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El Gobierno pacta que cada comunidad cierre por decreto ley para evitar los TSJ y el estado de alarma
Aragón abre una nueva vía con el Ministerio de Sanidad inédita hasta ahora para frenar el coronavirus. El Gobierno regional cierra las tres capitales por decreto ley, lo que obliga a una convalidación parlamentaria que solo es recurrible ante el Tribunal Constitucional
El Gobierno pacta que cada comunidad cierre por decreto para evitar los TSJ y el estado de alarma

El Gobierno pacta que cada comunidad cierre por decreto para evitar los TSJ y el estado de alarma
JORGE SÁINZ
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PUBLICADO22/10/2020 04:45
El Gobierno ha pactado con las comunidades autónomas una alternativa jurídica para aplicar confinamientos más severos sin el estado de alarma ni el aval de los tribunales superiores de justicia regionales. Se trata de un giro legal en la lucha contra la segunda ola del coronavirus que se abordará este jueves con el resto de autonomías en el Consejo Interterritorial de Salud.
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Aragón ha sido la primera autonomía de España que ordena el cierre de sus tres capitales de provincia por decreto ley. El presidente del Gobierno aragonés, el socialista Javier Lambán, ha anunciado el confinamiento inmediato de Zaragoza, Huesca y Teruel y un nivel de alerta 3 a partir de la semana que viene con cierre obligatorio de la hostelería a las diez de la noche por el aumento de contagios.
Recurrir al Constitucional
La novedad jurídica es que Lambán necesita la convalidación de las Cortes al tratarse de un decreto ley. Pero la fórmula evita que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón tenga que pronunciarse y pueda tumbar las restricciones. El funcionamiento habitual hasta la fecha era que los confinamientos se ordenaban mediante decreto, que automáticamente se enviaba al Tribunal Superior regional para su validación.
El decreto ley autonómico, según explican desde el Gobierno aragonés, solo es recurrible ante el Tribunal Constitucional. Es decir, solo los respectivos órganos consultivos de las comunidades, el Gobierno central, 50 diputados del Congreso o 50 senadores y el Defensor del Pueblo pueden plantear un recurso de inconstitucionalidad para frenar la normativa autonómica. Y ésa es una opción altamente improbable dada la evolución de la pandemia.
"Es un giro en la estrategia que seguíamos hasta ahora", admiten fuentes del Gobierno autonómico a Vozpópuli. "Y se ha pactado con el Ministerio de Sanidad".
El Gobierno de Sánchez renunció al compromiso anunciado hace mesesde reformar algunas leyes para facilitar el control de la pandemia sin el estado de alarma. Todas las comunidades, sin distinción de color, pidieron una actualización de la normativa. El rechazo del Ejecutivo ha provocado un guirigay de decisiones judiciales contradictorias a favor y en contra de los llamados confinamientos perimetrales, ya que son medidas que restringen derechos fundamentales.
El camino abierto por Aragón ofrece algunas pistas acerca de las soluciones homogéneas que busca el Gobierno a la mala evolución de la pandemia en toda España. Algunos expertos consultados por Vozpópuli aseguran que la estrategia de retorcer la ley pactada entre Aragón y Sanidad bordea el límite de la Constitución, porque las comunidades sobrepasan con esta actuación leyes orgánicas sobre derechos fundamentales, cuya competencia es exclusiva de las Cortes generales.
Esta receta y otras se abordarán este jueves en el Consejo Interterritorial de Salud. Las comunidades reniegan de la fórmula del estado de alarma. Y la vía del decreto ley ofrece una alternativa que no se ha usado hasta ahora. Y Sanidad está dispuesto a tolerarla.
Es un giro en la estrategia que seguíamos hasta ahora. Y se ha pactado con el Ministerio de Sanidad", dicen desde el Gobierno aragonés
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha revocado algunos de los confinamientos perimetrales ordenados en el pasado por el Gobierno de Lambán por la vulneración de derechos fundamentales. Lo mismo le ocurrió a Madrid, pero no a otras regiones como Castilla y León. La solución del decreto, dicen estas fuentes, es la fórmula que se ha pactado para no darse de bruces con los tribunales ante un aumento desbocado de casos en la comunidad aragonesa.
"La mayoría de tribunales han estado autorizando los confinamientos perimetrales, pero en Aragón hemos tenido muchos problemas", admiten desde el Gobierno aragonés. Lambán y sus socios tienen mayoría parlamentaria. Incluso los alcaldes de Zaragoza y Teruel, del PP, han apoyado las restricciones del Ejecutivo.
Madrid anuncia medidas el viernes
La Comunidad de Madrid ha anunciado que hará públicas sus nuevas restricciones el viernes, en víspera de que finalice el estado de alarma decretado por Pedro Sánchez hace dos semanas. Si la presidenta Isabel Díaz Ayuso recurre al decreto, se puede dar la paradoja de que cuente con el respaldo del PSOE y el rechazo de Vox a la convalidación, que facilitó la investidura de su gobierno de coalición con Ciudadanos.
El presidente de Castilla-La Mancha, el también socialista Emiliano García Page, instó esta semana al Gobierno a pactar una respuesta nacional homogénea ante la expansión del virus por todo el país. Page rechazó poner un apellido a esa respuesta -estado de alarma, toque de queda, nueva normalidad- para que no se utilice políticamente.
La Moncloa se remite al decreto de nueva normalidad, que recoge las llamadas "actuaciones coordinadas en salud pública". Estas actuaciones permiten elaborar planes o estrategias a nivel nacional. La figura se utilizó por primera vez para imponer el cierre de las discotecas o la prohibición de fumar en espacios públicos
 
