Juicio al 'procés' - Referéndum en Cataluña — El conflicto catalán - Parte II
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Un Tribunal Supremo maoísta
Javier Pérez Royo
24 de julio de 2020 21:54h
0
La "reeducación política" de los condenados mediante sentencia judicial fue práctica frecuente durante los años de la Revolución Cultural en China. No era suficiente la privación de libertad, sino que el Régimen maoísta exigía la "conformidad expresa" de los condenados con la sanción que se les había impuesto. Hemos sido condenados porque nos hemos desviado del pensamiento correcto y no hemos respetado la ley. Esta confesión era la premisa indispensable que se exigía para que se pudiera poner fin a la privación de libertad. Primero la humillación y después la libertad. Sin humillación autoimpuesta no hay libertad. Ese es el precio que tenéis que pagar para que podamos empezar a fiarnos de vosotros y os podáis reintegrar a la vida civil.
Cuando España se constituyó en un Estado social y democrático de derecho en 1978, jamás se pasó por la cabeza que el Ministerio Fiscal y el Tribunal Supremo acabarían haciendo suyas esta doctrina puesta en práctica durante la Revolución Cultural. Jamás se me pasó por la cabeza que el objetivo de la "reinserción" del artículo 25 de la Constitución, desarrollado por la Ley General Penitenciaria, que fue la primera Ley Orgánica de la democracia española, la primera Ley Orgánica aprobada por las primeras Cortes Constitucionales, acabaría convirtiéndose para los políticos nacionalistas catalanes en una exigencia de "reeducación" con el objetivo de que "aprendan a respetar la ley".
Y sin embargo, eso exactamente es lo que ha ocurrido. Las Juntas de Tratamiento de diversas prisiones catalanas así como varios Jueces de Vigilancia Penitenciaria de Catalunya no habían considerado imprescindible que los dirigentes nacionalistas catalanes condenados por el Tribunal Supremo como autores de un delito de sedición, tuvieran que someterse a un programa de "reeducación" para que les fuera de aplicación el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que les permite salir de la cárcel para trabajar, para cuidad de la madre o por cualquiera otra de las circunstancias previstas en el ordenamiento.
La necesidad de que los políticos presos catalanes se sometieran a este programa de "reeducación" ha venido siendo exigida de manera ininterrumpida por el Ministerio Fiscal y rechazada hasta por siete jueces catalanes con el argumento de que el "programa específico de educación planteado por la Fiscalía buscaba cambiar o modificar la ideología política de los internos, algo proscrito por la Constitución y que atenta contra los más elementales derechos fundamentales" (palabras del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5 de Catalunya).
El Tribunal Supremo, sin embargo, ha hecho suya la tesis "maoísta" de la Fiscalía y considera imprescindible que los condenados acepten asistir a un programa de "reeducación", en el que se les enseñe y aprendan que "hay que cumplir la ley" y que la Constitución únicamente puede ser reformada mediante los procedimientos de reforma previstos en los artículos 167 y 168 de la misma. Una vez que se hayan sometido a ese "programa de reeducación" y hayan "interiorizado" la "justicia" de la condena que les fue impuesta y hayan aprendido a comportarse como deben hacerlo los ciudadanos en una sociedad democrática, estarán en condiciones de salir de la cárcel en los términos previstos en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
Los presos nacionalistas catalanes en prisión, como los ciudadanos chinos de los "campos de reeducación", tienen que reconocer primero la justicia de la decisión del Supremo que los ha privado de libertad. Una vez que la hayan reconocido, el Supremo podrá ser magnánimo y aceptar las decisiones que las Juntas de Tratamiento de las prisiones y los Jueces de Vigilancia Penitenciaria puedan dictar en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
Primero la humillación. Después, ya veremos. Esta es la administración de justicia para los nacionalistas catalanes condenados por el Supremo. Acepten la humillación de que se les tiene que "enseñar" que la ley hay que cumplirla y que la Constitución solamente puede ser reformada de la forma en ella misma prevista. No sé si se les exigirá además que acrediten mediante un examen que han asimilado las "enseñanzas" que se les han trasmitido. En eso ha acabado el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 24 y 25 de la Constitución.
¿En qué país nos estamos convirtiendo? ¿Cómo es posible que fiscales y jueces del Supremo se puedan faltar el respeto a sí mismos de esta manera?
