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El Gobierno suspende derechos fundamentales mediante resolución de una Secretaría de Estado y acuerdo del CISNS
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Federico Jiménez Losantos
Sánchez está fuera de control y de la Ley
Pedro Sánchez ya no es sólo ilegítimo. Es un gobernante fuera de la Ley. Peor aún, contra la Ley.
2020-10-11
Reunión de comité científico del coronavirus en Moncloa con Illa, Sánchez y Simón. | EFE
Una nota de la agencia Efe de ayer sábado muestra que la imposición del estado de alarma en Madrid ha sido un acto de prevaricación criminal, porque fatalmente costará vidas y graves daños económicos, y por el que debería ser procesado todo el Gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza. Al principio, la noticia era tan importante que pasó casi inadvertida, iba como cuarta o quinta llamada en la versión de internet. Poco a poco se hizo dueña de las portadas. Anoche, sólo diario golpista del Ibex36 la ocultaba. Y todo estaba allí desde el principio, en una simple nota de agencia. Era ésta:
La prevaricación de la banda de Illa
"El Ministerio de Sanidad reconoce que utilizó datos antiguos de la incidencia de la covid en Madrid para pedir la declaración del estado de alarma y poder confinar la capital y otros ocho municipios de la región. El departamento de Salvador Illa admite que tuvo en cuenta los datos de la incidencia acumulada del virus correspondientes al domingo 4 de octubre, hace una semana, obviando la mejoría que se había producido en los últimos días. Tanto la capital como otros cinco de los municipios confinados registraban ya una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes inferior a 500 casos el miércoles 7 de octubre, uno de los parámetros establecidos por Sanidad para los confinamientos perimetrales.
El reconocimiento de Sanidad, a preguntas de la agencia Efe, se produce después de que el consejero madrileño, Enrique Ruiz Escudero, denunciara el viernes por la noche que "seis de los nueve municipios -confinados- están hoy -por el viernes- por debajo de los 500 casos". Según los datos de la Consejería de Sanidad, Madrid tenía ya el miércoles una incidencia acumulada (IA) de 465 casos por cada 100.000 habitantes.
Lo mismo sucede en cinco de los otros ocho municipios confinados. Con datos del miércoles 7 de octubre, en Alcobendas la IA era de 450, cuando el 4 de octubre era de 643; en Alcorcón, de 396 y no 566; en Móstoles había bajado a 331 desde los 514; en Torrejón estaba en 448 y no en los 651 del domingo pasado; y en Leganés era ese día de 441 y no 619. Sólo tres de los municipios confinados (Parla, con 679, Fuenlabrada, con 608, y Getafe, con 522) superaban el límite establecido por el Ministerio de Sanidad.
La bi-prevaricación de Illa a favor del PSOE
Además, se da la circunstancia de que Móstoles, con 331 casos por 100.000 habitantes el miércoles 7 de octubre, presentaba mejores datos que Alcalá de Henares, con 335 y que el Gobierno sacó a última hora del decreto de alarma. Los dos municipios madrileños están gobernados por el PSOE.
Las fuentes del Ministerio de Sanidad consultadas por Efe admiten que tomaron de "referencia datos de incidencia acumulada de la pandemia del día 4". "Los datos eran del 4 y fueron consolidados el 8 de octubre", han precisado las mismas fuentes. Sin embargo, en el decreto del estado de alarma publicado el viernes, Sanidad introduce una tercera fecha y asegura que los datos corresponden al 7 octubre.
Este reconocimiento por parte del Ministerio ratifica al consejero madrileño en su opinión de que la decisión del Gobierno central "estaba tomada desde hace tiempo". "Han buscado cualquier vía, olvidándose de los criterios técnicos, de la vía del diálogo", sostiene Ruiz Escudero.
¡Y el farsante Illa pedía "alma a Madrid"!
El estado de alarma impuesto por el Mulo monclovita se ha limitado a imponer las medidas que el TSJM declaró ilegales, es decir, a atropellar al Poder Judicial desde el Ejecutivo. Pero el tosco centauro, cabeza humana sobre osamenta de percherón, tenía prevista la coz una semana antes y no pudo esperar siete días a que el Ministerio de 'Insanidad' falseara datos y escudara en confusión de cifras lo que ahora es contradicción insalvable. Hay funcionarios que no quieren cargar con el mochuelo penal de haber intervenido el 8 con las cifras del 4, ya mejoradas, y han dejado en ridículo a Illa, que sólo llegó a falsificar el 7. Corto hasta para eso. Al Mulo le urgía poner sus herradas patas en la castigada frente de la Comunidad de Madrid y se dio ese mular gusto, pero las marcas de sus herraduras lo han delatado.
Illa, ese Cobrador del Frac rediseñado como espagueti de enterrador, no se atrevió a firmar la orden de la prevaricación, y delegó en su segunda, por si acaso. Pero, consumado el delito, se atizó una ratafía y le pidió a la Comunidad de Madrid que "tuviera alma". ¡El espantapájaros que negó dos meses la inminencia del virus y presumió de las medidas de prevención que no tenía, con 53.000 muertos en su haber, pidiendo "alma" a sus víctimas!
La traición descarada de Inés y Aguado
Sánchez se largó al trote a Barcelona para no presidir el Consejo de Ministros, y la deteriorada Carmen Calvo, presidenta en funciones, exhaló una nota proponiendo una especie de 'estado de alarmita', limitado a la opción 2 del chantaje a Ayuso: que no impusiera lo que los jueces habían declarado ilegal (opción1) ni dejara que ella firmara la intervención (opción 3), sino que Madrid pidiera el estado de alarma que rechazaba (opción 2).
Naturalmente, Ayuso, cuya paciencia se acreditó en la formación de Gobierno regional hace un año, no podía pedir lo que los jueces, a los que recurrió la Comunidad, habían considerado ilegal unas horas antes. Pero mientras el Mulo trotaba a Barcelona con el Rey atado al estribo, y Calvo se negaba a parecer totalmente burra, pasaron unas horas antes de la coz. Y ahí se retrataron Inés Arrimadas e Ignacio Aguado. Inés, pidiendo que Ayuso hiciera lo que ordenaba Sánchez, sin saber que en el mismo momento en que ella se delataba, Calvo fingía una alternativa menos humillante; y Aguado, al apoyar a Calvo cuando acababan de anunciar la intervención de Madrid.
Lo peor para el extinto partido naranja no es lo de Aguado, cuya condición de judas sin voluntad de ahorcarse es pública y notoria, sino lo de Inés. Muchos creyeron o quisieron creer que Aguado iba a su aire, como en tiempos de Rivera, que lo quería echar y al final no lo hizo. Inés, en su intervención, demostró que ni siquiera sabía de qué iba la Opción 1, la de imponer lo ilegalizado por el TSJM -¡ella, antaño tan estudiosa!- y que está dispuesta a lo que sea para demostrar que su acuerdo con el PSOE es incondicional. Vamos, que se ha convertido, como ya anunciamos aquí, en la agrupación madrileña del PSC de Illa. ¡Ni siquiera de Iceta: de Illa! Tras ese gesto de sumisión, el Mulo debería nombrarla ministra sin cartera, aunque con chequera. Tenía razón Girauta cuando dijo que Ciudadanos era ya sólo una gestora de intereses particulares. Pero Inés podía recatarse más.
