es porque no haya recursos, sino porque Rajoy y su Gobierno los han venido distribuyendo a favor de los que ya tienen más de por sí. Y lo lamentable es que ni siquiera harían cambios extraordinarios para que las cosas fueran de otro modo (como está ocurriendo, sin ir más lejos, en Portugal):

  • Dice Rajoy que no hay dinero para subir las pensiones, pero cada año se destinan casi 5.000 millones de euros a desgravar a los ahorradores que tienen fondos de pensiones privados. No se solucionaría con ello el problema, pero permitiría una subida de unos 2.000 euros anuales a los 2,6 millones de pensionistas que cobran menos de 600 euros al año. Y, por si eso fuera poco, el Gobierno se va a gastar alrededor de otros 5.000 millones de euros en rescatar autopistas de peaje, con las que han ganado miles de millones sus constructores.
  • Sin necesidad de subir los impuestos sino solo avanzando en la reducción de la economía sumergida (entre 150.000 y 200.000 millones de euros) o el fraude fiscal (que algunas estimaciones sitúan en 70.000 millones), tratando simplemente de alcanzar el porcentaje del PIB que la recaudación de los grandes impuestos representa en Europa se podrían recaudar unos 25.000 millones anuales adicionales. Y eso, por no hablar de lo que se podría hacer si las grandes fortunas españolas tributaran mínimamente por los 120.000 millones de euros que se calcula que tienen en paraísos fiscales.
  • Dice Rajoy que no hay dinero para pensiones pero sí hay para dedicar (en términos reales y sin la ocultación con que los presenta el Gobierno) más de 18.000 millones de euros anuales a gasto militar. Y mientras que Rajoy dice que no hay recursos para las pensiones su Ministra Cospedal se ha comprometido a doblar este gasto en los próximos siete años.
Con una recuperación con cargas y beneficios tan mal repartidos es imposible subir las pensiones. Y si seguimos con un modelo económico al servicio de la banca que gana dinero creando deuda o encareciendo artificialmente la financiación a base de comisiones, y de las grandes empresas que destruyen el mercado interior o que explotan nuestras cadenas de creación de valor, será imposible incluso mantenerlas en el futuro.

Para mejorar y garantizar nuestras pensiones públicas es imprescindible un pacto nacional que modifique las grandes coordenadas en que se viene basando nuestro modelo económico, que alcance acuerdos sobre la distribución de las rentas y las ganancias de productividad, que reparta los esfuerzos para invertir en el futuro, que apoye a las empresas españolas que pueden crear y dedicar su valor añadido a crear empleo y riqueza en nuestro país, que garantice la inversión en I+D+i, que imponga mínimos de justicia fiscal, que sanee nuestro sistema educativo... Sé que son objetivos difíciles porque chocan contra el statu quo político y contra los privilegios de las grandes empresas y bancos pero lograrlos es la única manera de hacer que España no sufra crisis más profundas en un futuro que puede ser inmediato, por ejemplo, si los mercados financieros se ponen feos y comienzan a subir los tipos de interés.

http://www.eldiario.es/zonacritica/recuperacion-Rajoy-da-subir-pensiones_6_746185387.html


Sólo espero que los jubilados no se dejen llamar burros por aquello que ha dicho Montoro de que tiene zanahorias que repartir cuando le apetezca y esté cercanos los tiempos electorales.

Si hay zanahorias que las reparta ahora, no cuando le interesa y despreciando a los pensionistas llamándoles burros para que se coman esas zanahorias cuando a él y a su gobierno le convengan.
 
