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Abalos cita secreta con Delcy Rodríguez. Zapatero posible responsable del Delcygate de Abalos
- AutorAneAdiego4
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Ese fiscal no lo ha puesto los Pandemitas
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PUBLICA UN TUIT OFENSIVO SOBRE EL PRESIDENTE DE ANDALUCÍA
Ábalos se inventa un ‘hackeo’ para ocultar la pifia de su ‘community manager’ atacando a Juanma Moreno
"¿Hackeo? Una mentira no se tapa con otra mentira más grande"
CRISTINA LÓPEZ MANTAS
31 Ago 2020 - 08:44 CET
Archivado en: Gobierno | Internet | Partidos Políticos | Periodismo | Política
MÁS INFORMACIÓN
Nuevo escándalo con fotos: ¿el socialista Ábalos reunido con un abogado de peligrosos narcos?
VOX recauda 20.000 euros en 24 horas para 'sentar en el banquillo' a José Luis Ábalos por el 'Delcygate'
Como dice Cristián Campos, qué mala suerte la de Ábalos: encima que le hackean la cuenta, los piratas informáticos en lugar de elogiar al PSOE atacan al PP. ¡Qué hackers más amables con sus “víctimas”!
«Han tardado varios días en aparecer. ¿Dónde ha estado metido Juanma Moreno mientras Huelva ardía? De vacaciones con su superpresi o tratándose cosas inconfesables?«. Este fue el mensaje publicado el 30 de agosto de 2020 en la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dirige José Luis Ábalos.
Un bochornoso tuit que posteriormente fue eliminado de la red social y que sorprende en su ataque ya que desde el propio Gobierno la inacción ha formado parte de la política durante la pandemia. Con un presidente de vacaciones en plena oleada de rebrotes y una ministra de Educación, Isabel Celaá, que también llega tarde en ofrecer un protocolo ante la inminente vuelta a las aulas.
Tiempo después, el Ministerio justificaba este mensaje atribuyendo el tuit a obra de los hackers. Además de pedir disculpas al presidente de la Junta de Andalucia, el popular Juanma Moreno.
«Hoy nuestra cuenta de Twitter ha sido víctima de ‘hackeo’. Maliciosamente alguien ha hecho un uso fraudulento para causar daño a la imagen del Ministerio. Procederemos a hacer las investigaciones pertinentes», ha trasladado el departamento que dirige José Luis Ábalos. En el mismo texto piden las «más sinceras disculpas» al dirigente regional del PP.
Este mensaje no ha convencido a los usuarios de Twitter que no se han ‘tragado’ la excusa del Ministerio, atribuyendo tal metedura de pata al propio CM. «Hace tiempo que las cuentas oficiales del estado son herramienta de bochornosa propaganda y ataques políticos», afirmaba un usuario. «Si os hubieran hackeado de verdad hubieran puesto algo malo sobre el Gobierno, no sobre el PP», añadía otra internauta.
www.periodistadigital.com
Ábalos se inventa un ‘hackeo’ para ocultar la pifia de su ‘community manager’ atacando a Juanma Moreno
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31 Ago 2020 - 08:44 CET
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VOX recauda 20.000 euros en 24 horas para 'sentar en el banquillo' a José Luis Ábalos por el 'Delcygate'
Como dice Cristián Campos, qué mala suerte la de Ábalos: encima que le hackean la cuenta, los piratas informáticos en lugar de elogiar al PSOE atacan al PP. ¡Qué hackers más amables con sus “víctimas”!
«Han tardado varios días en aparecer. ¿Dónde ha estado metido Juanma Moreno mientras Huelva ardía? De vacaciones con su superpresi o tratándose cosas inconfesables?«. Este fue el mensaje publicado el 30 de agosto de 2020 en la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dirige José Luis Ábalos.
