Una trama como la de 'Gürtel:PSPV Y BLOC

Jajajaja, si antes no había pan para tanto chorizo, como decían ellos, ¿ahora qué hacemos?

¿Las camisetas se las pagaría Mónica o se las regalarían como los trajes? En fin, que lo de Mónica Trola y Timo Puig está más de actualidad que nunca. A ver cuando se enteran en La Secta.


Solarium, condones o una avioneta: la campaña del PSPV y Bloc que compitió con 'Gürtel' en Valencia


Crespo Gomar cobraba 200 euros por notas de prensa al PSPV y contrató un entrenador para Agustín Navarro, candidato en Benidorm

La agencia también gestionó el alquiler de una avioneta, por 25.392 euros, para la campaña 'Adéu PP' del Bloc

Más de 400.000 euros a los 'recaudadores' del PSPV-PSOE por publicitar las desaladoras de Zapatero

Una avioneta, condones, ropa, eventos para celebrar la aprobación del Estatut valenciano y hasta el alquiler de una máquina solarium para que el candidato apareciera bronceado ante sus votantes.

La documentación relacionada con la presunta trama de falsificación de facturas que habría servido al PSPV-SOE y Bloc Nacionalista Valencià (BNV), el socio mayoritario de Compromís, para financiar la campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 recoge cómo ambas formaciones no escatimaron en gastos para reforzar sus mensajes.

La investigación policial y tributaria habría acreditado que Crespo Gomar, la empresa de comunicación con sede en Gandía que a juicio policial habría asumido funciones similares a las de Orange Market con el PP valenciano en Gürtel, recaudó centenares de miles de euros de empresas, en su mayoría constructoras, para ir saldando las deudas generadas por las cuentas publicitarias de Bloc y PSPV. Esta campaña compitió con la que desarrolló Gürtel en Valencia para el ex presidente Francisco Camps.

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Documentación incluida en las diligencias que ha dirigido un juzgado de instrucción de Valencia desde 2016 con el estado de cuentas del BLOC
Crespo Gomar no solo trabajaba para la izquierda, también realizó trabajos electorales para el PP de Dénia, renovó el logotipo de Canal 9 y sus socios han compartido intereses empresariales con el ex alcalde popular de Gandía Arturo Torró, a quien diversas fuentes atribuyen la filtración que ha motivado esta investigación judicial.

La documentación relacionada con la cuenta publicitaria del Bloc recoge gastos por valor de 739.217 euros (con IVA) en las municipales de 2007 y las generales de 2008, las primeras elecciones en las que concurrieron los nacionalistas, Iniciativa del Poble Valencià -el partido que lidera la vicepresidenta Mónica Oltra- y Els Verds.

Mientras, el estadillo que incluye el nombre de diversas empresas con aportaciones económicas suma 736.400 euros (con IVA). Esta documentación apuntaría indiciariamente un presunto delito electoral atribuible a diversos dirigentes del Bloc que ya estaría prescrito, según confirmaron fuentes conocedoras del procedimiento.

En total aparecen 86 apuntes contables. Entre los gastos destacan los de la campaña Adéu PP, la reimpresión de 700 pancartas (9.535 euros), la instalación de vallas en Castellón -18.96 euros-, un spot de campaña de afiliación -19.800 euros-, la creatividad de la campaña -58.000 euros- o facturas por valor de 2.847 euros en preservativos.

Enric Morera, ex secretario general del Bloc y actual presidente de las Cortes, ascendió a 1.136 euros; el patrocinio "sudoku de Castellón" a 5.028 euros y el alquiler de un tren media a 17.110 euros. El alquiler de un publibus llegó a los 31.030 euros y el de una avioneta, a 25.392 euros.

Semanas antes de las elecciones municipales, Morera convocó a los medios para anunciar que el Bloc había fletado una avioneta para recorrer la costa de la Comunidad Valenciana todos los fines de semana hasta la celebración de las elecciones del 27 de mayo arrastrando un cartel con el lema Adéu PP junto al logotipo del partido nacionalista. El objetivo de esta campaña era, según Morera, "el de decir adiós al PP y lograr echarlo fuera de las instituciones valencianas y la Generalitat".

En las últimas horas fuentes del Bloc han reiterado a esta redacción que el equipo de la actual secretaria general, Àgueda Micó, sigue con las diligencias internas para localizar la documentación y contratos con Crespo Gomar y contrastarla con la que entregó el PP en Comisaría.

