Coronavirus: El abandono de los ancianos en residencias y fuera de ellas.

[bethania]

Científicos españoles piden una evaluación "independiente" de la gestión de la covid
Señalan que se tenga en cuenta las circunstancias sociales y económicas que han contribuido a hacer que España sea más vulnerable frente a la pandemia.



ACTUALIZADA 7/8/2020 A LAS 08:52

• EFE

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La investigadora Margarita del Val a finales de julio en un acto en San Lorenzo de El Escorial.EP


Un grupo de prestigiosos científicos e investigadores españoles ha solicitado una "evaluación independiente e imparcial, por un panel de expertos internacionales y nacionales" sobre la gestión de coronavirus en España, según una carta que publican en la revista 'Lancet'.

La investigación, según este grupo de 20 científicos, entre los que se encuentran Alberto García-Basteiro, Margarita del Val y Carles Muntaner, debe centrarse "en las actividades del Gobierno central y de los gobiernos de las 17 comunidades autónomas", y debe incluir "tres áreas: gobernanza y toma de decisiones, asesoramiento científico y técnico, y capacidad operativa".
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"Además -dicen- deben tenerse en cuenta las circunstancias sociales y económicas que han contribuido a hacer que España sea más vulnerable, incluidas las crecientes desigualdades".


Posibles mejoras


Los investigadores firmantes creen que esta evaluación "no debe concebirse como un instrumento para distribuir la culpa. Más bien, debe identificar áreas en las que la salud pública, y el sistema de salud y asistencia social deben mejorarse".
España necesita una "evaluación exhaustiva de los sistemas de salud y asistencia social para preparar al país para nuevas oleadas de la covid-19 o futuras pandemias, identificando debilidades y fortalezas, y lecciones aprendidas".


En la carta, estos investigadores se preguntan cómo es posible que España, que "tiene uno de los sistemas de salud con mejor desempeño del mundo", esté ahora en la posición frente al virus en la que se encuentra con más de 300.000 casos y 28.498 muertes, "más de 50.000 trabajadores de la salud infectados y casi 20.000 muertes en residencias de ancianos".


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"Las posibles explicaciones apuntan a una falta de preparación para una pandemia", con sistemas de vigilancia débiles, baja capacidad para las pruebas de PCR, y escasez de equipo de protección personal y equipo de cuidados críticos, anotan en la misiva.


Una reacción "tardía"


Pero también, añaden, a "una reacción tardía de las autoridades centrales y regionales, procesos lentos de toma de decisiones, alto niveles de movilidad y migración de la población, escasa coordinación entre las autoridades centrales y regionales, escasa dependencia del asesoramiento científico, envejecimiento de la población, grupos vulnerables que experimentan desigualdades sociales y de salud y falta de preparación en las residencias de ancianos".


Según los firmantes, "estos problemas se vieron exacerbados por los efectos de una década de austeridad que había agotado la fuerza laboral sanitaria, y reducido la salud pública y las capacidades del sistema de salud".


Los investigadores españoles indican que, aunque este tipo de evaluación no es habitual en España, varias instituciones y países, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Suecia, han aceptado la necesidad de dicha revisión como un medio para aprender del pasado y prepararse para el futuro.


"Alentamos al Gobierno español a considerar esta evaluación como una oportunidad que podría conducir a una mejor preparación para una pandemia, prevenir muertes prematuras y construir un sistema de salud resiliente, con evidencia científica en su núcleo", concluyen.

Científicos españoles piden una evaluación "independiente" de la gestión de la covid

Señalan que se tenga en cuenta las circunstancias sociales y económicas que han contribuido a hacer que España sea más vulnerable frente a la pandemia.

www.heraldo.es

 

[bethania]

"Estos investigadores se preguntan cómo es posible que España, que "tiene uno de los sistemas de salud con mejor desempeño del mundo", esté ahora en la posición frente al virus en la que se encuentra con más de 300.000 casos y 28.498 muertes, "más de 50.000 trabajadores de la salud infectados y casi 20.000 muertes en residencias de ancianos".

 

[bethania]

El actor Antonio Resines denunciando que en el edificio de la Seguridad Social no están atendiendo a la gente, ni teléfonos, ni web, ni allí presencialmente ni nada, el dice qué pasa, es que no tienen gente para atender y necesitan contratar más, una señora salta y dice 'No no, es que NO QUIEREN PAGAR LAS PENSIONES, LLEVAN AHORRANDOSELAS DESDE MARZO! " El dice que eso no lo sabemos pero que a ver si se enteran de una vez QUE LA GENTE NECESITA EL DINERO. El ha solicitado hablar con el director y le niegan el paso. Graba el video y pide que se difunda por todas las televisiones. Increíble lo que está pasando.