Un bochornoso tuit que posteriormente fue eliminado de la red social y que sorprende en su ataque ya que desde el propio Gobierno la inacción ha formado parte de la política durante la pandemia. Con un presidente de vacaciones en plena oleada de rebrotes y una ministra de Educación, Isabel Celaá, que también llega tarde en ofrecer un protocolo ante la inminente vuelta a las aulas.
Tiempo después, el Ministerio justificaba este mensaje atribuyendo el tuit a obra de los hackers. Además de pedir disculpas al presidente de la Junta de Andalucia, el popular Juanma Moreno.
«Hoy nuestra cuenta de Twitter ha sido víctima de ‘hackeo’. Maliciosamente alguien ha hecho un uso fraudulento para causar daño a la imagen del Ministerio. Procederemos a hacer las investigaciones pertinentes», ha trasladado el departamento que dirige José Luis Ábalos. En el mismo texto piden las «más sinceras disculpas» al dirigente regional del PP.
Este mensaje no ha convencido a los usuarios de Twitter que no se han ‘tragado’ la excusa del Ministerio, atribuyendo tal metedura de pata al propio CM. «Hace tiempo que las cuentas oficiales del estado son herramienta de bochornosa propaganda y ataques políticos», afirmaba un usuario. «Si os hubieran hackeado de verdad hubieran puesto algo malo sobre el Gobierno, no sobre el PP», añadía otra internauta.
Ábalos se inventa un 'hackeo' para ocultar la pifia de su 'community manager' atacando a Juanma Moreno
Como dice Cristián Campos, qué mala suerte la de Ábalos: encima que le hackean la cuenta, los piratas informáticos en lugar de elogiar al PSOE atacan al PP. ¡Qué hackers más amables con sus “víctimas”! «Han tardado varios días en aparecer. ¿Dónde ha estado metido Juanma Moreno mientras Huelva...
Vox solicita a la Justicia que confirme que las grabaciones del 'Delcygate' no han sido borradas
El partido de Abascal también ha pedido que "se les de traslado de las actuaciones seguidas por el juzgado, así como si se ha procedido a la identificación de todas las personas que aparecen en dichos videos"
José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela Clara Rodríguez
FERNANDO ASUNCIÓN
PERFIL
Vox solicitó el pasado 24 de agosto, mediante escrito ante el Juzgado de Instrucción 31 de Madrid, la confirmación de que las grabaciones realizadas por las cámaras se seguridad del aeropuerto de Barajas (Madrid) el día del encuentro entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, no han sido borradas.
MÁS INFO
'Delcygate'
El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, comenzó a investigar si se cometió algún delito en el encuentro que mantuvieron Ábalos y Rodríguez el pasado 20 de enero en el Aeropuerto de Madrid-Barajas, desvelado en exclusiva por Vozpópuli. Entre las primeras diligencias del conocido como 'Delcygate', solicitó al Ministerio del Interior el protocolo de llegada de pasajeros al aeródromo.
Esta solicitud al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se produce tras asumir definitivamente Serrano-Arnal la competencia para abrir causa e investigar los hechos denunciados por PP, Vox y Laócratas. El magistrado aceptó la inhibición del juez de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, a quien le recayó inicialmente la denuncia de los 'populares'.
De este modo, el titular del Juzgado número 31, ha acordado agrupar las querellas de los tres partidos y ha comenzado ya a estudiar si el encuentro que tuvo lugar en la madrugada del 19 al 20 de enero es constitutivo de los presuntos delitos de prevaricación y desobediencia.
El juez tiene pendiente visionar las imágenes de las cámaras de seguridad de las dependencias del aeropuerto, entre ellas la sala VIP de la terminal de autoridades donde permaneció la vicepresidenta de Venezuela hasta que abandonó España en un vuelo comercial con destino a Doha.
El Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid --en funciones de guardia-- fue el primero en requerir a Aena para que se evitara el borrado de estas imágenes, ya que la ley establece que se eliminen transcurridos 30 días.
www.vozpopuli.com
El partido de Abascal también ha pedido que "se les de traslado de las actuaciones seguidas por el juzgado, así como si se ha procedido a la identificación de todas las personas que aparecen en dichos videos"
José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela Clara Rodríguez
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Vox solicitó el pasado 24 de agosto, mediante escrito ante el Juzgado de Instrucción 31 de Madrid, la confirmación de que las grabaciones realizadas por las cámaras se seguridad del aeropuerto de Barajas (Madrid) el día del encuentro entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, no han sido borradas.
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'Delcygate'
El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, comenzó a investigar si se cometió algún delito en el encuentro que mantuvieron Ábalos y Rodríguez el pasado 20 de enero en el Aeropuerto de Madrid-Barajas, desvelado en exclusiva por Vozpópuli. Entre las primeras diligencias del conocido como 'Delcygate', solicitó al Ministerio del Interior el protocolo de llegada de pasajeros al aeródromo.
Esta solicitud al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se produce tras asumir definitivamente Serrano-Arnal la competencia para abrir causa e investigar los hechos denunciados por PP, Vox y Laócratas. El magistrado aceptó la inhibición del juez de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, a quien le recayó inicialmente la denuncia de los 'populares'.
De este modo, el titular del Juzgado número 31, ha acordado agrupar las querellas de los tres partidos y ha comenzado ya a estudiar si el encuentro que tuvo lugar en la madrugada del 19 al 20 de enero es constitutivo de los presuntos delitos de prevaricación y desobediencia.
El juez tiene pendiente visionar las imágenes de las cámaras de seguridad de las dependencias del aeropuerto, entre ellas la sala VIP de la terminal de autoridades donde permaneció la vicepresidenta de Venezuela hasta que abandonó España en un vuelo comercial con destino a Doha.
El Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid --en funciones de guardia-- fue el primero en requerir a Aena para que se evitara el borrado de estas imágenes, ya que la ley establece que se eliminen transcurridos 30 días.
Vox solicita a la Justicia que confirme que las grabaciones del 'Delcygate' no han sido borradas
Los servicios jurídicos del partido de Abascal también han pedido que "se les de traslado de las actuaciones seguidas por el juzgado, así como si se ha procedido a la identificación de todas las personas que aparecen en dichos videos"
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La Fiscalía rechaza investigar a Ábalos por el Delcygate: lo ve "un acto diplomático"
“No olvidemos que la citada vicepresidenta no llegó a entrar en territorio español, sino que se mantuvo en la zona de tránsito”, dice un informe del ministerio público remitido al Supremo
José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela Clara Rodríguez
ALEJANDRO REQUEIJO
PERFILEMAILTWITTER
La Fiscalía se opone a que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, sea investigado en el Tribunal Supremo por su encuentro secreto en enero con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, que desveló Vozpópuli. En un escrito al que ha tenido acceso este periódico, el ministerio público que dirige la exministra Dolores Delgado argumenta que las acciones emprendidas por tres partidos políticos se basan en informaciones periodísticas. Añade que no hay pruebas que demuestren que la intervención de Ábalos fuera “más allá de lo estrictamente diplomático” y da por buena la versión del Gobierno de que la mandataria no llegó a pisar suelo español, sino que permaneció en zona de tránsito del aeropuerto de Barajas.
MÁS INFO
Su Departamento defiende que, “para decretar la inadmisión de las querellas acumuladas, bastaría constatar la forma o planteamiento de las mismas, basadas exclusivamente en artículos de prensa (especialmente de Vozpópuli, edición digital) y en la declaración notarial de un trabajador que ni siquiera especifica su puesto de trabajo". Se refiere a la declaración prestada por un guardia de seguridad privada que decía haber prestado servicio la noche de los hechos en la terminal de vuelos privados y confirmó la información adelantada por este periódico.
