Esther Argerich: “Animo a Irene Montero a que sea ella la que les busque un piso a 1.000 euros”
Esther Argerich, propietaria del piso más polémico de la última semana, concede una entrevista a idealista/news
“Imagina tener un piso en propiedad y que después de más de diez años cobrando la misma renta decides subirlo por circunstancias personales. Ahora imagina que, por actualizar el precio de ese alquiler, previo aviso de cuatro meses a los inquilinos y que ha estado congelado desde entonces, empiezas a recibir amenazas por parte de sindicatos, escraches en la puerta de tu trabajo y la violación de tu privacidad en televisión por parte de políticos populistas. Pues ese es mi caso”. Así de contundente se muestra Esther Argerich, propietaria del piso más polémico de la última semana, en una entrevista a idealista/news.
“Me siento desamparada, siento como que se ha cruzado una línea roja y que se está utilizando mi caso para hacer política, algo que es totalmente injusto”, dice Argerich, entre lágrimas e impotencia. “Llevo en un estado de ansiedad continuo desde que se me ha puesto en medio de una polémica que, a mi parecer, no tiene ni pies ni cabeza: el piso es mío, lo quiero de vuelta y no lo quiero poner más en alquiler”, dice la propietaria, añadiendo que “ya no quiero negociar nada: ni aunque me dieran 1.500 euros los querría como inquilinos”. [Consulta las viviendas en alquiler en la zona]
Medio temblando por los nervios y la impotencia que le causa la situación, Argerich hace memoria y detalla una cronología de los hechos y sus intenciones. “Era octubre de 2018 y cumplía el contrato. Por aquel entonces la administración del inmueble recaía sobre una inmobiliaria de la zona, que se puso en contacto con los inquilinos mediante burofax para comunicarles la finalización del contrato a fecha 31 de octubre, un procedimiento habitual”, explica la afectada. Después llegaron las amenazas y se vieron casi obligados a dejar de llevarme los papeles del piso por culpa del Sindicat de Llogaters.
“Los inquilinos, de los que yo no diré el nombre porque no lo veo necesario, alquilaron el piso por primera vez en agosto de 2007 con una renta pactada de 1.100 euros mensuales. Es un piso que está en el Eixample derecho, con cinco habitaciones y 140 m2. Por las circunstancias económicas por las que pasó medio país, se decidió que pasaran a pagar 1.000 euros, en vez de los 1.100 pactados. Es más, en alguna ocasión se intentó ofrecerles la opción de que alquilaran otro piso que tenemos, en otra zona y algo más pequeño, por un precio más asequible, pero se cerraron en banda, ya que ellos querían vivir en ese barrio: es decir, vivir en un barrio de clase alta a precio de ganga”, añade la propietaria.
"Cabe destacar que los inquilinos del piso ahora mismo son un matrimonio, que si bien la mujer no trabaja el marido, que es empleado del sector de la sanidad, cobra unos 2.500 euros al mes, y tres hijos; uno tiene 14 años y los otros dos tienen 25 años y 21 años y, según me consta, trabajan", añade la propietaria.
“Llegado el momento de la finalización del contrato, mi marido y yo comentamos qué precio se podía pedir por el piso, que heredé de mis padres. Ellos nos dijeron que por las características del piso y la situación actual del mercado, tenía un valor de unos 1.500 euros, pero nos pareció mucho, por lo que decidimos que, al ser unos inquilinos que llevaban mucho tiempo en el piso y que hasta entonces no habíamos tenido ningún problema con ellos, quedamos que la renta se subiría a 1.300 euros como una consideración hacia ellos”. Su respuesta, según la propietaria, fue que “no aceptaban la subida y que tampoco se iban a ir del piso”.
Teniendo en cuenta que el inmueble tiene 140 m2, como sostiene la propietaria, y que el precio del m2 de la zona se sitúa en 14,5 euros el m2, según idealista, la renta de la vivienda a precio de mercado sería de unos 2.030 euros mensuales. O lo que es lo mismo, cerca de un 36% más de lo que solicita la dueña.
