Grande Marlaska purga cúpula de la Guardia Civil
- AutorSultanaXS
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Simón y la nº 3 de Illa fabricaron ‘ad hoc’ y sin datos el escrito clave que reclama la juez del 8-M
El portavoz de Sanidad remitió este documento el 7 de marzo al organizador del Congreso evangélico
El escrito alertaba de que los "eventos multitudinarios de cualquier tipo se consideran evento de riesgo"
La juez imputa al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir el 8-M
Sigue en directo la última hora del coronavirus y las fases de desescalada
Fernando Simón y los dos informes cuyos detalles ha reclamado la juez a Sanidad.
La juez Carmen Rodríguez-Medel que ha imputado al delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, en la investigación de estos hechos, ha reclamado al Ministerio de Salvador Illa que explique el «cauce» que tuvo dicho escrito (titulado ‘Comunicado sobre la celebración de reuniones multitudinarias durante el período de epidemia de Covid-19’) y si fue difundido ante la cercanía del 8-M.
El documento, publicado en exclusiva por OKDIARIO el pasado 30 de marzo, llevó la firma de Pilar Aparicio como número tres del ministro Illa, pero el doctor Fernando Simón jugó un papel fundamental en este episodio. Tanto es así que fue él quien remitió el escrito al máximo responsable de la organización del IX Congreso Mundial de Asambleas de Dios ‘Unlimited 2020’, Juan Carlos Escobar, pastor y presidente de la Federación de Asambleas de Dios de España (Fade).
Según ha relatado el propio Escobar a Protestante Digital, él asistió el 6 de marzo a una reunión con responsables del Ministerio de Sanidad y de la consejería madrileña del ramo, donde se le dijo que el Congreso no se podía celebrar por el avance de la epidemia. Así lo mantuvo el propio Simón, manejando cifras de la transmisión del coronavirus en España, Europa y el resto del mundo. El director del CCAES todavía no ha sido imputado por la juez.
Comunicado con firma de Aparicio para cancelar el Congreso evangélico.
Además, los altos cargos del Ejecutivo esgrimieron para sostener su decisión un oficio del 3 de marzo de 2020 remitido a los consejeros de las comunidades autónomas y firmado por el propio Illa con el título ‘Recomendaciones de medidas extraordinarias en relación con la situación provocada por el nuevo coronavirus Covid-19’. Otro documento del cual la juez que investiga el 8-M ha solicitado más detalles a Sanidad.
Sin embargo, en un momento de aquella reunión del 6 de marzo, Escobar reclamó a estos responsables del Gobierno de Pedro Sánchez «un escrito oficial» para poder explicar la cancelación de este evento mundial a participantes y patrocinadores. «Este escrito me llega al día siguiente de parte de Fernando Simón, e inmediatamente lanzamos el comunicado» de la organización, ha indicado Escobar a Protestante Digital.
El ministro Salvador Illa y la directora de Salud Pública, Pilar Aparicio. (Foto: EP)
Este escrito con fecha del mismo 6 de marzo (recibido por Escobar el día 7) fue la carta firmada por Pilar Aparicio, directora general de Salud Pública. La misma alto cargo de Sanidad que estampó su rúbrica en el polémico documento, también elaborado ‘ad hoc’, con que el Gobierno certificó a la Comunidad de Madrid —horas después del anuncio y tras reclamarlo el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso— que no pasaba a la fase 1 de la desescalada. Pilar Aparicio fue nombrada por la exministra socialista Carmen Montón.
«Eventos multitudinarios»
En dicho escrito firmado por Aparicio, mandado por Simón y recibido por Escobar, Sanidad no recoge parámetros científicos (no aparece ningún número o porcentaje) y se limita a hacer referencia al oficio del 3 de marzo. No obstante, ya alertaba de que «los eventos multitudinarios de cualquier tipo, con amplia presencia de personas procedentes de cualquiera de las zonas del mundo en que se ha constatado transmisión del virus SARS-CoV-2, se consideran evento de riesgo para la transmisión de este patógeno y suponen un riesgo para la salud de la población».
Oficio de ministro Illa a las CCAA con fecha del 3 de marzo de 2020.
En base a ello, el Gobierno instó a Escobar a suspender el Congreso (se esperaban 4.000 asistentes), a lo que el pastor evangélico accedió al entender que el oficio del 3 de marzo «tenía rango de prohibición, en realidad». En cambio, la manifestación del 8-M en Madrid, una cita jaleada por PSOE y Podemos que reunió a 120.000 personas en el centro de la capital, no fue considerada por el Ministerio de Sanidad como «evento de riesgo» y fue permitida por la Delegación del Gobierno que dirige José Manuel Franco sin ninguna medida de seguridad sanitaria.