Mientras, por lo que respecta a la campaña del PSPV, la agencia de comunicación de Gandía se hizo cargo de la campaña del candidato al Palau de la Generalitat, Joan Ignasi Pla, y del candidato a la Alcaldía de Benidorm, Agustín Navarro, en la actualidad diputado provincial en Alicante por el PSPV.

Además de los 4.190 euros en vestuario para Pla, Crespo Gomar alquiló, por 360 euros, una maquina solárium OC para el candidato. Las fotos de un mitin de José Luis Rodríguez Zapatero ascendieron a 1.000 euros y la impresión de un catálogo político, 6.380 euros.

Según consta en la documentación entregada en la Policía, Crespo Gomar facturaba mensualmente al PSPV por contratos derivados de la precampaña y campaña. Sólo la factura del mes de enero de 2006, más de un año antes de la cita electoral, llegó a los 138.518 euros.

Al margen de los recibos de la campaña autonómica, entre la documentación figuran gastos electorales de la campaña de Navarro como un entrenador (2.000 euros), sin especificar si se refiere a un entrenador personal.

Crespo Gomar se encargó también de la redacción de notas de prensa del PSPV de Benidorm a 200 euros cada una. La cobertura periodística de los eventos se pagaba a 600 euros el acto. La Policía cree que Crespo Gomar facturaba estos servicios a los socialistas valencianos y de los pagos se hacían cargo otras empresas y no los destinatarios mediante la presunta falsificación de facturas.

La principal constructora vinculada a la presunta cuenta B del PSPV es Blauverd. Esta empresa, con sede en Alzira, realizaba ingresos mensuales a la agencia por servicios que a juicio policial se falsificaron. Los importes oscilaban entre los 60.000 y 25.000 euros al mes.

Cuatro juzgados de Madrid, Gandía y Benidorm han asumido las diligencias que hasta enero ha dirigido el juzgado de Instrucción 21 de Valencia, el órgano que ha dirigido investigaciones como la del IVAM, el caso Cooperación o la tragedia del metro.
 

CASOS AISLADOS

DE UNA CORRUPCIÓN SISTÉMICA
Coste total estimado:
204.086.289.955 €

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Nuevos Casos Aislados
Caso Defex

Caso Hacienda de Irún

Caso Balenciaga

Caso Glass Costa

Caso Cámara de Propiedad

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La juez ve delito en la red para financiar a PSOE y Bloc

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El ex secretario general del PSPV y candidato a la Presidencia de la Generalitat Valenciana en 2007, Joan Ignasi Pla, se dirige a la militancia en un mitin.

El juzgado que en el último año y medio ha instruido la denuncia que presentó el PP en una Comisaría por la presunta financiación irregular de PSPV-PSOE y Bloc Nacionalista Valencià, el socio mayoritario de la coalición Compromís, ha constatado indiciariamente la existencia de una presunta trama de falsificación de facturas que permitió a ambas formaciones políticas superar el presupuesto en las elecciones municipales y autonómicas de 2007.

En concreto, las diligencias apuntan a «unos hechos de financiación irregular de dos formaciones política, PSPV y Bloc/Compromís», que se habrían materializado a través de una presunta red de «falsedad documental con carácter continuado».

Así consta en las diligencias judiciales,
a las que ha tenido acceso EL MUNDO, que se practicaron en Valencia y que han sido derivadas a dos juzgados del partido judicial de Madrid, entre otros, para que se investigue la relación entre Crespo Gomar, la agencia de comunicación a la que recurrieron ambos partidos en 2007, con los contratos que obtuvo de diversos ministerios en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.

El sistema que describen las
actuaciones judiciales calca el modus operandi al que recurrió la Gürtel para financiar campañas del PP de Francisco Camps. Así, según concluyó el juzgado de Valencia, para obtener financiación en 2007 la «mercantil Crespo Gomar facturaría unos servicios a dichas formaciones políticas durante la campaña electoral del año 2007, de cuyo pago se habrían hecho cargo otras empresas y no los destinatarios de los servicios prestados mediante la confección de facturas falsas, coincidentes en su cuantía con las presentadas por Crespo Gomar, siendo precisamente esta última mercantil la que facturaría a las terceras por servicios no prestados».

