Coronavirus: El abandono de los ancianos en residencias y fuera de ellas.

La Xunta excluye a los ancianos con coronavirus y dependencia severa del traslado a residencias medicalizadas

De los cerca de 300 muertos en residencias en Galicia con coronavirus, 132 han muerto en el centro que residían, sin ser atendidos ni en un hospital ni en una residencia medicalizada.


Una residència de gent gran a Sant Pere de Ribes durant la pandèmia. EUROPA PRESS / DAVID ZORRAKINO
Una residencia de ancianos durante la pandemia. EUROPA PRESS / DAVID ZORRAKINO

MADRID
05/06/2020 21:08

PÚBLICO

La Xunta ha excluido a los residentes con dependencia severa o gran dependencia del traslado a las residencias medicalizadas de Porta do Camiño, en Santiago y Baños de Molgas en Ourense, las habilitadas por el SERGAS para atender a ancianos residentes con coronavirus, según ha avanzado la Cadena Ser.

Según el protocolo oficial del SERGAS, estos residentes permanecían en sus residencias habituales, a riesgo de contagiar a otros usuarios, porque para el ejecutivo autonómico era más perjudicial para su salud el traslado a esas residencias integradas.

El mismo documento establecía que sólo serían derivados a un hospital si lo así lo afirmaba un criterio médico. Sin embargo, la Xunta asegura que en una tercera residencia medicalizada en Ourense, en Piñor, sí se ha permitido el traslado de personas dependientes ya que al ser un antiguo hospital, sus instalaciones estaban preparadas para ello.

De los cerca de 300 muertos en residencias en Galicia con coronavirus, 132 han muerto en el centro que residían, sin ser atendidos ni en un hospital ni en una residencia medicalizada.

El número de casos activos de coronavirus en Galicia ha descendido en seis con respecto al jueves y se sitúa en 563, mientras que los pacientes curados aumentan en 30 hasta situarse en los 10.178.



Parece que no solo Isabel Diaz Ayuso sino también Feijoo dio órdenes para que no fueran trasladados los ancianos al hospital y les condenó a morir en la residencia sin darles la oportunidad de poderse curar en un hospital.
Mentira

Más de 10.300 ancianos de residencias fueron trasladados a hospitales de Madrid: no se les negó la atención

Más de 18.000 ancianos han muerto en las residencias desde que Pablo Iglesias asumió su mando único
La sanitaria de una residencia de ancianos: “Salgo por la puerta, me subo al coche y no puedo contener el llanto”

Más de 10.300 ancianos de residencias fueron trasladados a hospitales de Madrid: no se les negó la atención


Una ambulancia del servicio sanitario de la Comunidad de Madrid.


El presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Augusto García Navarro, niega rotundamente que se haya impedido el ingreso hospitalario a los internos de residencias de ancianos enfermos de coronavirus, cuando esta atención especializada podía mejorar su expectativa de vida.
En el caso de la Comunidad de Madrid, las cifras desmienten que la sanidad pública haya dado la espalda a estos pacientes: entre el 1 de marzo y el 5 de junio, 10.300 ancianos han sido trasladados desde sus residencias hasta centros hospitalarios, lo que supone una media de 106 al día. La cifra más alta se registró el 6 de abril con 206 traslados. De los 2.226 pacientes ingresados en el Hospital de La Paz de Madrid entre el 25 de febrero y el pasado 19 de abril, el 32% (709 personas) procedían de una residencia de mayores.
«Con estos datos no se puede sostener que los hospitales han dado la espalda a las personas mayores que viven en residencias», señala García Navarro, «duele escuchar afirmaciones como ‘se han prohibido las derivaciones’, ‘se les han negado tratamientos’, o ‘se ha abandonado a las residencias'».




José Augusto García destaca que los Servicios de Geriatría madrileños han realizado un esfuerzo extraordinario, poniendo en marcha «la figura del ‘geriatra de enlace’ para valorar la idoneidad del ingreso de los pacientes de residencias, siempre buscando el máximo beneficio y calidad de vida para cada persona».
Casi 20.000 muertos en tres meses