 

[BOIRA_A]

"Estos investigadores se preguntan cómo es posible que España, que "tiene uno de los sistemas de salud con mejor desempeño del mundo", esté ahora en la posición frente al virus en la que se encuentra con más de 300.000 casos y 28.498 muertes, "más de 50.000 trabajadores de la salud infectados y casi 20.000 muertes en residencias de ancianos".

Porque lo estan haciendo mal, no se facilita EPIs al personal sanitario, no se les deja actuar libremente, porque todos quieren meter mano en la saca y que no hay responsabilidades Falta de pwersonal en los centros sanitarios En definitiva porque ellos estan a buen resguardo y los demas les importamos un pito

 

[Clarette]

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Aquí Raúl, nos explica un tema interesante sobre unos guantes y como prefiren comprar material a China aunque sea mas caro

 

[bethania]

Este video fue censurado en agosto pero alguien lo ha vuelto a traer a Twitter. Mëdicos en el Parlamento italiano denunciando cosas gravísimas, barbaridades que habrían ocurrido y siguen ocurriendo (como la traducción se ve con letra muy pequeña lo he copiado para ponerlo aquí). Dejo también el video. El protocolo que seguían era el de la OMS, como aquí.


"Nosotros hemos eliminado completamente los medicamentos que hoy llamamos a la recuperación inmediata, como la heparina, los antiinflamatorios, la hidroxicloroquia, que ha sido demonizada en un periódico médico, que tenía una reputación pero ël también la ha perdido, el Lanceet. Los hemos tratado con TODO LO CONTRARIO, les hemos dado esta ventilación profunda. Yo no sé si ustedes saben y entienden exactamente lo que es la ventilación profunda. Nosotros les hemos quemado los pulmones porque el oxígenos que le echábamos dentro nosotros en el aparato respiratorio a causa de la trombosis pulmonar que tenían, no podía ser ni siquiera utilizado, o sea, ese oxígeno no sabemos ni siquiera donde podía ir, oxígeno en estado puro, el verbo correcto es DISPARAR. HEMOS DISPARADO SOBRE LOS PULMONES, LOS HEMOS OXIDADO, LOS HEMOS QUEMADO. HEMOS MATADO A LAS PERSONAS y en todo esto, los médicos también mis colegas, se han convertido en un instrumento de muerte. La peor película de horror en comparación si ustedes pueden ver las imágenes decías autopsias, sería una película para niños.


Hemos condenado a las personas, no lo olvidamos. Porque no debemos olvidar, PORQUE EN LAS RESIDENCIAS PARA ANCIANOS Y ENFERMOS HEMOS CONSTITUIDO LA PENA DE MUERTE EN ITALIA. Y esto se ha podido ver con las autopsias porque SI HUBIERAMOS HECHO LAS AUTOPSIAS NUNCA HABRIAMOS METIDO UN SUJETO POSITIVO EN CONTACTO CON EL TARGET, O SEA. SUJETOS ANCIANOS Y ENFERMOS, LOS HEMOS CONDENADO A MUERTE A TODOS en la óptica del terrorismo y confinamiento (lockdown) pero todas mentiras, ahora nos dicen... Yo he hablado con amigos suecos y se ríen de nosotros, ellos se ríen de nosotros con razón porque les hemos dicho que desde que nos han hecho el confinamiento nos dicen que han tenido más muertos pero todo es mentira, una mentira mundial de una prensa también vendida. Y el terrorismo continúa ahora, en principio jugaban sobre el virus, la neumonía intersticial, todas mentiras, pero ahora juegan sobre el error de enfermos asintomáticos cuando la medicina nos dice que un enfermo tiene síntomas, NO EXISTE EL ENFERMO QUE NO TIENE SÍNTOMAS. La segunda ola... Ya vale... Tenemos que acabar con este chiste, ya vale....".

