Coronavirus: El abandono de los ancianos en residencias y fuera de ellas.

Clece, de Florentino Pérez, pide dinero público para sus residencias privadas.

La filial ganó ya 282 millones en 2020

mayo 13, 2020
69785





Clece indica que tienen una pérdida de usuarios por los fallecimientos, lo que implica pérdida de ingresos.
Los_14_ochomiles: Las montañas más altas el mundo




Powered byVideooTV

Clece, la filial de residencias de ancianos de ACS, presidida por Florentino Pérez, ha reclamado a las administraciones un extra de dinero público para compensar los costes «sobrevenidos e imprevisibles» y la disminución de ingresos fruto de la crisis del coronavirus, que cifra en 7,2 millones de euros.



Según publica este miércoles El Confidencial, la firma indica que ha realizado desembolsos extra en más profesionales sanitarios, personal de limpieza o en la compra de equipos de protección. Según desglosan, estos 7,2 millones de euros que piden vienen de diversas partidas: contratación a mayores de 30 profesionales sanitarios o compra de material de protección (mascarillas FFP2 y quirúrgicas, batas, buzos, gafas y guantes).



Alega también que sus ingresos han disminuido porque muchos mayores han fallecido en las residencias, que no pueden aceptar nuevas altas durante la emergencia sanitaria.



Clece solicita a la mayoría de las más de 30 residencias que gestiona en régimen de concesión en España que se le resarza económicamente por esta situación. Es propiedad del Grupo ACS, quien anunció este pasado 8 de mayo que contaba con 12.000 millones de euros de liquidez entre todas las empresas del grupo para hacer frente a la crisis.

La filial ganó 962 millones en todo 2019 y 282 millones en el primer trimestre de 2020.


 
1591901944666.png



 
Que sea doble, por favor

El uso y abuso de la mentira es tan obsceno sobre la responsabilidad en las residencias de mayores que partidos, medios y ciudadanos no se molestan en recurrir al BOE
Esther Palomera
11/06/2020 - 22:14h
El PP acusa al Gobierno de reformar el Código Penal para amnistiar a los sediciosos y Calvo le insta a renovar el CGPJ

¿Qué se entiende por estrategia de la crispación? En general, se trata de un desacuerdo permanente y sistemático que acaba siendo una amenaza para la convivencia democrática. Cualquiera que haya tenido ocasión con la desescalada de compartir sobremesa en alguna terraza, ha podido escuchar conversaciones entre los comensales de al lado en idénticos términos a los que cada semana, desde que empezó la COVID-19, se producen en el Parlamento.

"Iglesias tiene la culpa de las muertes en las residencias". "El Gobierno de Sánchez tenía las competencias y por su culpa han muerto 40.000 personas". "Si hubieran prohibido el 8M, no hubiera habido tantos muertos". "Tendrían que estar en la cárcel".... Si en el Congreso no hay espacio para los grises o los matices y en los medios de comunicación, especialmente en las mesas de debate, se recurre más a la brocha gorda que al análisis y al dato, lo natural es que la ciudadanía -que ha deglutido en 100 días más horas de televisión que en años- no eche mano del pincel fino para dibujar su propio cuadro sobre lo ocurrido o las posibles soluciones a futuro.

Nunca antes el enconamiento político llegó tan rápido a la calle, a los chats de amigos, a los hilos familiares o a las comidas de trabajo. O estás con unos o estás con otros. Y pobre del que busca espacio para una gama distinta a la de todo es blanco o todo es negro. La equidistancia es un campo minado y el equidistante, un traidor, un soplagaitas, un melifluo, un vendido...

El uso y abuso de la mentira es tan obsceno que ni los partidos, ni los medios, ni los ciudadanos se molestan siquiera en recurrir a las fuentes inapelables en busca de certezas o verdades absolutas, que casi siempre en estos casos están en el BOE, en los decretos, en las órdenes ministeriales y en los protocolos escritos. Pasa con el encrespado debate sobre quién tenía las competencias de las residencias de mayores durante el estado de alarma y la confusión sobre hasta dónde sí y dónde no llegaba el mando único.