Esto no puede acabar bien nunca.
www.eldiario.es
Pues eso, que tenemos una justicia de cachondeo. No se puede obligar a nadie a que cambie su forma de pensar y su ideología.
Hay jueces que no aplican el Derecho, sino que retuercen la ley a sus intereses y su convenciencia. Cuando hacen eso, la justicia se transforma en INJUSTICIA.
LOS JUECES ESTÁN PARA PERSEGUIR DELITOS, NO IDEOLOGÍAS. Al menos eso ocurre en una democracia avanzada, no como ésta que está devaluada e imperfecta.
- Los presos nacionalistas catalanes en prisión, como los ciudadanos chinos de los “campos de reeducación”, tienen que reconocer primero la justicia de la decisión del Supremo que los ha privado de libertad
Javier Pérez Royo
24 de julio de 2020 21:54h
0
La "reeducación política" de los condenados mediante sentencia judicial fue práctica frecuente durante los años de la Revolución Cultural en China. No era suficiente la privación de libertad, sino que el Régimen maoísta exigía la "conformidad expresa" de los condenados con la sanción que se les había impuesto. Hemos sido condenados porque nos hemos desviado del pensamiento correcto y no hemos respetado la ley. Esta confesión era la premisa indispensable que se exigía para que se pudiera poner fin a la privación de libertad. Primero la humillación y después la libertad. Sin humillación autoimpuesta no hay libertad. Ese es el precio que tenéis que pagar para que podamos empezar a fiarnos de vosotros y os podáis reintegrar a la vida civil.
Cuando España se constituyó en un Estado social y democrático de derecho en 1978, jamás se pasó por la cabeza que el Ministerio Fiscal y el Tribunal Supremo acabarían haciendo suyas esta doctrina puesta en práctica durante la Revolución Cultural. Jamás se me pasó por la cabeza que el objetivo de la "reinserción" del artículo 25 de la Constitución, desarrollado por la Ley General Penitenciaria, que fue la primera Ley Orgánica de la democracia española, la primera Ley Orgánica aprobada por las primeras Cortes Constitucionales, acabaría convirtiéndose para los políticos nacionalistas catalanes en una exigencia de "reeducación" con el objetivo de que "aprendan a respetar la ley".
Y sin embargo, eso exactamente es lo que ha ocurrido. Las Juntas de Tratamiento de diversas prisiones catalanas así como varios Jueces de Vigilancia Penitenciaria de Catalunya no habían considerado imprescindible que los dirigentes nacionalistas catalanes condenados por el Tribunal Supremo como autores de un delito de sedición, tuvieran que someterse a un programa de "reeducación" para que les fuera de aplicación el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que les permite salir de la cárcel para trabajar, para cuidad de la madre o por cualquiera otra de las circunstancias previstas en el ordenamiento.
La necesidad de que los políticos presos catalanes se sometieran a este programa de "reeducación" ha venido siendo exigida de manera ininterrumpida por el Ministerio Fiscal y rechazada hasta por siete jueces catalanes con el argumento de que el "programa específico de educación planteado por la Fiscalía buscaba cambiar o modificar la ideología política de los internos, algo proscrito por la Constitución y que atenta contra los más elementales derechos fundamentales" (palabras del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5 de Catalunya).
El Tribunal Supremo, sin embargo, ha hecho suya la tesis "maoísta" de la Fiscalía y considera imprescindible que los condenados acepten asistir a un programa de "reeducación", en el que se les enseñe y aprendan que "hay que cumplir la ley" y que la Constitución únicamente puede ser reformada mediante los procedimientos de reforma previstos en los artículos 167 y 168 de la misma. Una vez que se hayan sometido a ese "programa de reeducación" y hayan "interiorizado" la "justicia" de la condena que les fue impuesta y hayan aprendido a comportarse como deben hacerlo los ciudadanos en una sociedad democrática, estarán en condiciones de salir de la cárcel en los términos previstos en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
Los presos nacionalistas catalanes en prisión, como los ciudadanos chinos de los "campos de reeducación", tienen que reconocer primero la justicia de la decisión del Supremo que los ha privado de libertad. Una vez que la hayan reconocido, el Supremo podrá ser magnánimo y aceptar las decisiones que las Juntas de Tratamiento de las prisiones y los Jueces de Vigilancia Penitenciaria puedan dictar en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
Primero la humillación. Después, ya veremos. Esta es la administración de justicia para los nacionalistas catalanes condenados por el Supremo. Acepten la humillación de que se les tiene que "enseñar" que la ley hay que cumplirla y que la Constitución solamente puede ser reformada de la forma en ella misma prevista. No sé si se les exigirá además que acrediten mediante un examen que han asimilado las "enseñanzas" que se les han trasmitido. En eso ha acabado el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 24 y 25 de la Constitución.