Atendiendo a estos datos, el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología recalca que «no se ha negado la atención hospitalaria de alto nivel a ningún anciano vulnerable si se consideraba necesario». Al respecto, recuerda que «aún no tenemos tratamiento curativo para esta enfermedad, por lo que sólo podíamos dar tratamiento de soporte y esperar que el paciente venciera la enfermedad, o bien tratamiento paliativo para personas en fase de final de vida«.
«En el ejercicio habitual de la medicina y más en el tratamiento de personas mayores», detalla, «siempre se han considerado todas las circunstancias individuales de cada paciente para tomar las decisiones más adecuadas sobre cómo y dónde atenderle». Es decir, el ingreso hospitalario estaba indicado para aquellos pacientes que podían mejorar así su expectativa de vida. En otros casos, la única medida adecuada eran los cuidados paliativos, teniendo en cuenta el grave problema de saturación que existía en las UCI.
La tragedia registrada en estos centros asistenciales de toda España, en los que han muerto cerca de 20.000 personas durante los últimos tres meses, no es muy distinta a la vivida en el resto de países afectados por la pandemia, según García Navarro. «No nos ha pasado nada diferente al resto del mundo occidental«, señala el presidente de la Sociedad de Geriatría, «y esto no quiere decir adoptar una actitud complaciente, sino ponerse rápido en acción para que no nos vuelva a ocurrir».
La incidencia de este fenómeno ha sido incluso menor en España, si se tienen en cuenta las estadísticas oficiales. Según un informe del International Long term Care Policy Network, el 82% de los muertos por coronavirus en Canadá ha fallecido en residencias de ancianos. En Francia este porcentaje es del 51%, en Noruega del 58%, en Suecia el 49% y en Estados Unidos el 40%.
Las mismas cifras en Europa
En España han sido el 30%, si se tienen en cuenta sólo los casos confirmados por PCR, que es el criterio aplicado por el Ministerio de Sanidad. Aunque la cifra real puede ser muy superior: en tres meses han fallecido cerca de 20.000 ancianos en residencias, lo que supondría cerca del 50% del número total de muertes por coronavirus registradas en España: un porcentaje similar al de Estados Unidos y a la media de la Unión Europea, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La alta tasa de mortandad en las residencias responde también a los condicionantes de estos centros, donde hay ingresadas «muchas personas muy mayores, con patologías previas que además están en estrecho contacto entre ellos y con los trabajadores del centro», añade José Augusto García Navarro, «y otros que han ocurrido en todo el entorno sanitario: falta de equipos de protección, falta de test diagnósticos y un número elevado de bajas entre los trabajadores en muchas ocasiones difíciles de suplir».
El presidente de la Sociedad de Geriatría considera que se ha malinterpretado el sentido de los protocolos de triaje, cuya «verdadera orientación es dar la mejor atención en el entorno más adecuado a las personas mayores más vulnerables». Si se ha decidido mantener en la residencia a un anciano enfermo de coronavirus, señala, es porque «la derivación al hospital no le iba a proporcionar un beneficio en su pronóstico vital».
Al respecto, recuerda que «en el periodo más virulento de la pandemia la situación de los hospitales era ‘de guerra’: hospitales que habiendo aumentado el número de camas en un 30% tenían más de 200 pacientes pendientes de una cama para ingresar en planta, esperando en los servicios de urgencia; unidades de cuidados intensivos (UCI) que habiendo incrementado su capacidad en un 400% estaban tensionados al máximo para tener capacidad para atender a pacientes que muy probablemente se beneficiarían del tratamiento en ese tipo de unidades». En muchos casos, trasladar a este entorno a un anciano con un estado de salud especialmente frágil y dependiente no podía aportarle un mayor beneficio.
Cientos de denuncias en los juzgados
«Cuando a una persona con necesidades de cuidados paliativos se le ha tratado en una residencia es porque se entiende que su entorno habitual y sus cuidadores conocidos son los que les dispensarían la mejor atención, en un momento donde no podía acompañarles ni su familia«, añade, «en estos casos el hospital no hubiese aportado ningún tratamiento curativo. Nadie sabe todavía cómo curarnos de este virus».
El presidente de la Sociedad de Geriatría es consciente de que ahora llueven las críticas «beligerantes» y se intenta buscar culpables por lo ocurrido, porque «tenemos centenares de denuncias en los juzgados. Pero hay que recordar, a pesar de la dureza de la situación vivida, que hay un solo culpable: la enfermedad por coronavirus, la COVID19«.
A su juicio, el reto ahora es diseñar las medidas necesarias para que no se repita la situación si se produce un rebrote del coronavirus en otoño: «Por el bien de todos nuestros mayores que viven en residencias, el plan de acción no puede ser hospitalizarlos a todos. Sino tratarlos a todos, dándoles lo qué necesitan en el lugar más adecuado, como se ha hecho».
A largo plazo, habrá que afrontar otro desafío: «Ver cómo integramos servicios sanitarios y sociales para que nadie vuelva a dudar nunca más de que se puede confiar en nuestro sistema. Y esto último necesita menos ruido y más reflexión, menos agresividad y más consenso


 
Mentira

Más de 10.300 ancianos de residencias fueron trasladados a hospitales de Madrid: no se les negó la atención

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Una ambulancia del servicio sanitario de la Comunidad de Madrid.


El presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Augusto García Navarro, niega rotundamente que se haya impedido el ingreso hospitalario a los internos de residencias de ancianos enfermos de coronavirus, cuando esta atención especializada podía mejorar su expectativa de vida.
En el caso de la Comunidad de Madrid, las cifras desmienten que la sanidad pública haya dado la espalda a estos pacientes: entre el 1 de marzo y el 5 de junio, 10.300 ancianos han sido trasladados desde sus residencias hasta centros hospitalarios, lo que supone una media de 106 al día. La cifra más alta se registró el 6 de abril con 206 traslados. De los 2.226 pacientes ingresados en el Hospital de La Paz de Madrid entre el 25 de febrero y el pasado 19 de abril, el 32% (709 personas) procedían de una residencia de mayores.
«Con estos datos no se puede sostener que los hospitales han dado la espalda a las personas mayores que viven en residencias», señala García Navarro, «duele escuchar afirmaciones como ‘se han prohibido las derivaciones’, ‘se les han negado tratamientos’, o ‘se ha abandonado a las residencias'».




José Augusto García destaca que los Servicios de Geriatría madrileños han realizado un esfuerzo extraordinario, poniendo en marcha «la figura del ‘geriatra de enlace’ para valorar la idoneidad del ingreso de los pacientes de residencias, siempre buscando el máximo beneficio y calidad de vida para cada persona».
Casi 20.000 muertos en tres meses


Atendiendo a estos datos, el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología recalca que «no se ha negado la atención hospitalaria de alto nivel a ningún anciano vulnerable si se consideraba necesario». Al respecto, recuerda que «aún no tenemos tratamiento curativo para esta enfermedad, por lo que sólo podíamos dar tratamiento de soporte y esperar que el paciente venciera la enfermedad, o bien tratamiento paliativo para personas en fase de final de vida«.
«En el ejercicio habitual de la medicina y más en el tratamiento de personas mayores», detalla, «siempre se han considerado todas las circunstancias individuales de cada paciente para tomar las decisiones más adecuadas sobre cómo y dónde atenderle». Es decir, el ingreso hospitalario estaba indicado para aquellos pacientes que podían mejorar así su expectativa de vida. En otros casos, la única medida adecuada eran los cuidados paliativos, teniendo en cuenta el grave problema de saturación que existía en las UCI.
La tragedia registrada en estos centros asistenciales de toda España, en los que han muerto cerca de 20.000 personas durante los últimos tres meses, no es muy distinta a la vivida en el resto de países afectados por la pandemia, según García Navarro. «No nos ha pasado nada diferente al resto del mundo occidental«, señala el presidente de la Sociedad de Geriatría, «y esto no quiere decir adoptar una actitud complaciente, sino ponerse rápido en acción para que no nos vuelva a ocurrir».
La incidencia de este fenómeno ha sido incluso menor en España, si se tienen en cuenta las estadísticas oficiales. Según un informe del International Long term Care Policy Network, el 82% de los muertos por coronavirus en Canadá ha fallecido en residencias de ancianos. En Francia este porcentaje es del 51%, en Noruega del 58%, en Suecia el 49% y en Estados Unidos el 40%.
Las mismas cifras en Europa
En España han sido el 30%, si se tienen en cuenta sólo los casos confirmados por PCR, que es el criterio aplicado por el Ministerio de Sanidad. Aunque la cifra real puede ser muy superior: en tres meses han fallecido cerca de 20.000 ancianos en residencias, lo que supondría cerca del 50% del número total de muertes por coronavirus registradas en España: un porcentaje similar al de Estados Unidos y a la media de la Unión Europea, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La alta tasa de mortandad en las residencias responde también a los condicionantes de estos centros, donde hay ingresadas «muchas personas muy mayores, con patologías previas que además están en estrecho contacto entre ellos y con los trabajadores del centro», añade José Augusto García Navarro, «y otros que han ocurrido en todo el entorno sanitario: falta de equipos de protección, falta de test diagnósticos y un número elevado de bajas entre los trabajadores en muchas ocasiones difíciles de suplir».
El presidente de la Sociedad de Geriatría considera que se ha malinterpretado el sentido de los protocolos de triaje, cuya «verdadera orientación es dar la mejor atención en el entorno más adecuado a las personas mayores más vulnerables». Si se ha decidido mantener en la residencia a un anciano enfermo de coronavirus, señala, es porque «la derivación al hospital no le iba a proporcionar un beneficio en su pronóstico vital».
Al respecto, recuerda que «en el periodo más virulento de la pandemia la situación de los hospitales era ‘de guerra’: hospitales que habiendo aumentado el número de camas en un 30% tenían más de 200 pacientes pendientes de una cama para ingresar en planta, esperando en los servicios de urgencia; unidades de cuidados intensivos (UCI) que habiendo incrementado su capacidad en un 400% estaban tensionados al máximo para tener capacidad para atender a pacientes que muy probablemente se beneficiarían del tratamiento en ese tipo de unidades». En muchos casos, trasladar a este entorno a un anciano con un estado de salud especialmente frágil y dependiente no podía aportarle un mayor beneficio.
Cientos de denuncias en los juzgados
«Cuando a una persona con necesidades de cuidados paliativos se le ha tratado en una residencia es porque se entiende que su entorno habitual y sus cuidadores conocidos son los que les dispensarían la mejor atención, en un momento donde no podía acompañarles ni su familia«, añade, «en estos casos el hospital no hubiese aportado ningún tratamiento curativo. Nadie sabe todavía cómo curarnos de este virus».
El presidente de la Sociedad de Geriatría es consciente de que ahora llueven las críticas «beligerantes» y se intenta buscar culpables por lo ocurrido, porque «tenemos centenares de denuncias en los juzgados. Pero hay que recordar, a pesar de la dureza de la situación vivida, que hay un solo culpable: la enfermedad por coronavirus, la COVID19«.
A su juicio, el reto ahora es diseñar las medidas necesarias para que no se repita la situación si se produce un rebrote del coronavirus en otoño: «Por el bien de todos nuestros mayores que viven en residencias, el plan de acción no puede ser hospitalizarlos a todos. Sino tratarlos a todos, dándoles lo qué necesitan en el lugar más adecuado, como se ha hecho».
A largo plazo, habrá que afrontar otro desafío: «Ver cómo integramos servicios sanitarios y sociales para que nadie vuelva a dudar nunca más de que se puede confiar en nuestro sistema. Y esto último necesita menos ruido y más reflexión, menos agresividad y más consenso




