Juana Rivas

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La verdadera historia de Juana Rivas: su vida en Italia y cómo huyó de su expareja
Fuentes del entorno de Juana nos relatan la pesadilla que la joven está viviendo desde hace años.

VIDA Dany Blázquez 08 Agosto 2017 09:55
El tiempo se ha agotado para Juana Rivas. Hoy día 8 de agosto la joven deberá comparecer en los juzgados en una vista por haber incumplido la orden judicial que le solicitaba entregar a sus hijos a Francesco Arcuri, el padre de los niños.



Su historia está ocupando portadas de periódicos y horas de televisión. Media España se ha movilizado en favor de una madre que ha denunciado a su expareja por maltrato y que ahora se ve en la obligación de entregarle a sus niños. Francesco Arcuri, de origen italiano y catorce años mayor que ella, ya fue condenado en 2009 por agredir brutalmente a Juana, y ahora quiere recuperar a sus hijos después de que Rivas huyera de él hace ya más de un año.

En los últimos días se ha escrito mucho sobre este caso, pero gran parte del entorno más íntimo de Juana Rivas considera que no se está contando toda la verdad. Fuentes cercanas a la joven granadina nos han relatado en exclusiva cómo era la vida de Juana en Italia, de qué manera consiguió huir de él en el año 2016 y por qué denunció a su expareja dos meses después de regresar a España. Vamos a repasar la verdadera historia de Juana Rivas, y las verdades y mentiras que, según su entorno, se han contado en los medios de comunicación.

La primera denuncia: los hechos probados que Francesco niega
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"Francesco niega los hechos que lo condenaron por primera vez"


Tras separarse por primera vez de su pareja, Juana Rivas abrió en Granada una tienda de productos ecológicos y estuvo durante unos dos años sin saber nada de Francesco. Anteriormente se había producido la primera ruptura. Una ruptura que fue consecuencia de una fuerte discusión que tuvo lugar el día 7 de mayo de 2009, después de que Juana llegara a casa de madrugada y Francesco le preguntara dónde había estado. La disputa desembocó en paliza, y la paliza en una denuncia por malos tratos, la primera que Juana interpondría contra Francesco.

En dicha denuncia, de dieciséis páginas, a la que hemos tenido acceso en exclusiva, se especifica que, tras una discusión, Juana y Francesco "se agredieron mutuamente, propinando el denunciado a su pareja varios empujones y arrastrándola por el suelo". Unos hechos que la sentencia, firmada por la jueza del juzgado de violencia sobre la mujer número uno de Granada, no duda en catalogar como "hechos probados". El entorno de Juana admite que la joven también agredió a Francesco, pero que fue en defensa propia, y que llegó al médico "con la cara hecha un cristo". Inmediatamente después de requerir asistencia médica fue el facultativo, y no ella, el que denunció los hechos a la policía.

Pero la historia ya no se cuenta así. Las diversas versiones del italiano han emborronado un violento episodio que no tiene ya forma de cuestionarse. Francesco ha declarado en diversos medios de comunicación que los hechos son falsos, a pesar de que la sentencia los considera probados, y que llegó a un acuerdo con la jueza por el que admitió haber agredido a Juana y aceptó, después, una pena de tres meses de prisión y una orden de alejamiento por un año. Según él, lo hizo para poder ver a su hijo. Sin embargo, fuentes cercanas a Juana afirman que el padre pasó dos años sin volver a verlo.

Juana denunció a Francesco en 2012 por no devolverle a su hijo tras un periodo vacacional
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"Extracto de la denuncia a la que hemos tenido acceso en exclusiva"

Tras la denuncia por malos tratos y la separación de la pareja, se estableció la custodia y el régimen de visitas del primer y, hasta entonces, único hijo, de manera que Francesco podía visitar al menor un fin de semana alterno y la mitad de cada periodo vacacional. Pero las cosas se torcieron tres años después y, tras el verano de 2012, el italiano volvió a su país de origen junto al menor y no lo devolvió a su madre tal como debía hacer. El 20 de septiembre de aquel año Juana acudió a las cinco y media de la tarde a la policía para denunciar los hechos, un dato que hasta ahora se había obviado en los medios de comunicación.

En la denuncia, a la que también hemos tenido acceso en exclusiva, se detalla que Juana le entregó al menor a Francesco el día 21 de junio de ese mismo año, y que con su padre debía permanecer un mes y medio, "la mitad de las vacaciones hasta que empezara el colegio". Más tarde los padres llegaron a un acuerdo de manera que Francesco podría quedarse con el menor hasta el 10 de septiembre, día en que empezaba el colegio. Esta es una de las primeras concesiones que Juana le hace a su expareja, el primer paso para volver a confiar en él. Sin embargo, diez días después, Juana no había recuperado a su hijo y Francesco, supuestamente, se negaba a devolverlo. Un episodio parecido al que protagonizan ambos progenitores en la actualidad, aunque la historia ha cambiado bastante.

Según reza la denuncia que interpone Juana con la firme idea de recuperar al menor, tal y como se establecía en la custodia compartida, "Francesco ha estado acosando a la dicente (Juana) con mensajes difamatorios (...), divulgando que es una mala madre, incluso llegando a increpar e interrogar al menor acerca de la vida privada de la dicente". Unos hechos que, según el entorno de la mujer, se repetirían constantemente a lo largo de los años siguientes. Un reiterado control sin descanso del que el niño mayor habría sido testigo. Finalmente, Rivas viajó hasta Italia, recuperó al menor y notificó los hechos a la policía.

Su verdadera vida en Italia
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"El infierno de Juana en Italia, según cuenta su entorno"

Unos meses más tarde, en 2013, Juana se ve obligada a cerrar su tienda de productos ecológicos y se queda en paro. Según el entorno de la pareja, que nos ha contado en exclusiva los detalles sobre la vida de Juana Rivas en Italia, Francesco aprovecha la delicada situación económica y laboral de Juana para convencerla de volver a Italia. La vida de Juana Rivas en Italia ha sido un verdadero infierno. Así nos lo define su entorno más cercano. La mujer vivía junto a su expareja y a sus dos hijos en Carloforte, una minúscula isla italiana de unos 50 kilómetros cuadrados al sudoeste de Cerdeña, en una casa de campo a unos ocho kilómetros del pueblo. Un lugar sin demasiados vecinos y un tanto alejado del resto de la civilización.

La joven fue supuestamente engañada por Francesco para mudarse con él a Italia. Según nos cuentan fuentes cercanas a la pareja, el italiano le prometió un trabajo que nunca llegó, le aseguró que había cambiado y le pidió que volviera junto a él "por el bien del niño". Una petición muy similar a la que suplica de nuevo ahora la expareja de Juana, que le ha garantizado una pensión mensual y un apartamento a gastos pagados a cambio de que regrese a Italia y le conceda la custodia compartida de los críos. Un ofrecimiento que, según el entorno de Juana, solo serviría para volverla a tener cerca de él, para volverla a tener controlada y para lograr, una vez más, engañarla.

Aquella casa de Carloforte alejada del pueblo se convirtió, para Juana, en una auténtica cárcel. Su entorno afirma que Francesco la encerraba en casa continuamente, le quitaba el teléfono y desconectaba la conexión a internet para dejarla absolutamente incomunicada. El maltrato, tanto físico como psicológico, era continuo, por lo que Juana se vio incapaz de escapar de aquella situación. Su entorno nos relata datos concretos sobre agresiones terriblemente duras cuyos detalles hemos preferido no describir para respetar la intimidad de Juana.

¿Pero por qué no denunció en Carloforte?
Juana nunca se atrevió a denunciar allí. Cuando le confió a algunos de sus vecinos la situación que estaba viviendo, ellos hicieron oídos sordos e incluso llegaron a justificar el supuesto comportamiento de Francesco. La situación de Juana Rivas en Carloforte era «vox populi» en el pueblo. Nosotros mismos hemos podido comprobar, en exclusiva y a través de varias llamadas, cómo sus vecinos eran conocedores del control que Francesco ejercía supuestamente sobre Juana. Con una población de unos 6.000 habitantes, la isla se convirtió en un lugar hostil en el que todos los vecinos se conocían y en el que Juana se veía incapaz de hacer frente a su expareja.




La mujer podría haberse desplazado en ferri hasta Cerdeña e interponer una denuncia, pero lo cierto es que no disponía de dinero para empezar una nueva vida alejada de Francesco y el contexto en el que vivía, una incomunicación total en la que cada paso suponía la amenaza de su expareja, no ayudaba en absoluto.


El curso de Psicología que le salvó la vida: la huida de Juana
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"Así fue la huida de Juana"


A pesar del miedo y la inquietud, Juana nunca perdió la fortaleza que le caracteriza, ni tampoco dejó de perseguir sus sueños ni de tener inquietudes. Su incomunicación terminó, en parte, después de convencer a Francesco para que le dejara hacer un curso online de terapia transpersonal. Según cuenta el entorno, Juana tenía que hacerse cargo de los niños mientras estudiaba ya que el italiano no le facilitaba ningún tipo de ayuda. En el desarrollo de este curso, que hizo desde Italia, Juana conoció a un compañero español con el que congenió y al que terminó por contarle su verdadera realidad.

Juana encontró, así, una válvula de escape: unas vacaciones a España después de pasar dos años lejos de su familia. Según ha contado Francesco Arcuri, la pareja llegó a un acuerdo para que los pequeños visitaran a su familia materna durante los meses de verano del año 2016, sin embargo, y según fuentes del entorno de Juana, esto no ocurrió así. De hecho, a pesar de que el italiano mantenga que fue él quien pagó los billetes de Juana y de los niños, el entorno de la madre afirma que fue la abuela materna quien lo hizo. Francesco habría prohibido a Juana regresar a España e incluso le habría llegado a esconder su documentación para que no pudiera volver.

Por fortuna, el hijo mayor de la pareja, que por entonces tenía 10 años, fue testigo de cómo su padre escondía la documentación en una acequia y le desveló el lugar del escondite a su madre, que recuperó el documento para poder volver. Así nos lo cuentan fuentes cercanas a Juana en exclusiva. Antes de su salida se produjo un violento forcejeo entre Francesco y Juana (pues el italiano intentó impedir su huida) y,según su entorno, la llegada de un vecino provocó que la disputa cesara y que Juana huyera junto a sus hijos.

La segunda denuncia por malos tratos: ¿por qué la puso dos meses después y en España?
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"La denuncia de Juana se interpuso el 12 de julio de 2016"

Tras regresar a España, el compañero de estudios al que Juana había conocido a través de internet intenta convencerla de que debe denunciar a su maltratador. Este compañero le escribe varios mensajes con fábulas y cuentos que sirven a Juana para recuperar la autoestima que había perdido y la fuerza que le habían robado. Finalmente, y animada por esta persona, Rivas se arma de valor y le confiesa a su madre la situación que ha vivido en Italia junto a Francesco y ambas acuden a denunciar al italiano.

Hemos tenido acceso tanto a la denuncia que interpone Juana por violencia de género, como a la que interpone Francesco por la sustracción de los menores. En varios medios de comunicación se ha comentado que la denuncia de la mujer se produce después de la del italiano, lo que se ha malinterpretado, en algunas ocasiones, como una venganza por parte de la mujer. Sin embargo, esto no sucede así. La denuncia de Juana Rivas data del 12 de julio de 2016, mientras que la demanda internacional por la que se pide a España la devolución de los menores se interpone el día 22 de agosto (41 días después de la denuncia de Juana), y llega sellada de Italia a nuestro país el día 23 de noviembre de ese mismo año, es decir, cuatro meses después.