Sánchez está contra la ley
Sánchez, cuyo acceso al Poder fue legal pero ilegítimo, porque se urdió con el apoyo de los que quieren destruir el orden constitucional y la nación española, en cuya soberanía se basan todos los poderes del Estado, ya no es sólo ilegítimo. Es un gobernante fuera de la Ley. Peor aún, contra la Ley. Fuera de la Ley se puede estar por error, descuido o abuso parcial, y es una situación corregible. El que está en el Poder y contra la Ley, como Sánchez, en cada acto conspira para romper la legalidad de todo cuanto se oponga a su capricho. Un Ejecutivo que no ejecuta la Ley sino que busca ejecutar, en el sentido de decapitar, el orden legal, está fuera de la Ley y debe ser apartado del Poder cuanto antes. Censura es poco: inhabilitación. Si no ante nuestro Rey, que está preso, ante Europa, que empieza a mirar atónita lo que está pasando en España.
El gran problema para restablecer el orden legal que, como prueba el caso de Madrid, está siendo deliberadamente atropellado es que Sánchez, como buen psicópata, es calculador, y para destruir el orden legal viene demoliendo el Poder Judicial a partir de la Fiscalía y mediante una serie de ropones que merecen la cárcel más que el cargo. Y aprovechando el interés, la cobardía o el sectarismo de unos jueces que, para subir, han de bajarse hasta identificarse con los intereses de los partidos que los ponen. Pero no estamos ante el habitual abuso de poder sino en manos de un loco furioso.
La oposición, teóricamente formada por los tres partidos que impiden que Sánchez se haga con Madrid, debe ser consciente del cambio radical que ha sufrido la situación política. No es que todo este yendo muy deprisa, es que está fuera de control, porque nos preside un auténtico incontrolado y nos vicepreside un sociópata científico, o sea, un comunista, que ve en el loco pirómano el arma ideal para quemar España y reinar sobre sus cenizas.
La necesaria unidad de PP y Vox
Doy por perdido a Ciudadanos para la causa constitucional, después de la escandalosa actuación de Arrimadas y su iscariote. Pero el PP y Vox, que son lo que nos queda, deberían abandonar de una vez el postureo y la calculitis electoral. Jugar a ganar tiempo es perderlo de modo irrecuperable. Buscar mezquinamente la derrota del otro acelerará el hundimiento mutuo. Decía Abascal la semana pasada que si, ante la atroz situación provocada por el Gobierno, no presentase una moción de censura, valdría más retirarse de la política. Cierto: la moción no sobra, pero tampoco basta. Falta unidad. Y para eso hace falta una conciencia clara de ese peligro llamado Sánchez.
Si Casado, además de censurar esa teodorada de que Vox es el Podemos de la Derecha, que hasta como insulto es ridícula, no quiere perder del todo las riendas del PP y del futuro, debería plantear iniciativas similares. Para empezar, en la Unión Europea, donde es más fuerte y no hace encuestas Michavila, el nuevo Arriola o Doctor Bacterio de Doña Maricomplejines, que pide una encuesta, se asusta de lo que ha pedido y se queda quieta, o sea, muerta. Ni Vox ni el PP pueden nada por separado. Juntos, podrían luchar. Ante un presidente fuera de sí y un Gobierno fuera de la Ley, es lo menos que sus votantes y compatriotas les podemos pedir.
www.libertaddigital.com
Sánchez está fuera de control y de la Ley
Pedro Sánchez ya no es sólo ilegítimo. Es un gobernante fuera de la Ley. Peor aún, contra la Ley.
2020-10-11
Reunión de comité científico del coronavirus en Moncloa con Illa, Sánchez y Simón. | EFEUna nota de la agencia Efe de ayer sábado muestra que la imposición del estado de alarma en Madrid ha sido un acto de prevaricación criminal, porque fatalmente costará vidas y graves daños económicos, y por el que debería ser procesado todo el Gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza. Al principio, la noticia era tan importante que pasó casi inadvertida, iba como cuarta o quinta llamada en la versión de internet. Poco a poco se hizo dueña de las portadas. Anoche, sólo diario golpista del Ibex36 la ocultaba. Y todo estaba allí desde el principio, en una simple nota de agencia. Era ésta:
La prevaricación de la banda de Illa
"El Ministerio de Sanidad reconoce que utilizó datos antiguos de la incidencia de la covid en Madrid para pedir la declaración del estado de alarma y poder confinar la capital y otros ocho municipios de la región. El departamento de Salvador Illa admite que tuvo en cuenta los datos de la incidencia acumulada del virus correspondientes al domingo 4 de octubre, hace una semana, obviando la mejoría que se había producido en los últimos días. Tanto la capital como otros cinco de los municipios confinados registraban ya una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes inferior a 500 casos el miércoles 7 de octubre, uno de los parámetros establecidos por Sanidad para los confinamientos perimetrales.
El reconocimiento de Sanidad, a preguntas de la agencia Efe, se produce después de que el consejero madrileño, Enrique Ruiz Escudero, denunciara el viernes por la noche que "seis de los nueve municipios -confinados- están hoy -por el viernes- por debajo de los 500 casos". Según los datos de la Consejería de Sanidad, Madrid tenía ya el miércoles una incidencia acumulada (IA) de 465 casos por cada 100.000 habitantes.
Lo mismo sucede en cinco de los otros ocho municipios confinados. Con datos del miércoles 7 de octubre, en Alcobendas la IA era de 450, cuando el 4 de octubre era de 643; en Alcorcón, de 396 y no 566; en Móstoles había bajado a 331 desde los 514; en Torrejón estaba en 448 y no en los 651 del domingo pasado; y en Leganés era ese día de 441 y no 619. Sólo tres de los municipios confinados (Parla, con 679, Fuenlabrada, con 608, y Getafe, con 522) superaban el límite establecido por el Ministerio de Sanidad.
La bi-prevaricación de Illa a favor del PSOE
Además, se da la circunstancia de que Móstoles, con 331 casos por 100.000 habitantes el miércoles 7 de octubre, presentaba mejores datos que Alcalá de Henares, con 335 y que el Gobierno sacó a última hora del decreto de alarma. Los dos municipios madrileños están gobernados por el PSOE.
Las fuentes del Ministerio de Sanidad consultadas por Efe admiten que tomaron de "referencia datos de incidencia acumulada de la pandemia del día 4". "Los datos eran del 4 y fueron consolidados el 8 de octubre", han precisado las mismas fuentes. Sin embargo, en el decreto del estado de alarma publicado el viernes, Sanidad introduce una tercera fecha y asegura que los datos corresponden al 7 octubre.
Este reconocimiento por parte del Ministerio ratifica al consejero madrileño en su opinión de que la decisión del Gobierno central "estaba tomada desde hace tiempo". "Han buscado cualquier vía, olvidándose de los criterios técnicos, de la vía del diálogo", sostiene Ruiz Escudero.
¡Y el farsante Illa pedía "alma a Madrid"!
El estado de alarma impuesto por el Mulo monclovita se ha limitado a imponer las medidas que el TSJM declaró ilegales, es decir, a atropellar al Poder Judicial desde el Ejecutivo. Pero el tosco centauro, cabeza humana sobre osamenta de percherón, tenía prevista la coz una semana antes y no pudo esperar siete días a que el Ministerio de 'Insanidad' falseara datos y escudara en confusión de cifras lo que ahora es contradicción insalvable. Hay funcionarios que no quieren cargar con el mochuelo penal de haber intervenido el 8 con las cifras del 4, ya mejoradas, y han dejado en ridículo a Illa, que sólo llegó a falsificar el 7. Corto hasta para eso. Al Mulo le urgía poner sus herradas patas en la castigada frente de la Comunidad de Madrid y se dio ese mular gusto, pero las marcas de sus herraduras lo han delatado.
