Grande Marlaska purga cúpula de la Guardia Civil

[suiza]

Ha muerto mucha gente. Y muchos tienen unas secuelas terribles. Hay un artículo en El Confidencial que te hiela la sangre. Ante este panorama decir que vamos contra las feministas es para llorar. No tengo palabras

Y tanto que ha muerto mucha gente, mucha. No me lo tienes que recordar porque estoy muy cerca de eso.

Yo no he dicho eso y mucho menos he personalizado. Si te molestaras en intentar debatir de otra manera o de mirar el contexto de lo que decía en mi mensaje, pues quizás lo verías de otra manera aunque no estuvieras de acuerdo.
Pero que no, que no hace falta

 

[AneAdiego4]

 

[SultanaXS]

Y tanto que ha muerto mucha gente, mucha. No me lo tienes que recordar porque estoy muy cerca de eso.

Yo no he dicho eso y mucho menos he personalizado. Si te molestaras en intentar debatir de otra manera o de mirar el contexto de lo que decía en mi mensaje, pues quizás lo verías de otra manera aunque no estuvieras de acuerdo.
Pero que no, que no hace falta

Moncloa sólo anotó la víspera del 8-M la mitad de los contagios comunicados el día anterior

Coronavirus: Moncloa sólo anotó la víspera del 8-M la mitad de los contagios comunicados el día anterior

La serie oficial de los informes del Ministerio de Sanidad fue rota por el Gobierno en dos días muy concretos: el 7 y el 8 de marzo. Esos días no hubo balance de situación del COVID-19 por parte de Sanidad y el único informe oficial que recogió la cifra de contagios y nuevos casos de coronavirus...

okdiario.com

 

[SultanaXS]

Bildu exige a Interior que revele la «identidad» de los mandos que propusieron medallas para los agentes del 1-O

A través de su diputado Jon Iñárritu García, Bildu solicita datos concretos sobre el «cuerpo policial, unidad, rango, tipo y categoría» de cada uno de los agentes que fueron destinados por el Gobierno a contener el referéndum ilegal en Cataluña. Un dispositivo policial que incluyó el desplazamiento de miles de agentes de todos los puntos de la Península a Cataluña, incluidos cerca de 2.000 agentes antidisturbios

Bildu exige al Ministerio del Interior que revele la "identidad" de los mandos que propusieron medallas para los agentes del 1-O

Bildu quiere que Interior revele la "identidad" de los mandos policiales que propusieron a los agentes del 1-O para medalla por su desempeño en Cataluña

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[IDOLO]

La jueza del 8M revoluciona la investigación de un delito sin cárcel

Carmen Rodríguez-Medel vuelve a atraer el foco con otra intensa instrucción como la que ejerció en el caso Máster, adelgazado por ella misma en el último momento. Ajena al paréntesis judicial decretado por la pandemia, encomendó la investigación a guardias civiles que seleccionó previamente y que aportaron informes repletos de errores y bulos

Elena Herrera / Pedro Águeda
06/06/2020 - 21:46h

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La jueza Carmen Rodríguez-Medel, instructora de los casos Máster y 8M. DAVID VELASCO

De la avalancha de querellas contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por su gestión de la crisis sanitaria, solo una hasta el momento se ha traducido en una investigación penal. La decisión ha correspondido a la magistrada que instruyó el caso Máster, Carmen Rodríguez-Medel, quien al octavo día del confinamiento consideró que había fundamento en la querella que había presentado contra el delegado del Gobierno en Madrid un abogado y que resultaba urgente ponerse a investigar.

La acusación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, se fundamenta en no haber prohibido los encuentros multitudinarios que tuvieron lugar en los nueve días previos al estado de alarma, entre ellos la marcha feminista del 8 de marzo, supuestamente a sabiendas del presunto riesgo que suponían para la salud de la población. Se trata de un delito castigado con entre nueve y 15 años de inhabilitación para ejercer un cargo público y que no conlleva pena de cárcel.