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"La denuncia de Francesco llega a España cuatro meses después"

En la denuncia de Juana, la madre relata los episodios de violencia a los que ha sido sometida en constantes ocasiones. Según ella, Francesco la controla constantemente, le propina golpes y la maltrata psicológicamente. Además, en palabras de Juana, el padre de los niños ha utilizado a los menores en reiteradas ocasiones para amenazarla y conseguir que la joven no huyera.

El origen del problema: la denuncia de Juana no ha sido todavía traducida
Un año más tarde nos encontramos ante la situación que todos ya conocemos. Una denuncia por malos tratos, a día de hoy, sin sentencia; una petición judicial de devolver a los niños a su domicilio habitual (Carloforte) y una madre que ha huido con sus hijos para evitar que vuelvan con el hombre que la maltrató. ¿Cómo se sostiene todo esto? En varios medios de comunicación han explicado que la denuncia por malos tratos interpuesta por Juana se archiva, sin embargo esto no es del todo cierto.

Los juzgados de Granada archivan la denuncia de Juana por falta de jurisdicción: es decir, como los hechos han ocurrido en Italia la denuncia no puede prosperar en España. Sin embargo, la obligación de la justicia española es "remitir la denuncia inmediatamente a las autoridades italianas, a través del conducto del Ministerio de Justicia, con la debida traducción al italiano de la denuncia", tal y como afirma el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Miguel Pasquau, en su blog, que no ha dudado en pronunciarse sobre este caso.

Y ahí es donde radica el problema. Francisca Granados, la asesora legal de Juana, afirma que la denuncia está guardada en un cajón a espera de ser traducida para ser enviada posteriormente a Italia. Un año después. Por lo tanto, ante las autoridades italianas no existe ninguna denuncia de malos tratos por parte de Juana, solo una sustracción de los menores a espaldas de Francesco Arcuri.

Los tres errores de Francesco en su denuncia a Juana
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"Estos son los errores que, según el entorno de Juana, ha cometido Francesco"

Tres son los errores que, según nos relata el entorno de Juana en exclusiva, ha cometido Francesco a la hora de tramitar la denuncia por sustracción de menores a su expareja. Unos errores que bien podrían servir para desestimar dicha demanda. El primero de ellos en un error burocrático que se ha obviado, pues la denuncia ha seguido su curso. En la primera hoja de la demanda Francesco pide la restitución de uno de los niños. No nombra cuál, para ello se adjunta una segunda hoja en la que especifica el nombre de los dos menores, a pesar del formulario solo permite la inscripción de una persona.

El segundo error es, más bien, una mentira según fuentes cercanas a Juana Rivas. En la página cuatro de la denuncia de Francesco se especifica que los menores están en España y que "no se conoce la dirección real donde se han escondido a los menores". Según el entorno de Juana, Francesco conocía perfectamente el domicilio en el que se encontraban los niños, y no solo eso. Según ellos, el padre hablaba por teléfono con los críos de manera habitual e incluso los había visitado con anterioridad en dicho domicilio. Según Juana, cuenta con un vídeo que acredita uno de estos encuentros en dicho domicilio.

El tercer error es, quizá, el más grave. Los documentos emitidos por el ayuntamiento de Carloforte (con información relativa a los menores) mencionan expresamente la siguiente frase: "Il presente certificado non puó essere prodotto agli organi dalla pubblica Aministrazione o ai privati gestori di servizie pueblici", lo que se traduce como "El presente certificado no puede ser entregado a las administraciones públicas o a privados de servicios públicos". Un apunte que, en principio, no tendría mayor importancia si no fuera porque, en primer lugar, los documentos se aportan a administraciones públicas a pesar de su prohibición, y en segundo lugar, porque en la demanda traducida que recibe Juana Rivas esta frase se ha eliminado. Un hecho que ni el propio entorno de la demandada se atreve a valorar.

"Voy a amargarte la vida y tengo dinero de sobra para ello"
Estas son, según un testigo, las palabras textuales que Juana tuvo que escuchar por parte de su expareja. Según su entorno familiar, los hijos no tienen ningún tipo de vínculo emocional con el padre y no quieren volver a Italia con él. Hasta ahora han estado escondidos junto a su madre, a espera de que su caso se solucione cuanto antes mientras media España grita "Juana está en mi casa" en apoyo a la granadina. Una historia que tiene como eje principal un conflicto burocrático que ha destapado una larga historia de tormentosa relación sentimental, y que ha dejado a Juana ante una situación sumamente complicada. Mientras ella huye con sus críos con la intención de protegerlos, Francesco divulga su versión de los hechos. Una versión que nada tiene que ver con la de Juana. Una historia que solo puede tener un final feliz para uno de los dos.

Respondo a este artículo con el comentario que una Abogada especialista en Derecho de Familia, Penal y Menores ha hecho en El Español

"Que verdad que los extremos se tocan, a esta mujer solo la defiende machistas de campeonato que dicen cosas como "es la madre" o "ella los a parido" y el otro extremo cómo son las "feministas" que tienen el buen nombre del feminismo tirado por el suelo y solo se fían de la justicia si esta a su favor. Juana tenía que haber denunciado a su exmarido en Italia. Esto lo ha escrito una Abogada. En tantos años de profesión nunca había sentido lo que ayer, escuchando la entrevista telefónica que una cadena de televisión realizó a Adolfo Alonso, compañero abogado que defiende los intereses del padre de los dos hijos de Juana Rivas. Me dolía -me dolía especialmente, y me sigue doliendo- su dolor profundo al expresar cuantísima tristeza le produce la situación. Y el estupor paralizante que siente cuando algo que pertenece al campo del Derecho se convierte -sin sustento alguno- en un circo mediático. Me dolía su impotencia, sabiendo que no importaba lo que dijera: ni se le iba a entender jurídicamente, ni mucho menos comprender empáticamente. Su cliente está condenado públicamente por el solo hecho de ser hombre. Afloran datos, sí... La Sra. Rivas no ha dudado en exhibir ante las cámaras el Fallo de la Sentencia de 2009 que condenaba al padre de sus hijos a tres meses de prisión por la comisión de un delito de lesiones del art. 153.2 y 3 del Código Penal. Añado: DEL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL. Para quienes no se manejen en estas cuestiones, este artículo contempla como delito leve las acciones -maltrato, sirve un empujón, una bofetada- QUE NO CAUSAN LESIONES. Sólo que si la persona que recibe ese trato (como en este caso sería) es o ha sido esposa o pareja, se agrava la pena y pasa a ser delito encuadrado en el marco de la violencia de género. Lo interesante, si es que alguien quiere investigar, son varias cuestiones a destacar: a) en ese mismo Fallo de Sentencia se observa que JUANA ES ABSUELTA y su pareja ES CONDENADO. Esto es: SE DENUNCIARON MUTUAMENTE POR MALTRATO (lo que ocurre en una riña entre dos). Él afirma que llegó a una conformidad y aceptó porque se le estaba privando de ver a su hijo (entonces uno solo) y era la única forma de volver a verlo. He de decir que, tristemente, esta realidad se vive a diario en los Juzgados de toda España, donde es la palabra de uno contra otro y no hay parte de lesiones alguno que justifique la denuncia. b) La condena del art. 153 del Código Penal implica que, muy lejos de lo afirmado por Juana en los medios de comunicación (acerca de que le dio una paliza por llegar a altas horas de la madrugada y que tuvo que ser asistida hospitalariamente), estas afirmaciones faltan a la verdad. Y lo son por el propio contenido de la condena: el art. 153 del Código Penal español, por el que fue condenado , implica que NO HAY LESIONES. Ni, por supuesto, parte de lesiones. Ni por lo tanto, palizas ni malos tratos. Y una persona que falta a la verdad e algo tan grave, debe ser cuestionada en el resto de afirmaciones que realice. Partiendo de esta triste constatación, me remito al plano escrupulosamente jurídico de la cuestión: Estamos hablando de una señora que, tras el episodio de 2009 -juzgado en España- retoma la convivencia con el padre de sus hijos, naciendo un segundo hijo de la relación. Y que en 2016 -ignoramos si antes también- al finalizar el curso escolar viene a España indicando al padre que regresará -como parece natural- al finalizar las vacaciones. Una vez en España, y como la vez anterior (y, en mi opinión, intentando valerse del sistema judicial español), Juana denuncia en Granada un (supuesto) maltrato psicológico por parte del padre. Pero como existen normas procesales vinculantes para todos los jueces y todos los Juzgados, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Granada estima que ese asunto debe ser instruido (y juzgado en su caso) en Italia. Al mismo tiempo el padre, viendo que Juana y sus hijos no regresan y no habiendo sido consultado ni aceptado esa decisión unilateral de la madre, hace lo que tiene que hacer: acude al Juzgado correspondiente en solicitud del cumplimiento de un Convenio Internacional suscrito tanto por Italia como por España, el CONVENIO DE LA HAYA SOBRE SUSTRACCIÓN DE MENORES. Porque existe sustracción de menores cuando uno de los progenitores se lleva del país de residencia de los menores a éstos sin consentimiento o aceptación del otro progenitor. Por supuesto, existe una excepción a la obligación de devolver a los menores a su país de residencia, y esta excepción consiste en que la restitución al país de residencia suponga un grave riesgo para el menor: RIESGO QUE NO HA SIDO APRECIADO POR DOS TRIBUNALES. Eso es lo que hizo, en un procedimiento judicial en el que JUANA ESTUVO REPRESENTADA Y DEFENDIDA. Y en el que el juez correspondiente determinó que NO EXISTÍA ESA SITUACIÓN DE RIESGO, y que por tanto los menores debían regresar al domicilio familiar. Y no sólo eso: JUANA RECURRIÓ, y un Tribunal Superior confirmó la decisión del Juez. El compañero Alonso lo explicó claramente: no se está decidiendo absolutamente nada acerca de la patria potestad, ni de la guarda y custodia... Se está ventilando un asunto de SECUESTRO INTERNACIONAL DE MENORES. Eso, le pese a quien le pese, es lo que ha hecho la madre. Y me permito decir que si ella, Juana, estuviera bien asesorada, hace tiempo que debería haber iniciado los correspondientes procedimientos en Italia (país competente para decidir)para resolver lo relativo a la guarda y custodia de sus hijos, alimentos, visitas y demás medidas que han de adoptarse en los supuestos en que los padres rompen su convivencia. Pero Juana no sólo decidió unilateralmente que no iba a hacer esto. Dando un giro de tuerca y pese a que (en un proceso en el que ha estado personada y ha sido parte) hay una resolución y una orden firme de restitución de los menores, decide que no los va a entregar. El Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada, a quien ha correspondido este asunto (Cooperación Internacional: el Juzgado de granada se limita a cumplir una resolución firme dictada por otro país que suscribió el Convenio de la Haya), dicta la correspondiente resolución, fijando día y hora de la puesta a disposición y restitución de los menores. Como decimos, la madre se niega a cumplir, situándose en un punto complejo. Debemos pensar que su abogada la habrá aconsejado como corresponde, haciéndole saber las consecuencias PENALES de dicho comportamiento: nos situamos en un plano delicado, ya hablamos de obstrucción a la justicia, desobediencia judicial, secuestro -por vez segunda-..., procesos todos ellos que sí se ventilarán en España, en Granada. Y de hecho, ya la Juez del jugado de Violencia sobre la Mujer ha derivado la petición del padre a los Juzgados de Instrucción. Le pese a quien le pese, se trata de un asunto que se está ventilando en los Juzgados de Italia. Y éstos han decidido (en un proceso en el que la madre ha sido parte) que los niños han de volver. Y volvemos a la entrevista del compañero Adolfo Alonso, y a su sensación de impotencia al hablar con los medios de comunicación: DA LO MISMO LO QUE DIGA EL PADRE, porque siempre ¡siempre! Va a tener más peso lo que diga la madre. Aun cuando él venga respaldado por resoluciones judiciales. Aun cuando ella haya cometido toda una suerte de actos y adoptado decisiones por la vía de hecho ILEGALES. No importa que una madre haya secuestrado a dos menores alejándolos de un padre, ni que desobedezca y obstruya a la justicia. Siempre pesará el calificativo de MALTRATADOR, hayan pasado los años que pasen. Sin importar si los antecedentes están cancelados. Sin importar si se aquietó a la denuncia y retiró la suya en beneficio de la relación familiar. Nadie, absolutamente nadie, apostará por él. María José Bultó Abogada especialista en Derecho de Familia, Penal y Menores"
 