"No llegó a entrar"
"No olvidemos que además y al parecer, la citada vicepresidenta no llegó a entrar en territorio español, sino que se mantuvo en la zona de tránsito hasta que partió en avión con destino fuera del espacio europeo y que conforme con el Reglamento Europeo y Consejo de 14 de noviembre de 2018, los ciudadanos de Venezuela están exentos de visado", añade la Fiscalía. Según todas las fuentes consultadas, Ábalos subió al avión, se entrevistó con Delcy Rodríguez, que después bajó del aparato y se desplazó hasta la sala VIP de la terminal de vuelos privados donde permaneció durante horas hasta que tomó un vuelo con destino a Doha (Catar).
Por estos hechos se querellaron en el Tribunal Supremo Vox y en primer lugar una formación llamada Partido Laócrata. Acusaban a Ábalos de un delito de prevaricación al haber permitido hacer escala en España a la dirigente bolivariana cuando tiene prohibido su paso por territorio europeo desde 2017 por orden del Consejo de la Unión Europea, que le acusa de violar derechos humanos en su país. Una prevaricación de este tipo se castiga con una inhabilitación de hasta 15 años, según el artículo 404 del Código Penal.
La formación que lidera Santiago Abascal planteó también una posible omisión del deber de perseguir delitos y usurpación de atribuciones, pero el informe fiscal zanja que lo hace “sin fundamento alguno”. Estos dos delitos están castigados en el Código Penal con una inhabilitación de hasta dos años o una pena de cárcel de hasta tres años, respectivamente. Además, Ciudadanos presentó por su parte una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, que también queda despachada con este escrito con fecha del pasado jueves. Responde así a la petición de información que le hizo el Supremo antes de tomar una decisión definitiva sobre si abre una causa penal o archiva el caso.
Se desconoce quién tomó la decisión
El informe tampoco tiene en cuenta las diferentes versiones que Ábalos ofreció de unos hechos que inicialmente trató de ocultar cuando fue consultado por este periódico. "Eso no es suficiente para concluir que actuó a sabiendas de la presunta injusticia", dice. A su entender, “los querellantes, al margen de sus opiniones y sospechas, no concretan cuál es la resolución injusta y arbitraria” dictada por Ábalos “ni siquiera cuáles son los indicios racionales de la participación del ministro en la decisión que cuestionan, desconociéndose quién la tomó”.
En sus argumentos, la Fiscalía sostiene que para actuar contra Ábalos en este caso haría falta algo más que el desconocimiento por parte del ministro de la decisión del Consejo de la Unión Europea, lo cual sería más propio de la vía contencioso administrativa. Pero para la vía penal “se precisa un importante plus que en esta sede no ha sido acreditado siquiera indiciariamente”.
La Fiscalía, cuyo dictamen no es vinculante, fija así su posición respecto a tres de los frentes judiciales que se le abrieron al ministro tras la publicación de su encuentro con la mandataria venezolana en el aeropuerto de Barajas. Al mismo tiempo, traslada toda la responsabilidad al Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid donde también se investigan estos hechos, en este caso por las denuncias presentadas por el PP por la presunta responsabilidad de los policías del aeropuerto.
La Fiscalía del Tribunal Supremo se remite a esa otra investigación para que en el caso de que en ella se encuentren posibles delitos cometidos por Ábalos eleve una exposición razonada al Supremo debido a su condición de aforado como ministro. No obstante, le recuerda que “no basta la mera imputación personal”, sino que “debe investigar hasta encontrar indicios fundados”. “De ahí que sea menester que existan suficientes indicios de responsabilidad contra la persona aforada”, concluye.
“No olvidemos que la citada vicepresidenta no llegó a entrar en territorio español, sino que se mantuvo en la zona de tránsito”, dice un informe del ministerio público remitido al Supremo
José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela Clara Rodríguez
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La Fiscalía se opone a que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, sea investigado en el Tribunal Supremo por su encuentro secreto en enero con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, que desveló Vozpópuli. En un escrito al que ha tenido acceso este periódico, el ministerio público que dirige la exministra Dolores Delgado argumenta que las acciones emprendidas por tres partidos políticos se basan en informaciones periodísticas. Añade que no hay pruebas que demuestren que la intervención de Ábalos fuera “más allá de lo estrictamente diplomático” y da por buena la versión del Gobierno de que la mandataria no llegó a pisar suelo español, sino que permaneció en zona de tránsito del aeropuerto de Barajas.