Linde y Griso, nuestros mayores y nuestros menores


Nuestros mayores y menores en el poder se niegan a aceptar que las pensiones son un derecho. Las declaraciones del Gobernador del Banco de España han causado especial indignación

La táctica del PP consiste en negar la existencia del problema de entrada. Luego avanzar que el palo va a venir porque “no hay dinero para todo”. Y seguir con zanahorias paliativas como marcan los cánones más clásicos de la manipulación

Rosa María Artal
02/03/2018 - 21:34h

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Pensionistas protestando en Bilbao

Luis María Linde de Castro es uno de nuestros mayores. Tiene 72 años y ostenta el cargo de gobernador del Banco de España. El PP cambió la ley para que no tuviera que dejarlo a los 70 como marcaba el estatuto de la entidad. Linde lleva toda su vida trabajando como funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. En su caso, se ha dedicado básicamente a actividades bancarias y en particular al Banco Central de nuestro país, en diferentes puestos.

Linde no ha comentado ni media palabra de las pensiones que van a quedarles a sus colegas de estatus. 13 grandes consejeros, como Ana Patricia Botín o Francisco González, llevan acumulados 197 millones de euros para cuando se jubilen. Sus empresas les facilitan ese colchón. El propio Linde cobra, en activo, 176.000 euros tras subirse el sueldo recientemente un 5,8%. 14.666 euros al mes

Linde piensa que ellos lo valen, con toda probabilidad. No así el resto de los jubilados, “nuestros jubilados”, los suyos, que osan quejarse teniendo muchos de ellos una casa en propiedad que ya es en sí misma una renta, se ha atrevido a decir. Como si el PP hubiera pagado las hipotecas particulares, considera los pisos parte de la pensión. Hay que oírlo para creerlo:




Jesús Cintora

✔@JesusCintora


VÍDEO El Gobernador del Banco de España, Luis María Linde, dice que muchos jubilados tienen vivienda y eso ya "es una parte importante de su pensión de jubilación"

21:31 - 1 mar. 2018
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Me recuerda un chiste malo que contaba mi padre. Un orondo Prior preguntó ante su suculenta comida por el menú de los hermanos del convento:

-Sopa de ajo, monseñor- le respondió el cocinero.

-Ah, qué bien, con ajico y todo- se congratuló el Prior.

Todavía les quedan pisos a algunos ancianos. Todavía no han arramplado con ellos para dar el dinero “que no tienen” a las constructoras de autopistas quebradas, a las Cajas, o a quienes les parezca. Todavía hay dinero disponible para saquear el erario en su provecho, como han hecho muchos de los suyos. Miles de jubilados ayudan a hijos y nietos que de otra forma no podrían mantenerse con la precariedad sentenciada. Tiren del piso que tanto les costó pagar para que Linde y los demás sigan disfrutando de la vida que creen les corresponde. Y así debe ser, porque la tienen.

La táctica del PP consiste en negar la existencia del problema de entrada. Las pensiones estaban garantizadas, juraban por sus muertos. Luego avanzar que el palo va a venir porque “no hay dinero para todo”. Y seguir con zanahorias paliativas como marcan los cánones más clásicos de la manipulación.

Montoro anuncia medidas como reducir el IRPF a los más vulnerables. Los más vulnerables no pagan IRPF. O dar una regalía a los mayores de 80 años, siempre que no cobren más de 14.000 euros al año. Un cheque, en forma de “impuesto negativo” una figura tributaria de la que “Montoro es un firme defensor” – nos cuentan- y que se atribuye al economista Milton Friedman. Es decir, al inspirador de la ola ultraliberal y de la propia “crisis” que vivimos.

Volver al sistema de vincular la revalorización acorde con el IPC, es un antigualla según Montoro. Su colega y coetánea Celia Villalobos -68 años- propone ahorrar 2 euros al mes desde jóvenes. De 20 a 65 años sumarían 1.080 euros en total, una fortuna para afrontar la vejez. Esta lumbreras preside la Comisión para las pensiones del Pacto de Toledo.

Nuestros mayores y menores en el poder se niegan a aceptar que las pensiones son un derecho. Echen cuentas, además, de los impuestos que hemos pagado durante toda nuestra vida. No precisamente 2 euros al mes. Para detalles consulten, por ejemplo, el artículo del economista Eduardo Garzón Espinosa demostrando que dinero sí hay para lo que quieren y desenmascarando sus falacias. Las soluciones también están estudiadas. Más trabajo y mejor remunerado. El empleo actual paga las pensiones en justa correspondencia a lo que se ha venido haciendo.