Pese a la condena menor del delito que se le atribuye indiciariamente y la suspensión vigente de los plazos de instrucción —no corre el plazo máximo para investigar—, Rodríguez-Medel puso a los agentes de Guardia Civil, seleccionados por ella previamente, a realizar una ardua investigación con numerosas tomas de declaración, requerimientos de documentación y análisis de "fuentes abiertas". Al mismo tiempo reclamó al forense de los juzgados de Plaza de Castilla un dictamen sobre la incidencia de las concentraciones de aquellos días en la propagación del virus Sars-Cov-2. Su resultado no le ha resultado concluyente y, como ha hecho con la Guardia Civil, ha solicitado otro informe ampliatorio.

Los polémicos atestados del instituto armado, plagados de conclusiones sesgadas, errores y hasta bulos difundidos por algunos medios, derivaron en el cese del jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos. Esa decisión se vio seguida de las contradicciones en las versiones ofrecidas por el Ministerio del Interior y ha generado una crisis para el Ejecutivo, entre acusaciones de la oposición por intentar interferir en una investigación judicial.

El asunto ha levantado una tremenda polvareda política: la tesis de que el Gobierno mandó a la gente a contagiarse a las marchas feministas por puro sectarismo partidista es el centro de la argumentación del PP y Vox para cargar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La portavoz parlamentaria del principal partido de la oposición, Cayetana Álvarez de Toledo, repite durante los últimos días frases de este calibre: "El pecado original de esta pandemia es la obsesión ideológica por el feminismo". Vox, menos dado a las sutilezas, insiste cada vez en que el feminismo mata.

Todo comenzó el 19 de marzo de 2020. Con el país en shock por la declaración del estado de alarma y el confinamiento domiciliario, el abogado Víctor Valladares, con condenas anteriores por estafa, se presenta en el Tribunal Supremo para interponer una denuncia contra Pedro Sánchez y los delegados del Gobierno de las 17 comunidades autónomas. Les atribuye un delito de prevaricación por haber autorizado manifestaciones cuando se supone que ya había constancia oficial del riesgo de propagación del coronavirus. Pero, según su relato, se encuentra el registro del Alto Tribunal cerrado. Así que se traslada con el mismo papel a la Plaza de Castilla de Madrid, donde está el juzgado de guardia y, de "manera manuscrita", registra esa denuncia dirigiéndola "al Juzgado de Instrucción que por turno de reparto corresponda".

El 20 de marzo, la querella cae por reparto en manos de la jueza Carmen Rodríguez-Medel, que tres días después abre una causa penal contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, el único sobre el que tiene competencia. Contra Sánchez, al ser aforado, solo puede actuar el Tribunal Supremo y el resto de delegados del Gobierno tendrían que ser en todo caso investigados en sus respectivos territorios. La jueza rechaza la personación de Valladares por no cumplir los requisitos, pero los indicios que le ha presentado le sirven para abrir una investigación sin necesidad de una acusación popular.

El caso Máster y el amago de declaración de Casado

No es el primer caso de un político que recae en el juzgado de la magistrada. Rodríguez-Medel ya había sido la instructora del caso de los máster supuestamente regalados en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid a Pablo Casado y Cristina Cifuentes, al que dio cerrojazo casi al completo tras la negativa del Supremo a investigar al por entonces recién elegido líder del PP. La jueza consideró un lunes de septiembre que la decisión del Supremo de no investigar al presidente del PP condicionaba toda su investigación y que no era posible seguir. A pesar de la resolución del Supremo, el viernes anterior la jueza tenía intención de ahondar en las pesquisas citando a Casado como testigo, una comparecencia que el aforamiento del líder de la oposición no podía evitar. Nunca lo hizo.

La magistrada había sido antes asesora de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia durante el Gobierno de Mariano Rajoy, un cargo que ocupó durante once meses. Según reveló eldiario.es, en la sobremesa del 4 de agosto de 2018, en plena instrucción del caso Máster, la antigua jefa de Rodríguez-Medel en el ministerio, Carmen Sánchez-Cortes, número dos de Rafael Catalá, telefoneó a la magistrada por interesarse por sus planes con Casado. La togada percibió aquello como un intento de injerencia intolerable.
Finalmente, el más grave caso de corrupción universitaria conocido quedó sin reproche penal a pesar de las declaraciones de alumnos y profesores que acreditaron que había alumnos VIP a quienes les regalaron títulos sin hacer nada o casi nada. Sólo está pendiente de juicio la falsificación del acta con la que Cifuentes intentó justificar que sí había cursado esos estudios antes de que el caso acabase con su carrera política.