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Su Departamento defiende que, “para decretar la inadmisión de las querellas acumuladas, bastaría constatar la forma o planteamiento de las mismas, basadas exclusivamente en artículos de prensa (especialmente de Vozpópuli, edición digital) y en la declaración notarial de un trabajador que ni siquiera especifica su puesto de trabajo". Se refiere a la declaración prestada por un guardia de seguridad privada que decía haber prestado servicio la noche de los hechos en la terminal de vuelos privados y confirmó la información adelantada por este periódico.
"No llegó a entrar"
"No olvidemos que además y al parecer, la citada vicepresidenta no llegó a entrar en territorio español, sino que se mantuvo en la zona de tránsito hasta que partió en avión con destino fuera del espacio europeo y que conforme con el Reglamento Europeo y Consejo de 14 de noviembre de 2018, los ciudadanos de Venezuela están exentos de visado", añade la Fiscalía. Según todas las fuentes consultadas, Ábalos subió al avión, se entrevistó con Delcy Rodríguez, que después bajó del aparato y se desplazó hasta la sala VIP de la terminal de vuelos privados donde permaneció durante horas hasta que tomó un vuelo con destino a Doha (Catar).
Por estos hechos se querellaron en el Tribunal Supremo Vox y en primer lugar una formación llamada Partido Laócrata. Acusaban a Ábalos de un delito de prevaricación al haber permitido hacer escala en España a la dirigente bolivariana cuando tiene prohibido su paso por territorio europeo desde 2017 por orden del Consejo de la Unión Europea, que le acusa de violar derechos humanos en su país. Una prevaricación de este tipo se castiga con una inhabilitación de hasta 15 años, según el artículo 404 del Código Penal.
La formación que lidera Santiago Abascal planteó también una posible omisión del deber de perseguir delitos y usurpación de atribuciones, pero el informe fiscal zanja que lo hace “sin fundamento alguno”. Estos dos delitos están castigados en el Código Penal con una inhabilitación de hasta dos años o una pena de cárcel de hasta tres años, respectivamente. Además, Ciudadanos presentó por su parte una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, que también queda despachada con este escrito con fecha del pasado jueves. Responde así a la petición de información que le hizo el Supremo antes de tomar una decisión definitiva sobre si abre una causa penal o archiva el caso.
Se desconoce quién tomó la decisión
El informe tampoco tiene en cuenta las diferentes versiones que Ábalos ofreció de unos hechos que inicialmente trató de ocultar cuando fue consultado por este periódico. "Eso no es suficiente para concluir que actuó a sabiendas de la presunta injusticia", dice. A su entender, “los querellantes, al margen de sus opiniones y sospechas, no concretan cuál es la resolución injusta y arbitraria” dictada por Ábalos “ni siquiera cuáles son los indicios racionales de la participación del ministro en la decisión que cuestionan, desconociéndose quién la tomó”.
En sus argumentos, la Fiscalía sostiene que para actuar contra Ábalos en este caso haría falta algo más que el desconocimiento por parte del ministro de la decisión del Consejo de la Unión Europea, lo cual sería más propio de la vía contencioso administrativa. Pero para la vía penal “se precisa un importante plus que en esta sede no ha sido acreditado siquiera indiciariamente”.
La Fiscalía, cuyo dictamen no es vinculante, fija así su posición respecto a tres de los frentes judiciales que se le abrieron al ministro tras la publicación de su encuentro con la mandataria venezolana en el aeropuerto de Barajas. Al mismo tiempo, traslada toda la responsabilidad al Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid donde también se investigan estos hechos, en este caso por las denuncias presentadas por el PP por la presunta responsabilidad de los policías del aeropuerto.
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