Respondo a este artículo con el comentario que una Abogada especialista en Derecho de Familia, Penal y Menores ha hecho en El Español

"Que verdad que los extremos se tocan, a esta mujer solo la defiende machistas de campeonato que dicen cosas como "es la madre" o "ella los a parido" y el otro extremo cómo son las "feministas" que tienen el buen nombre del feminismo tirado por el suelo y solo se fían de la justicia si esta a su favor. Juana tenía que haber denunciado a su exmarido en Italia. Esto lo ha escrito una Abogada. En tantos años de profesión nunca había sentido lo que ayer, escuchando la entrevista telefónica que una cadena de televisión realizó a Adolfo Alonso, compañero abogado que defiende los intereses del padre de los dos hijos de Juana Rivas. Me dolía -me dolía especialmente, y me sigue doliendo- su dolor profundo al expresar cuantísima tristeza le produce la situación. Y el estupor paralizante que siente cuando algo que pertenece al campo del Derecho se convierte -sin sustento alguno- en un circo mediático. Me dolía su impotencia, sabiendo que no importaba lo que dijera: ni se le iba a entender jurídicamente, ni mucho menos comprender empáticamente. Su cliente está condenado públicamente por el solo hecho de ser hombre. Afloran datos, sí... La Sra. Rivas no ha dudado en exhibir ante las cámaras el Fallo de la Sentencia de 2009 que condenaba al padre de sus hijos a tres meses de prisión por la comisión de un delito de lesiones del art. 153.2 y 3 del Código Penal. Añado: DEL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL. Para quienes no se manejen en estas cuestiones, este artículo contempla como delito leve las acciones -maltrato, sirve un empujón, una bofetada- QUE NO CAUSAN LESIONES. Sólo que si la persona que recibe ese trato (como en este caso sería) es o ha sido esposa o pareja, se agrava la pena y pasa a ser delito encuadrado en el marco de la violencia de género. Lo interesante, si es que alguien quiere investigar, son varias cuestiones a destacar: a) en ese mismo Fallo de Sentencia se observa que JUANA ES ABSUELTA y su pareja ES CONDENADO. Esto es: SE DENUNCIARON MUTUAMENTE POR MALTRATO (lo que ocurre en una riña entre dos). Él afirma que llegó a una conformidad y aceptó porque se le estaba privando de ver a su hijo (entonces uno solo) y era la única forma de volver a verlo. He de decir que, tristemente, esta realidad se vive a diario en los Juzgados de toda España, donde es la palabra de uno contra otro y no hay parte de lesiones alguno que justifique la denuncia. b) La condena del art. 153 del Código Penal implica que, muy lejos de lo afirmado por Juana en los medios de comunicación (acerca de que le dio una paliza por llegar a altas horas de la madrugada y que tuvo que ser asistida hospitalariamente), estas afirmaciones faltan a la verdad. Y lo son por el propio contenido de la condena: el art. 153 del Código Penal español, por el que fue condenado , implica que NO HAY LESIONES. Ni, por supuesto, parte de lesiones. Ni por lo tanto, palizas ni malos tratos. Y una persona que falta a la verdad e algo tan grave, debe ser cuestionada en el resto de afirmaciones que realice. Partiendo de esta triste constatación, me remito al plano escrupulosamente jurídico de la cuestión: Estamos hablando de una señora que, tras el episodio de 2009 -juzgado en España- retoma la convivencia con el padre de sus hijos, naciendo un segundo hijo de la relación. Y que en 2016 -ignoramos si antes también- al finalizar el curso escolar viene a España indicando al padre que regresará -como parece natural- al finalizar las vacaciones. Una vez en España, y como la vez anterior (y, en mi opinión, intentando valerse del sistema judicial español), Juana denuncia en Granada un (supuesto) maltrato psicológico por parte del padre. Pero como existen normas procesales vinculantes para todos los jueces y todos los Juzgados, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Granada estima que ese asunto debe ser instruido (y juzgado en su caso) en Italia. Al mismo tiempo el padre, viendo que Juana y sus hijos no regresan y no habiendo sido consultado ni aceptado esa decisión unilateral de la madre, hace lo que tiene que hacer: acude al Juzgado correspondiente en solicitud del cumplimiento de un Convenio Internacional suscrito tanto por Italia como por España, el CONVENIO DE LA HAYA SOBRE SUSTRACCIÓN DE MENORES. Porque existe sustracción de menores cuando uno de los progenitores se lleva del país de residencia de los menores a éstos sin consentimiento o aceptación del otro progenitor. Por supuesto, existe una excepción a la obligación de devolver a los menores a su país de residencia, y esta excepción consiste en que la restitución al país de residencia suponga un grave riesgo para el menor: RIESGO QUE NO HA SIDO APRECIADO POR DOS TRIBUNALES. Eso es lo que hizo, en un procedimiento judicial en el que JUANA ESTUVO REPRESENTADA Y DEFENDIDA. Y en el que el juez correspondiente determinó que NO EXISTÍA ESA SITUACIÓN DE RIESGO, y que por tanto los menores debían regresar al domicilio familiar. Y no sólo eso: JUANA RECURRIÓ, y un Tribunal Superior confirmó la decisión del Juez. El compañero Alonso lo explicó claramente: no se está decidiendo absolutamente nada acerca de la patria potestad, ni de la guarda y custodia... Se está ventilando un asunto de SECUESTRO INTERNACIONAL DE MENORES. Eso, le pese a quien le pese, es lo que ha hecho la madre. Y me permito decir que si ella, Juana, estuviera bien asesorada, hace tiempo que debería haber iniciado los correspondientes procedimientos en Italia (país competente para decidir)para resolver lo relativo a la guarda y custodia de sus hijos, alimentos, visitas y demás medidas que han de adoptarse en los supuestos en que los padres rompen su convivencia. Pero Juana no sólo decidió unilateralmente que no iba a hacer esto. Dando un giro de tuerca y pese a que (en un proceso en el que ha estado personada y ha sido parte) hay una resolución y una orden firme de restitución de los menores, decide que no los va a entregar. El Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada, a quien ha correspondido este asunto (Cooperación Internacional: el Juzgado de granada se limita a cumplir una resolución firme dictada por otro país que suscribió el Convenio de la Haya), dicta la correspondiente resolución, fijando día y hora de la puesta a disposición y restitución de los menores. Como decimos, la madre se niega a cumplir, situándose en un punto complejo. Debemos pensar que su abogada la habrá aconsejado como corresponde, haciéndole saber las consecuencias PENALES de dicho comportamiento: nos situamos en un plano delicado, ya hablamos de obstrucción a la justicia, desobediencia judicial, secuestro -por vez segunda-..., procesos todos ellos que sí se ventilarán en España, en Granada. Y de hecho, ya la Juez del jugado de Violencia sobre la Mujer ha derivado la petición del padre a los Juzgados de Instrucción. Le pese a quien le pese, se trata de un asunto que se está ventilando en los Juzgados de Italia. Y éstos han decidido (en un proceso en el que la madre ha sido parte) que los niños han de volver. Y volvemos a la entrevista del compañero Adolfo Alonso, y a su sensación de impotencia al hablar con los medios de comunicación: DA LO MISMO LO QUE DIGA EL PADRE, porque siempre ¡siempre! Va a tener más peso lo que diga la madre. Aun cuando él venga respaldado por resoluciones judiciales. Aun cuando ella haya cometido toda una suerte de actos y adoptado decisiones por la vía de hecho ILEGALES. No importa que una madre haya secuestrado a dos menores alejándolos de un padre, ni que desobedezca y obstruya a la justicia. Siempre pesará el calificativo de MALTRATADOR, hayan pasado los años que pasen. Sin importar si los antecedentes están cancelados. Sin importar si se aquietó a la denuncia y retiró la suya en beneficio de la relación familiar. Nadie, absolutamente nadie, apostará por él. María José Bultó Abogada especialista en Derecho de Familia, Penal y Menores"
Fue un comentario en su fb. Lo puse en la primera página del hilo ;)
 
Estaba leyendo lo de atrás y la carta es de traca. Resulta que la primera vez si denuncia allí y como le tío se declara culpable le condenan, ahí la justicia italiana sí le sirve. Cuando no le dan la razón se viene a España a abrazar una ley coladero para salirse con la suya. Y aquí tampoco le dan la razón y se lleva a los niños.
Que en carloforte está controlada y sin dinero y no puede huir a otra ciudad para interponer una denuncia, aham, pero para venirse a España de vacaciones sí hay cash.
En Italia poner una denuncia por malos tratos y que el tipo pase un par de días en calabozo es algo relativamente fácil, lo sé por un caso cercano que me recuerda a este, solo que en ese caso la madre de la falsa víctima testificó a favor del hombre contando que ella se había autolesionado para conseguir un parte médico. Pero a él el tiempo de encierro no se lo quita nadie, ni la lacra de que ha sido señalado como maltratador, y tan malo era que dio autorización a la mujer para llevarse al niño fuera de Italia a vivir con la condición de que el verano lo pasase en Italia con él. Con lo cual la justicia ocupada unos días en un caso falso mientras ocurren muchos otros que si necesitan atención urgente y están en la cola de un juzgado.
Pone al ex marido como un capo de la mafia, que tiene dinero y contactos para hundirla judicialmente. Es la nueva versión de El Padrino. Un tío que vive en lo rural que tiene un hotel de lo más modesto, no le veo yo tanto poderío sinceramente. Puede que el tipo sea una joya, pero ella no se queda atrás y con su comportamiento aparte de la credibilidad está perdiendo la razón que pueda tener. Es que pretender que se juzgue en España un caso de maltrato ocurrido en otro país residiendo supuesto agresor y víctima en ese otro país es de coña.
 
Juana Rivas, ¿madre coraje o un error dañino?
Una psicóloga, experta en mujeres maltratadas, desafía en este artículo la ola de apoyo a Juana Rivas y plantea interrogantes y soluciones distintos a la fuga con sus hijos.

El nombre de Juana Rivas está de plena actualidad. Los comportamientos impulsivos denotan desequilibrio e inestabilidad. Eludir la ley anula de un plumazo cualquier argumento. Esta conducta de esconderse como delincuente que huye causa desequilibrio psíquico e inestabilidad en los menores.

La historia se remonta a doce años atrás cuando en Londres se enamora de Francesco Arturi y tienen su primer hijo. El domicilio familiar se sitúa en Italia. En 2009 Juana presenta una denuncia por malos tratos y su pareja es condenada a tres meses de prisión.

Según el abogado del padre, Adolfo Alonso, lo de reconocer maltrato fue una especie de cláusula entre la pareja o, mejor dicho, imposición de la mujer a cambio de permitirle ver al hijo, aunque la sentencia es la sentencia.

Años después se vuelven a unir y tienen un segundo hijo que en la actualidad tiene tres años. La inadaptación de Juana a un lugar, Cerdeña, era manifiesta. Se sentía esclava y alejada de todo contacto en un hotel rural de la familia a ocho kilómetros del pueblo más cercano. Hablan de síndrome de Estocolmo en este regreso y no lo creo. Se manifiesta cercano en el tiempo y no después de años. Pero la dependencia afectiva impide la separación.