Escobar fue citado a declarar como testigo el pasado 30 de abril en la causa penal que instruye la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel. En relación a la carta firmada por Pilar Aparicio, la instructora ha reclamado a Sanidad que antes del 1 de junio informe a la Policía Judicial sobre su «distribución o difusión (cauce y fecha, concretamente si se remitió sólo a la Comunidad Evangélica o también a otros organizadores de reuniones multitudinarias, específicamente de concentraciones o manifestaciones)»
Sin rastro en la web de Sanidad
Rodríguez-Medel también ordena a Sanidad que indique si este escrito «fue colgado en la página web oficial del Ministerio (qué día y hasta qué fecha estuvo disponible online) y en caso de que fuera remitido a la Delegación del Gobierno de Madrid o a los Ministerios de los que dicha Delegación dependa funcionalmente, fecha de remisión y cauce (con copia del documento que lo acredite). En caso de que no fuera difundido, las razones que existieron para no hacerlo», solicita igualmente la juez. Y lo mismo fija respecto al oficio del Ministro de Sanidad del 3 de marzo 2020. En la web del departamento de Illa no hay rastro alguno de tales documentos.
Franco junto a ministras del PSOE y Begoña Gómez el pasado 8-M. (Foto: @conJoseMFranco)
Precisamente, este lunes trascendió que el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska ha destituido al jefe de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, por «perdida de confianza» tras la información remitida a la juez por el Instituto Armado a partir de las pesquisas efectuadas en esta pieza del 8-M.
okdiario.com
El portavoz de Sanidad remitió este documento el 7 de marzo al organizador del Congreso evangélico
El escrito alertaba de que los "eventos multitudinarios de cualquier tipo se consideran evento de riesgo"
La juez imputa al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir el 8-M
Sigue en directo la última hora del coronavirus y las fases de desescalada
Fernando Simón y los dos informes cuyos detalles ha reclamado la juez a Sanidad.
- SEGUNDO SANZ
- 26/05/2020 06:50
La juez Carmen Rodríguez-Medel que ha imputado al delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, en la investigación de estos hechos, ha reclamado al Ministerio de Salvador Illa que explique el «cauce» que tuvo dicho escrito (titulado ‘Comunicado sobre la celebración de reuniones multitudinarias durante el período de epidemia de Covid-19’) y si fue difundido ante la cercanía del 8-M.
El documento, publicado en exclusiva por OKDIARIO el pasado 30 de marzo, llevó la firma de Pilar Aparicio como número tres del ministro Illa, pero el doctor Fernando Simón jugó un papel fundamental en este episodio. Tanto es así que fue él quien remitió el escrito al máximo responsable de la organización del IX Congreso Mundial de Asambleas de Dios ‘Unlimited 2020’, Juan Carlos Escobar, pastor y presidente de la Federación de Asambleas de Dios de España (Fade).
Según ha relatado el propio Escobar a Protestante Digital, él asistió el 6 de marzo a una reunión con responsables del Ministerio de Sanidad y de la consejería madrileña del ramo, donde se le dijo que el Congreso no se podía celebrar por el avance de la epidemia. Así lo mantuvo el propio Simón, manejando cifras de la transmisión del coronavirus en España, Europa y el resto del mundo. El director del CCAES todavía no ha sido imputado por la juez.
Comunicado con firma de Aparicio para cancelar el Congreso evangélico.Además, los altos cargos del Ejecutivo esgrimieron para sostener su decisión un oficio del 3 de marzo de 2020 remitido a los consejeros de las comunidades autónomas y firmado por el propio Illa con el título ‘Recomendaciones de medidas extraordinarias en relación con la situación provocada por el nuevo coronavirus Covid-19’. Otro documento del cual la juez que investiga el 8-M ha solicitado más detalles a Sanidad.
Sin embargo, en un momento de aquella reunión del 6 de marzo, Escobar reclamó a estos responsables del Gobierno de Pedro Sánchez «un escrito oficial» para poder explicar la cancelación de este evento mundial a participantes y patrocinadores. «Este escrito me llega al día siguiente de parte de Fernando Simón, e inmediatamente lanzamos el comunicado» de la organización, ha indicado Escobar a Protestante Digital.
El ministro Salvador Illa y la directora de Salud Pública, Pilar Aparicio. (Foto: EP)
Este escrito con fecha del mismo 6 de marzo (recibido por Escobar el día 7) fue la carta firmada por Pilar Aparicio, directora general de Salud Pública. La misma alto cargo de Sanidad que estampó su rúbrica en el polémico documento, también elaborado ‘ad hoc’, con que el Gobierno certificó a la Comunidad de Madrid —horas después del anuncio y tras reclamarlo el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso— que no pasaba a la fase 1 de la desescalada. Pilar Aparicio fue nombrada por la exministra socialista Carmen Montón.