Illa, ese Cobrador del Frac rediseñado como espagueti de enterrador, no se atrevió a firmar la orden de la prevaricación, y delegó en su segunda, por si acaso. Pero, consumado el delito, se atizó una ratafía y le pidió a la Comunidad de Madrid que "tuviera alma". ¡El espantapájaros que negó dos meses la inminencia del virus y presumió de las medidas de prevención que no tenía, con 53.000 muertos en su haber, pidiendo "alma" a sus víctimas!
La traición descarada de Inés y Aguado
Sánchez se largó al trote a Barcelona para no presidir el Consejo de Ministros, y la deteriorada Carmen Calvo, presidenta en funciones, exhaló una nota proponiendo una especie de 'estado de alarmita', limitado a la opción 2 del chantaje a Ayuso: que no impusiera lo que los jueces habían declarado ilegal (opción1) ni dejara que ella firmara la intervención (opción 3), sino que Madrid pidiera el estado de alarma que rechazaba (opción 2).
Naturalmente, Ayuso, cuya paciencia se acreditó en la formación de Gobierno regional hace un año, no podía pedir lo que los jueces, a los que recurrió la Comunidad, habían considerado ilegal unas horas antes. Pero mientras el Mulo trotaba a Barcelona con el Rey atado al estribo, y Calvo se negaba a parecer totalmente burra, pasaron unas horas antes de la coz. Y ahí se retrataron Inés Arrimadas e Ignacio Aguado. Inés, pidiendo que Ayuso hiciera lo que ordenaba Sánchez, sin saber que en el mismo momento en que ella se delataba, Calvo fingía una alternativa menos humillante; y Aguado, al apoyar a Calvo cuando acababan de anunciar la intervención de Madrid.
Lo peor para el extinto partido naranja no es lo de Aguado, cuya condición de judas sin voluntad de ahorcarse es pública y notoria, sino lo de Inés. Muchos creyeron o quisieron creer que Aguado iba a su aire, como en tiempos de Rivera, que lo quería echar y al final no lo hizo. Inés, en su intervención, demostró que ni siquiera sabía de qué iba la Opción 1, la de imponer lo ilegalizado por el TSJM -¡ella, antaño tan estudiosa!- y que está dispuesta a lo que sea para demostrar que su acuerdo con el PSOE es incondicional. Vamos, que se ha convertido, como ya anunciamos aquí, en la agrupación madrileña del PSC de Illa. ¡Ni siquiera de Iceta: de Illa! Tras ese gesto de sumisión, el Mulo debería nombrarla ministra sin cartera, aunque con chequera. Tenía razón Girauta cuando dijo que Ciudadanos era ya sólo una gestora de intereses particulares. Pero Inés podía recatarse más.
Sánchez está contra la ley
Sánchez, cuyo acceso al Poder fue legal pero ilegítimo, porque se urdió con el apoyo de los que quieren destruir el orden constitucional y la nación española, en cuya soberanía se basan todos los poderes del Estado, ya no es sólo ilegítimo. Es un gobernante fuera de la Ley. Peor aún, contra la Ley. Fuera de la Ley se puede estar por error, descuido o abuso parcial, y es una situación corregible. El que está en el Poder y contra la Ley, como Sánchez, en cada acto conspira para romper la legalidad de todo cuanto se oponga a su capricho. Un Ejecutivo que no ejecuta la Ley sino que busca ejecutar, en el sentido de decapitar, el orden legal, está fuera de la Ley y debe ser apartado del Poder cuanto antes. Censura es poco: inhabilitación. Si no ante nuestro Rey, que está preso, ante Europa, que empieza a mirar atónita lo que está pasando en España.
El gran problema para restablecer el orden legal que, como prueba el caso de Madrid, está siendo deliberadamente atropellado es que Sánchez, como buen psicópata, es calculador, y para destruir el orden legal viene demoliendo el Poder Judicial a partir de la Fiscalía y mediante una serie de ropones que merecen la cárcel más que el cargo. Y aprovechando el interés, la cobardía o el sectarismo de unos jueces que, para subir, han de bajarse hasta identificarse con los intereses de los partidos que los ponen. Pero no estamos ante el habitual abuso de poder sino en manos de un loco furioso.
La oposición, teóricamente formada por los tres partidos que impiden que Sánchez se haga con Madrid, debe ser consciente del cambio radical que ha sufrido la situación política. No es que todo este yendo muy deprisa, es que está fuera de control, porque nos preside un auténtico incontrolado y nos vicepreside un sociópata científico, o sea, un comunista, que ve en el loco pirómano el arma ideal para quemar España y reinar sobre sus cenizas.
La necesaria unidad de PP y Vox
Doy por perdido a Ciudadanos para la causa constitucional, después de la escandalosa actuación de Arrimadas y su iscariote. Pero el PP y Vox, que son lo que nos queda, deberían abandonar de una vez el postureo y la calculitis electoral. Jugar a ganar tiempo es perderlo de modo irrecuperable. Buscar mezquinamente la derrota del otro acelerará el hundimiento mutuo. Decía Abascal la semana pasada que si, ante la atroz situación provocada por el Gobierno, no presentase una moción de censura, valdría más retirarse de la política. Cierto: la moción no sobra, pero tampoco basta. Falta unidad. Y para eso hace falta una conciencia clara de ese peligro llamado Sánchez.
Si Casado, además de censurar esa teodorada de que Vox es el Podemos de la Derecha, que hasta como insulto es ridícula, no quiere perder del todo las riendas del PP y del futuro, debería plantear iniciativas similares. Para empezar, en la Unión Europea, donde es más fuerte y no hace encuestas Michavila, el nuevo Arriola o Doctor Bacterio de Doña Maricomplejines, que pide una encuesta, se asusta de lo que ha pedido y se queda quieta, o sea, muerta. Ni Vox ni el PP pueden nada por separado. Juntos, podrían luchar. Ante un presidente fuera de sí y un Gobierno fuera de la Ley, es lo menos que sus votantes y compatriotas les podemos pedir.
Sánchez está fuera de control y de la Ley
Pedro Sánchez ya no es sólo ilegítimo. Es un gobernante fuera de la Ley. Peor aún, contra la Ley.
www.libertaddigital.comNavarra debería ser intervenida con 16 pacientes más en Uci
La Comunidad Foral suspende dos de los tres criterios fijados por Sanidad
Cerrar
Sergio Alonso
Última actualización:12-10-2020 | 08:39 H/
Creada:11-10-2020 | 22:40 H
La paciencia que tan rápidamente se le agotó con Madrid, parece infinita para Navarra. De momento, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, no va a aplicar el estado de alarma en la Comunidad Foral. El decreto milimétricamente dibujado por el Ministerio de Sanidad para dejar sin puente a la capital va a permitir de momento moverse a los ciudadanos de la región que dirige la socialista María Chivite, pese a que la evolución de la Covid en Navarra adquiere niveles preocupantes.
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Mucho mayores que en Madrid, en donde las medidas de contención del Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso han logrado invertir la curva de manera radical, sorprendiendo a todos los epidemiólogos. De momento, Navarra supera dos de los tres topes fijados por Illa y también por Moncloa. Suspende en incidencia acumulada de casos diagnosticados en los últimos 14 días, al registrar 675,31 por cada 100.000 habitantes. Madrid llegó a superar los 800, pero el viernes eran ya 540,64 y el sábado bajaban hasta 460 por 100.000 habitantes, 40 menos que el umbral de 500 que Sanidad dibujó como umbral sin ninguna referencia internacional que lo avalase. Cuando lo hizo, Madrid excedía ese límite. Ya no. Tampoco aprueba Navarra en la llamada positividad de las PCR, lo mismo que Madrid. Entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre realizó 1.725,85 pruebas de este tipo por cada 100.000 habitantes. De ellas, el 10,8% fueron positivas. En Navarra, se practicaron en ese periodo 3.271,10. Las positivas fueron un 10,7. Con las procesadas el 6 de octubre pasa algo parecido. En Madrid, el porcentaje alcanza un 15,8%; en Navarra, se quedó en un 9,1%, un dato aislado que no le vale para superar el test tratado por el Ejecutivo central.