El Sindicat de Llogaters entra en escena
“Fue el 4 de octubre de 2018, apenas unos días antes de que tuvieran que abandonar el piso, cuando recibimos la primera carta del Sindicat de Llogaters pidiendo negociaciones. Se lo comunicamos a la inmobiliaria y no le dieron importancia”. Argerich saca de una mochila una carpeta de documentación, entre la que se encuentra un mail en el que se puede leer un mensaje en el que se intenta tranquilizar a Esther: “Puedes estar tranquila, es una asociación que intentan bajar el precio, pero no pueden obligarte a nada”, aseguraron desde la inmobiliaria.
“No le di importancia, pero el 31 de octubre se presentó el sindicato en la puerta de la inmobiliaria que gestionaba el alquiler con pancartas, folletos y con maneras violentas, haciendo cómplices a esta empresa de lo que ellos estaban viendo como un abuso hacia los inquilinos”, explica la propietaria.
El 14 de noviembre, el sindicato y los inquilinos volvieron a la puerta de la inmobiliaria, pero esta vez, tal y como relata Argerich, “con un objetivo claro: si querían dejar de recibir amenazas, debían de dejar la administración de mi piso en Travessera de Gracia”. “Días después cedieron al chantaje del sindicato y me mandaron un burofax en el que ponían que se comprometían a no mantener ninguna relación mercantil conmigo y con propietarios que mantuvieran actitudes abusivas y fuera de lugar con inquilinos”, explica la propietaria, que además añade “tiene gracias que sea así, cuando fueron ellos los que me propusieron esa renta”.
Pasados unos meses, y ya con una situación que empezaba a ser incómoda para la propiedad, Esther y su marido decidieron que finalmente no querían negociar la renta y que iban a dejar el piso vacío un tiempo para someterlo a una reforma. No obstante, los inquilinos seguían dentro. “El 15 de enero de este año me enviaron una tercera carta para negociar, a la cual no contesté. El 12 de febrero recibí un burofax en mi casa, también para negociar, pero en este caso ya utilizando información privada y confidencial”, explica. Paralelamente a estos acontecimientos, Argerich interpuso juicio de desahucio, ya que había finalizado el contrato y, tal y como habían expresado en distintas ocasiones, “no tenían ninguna intención de abandonar el inmueble”.
“Fue en ese momento cuando el acoso del sindicato empezó a ser constante y enfermizo: en marzo se personaron en la puerta de mi edificio y dejaron octavillas por los buzones de todos los vecinos y por el suelo donde se podía leer que el trato que le estaba dando a mis inquilinos era inhumano”, dice Argerich con cara de incredulidad.
Mientras se empezaban a dar las primeras acciones del sindicato contra la situación que ellos denunciaban de abusiva, en paralelo hubo sentencia del juicio de desahucio con fecha de lanzamiento 8 de abril de 2019. “En cuanto se enteraron de esto, me contactaron por correo electrónico citándome para negociar las condiciones que ellos querían para los inquilinos y que, de no llevarse a cabo este encuentro, irían en masa a parar el desahucio. No daba crédito de como se estaba complicando todo”, asegura.
Pancartas, escraches y acoso en su trabajo
El 14 de marzo Esther Argerich se asomó por la ventana de su trabajo en Barcelona después de recibir una llamada un tanto extraña. “Estaban con pancartas con mi nombre en la puerta del edificio donde trabajo, obligándome a poner una denuncia por las coacciones a las que estaba siendo sometida”, asegura la propietaria, que añade que tuvo que coger varías bajas laborales a causa de cuadros de ansiedad. “A finales de marzo volvieron, pero esta vez con cámaras de TV3 (canal de televisión español de ámbito autonómico que emite en Cataluña)”
“Recuerdo que empezaron a llamar a mi trabajo, a mi extensión y a las de mis compañeros, explicando su versión de la historia; días más tarde me encontré carteles pegados por todo el recorrido que hago desde donde vivo hasta donde trabajo, una pesadilla”, dice.