Una "sorprendente celeridad" en la instrucción

En la instrucción del caso Máster la jueza no escatimó en solicitudes de información o declaraciones de testigos a partir del trabajo periodístico de éste y otros medios. Ha seguido el mismo esquema con el 8M aunque el país y los tribunales estuvieran prácticamente paralizados por la pandemia y haya un solo investigado por un delito sin pena de cárcel, frente a la veintena de imputados que llegó a tener el caso Máster por varios delitos de cohecho, prevaricación y falsedad documental.

En el auto de apertura de la causa del 8M, Rodríguez-Medel pidió enseguida una extensa batería de diligencias y apuntó la comisión de otro posible delito no citado por el denunciante —lesiones imprudentes— que descartó semanas después. La Abogacía del Estado, encargada de la defensa de Franco, ha criticado la "sorprendente celeridad" de la instrucción.

La Abogacía destaca que acordó iniciar las diligencias a pesar de considerar las actuaciones "no urgentes" y de estar suspendidos los plazos procesales (no se han reactivado hasta este jueves 4 de junio). Así que tanto el forense como la Guardia Civil han ido aportando informes sin que el único investigado hasta el momento haya tenido la oportunidad de "defenderse", según expone la Abogacía del Estado, que considera que la jueza ha "vulnerado" las disposiciones del estado de alarma. La abogada del Estado Rosa María Seoane, que defendió con éxito los intereses del Gobierno en el juicio del procés, sostiene que Franco está siendo víctima de una "palmaria indefensión" que es "reiterada y continuada". La Fiscalía no se ha pronunciado todavía en esta causa por la suspensión de los plazos procesales.

La quiniela para dirigir la Guardia Civil que nunca existió

La jueza Rodríguez-Medel está unida familiarmente a la Guardia Civil. Su abuelo fue un comandante que murió el 18 de julio de 1936 defendiendo la legalidad republicana. Dos meses antes de abrir la causa contra el delegado del Gobierno, y coincidiendo con el cese de Félix Azón como director general de la Guardia Civil, algunos medios publicaron erróneamente que Rodríguez-Medel, a la que se recordaba por el caso Máster, figuraba en las quinielas para ocupar su puesto. eldiario.es se interesó entonces por esa posibilidad y una fuente autorizada de Interior lo desmintió tajantemente: "Nunca ha estado en ninguna quiniela". Previamente a esas publicaciones en prensa, Rodríguez-Medel había deslizado en círculos próximos al Ejecutivo su idoneidad para ocupar el cargo por el conocimiento que tiene de la institución.

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid designó en plena pandemia a la Guardia Civil como policía judicial para investigar al delegado del Gobierno. Desde el instituto armado se le ofreció a la Unidad Central Operativa (UCO), la estructura de élite del Cuerpo, para efectuar las diligencias, pero ella prefirió a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Madrid, por conocer de otros casos a su capitán y teniente, según trasladan fuentes de la Guardia Civil, y pese a que el trabajo de éstos se suele centrar en delitos especializados, pero en el ámbito violento o de la criminalidad organizada, siempre cometidos en su demarcación, municipios de la Comunidad de Madrid con menos de 30.000 habitantes.

Conato de actuar contra el Ministerio del Interior

La jueza comentó en círculos próximos su contrariedad por la decisión de Interior de destituir a Pérez de los Cobos el pasado 25 de mayo. Ella misma había trasladado al capitán verbalmente al principio de la investigación, y recordó en una providencia a las pocas horas de que se conociera el cese, que la policía judicial solo debía informarle a ella. Rodríguez-Medel también advirtió de que actuaría contra Interior si tenía conocimiento oficial de que el cese estaba relacionado con los informes de la causa.

El pasado martes se conoció finalmente la propuesta de cese de la directora de la Guardia Civil, en la que se confirma que el coronel fue destituido por no informar a sus superiores de la labor de la policía judicial a las órdenes de la jueza. Hasta el momento no ha trascendido actuación alguna de la jueza al respecto. El mismo día en que trasladó su intención de investigar a Interior en el caso de conocimiento fehaciente del motivo del cese, Rodríguez-Medel también puso en valor la investigación del capitán y el teniente de la Guardia Civil, pese a los clamorosos errores incluidos en sus informes.

