La mayoría absoluta del Congreso exige la renovación del Poder Judicial en funciones

Bloqueo del CGPJ: un escándalo democrático al que Lesmes no es ajeno​

¿Alguien cree que es casual que el poder judicial ponga los impedimentos que pone al reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo o que llegue a insultarlas a través de decisiones sin parangón en el resto de Europa?

Por
Javier Lezaola.

6 de septiembre de 2021 23:00

Bloqueo del CGPJ: un escándalo democrático al que Lesmes no es ajeno

Carlos Lesmes y Pablo Casado

En septiembre de 2019 temió que el bloqueo del CGPJ contribuyera al “descrédito” del órgano de gobierno del poder judicial –uno de los tres poderes del Estado–, en septiembre de 2020 pidió a los “poderes públicos concernidos” desbloquearlo “sin mayores dilaciones”, y en septiembre de 2021 –este lunes– ha calificado de “incumplimiento de la legalidad” el “insostenible” bloqueo a su renovación y ha instado a superarlo poniendo fin a la “lucha partidista” a base de “patriotismo constitucional”. El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha pronunciado esos tres últimos discursos de apertura del Año Judicial en situación de interinidad, pues tanto el conjunto del órgano de gobierno del poder judicial como él mismo llevan en funciones desde diciembre de 2018 –es decir desde hace casi tres años–, cuando tanto la Constitución como la LOPJ instan a renovarlo cada cinco años, y la última vez que fue renovado corría diciembre de 2013.

Lesmes procede de la asociación conservadora APM y fue alto cargo del Ministerio de Justicia durante los ocho años de gobierno del PP de José María Aznar. Quizás por eso, sus discursos de apertura del Año Judicial –a medio camino entre la vacuidad y el alineamiento indisimulado con el bipartidismo que marcó el régimen del 78 hasta la irrupción de Podemos tras la crisis de 2008– nunca han identificado al responsable del bloqueo, que no es otro que el PP.

El partido dirigido por Pablo Casado sabe que en diciembre de 2013 –la última vez que el CGPJ fue renovado– tenía mayoría absoluta en el Congreso, y que en diciembre de 2018 –cuando el mandato del órgano del poder judicial caducó– ya no la tenía, y sigue sin tenerla. Y que, a su rosario de sentencias firmes y causas judiciales abiertas, desde diciembre de 2019 suma otro problema: en el Gobierno central ya no sólo se sienta el PSOE, también lo hace Unidas Podemos, y es que el bipartidismo que, con la connivencia de CiU o el PNV, marcó la inmensa mayoría del régimen del 78 tuvo que acabar cediendo el paso al primer Gobierno de coalición de ámbito estatal desde la II República.

Lesmes también lo sabe, y por eso –a pesar de que ya en su primer discurso con el CGPJ caducado reconoció el “descrédito” que supone que la renovación del órgano de gobierno del poder judicial esté bloqueada y a pesar de que en el último, pronunciado este lunes, haya reconocido que el bloqueo supone un “incumplimiento de la legalidad”– sigue sin identificar al partido responsable del bloqueo y sobre todo sigue sin dimitir para facilitar la renovación del órgano de gobierno del poder judicial.

Pero, en su discurso de este lunes, Lesmes ha ido un paso más allá y ha manifestado que “la justificación de la necesaria renovación del Consejo no resulta del cambio de composición de las Cámaras –como algunos sostienen–, sino exclusivamente de la finalización del plazo del mandato establecido en la Constitución”. Por supuesto que la Constitución y la LOPJ fijan la renovación del CGPJ “cada cinco años” –y no “cada vez que el Congreso cambia de composición”–, pero Lesmes sabe, y sin embargo omite, que el partido que bloquea la renovación del órgano de gobierno del poder judicial es el PP y que la bloquea precisamente porque el Congreso ha cambiado de composición y ya no dispone de mayoría absoluta en él.