La única tabla de salvación de Navarra son los datos de hospitalización y, sobre todo, los de ocupación en las UCIS, especialmente seleccionados por Illa para justificar la intervención. La Comunidad Foral asiste a 242 enfermos Covid en las camas de agudos de los hospitales, lo que equivale a una ocupación del 11,4%. Madrid atiende a 3.256. Sin embargo, ha ido descendiendo a medida que se reducía el número de nuevos contagios. Ayer, la comunidad de Díaz Ayuso contaba con 3.300 camas disponibles de las 17.597 funcionales. De ellas, 14.227 estaban ocupadas y, de ellas, 2.697 lo eran por pacientes Covid, una cifra menor que la contabilizada por el Ministerio el viernes. En cualquier caso, Madrid cuenta con planes de elasticidad que le permiten elevar si es preciso en los propios hospitales, en hospitales de campaña adyacentes, en Ifema y en el nuevo hospital de pandemias que entrará en funcionamiento a finales de mes.
¿Dispone de ese colchón Navarra? No, pero a Illa no parece haberle importado mucho. En UCIS, Navarra cumple y Madrid no, pero depende de los parámetros que se tengan en cuenta. Según los datos del Ministerio, 490 enfermos Covid en estado crítico ocupaban estas unidades en los centros públicos y concertados de la capital, una cifra similar a la que, por la mañana, el consejero de Salud, Enrique Ruiz Escudero, comunicó a sus gerentes en la reunión virtual que mantienen con regularidad desde el estallido de la pandemia. En Navarra, los ingresados en UCI alcanzaban el viernes el número de 30. Con ello, el porcentaje de ocupación en la Comunidad Foral era del 23,26%. Con este porcentaje, Navarra apenas dispone de un margen de 16 pacientes para no ser intervenida por Sánchez. La evolución del ritmo de contagios ha forzado al Ejecutivo regional a aplicar a toda velocidad muchas de las medidas de contención con el fin de no alcanzar el 35% de umbral que forzaría por ley al Gobierno a la intervención. Medidas que ya aplicó, Ayuso, aunque más restrictivas. Mientras que en la capital se restringía la movilidad en 45 áreas sanitarias en Navarra tan solo se limitarán a partir del martes los aforos en hostelería, al 30%, en supermercados al 40%, cierre obligado de locales a las 22:00h, así como la limitación de reuniones a seis personas. Los establecimientos de ocio se reducen al 30%. Chivite aprovechó su intervención de ayer para cargar también contra Ayuso, a pesar de haber puesto un plan en funcionamiento. Lo hizo, descartando un estado de alarma en Navara porque a su juicio en Madrid se aplicó porque Ayuso «no había hecho nada».
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La Comunidad Foral suspende dos de los tres criterios fijados por Sanidad
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Sergio Alonso
Última actualización:12-10-2020 | 08:39 H/
Creada:11-10-2020 | 22:40 H
La paciencia que tan rápidamente se le agotó con Madrid, parece infinita para Navarra. De momento, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, no va a aplicar el estado de alarma en la Comunidad Foral. El decreto milimétricamente dibujado por el Ministerio de Sanidad para dejar sin puente a la capital va a permitir de momento moverse a los ciudadanos de la región que dirige la socialista María Chivite, pese a que la evolución de la Covid en Navarra adquiere niveles preocupantes.
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Mucho mayores que en Madrid, en donde las medidas de contención del Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso han logrado invertir la curva de manera radical, sorprendiendo a todos los epidemiólogos. De momento, Navarra supera dos de los tres topes fijados por Illa y también por Moncloa. Suspende en incidencia acumulada de casos diagnosticados en los últimos 14 días, al registrar 675,31 por cada 100.000 habitantes. Madrid llegó a superar los 800, pero el viernes eran ya 540,64 y el sábado bajaban hasta 460 por 100.000 habitantes, 40 menos que el umbral de 500 que Sanidad dibujó como umbral sin ninguna referencia internacional que lo avalase. Cuando lo hizo, Madrid excedía ese límite. Ya no. Tampoco aprueba Navarra en la llamada positividad de las PCR, lo mismo que Madrid. Entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre realizó 1.725,85 pruebas de este tipo por cada 100.000 habitantes. De ellas, el 10,8% fueron positivas. En Navarra, se practicaron en ese periodo 3.271,10. Las positivas fueron un 10,7. Con las procesadas el 6 de octubre pasa algo parecido. En Madrid, el porcentaje alcanza un 15,8%; en Navarra, se quedó en un 9,1%, un dato aislado que no le vale para superar el test tratado por el Ejecutivo central.
La única tabla de salvación de Navarra son los datos de hospitalización y, sobre todo, los de ocupación en las UCIS, especialmente seleccionados por Illa para justificar la intervención. La Comunidad Foral asiste a 242 enfermos Covid en las camas de agudos de los hospitales, lo que equivale a una ocupación del 11,4%. Madrid atiende a 3.256. Sin embargo, ha ido descendiendo a medida que se reducía el número de nuevos contagios. Ayer, la comunidad de Díaz Ayuso contaba con 3.300 camas disponibles de las 17.597 funcionales. De ellas, 14.227 estaban ocupadas y, de ellas, 2.697 lo eran por pacientes Covid, una cifra menor que la contabilizada por el Ministerio el viernes. En cualquier caso, Madrid cuenta con planes de elasticidad que le permiten elevar si es preciso en los propios hospitales, en hospitales de campaña adyacentes, en Ifema y en el nuevo hospital de pandemias que entrará en funcionamiento a finales de mes.
¿Dispone de ese colchón Navarra? No, pero a Illa no parece haberle importado mucho. En UCIS, Navarra cumple y Madrid no, pero depende de los parámetros que se tengan en cuenta. Según los datos del Ministerio, 490 enfermos Covid en estado crítico ocupaban estas unidades en los centros públicos y concertados de la capital, una cifra similar a la que, por la mañana, el consejero de Salud, Enrique Ruiz Escudero, comunicó a sus gerentes en la reunión virtual que mantienen con regularidad desde el estallido de la pandemia. En Navarra, los ingresados en UCI alcanzaban el viernes el número de 30. Con ello, el porcentaje de ocupación en la Comunidad Foral era del 23,26%. Con este porcentaje, Navarra apenas dispone de un margen de 16 pacientes para no ser intervenida por Sánchez. La evolución del ritmo de contagios ha forzado al Ejecutivo regional a aplicar a toda velocidad muchas de las medidas de contención con el fin de no alcanzar el 35% de umbral que forzaría por ley al Gobierno a la intervención. Medidas que ya aplicó, Ayuso, aunque más restrictivas. Mientras que en la capital se restringía la movilidad en 45 áreas sanitarias en Navarra tan solo se limitarán a partir del martes los aforos en hostelería, al 30%, en supermercados al 40%, cierre obligado de locales a las 22:00h, así como la limitación de reuniones a seis personas. Los establecimientos de ocio se reducen al 30%. Chivite aprovechó su intervención de ayer para cargar también contra Ayuso, a pesar de haber puesto un plan en funcionamiento. Lo hizo, descartando un estado de alarma en Navara porque a su juicio en Madrid se aplicó porque Ayuso «no había hecho nada».