«Eventos multitudinarios»
En dicho escrito firmado por Aparicio, mandado por Simón y recibido por Escobar, Sanidad no recoge parámetros científicos (no aparece ningún número o porcentaje) y se limita a hacer referencia al oficio del 3 de marzo. No obstante, ya alertaba de que «los eventos multitudinarios de cualquier tipo, con amplia presencia de personas procedentes de cualquiera de las zonas del mundo en que se ha constatado transmisión del virus SARS-CoV-2, se consideran evento de riesgo para la transmisión de este patógeno y suponen un riesgo para la salud de la población».
Oficio de ministro Illa a las CCAA con fecha del 3 de marzo de 2020.En base a ello, el Gobierno instó a Escobar a suspender el Congreso (se esperaban 4.000 asistentes), a lo que el pastor evangélico accedió al entender que el oficio del 3 de marzo «tenía rango de prohibición, en realidad». En cambio, la manifestación del 8-M en Madrid, una cita jaleada por PSOE y Podemos que reunió a 120.000 personas en el centro de la capital, no fue considerada por el Ministerio de Sanidad como «evento de riesgo» y fue permitida por la Delegación del Gobierno que dirige José Manuel Franco sin ninguna medida de seguridad sanitaria.
Escobar fue citado a declarar como testigo el pasado 30 de abril en la causa penal que instruye la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel. En relación a la carta firmada por Pilar Aparicio, la instructora ha reclamado a Sanidad que antes del 1 de junio informe a la Policía Judicial sobre su «distribución o difusión (cauce y fecha, concretamente si se remitió sólo a la Comunidad Evangélica o también a otros organizadores de reuniones multitudinarias, específicamente de concentraciones o manifestaciones)»
Sin rastro en la web de Sanidad
Rodríguez-Medel también ordena a Sanidad que indique si este escrito «fue colgado en la página web oficial del Ministerio (qué día y hasta qué fecha estuvo disponible online) y en caso de que fuera remitido a la Delegación del Gobierno de Madrid o a los Ministerios de los que dicha Delegación dependa funcionalmente, fecha de remisión y cauce (con copia del documento que lo acredite). En caso de que no fuera difundido, las razones que existieron para no hacerlo», solicita igualmente la juez. Y lo mismo fija respecto al oficio del Ministro de Sanidad del 3 de marzo 2020. En la web del departamento de Illa no hay rastro alguno de tales documentos.
Franco junto a ministras del PSOE y Begoña Gómez el pasado 8-M. (Foto: @conJoseMFranco)Precisamente, este lunes trascendió que el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska ha destituido al jefe de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, por «perdida de confianza» tras la información remitida a la juez por el Instituto Armado a partir de las pesquisas efectuadas en esta pieza del 8-M.
Fernando Simón y la nº 3 de Salvador Illa fabricaron 'ad hoc' y sin datos el escrito clave que reclama la juez del 8-M | Coronavirus
El portavoz de Sanidad, Fernando Simón, remitió este documento el 7 de marzo al máximo organizador del Congreso evangélico, Juan Carlos Escobar.
okdiario.comLa juez del 8-M avisa a Marlaska de que cometerá delito si difunde las investigaciones de la Guardia Civil
Marlaska destituye al jefe de la Guardia Civil que ayudó a la juez a investigar al Gobierno por el 8-M
La Guardia Civil estalla por la destitución de De los Cobos: «Cumplía órdenes de la juez»
La juez imputa al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir el 8-M
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, (Foto: Congreso)
La polémica ha estallado y la juez que investiga el 8-M se ha visto obligada a emitir una carta para lanzar una advertencia a Interior. Carmen Rodríguez-Medel ha remitido un oficio a la Secretaría de Estado de Seguridad recordando que dio orden expresa a la Guardia Civil, que actúa como policía judicial en la causa, de «guardar rigurosa reserva» sobre las investigaciones encomendadas, y advierte la infracción de dicho deber puede llevar a dar lugar a responsabilidades penales.
Es escrito fue remitido este lunes al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, justo el día en el que el ministro Fernando Grande-Marlaska ha cesado «por pérdida de confianza» al coronel Pérez de los Cobos. Sectores del Instituto Armado relacionan el cese con los informes judicializados y declarados secretos sobre el 8-M y la gestión de Fernando Simón ante la pandemia de Covid-19.
La juez Carmen Rodríguez Medel mantiene abiertas unas diligencias en las que ha encargado a la Guardia Civil que investigue cómo actuaron las autoridades sanitarias y la Delegación del Gobierno durante el origen de la pandemia. Precisamente por esto ha citado a declarar como imputado el 5 de junio al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, por permitir el 8-M.
En el oficio remitido al ‘número dos’ de Interior, la magistrada ha recordado que desde el primer día de la investigación «dio orden expresa a la Policía Judicial actuante de guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubiera sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan».
La juez también recuerda que ya «enfatizó» que cualquier nota de prensa que desde Guardia Civil quisiera hacerse pública «debería contar previamente» con su autorización y que sería ella quien decidiría «no sólo el hecho en sí de facilitar dicha nota sino también su concreto contenido».