En ese segundo atestado, también solicitado por la jueza, los investigadores incluyen varias noticias de prensa sobre el 8M para apuntalar la tesis de que el Gobierno conocía los riesgos de contagio de coronavirus y aún así autorizó esa manifestación mientras prohibía otros actos. Entre ellos, un 'off the record' descontextualizado de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el comentaba que la menor afluencia a esa manifestación podía deberse al miedo de algunas personas a contagiarse.

Además, el informe sigue poniendo el foco en personas que no están investigadas en esta causa por decisión de la propia magistrada titular, como el doctor Fernando Simón. Rodríguez-Medel ha rechazado investigarle porque había sido denunciado en otros dos juzgados de Madrid que ya han rechazado los indicios contra él.

La jueza encargó al forense de Plaza de Castilla que indagara sobre si las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid entre los días 5 y 14 de marzo "fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas". En un informe que adelantó El Español, el forense confirmó la "imposibilidad de establecer la relación de causalidad" entre las concentraciones convocadas y los contagios, pero también aseguró que "de haberse evitado dichas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad".
Es precisamente en esta última afirmación en la que se basó la jueza para pedir el pasado 25 de mayo una ampliación de ese informe al forense. La Abogacía del Estado considera que esa petición es "inútil, innecesaria e impertinente" e insiste en que ese empeño solo se explica por el "afán" de la jueza de "agotar todas las posibilidades de reabrir la investigación por el presunto delito de lesiones imprudentes y con ello permitir la entrada de acusaciones particulares”. La ley permitía a Rodríguez-Medel recurrir a un experto en la materia y no necesariamente al forense de los Juzgados de Plaza de Castilla, poco habituado a pronunciarse sobre causas de contagio masivo fruto de virus desconocidos.

La Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena y la Unión de Oficiales, asociación profesional con representación en el Consejo de la Guardia Civil, dirigirán la acusación popular en esta causa, según un auto de la jueza del pasado jueves. También han pedido personarse Vox y el pseudosindicato Manos Limpias, cuyo secretario general, Miguel Ángel Bernad, está siendo juzgado en la Audiencia Nacional por liderar una "organización criminal" por sus supuestos chantajes a entidades financieras, a las que también pedía dinero por retirar querellas. A todos ellos la jueza les ha pedido una fianza de 1.000 euros para poder ejercer la acusación.

Esa cantidad ya ha sido depositada por el denunciante Valladares —abogado condenado y sancionado por estafar a clientes, según desveló la Cadena Ser— que se presenta en representación de la asociación de Afectados por la Gestión del Coronavirus. Sin embargo, sigue sin estar personado. Él no puede representarse a sí mismo porque no está colegiado y tampoco ha designado todavía a otro letrado que defienda sus intereses. Y eso, según la jueza, "a pesar de haber sido requerido en varias ocasiones para que se persone con los requisitos exigidos legalmente". Según explicó Valladares en una reciente entrevista en EsRadio, a la plataforma que respalda la denuncia que ha dado origen a esta investigación se han unido "personas cabreadas con la gestión del Gobierno, los que han perdido a familiares, enfermos de coronavirus y autónomos que se han arruinado por el estado de alarma".

La jueza del 8M revoluciona la investigación de un delito sin cárcel

Carmen Rodríguez-Medel vuelve a atraer el foco con otra intensa instrucción como la que ejerció en el caso Máster, adelgazado por ella misma en el último momento. Ajena al paréntesis judicial decretado por la pandemia, encomendó la investigación a guardias civiles que seleccionó previamente y...