En paralelo a estos hechos, y acercándose abril, fecha prevista para el desahucio, el abogado comunicó a la familia Argerich que los inquilinos habían apelado y que se paralizaba. “Como vi que la situación se empezaba a descontrolar y que no me veía con fuerzas para seguir luchando, pedí la ejecución provisional, que el Juez me concedió, proponiendo el 12 de septiembre como nueva fecha para el lanzamiento”, añade Esther.
La propietaria fue notificada también por estas fechas que los inquilinos habían pagado la renta hasta marzo de 2019 “para poder apelar” pero que después de ese mes no pagaron más, por lo que la apelación “quedaba resuelta”. La última fecha fue el 23 de octubre, que es cuando un nuevo actor entró en juego: Irene Montero.
“Ha cruzado una línea roja”
“Ella no tenía que haber tomado parte de la forma que lo ha hecho”, explica al ser preguntada por Irene Montero, una de las líderes de Unidas Podemos que el pasado miércoles denunció el caso dando el nombre de Esther Argerich en un vídeo en Twitter.
“Yo no soy la mala de la película, y me gustaría decirle que tiene mucha cara y lo que ha hecho es ilegal, y obviamente tendrá consecuencias”, dice Argerich. “Ella dice que está defendiendo derechos constitucionales por abuso, pero ¿y los derechos constitucionales que me está vulnerando ella a mi qué? Derecho a la propiedad privada, el derecho de imagen, el derecho de honor...”.
“Si tanto le importa la situación, animo a Irene Montero a que les busque ella un pisito de 1.000 euros de otro propietario que esté de acuerdo con su política. A mí que vivan como ellos quieran, lo único que no quiero es que sea en mi piso”, concluye la propietaria.
https://www.idealista.com/news/inmo...-a-que-sea-ella-la-que-les-busque-un-piso-a-1
Esther Argerich, propietaria del piso más polémico de la última semana, concede una entrevista a idealista/news
“Imagina tener un piso en propiedad y que después de más de diez años cobrando la misma renta decides subirlo por circunstancias personales. Ahora imagina que, por actualizar el precio de ese alquiler, previo aviso de cuatro meses a los inquilinos y que ha estado congelado desde entonces, empiezas a recibir amenazas por parte de sindicatos, escraches en la puerta de tu trabajo y la violación de tu privacidad en televisión por parte de políticos populistas. Pues ese es mi caso”. Así de contundente se muestra Esther Argerich, propietaria del piso más polémico de la última semana, en una entrevista a idealista/news.
“Me siento desamparada, siento como que se ha cruzado una línea roja y que se está utilizando mi caso para hacer política, algo que es totalmente injusto”, dice Argerich, entre lágrimas e impotencia. “Llevo en un estado de ansiedad continuo desde que se me ha puesto en medio de una polémica que, a mi parecer, no tiene ni pies ni cabeza: el piso es mío, lo quiero de vuelta y no lo quiero poner más en alquiler”, dice la propietaria, añadiendo que “ya no quiero negociar nada: ni aunque me dieran 1.500 euros los querría como inquilinos”. [Consulta las viviendas en alquiler en la zona]
Medio temblando por los nervios y la impotencia que le causa la situación, Argerich hace memoria y detalla una cronología de los hechos y sus intenciones. “Era octubre de 2018 y cumplía el contrato. Por aquel entonces la administración del inmueble recaía sobre una inmobiliaria de la zona, que se puso en contacto con los inquilinos mediante burofax para comunicarles la finalización del contrato a fecha 31 de octubre, un procedimiento habitual”, explica la afectada. Después llegaron las amenazas y se vieron casi obligados a dejar de llevarme los papeles del piso por culpa del Sindicat de Llogaters.
