El Partido Socialista valenciano (PSPV) y el Bloc, formación nacionalista mayoritaria de la coalición Compromís, pudieron crear una trama corrupta para financiar sus campañas electorales en 2007, según las informaciones aportadas por este periódico. La fórmula sería similar a la presuntamente empleada por el PP en Gürtel: falsear facturas para encubrir pagos al partido a cambio de concesiones de obras y servicios públicos. De hecho, una de las empresas que aparecen entre los donantes del bloque nacionalista, Lubasa, reconoció en el juicio de Gürtel que financió en negro al PP de Francisco Camps. De corroborarse las investigaciones que se llevan a cabo en juzgados de Madrid, Gandía y Benidorm, estaríamos ante un entramado de financiación ilegal y de malversación que rebasa las siglas de cualquier partido para convertirse en una corrupción sistémica de la que participarían casi todos las formaciones del espectro político, independientemente de su ideología.
Y de la misma forma que la dirección nacional del PP intentó desentenderse sin éxito de la trama valenciana creada en torno a Orange Market, la organizada alrededor de la agencia de comunicación Crespo Gomar, que montó las campañas tanto del PSPV como del Bloc, va a salpicar con seguridad a la dirección federal del PSOE. O al menos a su actual presidenta, Cristina Narbona, ya que una parte de la investigación remitida a Madrid incluye dos contratos adjudicados a Crespo Gomar entre 2007 y 2008 por el Ministerio de Medio Ambiente, que ella dirigía en el Gobierno de Rodríguez Zapatero, por valor de 200.000 euros cada uno. El objeto de los mismos no sería otro que difundir mediáticamente las bondades y los beneficios de las desaladoras que Narbona había proyectado como alternativa tras la derogación del Plan Hidrológico Nacional diseñado por el Gobierno de Aznar. Además, según ha concluido la Intervención General del Estado, ninguno de los dos contratos, vinculados a las plantas desaladoras de Torrevieja y Dénia, cumplían con los requisitos del concurso público.
Las investigaciones, por tanto, apuntan a que desde el Gobierno de Zapatero se pudo colaborar activamente en la financiación ilegal de la campaña del partido en Valencia. Cristina Narbona, o el propio ex presidente, deben dar cuanto antes una explicación sobre estas acusaciones. La actual dirección del partido en Valencia, encabezada por el actual presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la dirección federal, con Pedro Sánchez a la cabeza, tampoco pueden ignorar los datos que han salido a la luz y están obligados a abrir una investigación para esclarecer lo ocurrido. Y aunque su nombre no ha salido citado en ninguno de los informes judiciales, no hay que olvidar que José Luis Ábalos, actual secretario de Organización del PSOE, fue uno de los hombres fuertes del partido en Valencia y concejal de la ciudad hasta 2009.
http://www.elmundo.es/opinion/2018/03/30/5abd2675468aeb8b178b45c0.html
Y de la misma forma que la dirección nacional del PP intentó desentenderse sin éxito de la trama valenciana creada en torno a Orange Market, la organizada alrededor de la agencia de comunicación Crespo Gomar, que montó las campañas tanto del PSPV como del Bloc, va a salpicar con seguridad a la dirección federal del PSOE. O al menos a su actual presidenta, Cristina Narbona, ya que una parte de la investigación remitida a Madrid incluye dos contratos adjudicados a Crespo Gomar entre 2007 y 2008 por el Ministerio de Medio Ambiente, que ella dirigía en el Gobierno de Rodríguez Zapatero, por valor de 200.000 euros cada uno. El objeto de los mismos no sería otro que difundir mediáticamente las bondades y los beneficios de las desaladoras que Narbona había proyectado como alternativa tras la derogación del Plan Hidrológico Nacional diseñado por el Gobierno de Aznar. Además, según ha concluido la Intervención General del Estado, ninguno de los dos contratos, vinculados a las plantas desaladoras de Torrevieja y Dénia, cumplían con los requisitos del concurso público.
Las investigaciones, por tanto, apuntan a que desde el Gobierno de Zapatero se pudo colaborar activamente en la financiación ilegal de la campaña del partido en Valencia. Cristina Narbona, o el propio ex presidente, deben dar cuanto antes una explicación sobre estas acusaciones. La actual dirección del partido en Valencia, encabezada por el actual presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la dirección federal, con Pedro Sánchez a la cabeza, tampoco pueden ignorar los datos que han salido a la luz y están obligados a abrir una investigación para esclarecer lo ocurrido. Y aunque su nombre no ha salido citado en ninguno de los informes judiciales, no hay que olvidar que José Luis Ábalos, actual secretario de Organización del PSOE, fue uno de los hombres fuertes del partido en Valencia y concejal de la ciudad hasta 2009.
http://www.elmundo.es/opinion/2018/03/30/5abd2675468aeb8b178b45c0.html