En esta misma línea, la magistrada advierte al secretario de Estado que la infracción de este deber «debe ser corregida disciplinariamente, sin perjuicio de otras responsabilidades a que la misma pudiere dar lugar», entre las que se contemplan las responsabilidades penales.
En caso de producirse estas últimas, según la juez, «podría dar lugar a la correspondiente investigación por parte de este juzgado», según establece el real decreto de junio de 1987 que regula el funcionamiento de la Policía Judicial.
okdiario.com
Marlaska destituye al jefe de la Guardia Civil que ayudó a la juez a investigar al Gobierno por el 8-M
La Guardia Civil estalla por la destitución de De los Cobos: «Cumplía órdenes de la juez»
La juez imputa al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir el 8-M
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, (Foto: Congreso)
- OKDIARIO
- 26/05/2020 08:22
La polémica ha estallado y la juez que investiga el 8-M se ha visto obligada a emitir una carta para lanzar una advertencia a Interior. Carmen Rodríguez-Medel ha remitido un oficio a la Secretaría de Estado de Seguridad recordando que dio orden expresa a la Guardia Civil, que actúa como policía judicial en la causa, de «guardar rigurosa reserva» sobre las investigaciones encomendadas, y advierte la infracción de dicho deber puede llevar a dar lugar a responsabilidades penales.
Es escrito fue remitido este lunes al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, justo el día en el que el ministro Fernando Grande-Marlaska ha cesado «por pérdida de confianza» al coronel Pérez de los Cobos. Sectores del Instituto Armado relacionan el cese con los informes judicializados y declarados secretos sobre el 8-M y la gestión de Fernando Simón ante la pandemia de Covid-19.
La juez Carmen Rodríguez Medel mantiene abiertas unas diligencias en las que ha encargado a la Guardia Civil que investigue cómo actuaron las autoridades sanitarias y la Delegación del Gobierno durante el origen de la pandemia. Precisamente por esto ha citado a declarar como imputado el 5 de junio al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, por permitir el 8-M.
En el oficio remitido al ‘número dos’ de Interior, la magistrada ha recordado que desde el primer día de la investigación «dio orden expresa a la Policía Judicial actuante de guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubiera sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan».
La juez también recuerda que ya «enfatizó» que cualquier nota de prensa que desde Guardia Civil quisiera hacerse pública «debería contar previamente» con su autorización y que sería ella quien decidiría «no sólo el hecho en sí de facilitar dicha nota sino también su concreto contenido».
En esta misma línea, la magistrada advierte al secretario de Estado que la infracción de este deber «debe ser corregida disciplinariamente, sin perjuicio de otras responsabilidades a que la misma pudiere dar lugar», entre las que se contemplan las responsabilidades penales.
En caso de producirse estas últimas, según la juez, «podría dar lugar a la correspondiente investigación por parte de este juzgado», según establece el real decreto de junio de 1987 que regula el funcionamiento de la Policía Judicial.
Grande-Marlaska: La juez del 8-M le avisa de que cometerá delito si difunde las investigaciones de la Guardia Civil
Carmen Rodríguez-Medel ha remitido un oficio recordando que dio orden expresa a la Guardia Civil de "guardar rigurosa reserva" sobre las investigaciones.
okdiario.comMarlaska y la Guardia Civil, dos años de tensiones, encontronazos y polémicos ceses
Los ceses de Pérez de los Cobos y Corbí, la cuestión catalana o la pérdida de competencias en Navarra no han ayudado a cimentar una buena relación.
J. Arias Borque Seguir a ariasborque
2020-05-26
5
Marlaska, en un acto de la Guardia Civil. | Min. Interior
La llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior fue bien recibida en el seno de la Guardia Civil. Habían estado trabajando durante años a sus órdenes como policía judicial y no habían tenido nunca problemas de relevancia. Todo había ido fluido. Y Marlaska siempre había hablado en público y en privado de forma excelente sobre los efectivos del cuerpo, sobre su disciplina y sobre su eficacia. Tanto siendo juez como nada más tomar posesión del cargo.
Nada podía presagiar que dos años después, la relación con la Guardia Civil del juez que se transformó en político se iba a poder resumir en dos años de tensiones y encontronazos, salpicados con polémicas destituciones. Su decisión de fulminar este lunes al jefe de la Benemérita en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, un hombre apreciado y respetado en el seno del cuerpo, y con una brillante trayectoria profesional, solo ha sido una más.
Y es que el actual ministro del Interior llegó pisando fuerte al Palacete de Castellana 5 en el que se encuentra el trono de la seguridad del Estado. El primer gran fallo de su departamento fue no renovar la partida de fondos reservados que facilitaban al Instituto Armado para las investigaciones de los grandes casos de corrupción. La UCO (Unidad Central Operativa) tuvo que frenar sus pesquisas por falta de fondos.