García Navarro ha hablado en general, de los casos en toda España y ha puesto un ejemplo de Madrid donde se han trasladado ancianos, pero no ha aclarado para nada si esos ingresos tenían algo que ver con el COVID o ingresaban por otras patologías, por ejemplo una caída.

Una cosa es tener síntomas leves que no requieren hospitalización, con estar en la residencia aislados y cuidados vale, y otra muy diferente es que se agraven, y necesiten otra serie de cuidados, los cuales les fueron negados al no llevarlos al hospital, provocando con ello el abandono en la residencia y su muerte. Es ésto por lo que se ha aceptado la querella y ha sido trasladada al TS en el caso de Ayuso.

 
Post #1358 de la prima @Ilargia en el Tema Como a través del virus de los medios, se inocula el virus del miedo

La SECPAL es la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Este es el ultimo protocolo que han recomendado. A modo introductorio y como resumen del documento , copio -pego el comentario de quien lo comparte en fbook:
¿Disnea? Chute de morfina. ¿Náuseas por la morfina? Halopiredol. ¿Secreciones respiratorias o babeo? Buscapina. ¿Taquipnea o sufrimiento? Midazolam. Ahora buscad información de cada una de las drogas y pensad si una persona de 80 años aguantaría todos esos chutes.
Así no nos extraña que se hayan muerto 20.000 mil ancianos en residencias, donde les tuvieron encerrados en habitaciones dos meses, sin poder ver a sus familiares y viendo astronautas que les llevaban las comidas.
¿Os imagináis encerrados en vuestras habitaciones todo el confinamiento y ante un ataque de ansiedad que os inyectaran morfina?
 
Iván Redondo, sobre las residencias en plena pandemia: "La autoridad competente es el Ministerio de Sanidad"
El jefe del Gabinete de Pedro Sánchez respondió a dos cartas de auxilio del Tercer Sector con vaguedades y remitiendo al ministro Illa.

Nuria Richart Seguir a nrichart
2020-06-09

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El jefe del Gabinete de Pedro Sánchez respondió a dos cartas de auxilio del Tercer Sector con vaguedades y remitiendo al ministro Illa.

Iván Redondo. | EFE

Cuando el agua te llega al cuello, ¿qué es peor: la callada por respuesta o naderías? Es un hecho que más del 70% de los muertos por covid-19 han sido mayores y vivían en residencias de ancianos, su último hogar devenido en trampa mortal. Cerca de 20.000 personas han expirado sin la compañía de sus familiares y con inmensos dolores. Los que les atendían, pocos y de gran mérito, han sufrido también lo suyo, un dolor que no cesa, el de la impotencia. Porque sólo el BOE ha salvado vidas. En estos meses los españoles que han muerto en las residencias han pasado de ser nada, a números y, por último, a "competencias". Pero ni tú ni nadie se merece ser "una competencia".
El Grupo Social Lares es la mayor entidad de toda España, sin ánimo de lucro, en atención a personas mayores o dependientes. Representa a más de 54.000 personas mayores en residencias y a 35.000 profesionales. Se dirigió al Gobierno el 12 de marzo, no había sido declarado el estado de alarma, pidiendo ayuda. Estos son algunos extractos de aquella carta,
"Las medidas adoptadas, importantes sin duda, son insuficientes".
"Existe un riesgo significativo (y evidencia) de que el COVID-19 podría conducir al colapso parcial del sistema de servicios sociales de atención y apoyo; poniendo en riesgo los derechos fundamentales y la vida de millones de las personas"
"La evolución de la enfermedad podría provocar la imposibilidad de garantizar servicios mínimos en un sector nada atractivo laboralmente, mal pagado y escasamente dignificado, una caries para el sistema de salud es la salvación para el sistema de dependencia".
"Garantizar las inversiones y gastos que sean precisos para la seguridad y bienestar de las personas atendidas y de las trabajadoras, la inmensa mayoría, y los trabajadores. La mayor política feminista en este momento es apoyar al sector residencial y de atención domiciliaria de personas mayores".
"Mayor coordinación por parte del Consejo Territorial y el Ministerio".
"Las medidas se están centrando en garantizar la prestación de servicios sanitarios, olvidando que deben recibir el mismo tratamiento de protección las personas que viven y trabajan en residencias de mayores o son atendidas en sus domicilios".
Lo más escalofriante de esa primera comunicación es el anexo, "Prioridades para la respuesta del Gobierno de España con respecto a la amenaza a la prestación del Servicio Social ante la crisis del COVID-19":