El confinamiento de Aragón es inconstitucional
Lambán se ha sacado de la chistera un decreto-ley autonómico con el que priva a los aragoneses de muchas de sus libertades, a pesar de no ser un título habilitante para hacerlo

 
El confinamiento de Aragón es inconstitucional
Lambán se ha sacado de la chistera un decreto-ley autonómico con el que priva a los aragoneses de muchas de sus libertades, a pesar de no ser un título habilitante para hacerlo

Muy buen artículo, que no solo vale para Aragón. Desgraciadamente, vale y valdrá para toda España, con los confinamientos ilegales que se avecinan.

Atención al final:


la quiebra de la legalidad, cuando no se revierte de manera inmediata, sentencia a muerte al Estado de derecho y anuncia el advenimiento del totalitarismo.
 
Constitucionalistas advierten que una prórroga de meses va contra el espíritu del estado de alarma
Expertos juristas muestran sus dudas también sobre el papel de los presidentes autonómicos, las fronteras o la situación de Madrid y piden una ley específica para combatir la pandemia
Constitucionalistas advierten que una prórroga de meses va contra el espíritu del estado de alarma

Constitucionalistas advierten que una prórroga de meses va contra el espíritu del estado de alarma Pool Monclota/JM Cuadrado
ALEJANDRO REQUEIJO
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PUBLICADO27/10/2020 04:45
Expertos constitucionalistas advierten contra algunas de las características del nuevo estado alarma anunciado este fin de semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Coinciden en que una prórroga automática de meses atenta contra el espíritu de la norma recogido en la Carta Magna y además advierten contra otros aspectos como el cierre de fronteras de las comunidades autónomas. Creen que puede generar un conflicto de competencias en el caso de las regiones con frontera internacional e insisten en crear una ley específica.
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“Las prórrogas no pueden ser por más de 15 días”, afirma el exvicepresidente del Tribunal Constitucional Ramón Rodríguez Arribas. Dice que ni siquiera se pueden hacer por un mes como se hizo en su momento para atajar la huelga de controladores aéreos: “Porque una vez se hiciese mal, no quiere decir que se pueda hacer siempre”. “Las prórrogas de un plazo tienen que ser iguales o inferiores”, zanja citando la ley 4/1981 que regula los estados de alarma, excepción y sitio.
Se muestra en contra de que se pueda evadir el control del Congreso cada 15 días y discute que esa obligación se pueda sustituir por un mero informe del Gobierno: “El dueño es el Congreso, no el Ejecutivo”. En ese sentido, recuerda que los propios tribunales Superiores de Justicia ya han advertido de la existencia de un vacío legal en el ordenamiento español y la necesidad de articular una ley orgánica que dé respuesta a esta pandemia. “Aún estamos a tiempo”, defiende Rodríguez Arribas al tiempo que recuerda que el reto es hacer frente a una pandemia mundial sobre la que no se atisba un final cercano.
Daniel Berzosa es profesor de Derecho Constitucional y abogado y coincide con esta opinión sobre las prórrogas: “Más que un estado de alarma es un estado excepcionalísimo”, ironiza al tiempo que alerta del “déficit democrático que supone quitarle al Congreso la capacidad de decidir”. Afirma que la redacción del decreto publicado este domingo en el BOE “no es mala”, pero plantea “potenciales dudas”. “Dependerá muchísimo de la voluntad política”, sostiene. “Hace siete meses ningún constitucionalista hubiese aceptado esto, pero ahora parece que la gente está dispuesta a todo”, admite.
Las fronteras y confinamientos autonómicos
En cualquier caso, recuerda que la propia ley 4/1981 establece que el resto de instituciones deben actuar con normalidad. Una de las cuestiones en las que se detiene es en el papel de los presidentes autonómicos como delegados de este estado de alarma que declara el Gobierno. Entiende que esa designación es clara cuando la medida se aplica en una sola región, pero ofrece más dudas cuando es a nivel nacional en todo el Estado. Otro aspecto a estudiar es la competencia para cerrar las fronteras de una comunidad autónoma y más concretamente las internacionales.
“Se está dejando en manos de las comunidades autónomas más competencias de las que deberían tener”, avisa la catedrática en Derecho Constitucional María Isabel Álvarez. En lo que afecta a las fronteras internacionales, recuerda que existe la libre circulación en espacio Schengen y que la suspensión de ese derecho de circulación entre comunidades viene recogido en el artículo 19 de la Constitución y para suspenderlo no basta con un estado de alarma.
Por otro lado, Álvarez pone el acento en lo que ha sucedido con la Comunidad de Madrid. A su juicio, roza el “fraude de ley” que termine el estado de alarma el sábado por la tarde y menos de 24 horas después se decrete uno nuevo: “Habría que haber pedido permiso al Congreso de los Diputados para establecer una prórroga. Es verdad que el ámbito territorial se ha ampliado, pero Madrid se ve afectado”. A su juicio se están saltando los controles y se está incurriendo en la improvisación. Coincide con sus compañeros en que los partidos tendrían que haberse sentado para desarrollar una ley orgánica específica que por la vía de urgencia se podría haber hecho en dos meses.
 
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