Varios de los juzgados que han asumido las diligencias ya han levantado el secreto de sumario y, pese a que indiciarimante se han constatado presuntos delitos electorales, todos están prescritos y no tendrán recorrido judicial. No obstante, las diligencias continuarán abiertas en los juzgados de Madrid, Gandía y Benidorm por los presuntos delitos de
malversación de caudales públicos y prevaricación.

La apertura del sumario ha sacado a la luz que fue el presidente del PP en la provincia de Alicante, el diputado autonómico José Císcar, quien interpuso la denuncia acompañada de «facturas y correos» entre los que aparecían las mercantiles Hospimar 2000 y Quick Meals Ibérica, una franquiciadora vinculada a Burger King.

Según consta en los expedientes enviados al Decanato de Madrid, estas sociedades habrían «abonado facturas emitidas por Crespo Gomar por importes de 8.700 euros y 20.880 euros, la primera y 6.960 euros la segunda».

Entre las empresas donantes también aparece la constructora Blauverd, con sede en Alzira, tal y como ha venido informando este periódico. Esta mercantil habría abonado facturas por importe no inferior «de 60.000 euros, 69.600 euros y 29.000 euros».


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El exsecretario general del Bloc y presidente de las Cortes, Enric Morera

Blauverd también aparece en la documentación que el PP denunció como donante del Bloc -en concreto, habría realizado una aportación a los nacionalistas de 60.000 euros más IVA- y su ex director financiero, Benjamín Maceda, es en la actualidad director general de Vaersa, empresa pública de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente.

Las diligencias judiciales también recogen la aportación de Metrovacesa que aparece en la cuenta publicitaria del Bloc en Crespo Gomar. En este sentido, las pesquisas del juzgado señalan que «la mercantil Centro Comercial y de Ocio La Vital SL, a través de Metrovacesa, se habría hecho cargo de pagar una factura de 46.400 euros». Este centro comercial se encuentra en Gandía y fue impulsado mientras los socialistas ocupaban la Alcaldía y el concejal del Bloc era Josep Miquel Moya, actual director general de Deportes de la Generalitat.

Según el sumario, la documentación denunciada por el PP «llevó a recabar información a la Agencia Tributaria en relación con los modelos 347 (resumen general de operaciones, relación de ventas declaradas y relación de compras declaradas), 196 (relación cuentas bancarias), 198 (emisión de transmisiones de valores), 200 (presidentes y apoderados) y 303 (IVA), durante el periodo 2007-2011 respecto de las empresas que aparecían en los documentos que adjuntaba el oficio policial, interesándose posteriormente de la Agencia Tributaria el modelo 160 (retenedores de trabajo).

Esta documentación venía a corroborar gran parte de lo denunciado y de las «fotocopias aportadas por el denunciante en su comparecencia ante la Policía». Existen coincidencias que han sido constatadas en base a la información tributaria y en uno de los correos se dan una serie de instrucciones para que conste como cliente el Centro Comercial y de Ocio La Vital SL de Gandía.

«Anótala en la hoja del Bloc y mándaselo a Lluís Miquel. Ojo que los datos de envío son diferentes a los de facturación». Según diversas fuentes, los investigados se referían a Lluís Miquel Campos, jefe de Gabinete del presidente de las Cortes y del Bloc, Enric Morera. Campos, director de la campaña de las municipales del Bloc en 2007, ha estado dos semanas sin acudir a su puesto de trabajo en el Parlamento y ha borrado su perfil en redes sociales.

Las instrucciones para facturar a este centro comercial se habrían seguido al pie de la letra. Crespo Gomar facturó 40.000 euros a nombre del centro comercial de Metrovacesa por la «realización de manual de identidad corporativa» y el dinero quedó reflejado en la cuenta publicitaria del Bloc en 2006.

Así pues, de las diligencias de investigación iniciadas, aparecería «indiciariamente una clara vinculación entre Crespo Gomar (...) y el PSOE como empresa intermediaria para facilitar la financiación de dicha formación política (y la del Bloc/Compromís), como ambas, en cuanto a empresas que perciben fondos de las Administraciones gobernadas por aquella formación política».


http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2018/04/13/5acfa7a3ca474130118b45cb.html
 
Pues a la vez que ha salido eso, han salido tan contentos a decir que se ha archivado.... Creo que no distinguen entre archivar e inhibirse y las facturas sin aparecer.
 