¿En qué país nos estamos convirtiendo? ¿Cómo es posible que fiscales y jueces del Supremo se puedan faltar el respeto a sí mismos de esta manera?
Esto no puede acabar bien nunca.
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Los presos nacionalistas catalanes en prisión, como los ciudadanos chinos de los “campos de reeducación”, tienen que reconocer primero la justicia de la decisión del Supremo que los ha privado de libertad
www.eldiario.esPues eso, que tenemos una justicia de cachondeo. No se puede obligar a nadie a que cambie su forma de pensar y su ideología.
Hay jueces que no aplican el Derecho, sino que retuercen la ley a sus intereses y su convenciencia. Cuando hacen eso, la justicia se transforma en INJUSTICIA.
LOS JUECES ESTÁN PARA PERSEGUIR DELITOS, NO IDEOLOGÍAS. Al menos eso ocurre en una democracia avanzada, no como ésta que está devaluada e imperfecta.
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Por mucho que repita lo que cree o quiere creer los datos del indice democratico son bastante claros.
Si espera una democracia perfecta jamas la veran sus ojos, no hay paises perfectos ni democracias perfectas. Ni lo que sea que piense que lo es, sera lo mismo que otros consideren que es una democracia perfecta, el reduccionismo de solo esto es bueno o perfecto no tiene sentido, mucha gente tiene opiniones muy diferentes de que es "perfecto"
Tambien Royo, deja de lado multitud de cosas que no convienen a la disertación, como que el trato de favor a los presos del process era descarado, el uso del 100.2 que es para casos excepcionales pero se lo habian dado a todos ellos solo por ser ellos, etc...
Critica a unos pero cuando los otros abusan, ni una palabra. El doble rasero de siempre. Las criticas van segun la ideoliga, y se justifica o critica en función a eso.
Pero todas esas cosas, tratos de favor, abuso de algo contemplado para casos excepcionales, las declaraciones de reincidencia de los acusados, de eso ni una palabra. Como si no existiera ¿De veras se puede ignorar todo eso mientras se habla del tema?
Yo no veo nada Maoista, la medida, por la propia juez que la autorizo era recurrible al supremo por la fiscalia, que fue lo que paso. El resto, el "maoismo" son interpretaciones y opiniones.
Si de verdad todas sus declaraciones exageradas fueran ciertas ¿Como es que nadie en Europa a tenido queja sobre el manejo judicial del process? No, la ONU no lo ha hecho, ni AI, ni, etc... (luego ya cada cual se autoengaña si quiere al respecto).
Al final del dia la reinserción se tiene que demostrar, cuando salen y lo primero que dicen es "lo volveremos a hacer" poco se puede hacer, ya se estan asegurando los presos de meterse en la situación que critica. El resto es intentar danzar entorno a esta realidad. Si cualquier otro sale de la carcel en tercer grado proclamando que lo volveria a hacer. ¿Como acabaria? Se ignora que el preso debe mostrar arrepentimiento y si eso suena raro en este caso, pero es lo mismo que con cualquier otro delito. Quizas deberian haber dicho "lo vovleremos a ahcer pero solo intentando seguir los cauces legales" Pero no han dicho eso, justo lo contrario.
Pero como son de un grupo al que se ha decido justificar todo por ser simplemente de ese grupo pues se retuercen las cosas para justificarlo. No seria la primera vez.
¿Urdargarim esta perseguido tambien porque no le han dado el tercer grado? No, claro, ese es de otro, signo politico asi que imagino que no y eso que lo a solicitado tras cumplir mas condena.
Al final es todo cuestión de opiniones, quien quiere ver un agravio lo encontrara en lo mas inocuo e inocente, quien quiera verlo bien, lo encotnrara incluso en lo mas injusto y arbitrario. La reconciliación de posturas es dificil cuando es puramente emocional, como este articulo demuestra, no es juridico, es de como lo ve una persona desde su perspectiva emocional, traido por otra persona que comparte esa perspectiva emocional, criticado por quienes no comparten esa perspectiva emocional.