Navarra debería ser intervenida con 16 pacientes más en Uci
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www.larazon.esFraudez está fuera de control. No disimula y carga contra Madrid porque se le resiste, tuerce las leyes e intenta impedir derechos fundamentales porque le sale de los hue.vos, y Navarra como es de sus colegas el Gobierno, nada de 155. Veremos que hacen. Ya van a cara descubierta, se han caído las caretas.
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HABÍA UN 'PLAN B'Sánchez se opuso este verano a la reforma legal urgente que hubiera evitado el estado de alarma
Se opuso a negociar una Proposición de Ley Orgánica del PP para modificar la Ley de Medidas Especiales de Salud Pública
Según el PP, el Gobierno ha retrasado un mes, hasta este martes, su tramitación en el Congreso "deliberadamente para intervenir Madrid"
Sánchez se negó a la reforma legal urgente que hubiera evitado el estado de alarma
La propuesta del PP era el ‘plan B’ al uso del estado de alarma, que es una medida constitucional excepcional. Pedro Sánchez sigue negando que exista ese ‘plan B’ que evite un estado de alarma. Pablo Casado decía este domingo en Twitter que su propuesta era la alternativa «para luchar con eficacia contra el Covid sin otro ruinoso estado de alarma. No hay más ciego -afirmaba- que el que no quiere ver… más que una oportunidad para atacar al PP en vez de proteger la salud».
Después de varios intentos fallidos de negociar con el Gobierno durante mayo, junio y julio, el Grupo Popular en el Congreso presentó el 5 de agosto la «Proposición de Ley Orgánica de protección de la salud y de los derechos y libertades fundamentales».
«Deliberadamente»
La Mesa del Congreso la calificó, admitiéndola, el 2 de septiembre, nada más volver de las vacaciones. Al ser una Proposición de Ley, el Gobierno debe dar su conformidad para iniciar el trámite parlamentario. Pero a día de hoy, el ejecutivo de Pedro Sánchez no lo ha hecho todavía. El plazo legal acaba este martes 13 de octubre. En el PP creen que el Gobierno ha agotado el plazo «deliberadamente» hasta el último día «para poder intervenir Madrid por puro rencor de Sánchez». «Si el Gobierno hubiera querido, a mediados de septiembre -afirman fuentes del PP- hubiera estado aprobada la nueva Ley y España tendría un instrumento claro y único en la legislación ordinaria para luchar contra el Covid».
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La Proposición de Ley Orgánica del PP es, básicamente, una modificación de dos leyes. Por un lado, de la Ley 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para actualizarla a los supuestos y problemas concretos que plantea el Covid. Por otro lado, una modificación de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para dar cobertura legal «a medidas que supongan la limitación de derechos y libertades de los ciudadanos para proteger la salud de la población». Además, la reforma establecía un procedimiento de autorización judicial exprés en 24 horas de dichas medidas y un sistema de prórrogas judiciales cada 15 días.
La Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública fue aprobada por Felipe González. En su artículo 1 dice que «al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias, adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad». Su artículo 3 habilita a la autoridad sanitaria a adoptar «las medidas oportunas», sin más. Su redacción de 1986 es tan genérica que no cubre legalmente la adopción de medidas que supongan la limitación de derechos fundamentales.
Por eso, en la Proposición de Ley Orgánica del PP se habla, concretamente, de adoptar medidas «para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato». Y señala que «dichas medidas incluirán el sometimiento obligado de las personas sospechosas a observación de salud pública; sometimiento a cuarentena o aplicar otras medidas sanitarias para las personas sospechosas; sometimiento a aislamiento y a tratamiento, cuando proceda, a las personas afectadas, así como la localización de quienes hayan estado en contacto con personas sospechosas o afectadas». También -dice la propuesta del PP- «controlar o limitar las entradas y salidas de la zona afectada o amenazada y controlar o limitar el movimiento dentro de dicha zona, lo cual podrá afectar al derecho a la libre circulación y deambulación por vías públicas, así como a derecho de reunión que podrá estar condicionado en su ejercicio tanto en lugares determinados, como en el número de personas». Es una cobertura legal completa de las situaciones que estamos viviendo.
Detalle de la propuesta del PP al Gobierno que hubiera evitado el estado de alarma en Madrid
Incumplimientos
El presidente Pedro Sánchez dijo el 2 de mayo que no había ‘plan B’ al estado de alarma para combatir el Covid. Buscaba los apoyos parlamentarios para prorrogar el estado de alarma. Pactó con Inés Arrimadas y le prometió no usar más esta medida excepcional. La vicepresidenta Carmen Calvo, incluso, anunció en el Senado, precisamente, la reforma de la Ley de Medidas Especiales que después se ha negado a pactar con el PP. El anuncio de Calvo se lo llevó el viento. Al decretar el estado de alarma en Madrid -donde Ciudadanos gobierna con el PP e Ignacio Aguado es vicepresidente regional-, Sánchez incumple su pacto con Arrimadas.
Además, volviendo a decretar el estado de alarma, Sánchez incumple también varias resoluciones del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, que estos meses han pedido a los países miembros de la Unión Europea que no apliquen medidas excepcionales para luchar contra el Covid. La Unión Europea pide que se use legislación ordinaria para no mermar las libertades y los derechos fundamentales de los ciudadanos
okdiario.com
Se opuso a negociar una Proposición de Ley Orgánica del PP para modificar la Ley de Medidas Especiales de Salud Pública
Según el PP, el Gobierno ha retrasado un mes, hasta este martes, su tramitación en el Congreso "deliberadamente para intervenir Madrid"
- VICENTE GIL
- 13/10/2020 06:47
La propuesta del PP era el ‘plan B’ al uso del estado de alarma, que es una medida constitucional excepcional. Pedro Sánchez sigue negando que exista ese ‘plan B’ que evite un estado de alarma. Pablo Casado decía este domingo en Twitter que su propuesta era la alternativa «para luchar con eficacia contra el Covid sin otro ruinoso estado de alarma. No hay más ciego -afirmaba- que el que no quiere ver… más que una oportunidad para atacar al PP en vez de proteger la salud».
Después de varios intentos fallidos de negociar con el Gobierno durante mayo, junio y julio, el Grupo Popular en el Congreso presentó el 5 de agosto la «Proposición de Ley Orgánica de protección de la salud y de los derechos y libertades fundamentales».
«Deliberadamente»
La Mesa del Congreso la calificó, admitiéndola, el 2 de septiembre, nada más volver de las vacaciones. Al ser una Proposición de Ley, el Gobierno debe dar su conformidad para iniciar el trámite parlamentario. Pero a día de hoy, el ejecutivo de Pedro Sánchez no lo ha hecho todavía. El plazo legal acaba este martes 13 de octubre. En el PP creen que el Gobierno ha agotado el plazo «deliberadamente» hasta el último día «para poder intervenir Madrid por puro rencor de Sánchez». «Si el Gobierno hubiera querido, a mediados de septiembre -afirman fuentes del PP- hubiera estado aprobada la nueva Ley y España tendría un instrumento claro y único en la legislación ordinaria para luchar contra el Covid».
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La Proposición de Ley Orgánica del PP es, básicamente, una modificación de dos leyes. Por un lado, de la Ley 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para actualizarla a los supuestos y problemas concretos que plantea el Covid. Por otro lado, una modificación de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para dar cobertura legal «a medidas que supongan la limitación de derechos y libertades de los ciudadanos para proteger la salud de la población». Además, la reforma establecía un procedimiento de autorización judicial exprés en 24 horas de dichas medidas y un sistema de prórrogas judiciales cada 15 días.
La Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública fue aprobada por Felipe González. En su artículo 1 dice que «al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias, adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad». Su artículo 3 habilita a la autoridad sanitaria a adoptar «las medidas oportunas», sin más. Su redacción de 1986 es tan genérica que no cubre legalmente la adopción de medidas que supongan la limitación de derechos fundamentales.
Por eso, en la Proposición de Ley Orgánica del PP se habla, concretamente, de adoptar medidas «para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato». Y señala que «dichas medidas incluirán el sometimiento obligado de las personas sospechosas a observación de salud pública; sometimiento a cuarentena o aplicar otras medidas sanitarias para las personas sospechosas; sometimiento a aislamiento y a tratamiento, cuando proceda, a las personas afectadas, así como la localización de quienes hayan estado en contacto con personas sospechosas o afectadas». También -dice la propuesta del PP- «controlar o limitar las entradas y salidas de la zona afectada o amenazada y controlar o limitar el movimiento dentro de dicha zona, lo cual podrá afectar al derecho a la libre circulación y deambulación por vías públicas, así como a derecho de reunión que podrá estar condicionado en su ejercicio tanto en lugares determinados, como en el número de personas». Es una cobertura legal completa de las situaciones que estamos viviendo.
Incumplimientos
El presidente Pedro Sánchez dijo el 2 de mayo que no había ‘plan B’ al estado de alarma para combatir el Covid. Buscaba los apoyos parlamentarios para prorrogar el estado de alarma. Pactó con Inés Arrimadas y le prometió no usar más esta medida excepcional. La vicepresidenta Carmen Calvo, incluso, anunció en el Senado, precisamente, la reforma de la Ley de Medidas Especiales que después se ha negado a pactar con el PP. El anuncio de Calvo se lo llevó el viento. Al decretar el estado de alarma en Madrid -donde Ciudadanos gobierna con el PP e Ignacio Aguado es vicepresidente regional-, Sánchez incumple su pacto con Arrimadas.
Además, volviendo a decretar el estado de alarma, Sánchez incumple también varias resoluciones del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, que estos meses han pedido a los países miembros de la Unión Europea que no apliquen medidas excepcionales para luchar contra el Covid. La Unión Europea pide que se use legislación ordinaria para no mermar las libertades y los derechos fundamentales de los ciudadanos
Estado de alarma: Pedro Sánchez se opuso este verano a la reforma legal urgente que lo hubiera evitado
Pedro Sánchez se opuso este verano a una propuesta del Partido Popular para modificar la ley que hubiera evitado el estado de alarma.
okdiario.comA por el CGPJ, si hay que saltarse leyes, se las saltan
PSOE y Podemos renovarán el CGPJ de urgencia y sin controles para presionar al Supremo con Iglesias
Los socialcomunistas quieren cambiar el Consejo General del Poder Judicial en sólo dos meses y ponerlo bajo su control
Iglesias charla a solas 3 min. con el presidente del Tribunal que dice que le va a absolver: el Supremo
Los portavoces de Podemos, Pablo Echenique, y del PSOE, Adriana Lastra, durante la rueda de prensa ofrecida en el Congreso de los Diputados. (Foto: Efe)
Así lo han anunciado en rueda de prensa conjunta, tras el registro de la iniciativa, los portavoces parlamentarios de PSOE y Podemos en la Cámara baja, Adriana Lastra y Pablo Echenique, respectivamente. La dirigente socialista ha avanzado que estas formaciones, que tienen el control de la Mesa y cuentan con la mayoría Frankenstein, van a hacer todo lo posible para agilizar los plazos de modo que la iniciativa sea aprobada en «dos meses» y permita así renovar el CGPJ, dando entrada a vocales respaldados por Podemos, algo que el PP rechaza de plano por los constantes ataques de los morados al Estado de Derecho y a la Monarquía parlamentaria.
En su comparecencia de este martes, Echenique ha declarado que «las instituciones públicas deben emanar de la voluntad popular, de todos los poderes del Estado», ha esgrimido para justificar este ataque a la independencia del Poder Judicial. «El actual CGPJ es fruto de una mayoría parlamentaria que ya no existe», ha añadido el portavoz de Podemos, obviando que ahora reducirán aquí por la vía rápida la mayoría de dos tercios para dejarla en mayoría absoluta.
Con una argucia legal, en lugar de optar por un proyecto de ley emanado del Consejo de Ministros, los socialcomunistas han recurrido a la fórmula de la proposición de ley para evitar así que el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y el propio CGPJ tengan que pronunciarse en informes no vinculantes sobre la reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.
De esta forma, un CGPJ a gusto del Gobierno sería más proclive a proteger a Pablo Iglesias de sus problemas judiciales, ya que no sólo está señalado en el caso Dina-Iglesias por la presunta comisión de tres delitos: denuncia falsa, con agravante de género, daños informáticos y denuncia falsa, sino también como responsable de un partido imputado en el caso del juez de Madrid que investiga la financiación irregular de Podemos y los pagos de Neurona.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya avanzó hace semanas su intención de promover esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para proceder a la renovación de este órgano y, posteriormente, el PSOE detalló que el objetivo sería rebajar la mayoría de tres quintos necesaria actualmente. Sin embargo, tras agravarse los problemas de Iglesias con la Justicia, los socialcomunistas han apretado aquí el acelerador culpando al PP de dos años de blanqueo cuando el PSOE ha sido parte interesada en el mismo.
De este modo, la reforma plantea situar en la mayoría absoluta los votos necesarios para que las Cortes elijan a los 12 miembros del CGPJ que les corresponde. Hasta hora se requiere mayoría reforzada de tres quintos, que PSOE y Podemos quieren cargarse para hacer uso de su mayoría Frankenstein con los separatistas, proetarras y nacionalistas que permitieron la investidura de Pedro Sánchez.
PP y Vox recurrirán al TC
Desde el PP, su presidente, Pablo Casado, ya ha anunciado que su grupo recurrirá esta iniciativa al Tribunal Constitucional, y en la misma línea se ha pronunciado también a través de la red social Twitter la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona.
«Sánchez pretende liquidar la separación de poderes en pleno ataque a la independencia judicial de su vicepresidente investigado. No lo permitiremos: si perpetran este atropello a la legalidad, recurriremos al Tribunal Constitucional y a las Instituciones y Tribunales Europeos», ha escrito el jefe de la oposición.
Por su parte, Olona ha manifestado: «Se aprobará (el texto de PSOE y Podemos). Y los 52 de Vox en el Congreso lo recurriremos ante el Constitucional. Frente a su totalitarismo, resistencia», ha enfatizado.
Este martes, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ya avisó al Gobierno que su formación no piensa participar en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si Podemos forma parte de ese proceso, ya que, según dijo, el objetivo del partido morado es «erosionar las instituciones». Además, indicó que el Ejecutivo tiene «la llave» para desbloquear el Consejo y pasa por «avanzar en la despolitización».
«Nosotros somos coherentes y muy claros. No vamos a renovar el Poder Judicial cuando en la ecuación entre Podemos. No lo vamos a hacer porque el único objetivo de Podemos hoy es erosionar las instituciones», declaró Montesinos en una entrevista en RNE recogida por Ep.
okdiario.com
PSOE y Podemos renovarán el CGPJ de urgencia y sin controles para presionar al Supremo con Iglesias
Los socialcomunistas quieren cambiar el Consejo General del Poder Judicial en sólo dos meses y ponerlo bajo su control
Iglesias charla a solas 3 min. con el presidente del Tribunal que dice que le va a absolver: el Supremo
- SEGUNDO SANZ
- 13/10/2020 13:36
Así lo han anunciado en rueda de prensa conjunta, tras el registro de la iniciativa, los portavoces parlamentarios de PSOE y Podemos en la Cámara baja, Adriana Lastra y Pablo Echenique, respectivamente. La dirigente socialista ha avanzado que estas formaciones, que tienen el control de la Mesa y cuentan con la mayoría Frankenstein, van a hacer todo lo posible para agilizar los plazos de modo que la iniciativa sea aprobada en «dos meses» y permita así renovar el CGPJ, dando entrada a vocales respaldados por Podemos, algo que el PP rechaza de plano por los constantes ataques de los morados al Estado de Derecho y a la Monarquía parlamentaria.