 

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El vídeo más amplio

 

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[SultanaXS]

El PP valenciano lleva a Iglesias e Illa ante la Audiencia Nacional por ocultar los muertos en las residencias​

Los populares presentaron sus recursos este viernes, día en que El País publicaba un borrador que cifra en más de 20.000 los fallecidos en ellas.​

Miriam Muro Seguir a MiriamMuroM
2020-11-06
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"]https://s.libertaddigital.com/2020/04/16/954/0/coronavirus-residenciacataluna16042020.jpg[/IMG]

Voluntarios de la ONG Pro-Activa Open Arms trasladan a personas mayores de una residencia del centro de Barcelona a hospitales de la ciudad. | EFE
El Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha decidido llevar a los tribunales la terrible situación que han vivido y viven las residencias de ancianos durante la pandemia. El PPCV ha recurrido ante la Audiencia Nacional lo que consideran un "apagón informativo" del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y del ministro de Sanidad, Salvador Illa, sobre la situación de los centros de ancianos valencianos en la primera oleada del coronavirus "cuando estaban bajo el mando único", explican desde la formación popular.
El partido que lidera en esa comunidad Isabel Bonig explica a Libertad Digital que se trata de una petición que se deriva también "de la falta de transparencia y reiterada ocultación de información por parte de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra".
Desde hace meses, el PPCV ha tratado de conocer esta información presentando numerosas peticiones para acceder a los datos relacionados con el coronavirus en las residencias de la Comunidad Valenciana "donde ya han fallecido 620 residentes", explican.


"La ausencia de transparencia y respuesta llevó al Partido Popular de la Comunidad Valenciana a recurrir al Gobierno de España y presentar el 3 de septiembre dos escritos dirigidos al Ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al vicepresidente social, Pablo Iglesias para que facilitaran al PP la información que Oltra niega desde hace meses. Sin embargo, el silencio y la opacidad del Gobierno ha llevado al PPCV a tener que recurrir a la Audiencia Nacional para poder acceder a unos datos que la sociedad tiene derecho a conocer", sentencian los populares valencianos.
Por esa razón, este viernes decidieron recurrir a los tribunales "para defender el derecho democrático de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno".
"El sistema de información que marcó como obligatorio a través de la Orden SND/275/2020 de 23 de marzo, obligaba a las Comunidades Autónomas a suministrar los datos relacionados con la evolución de la epidemia en las residencias. Por este motivo, el Gobierno de España tiene la información solicitada porque Oltra estaba obligada a facilitarla", sentencian.
En los recursos, el PPCV solicita saber el número de contagios contagios de covid-19 tanto entre los residentes como entre el personal en cada una de las residencias de personas mayores, de titularidad pública y privada, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, entre el 1 de enero de 2020 y la fecha de registro.
También piden que se conozca el número real de defunciones de covid-19 tanto entre los residentes como entre el personal; los criterios de ingreso hospitalario de las personas mayores residentes en los centros públicos de la región que se contagian (con o sin síntomas), "habida cuenta de que en algunos departamentos de salud se ha ordenado al personal que se les separe y guarden cuarentena mientras en otros se ingresa en hospitales a las personas en las mismas condiciones", recuerdan.
Los populares valencianos exigen que se den a conocer también los protocolos de actuación y si existían protocolos que cribaban a la hora de enviar a residentes al hospital porque existe una denuncia formulada por la patronal de las residencias españolas CEPAs en la que se recoge que se podrían haber hecho cribados en esa comunidad. "Queremos saber qué protocolos se siguieron en las residencias y poder actuar, diagnosticar y radiografiar la situación para poder prevenir situaciones similares", aseguran.