Pero nop me parece algo tecnico o juridico, simplemente mas carga emocional añadida al tema de siempre.
Al final del dia lo que Royo dice es una mera opinión, tomarlo como la verdad revelada solo porque dice lo que se quiere oir es autoengaño. No tiene ni mas razón ni menos que cualquier otro. Pero entocnes algunos siempre tienen que acompañar esa opinión de descalificación, como si tuvieran el privilegio de menospreciar toda opinión que no coincide con la suya. Lo cual es la mayor muestra de debilidad de un argumento posible.
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En el fondo es solo otro farol, tienen que mantener caliente a la gente con que el referéndum conseguirá un dia romper el status actual, por desgaste del oponente, también le llamam "neverendum" por que se va proponiendo una y otra vez hasta que sale lo que uno quiere, es como esos niños pequeños que, mientras los mayores hablan, gritan" Mamamamamamamamamamama" hasta que la madre lo deja todo para desaviar su atención.
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Claro, el proces es emocional y necesita combustible emocional. Ademas con la maquina en marcha ya no se puede uno bajar y pedir calma y tranquilidad, se tiene que ir siempre a mas y mas en la retorica de indignación, agravio, crispación y enfrentamiento. Siempre lo mismo pero siempre exagerando a mas.
No es casualidad que haya salido Carol-Rodira justo ahora hablando de control del territorio con las fuerzas y colectivos independnetistas, un absurdo delirante que incluye cosas como no poder fiarse de los mossos porque hay mucho no independentista dentro, armas a los bomberos y agentes rurales, y a no se que otros colectivos mas y blablabla
Aparentemente el publico objetivo aplaude tales chorradas:
Josep-Lluís Carod-Rovira - Control del territori
www.naciodigital.cat
Por cierto para ser claro, cuando decia que el articulo de opinión (porque es eso, una opinión) Idolo traia no era tecnica y que era un mero articulo de opinión, sin mas que una opinión en el mismo. Igual que las frases con las que Idolo les termina me referia a eso. No tiene nignun argumento legal (como las frases de idolo al final), es solo un "esta mal porque creo que esta mal" Pero no hay una comparativa entre los presos del process y otro preso al que previamente se le aplico el 100.2 en circunstancias similares a alguno de dichos presos. No explica como el uso del 100.2 es correcto y apropiado en todos esos casos aunque se supone es un mecanismo solo por casos excepcionales. No explica porque el tribunal supremo esta equivocado al revocar eso (mas alla, de mal porque digo que esta mal y es Maoista) porque mientras que suena raro en ese caso el autor ignora los tratos de favor o lo sospechoso que resulta que todos y cada uno de los presos del process accedan a un articulo supuestamente para casos excepcionales y asi un largo, etc.... Es facil quejarse de un lado, pero en el otro hay actitudes mas que sospechosas e igual de examinables y criticables. Pero no se examina ni un lado ni otro. Solo se opina.
Esa es la clase de argumentos que pueden convencerme, los logicos, tecnicos, con reglamentos, pero eso lleva tiempo y esfuerzo, y eso no interesa. Es mejor soltar una opinión como "verdad revelada y absoluta" y ya esta. Eso no convence a nadie. Como decir que se tienen conocimientos de leyes y criticar la sentencia del 1O mientras se admite que ni se ha leido. Esta mal porque esta mal, se piensa que esta mal, se quiere que este mal, no porque haya un argumento legal para rebatir si es correcta o no.
Lo mismo con el "Maoismo" de Royo. Opinión, pero no hay argumento legal que muestre un trato diferente o injusto. Esto va de emociones, en ambos lados (una trampa en la que es muy facil caer para todos) no de hechos a fin de cuentas. Ser un "insigne jurista" o tener cualquier otro conocimiento solo sirve de algo si se usan esos conocimientos.