Dinero hay, y muchas deudas también por la mala gestión y la gestión interesada, y sobre todo prioridades políticas en el diseño ultraliberal de la desigualdad. Y si se pueden ahorrar unos cuantos millones de las pensiones buenos serán, caiga quien caiga. Lo peor es que también han entrado con éxito en el juego del enfrentamiento entre víctimas. A los jóvenes les han agostado el futuro, ni siquiera dispondrán de pensión por este camino. Tengan presente al segmento de parados de 45 años, los olvidados, los que llevan clavada la angustia en el corazón. O a los que se encaminan a esa meta porque siempre habrá un precario más joven y barato que sustituya al que ya cobra de más. ¿No serán las políticas que se siguen y las estafas que se perpetran lo que falla?

Sí, el mayor porcentaje de votantes del PP y también del PSOE se da entre mayores de 65 años. Pero, como se está demostrando en las actuales protestas masivas de pensionistas, no todos participan de un conservadurismo cerril incapaz de ver lo que ocurre o de no sentir lo que les afecta directamente. De ahí que el brazo mediático de la derecha (PP y Ciudadanos) actúe implacable.

Susana Griso en Antena 3 fue este jueves un paso más allá en su conocido activismo político conservador. Bochornosa coacción a una mujer de 92 años a la que llevó al estudio para “alertarla” del peligro que supone su opción política de izquierdas. Con ejemplos falaces, por parciales. Le recordó Grecia, pero no mencionó el éxito de Portugal y, en particular, obvió la propia España del PP que paga a esta anciana 700 euros al mes de pensión. Con ajico y todo, ya ven.




Alberto González@queridoantonio

Una historia de terror.
Susanna Griso explica a Francisca Martínez, de 92 años, las posibles consecuencias de confiar en Podemos o IU para solucionar el problema de las pensiones

12:28 - 1 mar. 2018
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El mayor error de una sociedad esquilmada, engañada y timada es caer en la tentación de culpar a sus semejantes y no ver quién dirige los hilos y ostenta la mayor responsabilidad. En la generación de mayores de 65 años, están quienes lucharon contra la dictadura y construyeron la democracia. La generación que abrió cauces y rompió tabúes y barreras. Este jueves, Ochéntame Otra vez, de TVE, mostró aquella pléyade de escritores que popularizó la literatura, los programas culturales de aquella televisión que ni en sueños se harían ahora.

En esta generación de sesentones, estamos las mujeres que fuimos a la universidad entre hombres, en abrumadora minoría. En 1977, solo el 2,1% de los universitarios españoles éramos mujeres. Y en algún caso trabajando a la vez. Y las que propiciamos poderosos cambios en la liberación de la mujer que, en franca regresión, retomamos ahora y a todas las edades y en gran parte del mundo.

Estragante paternalismo el que explica a Paquita lo que hicieron los izquierdistas malos de Grecia. Y tantos otros que se emplean con igual tono. Ofensiva, la extendida creencia de que nos volvemos cretinos, lelos y estúpidos al cumplir años. Miren, de “nuestros mayores”, nada. Desde luego no somos “los mayores” de Linde, con sus 72 años. Y, de ser “los mayores” de políticos y escribidores que no se quitan la expresión de la boca, es que algo serio se torció en el camino de la evolución. Los mayores no son una propiedad colectiva. Y tragar con una rebaja de la pensión, en las insultantes circunstancias actuales, creo que no va a colar.

http://www.eldiario.es/zonacritica/Linde-Griso-mayores-menores_6_745835430.html


Y Susana Griso sigue en su puestecito

:love:
 
Ya hemos aguantado por encima de nuestras posibilidades.