La gente ha asumido como propio el argumentario distribuido por los de Casado entre sus cargos para que se culpe a Pablo Iglesias de la tragedia en los centros de mayores que dependían del gobierno de la popular Díaz Ayuso. Las consignas se contaban en un texto publicado en este diario por Iñigo Aduriz. En ellas se obvia, por supuesto, que la Comunidad mantuvo intactas todas sus atribuciones y en el que se apunta solo a la "actuación negligente" del vicepresidente segundo como causa única de las 6.000 muertes.

La consigna es defender a Ayuso, que "se ha sentido sola y ha tomado decisiones valientes como la construcción del hospital de IFEMA", se lee en el documento, que tampoco dice que la instalación en el recinto ferial se levantó gracias a la colaboración del Ejecutivo regional con el Gobierno de España y con el Ejército.

Si el gobierno madrileño hubiera perdido las competencias en Asuntos Sociales, Ayuso jamás podría haber apartado al consejero Reyero de la gestión de los centros para dársela al titular de Sanidad, ni Reyero hubiera advertido por mail de las consecuencias penales de la instrucción escrita con la que la Comunidad impuso la orden de no trasladar mayores desde las residencias a los hospitales. Aún así pocos se han molestado en recurrir al BOE para ver que el primer decreto de alarma deja negro sobre blanco que las Comunidades autónomas no perdían ninguna de sus atribuciones, pese al mando único.

La mentira mil veces repetida no se convierte en verdad, pero acaba instalándose en la calle. Ha pasado con las residencias como pasó con la compra de material sanitario, los test rápidos y las mascarillas. Cuando faltaban, la culpa era del Gobierno de Sánchez. Cuando llegaban a los centros sanitarios era mérito solo de los gobiernos regionales.

Aquí ya no hay más relato que el de sacudirse la responsabilidad de lo que se hizo, como advirtió por escrito Reyero. Lo que no se explica es que alguien que denunció la ausencia de ética y avisó de la posible derivada penal de lo que hacía su propio gabinete siga sentado en la mesa del consejo de gobierno. Ni esto ni la estrategia de la crispación de la derecha se arregla con un café y un par de horitas de conversación como propuso la vicepresidenta Calvo a la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, tras acusar al Gobierno de una "vulgar operación de camuflaje fruto de una desesperación terminal" para "tapar su letal gestión del virus" en los tribunales.

Si no son capaces de entenderse ante la mayor crisis sociosanitaria del país, ¿para qué están? La pregunta se la ha hecho el presidente de la comisión para la reconstrucción nacional, el socialista Patxi López, y no le falta razón. ¿Para qué están, además de para crispar y cruzar acusaciones mutuas? El café que sea doble, por favor. No hay otra forma de soportar el hartazgo que provocan ni la brecha abierta entre amigos, familiares o compañeros.


No son acusaciones mutuas sino defensa a unas acusaciones inasumibles Sra. Palomera. No hay equidistancia como usted y otros periodistas quieren poner. Es la respuesta a una inculpación sobre ancianos muertos en unas residencias.

Si la otra parte, es decir, el vicepresidente no responde es que acepta esa acusación, y si responde según su criterio son acusaciones mutuas.....¡Vaya, vaya....!
 
Última edición:
Iglesias miente: el Gobierno nunca aprobó 300 millones para las residencias
Algunas comunidades como Valencia, gobernada por PSOE, Unidas Podemos y Compromís, no han destinado ni un solo euro del Fondo a las residencias.
Sandra León
2020-06-17
8
Algunas comunidades como Valencia, gobernada por PSOE, Unidas Podemos y Compromís, no han destinado ni un solo euro del Fondo a las residencias.