Algo no encaja

A finales del curso de escolarización de 2016 Juana trajo los niños de vacaciones a España y no volvió a llevarlos al hogar familiar ni se los entregó a su padre. Según el convenio internacional se trata de un traslado ilícito de menores. Tenía que entregárselos a Francesco estos días y no sólo no lo ha hecho sino que está en paradero desconocido. Yo me pregunto por qué no hubo más denuncias desde 2009 y ahora se usa ese argumento para que no convivan con el padre.

Si cuatro jueces se han puesto de acuerdo en conceder la custodia provisional, ¿están todos ellos equivocados? Francisca Granados, directora Centro Mujer de Maracena en Granada, se ha convertido en la abanderada de esta causa. Pero yo observo una masa de gente con ese poder hipnótico del gregarismo que, en una especie de fanatismo, creen a pies juntillas una versión de malos tratos.

Sin haber visto nunca ningún signo de maltrato creen a la mujer. Yo, sin tener nada que ver el caso, he visto a hombres maltratados y manipulaciones con los hijos. Prevengo y lucho contra la violencia de género y recupero mujeres con síndrome de Estocolmo, con verdadero síndrome de Estocolmo.

Pero aquí hay muchas cosas que se me escapan y no concuerdan. Llora Juana y lloran las mujeres a su lado que más bien parecen plañideras y ni saben por qué lloran. Y ahora el eslogan defendiendo el incumplimiento de normas judiciales, con esa frase de "Juana está en mi casa".

¿Y dónde está el razonamiento? Lo sucedido es un secuestro de los niños. Francesco adoptará medidas legales. Mi querida madre Juana, yo sé que quieres a tus hijos, pero no eres consciente del daño que estás haciendo con tu huida, puedes acabar en la cárcel. De este modo te quedarás sin niños y sin razón.

Ni plataformas ni gritos: ley

Nada ayudarán las plataformas ni los gritos sino la vía legal. Pedir la custodia legal que es muy diferente a raptar. Dicen los menores que jamás recibieron maltrato pero lo presenciaron. Sería necesario un examen psicológico . Se cree y dice que estarían mal con su padre. Huyendo y escondiéndose tampoco están bien.

La solución no es escapar de los problemas, sino enfrentarse a ellos. Y algo que hay que enfatizar es el hecho de que los hijos no son objetos ni monedas de cambio en los conflictos entre un padre y una madre. Actuar de forma fanática y con premura -y aquí me refiero también a instituciones- no es prevenir violencia de género ni es protección al menor.

Sin olvidar un examen psicológico de la persona sufre maltrato porque siempre se ve afectado su comportamiento y equilibrio. Espero aparezcan los niños y la vía legal se reestablezca.
http://www.esdiario.com/elsemanaldigital/283789246/Juan-Rivas-madre-coraje-o-un-error-danino.html
 
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Banderas subrogadas


Me pregunto qué tiene que ver el concepto de desobediencia civil con el caso concreto de Juana Rivas, que está haciendo correr ríos de desobediencia civil subrogada por vía digital y analógica

Si yo emprendo una pelea por la libertad de expresión y la anulación de la ley mordaza mediré con exactitud legal milimétrica hasta dónde quiero llevar mis manifestaciones

Elisa Beni
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12/08/2017 - 19:29h
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Concentración de apoyo a Juana Rivas en su municipio. EFE

Hoy día tengo más claro que hay quien cree en la revolución por subrogación, quien considera que los casos individuales y las consecuencias que estos tengan para las personas implicadas –incluidos los menores– decaen ante la fuerza de la reivindicación, de la lucha y de la bandera de una causa justa. Una bandera que enarbolan otros por subrogación.

Siempre he defendido la licitud moral de la desobediencia civil para conseguir cambios en el sistema y arañar derechos y libertades. Sucede que tengo claro qué es la desobediencia civil y qué no. He visto mucho lío con eso así que, sin afán de convertir a nadie y solo con el ánimo de poner sobre la mesa todos los argumentos, voy a repasar el concepto.

La desobediencia civil consiste en que un individuo o individuos, con el objeto claro de cambiar una situación de injusto, definida en una norma o normas concretas, deciden desafiarlas con su actuación a sabiendas de que sufrirán las consecuencias legales establecidas por el sistema. Hacen pues un acto de voluntariedad de acción y de asunción de responsabilidad. Una de las campañas de desobediencia civil más justa y más exitosa que se ha realizado en España fue la de la insumisión al servicio militar obligatorio.

Llevo tantos años pisando salas de vistas que también asistí a muchos juicios de insumisos que eran condenados a unas penas de prisión que cumplían. Los he visitado en la cárcel. He hablado con sus compañeros de lucha que se encadenaban a la puerta de los juzgados estando ellos también incursos en procedimientos penales. Sabían lo que hacían. Querían acabar con el sistema de conscripción. A pesar de que muchos jueces pedían en sus sentencias el indulto, todos pensaban que la cárcel era una parte del camino. De hecho fue así.

Cuando el gobierno socialista tuvo un número insostenible de jóvenes en prisión por una cuestión de conciencia tuvo que legislar una Ley de Objeción de Conciencia al Servicio Militar de la que se aprovecharon centenares de miles de españoles. Tantos que, paradójicamente, fue el Partido Popular el que tuvo que acabar con el sistema de levas ante la ineficiencia del mismo. Ya casi solo quedaban objetores.

Rosa Parks, muy citada en estos días en España, era una activista contra la discriminación legal racista que existía en Estados Unidos a pesar de haberse proclamado ya la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Era ya secretaria de la National Association for the Advancement of Colored People cuando aquel uno de diciembre se negó a levantarse de su asiento para cedérselo a un blanco como mandaban las leyes. Cuando el conductor le informó de que iba a hacer que la arrestaran si no se levantaba, contestó: "Puede hacerlo". Un acto de volición y de asunción de responsabilidad palmario, a la par que inscrito en un movimiento que seguía también la lucha en los tribunales ya que, un año más tarde, la Corte Suprema de Estados Unidos se pronunció y declaró inconstitucional la segregación en el transporte.

Ahora me pregunto qué tiene que ver todo esto con el caso concreto de Juana Rivas que está haciendo correr ríos de desobediencia civil subrogada por vía digital y analógica. ¿Quiere Juana asumir el riesgo de ser encarcelada y perder la custodia de sus hijos para visibilizar una lucha concreta o lo que quiere es conservar a sus hijos con ella y no entregarlos a un padre con el que considera estarán en peligro? ¿Hay una norma concreta que se exige cambiar por el legislador? Yo no he oído ni a Juana ni a sus portavoces mediáticos referirse a ella. ¿Quieren que España abandone el Convenio de la Haya de 1980? Esa es la norma que le ha sido aplicada. Espero que no, puesto que aún sin ser perfecto, ese convenio es la única posibilidad para muchas otras madres españolas cuyos hijos han sido y serán sustraídos a la jurisdicción española y llevados a los países de origen de sus otros progenitores. Si España lo incumple, muchos serán dañados.

Me gustan las peleas, las gestas, las luchas. Muchas veces me empeño en ellas. Siempre calibro las consecuencias y estudio muy bien hasta dónde quiero llegar y hasta dónde no estoy dispuesta a hacerlo. Lo de "dentro de cada mujer hay una heroína" es un lema que han puesto en mi gimnasio para animarnos a hacer crossfit. No es cierto. No todos somos héroes. Quiero decir con eso que si yo emprendo una pelea por la libertad de expresión y la anulación de la ley mordaza, que en ello andamos, mediré con exactitud legal milimétrica hasta dónde quiero llevar mis manifestaciones sobre, por ejemplo, el derecho a hacer bromas con el magnicidio de la mano derecha del dictador. Sí, cojo la bandera, la enarbolo en mi mano y la tremolo con la intensidad y el riesgo que yo decido. No pretendo que nadie ajeno se inmole con mis banderas alrededor del talle mientras yo sigo aquí, al otro lado de las teclas.

Esto es especialmente desconcertante cuando el apostolado de la desobediencia civil de Juana, el de su inmolación y aún más grave de la de sus hijos, procede de personas que se dedican a la política y tienen sus reales sentados en órganos legislativos. En ese supuesto lo que cabe es inmolarse uno mismo en la acción política e intentar cambiar esas leyes concretas por el único medio posible. Conviene por eso saber qué legislación concreta es la que se está denunciando como injusta.

Por último, por un mínimo de rigor intelectual, invito a muchos a reflexionar sobre el hecho de que la fórmula retórica del símil o comparación sólo puede ser utilizada para argumentar cuando los casos comparados son realmente iguales y obtienen soluciones diferentes. Esto es especialmente visible en el campo jurídico. El sistema de Justicia de las democracias occidentales no es perfecto, lo denuncio a cada paso, pero menos perfectas son todas aquellas formas de justicia popular y visceral que la humanidad ya exploro en épocas felizmente superadas.

Yo no quiero persuadir a nadie de nada. Mi profesión no tiene como objetivo hacer proselitismo, sino darles materia sobre la que fundar sus propias opiniones.

Ahora seguro que alguien quiere quitarme el título de feminista, de izquierdista y hasta de mujer. Háganlo tranquilos y tranquilas. El ser supera al estar porque no depende de la mirada de los otros.

Rosa es una rosa es una rosa es una rosa

http://www.eldiario.es/zonacritica/Banderas-subrogadas_6_675142492.html
 
DERECHOS HUMANOS
Violencia de Estado contra Ángela y su hija asesinada
El repaso completo al asesinato de una niña tras 51 denuncias de su madre por violencia machista muestra cómo las instituciones se desentienden de estos crímenes
CRISTINA FALLARÁS
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Ángela González Carreño denuncio 51 veces a su exmarido antes de que éste asesinara a la hija de ambos.

C.F.
MADRID | 10 DE JUNIO DE 2017

Conocí a Ángela González Carreño el martes 2 de febrero de 2016. Hacía entonces casi trece años que su exmarido había asesinado a la hija de ambos de un tiro de revólver.

Nos encontramos en la sede que la organización pro derechos humanos Women’s Link tiene en el centro de Madrid, y le conté que desde que, en 2003, un par de días después del crimen, leí la noticia en los diarios, no había dejado de pensar en ello. Ángela pasó tres años llamando a todas las puertas semanalmente –3 años, cada semana–, alertando de lo que sucedería si le obligaban a dejar a su hija a solas con el padre. Finalmente, una jueza le obligó a acatar un régimen de visitas que incluía el encuentro de padre e hija sin vigilancia. Tal como había avisado Ángela con desespero, él la mató. La niña tenía 7 años y había repetido una y otra vez que no quería ir con su padre.

Cuando la conocí, hace algo más de un año, Ángela y las abogadas de Women’s Link esperaban sendas sentencias de la Audiencia Nacional. La ONU había condenado al Estado español a reparar e indemnizar a Ángela a causa del desamparo sufrido por ella y su hija y por la negligencia de la Justicia española, que desoyó en 51 ocasiones la denuncia y la alerta de la madre. Antes lo habían intentado en los juzgados ordinarios, en la Audiencia Provincial de Madrid, en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Supremo e incluso apelando al ministro de Justicia, en aquella ocasión Juan Fernando López Aguilar (PSOE). Intentaron, una y otra vez, infructuosamente, que el Estado español reconociera su responsabilidad en el asesinato de su hija Andrea.

La historia de Ángela desde aquel 24 de abril de 2003 hasta hoy mismo es la demostración palmaria de que el Estado español, sea cual haya sido su Gobierno, el poder judicial o el ministro de turno, no ha asumido el significado de la violencia machista. No es que no exista una financiación de la prevención de la tortura y la muerte, es que cuando el asesinato se produce, y aun demostrada la responsabilidad de las instituciones, el Estado la rechaza.