A Marlaska no le molestó el frenazo que esto supuso para la lucha contra la corrupción, el crimen organizado o el narcotráfico, sino que se filtrara a los medios de comunicación un orden interna en la que informaba a los agentes que quedaba "temporalmente suspendida cualquier actividad" dentro de la unidad al carecer de los fondos económicos necesarios para llevarlas a cabo.
En ese momento consumó su primera víctima, con dos meses en el Ministerio. Cesó de manera fulminante al jefe de la UCO, el coronel Manuel Sánchez Corbí, que había estado dedicado durante décadas a la lucha contra ETA. La decisión sentó fatal en el seno de la institución. Los altos mandos mostraron en privado su rechazo a la misma, las asociaciones profesionales en público, y los subordinados de Corbí le hicieron un emotivo vídeo de despedida.
Las tensiones y desencuentros también han llegado por las actuaciones del Instituto Armado en Cataluña. Al ministro Marlaska no le sentó nada bien que la Guardia Civil no le avisara de que iba a hacer una operación contra un grupo de CDR que planeaba cometer atentados. Y todo pese a que él mismo es juez y sabe que cuando los agentes hacen de policía judicial no pueden avisar a las altas esferas gubernamentales de estas operaciones.
Desde el Ministerio, muy enfadados, decidieron filtraron a los medios de comunicación que los arrestados habían estado en contacto con la hermana de Carlos Puigdemont, lo que a su vez disgustó a los guardias civiles que habían llevado a cabo el operativo porque dificultaba que pudieran seguir recabando pruebas para que esa relación pudiese quedar perfectamente acreditada para llevarla antes el juez.
Las tensiones continuaron con motivo de la celebración de la festividad de la patrona de la Guardia Civil en octubre de 2019. El general jefe de Cataluña, Pedro Garrido, aseguró, en relación al Instituto Armado, que "nos mantenemos firmes en nuestro compromiso con España de trabajar por la libertad y seguridad de todos los ciudadanos. Lo demostramos hace dos años, en el 1-O, y lo hemos hecho de nuevo recientemente –la detención de los CDR–".
Estas palabras no sentaron nada bien en el seno del independentismo catalán, que había apoyado la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa, y lanzaron todo tipo de improperios contra el general ilerdense de la Benemérita. Marlaska no dijo ni una palabra en público de apoyo o aliento el hombre fuerte de la Guardia Civil en Cataluña, lo que no sentó nada bien en la institución.
Y de Cataluña a Navarra, porque el acuerdo político entre PSOE y Geroa Bai (la franquicia local del PNV) para ceder las competencias de tráfico a la región, arrebatándoselas a la Guardia Civil, y dándoselas a la Policía Foral, tampoco gustó en el seno del Instituto Armado. Mucho menos cuando Marlaska llegó a ir a Pamplona a decir que no se transferirían esa competencia y poco cambió de versión para decir que se podían perder más competencias en Navarra.
A nivel laboral, las diferencias entre los agentes del Instituto Armado y Marlaska también han sido importantes. Principalmente, porque consideran que el Ministerio del Interior no jugó limpio con la auditoria que se encargó para ver la diferencias de salarios entre las Fuerzas de Seguridad del Estado y los cuerpos autonómicos y porque creen que el reparto la subida salarial pactada para 2019 benefició a la Policía Nacional en detrimento de la Guardia
Civil.
www.libertaddigital.com
Los ceses de Pérez de los Cobos y Corbí, la cuestión catalana o la pérdida de competencias en Navarra no han ayudado a cimentar una buena relación.
J. Arias Borque Seguir a ariasborque
2020-05-26
5
Marlaska, en un acto de la Guardia Civil. | Min. Interior
La llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior fue bien recibida en el seno de la Guardia Civil. Habían estado trabajando durante años a sus órdenes como policía judicial y no habían tenido nunca problemas de relevancia. Todo había ido fluido. Y Marlaska siempre había hablado en público y en privado de forma excelente sobre los efectivos del cuerpo, sobre su disciplina y sobre su eficacia. Tanto siendo juez como nada más tomar posesión del cargo.
Nada podía presagiar que dos años después, la relación con la Guardia Civil del juez que se transformó en político se iba a poder resumir en dos años de tensiones y encontronazos, salpicados con polémicas destituciones. Su decisión de fulminar este lunes al jefe de la Benemérita en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, un hombre apreciado y respetado en el seno del cuerpo, y con una brillante trayectoria profesional, solo ha sido una más.
Y es que el actual ministro del Interior llegó pisando fuerte al Palacete de Castellana 5 en el que se encuentra el trono de la seguridad del Estado. El primer gran fallo de su departamento fue no renovar la partida de fondos reservados que facilitaban al Instituto Armado para las investigaciones de los grandes casos de corrupción. La UCO (Unidad Central Operativa) tuvo que frenar sus pesquisas por falta de fondos.