“Los inquilinos, de los que yo no diré el nombre porque no lo veo necesario, alquilaron el piso por primera vez en agosto de 2007 con una renta pactada de 1.100 euros mensuales. Es un piso que está en el Eixample derecho, con cinco habitaciones y 140 m2. Por las circunstancias económicas por las que pasó medio país, se decidió que pasaran a pagar 1.000 euros, en vez de los 1.100 pactados. Es más, en alguna ocasión se intentó ofrecerles la opción de que alquilaran otro piso que tenemos, en otra zona y algo más pequeño, por un precio más asequible, pero se cerraron en banda, ya que ellos querían vivir en ese barrio: es decir, vivir en un barrio de clase alta a precio de ganga”, añade la propietaria.
"Cabe destacar que los inquilinos del piso ahora mismo son un matrimonio, que si bien la mujer no trabaja el marido, que es empleado del sector de la sanidad, cobra unos 2.500 euros al mes, y tres hijos; uno tiene 14 años y los otros dos tienen 25 años y 21 años y, según me consta, trabajan", añade la propietaria.
“Llegado el momento de la finalización del contrato, mi marido y yo comentamos qué precio se podía pedir por el piso, que heredé de mis padres. Ellos nos dijeron que por las características del piso y la situación actual del mercado, tenía un valor de unos 1.500 euros, pero nos pareció mucho, por lo que decidimos que, al ser unos inquilinos que llevaban mucho tiempo en el piso y que hasta entonces no habíamos tenido ningún problema con ellos, quedamos que la renta se subiría a 1.300 euros como una consideración hacia ellos”. Su respuesta, según la propietaria, fue que “no aceptaban la subida y que tampoco se iban a ir del piso”.
Teniendo en cuenta que el inmueble tiene 140 m2, como sostiene la propietaria, y que el precio del m2 de la zona se sitúa en 14,5 euros el m2, según idealista, la renta de la vivienda a precio de mercado sería de unos 2.030 euros mensuales. O lo que es lo mismo, cerca de un 36% más de lo que solicita la dueña.
El Sindicat de Llogaters entra en escena
“Fue el 4 de octubre de 2018, apenas unos días antes de que tuvieran que abandonar el piso, cuando recibimos la primera carta del Sindicat de Llogaters pidiendo negociaciones. Se lo comunicamos a la inmobiliaria y no le dieron importancia”. Argerich saca de una mochila una carpeta de documentación, entre la que se encuentra un mail en el que se puede leer un mensaje en el que se intenta tranquilizar a Esther: “Puedes estar tranquila, es una asociación que intentan bajar el precio, pero no pueden obligarte a nada”, aseguraron desde la inmobiliaria.
“No le di importancia, pero el 31 de octubre se presentó el sindicato en la puerta de la inmobiliaria que gestionaba el alquiler con pancartas, folletos y con maneras violentas, haciendo cómplices a esta empresa de lo que ellos estaban viendo como un abuso hacia los inquilinos”, explica la propietaria.
El 14 de noviembre, el sindicato y los inquilinos volvieron a la puerta de la inmobiliaria, pero esta vez, tal y como relata Argerich, “con un objetivo claro: si querían dejar de recibir amenazas, debían de dejar la administración de mi piso en Travessera de Gracia”. “Días después cedieron al chantaje del sindicato y me mandaron un burofax en el que ponían que se comprometían a no mantener ninguna relación mercantil conmigo y con propietarios que mantuvieran actitudes abusivas y fuera de lugar con inquilinos”, explica la propietaria, que además añade “tiene gracias que sea así, cuando fueron ellos los que me propusieron esa renta”.