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Un Tribunal Supremo maoísta
- Los presos nacionalistas catalanes en prisión, como los ciudadanos chinos de los “campos de reeducación”, tienen que reconocer primero la justicia de la decisión del Supremo que los ha privado de libertad
Javier Pérez Royo
24 de julio de 2020 21:54h
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La "reeducación política" de los condenados mediante sentencia judicial fue práctica frecuente durante los años de la Revolución Cultural en China. No era suficiente la privación de libertad, sino que el Régimen maoísta exigía la "conformidad expresa" de los condenados con la sanción que se les había impuesto. Hemos sido condenados porque nos hemos desviado del pensamiento correcto y no hemos respetado la ley. Esta confesión era la premisa indispensable que se exigía para que se pudiera poner fin a la privación de libertad. Primero la humillación y después la libertad. Sin humillación autoimpuesta no hay libertad. Ese es el precio que tenéis que pagar para que podamos empezar a fiarnos de vosotros y os podáis reintegrar a la vida civil.
Cuando España se constituyó en un Estado social y democrático de derecho en 1978, jamás se pasó por la cabeza que el Ministerio Fiscal y el Tribunal Supremo acabarían haciendo suyas esta doctrina puesta en práctica durante la Revolución Cultural. Jamás se me pasó por la cabeza que el objetivo de la "reinserción" del artículo 25 de la Constitución, desarrollado por la Ley General Penitenciaria, que fue la primera Ley Orgánica de la democracia española, la primera Ley Orgánica aprobada por las primeras Cortes Constitucionales, acabaría convirtiéndose para los políticos nacionalistas catalanes en una exigencia de "reeducación" con el objetivo de que "aprendan a respetar la ley".
Y sin embargo, eso exactamente es lo que ha ocurrido. Las Juntas de Tratamiento de diversas prisiones catalanas así como varios Jueces de Vigilancia Penitenciaria de Catalunya no habían considerado imprescindible que los dirigentes nacionalistas catalanes condenados por el Tribunal Supremo como autores de un delito de sedición, tuvieran que someterse a un programa de "reeducación" para que les fuera de aplicación el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que les permite salir de la cárcel para trabajar, para cuidad de la madre o por cualquiera otra de las circunstancias previstas en el ordenamiento.
La necesidad de que los políticos presos catalanes se sometieran a este programa de "reeducación" ha venido siendo exigida de manera ininterrumpida por el Ministerio Fiscal y rechazada hasta por siete jueces catalanes con el argumento de que el "programa específico de educación planteado por la Fiscalía buscaba cambiar o modificar la ideología política de los internos, algo proscrito por la Constitución y que atenta contra los más elementales derechos fundamentales" (palabras del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5 de Catalunya).
El Tribunal Supremo, sin embargo, ha hecho suya la tesis "maoísta" de la Fiscalía y considera imprescindible que los condenados acepten asistir a un programa de "reeducación", en el que se les enseñe y aprendan que "hay que cumplir la ley" y que la Constitución únicamente puede ser reformada mediante los procedimientos de reforma previstos en los artículos 167 y 168 de la misma. Una vez que se hayan sometido a ese "programa de reeducación" y hayan "interiorizado" la "justicia" de la condena que les fue impuesta y hayan aprendido a comportarse como deben hacerlo los ciudadanos en una sociedad democrática, estarán en condiciones de salir de la cárcel en los términos previstos en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
Los presos nacionalistas catalanes en prisión, como los ciudadanos chinos de los "campos de reeducación", tienen que reconocer primero la justicia de la decisión del Supremo que los ha privado de libertad. Una vez que la hayan reconocido, el Supremo podrá ser magnánimo y aceptar las decisiones que las Juntas de Tratamiento de las prisiones y los Jueces de Vigilancia Penitenciaria puedan dictar en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
Primero la humillación. Después, ya veremos. Esta es la administración de justicia para los nacionalistas catalanes condenados por el Supremo. Acepten la humillación de que se les tiene que "enseñar" que la ley hay que cumplirla y que la Constitución solamente puede ser reformada de la forma en ella misma prevista. No sé si se les exigirá además que acrediten mediante un examen que han asimilado las "enseñanzas" que se les han trasmitido. En eso ha acabado el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 24 y 25 de la Constitución.
¿En qué país nos estamos convirtiendo? ¿Cómo es posible que fiscales y jueces del Supremo se puedan faltar el respeto a sí mismos de esta manera?
Esto no puede acabar bien nunca.