TAL COMO HABÍA AVISADO ÁNGELA CON DESESPERO, ÉL LA MATÓ. LA NIÑA TENÍA 7 AÑOS Y HABÍA REPETIDO UNA Y OTRA VEZ QUE NO QUERÍA IR CON SU PADRE

La historia de Ángela es seguramente la descripción más clara en España de la violencia que las instituciones ejercen contra las víctimas de la violencia machista. Una segunda violencia, institucional.

Esta:

Una historia de tortura y asesinato

El 3 de septiembre de 1999, un hombre llamado Felipe Rascón agarró del pelo a su mujer, la derribó contra el suelo de la cocina y le arrimó al vientre un cuchillo jamonero. Se habían casado tres años antes, y tres años tenía en el momento de esa agresión su hija Andrea. No era el primer ataque, tampoco la primera amenaza de muerte: Rascón vigilaba a su esposa, la seguía, la insultaba habitualmente y la maltrataba aludiendo a imaginarios amantes. No era la primera vez, pero la mirada de la cría, su presencia en aquella cocina, fue lo que determinó la huida. Ángela González Carreño agarró a su hija Andrea y salió de la casa familiar de Arroyomolinos para no volver más.

Tres años y siete meses después, el 24 de abril de 2003, en aquel mismo adosado del suroeste dormitorio de Madrid, Rascón agarró un revólver sustraído a su dueño en 1985 y mató a su hija Andrea, mató a su perra y se suicidó. Solo unas horas antes, a la salida de una audiencia judicial, se había acercado a la madre para decirle “te quitaré lo que más quieres”.

Entre el momento en que el hombre, armado con un cuchillo, tiró a su mujer al suelo de la cocina y el momento en que ese mismo hombre, armado con un revólver, mató a la hija de ambos, Ángela, la madre, cursó 51 denuncias agobiadas en juzgados y comisarías. Cuando una lee la documentación legal del caso –varios volúmenes de archivadores–, tiene la sensación de que media una voluntad minuciosa, notarial, un obstinado rastro de migas de pan que alguien se empeñó en ir dejando. Ángela sembró de migas el camino de su tortura. Migas desde la huida a cuchillo hasta el momento en el que su exmarido apuntó a la hija de 7 años y le descerrajó un tiro, migas para que alguien pudiera, llegado el caso, entender lo incomprensible. 51 denuncias.

Pero siempre hay un pájaro que se come las migas, incluso una bandada.

En el caso de Ángela, los pájaros aparecieron definitivamente el 6 de mayo de 2002. Llevaba dos años y medio denunciando al menos una vez al mes el acoso de Rascón, su exmarido –insultos, amenazas de muerte, persecuciones, ataques a la niña, golpes– cuando la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Navalcarnero decidió que no existían razones para que el padre no estuviera a solas con su hija.

Tres días después, Ángela recurrió la decisión de la jueza aludiendo al “interés superior del menor”, pero el 17 de junio el juzgado repitió su sentencia. De nada sirvió el informe del Centro de Servicios Sociales vigilante del régimen de visitas, donde se alertaba de que la niña no quería pasar más horas con su padre y recomendaba no dejarla a solas con él, sin vigilancia. De nada sirvió el escrito del fiscal en el mismo sentido.

El 8 de enero de 2003, tres meses antes de que mataran a su hija, Ángela presentó ante el juzgado un escrito en el que rogaba que escucharan a la niña, que la cría no quería estar con su padre, que la violentaba con insultos a la madre. Ese mismo 8 de enero, los Servicios Sociales encargados del caso presentaron un informe en el que aconsejaban no permitir que padre e hija se encontraran sin vigilancia, ya que él usaba a la cría para agredir a la madre a base de preguntas sobre su intimidad y amenazas que “confundían” a Andrea. No fue el único informe.

TRES MESES ANTES DE QUE MATARAN A SU HIJA, ÁNGELA PRESENTÓ ANTE EL JUZGADO UN ESCRITO EN EL QUE ROGABA QUE ESCUCHARAN A LA NIÑA, QUE NO QUERÍA ESTAR CON SU PADRE

Una semana antes del asesinato, la trabajadora social que supervisaba las visitas entre Felipe Rascón y su hija emitió un escrito en el que detallaba “varias incidencias” alarmantes sucedidas entre los días 9 de enero y 3 de abril de 2003. En todas ellas alude al uso de la hija para agredir a Ángela, e insiste en que la niña no quiere estar con su padre, que se siente “incómoda y confusa”.

El jueves 24 de abril de 2003, por la mañana, Ángela González Carreño y su exmarido, Felipe Rascón Calderón, se encontraron en una vista oral relativa al derecho de uso de la vivienda. A la salida, el hombre se acercó a ella y le advirtió de que le iba a quitar lo que ella más quería. Pocas horas después, obedeciendo las órdenes del juzgado, Ángela llevó a su hija Andrea al Centro de Servicios Sociales, donde la recogió su padre.

A las 20.00, como cada jueves, volvió a recogerla. Ante la tardanza de padre e hija, acudió a la Guardia Civil de Mejorada del Campo. Fueron ellos quienes entraron en el adosado de Arroyomolinos, por la puerta de atrás. En el salón, donde la televisión permanecía encendida, encontraron tres cadáveres: el de una perra, el de Andrea, 7 años, y el de Felipe Rascón, su padre, aún con el revólver en la mano.

Violencia tras el asesinato

Cuatro días después del crimen, el 28 de abril de 2003, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, envió sendos escritos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al ministro de Justicia. Al CGPJ le solicitaba una investigación para esclarecer las responsabilidades que suponía la presumible negligencia judicial, y un expediente disciplinario para la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Navalcarnero. Al ministro de Justicia le solicitaba una audiencia para exponer las deficiencias del funcionamiento de los servicios psicosociales de la Administración en casos como el de Ángela. Asimismo, solicitaba una investigación sobre lo sucedido.

El ministro de Justicia entonces era José María Michavila (PP), y el del CGPJ, Francisco José Hernando Santiago.

Tras poco más de dos meses, el 9 de julio, el Magistrado Jefe de la Sección de Régimen Disciplinario del CGPJ respondió que, tras revisar la actuación del Juzgado de Navalcarnero, no apreciaba ninguna actuación que tuviera relevancia disciplinaria y, por lo tanto, archivaba el caso.

Resulta imprescindible repasar la historia de Ángela fecha a fecha, solo las muy señaladas. Se necesitaría un centenar de páginas para hacer constar todas y cada una de sus denuncias, todos y cada uno de los rechazos institucionales recibidos, todos y cada unos de sus desgarros.

TRAS REVISAR LA ACTUACIÓN DEL JUZGADO DE NAVALCARNERO, EL CGPJ NO APRECIABA NINGUNA ACTUACIÓN QUE TUVIERA RELEVANCIA DISCIPLINARIA Y, POR LO TANTO, ARCHIVABA EL CASO

El 2 de enero de 2004, el Juzgado de Instrucción número 3 de Navalcarnero declaró “extinguida la responsabilidad penal” en el asesinato de Andrea Rascón. Inmediatamente, Ángela recurrió dicha decisión, que fue desestimada. También lo fue la presentada ante la Audiencia Provincial de Madrid, en una resolución contra la que no cabía ya recurso.

En 23 de abril de 2004, a falta de un día para que se cumpliera un año del asesinato, Ángela González Carreño arrancó su particular pelea con la Administración pública española, una lucha sin cuartel ni victorias que llega hasta hoy. En esa fecha, de la mano de la abogada Ana María Ruiz Tagle, inició un procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Ministerio de Justicia español. Defendía y defiende que la Administración de Justicia y los Servicios Sociales españoles fallaron en su deber de proteger la vida de su hija Andrea. Defendía y defiende que el Estado “primó el derecho de Rascón a tener una relación con su hija, en lugar de velar por el interés superior de la menor”.

Año y medio más tarde, el 3 de noviembre de 2005, el Ministerio de Justicia resolvió desestimar su reclamación, alegando que la vía judicial elegida era errónea. Aseguraba que Ángela debía haber solicitado una indemnización por error judicial, pero que para ello estaba fuera de plazo. Ángela recurrió y el 22 de enero de 2007 el mismo ministerio volvió a desestimar su queja.

Al rechazo del Ministerio de Justicia, siguieron el de la Audiencia Nacional (10 de diciembre de 2008), el Tribunal Supremo (15 de octubre de 2010), que además le obligó a pagar las costas, y el Constitucional, que el 27 de abril de 2011 inadmitió la demanda. A todos ellos Ángela les pedía solo una cosa: que admitieran la responsabilidad de la Justicia española en el asesinato de su hija. Ninguno de ellos aceptó sus razones, por lo que ya no le quedaron instancias nacionales a las que acudir.

La ONU condena a España

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (o CEDAW en sus siglas en inglés) es un tratado internacional de la ONU firmado en 1979. Está firmado y ratificado por España.

En septiembre de 2012, agotadas todas las vías en su país, Ángela González Carreño y la organización internacional Women’s Link presentaron el caso ante la CEDAW, que en julio de 2014 emitió un dictamen que afirmaba que “el Estado [español] ha infringido los derechos de la autora [González Carreño] y su hija fallecida”. Asimismo, conminaba al Estado a “otorgar a la autora una reparación adecuada y una indemnización integral y proporcional a la conculcación de sus derechos”. Por otra parte, indicaba que se debía “llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial” sobre lo sucedido.

Nada de eso se hizo.

Las últimas resoluciones sobre el caso datan del año pasado, trece años después del asesinato de la niña Andrea Rascón González, y son sendas sentencias de la Audiencia Nacional. En ambas (25 de abril y 2 de noviembre de 2016), se insiste en que los procedimientos legales y las decisiones tomadas por la Justicia española entre septiembre de 1999 –fecha en la que Ángela y su hija huyen– y abril de 2003 –fecha del asesinato– fueron correctos. Por lo tanto, el hecho de desatender las 51 denuncias de la madre y los informes de los Servicios Sociales, así como no tener en cuenta el interés superior de la menor también entraba dentro de la normalidad.

En la última sentencia, que data de hace apenas 7 meses, se pueden leer afirmaciones como las que siguen:

“La recurrente presentó un escrito de alegaciones el 7 de enero de 2003 en el que se opuso a pasar a ese nuevo régimen [el de las visitas paternas sin vigilancia] y denunciaba la falta de apego de la pensión de alimentos, pero no se desprendían de su escrito que se opusiese al régimen de visitas existente o advirtiese riesgo para la vida de la menor”. En la fecha a la que hace referencia la Audiencia Nacional, ese enero de 2003, Ángela González Carreño y sus abogados ya habían presentado al menos 45 denuncias por acoso y maltrato a la madre y a la hija, alertando del peligro que supondría dejar a la niña a solas con el padre.

“Este Tribunal, aun lamentando profundamente el fatal desenlace, no aprecia que en el supuesto que nos ocupa existiese un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia”.

“ESTE TRIBUNAL, AUN LAMENTANDO PROFUNDAMENTE EL FATAL DESENLACE, NO APRECIA QUE EN EL SUPUESTO QUE NOS OCUPA EXISTIESE UN FUNCIONAMIENTO ANORMAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”

“…Tras un constante seguimiento del régimen de visitas e informes psicológicos de los padres y de la menor, con intervención del Ministerio Fiscal a lo largo de las actuaciones y con constantes escritos de alegaciones de los progenitores, y permanentes informes de seguimiento emitidos por los servicios sociales, resolvieron lo que estimaron conveniente respecto de la forma en que debía canalizarse la comunicación de un padre separado con su hija, sin que existiesen datos que indicasen que el régimen de visitas que existía [las visitas sin vigilancia] implicase peligros para la vida o salud física o psíquica de la menor, por lo que el posterior asesinato de ésta a manos de su progenitor no aparece conectado con funcionamiento anormal alguno del juzgado o de sus agentes colaboradores, de modo que no se aprecia la existencia de los elementos necesarios para declarar la existencia de una responsabilidad patrimonial del Estado.”