A Marlaska no le molestó el frenazo que esto supuso para la lucha contra la corrupción, el crimen organizado o el narcotráfico, sino que se filtrara a los medios de comunicación un orden interna en la que informaba a los agentes que quedaba "temporalmente suspendida cualquier actividad" dentro de la unidad al carecer de los fondos económicos necesarios para llevarlas a cabo.
En ese momento consumó su primera víctima, con dos meses en el Ministerio. Cesó de manera fulminante al jefe de la UCO, el coronel Manuel Sánchez Corbí, que había estado dedicado durante décadas a la lucha contra ETA. La decisión sentó fatal en el seno de la institución. Los altos mandos mostraron en privado su rechazo a la misma, las asociaciones profesionales en público, y los subordinados de Corbí le hicieron un emotivo vídeo de despedida.
Las tensiones y desencuentros también han llegado por las actuaciones del Instituto Armado en Cataluña. Al ministro Marlaska no le sentó nada bien que la Guardia Civil no le avisara de que iba a hacer una operación contra un grupo de CDR que planeaba cometer atentados. Y todo pese a que él mismo es juez y sabe que cuando los agentes hacen de policía judicial no pueden avisar a las altas esferas gubernamentales de estas operaciones.
Desde el Ministerio, muy enfadados, decidieron filtraron a los medios de comunicación que los arrestados habían estado en contacto con la hermana de Carlos Puigdemont, lo que a su vez disgustó a los guardias civiles que habían llevado a cabo el operativo porque dificultaba que pudieran seguir recabando pruebas para que esa relación pudiese quedar perfectamente acreditada para llevarla antes el juez.
Las tensiones continuaron con motivo de la celebración de la festividad de la patrona de la Guardia Civil en octubre de 2019. El general jefe de Cataluña, Pedro Garrido, aseguró, en relación al Instituto Armado, que "nos mantenemos firmes en nuestro compromiso con España de trabajar por la libertad y seguridad de todos los ciudadanos. Lo demostramos hace dos años, en el 1-O, y lo hemos hecho de nuevo recientemente –la detención de los CDR–".
Estas palabras no sentaron nada bien en el seno del independentismo catalán, que había apoyado la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa, y lanzaron todo tipo de improperios contra el general ilerdense de la Benemérita. Marlaska no dijo ni una palabra en público de apoyo o aliento el hombre fuerte de la Guardia Civil en Cataluña, lo que no sentó nada bien en la institución.
Y de Cataluña a Navarra, porque el acuerdo político entre PSOE y Geroa Bai (la franquicia local del PNV) para ceder las competencias de tráfico a la región, arrebatándoselas a la Guardia Civil, y dándoselas a la Policía Foral, tampoco gustó en el seno del Instituto Armado. Mucho menos cuando Marlaska llegó a ir a Pamplona a decir que no se transferirían esa competencia y poco cambió de versión para decir que se podían perder más competencias en Navarra.
A nivel laboral, las diferencias entre los agentes del Instituto Armado y Marlaska también han sido importantes. Principalmente, porque consideran que el Ministerio del Interior no jugó limpio con la auditoria que se encargó para ver la diferencias de salarios entre las Fuerzas de Seguridad del Estado y los cuerpos autonómicos y porque creen que el reparto la subida salarial pactada para 2019 benefició a la Policía Nacional en detrimento de la Guardia
Civil.
Marlaska y la Guardia Civil, dos años de tensiones, encontronazos y polémicos ceses
Los ceses de Pérez de los Cobos y Corbí, la cuestión catalana o la pérdida de competencias en Navarra no han ayudado a cimentar una buena relación.
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Errores de bulto, noticias tergiversadas y saltos al vacío: el informe de la Guardia Civil que imputó al delegado del Gobierno en Madrid por el 8M
El atestado por el que se imputa al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, contiene clamorosos errores, bulos ya desmentidos y sostiene que frases de Fernando Simón "implican un propio riesgo para toda la comunidad"
www.eldiario.esNo no me refiero a que fundamente bien la intromisión, porque Marlaska puede decir que lo ha cesado por otros motivos y no por este caso
La Guardia Civil ve indicios “contundentes” para imputar a Illa y Simón
Cree posible imputarles en la investigación judicial por la autorización de esas concentraciones, mientras Interior justifica el relevo de De los Cobos por «pérdida de confianza»
La Guardia Civil ve indicios suficientes para investigar al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, por avalar las concentraciones del 8-M. Según las fuentes consultadas por LA RAZÓN, el informe elaborado por la unidad de Policía Judicial del Instituto Armado y remitido a la juez de Madrid que investiga posibles responsabilidades penales en la autorización de esas marchas feministas, es «contundente» al señalar al ministro y a Simón por instar solo unos días antes del 8-M a la comunidad evangélica a suspender un congreso previsto para la segunda quincena de marzo en Madrid para evitar contagios y permitir, sin embargo, las marchas con motivo del Día Internacional de la Mujer, el mitin de Vox en Vistalegre o el Atlético de Madrid-Sevilla en el Wanda ese mismo fin de semana.