Un Tribunal Supremo maoísta
Los presos nacionalistas catalanes en prisión, como los ciudadanos chinos de los “campos de reeducación”, tienen que reconocer primero la justicia de la decisión del Supremo que los ha privado de libertad
Pues eso, que tenemos una justicia de cachondeo. No se puede obligar a nadie a que cambie su forma de pensar y su ideología.
Hay jueces que no aplican el Derecho, sino que retuercen la ley a sus intereses y su convenciencia. Cuando hacen eso, la justicia se transforma en INJUSTICIA.
LOS JUECES ESTÁN PARA PERSEGUIR DELITOS, NO IDEOLOGÍAS. Al menos eso ocurre en una democracia avanzada, no como ésta que está devaluada e imperfecta.
Pero es que los jueces no juzgan ni las formas de pensar ni las ideologías, juzgan los actos contrarios a las leyes. En un juzgado el: es que yo pienso que.... yo creo que.... , no vale para nada.
El juzgado suspende el tercer grado de los presos del procès soberanista
El juzgado acepta el recurso interpuesto por la Fiscalía que apuntaba a una "sensación de impunidad"
Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart, Josep Rull y Raul Romeva, en la prisión de Lledoners. / EFE
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CADENA SER
Barcelona
28/07/2020 - 16:18 h. CEST
El juzgado de vigilancia penitenciario ha tardado apenas unas horas en aceptar el recurso presentado este martes por la Fiscalía que solicitaba la suspensión del tercer grado concedido a los presos por el 1-O de manera inmediata. Por tanto, los presos del procès, que están en Lledoners, ya saben que deberán volver a prisión con un segundo grado hasta que un juez determine si este tercer grado que habían recibido es percibido, según dice el ministerio público, una total "sensación de impunidad" a la sociedad.
Los afectados por estar providencias son, por ahora, Oriol Junqueras, Raul Romeva, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Respecto de los exconsellers Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa, también en tercer grado, la Fiscalía aún está estudiando su caso, según fuentes del ministerio público.
El escrito de la Fiscalía
Según Fiscalía, la condena a prisión debe constituir un medio de utilidad social y de "intimidación al delincuente", causando la sensación de que su actuación tiene "consecuencias perjudiciales". Por este motivo, en sus recursos contra el tercer grado, en este caso el de Junqueras, la Fiscalía entiende que permanecer en prisión es el "único modo" de concienciar al "delincuente" de que "no puede abusar de la situación de poder que ostentaba convirtiendo su propia voluntad en ley". "La situación contraria, en tercer grado, en el presente caso en que el interno está plenamente integrado en la sociedad, supondría que la imposición del castigo a los culpables de este tipo de delitos quedaría impune y se produciría una desigualdad en la aplicación de la Ley", sostiene la Fiscalía.
El ministerio público recuerda que la mayoría de los presos del procés no han cumplido una cuarta parte de condena -solo los Jordis y Forn- y que no obstante ya se les ha aplicado el artículo 100.2, cuando estaban en segundo grado, para que salieran de prisión para trabajar o ejercer voluntariado, lo que es del "todo inusual".
Además, denuncia que, transcurridos "tan solo" seis meses desde su clasificación inicial en segundo grado, todos los presos del procés han progresado a la semilibertad, y además a la vez, "lo que muy lejos de favorecer el cumplimiento de los fines de la pena, lo que hace es crear una total sensación de impunidad tanto en el interno como en la sociedad".
La "prematura progresión" de los presos, primero con el "tercer grado encubierto" del 100.2 y ahora con el tercer grado, no busca su rehabilitación sino "única y exclusivamente" alterar la "decisión condenatoria de la sentencia y su efectivo cumplimiento", avanzando así en el "objetivo de vaciar de contenido definitivamente y para todos los condenados" la sentencia del Supremo, según la Fiscalía.
Y ello pese a que, según la Fiscalía, su tratamiento en prisión "ha fracasado" porque mantienen todos los déficit que les llevaron a delinquir, como la "falta de respeto a las leyes y a los tribunales de justicia", la creencia en un "mandato superior del Parlament" por encima del mandato constitucional, así como la creencia de "poder arrogarse la capacidad para interpretar la voluntad popular".
Como ya hacía al oponerse al 100.2, la Fiscalía subraya que los presos del procés no pueden beneficiarse de la semilibertad que comporta el tercer grado si antes no han realizado un programa específico en prisión que les ayude a comprender que "para alcanzar los fines que pretenden, legítimos en la Constitución Española, no hay otra vía que la de la modificación legislativa por las vías legales que la propia ley establece".