Una mujer de 83 años pasa tres días sin comer por no alcanzarle la pensión


La monja Lucía Caram denuncia en Twitter que la anciana acudió al convento de las dominicas de Santa Clara de Manresa y pidió, avergonzada, "un poco de leche y pan".


Sor Lucía Caram en una entrevista con Risto Mejide.

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MANRESA
06/03/2018 09:34 Actualizado: 06/03/2018 09:34
EFE

La monja Lucía Caram, conocida por su labor de apoyo a la infancia y los desfavorecidos, ha denunciado públicamente el caso de una mujer de 83 años que acudió al convento de las dominicas de Santa Clara de Manresa (Bages) para pedir ayuda tras pasar tres días sin comer por no alcanzarle la pensión.

Sor Lucía Caram, que ha desvelado el caso de esta mujer en su perfil de Twitter, que tiene casi 200.000 seguidores, ha explicado que la anciana, que vive sola en un pequeño piso del barrio de Escodines de Manresa, acudió al convento y pidió, avergonzada, "un poco de leche y pan" porque llevaba tres días sin comer.

La monja argentina afincada en España ha afirmado que la mujer, que tiene una hija que vive en Almería, tiene que malvivir con 380 euros al mes y que "no cobra pensión porque, aunque ha trabajado toda su vida, no ha cotizado" y sólo cobra una ayuda social mínima.

"Cuando llegó al convento, nos mostró su cartilla del banco y estaba a cero", ha destacado Caram, que ha lamentado que, desgraciadamente, este sólo es un caso de una situación de pobreza que padecen muchas personas mayores "que realmente lo están pasando mal".

https://twitter.com/sorluciacaram/status/969963207614976007
Sor Lucía Caram

✔@sorluciacaram


Una mujer de 83 años vino al Convento a pedir leche y pan. Lleva 3 días sin comer. No le llega su pensión... con ella paga los gastos de "su piso" y después le quedan 38€ para pasar el mes

15:50 - 3 mar. 2018
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Según la religiosa, se dan muchos casos como los de esta mujer que no trascienden mediáticamente y que "se encuentran en absoluta indefensión" y ha subrayado que "en el convento de Manresa ayudamos a 1.400 familias, pero no hay muchas personas mayores".

Sor Lucía Caram ha asegurado que, al conocer el caso de esta mujer, "hemos empezado a movernos" para ayudarla, acompañarla y ya están estudiando la posibilidad de que tenga en casa el servicio de teleasistencia de la Cruz Roja.

Caram, que también es conocida mediáticamente por su apoyo a posiciones independentistas en Catalunya, ha desatado un intenso debate en las redes sociales entre quienes culpan al Estado y quienes culpan a la Generalitat por estas situaciones de pobreza.

Otras personas han empezado a contactar a través de la red social con la monja para ofrecerse a ayudar a la anciana.
 
Por no abrir otro hilo lo pongo aquí..

El Gobierno deja sin gastar 44 millones en Dependencia pese a las listas de espera
Las comunidades critican al Ejecutivo por no poner los recursos suficientes
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ANTONIO MAQUEDA

Madrid 5 MAR 2018 - 21:37 CET


El Gobierno anunció en los Presupuestos de 2017 un aumento del gasto en Dependencia de 100 millones de euros, un 8,6%. Sin embargo, se han dejado sin desembolsar 44 millones, según los datos de ejecución presupuestaria a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Y ello a pesar de unas listas de espera que ascienden a 300.000 dependientes. Si se compara con lo que realmente se gastó en 2016, que fue más de lo presupuestado, la partida solo ha subido un 2,4% y no un 8,6%. Las comunidades critican al Ejecutivo por no poner los recursos suficientes.