Si el Estado acatara

Muy otro es el punto de vista de Teresa Fernández Paredes, abogada de Women’s Link al frente del caso. “Ángela confió en el sistema de justicia y en las administraciones del Estado, que respondieron con decisiones basadas en estereotipos y prejuicios de género que terminaron en el asesinato de su hija Andrea”, afirma.

Fernández Paredes critica duramente el caso omiso que España hace a las recomendaciones de la CEDAW sobre violencia machista. “Si el Estado acatara las recomendaciones del Comité CEDAW, las mujeres supervivientes de violencia de género no tendrían que enfrentarse a procesos judiciales por proteger la vida de sus hijas y por rebelarse contra un sistema de justicia que les exige cumplir unas visitas sin supervisión con los padres maltratadores”. Y añade: “El Estado tiene responsabilidad en la protección a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas y, cuando ese sistema de protección falla, las consecuencias que tiene para esas mujeres y sus hijos e hijas son irreparables”.

“Si el Estado español firma y ratifica tratados internacionales que lo comprometen a proteger y a garantizar derechos, luego no puede pretender que estos tratados no van a tener ningún efecto en las instituciones españolas. O simplemente, ¿se firman para quedar bien ante la comunidad internacional?”, concluye la abogada.

Ángela

Ángela González Carreño responde al teléfono el jueves 1 de junio. El fin de semana anterior, tres hombres asesinaron a “sus” mujeres.

–Este fin de semana han matado a tres mujeres y no ha sido capaz nadie del Gobierno de comparecer. Pero de este y de ninguno. No veo que el resto de partidos políticos haga presión alguna. Estoy indignadísima. No entiendo cómo puede haber 2.500 efectivos en un partido de fútbol para prevenir incidentes y que no haya para las mujeres que han denunciado que las van a matar.

–¿Y qué se puede hacer?

–No lo sé. Lo único que yo podía hacer era recurrir a la justicia y creer en ella, pensando que iba a estar de mi lado reconociendo lo evidente: lo que me estaba pasando. ¡Puse 51 denuncias! Y no hubo ni reconocimiento antes ni después. Y es que no interesa… Los asesinatos por violencia machista no interesan al Gobierno. Es más, cuando matan a una mujer o a una criatura no le dan importancia ninguna.

– ¿El Gobierno no responde?

–El Gobierno sí responde, pero con negativas. Negando lo evidente: que son responsables.

–Usted ha vivido el mayor desamparo por parte de la Administración.

–Hay un desamparo evidente y total por parte del Estado, de las instituciones, los jueces en relación no sólo en lo que rodea a las mujeres sino también a las criaturas. Mira lo que está pasando con los niños. Sigue prevaleciendo el interés de un padre maltratador a la protección de un niño, porque es invisible, no se escucha a los niños. Es indignante que no se escuche lo que sufren.

HAY UN DESAMPARO EVIDENTE Y TOTAL POR PARTE DEL ESTADO, DE LAS INSTITUCIONES, LOS JUECES EN RELACIÓN NO SÓLO EN LO QUE RODEA A LAS MUJERES SINO TAMBIÉN A LAS CRIATURAS

–¿Existe la suficiente presión en la calle?

–Yo he dejado de ir al “minuto de silencio” porque no vale de nada. ¿Qué se ve ahí? ¿A cuántas personas? ¿Quince con una pancarta frente a la sensación de “mira estas locas”? Esto no sirve para nada. Necesitamos más. Que se involucre el Gobierno, que adopte medidas… Que se lleve a cabo lo que estableció la ley de 2004. Ahí se contempla que no se puede entregar un niño a un padre maltratador. No debería dejarse decidir a un juez, sino imponerlo con una ley. Porque hay jueces y jueces, y juezas y juezas… Debe ser una imposición por ley, no se les debe dejar pensar porque cada uno tiene una ideología y ve las cosas a su manera.

–Después de lo vivido y tras años de pelea, ¿qué pasos cree que se debe dar?

–Para empezar, muy fácil: protección a las víctimas, a las mujeres, y destierro a los maltratadores. Ellos son los que deben irse, y no las mujeres. Una mujer no puede salir a la calle mirando a todos lados para ver si está el maltratador, si la sigue… ¿Por qué el resto de asesinos sale en televisión y un asesino por violencia de género sale con el rostro oculto? Va a estar en la cárcel 5 o 7 años, y cuando salga lo volverá a hacer. No les conocemos, hay que conocer a los asesinos y reconocerlos como asesinos, como los de ETA, como el resto de asesinos. Hay que comparar los asesinatos por violencia de género con el resto de asesinatos. Que una mujer asesinada tenga el mismo valor que otras víctimas.

–Cada vez es más evidente el uso de los hijos para agredir a las madres.

–Con respecto a los hijos, muchos tienen una fachada de buenos padres –“se la ha llevado, le ha comprado esto o lo otro…”– cuando en realidad está machacando a esa criatura por detrás para maltratar a la mujer. Y el hijo lo ve, no es tonto. Se dio cuenta mi hija, y se da cuenta el resto de los hijos. El Gobierno, la gente… Yo no sé si se dan cuenta. Lo que quieren es hacer el mayor daño posible a la mujer que les ha abandonado. Y ese daño son los hijos, por supuesto. Por eso no hay que entregárselos, no sé, no sé por dónde empezar…

–¿Dónde cree usted que están las responsabilidades?

–Hay muchos responsables cuando un juez permite las visitas de un padre maltratador. Empezando por los servicios sociales, que no deberían consentir los puntos de encuentro cuando tienen informes de que existen denuncias. Luego, además, los informes que realizan las trabajadoras sociales no valen para nada. No involucran nada. Ese fue mi caso. Como los informes psicológicos. Cuando suceden estas cosas, lo primero es un psicólogo para el papá, la mamá y el hijo. Tampoco valen para nada. No se mojan.

–Las denuncias a usted no le sirvieron para nada.

–Hay que ver la evidencia cuando hay denuncias, cuando se ven los malos tratos, es que no hay más. Pérdida de custodia totalmente. Es la única manera de empezar a evitar, de entrada, la muerte de los hijos. Las de las mujeres, pues bueno, aprender a vivir con el miedo. El hecho de que no haya protección, que no manden a estos delincuentes fuera de la provincia donde vive su mujer… Es que no hay manera, porque aunque lo mandes lejos, la orden de alejamiento no vale para nada. Debería estar controlado de alguna manera, informando incluso a sus empresas. La mujer tiene todas las de perder. Pierden su trabajo, su vida, sus amigos porque viven en auténtico pánico. El maltratador sigue libre, en su trabajo no saben nada, siguen pensando que es una persona muy responsable con sus hijos y que la mala es la mujer, etc. etc. Hay que cambiar la forma de pensar: es el maltratador quien debe sufrir, no la víctima. Me indigno, me indigno, me indigna que no se dé la visibilidad suficiente para que este problema nos afecte a todos. Repetirlo todas las semanas, no medio minuto. Sólo sirve para ir sumando un número más y a final de año hablen de un porcentaje en relación al anterior. Y en enero, contador a cero. Las víctimas de ETA las siguieron sumando, les hicieron estatuas, plazas, jardines, eventos, manifestaciones, conmemoraciones… Y a las asesinadas por violencia de género, nada.

–A usted, la ONU le dio la razón.

–El día que me dio la razón la ONU fue un día feliz y, de alguna manera, me devolvió la esperanza. Pensé que finalmente alguien había leído mi caso y recuperaría mi dignidad, pero me sirvió de poco. En cuanto vi la respuesta del Gobierno se me vino el mundo abajo. Que a mí no me restituyan es un acto de violencia institucional. Y es un problema social y parece que cuantas más asesinadas hay, más crece la violencia de género. Porque el resto de los hombres que son violentos piensan en primer lugar que la mujer se merece que la maten. Lo primero que hay que pedir a los políticos es que estos asesinatos sean visibles, que se recuerden, que se nombren.

Niños asesinados

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad empezó a recoger estadísticas sobre menores en 2013. Desde esa fecha, al menos 22 menores fueron asesinados por la llamada Violencia de Género. Las cifras, no obstante, no son concluyentes y podrían ser más. En cuanto a las fechas anteriores, la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas maneja un número de menores asesinados que supera los 70, entre 1999 y 2012.

En lo que va de este año 2017, al menos tres menores han sido asesinados por Violencia machista.

El 3 de febrero, Vladimir Valdovinos se lanzó desde una ventana del Hospital de La Paz con su hija Aramís en brazos. La cría tenía 18 meses. Murieron los dos. Antes, él le espetó a su mujer, Noemí Dávila: “Te voy a dar donde más te duele”.

El 29 de marzo, José Manuel-García Bustamante estranguló a su mujer, Ana María Rosado, y asesino a sus dos hijos, una niña de 5 años y un niño de 8, por asfixia en Campo de Criptana.
 
No es el mismo caso...hoy viene en el mundo un articulo en el que se dice que el padre tiene wasaps de juana antes de ella denunciarlo ofreciendole la custodia compartida si eso es verdad no entiendo nada de nada si tiene miedo por la integridad de sus hijos como ella ofrece algo asi .....yo a ella no la creo no se me inspira mucha desconfianza ....
 
Una vecina de mis padres la lía a voces con el hijo y el marido para que todo un barrio sea testigo de su "tortura" cuando la loca trastornada es ella y la conocemos desde hace años como para corroborarlo. Lo hace con la intención de calentarle y que él sea el que le ponga la mano encima para cuando esto pase, sacar lo de que todos son testigos y por eso grita delante de todo el mundo. Él aguanta como un campeón sabiendo como está el percal, la intención de ella es que él se pire de la casa y él no está por la labor. Toda la vida igual y el hijo por el medio.
Conozco casos de maltratados que son para echarse a correr.


Hace un par de semanas, una pareja discute en el bloque de en frente de mi casa y ella gritando como una loca. Pues llaman unos vecinos a la policía y vienen como tres o cuatro coches patrulla, de la nacional, y se oye decir al policía "¿han llamado ustedes por un caso de violencia de género?" y los vecinos "sí". Y era una pelea en la que ella tocó muchísimo las narices y él cogió y del calentón le arreó una hostia a la puerta de la casa. Menudo despliegue policial, a ver si cuando un hombre la tiene con la loca de turno vienen tantos polis a ayudarle.
Aunque ella sea loca,put* o ingeniera,él no tiene derecho a pegarle.Si lo hace se llama violencia de género y se denuncia.
Ah¡ Si él pilla un calentón,que se dé una ducha de agua fría en vez de liarse a hostias con su mujer.
 
DERECHOS HUMANOS
Violencia de Estado contra Ángela y su hija asesinada
El repaso completo al asesinato de una niña tras 51 denuncias de su madre por violencia machista muestra cómo las instituciones se desentienden de estos crímenes
CRISTINA FALLARÁS
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Ángela González Carreño denuncio 51 veces a su exmarido antes de que éste asesinara a la hija de ambos.

C.F.
MADRID | 10 DE JUNIO DE 2017

Conocí a Ángela González Carreño el martes 2 de febrero de 2016. Hacía entonces casi trece años que su exmarido había asesinado a la hija de ambos de un tiro de revólver.

Nos encontramos en la sede que la organización pro derechos humanos Women’s Link tiene en el centro de Madrid, y le conté que desde que, en 2003, un par de días después del crimen, leí la noticia en los diarios, no había dejado de pensar en ello. Ángela pasó tres años llamando a todas las puertas semanalmente –3 años, cada semana–, alertando de lo que sucedería si le obligaban a dejar a su hija a solas con el padre. Finalmente, una jueza le obligó a acatar un régimen de visitas que incluía el encuentro de padre e hija sin vigilancia. Tal como había avisado Ángela con desespero, él la mató. La niña tenía 7 años y había repetido una y otra vez que no quería ir con su padre.