“Los mismos”​

“La forma en que se realizó la transición, en que los partidos de izquierda renunciaron a sus principios a cambio de que se les permitiera participar en el juego parlamentario que reiniciaban los mismos que lo habían asaltado y destruido en 1936, permitió que se amnistiasen los crímenes cometidos en los cerca de cuarenta años de gobierno dictatorial –sin que a nadie se le ocurriese pedir su opinión a las «víctimas del terrorismo franquista», sistemáticamente marginadas– y, lo que es mucho más grave, hizo posible que siguieran administrando justicia los mismos que habían sancionado los abusos ahora perdonados”, advertía el historiador Josep Fontana en el prólogo del libro ‘Jueces, pero parciales. La pervivencia del franquismo en el poder judicial’ (2012).

Fontana recordaba asimismo que el “sistema judicial de la transición” fue “nutrido desde el principio por la plana mayor de los jueces y fiscales que no solo habían intervenido en los juicios de la dictadura, sino que habían contribuido a legitimarlos con su actuación en los cargos políticos del régimen”. Y que “lo que comenzaron como un intento de eliminar el recuerdo de los crímenes del franquismo ha acabado convirtiéndoles en guardianes de una parte de los valores del viejo sistema, que la derecha hoy gobernante intenta recuperar”. “Este triste presente en que vivimos, marcado por el retroceso de los derechos laborales, la erosión de los servicios sociales y la criminalización de la protesta cívica –unas tareas con las que un sector de los jueces y fiscales han colaborado, y siguen colaborando, con dedicación y entusiasmo– no es más que el comienzo de un proyecto de retroceso global que nuestra derecha se propone proseguir, si se lo consentimos, con el fin de devolvernos a la añorada paz social de la dictadura, con un buen sistema represivo como garante”, añadía el historiador, fallecido en agosto de 2018, cuatro meses antes de que el CGPJ caducara.

¿Alguien cree que es casual que el poder judicial ponga los impedimentos que pone al reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo o que llegue a insultarlas a través de decisiones sin parangón en el resto de Europa, como la que ha permitido al Ayuntamiento de Madrid –dirigido por PP y Cs con el apoyo del partido ultraderechista Vox– reponer los nombres de las calles dedicadas al militar golpista y político franquista José Millán-Astray y a los “caídos de la División Azul”, división de voluntarios enviada por el franquismo a Rusia, y encuadrada en el Ejército nazi, para participar en el intento de invasión de la Unión Soviética?

Según establece la Constitución de 1978, en España la justicia “se administra en nombre del rey”, es decir de la monarquía borbónica restaurada por el general golpista Francisco Franco a su muerte en 1975. La monarquía fue restaurada por Franco, y el poder judicial procede directamente del franquismo y está estrechamente conectado con el propio rey. La monarquía es hereditaria, y el órgano de gobierno del poder judicial lleva casi tres años caducado, coincidiendo precisamente con el ocaso del bipartidismo y el acceso al Gobierno –por primera vez desde hace ocho décadas– de una formación ubicada a la izquierda del PSOE. Pero junto a que la justicia “se administra en nombre del rey”, la Constitución también establece que la justicia “emana del pueblo”, algo que suele pasar desapercibido en ceremonias como la de este lunes. Hasta Lesmes –acompañado por el jefe del Estado, Felipe VI– ha calificado este lunes el bloqueo a la renovación del CGPJ de “incumplimiento de la legalidad”, pero es algo más, a lo que el propio presidente del órgano de gobierno del poder judicial no es ajeno: un escándalo democrático.

En su discurso de este lunes –extremadamente calculado y a veces incluso críptico, como todos los que pronuncia, y dirigido en todo momento sólo y exclusivamente a Felipe VI, a quien ha llamado varias veces “señor” y “majestad”–, Lesmes se ha permitido hasta el lujo de criticar más o menos veladamente a los poderes legislativo, por la reciente Ley Orgánica 4/2021, y ejecutivo, por su forma de justificar los indultos a los líderes del ‘procés’ de Catalunya. Y todo ello mientras pide respeto para el gobierno del poder judicial que preside en interinidad porque lleva ya casi tres años caducado por el bloqueo del PP.

 
Insistir e insistir en que el bloqueo es culpa del PP no cambia la realidad. El PSOE es tan culpable como el PP, pues no cambia un apice sus posiciones. No vale echarle la culpa a uno solo para que ceda solo el. En una negociacion ceden ambas partes
 

Un atasco de lujo​


Estar bloqueado, atascado, paralizado, restringido, no es algo agradable. Salvo que te paguen un salario estelar y lleves una vida profesional más relajada que normalmente y con todos los privilegios del cargo. Es lo que pasa en el Poder Judicial. Hace más de mil días que su mandato está caducado por ley y, como el PP se niega a renovarlo porque su actual composición le conviene, ahí siguen.