"Acceso prioritario al sistema de salud pública. Que sanidad provea servicio sanitario domiciliario en los centros residenciales en los que, por normativa, no tienen obligación de tener médico. Garantizar la continua prestación de servicios médicos y de enfermería a las personas en centros residenciales, dando prioridad de acceso hospitalario a las personas que deban ser trasladadas desde centros residenciales, ya sea por enfermedades no vinculadas al coronavirus o por la imposibilidad de asumir las medidas sanitarias precisas en personas mayores o con discapacidad que den positivo."
En la segunda carta, fechada el 31 de marzo, la llamada es ya desesperada, "no podemos más":
"No se han adoptado, en el marco de los servicios sociales de atención residencial, decisiones suficientes o eficientes durante más de quince días".
"Las entidades del Tercer Sector le alertamos que directamente o de forma camuflada, el sistema de sanidad establece como criterio de atención el de los fuertes frente a los débiles, la sedación para unos y la cura para otros. De momento, las ambulancias siguen sin venir a tiempo, las personas mayores con necesidades en residencias no siempre son trasladadas allí donde sea posible una adecuada atención clínica".
"Le damos las gracias también por, aunque sea con dieciocho días de retraso (SND/295/2020), asimilar los servicios sanitarios a la atención en las residencias. Lamentablemente, este reconocimiento normativo, de momento, no pasa de ahí, pues seguimos teniendo los mismos problemas".
"Desde el Gobierno de España se está empujando a las entidades a asumir como falta de diligencia o imprudencia lo que no es sino una responsabilidad de la Administración por el insuficiente funcionamiento de sus servicios públicos sanitarios, educativos y de empleo, especialmente".
"Marcar normas jurídicas que, se sabe, no siempre se podrán cumplir es mirar hacia otro lado intentando que sean otros los que asuman la responsabilidad que la Administración tiene: seguimos sin equipo de protección, test de diagnóstico, atención sanitaria de las residencias, sin apoyo económico alguno, sin reconocimiento público, nos sentimos SOLOS.
"Percibimos, y perdone si lo juzgamos incorrectamente, que el ataque de su Gobierno a los centros residenciales es la cortina de humo que trata de esconder las propias responsabilidades de una gestión de la crisis del coronavirus que toma decisiones tarde e incapaz de articular coherencia entre las Comunidades Autónomas en la forma de afrontarlo".
Se refiere a declaraciones públicas de los ministros Margarita Robles ("el Ejército ha podido ver a ancianos y mayores abandonados cuando no muertos en sus camas. Vamos a ser implacables y contundentes") y del vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias ("la privatización de las residencias, entregarlas a corruptos y a fondos buitre, ha colocado a nuestros ancianos en una situación de vulnerabilidad").
"Muchas entidades del Tercer Sector están al límite, sin apoyo económico alguno, sin remuneración de las plazas vacías y asumiendo sobrecostes en plazas públicas. Quiero hacerle especial mención a más de 400 residencias de toda España, salvo Euskadi, que atienden a personas sin derecho a plazas públicas y en las que los usuarios pagan 'la voluntad', 'lo que pueden"".
"Le agradecemos que, aunque sea quince días después de habérselo solicitado, se haya adoptado la decisión de flexibilizar las posibilidades de contratación (SND/275/2020). Llega muy tarde, con centros con bajas en torno al 20%, en ocasiones muy superiores, que solo pueden salir adelante por vocaciones abnegadas de compromiso social".
Se solicita,
"...el suministro de medicamentos en los centros residenciales. En breve podríamos encontrarnos ante un problema de desabastecimiento de paracetamol. Esta información genera cierto nerviosismo".
Se advierte,
"...no podemos salvaguardar la vida de personas con positivo sin oxígeno y respiradores".