Rodríguez-Medel reclamó a la Comandancia de Madrid que elaborase un atestado para intentar esclarecer a qué órgano oficial se dirigió el informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, del pasado 2 de marzo, que aconsejaba evitar aglomeraciones multitudinarias, «y, concretamente, si se remitió a la Delegación del Gobierno en Madrid».
Del mismo modo, el Instituto Armado debía determinar si por parte de las autoridades «se remitieron recomendaciones sanitarias» a la Delegación del Gobierno en relación con las manifestaciones programadas desde el 5 de marzo en adelante o si «se dio algún tipo de instrucción o indicación escrita relativa a que las manifestaciones deberían tener lugar en todo caso sin restricción alguna».
La instructora encargó asimismo a la Guardia Civil que dilucidase si la Delegación del Gobierno o las autoridades sanitarias hicieron «advertencia alguna sobre los riesgos sanitarios que conllevaba acudir» a esas concentraciones y si «se suministraron medidas de prevención a los asistentes de estas reuniones o manifestaciones» como guantes o mascarillas.
Los hechos que concluyeron con el cese del jefe de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil, coronel Diego Pérez de los Cobos, se iniciaron el domingo. Desde el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande Marlaska, se requirió información precisa al mando de la Benemérita sobre las diligencias que la Unidad de Policía Judicial de dicha Comandancia realiza por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Plaza de Castilla sobre determinadas actuaciones de autoridades antes de que se decretase el confinamiento. Esa unidad investiga las posibles responsabilidades del delegado del Gobierno en Madrid y de las autoridades sanitaria por autorizar la celebración de algunos actos masivos.
La contestación de Pérez de los Cobos fue rotunda al señalar que no podía aportar dato alguno, dado que las investigaciones, de las que no tenía por qué tener un conocimiento puntual, las estaban llevando la referida unidad, que trabaja bajo las órdenes de la magistrada.
El coronel se habría referido al contenido del artículo 15 del Real Decreto 769/97 de Policía Judicial, que obliga a los funcionarios de las unidades de Policía Judicial a guardar «rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas».
Ante la falta de información por parte del coronel la decisión del ministro fue la de cesarle de manera fulminante. Al filtrase la noticia de su destitución, la sorpresa fue mayúscula en el seno de la Guardia Civil. Ni siquiera los canales oficiales de información sabían del cese. Un portavoz de Interior, consultado por LA RAZÓN, se limitó a decir que la destitución se debía a una «pérdida de confianza», aunque negaron que tuviera que ver con el dispositivo de seguridad que la Guardia Civil ha montado en el chalet de el vicepresidente Iglesias y la ministra Montero en Galapagar (Madrid).
www.larazon.es
Cree posible imputarles en la investigación judicial por la autorización de esas concentraciones, mientras Interior justifica el relevo de De los Cobos por «pérdida de confianza»
La Guardia Civil ve indicios suficientes para investigar al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, por avalar las concentraciones del 8-M. Según las fuentes consultadas por LA RAZÓN, el informe elaborado por la unidad de Policía Judicial del Instituto Armado y remitido a la juez de Madrid que investiga posibles responsabilidades penales en la autorización de esas marchas feministas, es «contundente» al señalar al ministro y a Simón por instar solo unos días antes del 8-M a la comunidad evangélica a suspender un congreso previsto para la segunda quincena de marzo en Madrid para evitar contagios y permitir, sin embargo, las marchas con motivo del Día Internacional de la Mujer, el mitin de Vox en Vistalegre o el Atlético de Madrid-Sevilla en el Wanda ese mismo fin de semana.
Rodríguez-Medel reclamó a la Comandancia de Madrid que elaborase un atestado para intentar esclarecer a qué órgano oficial se dirigió el informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, del pasado 2 de marzo, que aconsejaba evitar aglomeraciones multitudinarias, «y, concretamente, si se remitió a la Delegación del Gobierno en Madrid».
Del mismo modo, el Instituto Armado debía determinar si por parte de las autoridades «se remitieron recomendaciones sanitarias» a la Delegación del Gobierno en relación con las manifestaciones programadas desde el 5 de marzo en adelante o si «se dio algún tipo de instrucción o indicación escrita relativa a que las manifestaciones deberían tener lugar en todo caso sin restricción alguna».
La instructora encargó asimismo a la Guardia Civil que dilucidase si la Delegación del Gobierno o las autoridades sanitarias hicieron «advertencia alguna sobre los riesgos sanitarios que conllevaba acudir» a esas concentraciones y si «se suministraron medidas de prevención a los asistentes de estas reuniones o manifestaciones» como guantes o mascarillas.
Los hechos que concluyeron con el cese del jefe de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil, coronel Diego Pérez de los Cobos, se iniciaron el domingo. Desde el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande Marlaska, se requirió información precisa al mando de la Benemérita sobre las diligencias que la Unidad de Policía Judicial de dicha Comandancia realiza por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Plaza de Castilla sobre determinadas actuaciones de autoridades antes de que se decretase el confinamiento. Esa unidad investiga las posibles responsabilidades del delegado del Gobierno en Madrid y de las autoridades sanitaria por autorizar la celebración de algunos actos masivos.