Filtran un borrador del 1 de noviembre a 'El País'​

Precisamente este viernes –día en que los populares presentaron estos recursos– El País publica un borrador filtrado [fechado a 1 de noviembre] en donde la Vicepresidencia Segunda del Gobierno cifra en 20.268 los fallecidos durante la primera ola del coronavirus en los centros residenciales españoles, según los datos recopilados por las comunidades autónomas, aunque de esas muertes solamente la mitad se confirmó mediante análisis serológico.
El borrador del informe, filtrado a El País y recogido por Efe, admite aun así que a día de hoy aún hay lagunas en el análisis de lo sucedido en los centros de carácter residencial durante la primera oleada ya que faltan datos "suficientemente robustos y homogéneos entre territorios".
El informe, elaborado por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales dependiente de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno de Pablo Iglesias, ha sido remitido a las comunidades autónomas y cuenta con aportaciones de los grupos de trabajo covid-19 (Comisión Delegada y Consejo Consultivo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia).
No obstante, de los datos que remitieron las comunidades al Ministerio de Sanidad se desprende que hasta el 23 de junio hubo un total acumulado de 18.883 defunciones, una cifra que posteriormente fue "depurada" por el IMSERSO hasta los 20.268. De todas las defunciones en centros residenciales, se realizó análisis serológico a 10.364 personas, mientras que 9.904 fallecimientos se notificaron como "con síntomas compatibles" con la covid, es decir, sin confirmación, puesto que no había al inicio suficientes pruebas diagnósticas.
El informe recoge además que el número total de defunciones por covid en la primera oleada no está determinado y que la aproximación más cercana hasta el 23 de junio sería, según ese borrador, la de 43.697 fallecidos por todas las causas, una cifra muy superior a los 28.148 confirmados según el registro oficial.
Ello lleva a la Vicepresidencia Segunda a afirmar en su informe que entre el 47% y el 50% de los fallecidos de la primera ola fue en residencias, y no del 70%, remarcan, como han recogido algunos medios de comunicación. De ser válida esa estimación, dice el informe, el caso español se situaría, en cuanto a porcentaje de fallecimientos de usuarios de centros residenciales, en unos "parámetros intermedios" para la primera oleada. "Similares a los de Irlanda del Norte (52%), Francia (49%), Israel (45%) o Suecia (47%); sensiblemente por debajo de Bélgica (64%), Irlanda (63%) o Canadá (85%) y por encima de Reino Unido (41%), Portugal (40%) o Alemania (39%)", remarca ese borrador. La información recogida indica, además, que falleció un 6% de las personas ingresadas en centros residenciales en España, lo que supone una "alta afectación" si se compara con la de otros países de la OCDE.

 

[bethania]

El PP valenciano lleva a Iglesias e Illa ante la Audiencia Nacional por ocultar los muertos en las residencias​

Los populares presentaron sus recursos este viernes, día en que El País publicaba un borrador que cifra en más de 20.000 los fallecidos en ellas.​

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Voluntarios de la ONG Pro-Activa Open Arms trasladan a personas mayores de una residencia del centro de Barcelona a hospitales de la ciudad. | EFE
El Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha decidido llevar a los tribunales la terrible situación que han vivido y viven las residencias de ancianos durante la pandemia. El PPCV ha recurrido ante la Audiencia Nacional lo que consideran un "apagón informativo" del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y del ministro de Sanidad, Salvador Illa, sobre la situación de los centros de ancianos valencianos en la primera oleada del coronavirus "cuando estaban bajo el mando único", explican desde la formación popular.
El partido que lidera en esa comunidad Isabel Bonig explica a Libertad Digital que se trata de una petición que se deriva también "de la falta de transparencia y reiterada ocultación de información por parte de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra".
Desde hace meses, el PPCV ha tratado de conocer esta información presentando numerosas peticiones para acceder a los datos relacionados con el coronavirus en las residencias de la Comunidad Valenciana "donde ya han fallecido 620 residentes", explican.


"La ausencia de transparencia y respuesta llevó al Partido Popular de la Comunidad Valenciana a recurrir al Gobierno de España y presentar el 3 de septiembre dos escritos dirigidos al Ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al vicepresidente social, Pablo Iglesias para que facilitaran al PP la información que Oltra niega desde hace meses. Sin embargo, el silencio y la opacidad del Gobierno ha llevado al PPCV a tener que recurrir a la Audiencia Nacional para poder acceder a unos datos que la sociedad tiene derecho a conocer", sentencian los populares valencianos.
Por esa razón, este viernes decidieron recurrir a los tribunales "para defender el derecho democrático de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno".
"El sistema de información que marcó como obligatorio a través de la Orden SND/275/2020 de 23 de marzo, obligaba a las Comunidades Autónomas a suministrar los datos relacionados con la evolución de la epidemia en las residencias. Por este motivo, el Gobierno de España tiene la información solicitada porque Oltra estaba obligada a facilitarla", sentencian.
En los recursos, el PPCV solicita saber el número de contagios contagios de covid-19 tanto entre los residentes como entre el personal en cada una de las residencias de personas mayores, de titularidad pública y privada, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, entre el 1 de enero de 2020 y la fecha de registro.
También piden que se conozca el número real de defunciones de covid-19 tanto entre los residentes como entre el personal; los criterios de ingreso hospitalario de las personas mayores residentes en los centros públicos de la región que se contagian (con o sin síntomas), "habida cuenta de que en algunos departamentos de salud se ha ordenado al personal que se les separe y guarden cuarentena mientras en otros se ingresa en hospitales a las personas en las mismas condiciones", recuerdan.
Los populares valencianos exigen que se den a conocer también los protocolos de actuación y si existían protocolos que cribaban a la hora de enviar a residentes al hospital porque existe una denuncia formulada por la patronal de las residencias españolas CEPAs en la que se recoge que se podrían haber hecho cribados en esa comunidad. "Queremos saber qué protocolos se siguieron en las residencias y poder actuar, diagnosticar y radiografiar la situación para poder prevenir situaciones similares", aseguran.