Se pide,
"Autorización normativa a las federaciones de residencias de mayores y personas en situación de discapacidad para poder comprar material y equipos de protección sin riesgo de confiscación".
O la,
"Clarificación de propuestas en relación con la posibilidad de que, durante la crisis, las personas mayores puedan abandonar los centros residenciales a casa de familiares".
Y acaba,
"Pero ahora, bajo el riesgo de querer despistar las responsabilidades del Gobierno de España y de las CCAA, lo que toca es dar soluciones".
Y casi un mes después de la primera carta llega la respuesta. Es breve. Está fechada el 7 de abril y la firma el jefe del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez, Iván Redondo Bacaicoa.
carta-ivan-redondo.png
"Quisiera, en primer lugar pedirle disculpas… y agradecerle las cartas que ha dirigido al Presidente del Gobierno… en las que transmite la preocupación de su entidad por los colectivos sociales más vulnerables y a las que acompaña las propuestas de Lares para dar solución a las necesidades específicas del Tercer Sector".
"A este respecto, desde el Gobierno estamos poniendo todo nuestro empeño y movilizando todos los recursos necesarios para conseguir el material de protección suficiente para proteger la salud de todos los profesionales que están en primera línea de esta crisis pandémica y para apoyar a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad con el fin de atenuar las consecuencias de la pandemia y del estado de alarma, (¿consecuencias del estado de alarma?) no sólo en un mercado exterior tan agresivo como el que estamos viendo sino con un proceso de reconversión de nuestra industria para la fabricación de mascarillas, geles, respiradores y otros productos indispensables para la protección frente al virus".
El gobierno se atribuye la iniciativa propia de las empresas privadas. Recordemos que ese material fue intervenido durante los peores días de la pandemia. Sigue:
"Desde el pasado 10 de marzo y hasta el 2 de abril se han distribuido entre las comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla cerca de 36 millones de unidades de material. Además, desde el 5 de abril se va a distribuir a las comunidades autónomas la primera partida de un millón de test rápidos".
Tras pagar 17 millones de euros por más de 700.000 test fallidos.
"Confiamos en que el material que está llegando desde el 10 de marzo se sume más material para nutrir al conjunto de los hospitales del sistema sanitario y a todos los sectores que precisan de estos productos de protección. Somos conscientes que sólo desde la unidad de acción, trabajando colectivamente y de forma coordinada en todo el territorio nacional conseguiremos ganar la batalla a esta pandemia. Por ello valoramos que nos hagan partícipes de sus experimentadas propuestas, de las que le comunico que damos remisión al Ministro de Sanidad, autoridad competente delegada para la toma de decisiones en el estado de alarma decretado por el Gobierno".
"Le reitero nuestra gratitud por su colaboración en la gestión de la crisis y aprovecho para hacerle llegar un cordial saludo".
La respuesta cayó como un jarro de agua fría. Todo siguió igual. El relato frente a los hechos y a la acción. En otras cartas Lares se ha dirigido a los cuatro vicepresidentes del Gobierno de España o a los Defensores del Pueblo, el 19 de marzo y el 7 de abril,
"Millares de personas mayores que son víctimas de la falta de planificación y de las decisiones administrativas poco responsables en sus inicios".
"NUNCA ha habido una estrategia para impedir que el coronavirus llegase a las residencias de mayores".
La misiva acaba en mayúsculas:
"NO NOS OLVIDEN. NO LES OLVIDEN. NO NOS HAGAN INVISIBLES".
A día de hoy ya no hay solución. Todo el que pudo y debía ayudar debió hacerlo. La responsabilidad no caduca.
- Seguir leyendo: https://www.libertaddigital.com/esp...tente-es-el-ministerio-de-sanidad-1276659094/
 