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[IDOLO]

8M, no hay caso

No existe un caso 8M, como no existió un caso del Ácido Bórico. Muchos asumen premisas confusas o bien porque les interesa para sus fines o bien porque consiguen así enredarlo todo

Elisa Beni
06/06/2020 - 21:08h

"Decidir si se producen más cañones o más mantequilla es una decisión que, aun pudiendo tener consecuencias, no compete controlar a los jueces"
Miguel Pasqua

No hará falta que les diga que estoy hasta los mismísimos ovarios de ver cómo se pretende poner en falsos aprietos al Gobierno con la premisa de que las mujeres, y aún más, las mujeres feministas, somos estúpidas, niñas de teta, monigotes manejados por los hilos del poder. El 8 de marzo se manifiestan en todo el mundo las mujeres convocadas por los movimientos feministas. Ni los gobiernos nos empujan, ni lo hacemos para aupar a unos ni para encocorar a otros. Las manifestaciones las convocan las feministas porque las mujeres estamos en lucha. Expuesta la cuestión en sus verdaderos términos, veremos que el papel gubernamental respecto a las mismas no es central sino, muy por el contrario, totalmente accesorio por mucho que a muchos de sus miembros les motivara manifestarse junto a nosotras.

No existe un caso 8M, como no existió un caso del Ácido Bórico. Muchos asumen premisas confusas o bien porque les interesa para sus fines o bien porque consiguen así enredarlo todo para que resulte difícil darse cuenta de cómo se está creando una realidad paralela que no es la que vivimos aquellos días. No es la primera vez. Ya se consiguió que los hechos que todos vimos en directo en Catalunya se convirtieran primero en una rebelión violenta y luego en una sedición, cuando nadie pronunció esas palabras mientras estaban sucediendo, ni siquiera Rajoy.

Por eso, para que no queden dudas, voy a explicar cuáles eran las condiciones reales en España cuando se comunicaron las manifestaciones y por qué, tras quedar consolidado el derecho, el delegado del Gobierno no hubiera podido prohibirlas sin concurso judicial y, aún más, porque la conducta de José Manuel Franco es totalmente atípica, por más que la juez Medel se empeñe en decir que no.

No existe un caso 8M y el empeño en instruir una causa que solo puede terminar en archivo debe llevarnos a muchas reflexiones. Por supuesto, todo esto no es un ataque al Poder Judicial, como intentan argumentar algunos, y por ello agradezco a todos los magistrados que me han ayudado con su sabiduría a armar este texto.

Cada vez que oigan a alguien hablar de autorizar la manifestación del 8M tomen un chupito. Las manifestaciones no se autorizan por nadie, solo se comunican. Afirmar lo contrario es un pensamiento jurídico preconstitucional. Hay que dejar claro que las comunicaciones sobre las movilizaciones feministas se realizaron en febrero. La concentración que llevaron a cabo las periodistas en el Reina Sofía obtuvo una resolución de toma de conocimiento por parte de la Delegación del Gobierno el 20 de febrero que, pasado el plazo de 48 horas para recurrir –que es perentorio, es decir, que no se puede prorrogar–, ya era un derecho consolidado. Lo mismo sucedió con la gran manifestación cuya fecha de solicitud exacta no han confirmado las convocantes pero que rondó el 25 de febrero.

En esas fechas, y esto es mas fetén que un informe de la Guardia Civil, el 25 de febrero la CAM comunicó el primer caso de coronavirus en Madrid capital, un joven de 24 años que había viajado a Italia. El 26 de febrero Ayuso dijo que el virus no era más peligroso que una gripe, algo que Illa afirmó que hubiera suscrito en esa fecha. El viernes 28 de febrero había 25 casos confirmados y por primera vez se habla de un varón de 77 años con patologías previas que está grave en Torrejón. ¿Con estos datos alguien puede prohibir una manifestación de la entidad y la raigambre del 8M? El derecho ya estaba consolidado incluso cuando se emite el informe del ECDC del 2 de marzo magreado y retorcido en sus papeles por la Guardia Civil.

Según los expertos en derecho administrativo, aun en el hipotético caso de que después de devenir firme el ejercicio de los derechos comunicados por las feministas la Delegación del Gobierno hubiera tenido conocimiento de noticias más graves sobre el coronavirus, no hubiera podido ya prohibir nada sin concurso de los jueces y eso con un procedimiento muy complicado, dado que no estaba decretado el estado de alarma. Primero hubiera tenido que obtener una declaración de lesividad para que la Abogacía del Estado impugnara ante el TSJM su propio acto y, en su caso, solicitara la suspensión cautelar de una manifestación que ya era legal. No parece claro que bastara con una resolución suspensiva o anulatoria del delegado que, en todo caso, las convocantes hubieran llevado ante esos mismos jueces. Lo que está previsto que se controle judicialmente es la prohibición y no el ejercicio del derecho. Así que eso de aceptar que Franco tendría que haber prohibido las movilizaciones es ya un verdadero pulpo de compañía.