Filtran un borrador del 1 de noviembre a 'El País'​

Precisamente este viernes –día en que los populares presentaron estos recursos– El País publica un borrador filtrado [fechado a 1 de noviembre] en donde la Vicepresidencia Segunda del Gobierno cifra en 20.268 los fallecidos durante la primera ola del coronavirus en los centros residenciales españoles, según los datos recopilados por las comunidades autónomas, aunque de esas muertes solamente la mitad se confirmó mediante análisis serológico.
El borrador del informe, filtrado a El País y recogido por Efe, admite aun así que a día de hoy aún hay lagunas en el análisis de lo sucedido en los centros de carácter residencial durante la primera oleada ya que faltan datos "suficientemente robustos y homogéneos entre territorios".
El informe, elaborado por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales dependiente de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno de Pablo Iglesias, ha sido remitido a las comunidades autónomas y cuenta con aportaciones de los grupos de trabajo covid-19 (Comisión Delegada y Consejo Consultivo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia).
No obstante, de los datos que remitieron las comunidades al Ministerio de Sanidad se desprende que hasta el 23 de junio hubo un total acumulado de 18.883 defunciones, una cifra que posteriormente fue "depurada" por el IMSERSO hasta los 20.268. De todas las defunciones en centros residenciales, se realizó análisis serológico a 10.364 personas, mientras que 9.904 fallecimientos se notificaron como "con síntomas compatibles" con la covid, es decir, sin confirmación, puesto que no había al inicio suficientes pruebas diagnósticas.
El informe recoge además que el número total de defunciones por covid en la primera oleada no está determinado y que la aproximación más cercana hasta el 23 de junio sería, según ese borrador, la de 43.697 fallecidos por todas las causas, una cifra muy superior a los 28.148 confirmados según el registro oficial.
Ello lleva a la Vicepresidencia Segunda a afirmar en su informe que entre el 47% y el 50% de los fallecidos de la primera ola fue en residencias, y no del 70%, remarcan, como han recogido algunos medios de comunicación. De ser válida esa estimación, dice el informe, el caso español se situaría, en cuanto a porcentaje de fallecimientos de usuarios de centros residenciales, en unos "parámetros intermedios" para la primera oleada. "Similares a los de Irlanda del Norte (52%), Francia (49%), Israel (45%) o Suecia (47%); sensiblemente por debajo de Bélgica (64%), Irlanda (63%) o Canadá (85%) y por encima de Reino Unido (41%), Portugal (40%) o Alemania (39%)", remarca ese borrador. La información recogida indica, además, que falleció un 6% de las personas ingresadas en centros residenciales en España, lo que supone una "alta afectación" si se compara con la de otros países de la OCDE.

Gracias Sultana, por fin empiezan a moverse

 

[MeganM]

 

[SultanaXS]

Sánchez estafa a los sanitarios: sólo ha tramitado como accidente laboral el 2,4% de sus contagios​

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

• CARLOS CUESTA
• 16/11/2020 06:43

El trato a los sanitarios por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ya es digno de ser considerado una estafa. Hasta el momento -y pese a la avalancha de contagios entre médicos, enfermeros o celadores por culpa de la falta de material de protección- la Administración sólo ha permitido contabilizar como accidente laboral por Covid-19 un 2,4% de los contagios en el ámbito sanitario.
Según los últimos datos de accidentes de trabajo, correspondientes al mes de agosto, hasta esa fecha sólo se han contabilizado 1.346 accidentes de trabajo relacionados con el Covid-19, un 2,4% de los 55.824 casos de profesionales de la Sanidad contagiados que había registrados hasta esa fecha.
El resultado es fácil de describir: miles de trabajadores de la sanidad pierden cobertura económica por el caos en la gestión de las bajas y la negativa inicial del Ejecutivo a aceptar que los contagios fuesen incluidos desde el primer momento y sin limitaciones como accidente laboral. Para colmo, el 20% de los comités de seguridad y salud de las Administraciones están pendientes de creación y de los creados sólo funcionan el 65%. Algo que limita la capacidad de reclamación de los afectados por los contagios.