La Fiscalía recuerda que los presos del procés fueron condenados por sedición, por primera vez en la democracia española, un delito que por su "extrema gravedad" debe ser objeto de un "importante reproche", dado que el perjudicado es la estructura del Estado y la Constitución, por lo que no se puede transmitir a la sociedad que "haber convertido la propia voluntad en ley" fuera de los cauces legales puede quedar "impune".
Además, insiste que en los presos independentistas no ha habido una "auténtica asunción delictiva", ya que pese a que reconocen los hechos y aceptan las consecuencias, algunos de ellos, como Junqueras, defienden que su actuación fue "legítima" y "ajustada a derecho", pese a que reconozca que la vía unilateral "impuesta por la fuerza" para crear una República catalana "no es viable".
De hecho, para la Fiscalía "no cabe mayor distorsión" sobre lo que ocurrió en la etapa del procés que cuando ahora Junqueras alega que es un "demócrata" que actuó "porque había un mandato superior", ya que, según el ministerio público, "lo democrático no es imponer la voluntad propia aprovechándose de la situación de poder que se ostenta convirtiendo su voluntad en ley, sino acatar las leyes y si no se comparten, procurar cambiarlas por los cauces legales".
Además, advierte de que conceder el tercer grado solo porque los presos están plenamente integrados en su entorno, independientemente del grado de reconocimiento del delito que cometieron, generaría una "desigualdad insoportable", ya que "daría patente de corso a este tipo de delincuentes que no estén relacionados con la marginalidad social o económica, vaciando el sentido de la pena y el principio constitucional de igualdad ante la ley".
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cadenaser.com
Traduciendo: El tercer grado se concederá cuando los presos políticos cambien su forma de pensar.
A una persona se le puede condenar por un delito pero no por no modificar su ideología. No puedes reeducar el ideario de una persona.
Ahora bien, si por su ideología vuelve a delinquir se le vuelve a condenar, pero lo que no debe hacer ningún juez ni fiscal es retirar dar grados por seguir pensando de la misma manera.
Seguramente seguirán pensando de la misma manera cuando cumplan la totalidad de la condena y entonces ¿Que hacemos? ¿Prisión permanente revisable como a los asesinos y violadores?
La justicia de éste país es inaudita, es decir, por los suelos....
Hay jueces devenidos ideológicamente del franquismo y así nos va.
El juzgado acepta el recurso interpuesto por la Fiscalía que apuntaba a una "sensación de impunidad"
Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart, Josep Rull y Raul Romeva, en la prisión de Lledoners. / EFE
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CADENA SER
Barcelona
28/07/2020 - 16:18 h. CEST
El juzgado de vigilancia penitenciario ha tardado apenas unas horas en aceptar el recurso presentado este martes por la Fiscalía que solicitaba la suspensión del tercer grado concedido a los presos por el 1-O de manera inmediata. Por tanto, los presos del procès, que están en Lledoners, ya saben que deberán volver a prisión con un segundo grado hasta que un juez determine si este tercer grado que habían recibido es percibido, según dice el ministerio público, una total "sensación de impunidad" a la sociedad.
Los afectados por estar providencias son, por ahora, Oriol Junqueras, Raul Romeva, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Respecto de los exconsellers Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa, también en tercer grado, la Fiscalía aún está estudiando su caso, según fuentes del ministerio público.
El escrito de la Fiscalía
Según Fiscalía, la condena a prisión debe constituir un medio de utilidad social y de "intimidación al delincuente", causando la sensación de que su actuación tiene "consecuencias perjudiciales". Por este motivo, en sus recursos contra el tercer grado, en este caso el de Junqueras, la Fiscalía entiende que permanecer en prisión es el "único modo" de concienciar al "delincuente" de que "no puede abusar de la situación de poder que ostentaba convirtiendo su propia voluntad en ley". "La situación contraria, en tercer grado, en el presente caso en que el interno está plenamente integrado en la sociedad, supondría que la imposición del castigo a los culpables de este tipo de delitos quedaría impune y se produciría una desigualdad en la aplicación de la Ley", sostiene la Fiscalía.