La cúpula del Poder Judicial podría dimitir para intentar desbloquear la situación, pero no lo hacen aunque califican la situación de “insostenible” y hacen un reparto equidistante de culpas. El presidente, Carlos Lesmes, cobra más de 140.000 euros brutos anuales.

Él y otros siete vocales tienen un sueldo más alto que el del presidente del Gobierno.

Los salarios del Poder Judicial en funciones: más de 142.000 euros para Lesmes y de 122.000 para los vocales​


 

Un atasco de lujo​


Estar bloqueado, atascado, paralizado, restringido, no es algo agradable. Salvo que te paguen un salario estelar y lleves una vida profesional más relajada que normalmente y con todos los privilegios del cargo. Es lo que pasa en el Poder Judicial. Hace más de mil días que su mandato está caducado por ley y, como el PP se niega a renovarlo porque su actual composición le conviene, ahí siguen.

La cúpula del Poder Judicial podría dimitir para intentar desbloquear la situación, pero no lo hacen aunque califican la situación de “insostenible” y hacen un reparto equidistante de culpas. El presidente, Carlos Lesmes, cobra más de 140.000 euros brutos anuales.

Él y otros siete vocales tienen un sueldo más alto que el del presidente del Gobierno.

Los salarios del Poder Judicial en funciones: más de 142.000 euros para Lesmes y de 122.000 para los vocales​


Pero aunque dimitieran en bloque, que seria una irresponsabilidad, si PP-PSOE no se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo. La responsabilidad es suya. No del Consejo.
 

Un atasco de lujo​


Estar bloqueado, atascado, paralizado, restringido, no es algo agradable. Salvo que te paguen un salario estelar y lleves una vida profesional más relajada que normalmente y con todos los privilegios del cargo. Es lo que pasa en el Poder Judicial. Hace más de mil días que su mandato está caducado por ley y, como el PP se niega a renovarlo porque su actual composición le conviene, ahí siguen.

La cúpula del Poder Judicial podría dimitir para intentar desbloquear la situación, pero no lo hacen aunque califican la situación de “insostenible” y hacen un reparto equidistante de culpas. El presidente, Carlos Lesmes, cobra más de 140.000 euros brutos anuales.

Él y otros siete vocales tienen un sueldo más alto que el del presidente del Gobierno.

Los salarios del Poder Judicial en funciones: más de 142.000 euros para Lesmes y de 122.000 para los vocales​


Y eso es mucho dinero, Idolo? Obviamente no es un sueldo bajo, pero cualquiera de ellos en un despacho grande, y cogen jueces con mucho gusto, ganaría bastante más. Conozco varios jueces de hecho que han ido a despachos cuando a sus hijos les llegaba el momento de hacer un máster en EEUU por ejemplo, para poder pagarlo.

Por otro lado resulta muy cansino que "el PP se niega a renovarlo". Debe ser por consenso. El consenso no depende de uno solo.
 
Y eso es mucho dinero, Idolo? Obviamente no es un sueldo bajo, pero cualquiera de ellos en un despacho grande, y cogen jueces con mucho gusto, ganaría bastante más. Conozco varios jueces de hecho que han ido a despachos cuando a sus hijos les llegaba el momento de hacer un máster en EEUU por ejemplo, para poder pagarlo.

Por otro lado resulta muy cansino que "el PP se niega a renovarlo". Debe ser por consenso. El consenso no depende de uno solo.
Por sorteo. Siempre lo he defendido
 

Bloqueo del CGPJ: un escándalo democrático al que Lesmes no es ajeno​

¿Alguien cree que es casual que el poder judicial ponga los impedimentos que pone al reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo o que llegue a insultarlas a través de decisiones sin parangón en el resto de Europa?

Por
Javier Lezaola.