Implementación poco efectiva
El encargado de hacer públicos estos delicados datos ha sido el sindicato mayoritario de la función pública, CSIF, que señala que cuando se cumplen “25 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una norma que, por mandato constitucional, desarrolla el marco normativo de garantías y responsabilidades para un adecuado nivel de protección de la salud de las personas trabajadoras, frente a los riesgos derivados de sus condiciones laborales” se conoce que, lo cierto, es que esa protección ha fallado en el momento más delicado.


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Desde CSIF señalan que “pese al amplio marco legislativo que establece la ley ‘en el papel’, en la práctica su implementación no se ha realizado de manera efectiva en los centros de trabajo, donde se incumplen de manera sistemática sus principios preventivos: evaluación de riesgos, combatir los riesgos en su origen, adaptar el puesto de trabajo, planificación de la prevención y dar las instrucciones precisas a los/as empleados/as, entre otros». «Y, si algo ha visibilizado esta pandemia de COVID-19, es que la prevención de riesgos laborales sigue siendo una asignatura pendiente para las diferentes administraciones, dejando de manifiesto las deficiencias que existen en los centros de trabajo como la falta de equipos de protección individual, falta de previsión y planificación, insuficiente dotación de recursos humanos que derivan en accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y desgraciadamente, en fallecimientos”, señalan.
Este grado de incumplimiento y la situación caótica en la gestión de la crisis se ha manifestado en esta ocasión a la hora de contabilizar y acreditar los casos. Según los últimos datos de accidentes de trabajo, correspondientes al mes de agosto, hasta la fecha sólo se han contabilizado 1.346 accidentes de trabajo relacionados con el Covid-19, un 2,4% de los 55.824 casos de profesionales de la Sanidad que había registrados hasta esa fecha y únicamente 15 muertes.
Desde CSIF señalan que “estas cifras carecen de credibilidad y están relacionadas por un desfase de datos o errores en la tramitación como accidente de trabajo de los contagios por profesionales en el ámbito sanitario, donde España se sitúa desgraciadamente a la cabeza”. “Esta circunstancia, derivada del caos en la gestión de las bajas laborales (se contabilizan como bajas por enfermedad común en vez de accidente de trabajo) genera una pérdida económica: se dejan de percibir las guardias y la productividad, entre otros conceptos y se pierde la indemnización por secuelas”, explican desde el sindicato.
“De hecho, el colectivo de la Sanidad estuvo en desamparo hasta que el Gobierno reconoció el contagio como accidente laboral, después de las presiones de CSIF. Hoy ya se considera como tal hasta que se dé por concluida la pandemia. Nuestro sindicato, además reclama que el Gobierno califique el contagio como enfermedad profesional, a todos los efectos de pensión”, añaden desde CSIF.
“La falta de previsión del Gobierno y de las diferentes administraciones también llevó a nuestro sindicato a presentar una querella al Tribunal Supremo ya que, pese a los reiterados avisos de la Organización Mundial de la Salud, las autoridades no hicieron acopio de material de prevención al inicio de la pandemia”, concluyen desde el sindicato.
Datos peligrosos
CSIF ha realizado un análisis del grado de implantación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en las administraciones públicas y ha comprobado que en algunos ámbitos no se llega siquiera al cumplimiento mínimo. “La inversión en prevención suele ser escasa, los servicios de prevención están sobrecargados y se restringe el derecho a la consulta y participación dado que los delegados de prevención en muchos casos o bien ni están nombrados, ni se les facilita la información suficiente para llevar a cabo su labor”, aclara el sindicato.
En concreto, el 20% de los comités de seguridad y salud de las administraciones públicas aún no están creados, lo que muestra el desinterés en la materia, y de los que se han creado sólo funcionan de manera activa el 65% . Muchos de ellos llevan meses sin convocarse a pesar de la difícil situación que generada como consecuencia de la pandemia y estando en juego la seguridad y salud de los profesionales. En la misma línea, CSIF afirma que el 66% de los centros de trabajo no cuentan con evaluación de riesgos.