Os rasgáis las vestiduras con este tema y de verdad creeis q el abandono ha sido a raíz del Covid 19, es muy dificil que deriven a un residente a un hospital en cualquier situación, un fin de semana normal en una resi no hay equipo médico, con mucha suerte tienes al DUE y de verdad eso con suerte.
En vez de escuchar tanto a los puñeteros medios y políticos oportunistas q quieren tirarse la pelota unos a otros escuchad a las trabajadoras que llevamos años quejandonos de la situación pero somos limpia culos sin mas.
Que se ha racionado material por parte del gobierno? Jajajajajaja porfavor las cajas de guantes siempre se han dado contadas al igual que las esponjas y pañales.
Que cuando le das la gestión a la empresa privada no son personas son perdidas o ganancias no hay mas q eso, que se haya destapado a raiz de esto es otro tema , pero nada nuevo bajo el sol.
 
Las residencias no tienen "ni idea" de dónde están los 300 millones que les prometió Iglesias
Las patronales del sector aseguran que no tienen noticias del dinero que el vicepresidente segundo dijo que se iba a destinar a reforzar el personal y los equipos de protección
Una sanitaria atiende a un anciano en una residencia geriátrica.

Una sanitaria atiende a un anciano en una residencia geriátrica. EFE/Mariscal.
NIEVES SALINAS
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DIANA FRESNO
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PUBLICADO 11.06.2020 - 04:45ACTUALIZADOhace 5 horas
¿Qué sucedió realmente en las residencias españolas durante la pandemia del coronavirus? Las preguntas se suceden y las respuestas cada vez son más inquietantes. Una de las cuestiones por resolver es dónde han ido a parar los 300 millones que, según anunció el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, el pasado 19 de marzo, en plena emergencia sanitaria, serían transferidos a las comunidades autónomas para reforzar las residencias, los servicios de tele-asistencia o los de atención domiciliaria en un momento crítico: sin test, equipos de protección, ni personal. Desde las patronales del sector desconocen quién se ha beneficiado de esa ayuda económica."Ni idea", contestan.
MÁS INFO
El pasado 19 de marzo, con el país asolado por la pandemia y las residencias pidiendo ayuda a gritos por las muertes en cascada de mayores, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparecía junto al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, que anunciaba una dotación de 300 millones de euros que se destinarían a las comunidades autónomas para reforzar tanto las residencias de mayores como teleasistencia y atención en domicilios para personas mayores y dependientes.
Los fondos, según el vicepresidente, se destinarían para, entre otras cuestiones, medicalizar y dotar de equipos a las residencias de mayores, cuyas plantillas, recordaba, estaban desbordadas. "Es urgente medicalizar estos centros con más recursos y con equipos de protección individual para los profesionales de estos centros", por lo que "estamos trabajando con Sanidad para que lleguen cuanto antes", indicaba Iglesias entonces.
Las competencias, de las comunidades
Iglesias insistía esta misma semana en que las competencias en materia de residencias durante la crisis sanitaria eran de las comunidades autónomas y repetía la dotación de 300 millones que se habían destinado, entre otros aspectos, a los centros.
Cuando este diario pregunta a Ignacio Fernández-Cid, presidente la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), una de las patronales que más ha peleado por reclamar a las autoridades sanitarias la ayuda que necesitaban durante los momentos más críticos, si han tenido noticias de esa partida económica, de cómo se ha distribuido por comunidades autónomas o si han recibido alguna dotación económica, la respuesta es contundente: "Ni idea. Me acuerdo de eso perfectamente, nos iban a dar 300 millones para reforzar el personal o equipos de protección, pero no hemos recibido ninguna comunicación al respecto".
Respuesta similar a la que ofrecen desde la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE). "No hemos tenido más noticia que lo que vimos a través de los medios", asegura a Vozpópuli su secretario general, Jesús Cubero.
Tampoco, durante este tiempo, desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que preside Pablo Iglesias, se ha emitido ninguna nota de prensa indicando el desglose de esa ayuda por comunidades. Vozpópuli ha intentado conocer esa información a través de la vicepresidencia segunda del Gobierno, sin conseguirlo.
Castigados sin ir al Congreso
Desde la FED insisten: desconocen a dónde ha ido a parar ese dinero, porque ellos no han recibido nada. Ambas patronales han denunciado durante este tiempo que los residentes no eran admitidos en los hospitales cuando se llamaba para pedir los ingresos o que los centros se encontraban en una situación desesperada: sin personal, sin test, sin equipos de protección...
La FED Agrupa a 2.400 centros residenciales con 154.000 plazas; 28.000 plazas en centros de día, 230.000 beneficiarios de ayuda a domicilio y 315.000 usuarios de tele-asistencia. AESTE tiene 43.800 plazas residenciales en más de 340 y disponen, asimismo, de 7.500 plazas de Centro de Día en 150 centros. Además, prestan servicio de Ayuda a Domicilio a 41.200 personas y ofrecen el servicio de Teleasistencia Domiciliaria a 46.600 personas.
Su contundencia, dice Fernández-Cid, le ha valido, en su caso, "el castigo" de no comparecer, por ejemplo, ante el grupo de trabajo de Sanidad de la Comisión de Reconstrucción del Congreso, a donde sí han acudido otras patronales del sector. "Llevamos desde el inicio diciendo las verdades del barquero. Por eso nos castigan, pero da igual. Lo importante es que salga el mensaje y ha salido clarísimo", afirma el presidente de la FED.
Sí existían protocolos y órdenes
Ignacio Fernández-Cid alude a lo que era un escalofriante secreto a voces y que, ante la Comisión de Reconstrucción denunció Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPS): que hubo "procedimientos" en algunas comunidades autónomas para no trasladar a los hospitales a usuarios de residencias de mayores y no solo en la Comunidad de Madrid como ha venido contando este digital.