En su comparecencia de este martes, Echenique ha declarado que «las instituciones públicas deben emanar de la voluntad popular, de todos los poderes del Estado», ha esgrimido para justificar este ataque a la independencia del Poder Judicial. «El actual CGPJ es fruto de una mayoría parlamentaria que ya no existe», ha añadido el portavoz de Podemos, obviando que ahora reducirán aquí por la vía rápida la mayoría de dos tercios para dejarla en mayoría absoluta.
Con una argucia legal, en lugar de optar por un proyecto de ley emanado del Consejo de Ministros, los socialcomunistas han recurrido a la fórmula de la proposición de ley para evitar así que el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y el propio CGPJ tengan que pronunciarse en informes no vinculantes sobre la reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.
De esta forma, un CGPJ a gusto del Gobierno sería más proclive a proteger a Pablo Iglesias de sus problemas judiciales, ya que no sólo está señalado en el caso Dina-Iglesias por la presunta comisión de tres delitos: denuncia falsa, con agravante de género, daños informáticos y denuncia falsa, sino también como responsable de un partido imputado en el caso del juez de Madrid que investiga la financiación irregular de Podemos y los pagos de Neurona.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya avanzó hace semanas su intención de promover esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para proceder a la renovación de este órgano y, posteriormente, el PSOE detalló que el objetivo sería rebajar la mayoría de tres quintos necesaria actualmente. Sin embargo, tras agravarse los problemas de Iglesias con la Justicia, los socialcomunistas han apretado aquí el acelerador culpando al PP de dos años de blanqueo cuando el PSOE ha sido parte interesada en el mismo.
De este modo, la reforma plantea situar en la mayoría absoluta los votos necesarios para que las Cortes elijan a los 12 miembros del CGPJ que les corresponde. Hasta hora se requiere mayoría reforzada de tres quintos, que PSOE y Podemos quieren cargarse para hacer uso de su mayoría Frankenstein con los separatistas, proetarras y nacionalistas que permitieron la investidura de Pedro Sánchez.
PP y Vox recurrirán al TC
Desde el PP, su presidente, Pablo Casado, ya ha anunciado que su grupo recurrirá esta iniciativa al Tribunal Constitucional, y en la misma línea se ha pronunciado también a través de la red social Twitter la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona.
«Sánchez pretende liquidar la separación de poderes en pleno ataque a la independencia judicial de su vicepresidente investigado. No lo permitiremos: si perpetran este atropello a la legalidad, recurriremos al Tribunal Constitucional y a las Instituciones y Tribunales Europeos», ha escrito el jefe de la oposición.
Por su parte, Olona ha manifestado: «Se aprobará (el texto de PSOE y Podemos). Y los 52 de Vox en el Congreso lo recurriremos ante el Constitucional. Frente a su totalitarismo, resistencia», ha enfatizado.
Este martes, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ya avisó al Gobierno que su formación no piensa participar en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si Podemos forma parte de ese proceso, ya que, según dijo, el objetivo del partido morado es «erosionar las instituciones». Además, indicó que el Ejecutivo tiene «la llave» para desbloquear el Consejo y pasa por «avanzar en la despolitización».
«Nosotros somos coherentes y muy claros. No vamos a renovar el Poder Judicial cuando en la ecuación entre Podemos. No lo vamos a hacer porque el único objetivo de Podemos hoy es erosionar las instituciones», declaró Montesinos en una entrevista en RNE recogida por Ep.
CGPJ: PSOE y Podemos lo renovarán de urgencia y sin controles para presionar al Tribunal Supremo con Pablo Iglesias
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okdiario.comEl PP acusa a Sánchez de "conductas dictatoriales" y llevará el "atropello" del CGPJ a Bruselas
Casado acusa al presidente de querer liquidar la separación de poderes en "pleno ataque" a la independencia del GCPJ del "investigado" Iglesias. Su portavoz en el Congreso advierte de que PSOE y Podemos ansían "el poder absoluto sin ningún tipo de control o contrapeso"
Pablo Casado en una intervención en el Congreso.
ANTONIO RODRÍGUEZ
PERFILEMAILTWITTER
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado este martes que recurrirán la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que pretende aprobar el PSOE y Podemos, ante el Tribunal Constitucional (TC), así como ante las instituciones y tribunales europeos. Al mismo tiempo, su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de llevar a cabo "conductas autoritarias y dictatoriales" con los cambios que quiere introducir en este órgano judicial.
MÁS INFO
PSOE y Unidas Podemos han registrado este martes la proposición una ley orgánica para reformar el sistema de elección del CGPJ con el objetivo de sortear el "bloqueo" del que acusan al PP. Los partidos del Gobierno presentarán el cambio como una proposición de ley, en lugar de presentar un proyecto de ley.
Mediante este procedimiento, el Gobierno eludirá la presentación de informes del propio CGPJ, del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal, y de esta forma se acelerará el proceso y evitará que alguno de estos órganos se muestre contrario a la aprobación.
"Conductas dictatoriales"
Después del tuit de Casado han llegado la rueda de prensa de Gamarra en el Congreso de los Diputados. La portavoz de los populares ha lamentado que los socios de gobierno "no tienen ningún tipo de límite" con tal de "saciar" su objetivo de controlar otras instituciones. Para ello, ansían "el poder absoluto sin ningún tipo de control o contrapeso", ha asegurado Gamarra.
Asimismo, ha advertido de que dicha reforma para la elección de jueces del CGPJ es un "fraude que se busca por la puerta de atrás" y ha lamentado que el PSOE se ampare en dicha iniciativa con la excusa de que "no hay una mayoría parlamentaria" de los 3/5 por culpa del PP. "Sólo les ha faltado decir que todo se va a aprobar con 155 diputados, los del PSOE y Podemos", ha subrayado la portavoz del PP en la Cámara baja.
A la pregunta de si Sánchez es un "dictador", Gamarra ha hecho hincapié en que su partido reconoce la legitimidad de su elección tras las elecciones del 10-N, pero ha añadido que sus "conductas y mecanismos" sí que lo son.
"Cuando se busca machacar y anular el papel de la oposición, evidentemente esas conductas son autoritarias, dictatoriales y se apartan de la buena salud democrática y de la buena calidad democrática. Y este es un ejemplo claro", ha concluido.
Objetivo, "erosionar las instituciones"
El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, había avisado previamente al Gobierno que su formación no va a participar en la renovación del CGPJ si Podemos forma parte de ese proceso, ya que, según ha dicho, el objetivo del partido morado es "erosionar las instituciones". Además ha indicado que el Ejecutivo tiene "la llave" para desbloquear el Consejo y pasa por "avanzar en la despolitización".