La contestación de Pérez de los Cobos fue rotunda al señalar que no podía aportar dato alguno, dado que las investigaciones, de las que no tenía por qué tener un conocimiento puntual, las estaban llevando la referida unidad, que trabaja bajo las órdenes de la magistrada.
El coronel se habría referido al contenido del artículo 15 del Real Decreto 769/97 de Policía Judicial, que obliga a los funcionarios de las unidades de Policía Judicial a guardar «rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas».
Ante la falta de información por parte del coronel la decisión del ministro fue la de cesarle de manera fulminante. Al filtrase la noticia de su destitución, la sorpresa fue mayúscula en el seno de la Guardia Civil. Ni siquiera los canales oficiales de información sabían del cese. Un portavoz de Interior, consultado por LA RAZÓN, se limitó a decir que la destitución se debía a una «pérdida de confianza», aunque negaron que tuviera que ver con el dispositivo de seguridad que la Guardia Civil ha montado en el chalet de el vicepresidente Iglesias y la ministra Montero en Galapagar (Madrid).
La Guardia Civil ve indicios “contundentes” para imputar a Illa y Simón
La Guardia Civil ve indicios “contundentes” para imputar a Illa y Simón
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Oir a Monedero en su defensa de este asunto es de vergüenza ajena. Se debe de pensar que somos retrasados.
Es que es par
Pues supuestamente se lo ha pasado a Escolar
La juez del 8-M avisa a Marlaska de que cometerá delito si difunde las investigaciones de la Guardia Civil
Marlaska destituye al jefe de la Guardia Civil que ayudó a la juez a investigar al Gobierno por el 8-M
La Guardia Civil estalla por la destitución de De los Cobos: «Cumplía órdenes de la juez»
La juez imputa al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir el 8-M
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, (Foto: Congreso)La manifestación del 8-M produjo que los contagios por coronavirus se multiplicaran. El Gobierno lo permitió aun sabiendo del riesgo y por ello está siendo investigado judicialmente. Precisamente por esta investigación el Ministerio del Interior ha destituido al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos.
- OKDIARIO
- 26/05/2020 08:22
La polémica ha estallado y la juez que investiga el 8-M se ha visto obligada a emitir una carta para lanzar una advertencia a Interior. Carmen Rodríguez-Medel ha remitido un oficio a la Secretaría de Estado de Seguridad recordando que dio orden expresa a la Guardia Civil, que actúa como policía judicial en la causa, de «guardar rigurosa reserva» sobre las investigaciones encomendadas, y advierte la infracción de dicho deber puede llevar a dar lugar a responsabilidades penales.
Es escrito fue remitido este lunes al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, justo el día en el que el ministro Fernando Grande-Marlaska ha cesado «por pérdida de confianza» al coronel Pérez de los Cobos. Sectores del Instituto Armado relacionan el cese con los informes judicializados y declarados secretos sobre el 8-M y la gestión de Fernando Simón ante la pandemia de Covid-19.
La juez Carmen Rodríguez Medel mantiene abiertas unas diligencias en las que ha encargado a la Guardia Civil que investigue cómo actuaron las autoridades sanitarias y la Delegación del Gobierno durante el origen de la pandemia. Precisamente por esto ha citado a declarar como imputado el 5 de junio al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, por permitir el 8-M.
En el oficio remitido al ‘número dos’ de Interior, la magistrada ha recordado que desde el primer día de la investigación «dio orden expresa a la Policía Judicial actuante de guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubiera sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan».
La juez también recuerda que ya «enfatizó» que cualquier nota de prensa que desde Guardia Civil quisiera hacerse pública «debería contar previamente» con su autorización y que sería ella quien decidiría «no sólo el hecho en sí de facilitar dicha nota sino también su concreto contenido».
En esta misma línea, la magistrada advierte al secretario de Estado que la infracción de este deber «debe ser corregida disciplinariamente, sin perjuicio de otras responsabilidades a que la misma pudiere dar lugar», entre las que se contemplan las responsabilidades penales.
En caso de producirse estas últimas, según la juez, «podría dar lugar a la correspondiente investigación por parte de este juzgado», según establece el real decreto de junio de 1987 que regula el funcionamiento de la Policía Judicial.
Grande-Marlaska: La juez del 8-M le avisa de que cometerá delito si difunde las investigaciones de la Guardia Civil
Carmen Rodríguez-Medel ha remitido un oficio recordando que dio orden expresa a la Guardia Civil de "guardar rigurosa reserva" sobre las investigaciones.
Pues supuestamente se lo ha pasado a Escolar
Van a acabar muy mal, sus métodos son más que cuestionables en un estado de derecho
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