Había que hacer un escándolo con el máster de Cristina Cifuentes, necesitaban agitar a las masas, crear tensión (ya lo dijo Zapatero) para desviar el desfalco socialista en Andalucía y Valencia.

http://www.abc.es/espana/comunidad-...ama-psoe-valenciano-201804140230_noticia.html

Presunta financiación irregular
La juez sitúa a la Administración de Zapatero en la trama del PSOE valenciano
La Fiscalía pide a la Policía que identifique a los responsables de la red de contratos para citarlos como investigados


La juez encargada durante el último año y medio de investigar una presunta financiación irregular del PSPV-PSOE y el Bloc (partido mayoritario en la coalición Compromís) tras una denuncia del PP en 2016 en una comisaría de Valencia ha puesto uno de los focos de la instrucción en la relación entre los socialistas y la empresa Crespo Gomar.

En un auto de inhibición en favor de los juzgados de Madrid, Gandia y Benidorm fechado el pasado enero -al entender que los hechos no han tenido lugar en el partido judicial de Valencia-, explica la forma de operar de esta sociedad: «facturaría unos servicios a dichas formaciones políticas, de cuyo pago se habrían hecho cargo otras empresas y no los destinatarios mediante la confección de facturas falsas, coincidentes en sus cuantías con las presentadas por Crespo Gomar».

Conforme a la documentación aportada -publicada por ABC- y al análisis policial, entiende que existen indicios de un posible delito electoral en la campaña de 2007 en ambos partidos. Aun así, se encontraría prescrito, como ha informado este periódico. Los hechos también podrían ser, en su opinión, constitutivos de falsedad documental con carácter continuado, prevaricación y malversación, los cuales se siguen investigando.

Crespo Gomar fue presidida por Alberto Gomar, hijo del que fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandia Antonio Gomar, y en ella trabajó también José Ramón Tíller. Ambos eran personas de confianza del exalcalde de la localidad José Manuel Orengo, actualmente asesor del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Tíller asesoró, además de a Orengo, al exjefe del Consell Joan Lerma y a la exalcaldesa de Gandia Pepa Frau. Ahora es responsable de expansión internacional y comunicación de la empresa mixta Egevasa (participada por la Diputación de Valencia), que también figura en los papeles como donante del Bloc.

Especialmente relevante resulta la parte de la investigación que se lleva a cabo en dos juzgados de Madrid centrada en varios contratos con Crespo Gomar de Administraciones Públicas gobernadas por los socialistas. Entre ellas, el Gobierno central durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.

En las actuaciones se cita uno de 184.138 euros en 2008 por parte del Ministerio de Sanidad -dirigido por Bernat Soria-, otro de 126.208 euros del Ministerio de Vivienda -en el que se encontraba Beatriz Corredor- y dos de Medio Ambiente -al frente del cual figuraba Cristina Narbona- por un total de 405.000 euros. Estos últimos se adjudicaron por Acuamed para comunicar las bondades de las desaladoras en Torrevieja y Denia. A ellos se une otro de Aguas del Júcar por 234.700 euros. Desde el Ayuntamiento de Gandia, la empresa recibió 159.362 euros en 2008, 104.737 en 2009 y 103.672 en 2010.

Por otra parte, se indaga en la contratación de los opinómetros en Benidorm, unos dispositivos para medir la opinión ciudadana sobre la gestión municipal que se pusieron en marcha a través del dinero del Plan E de Zapatero. La adjudicación fue a parar a la empresa Opino Media, dirigida por José Ramón Tíller y en la que figuraba como socio Alberto Gomar.

«Trato de favor»
En el auto, la juez revela que después de que la Policía recabara los datos, se ordenó un informe a Intervención General del Estado para analizar la tramitación de expedientes de contratación en los que resultaron adjudicatarias Crespo Gomar y Opino Media «ante el posible trato de favor que pudieran haber recibido como pago» a la financiación del PSPV-PSOE. El estudio concluyó que había irregularidades en la práctica totalidad de estas adjudicaciones.

Junto a la inhibición, la juez prorrogó el secreto de las actuaciones -ya levantado en algunos juzgados- después de que la Fiscalía pidiera a la Policía que identificara a los responsables de entidades públicas y empresas que hubieran participado en los hechos y que concretara su implicación con el objetivo de citarlos a declarar como investigados.