Cuando la conocí, hace algo más de un año, Ángela y las abogadas de Women’s Link esperaban sendas sentencias de la Audiencia Nacional. La ONU había condenado al Estado español a reparar e indemnizar a Ángela a causa del desamparo sufrido por ella y su hija y por la negligencia de la Justicia española, que desoyó en 51 ocasiones la denuncia y la alerta de la madre. Antes lo habían intentado en los juzgados ordinarios, en la Audiencia Provincial de Madrid, en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Supremo e incluso apelando al ministro de Justicia, en aquella ocasión Juan Fernando López Aguilar (PSOE). Intentaron, una y otra vez, infructuosamente, que el Estado español reconociera su responsabilidad en el asesinato de su hija Andrea.

La historia de Ángela desde aquel 24 de abril de 2003 hasta hoy mismo es la demostración palmaria de que el Estado español, sea cual haya sido su Gobierno, el poder judicial o el ministro de turno, no ha asumido el significado de la violencia machista. No es que no exista una financiación de la prevención de la tortura y la muerte, es que cuando el asesinato se produce, y aun demostrada la responsabilidad de las instituciones, el Estado la rechaza.

TAL COMO HABÍA AVISADO ÁNGELA CON DESESPERO, ÉL LA MATÓ. LA NIÑA TENÍA 7 AÑOS Y HABÍA REPETIDO UNA Y OTRA VEZ QUE NO QUERÍA IR CON SU PADRE

La historia de Ángela es seguramente la descripción más clara en España de la violencia que las instituciones ejercen contra las víctimas de la violencia machista. Una segunda violencia, institucional.

Esta:

Una historia de tortura y asesinato

El 3 de septiembre de 1999, un hombre llamado Felipe Rascón agarró del pelo a su mujer, la derribó contra el suelo de la cocina y le arrimó al vientre un cuchillo jamonero. Se habían casado tres años antes, y tres años tenía en el momento de esa agresión su hija Andrea. No era el primer ataque, tampoco la primera amenaza de muerte: Rascón vigilaba a su esposa, la seguía, la insultaba habitualmente y la maltrataba aludiendo a imaginarios amantes. No era la primera vez, pero la mirada de la cría, su presencia en aquella cocina, fue lo que determinó la huida. Ángela González Carreño agarró a su hija Andrea y salió de la casa familiar de Arroyomolinos para no volver más.

Tres años y siete meses después, el 24 de abril de 2003, en aquel mismo adosado del suroeste dormitorio de Madrid, Rascón agarró un revólver sustraído a su dueño en 1985 y mató a su hija Andrea, mató a su perra y se suicidó. Solo unas horas antes, a la salida de una audiencia judicial, se había acercado a la madre para decirle “te quitaré lo que más quieres”.

Entre el momento en que el hombre, armado con un cuchillo, tiró a su mujer al suelo de la cocina y el momento en que ese mismo hombre, armado con un revólver, mató a la hija de ambos, Ángela, la madre, cursó 51 denuncias agobiadas en juzgados y comisarías. Cuando una lee la documentación legal del caso –varios volúmenes de archivadores–, tiene la sensación de que media una voluntad minuciosa, notarial, un obstinado rastro de migas de pan que alguien se empeñó en ir dejando. Ángela sembró de migas el camino de su tortura. Migas desde la huida a cuchillo hasta el momento en el que su exmarido apuntó a la hija de 7 años y le descerrajó un tiro, migas para que alguien pudiera, llegado el caso, entender lo incomprensible. 51 denuncias.

Pero siempre hay un pájaro que se come las migas, incluso una bandada.

En el caso de Ángela, los pájaros aparecieron definitivamente el 6 de mayo de 2002. Llevaba dos años y medio denunciando al menos una vez al mes el acoso de Rascón, su exmarido –insultos, amenazas de muerte, persecuciones, ataques a la niña, golpes– cuando la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Navalcarnero decidió que no existían razones para que el padre no estuviera a solas con su hija.

Tres días después, Ángela recurrió la decisión de la jueza aludiendo al “interés superior del menor”, pero el 17 de junio el juzgado repitió su sentencia. De nada sirvió el informe del Centro de Servicios Sociales vigilante del régimen de visitas, donde se alertaba de que la niña no quería pasar más horas con su padre y recomendaba no dejarla a solas con él, sin vigilancia. De nada sirvió el escrito del fiscal en el mismo sentido.

El 8 de enero de 2003, tres meses antes de que mataran a su hija, Ángela presentó ante el juzgado un escrito en el que rogaba que escucharan a la niña, que la cría no quería estar con su padre, que la violentaba con insultos a la madre. Ese mismo 8 de enero, los Servicios Sociales encargados del caso presentaron un informe en el que aconsejaban no permitir que padre e hija se encontraran sin vigilancia, ya que él usaba a la cría para agredir a la madre a base de preguntas sobre su intimidad y amenazas que “confundían” a Andrea. No fue el único informe.

TRES MESES ANTES DE QUE MATARAN A SU HIJA, ÁNGELA PRESENTÓ ANTE EL JUZGADO UN ESCRITO EN EL QUE ROGABA QUE ESCUCHARAN A LA NIÑA, QUE NO QUERÍA ESTAR CON SU PADRE

Una semana antes del asesinato, la trabajadora social que supervisaba las visitas entre Felipe Rascón y su hija emitió un escrito en el que detallaba “varias incidencias” alarmantes sucedidas entre los días 9 de enero y 3 de abril de 2003. En todas ellas alude al uso de la hija para agredir a Ángela, e insiste en que la niña no quiere estar con su padre, que se siente “incómoda y confusa”.

El jueves 24 de abril de 2003, por la mañana, Ángela González Carreño y su exmarido, Felipe Rascón Calderón, se encontraron en una vista oral relativa al derecho de uso de la vivienda. A la salida, el hombre se acercó a ella y le advirtió de que le iba a quitar lo que ella más quería. Pocas horas después, obedeciendo las órdenes del juzgado, Ángela llevó a su hija Andrea al Centro de Servicios Sociales, donde la recogió su padre.

A las 20.00, como cada jueves, volvió a recogerla. Ante la tardanza de padre e hija, acudió a la Guardia Civil de Mejorada del Campo. Fueron ellos quienes entraron en el adosado de Arroyomolinos, por la puerta de atrás. En el salón, donde la televisión permanecía encendida, encontraron tres cadáveres: el de una perra, el de Andrea, 7 años, y el de Felipe Rascón, su padre, aún con el revólver en la mano.

Violencia tras el asesinato

Cuatro días después del crimen, el 28 de abril de 2003, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, envió sendos escritos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al ministro de Justicia. Al CGPJ le solicitaba una investigación para esclarecer las responsabilidades que suponía la presumible negligencia judicial, y un expediente disciplinario para la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Navalcarnero. Al ministro de Justicia le solicitaba una audiencia para exponer las deficiencias del funcionamiento de los servicios psicosociales de la Administración en casos como el de Ángela. Asimismo, solicitaba una investigación sobre lo sucedido.

El ministro de Justicia entonces era José María Michavila (PP), y el del CGPJ, Francisco José Hernando Santiago.

Tras poco más de dos meses, el 9 de julio, el Magistrado Jefe de la Sección de Régimen Disciplinario del CGPJ respondió que, tras revisar la actuación del Juzgado de Navalcarnero, no apreciaba ninguna actuación que tuviera relevancia disciplinaria y, por lo tanto, archivaba el caso.

Resulta imprescindible repasar la historia de Ángela fecha a fecha, solo las muy señaladas. Se necesitaría un centenar de páginas para hacer constar todas y cada una de sus denuncias, todos y cada uno de los rechazos institucionales recibidos, todos y cada unos de sus desgarros.

TRAS REVISAR LA ACTUACIÓN DEL JUZGADO DE NAVALCARNERO, EL CGPJ NO APRECIABA NINGUNA ACTUACIÓN QUE TUVIERA RELEVANCIA DISCIPLINARIA Y, POR LO TANTO, ARCHIVABA EL CASO

El 2 de enero de 2004, el Juzgado de Instrucción número 3 de Navalcarnero declaró “extinguida la responsabilidad penal” en el asesinato de Andrea Rascón. Inmediatamente, Ángela recurrió dicha decisión, que fue desestimada. También lo fue la presentada ante la Audiencia Provincial de Madrid, en una resolución contra la que no cabía ya recurso.

En 23 de abril de 2004, a falta de un día para que se cumpliera un año del asesinato, Ángela González Carreño arrancó su particular pelea con la Administración pública española, una lucha sin cuartel ni victorias que llega hasta hoy. En esa fecha, de la mano de la abogada Ana María Ruiz Tagle, inició un procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Ministerio de Justicia español. Defendía y defiende que la Administración de Justicia y los Servicios Sociales españoles fallaron en su deber de proteger la vida de su hija Andrea. Defendía y defiende que el Estado “primó el derecho de Rascón a tener una relación con su hija, en lugar de velar por el interés superior de la menor”.

Año y medio más tarde, el 3 de noviembre de 2005, el Ministerio de Justicia resolvió desestimar su reclamación, alegando que la vía judicial elegida era errónea. Aseguraba que Ángela debía haber solicitado una indemnización por error judicial, pero que para ello estaba fuera de plazo. Ángela recurrió y el 22 de enero de 2007 el mismo ministerio volvió a desestimar su queja.

Al rechazo del Ministerio de Justicia, siguieron el de la Audiencia Nacional (10 de diciembre de 2008), el Tribunal Supremo (15 de octubre de 2010), que además le obligó a pagar las costas, y el Constitucional, que el 27 de abril de 2011 inadmitió la demanda. A todos ellos Ángela les pedía solo una cosa: que admitieran la responsabilidad de la Justicia española en el asesinato de su hija. Ninguno de ellos aceptó sus razones, por lo que ya no le quedaron instancias nacionales a las que acudir.

La ONU condena a España

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (o CEDAW en sus siglas en inglés) es un tratado internacional de la ONU firmado en 1979. Está firmado y ratificado por España.

En septiembre de 2012, agotadas todas las vías en su país, Ángela González Carreño y la organización internacional Women’s Link presentaron el caso ante la CEDAW, que en julio de 2014 emitió un dictamen que afirmaba que “el Estado [español] ha infringido los derechos de la autora [González Carreño] y su hija fallecida”. Asimismo, conminaba al Estado a “otorgar a la autora una reparación adecuada y una indemnización integral y proporcional a la conculcación de sus derechos”. Por otra parte, indicaba que se debía “llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial” sobre lo sucedido.

Nada de eso se hizo.

Las últimas resoluciones sobre el caso datan del año pasado, trece años después del asesinato de la niña Andrea Rascón González, y son sendas sentencias de la Audiencia Nacional. En ambas (25 de abril y 2 de noviembre de 2016), se insiste en que los procedimientos legales y las decisiones tomadas por la Justicia española entre septiembre de 1999 –fecha en la que Ángela y su hija huyen– y abril de 2003 –fecha del asesinato– fueron correctos. Por lo tanto, el hecho de desatender las 51 denuncias de la madre y los informes de los Servicios Sociales, así como no tener en cuenta el interés superior de la menor también entraba dentro de la normalidad.

En la última sentencia, que data de hace apenas 7 meses, se pueden leer afirmaciones como las que siguen:

“La recurrente presentó un escrito de alegaciones el 7 de enero de 2003 en el que se opuso a pasar a ese nuevo régimen [el de las visitas paternas sin vigilancia] y denunciaba la falta de apego de la pensión de alimentos, pero no se desprendían de su escrito que se opusiese al régimen de visitas existente o advirtiese riesgo para la vida de la menor”. En la fecha a la que hace referencia la Audiencia Nacional, ese enero de 2003, Ángela González Carreño y sus abogados ya habían presentado al menos 45 denuncias por acoso y maltrato a la madre y a la hija, alertando del peligro que supondría dejar a la niña a solas con el padre.