¿Vio alguna de esas instrucciones por escrito?, pregunta Vozpópuli al presidente de la FED. "Sí, claro", responde. "Lamentablemente van saliendo documentos que acreditan lo que llevamos tres meses diciendo y ahora se rasgan las vestiduras...", apostilla.
Miren ustedes: lo que llevamos denunciando desde mediados de marzo, lamentablemente se está confirmando desde la A a la Z", señala Fernández-Cid
¿En qué contexto vio esas instrucciones? ¿En la Comunidad de Madrid?, inquiere este digital. "Es que estamos en un juego muy peligroso, porque se está utilizando políticamente, no para llegar a soluciones, si no para tirarle el dato políticamente a la cara del otro y no quiero entrar en eso, bajo ningún concepto. Lo que digo es: 'Miren ustedes: lo que llevamos denunciando desde mediados de marzo, lamentablemente se está confirmando desde la A a la Z. Ahora lo que nos interesa muchísimo es que no se vuelva a repetir y tomar buena nota".
Desde AESTE señalan que la entidad "siguió los protocolos que se marcaron en cada momento. A principios de marzo se siguieron los protocolos marcados por el Gobierno y más adelante recayó la responsabilidad de marcar estos protocolos en las comunidades y las asociadas de AESTE se ciñeron a estos en todo momento: en este caso en los marcados por la Comunidad de Madrid".
El retraso en los datos de Sanidad
"Cuando salgan los malditos datos de las personas mayores que han fallecido en esa época de cuatro/cinco semanas, pongamos del 8 de marzo al 9 de mayo, podremos preguntarnos ¿por qué la gente mayoritariamente ha fallecido en las residencias y no en los hospitales?. Si la argumentación es que las residencias son la viviendas de los mayores, la gente no fallece en su casa, ¿no?. La gente fallece en el hospital. Y el que fallece en casa es porque al pobre no le ha dado tiempo", desliza Fernández-Cid.
"Increíblemente no sabemos nada. Eso ya huele por todos lados. Una cosa es que se cocine, pero lo están abrasando ya", critican desde la FED sobre el esperado informe de Sanidad sobre muertes en residencias
El último recuento de Europa Press sobre mayores fallecidos durante la crisis sanitaria arroja una cifra terrible: al menos 18.285 personas en residencias públicas, concertadas y privadas de toda España. Faltan los datos oficiales. Sanidad trabaja desde hace meses en un informe con el número total de fallecidos. Siguen en la labor, indican desde el departamento que encabeza Salvador Illa que hace apenas unos días señalaba que si ese documento, que clarificará el total de personas que perdieron la vida durante la pandemia en los centros residenciales, no está finalizado es porque las comunidades autónomas no han remitido datos que ya pidió desde el pasado mes de abril.
"Increíblemente no sabemos nada del informe. Eso ya huele por todos lados. Una cosa es que se cocine, pero lo están abrasando ya. No pueden excusarse en que no les llegan los datos de las comunidades. Se los vuelcan martes y viernes. Y nosotros, todos los días de la semana, de lunes a domingo, enviamos nuestros datos (a las comunidades). Que no me digan que no los tienen", añade.
AESTE, por su parte, muestra su interés por contar con los datos de ese informe. Indica que "desde el primer día, las empresas asociadas están facilitando las cifras de fallecidos diarios a las administraciones de la comunidad autónoma y ellos son quienes lo remiten al Gobierno".
Temor a un rebrote y qué sucederá en las residencias
Fernández-Cid muestra su preocupación por lo que pueda suceder si se produce un rebrote. "¿Qué se va a hacer con las residencias?, ¿qué apoyo nos van a dar?. Lo primero, lo normal, sería demandar un mapa epidemiológico exacto de cómo están las residencias. No ha afectado a todas, pero ya se sabe que la incidencia del virus es criminal. ¿Qué planes tienen preparados para las residencias?. No lo sabemos todavía. Es increíble, pero no lo sabemos", se lamenta.
Eso sí, lanza un mensaje a Pablo Iglesias "Nos preocupa muchísimo que se cuestiona el modelo actual y se proponen alternativas", señala en relación a las declaraciones del vicepresidente segundo del Gobierno considerando un "escándalo" lo sucedido en las residencias de la Comunidad de Madrid, donde han fallecido más de 6.000 ancianos. "Es una situación vergonzosa. El modelo no funciona", aseguraba Pablo Iglesias.
Iglesias defendía un modelo de dependencia similar al de los países nórdicos. Fernández-Cid se muestra contrariado: "Por favor tengan primero los datos. Iglesias no conoce ese modelo, nosotros sí. Estuvimos en Suecia hace casi veinte años y la plaza de residencia costaba 150 euros/día. ¿Sabe a qué precio nos concierta la administración veinte años después (precio medio entre las comunidades? A 54 euros", añade.
Las diferencias con el modelo nórdico
El presidente de la FED subraya que el modelo nórdico es diferente al español entre otras cuestiones porque "la gente vive alquilada en pisos. Ellos ya no desarrollan más plazas de residencias, llevan años cerrando. Promocionando complejos de apartamentos para personas mayores con muchos servicios comunes. La legislación que hay en España sobre esos complejos de servicios aquí no existe. Es un servicio al que siempre se le ha tenido mucho miedo. Nosotros no tenemos ningún inconveniente", explica el presidente de la FED.
Y añade: "Lo que escuché al vicepresidente del Gobierno es que hay que promocionar que la gente tiene que vivir en su casa. Señor vicepresidente: el problema principal de los mayores es la soledad. ¿Qué solución arbitra usted? Incidir más en la soledad, que afecta a más de un 40 % de mayores que viven solos en sus domicilios. Cuando se hable de cambiar el modelo, hable usted con las personas que se supone que somos expertas y digo yo que algo sabemos de esto porque llevamos atendiendo a dependientes desde hace más de 30 años", apunta.
 
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