"Nosotros somos coherentes y muy claros. No vamos a renovar el Poder Judicial cuando en la ecuación entre Podemos. No lo vamos a hacer porque el único objetivo de Podemos hoy es erosionar las instituciones", ha declarado Montesinos en una entrevista en RNE, que ha recogido Europa Press.
www.vozpopuli.com
Casado acusa al presidente de querer liquidar la separación de poderes en "pleno ataque" a la independencia del GCPJ del "investigado" Iglesias. Su portavoz en el Congreso advierte de que PSOE y Podemos ansían "el poder absoluto sin ningún tipo de control o contrapeso"
Pablo Casado en una intervención en el Congreso.
ANTONIO RODRÍGUEZPERFILEMAILTWITTER
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El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado este martes que recurrirán la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que pretende aprobar el PSOE y Podemos, ante el Tribunal Constitucional (TC), así como ante las instituciones y tribunales europeos. Al mismo tiempo, su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de llevar a cabo "conductas autoritarias y dictatoriales" con los cambios que quiere introducir en este órgano judicial.
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- PSOE y Podemos eluden todos los controles en su plan de reforma del Poder JudicialPSOE y Podemos eluden todos los controles en su plan de reforma del Poder Judicial
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PSOE y Unidas Podemos han registrado este martes la proposición una ley orgánica para reformar el sistema de elección del CGPJ con el objetivo de sortear el "bloqueo" del que acusan al PP. Los partidos del Gobierno presentarán el cambio como una proposición de ley, en lugar de presentar un proyecto de ley.
Mediante este procedimiento, el Gobierno eludirá la presentación de informes del propio CGPJ, del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal, y de esta forma se acelerará el proceso y evitará que alguno de estos órganos se muestre contrario a la aprobación.
"Conductas dictatoriales"
Después del tuit de Casado han llegado la rueda de prensa de Gamarra en el Congreso de los Diputados. La portavoz de los populares ha lamentado que los socios de gobierno "no tienen ningún tipo de límite" con tal de "saciar" su objetivo de controlar otras instituciones. Para ello, ansían "el poder absoluto sin ningún tipo de control o contrapeso", ha asegurado Gamarra.
Asimismo, ha advertido de que dicha reforma para la elección de jueces del CGPJ es un "fraude que se busca por la puerta de atrás" y ha lamentado que el PSOE se ampare en dicha iniciativa con la excusa de que "no hay una mayoría parlamentaria" de los 3/5 por culpa del PP. "Sólo les ha faltado decir que todo se va a aprobar con 155 diputados, los del PSOE y Podemos", ha subrayado la portavoz del PP en la Cámara baja.
A la pregunta de si Sánchez es un "dictador", Gamarra ha hecho hincapié en que su partido reconoce la legitimidad de su elección tras las elecciones del 10-N, pero ha añadido que sus "conductas y mecanismos" sí que lo son.
"Cuando se busca machacar y anular el papel de la oposición, evidentemente esas conductas son autoritarias, dictatoriales y se apartan de la buena salud democrática y de la buena calidad democrática. Y este es un ejemplo claro", ha concluido.
Objetivo, "erosionar las instituciones"
El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, había avisado previamente al Gobierno que su formación no va a participar en la renovación del CGPJ si Podemos forma parte de ese proceso, ya que, según ha dicho, el objetivo del partido morado es "erosionar las instituciones". Además ha indicado que el Ejecutivo tiene "la llave" para desbloquear el Consejo y pasa por "avanzar en la despolitización".
"Nosotros somos coherentes y muy claros. No vamos a renovar el Poder Judicial cuando en la ecuación entre Podemos. No lo vamos a hacer porque el único objetivo de Podemos hoy es erosionar las instituciones", ha declarado Montesinos en una entrevista en RNE, que ha recogido Europa Press.
El PP anuncia que llevará el "atropello" del Poder Judicial al TC y Bruselas
Casado acusa a Sánchez de querer liquidar la separación de poderes en "pleno ataque" a la independencia del GCPJ del "investigado" Iglesias
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Si la ley polaca quiebra la separación de poderes, la de Sánchez la requiebra
En un tuit, el número dos del Ministerio de Justicia polaco ironiza: «España: el Gobierno cambia las reglas para la elección de los jueces. Aún así, como en Polonia, serán elegidos por el Parlamento. Pero en lugar de la mayoría de tres quintos (como en Polonia), debería ser del 50% + 1″.
La Comisión Europea ya ha abierto cuatro expedientes sancionadores a Polonia por la reforma de la judicatura. Según Bruselas, la normativa viola la independencia de los jueces y es incompatible con el Derecho europeo, pues la ley polaca puede ser utilizada «para ejercer control político sobre las decisiones judiciales». Si la UE amenaza a Polonia con sanciones, y dado que la reforma que pretenden Sánchez e Iglesias quiebra de manera flagrante la separación de poderes, Bruselas debería hacer lo propio con España, por mucho que el presidente del Gobierno presuma de que Europa no pondrá objeciones.
El plan de asalto al Poder Judicial que diseña el Ejecutivo tiene su inspiración en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, una norma que permitió a Hugo Chávez maniatar a los jueces y hacerse con el control absoluto. Ahí se acabó oficialmente la democracia venezolana, de la misma manera que la democracia española terminaría si el presidente y el vicepresidente segundo del Gobierno socialcomunista se salen con la suya. El Tribunal Constitucional podría desbaratar la tropelía, pero si todos los órganos jurisdiccionales son sometidos, la UE es la única esperanza. De ahí que Polonia señale directamente con el dedo a Pedro Sánchez y le diga a Bruselas que le aplique a España las mismas sanciones que ha adoptado contra el Gobierno de Varsovia. Y es que si la reforma polaca quiebra la separación de poderes, la de Sánchez la quiebra y la requiebra.
okdiario.com
- OKDIARIO
- 14/10/2020 20:54
En un tuit, el número dos del Ministerio de Justicia polaco ironiza: «España: el Gobierno cambia las reglas para la elección de los jueces. Aún así, como en Polonia, serán elegidos por el Parlamento. Pero en lugar de la mayoría de tres quintos (como en Polonia), debería ser del 50% + 1″.
La Comisión Europea ya ha abierto cuatro expedientes sancionadores a Polonia por la reforma de la judicatura. Según Bruselas, la normativa viola la independencia de los jueces y es incompatible con el Derecho europeo, pues la ley polaca puede ser utilizada «para ejercer control político sobre las decisiones judiciales». Si la UE amenaza a Polonia con sanciones, y dado que la reforma que pretenden Sánchez e Iglesias quiebra de manera flagrante la separación de poderes, Bruselas debería hacer lo propio con España, por mucho que el presidente del Gobierno presuma de que Europa no pondrá objeciones.
El plan de asalto al Poder Judicial que diseña el Ejecutivo tiene su inspiración en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, una norma que permitió a Hugo Chávez maniatar a los jueces y hacerse con el control absoluto. Ahí se acabó oficialmente la democracia venezolana, de la misma manera que la democracia española terminaría si el presidente y el vicepresidente segundo del Gobierno socialcomunista se salen con la suya. El Tribunal Constitucional podría desbaratar la tropelía, pero si todos los órganos jurisdiccionales son sometidos, la UE es la única esperanza. De ahí que Polonia señale directamente con el dedo a Pedro Sánchez y le diga a Bruselas que le aplique a España las mismas sanciones que ha adoptado contra el Gobierno de Varsovia. Y es que si la reforma polaca quiebra la separación de poderes, la de Sánchez la quiebra y la requiebra.
Si la ley polaca quiebra la separación de poderes, la de Sánchez la requiebra
El Gobierno polaco se ha dirigido a la vicepresidenta de la Comisión Europea para preguntarle si Bruselas piensa tomar medidas contra España, al igual que hizo contra Polonia por su plan sobre la Justicia. Y es que el plan de asalto al Poder Judicial que prepara el Ejecutivo socialcomunista se...
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