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Una madre juega con su hijo dependiente, con una discapacidad reconocida del 47%. SAMUEL SÁNCHEZEL PAÍS
El Gobierno pactó con Ciudadanos el año pasado un incremento de la partida de Dependencia por valor de 100 millones de euros en los Presupuestos de 2017. La formación naranja lo incluyó entre sus exigencias para apoyar las cuentas públicas. Sin embargo, según el Observatorio Estatal para la Dependencia, una entidad independiente nacida en el seno de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, este acuerdo presentaba un serio inconveniente: no se elevaba el gasto por dependiente atendido. ¿Y qué significa esto? La Dependencia se tiene que financiar a partes iguales por comunidades y Gobierno. Pero las autonomías ya ponen una cifra muy superior al Estado, casi al máximo de sus posibilidades. Mientras el Ejecutivo siga aportando muy poco por cada atendido, será muy difícil subir el gasto en Dependencia.

Los coeficientes por dependiente atendido se elevarán un poco en 2018. Pero llevaban congelados desde 2012, cuando se recortaron, en el caso de un dependiente con grado máximo desde los 266 euros al mes hasta los 177. Al contar solo con un ingreso muy exiguo por dependiente, las comunidades no pueden armar la estructura necesaria. Ya ponen el 82% del total gastado, según cifras de 2016. Lo que, por otra parte, significa que el Gobierno incumple el 50% al que le obliga la ley de Dependencia en su memoria económica, denuncian varias comunidades. Además, según explican, Hacienda ha suprimido desde 2012 otros 280 millones adicionales que proporcionaba el Estado central todos los años, y ha limitado en las sucesivas leyes presupuestarias la capacidad de las autonomías para aumentar su personal.

Todos esos impedimentos se traducen en que por más que se anuncien aumentos del gasto en los presupuestos, la cantidad realmente desembolsada no puede subir. Ni las comunidades tienen los medios, ni pueden aportar mucho más dinero del que ya ponen. En ocasiones, esta estructura incluso va en perjuicio de los más necesitados: con tal de reducir las listas y aparecer bien en la foto, algunas autonomías acaban concentrando más recursos en los casos levesa costa de dejar sin atención los más graves y, por tanto, más costosos. “No importa cuánto aumentas el tamaño del depósito si has limitado la cantidad que circula por el grifo”, comenta un experto.

Cuestión de 1.800 millones
El Gobierno deja sin gastar 1.600 millones del pacto con Ciudadanos
En definitiva, la congelación de esos pagos por atendido ha provocado que el gasto no pueda subir todo lo que estaba previsto en Presupuestos: del aumento de 100 millones consignado, se han dejado sin gastar 44 millones, situando la partida en un total de 1.218 millones, según los datos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. “La crueldad estriba en la desatención de 310.000 personas en lista de espera, de los cuales 120.000 son grandes dependientes y dependientes severos, muchos en situaciones dramáticas”, sostiene José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Y si se compara con lo que realmente se desembolsó en 2016 y no simplemente con lo que se presupuestó, el resultado es aún peor: el gasto solo ha subido en 28 millones, es decir, un 2,4%, por debajo incluso de lo que creció el PIB. “Hemos elevado el número de atendidos, pero las cantidades recibidas apenas aumentan. Bastaría para arreglar el problema con que el Gobierno cumpliese con su mitad del gasto y pusiera unos 1.800 millones más”, señala un alto cargo autonómico.

“Ante estos datos esperamos una reacción de Ciudadanos y que requiera al Gobierno una corrección inmediata. Si no lo hace, será cómplice de la desidia del Gobierno con la Dependencia”, dice Ramírez. Según cálculos del Observatorio, con esos 44 millones se podría haber atendido unos 6.600 dependientes. Tres de cada cuatro son mayores de 65 años.


https://elpais.com/economia/2018/03/05/actualidad/1520282128_132019.html

No hay dinero para pensiones pero el dinero destinada a los dependientes no se ha gastado al menos con ese objetivo. ¿Donde está ese dinero? ¿Se ha derivado a otra partida? ¿A cual?

Por supuesto que una vez mas C's y Albert Rivera con quien se pactó el presupuesto calladito...
 
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