Mónica Oltra y Pablo Iglesias | EFE
En plena polémica por la gestión del coronavirus en las residencias de mayores, el vicepresidente del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, siempre se ha defendido de los ataques presumiendo de haber creado un fondo de 300 millones de euros para este tipo de centros. Así lo anunció en rueda de prensa el pasado 19 de marzo: "Para el Gobierno es una prioridad absoluta responder a la situación que se está originando en los centros de mayores y este fondo de 300 millones de euros va a emplearse para este fin". A partir de entonces, han sido numerosas las ocasiones en las que, en sede parlamentaria, ha vuelto a repetir el mismo mantra. Sin embargo, el propio RDL 8/2020 desmiente sus palabras.
Según este decreto, esa partida era realmente para la creación de un "Fondo Social Extraordinario para hacer frente a las consecuencias sociales del COVID-19 mediante transferencias a las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla para financiar las prestaciones básicas de los correspondientes servicios sociales". De esta forma, cada región podía decidir a qué dedicaba el dinero que le correspondiese, entre un total de 9 proyectos, tal y como los denomina el propio texto del Gobierno.

Entre dichos proyectos, el decreto se refiere a los servicios de proximidad de carácter domiciliario, los dispositivos de teleasistencia domiciliaria, la rehabilitación o servicios de higiene a domicilio, la atención a personas sin hogar, la adquisición de medios de prevención, la ampliación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias, los servicios de respiro a personas cuidadoras y el refuerzo de las plantillas de centros de Servicios Sociales y centros residenciales. Es decir, que las residencias de mayores eran simplemente una posibilidad entre otras tantas.


En los últimos días, los responsables de las principales asociaciones del sector han venido denunciando que ellos no han recibido esos 300 millones de euros prometidos por Iglesias. Así, en declaraciones a Es la tarde de Dieter, Cinta Pascual, Presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas, lamentaba que sus asociados no hubiesen notado la llegada de ese dinero, a pesar de que los 300 millones "eran finalistas y exclusivos para la atención de nuestros mayores en residencias, según decía el vicepresidente del Gobierno".
Tal vez por eso, en su última intervención a propósito de este asunto, Iglesias ya no hablaba de 300 millones para las residencias, sino de "300 millones pensados, entre otras cosas, para contratar profesionales en las residencias de mayores".
De esta matización dan cumplida cuenta las comunidades autónomas con las que Es la tarde Dieter ha podido contactar: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Comunidad Valenciana. Cuando se les pregunta cuánto dinero han destinado a estos centros, todas ellas se justifican esgrimiendo que no era un fondo para residencias, sino un fondo social que les permitía elegir entre un amplio abanico de posibilidades. Así, cada región ha decidido libremente qué cantidad derivar a estos centros y mientras que hay comunidades que han destinado la mitad de su presupuesto a tal fin, hay otras que no han invertido ni un solo euro en esta partida.
Es verdad que no todas las regiones han recibido la misma ayuda. El reparto se ha hecho en base a unos criterios que ponderaban el número de habitantes, la población dependiente, la superficie, la insularidad, etc. Así, por ejemplo, mientras que Andalucía ha recibido casi 52 millones euros, Ceuta y Melilla se han tenido que conformar con 1 millón y medio. Precisamente por eso, la comparación más justa es la que podemos establecer en base al porcentaje del presupuesto recibido que cada región ha destinado a las residencias de mayores, y lo cierto es que las diferencias son significativas.
De las cinco comunidades que nos han facilitado datos concretos, la que más porcentaje ha invertido en estos centros es Castilla y León. En el reparto de Iglesias, su Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades recibió 17.652.224 euros, de los cuales habría destinado 9 millones a las residencias de mayores, lo que supone más del 50%.
En segundo lugar, estaría Andalucía, la comunidad más beneficiada por el reparto del Gobierno. De los 51.718.498 euros recibidos, habría destinado 8,1 millones a la contratación de personal en estos centros, lo que supone un 15,7%. En todo caso, desde su Consejería de Políticas Sociales aseguran que 29 millones fueron derivados a los Ayuntamientos y que, por tanto, es más que probable que algunos consistorios también hayan destinado parte de ese dinero a las residencias de titularidad municipal.
Aragón recibió casi 10 millones de euros e invirtió 1.500.000 en centros de mayores, es decir, el 15% de lo recibido. Aunque no han podido concretarnos la cifra exacta, desde el gobierno socialista de Javier Lambán insisten, no obstante, en que también han invertido "mucho dinero" en la creación de los llamados Centros Covid, que sirvieron, en su mayoría, para descargar a las residencias.
En cuarto lugar, se sitúa Castilla-La Mancha, que, de los 14.600.000 euros recibidos, destinó 1 millón a la contratación de personal en los centros de mayores, es decir, algo menos del 7%.
Sin embargo, el caso más llamativo es el de la Comunidad Valenciana. A pesar haber recibido de Ministerio de Iglesias casi 30 millones de euros, la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige la vicepresidenta Mónica Oltra del partido Compromís no ha destinado ni un solo euro a las residencias de mayores. Según la información que nos ha proporcionado su departamento de prensa, todo ha ido a parar a la llamada renta valenciana de inclusión, a paliar la pobreza infantil y a mantener abiertos los servicios sociales y contra la pobreza de los Ayuntamientos. El ejecutivo de Ximo Puig no ha considerado necesario apoyar económicamente a los centros de mayores.
Con todo, si para algo sirven estos cinco ejemplos es para constatar que, en ningún caso, el Gobierno ha dado 300 millones de euros a las residencias, tal y como Pablo Iglesias ha venido presumiendo para defenderse de los ataques a su gestión.
 