“Este Tribunal, aun lamentando profundamente el fatal desenlace, no aprecia que en el supuesto que nos ocupa existiese un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia”.

“ESTE TRIBUNAL, AUN LAMENTANDO PROFUNDAMENTE EL FATAL DESENLACE, NO APRECIA QUE EN EL SUPUESTO QUE NOS OCUPA EXISTIESE UN FUNCIONAMIENTO ANORMAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”

“…Tras un constante seguimiento del régimen de visitas e informes psicológicos de los padres y de la menor, con intervención del Ministerio Fiscal a lo largo de las actuaciones y con constantes escritos de alegaciones de los progenitores, y permanentes informes de seguimiento emitidos por los servicios sociales, resolvieron lo que estimaron conveniente respecto de la forma en que debía canalizarse la comunicación de un padre separado con su hija, sin que existiesen datos que indicasen que el régimen de visitas que existía [las visitas sin vigilancia] implicase peligros para la vida o salud física o psíquica de la menor, por lo que el posterior asesinato de ésta a manos de su progenitor no aparece conectado con funcionamiento anormal alguno del juzgado o de sus agentes colaboradores, de modo que no se aprecia la existencia de los elementos necesarios para declarar la existencia de una responsabilidad patrimonial del Estado.”

Si el Estado acatara

Muy otro es el punto de vista de Teresa Fernández Paredes, abogada de Women’s Link al frente del caso. “Ángela confió en el sistema de justicia y en las administraciones del Estado, que respondieron con decisiones basadas en estereotipos y prejuicios de género que terminaron en el asesinato de su hija Andrea”, afirma.

Fernández Paredes critica duramente el caso omiso que España hace a las recomendaciones de la CEDAW sobre violencia machista. “Si el Estado acatara las recomendaciones del Comité CEDAW, las mujeres supervivientes de violencia de género no tendrían que enfrentarse a procesos judiciales por proteger la vida de sus hijas y por rebelarse contra un sistema de justicia que les exige cumplir unas visitas sin supervisión con los padres maltratadores”. Y añade: “El Estado tiene responsabilidad en la protección a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas y, cuando ese sistema de protección falla, las consecuencias que tiene para esas mujeres y sus hijos e hijas son irreparables”.

“Si el Estado español firma y ratifica tratados internacionales que lo comprometen a proteger y a garantizar derechos, luego no puede pretender que estos tratados no van a tener ningún efecto en las instituciones españolas. O simplemente, ¿se firman para quedar bien ante la comunidad internacional?”, concluye la abogada.

Ángela

Ángela González Carreño responde al teléfono el jueves 1 de junio. El fin de semana anterior, tres hombres asesinaron a “sus” mujeres.

–Este fin de semana han matado a tres mujeres y no ha sido capaz nadie del Gobierno de comparecer. Pero de este y de ninguno. No veo que el resto de partidos políticos haga presión alguna. Estoy indignadísima. No entiendo cómo puede haber 2.500 efectivos en un partido de fútbol para prevenir incidentes y que no haya para las mujeres que han denunciado que las van a matar.

–¿Y qué se puede hacer?

–No lo sé. Lo único que yo podía hacer era recurrir a la justicia y creer en ella, pensando que iba a estar de mi lado reconociendo lo evidente: lo que me estaba pasando. ¡Puse 51 denuncias! Y no hubo ni reconocimiento antes ni después. Y es que no interesa… Los asesinatos por violencia machista no interesan al Gobierno. Es más, cuando matan a una mujer o a una criatura no le dan importancia ninguna.

– ¿El Gobierno no responde?

–El Gobierno sí responde, pero con negativas. Negando lo evidente: que son responsables.

–Usted ha vivido el mayor desamparo por parte de la Administración.

–Hay un desamparo evidente y total por parte del Estado, de las instituciones, los jueces en relación no sólo en lo que rodea a las mujeres sino también a las criaturas. Mira lo que está pasando con los niños. Sigue prevaleciendo el interés de un padre maltratador a la protección de un niño, porque es invisible, no se escucha a los niños. Es indignante que no se escuche lo que sufren.

HAY UN DESAMPARO EVIDENTE Y TOTAL POR PARTE DEL ESTADO, DE LAS INSTITUCIONES, LOS JUECES EN RELACIÓN NO SÓLO EN LO QUE RODEA A LAS MUJERES SINO TAMBIÉN A LAS CRIATURAS

–¿Existe la suficiente presión en la calle?

–Yo he dejado de ir al “minuto de silencio” porque no vale de nada. ¿Qué se ve ahí? ¿A cuántas personas? ¿Quince con una pancarta frente a la sensación de “mira estas locas”? Esto no sirve para nada. Necesitamos más. Que se involucre el Gobierno, que adopte medidas… Que se lleve a cabo lo que estableció la ley de 2004. Ahí se contempla que no se puede entregar un niño a un padre maltratador. No debería dejarse decidir a un juez, sino imponerlo con una ley. Porque hay jueces y jueces, y juezas y juezas… Debe ser una imposición por ley, no se les debe dejar pensar porque cada uno tiene una ideología y ve las cosas a su manera.

–Después de lo vivido y tras años de pelea, ¿qué pasos cree que se debe dar?

–Para empezar, muy fácil: protección a las víctimas, a las mujeres, y destierro a los maltratadores. Ellos son los que deben irse, y no las mujeres. Una mujer no puede salir a la calle mirando a todos lados para ver si está el maltratador, si la sigue… ¿Por qué el resto de asesinos sale en televisión y un asesino por violencia de género sale con el rostro oculto? Va a estar en la cárcel 5 o 7 años, y cuando salga lo volverá a hacer. No les conocemos, hay que conocer a los asesinos y reconocerlos como asesinos, como los de ETA, como el resto de asesinos. Hay que comparar los asesinatos por violencia de género con el resto de asesinatos. Que una mujer asesinada tenga el mismo valor que otras víctimas.

–Cada vez es más evidente el uso de los hijos para agredir a las madres.

–Con respecto a los hijos, muchos tienen una fachada de buenos padres –“se la ha llevado, le ha comprado esto o lo otro…”– cuando en realidad está machacando a esa criatura por detrás para maltratar a la mujer. Y el hijo lo ve, no es tonto. Se dio cuenta mi hija, y se da cuenta el resto de los hijos. El Gobierno, la gente… Yo no sé si se dan cuenta. Lo que quieren es hacer el mayor daño posible a la mujer que les ha abandonado. Y ese daño son los hijos, por supuesto. Por eso no hay que entregárselos, no sé, no sé por dónde empezar…

–¿Dónde cree usted que están las responsabilidades?

–Hay muchos responsables cuando un juez permite las visitas de un padre maltratador. Empezando por los servicios sociales, que no deberían consentir los puntos de encuentro cuando tienen informes de que existen denuncias. Luego, además, los informes que realizan las trabajadoras sociales no valen para nada. No involucran nada. Ese fue mi caso. Como los informes psicológicos. Cuando suceden estas cosas, lo primero es un psicólogo para el papá, la mamá y el hijo. Tampoco valen para nada. No se mojan.

–Las denuncias a usted no le sirvieron para nada.

–Hay que ver la evidencia cuando hay denuncias, cuando se ven los malos tratos, es que no hay más. Pérdida de custodia totalmente. Es la única manera de empezar a evitar, de entrada, la muerte de los hijos. Las de las mujeres, pues bueno, aprender a vivir con el miedo. El hecho de que no haya protección, que no manden a estos delincuentes fuera de la provincia donde vive su mujer… Es que no hay manera, porque aunque lo mandes lejos, la orden de alejamiento no vale para nada. Debería estar controlado de alguna manera, informando incluso a sus empresas. La mujer tiene todas las de perder. Pierden su trabajo, su vida, sus amigos porque viven en auténtico pánico. El maltratador sigue libre, en su trabajo no saben nada, siguen pensando que es una persona muy responsable con sus hijos y que la mala es la mujer, etc. etc. Hay que cambiar la forma de pensar: es el maltratador quien debe sufrir, no la víctima. Me indigno, me indigno, me indigna que no se dé la visibilidad suficiente para que este problema nos afecte a todos. Repetirlo todas las semanas, no medio minuto. Sólo sirve para ir sumando un número más y a final de año hablen de un porcentaje en relación al anterior. Y en enero, contador a cero. Las víctimas de ETA las siguieron sumando, les hicieron estatuas, plazas, jardines, eventos, manifestaciones, conmemoraciones… Y a las asesinadas por violencia de género, nada.

–A usted, la ONU le dio la razón.

–El día que me dio la razón la ONU fue un día feliz y, de alguna manera, me devolvió la esperanza. Pensé que finalmente alguien había leído mi caso y recuperaría mi dignidad, pero me sirvió de poco. En cuanto vi la respuesta del Gobierno se me vino el mundo abajo. Que a mí no me restituyan es un acto de violencia institucional. Y es un problema social y parece que cuantas más asesinadas hay, más crece la violencia de género. Porque el resto de los hombres que son violentos piensan en primer lugar que la mujer se merece que la maten. Lo primero que hay que pedir a los políticos es que estos asesinatos sean visibles, que se recuerden, que se nombren.

Niños asesinados

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad empezó a recoger estadísticas sobre menores en 2013. Desde esa fecha, al menos 22 menores fueron asesinados por la llamada Violencia de Género. Las cifras, no obstante, no son concluyentes y podrían ser más. En cuanto a las fechas anteriores, la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas maneja un número de menores asesinados que supera los 70, entre 1999 y 2012.

En lo que va de este año 2017, al menos tres menores han sido asesinados por Violencia machista.

El 3 de febrero, Vladimir Valdovinos se lanzó desde una ventana del Hospital de La Paz con su hija Aramís en brazos. La cría tenía 18 meses. Murieron los dos. Antes, él le espetó a su mujer, Noemí Dávila: “Te voy a dar donde más te duele”.

El 29 de marzo, José Manuel-García Bustamante estranguló a su mujer, Ana María Rosado, y asesino a sus dos hijos, una niña de 5 años y un niño de 8, por asfixia en Campo de Criptana.
Quién repara el daño? Y esta Jueza sigue en ejercicio?
Pobre madre.
 
De todas formas, no me caso con nadie. Ni con Juana, ni con Francesco. Como todos, sólo puedo comentar lo que leo y opinar.
La decisión está en manos de los Jueces y hay que confiar en ellos que son los que tienen todos los datos e informes.

Lo que veo, y no me gusta, es la forma de proceder de Juana y sus asesoras. Y me gusta aún menos que "esas" feministas (yo también lo soy) hayan cogido este caso mediático como bandera y lo mediaticen aún más con verdades a medias.
En cambio veo que sus abogados son más profesionales.

Francesco creo que está mejor asesorado y eso está haciendo que la opinión pública lo perciba de modo más favorable que al principio del caso. Sobre todo por hartazgo de oír a Paqui Granados, María Salmerón y televisiones. Aunque ya en las teles se escuchan más voces más críticas.

Lo que me sorprende, y no para bien, es no ver que a Francesco le apoyen sus padres y hermanos públicamente, si los tuviere. Resulta raro verlo tan solo siempre sin el respaldo familiar o de algún amigo.
Su padre es un anciano que vive en Italia y de la madre no he leído nada, no me extrañaría que hubiera fallecido. Claro que tiene respaldo, hasta una exnovia con la que convivió diez años lo ha apoyado públicamente http://www.telecinco.es/elprogramad...co-Arcuri-Puedo-maltratador_2_2419230031.html
Lo que no tiene, a diferencia de ella, es el favor de las tv y la cuadrilla de histéricas oportunistas detrás.
 
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