El ministerio público recuerda que la mayoría de los presos del procés no han cumplido una cuarta parte de condena -solo los Jordis y Forn- y que no obstante ya se les ha aplicado el artículo 100.2, cuando estaban en segundo grado, para que salieran de prisión para trabajar o ejercer voluntariado, lo que es del "todo inusual".
Además, denuncia que, transcurridos "tan solo" seis meses desde su clasificación inicial en segundo grado, todos los presos del procés han progresado a la semilibertad, y además a la vez, "lo que muy lejos de favorecer el cumplimiento de los fines de la pena, lo que hace es crear una total sensación de impunidad tanto en el interno como en la sociedad".
La "prematura progresión" de los presos, primero con el "tercer grado encubierto" del 100.2 y ahora con el tercer grado, no busca su rehabilitación sino "única y exclusivamente" alterar la "decisión condenatoria de la sentencia y su efectivo cumplimiento", avanzando así en el "objetivo de vaciar de contenido definitivamente y para todos los condenados" la sentencia del Supremo, según la Fiscalía.
Y ello pese a que, según la Fiscalía, su tratamiento en prisión "ha fracasado" porque mantienen todos los déficit que les llevaron a delinquir, como la "falta de respeto a las leyes y a los tribunales de justicia", la creencia en un "mandato superior del Parlament" por encima del mandato constitucional, así como la creencia de "poder arrogarse la capacidad para interpretar la voluntad popular".
Como ya hacía al oponerse al 100.2, la Fiscalía subraya que los presos del procés no pueden beneficiarse de la semilibertad que comporta el tercer grado si antes no han realizado un programa específico en prisión que les ayude a comprender que "para alcanzar los fines que pretenden, legítimos en la Constitución Española, no hay otra vía que la de la modificación legislativa por las vías legales que la propia ley establece".
La Fiscalía recuerda que los presos del procés fueron condenados por sedición, por primera vez en la democracia española, un delito que por su "extrema gravedad" debe ser objeto de un "importante reproche", dado que el perjudicado es la estructura del Estado y la Constitución, por lo que no se puede transmitir a la sociedad que "haber convertido la propia voluntad en ley" fuera de los cauces legales puede quedar "impune".
Además, insiste que en los presos independentistas no ha habido una "auténtica asunción delictiva", ya que pese a que reconocen los hechos y aceptan las consecuencias, algunos de ellos, como Junqueras, defienden que su actuación fue "legítima" y "ajustada a derecho", pese a que reconozca que la vía unilateral "impuesta por la fuerza" para crear una República catalana "no es viable".
De hecho, para la Fiscalía "no cabe mayor distorsión" sobre lo que ocurrió en la etapa del procés que cuando ahora Junqueras alega que es un "demócrata" que actuó "porque había un mandato superior", ya que, según el ministerio público, "lo democrático no es imponer la voluntad propia aprovechándose de la situación de poder que se ostenta convirtiendo su voluntad en ley, sino acatar las leyes y si no se comparten, procurar cambiarlas por los cauces legales".
Además, advierte de que conceder el tercer grado solo porque los presos están plenamente integrados en su entorno, independientemente del grado de reconocimiento del delito que cometieron, generaría una "desigualdad insoportable", ya que "daría patente de corso a este tipo de delincuentes que no estén relacionados con la marginalidad social o económica, vaciando el sentido de la pena y el principio constitucional de igualdad ante la ley".
El juzgado suspende el tercer grado de los presos del procès soberanista
El juzgado acepta el recurso interpuesto por la Fiscalía que apuntaba a una "sensación de impunidad" | Cadena SER
cadenaser.comTraduciendo: El tercer grado se concederá cuando los presos políticos cambien su forma de pensar.
A una persona se le puede condenar por un delito pero no por no modificar su ideología. No puedes reeducar el ideario de una persona.
Ahora bien, si por su ideología vuelve a delinquir se le vuelve a condenar, pero lo que no debe hacer ningún juez ni fiscal es retirar dar grados por seguir pensando de la misma manera.
Seguramente seguirán pensando de la misma manera cuando cumplan la totalidad de la condena y entonces ¿Que hacemos? ¿Prisión permanente revisable como a los asesinos y violadores?
La justicia de éste país es inaudita, es decir, por los suelos....
Hay jueces devenidos ideológicamente del franquismo y así nos va.
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Gran noticia. Tercer grado su pu. a madre. Quién la hace la paga. El lo volveremos a hacer se les ha atragantado