¿Pero el fondo existe o no existe? Porque aquí no hacéis nada más que poner noticias bulescas de un lado y de otro, que de verdad parece que os interesan los ancianos lo mismo que a toda la clase política.. ósea un carajo, solo para hacer ruido.
 
¿Pero el fondo existe o no existe? Porque aquí no hacéis nada más que poner noticias bulescas de un lado y de otro, que de verdad parece que os interesan los ancianos lo mismo que a toda la clase política.. ósea un carajo, solo para hacer ruido.
La verdad está en los documentos oficiales. ;)
 
fallecidos-en-residencias--620x349.jpg
Diez comunidades tienen peores datos que Madrid en muertos en residencia durante la epidemia
Aragón, La Rioja, Castilla y León y Navarra, con los porcentajes más altos
Coronavirus España | Últimas noticias sobre el Covid-19 en nuestro país, en directo

Mariano Calleja
Mariano CallejaSEGUIRMADRID Actualizado:22/06/2020 11:41hGUARDAR
223
NOTICIAS RELACIONADAS


Los ataques de la izquierda a la Comunidad de Madrid por su gestión en la crisis del coronavirus, y en concreto por la situación de las residencias de mayores, no se corresponden con los datos reales

Noticia de ABC.es
 
Dimite el máximo responsable de las residencias públicas de Madrid

El máximo responsable de las residencias públicas de Madrid explica en una carta a la que ha tenido acceso la Cadena SER que se va por razones de salud

Última hora / Cadena SER
Compartir en facebookCompartir en twitter

Compartir en linkedinComentariosImprimir
+
JAVIER BAÑUELOS
Madrid
26/06/2020 - 19:03 h. CEST

La SER tiene acceso a la carta de despedida del gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social. Óscar Álvarez renuncia a su puesto “por motivos de salud”. En un mes, han dimitido ya tres personas en la Consejería de Políticas Sociales que dirige el diputado de Ciudadanos, Alberto Reyero

Óscar Álvarez solo ha durado nueves meses en el puesto de gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS). El máximo responsable de las 25 residencias públicas de Madrid ha dimitido en plena crisis por la gestión llevada a cabo por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.


Según la carta de despedida, a la que ha tenido acceso la SER, Óscar López dimite como gerente del AMAS exclusivamente “por motivos de salud”, según le explica al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, al que también le agradece “la confianza depositada para esta compleja tarea”. En su renuncia dice que “a pesar de todas las dificultades y de la situación dramática” que les ha tocado vivir, “ha sido un orgullo haber desarrollado ese puesto y haber pertenecido al equipo de la Consejería [de Políticas Sociales]”.

 
Back