Temas
 
PRESUNTA FINANCIACIÓN IRREGULAR
El PSPV contabiliza 400.000 euros de pagos a la empresa investigada pero no aporta las facturas
El partido explica que no abonó ninguna cantidad a Crespo Gomar en campaña electoral, aunque en la documentación de la Policía hay previsiones de gastos en ese concepto

VALENCIA Actualizado:28/04/2018 00:26h12

El informe elaborado por el PSPV a raíz de la investigación sobre presunta financiación ilegal no encuentra irregularidades ni «responsabilidades personales» en la contabilidad de las elecciones o en la del propio partido a nivel autonómico en los ejercicios 2006, 2007 y 2008. También sostiene que no se han detectado «pagos de terceros referidos a la campaña» y que abonaron a Crespo Gomar -la agencia de comunicación que trabajó para el PSPV y para el Bloc y que supuestamente facturaba a terceras empresas- los servicios prestados por un total de 400.504 euros.

Esta cantidad también aparece en el auto de la juez, en el que destaca que en 2007 figuraban ingresos del partido a la sociedad por importe de 79.663 euros, mientras que en 2008 fueron de 325.094 euros. Este fue el año de celebración del congreso de los socialistas valencianos organizado por la gestora que presidía Joan Lerma.

El PSPV, sin embargo, no ha conseguido aportar ninguna factura de las que se investigan -al igual que sucedió con el Bloc-, sino únicamente apuntes contables. En ellos no se detallan los conceptos. Tampoco pueden precisar una estimación del presupuesto de la campaña o cuánto costó el congreso de 2008 que eligió a Jorge Alarte como secretario general porque «han pasado once años».

nombres que aparecen en los correos electrónicos que se estudian- ostentaba la vicepresidencia cuarta.

Por su parte, Quick Meals se presenta como el mayor franquiciador de la compañía Burguer King en España. Su donación, según las facturas, habría sido de 6.960 euros en concepto de «creatividad de campaña». En total, se trataría de 39.000 euros entre las dos, según consta en las facturas que ha venido publicando ABC.

En su informe, los socialistas hacen referencia únicamente a una cantidad de 17.478 euros, la cual aparece en el auto de la juez encargada del caso durante el último año y medio. En él destaca que la documentación de la Agencia Tributaria corroboró parte del contenido de los papeles que se investigan y que coinciden con ese dinero.

El candidato en Benidorm en 2007 fue Agustín Navarro y la época de los hechos está marcada por el control en la agrupación del conocido como «clan Pajín» -la familia de la exministra de Sanidad y exnúmero tres del PSOE Leire Pajín-.

Sin responsabilidades
Sobre la investigación de los distintos juzgados por presuntos delitos de malversación y prevaricación, el PSPV asegura que tendrá que ser la justicia «la que se pronuncie y determine si existe ilícito penal, una simple irregularidad administrativa, o no se aprecia irregularidad alguna».

Mata manifestó que para la elaboración del informe se ha hablado con 30 personas, además de recabar la documentación disponible, y se ha hecho todo lo posible, «a diferencia de otros», y se ha mostrado convencido de que «nadie ha tomado una decisión que sea delictiva antes y que haya prescrito ahora, nadie ha articulado una trama, y no hay responsabilidades personales»: «No podemos satanizar a una persona porque no ha habido ningún comportamiento irregular detectado. Otra cosa es que no lo hayamos detectado».

http://www.abc.es/espana/comunidad-...-no-aporta-facturas-201804280026_noticia.html
 
Las facturas del Bloc encajan con las pruebas de la Policía

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Las cifras incluidas en el informe confidencial que aborda la relación comercial entre la empresa Crespo Gomar y el Bloc Nacionalista Valencià, el socio mayoritario de la coalición Compromís, coinciden con la documentación que el PP entregó en una comisaría de la Policía Nacional de Valencia a mediados de 2016.

A la espera de que se conozca con detalle el contenido del análisis interno aprobado por el Bloc tras la crisis abierta por la presunta financiación irregular en la campaña de las elecciones municipales de 2007, la nota de prensa difundida por los nacionalistas en los últimos días da cierta apariencia de veracidad a la documentación atribuida a Crespo Gomar, la agencia que organizó las campañas del Bloc y PSPV en 2007.

Fuentes del Bloc admitieron ayer las coincidencias y reiteraron que las cifras no se han manipulado para ajustarlas con las pruebas que maneja la Policía, sino que están reflejadas en la contabilidad del partido. Por el momento, los nacionalistas han decidido no difundir las conclusiones de la investigación interna ni convocar una rueda de prensa para dar explicaciones. Insisten en que las coincidencias solo confirman una «mala praxis contable» y descartan una financiación irregular.