La segunda pregunta es si el hecho de no haber hecho lo que algunos a posteriori consideran necesario –la discutible prohibición– puede constituir un delito de prevaricación administrativa. En otras palabras, ¿es posible un delito de prevaricación administrativa por omisión? El Tribunal Supremo solo lo considera posible en el caso de que fuera imperativo dictar una resolución y esto no lo hiciera la autoridad con voluntad manifiesta y con pérdida de derechos (por ejemplo, un alcalde negándose a emitir un certificado de empadronamiento por enemistad con un vecino). Para nada se da en el caso del delegado del Gobierno tal supuesto ya que ni era imperativo prohibir –ninguna ley así lo marcaba– ni tuvo nunca ninguna voluntad de que nadie perdiera ningún derecho. La conducta es atípica, por mucho que la juez Medel diga en su auto de incoación que "no se aprecia la evidencia de que los hechos sean atípicos".

La última cuestión pertinente es la de si todos los actos de gobierno pueden ser sometidos a control judicial y la respuesta correcta es que no. En nuestro modelo constitucional hay un espacio de discrecionalidad política en el que no cabe el control judicial y pretender introducirlo es pretender forzar una critarquía totalmente aberrante e inconstitucional. Como bien explicaba el magistrado Miguel Pasqua, cuando un Gobierno decide entre opciones legítimas no cabe el control judicial. La legitimidad de las opciones no viene dada por sus consecuencias o por lo acertadas o no que resulten. Dado el imperativo de recortar gastos, decidir hacerlo en Sanidad o haciendo desaparecer las diputaciones, por ejemplo, puede tener incluso consecuencias en vidas humanas, pero forma parte de la legítima opción de gobierno que no puede ser sometida al control judicial sino al control político en sus diversas versiones.

Por todo ello no hay caso 8M y así hemos de verlo muy pronto. Me resulta imposible que la técnica de todos los profesionales que se van a ver abocados a resolver sobre ello sea tan obtusa como para sostenerlo.

El caso 8M solo existe como garrote, como pasó con el caso del Bórico, aunque a una magistrada le fuera muy bien por ello.

8M, no hay caso

No existe un caso 8M, como no existió un caso del Ácido Bórico. Muchos asumen premisas confusas o bien porque les interesa para sus fines o bien porque consiguen así enredarlo todo

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[Samara1929]

El trabajo sucio que hace la Guardia Civil
Por Baba, 5 Jun 2020, 11:45

La guardia civil investiga que Pablo Iglesias fue al
Súper sin mascarilla... temas como las residencias de ancianos si eso otro día no?

 

[AneAdiego4]

 

[AneAdiego4]

La guardia civil investiga que Pablo Iglesias fue al
Súper sin mascarilla... temas como las residencias de ancianos si eso otro día no?

Eso al chepas. Leete el BOE

 

[Samara1929]

Eso al chepas. Leete el BOE

Creo que lo tenéis que leer vosotros mejor.

 

[AneAdiego4]

 

[suiza]

Creo que lo tenéis que leer vosotros mejor.

Y además otra cosa

De verdad que NADIE, nadie????? tuvo los coj*nes de sacar esto a la luz pública y nos tenemos que enterar ahora???? Que protestan por minucias con la que nos está cayendo y no son capaces de GRITAR que esto estaba pasando? En cuanto recibieron la orden del gobierno, según ellos, de este protocolo, por qué no lo cuestionaron? O publicaron??? Es que, siguiendo con el ridículo argumento de que "pobrecitos no lo sabían", la Comunidad de Madrid también habría tenido aquí una responsabilidad enorme, que por qué no se quiere ver y se empeñan en ocultar y disculpar! Y luego se permiten la superioridad moral de recordar los miles y miles de muertos, de traca.

Por qué se sacan solo ahora las conversaciones entre Ciudadanos y PP solo ahora? Esa es otra.

Esto me puede pasar a mí en mi trabajo, una orden de arriba que considero ilegal o que va contra la ética, la sigo sin más? Eso no me disculparía.