Pasados unos meses, y ya con una situación que empezaba a ser incómoda para la propiedad, Esther y su marido decidieron que finalmente no querían negociar la renta y que iban a dejar el piso vacío un tiempo para someterlo a una reforma. No obstante, los inquilinos seguían dentro. “El 15 de enero de este año me enviaron una tercera carta para negociar, a la cual no contesté. El 12 de febrero recibí un burofax en mi casa, también para negociar, pero en este caso ya utilizando información privada y confidencial”, explica. Paralelamente a estos acontecimientos, Argerich interpuso juicio de desahucio, ya que había finalizado el contrato y, tal y como habían expresado en distintas ocasiones, “no tenían ninguna intención de abandonar el inmueble”.
“Fue en ese momento cuando el acoso del sindicato empezó a ser constante y enfermizo: en marzo se personaron en la puerta de mi edificio y dejaron octavillas por los buzones de todos los vecinos y por el suelo donde se podía leer que el trato que le estaba dando a mis inquilinos era inhumano”, dice Argerich con cara de incredulidad.
Mientras se empezaban a dar las primeras acciones del sindicato contra la situación que ellos denunciaban de abusiva, en paralelo hubo sentencia del juicio de desahucio con fecha de lanzamiento 8 de abril de 2019. “En cuanto se enteraron de esto, me contactaron por correo electrónico citándome para negociar las condiciones que ellos querían para los inquilinos y que, de no llevarse a cabo este encuentro, irían en masa a parar el desahucio. No daba crédito de como se estaba complicando todo”, asegura.
Pancartas, escraches y acoso en su trabajo
El 14 de marzo Esther Argerich se asomó por la ventana de su trabajo en Barcelona después de recibir una llamada un tanto extraña. “Estaban con pancartas con mi nombre en la puerta del edificio donde trabajo, obligándome a poner una denuncia por las coacciones a las que estaba siendo sometida”, asegura la propietaria, que añade que tuvo que coger varías bajas laborales a causa de cuadros de ansiedad. “A finales de marzo volvieron, pero esta vez con cámaras de TV3 (canal de televisión español de ámbito autonómico que emite en Cataluña)”
“Recuerdo que empezaron a llamar a mi trabajo, a mi extensión y a las de mis compañeros, explicando su versión de la historia; días más tarde me encontré carteles pegados por todo el recorrido que hago desde donde vivo hasta donde trabajo, una pesadilla”, dice.
En paralelo a estos hechos, y acercándose abril, fecha prevista para el desahucio, el abogado comunicó a la familia Argerich que los inquilinos habían apelado y que se paralizaba. “Como vi que la situación se empezaba a descontrolar y que no me veía con fuerzas para seguir luchando, pedí la ejecución provisional, que el Juez me concedió, proponiendo el 12 de septiembre como nueva fecha para el lanzamiento”, añade Esther.
La propietaria fue notificada también por estas fechas que los inquilinos habían pagado la renta hasta marzo de 2019 “para poder apelar” pero que después de ese mes no pagaron más, por lo que la apelación “quedaba resuelta”. La última fecha fue el 23 de octubre, que es cuando un nuevo actor entró en juego: Irene Montero.
“Ha cruzado una línea roja”
“Ella no tenía que haber tomado parte de la forma que lo ha hecho”, explica al ser preguntada por Irene Montero, una de las líderes de Unidas Podemos que el pasado miércoles denunció el caso dando el nombre de Esther Argerich en un vídeo en Twitter.
“Yo no soy la mala de la película, y me gustaría decirle que tiene mucha cara y lo que ha hecho es ilegal, y obviamente tendrá consecuencias”, dice Argerich. “Ella dice que está defendiendo derechos constitucionales por abuso, pero ¿y los derechos constitucionales que me está vulnerando ella a mi qué? Derecho a la propiedad privada, el derecho de imagen, el derecho de honor...”.
“Si tanto le importa la situación, animo a Irene Montero a que les busque ella un pisito de 1.000 euros de otro propietario que esté de acuerdo con su política. A mí que vivan como ellos quieran, lo único que no quiero es que sea en mi piso”, concluye la propietaria.
https://www.idealista.com/news/inmo...-a-que-sea-ella-la-que-les-busque-un-piso-a-1