Las pruebas que maneja la brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional incluye un documento contable atribuido a Crespo Gomar con la referencia «estado de cuentas Bloc».

Se trata de una tabla en la que se desarrollan conceptos, importes de facturas y un estadillo en el que se repite la palabra «concepto» con una serie de empresas e importes, contabilizados con y sin IVA. Entre esas empresas destacan Metrovacesa y Lubasa, que también aparece en Gürtel vinculada a la presunta caja B del PP, y dos facturas que fueron abonadas por el propio Bloc.

Según la documentación de Crespo Gomar, estas dos facturas asignadas al Bloc, las únicas que habrían sido abonadas directamente por los nacionalistas según ha admitido la dirección del partido, ascendieron a 34.800 euros y 40.000 euros respectivamente.

Las cantidades encajan con las que difundieron los nacionalistas en su comunicado del lunes. En concreto, el Bloc afirmó que la investigación interna ha constatado que, «en cuanto a la relación comercial con la mercantil Crespo Gomar de la campaña municipal de 2007, corresponde a dos facturas, por importes de 34.800 euros y 40.000 euros, IVA incluido», con el único concepto de «trabajos de publicidad para las elecciones» sin especificar el concepto, órdenes de pago o el presupuesto global de la campaña.

Además, el Bloc afirmó en el mismo comunicado que «el resto de pagos a Crespo Gomar corresponde a un total de 120.000 euros de los que 20.000 euros pertenecen a la campaña de 2008 y figuran liquidados con el concepto de pago deuda elecciones».

En este sentido, la dirección aclaró que «sin embargo, se ha podido constatar la falta de facturas sobre estos 120.000 euros restantes, pero sí pagados en su totalidad y justificados documentalmente en la contabilidad interna del Bloc».

La documentación en poder de la Policía recoge tres «pagaré recibido sin factura» de 40.000 euros asignados a la cuenta publicitaria de los nacionalistas en Crespo Gomar. En una conversación con este periódico, fuentes de la dirección del Bloc aseguraron que tenían constancia de que los 120.000 euros a Crespo Gomar se habían pagado porque, pese a no encontrar las facturas, sí que había pagarés.

La hoja del estado de cuentas del Bloc incluye gastos en fotografías de candidatos, cuñas o un vehículo publicitario alquilado en Torrent. No ha aparecido ninguna factura con estos conceptos en la sede de los nacionalistas.

En el auto por el que el juzgado se inhibe a favor de otros juzgados al estar prescritos los delitos electorales -retenía la causa en Valencia por un correo en el que se menciona a Pepe Cataluña, ex secretario de finanzas del PSPV, y una factura a nombre de la constructora Blauverd- la juez afirma que Crespo Gomar facturó «servicios a dichas formaciones durante la campaña de 2007, de cuyo pago se habrían hecho cargo otras empresas».

Para obtener financiación en 2007 Crespo Gomar «facturaría unos servicios a dichas formaciones políticas durante la campaña electoral del año 2007, de cuyo pago se habrían hecho cargo otras empresas y no los destinatarios de los servicios prestados mediante la confección de facturas falsas, coincidentes en su cuantía con las presentadas por Crespo Gomar, siendo precisamente esta última mercantil la que facturaría a las terceras por servicios no prestados». No profundiza en los indicios de delito electoral porque todo ha prescrito.


http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2018/04/27/5ae238ab468aeb23308b45dd.html
 
TELA MARINERA...

"El PP, como organización, está presente en calidad de acusado a título lucrativo, responsable civil subsidiario o investigado penalmente en 5 sumarios: PS Caja B (Gürtel); PS Época 1999-2005(Gürtel); PS Boadilla (Gürtel); Destrucción discos duros de Bárcenas y en la “Operación Taula”. Además, altos cargos del PP madrileño están siendo investigados en las Operaciones Púnica y Lezo, donde se sospecha de una trama similar a la Gürtel para financiar irregularmente al partido, entre otros asuntos".

"Más de 800 investigados


El listado de altos cargos y dirigentes del partido imputados por corrupción supera los 800, según recopiló nuestro colaborador Los Genoveses. Todo ello sin sumar el último en estallar, la operación Lezo".

https://www.elplural.com/comunicaci...nizacion-criminal-al-pp-pero-si-lo-ha-sentado


 
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