6 de septiembre de 2021 23:00

Bloqueo del CGPJ: un escándalo democrático al que Lesmes no es ajeno

Carlos Lesmes y Pablo Casado

En septiembre de 2019 temió que el bloqueo del CGPJ contribuyera al “descrédito” del órgano de gobierno del poder judicial –uno de los tres poderes del Estado–, en septiembre de 2020 pidió a los “poderes públicos concernidos” desbloquearlo “sin mayores dilaciones”, y en septiembre de 2021 –este lunes– ha calificado de “incumplimiento de la legalidad” el “insostenible” bloqueo a su renovación y ha instado a superarlo poniendo fin a la “lucha partidista” a base de “patriotismo constitucional”. El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha pronunciado esos tres últimos discursos de apertura del Año Judicial en situación de interinidad, pues tanto el conjunto del órgano de gobierno del poder judicial como él mismo llevan en funciones desde diciembre de 2018 –es decir desde hace casi tres años–, cuando tanto la Constitución como la LOPJ instan a renovarlo cada cinco años, y la última vez que fue renovado corría diciembre de 2013.

Lesmes procede de la asociación conservadora APM y fue alto cargo del Ministerio de Justicia durante los ocho años de gobierno del PP de José María Aznar. Quizás por eso, sus discursos de apertura del Año Judicial –a medio camino entre la vacuidad y el alineamiento indisimulado con el bipartidismo que marcó el régimen del 78 hasta la irrupción de Podemos tras la crisis de 2008– nunca han identificado al responsable del bloqueo, que no es otro que el PP.

El partido dirigido por Pablo Casado sabe que en diciembre de 2013 –la última vez que el CGPJ fue renovado– tenía mayoría absoluta en el Congreso, y que en diciembre de 2018 –cuando el mandato del órgano del poder judicial caducó– ya no la tenía, y sigue sin tenerla. Y que, a su rosario de sentencias firmes y causas judiciales abiertas, desde diciembre de 2019 suma otro problema: en el Gobierno central ya no sólo se sienta el PSOE, también lo hace Unidas Podemos, y es que el bipartidismo que, con la connivencia de CiU o el PNV, marcó la inmensa mayoría del régimen del 78 tuvo que acabar cediendo el paso al primer Gobierno de coalición de ámbito estatal desde la II República.

Lesmes también lo sabe, y por eso –a pesar de que ya en su primer discurso con el CGPJ caducado reconoció el “descrédito” que supone que la renovación del órgano de gobierno del poder judicial esté bloqueada y a pesar de que en el último, pronunciado este lunes, haya reconocido que el bloqueo supone un “incumplimiento de la legalidad”– sigue sin identificar al partido responsable del bloqueo y sobre todo sigue sin dimitir para facilitar la renovación del órgano de gobierno del poder judicial.

Pero, en su discurso de este lunes, Lesmes ha ido un paso más allá y ha manifestado que “la justificación de la necesaria renovación del Consejo no resulta del cambio de composición de las Cámaras –como algunos sostienen–, sino exclusivamente de la finalización del plazo del mandato establecido en la Constitución”. Por supuesto que la Constitución y la LOPJ fijan la renovación del CGPJ “cada cinco años” –y no “cada vez que el Congreso cambia de composición”–, pero Lesmes sabe, y sin embargo omite, que el partido que bloquea la renovación del órgano de gobierno del poder judicial es el PP y que la bloquea precisamente porque el Congreso ha cambiado de composición y ya no dispone de mayoría absoluta en él.

“Los mismos”​

“La forma en que se realizó la transición, en que los partidos de izquierda renunciaron a sus principios a cambio de que se les permitiera participar en el juego parlamentario que reiniciaban los mismos que lo habían asaltado y destruido en 1936, permitió que se amnistiasen los crímenes cometidos en los cerca de cuarenta años de gobierno dictatorial –sin que a nadie se le ocurriese pedir su opinión a las «víctimas del terrorismo franquista», sistemáticamente marginadas– y, lo que es mucho más grave, hizo posible que siguieran administrando justicia los mismos que habían sancionado los abusos ahora perdonados”, advertía el historiador Josep Fontana en el prólogo del libro ‘Jueces, pero parciales. La pervivencia del franquismo en el poder judicial’ (2012).

Fontana recordaba asimismo que el “sistema judicial de la transición” fue “nutrido desde el principio por la plana mayor de los jueces y fiscales que no solo habían intervenido en los juicios de la dictadura, sino que habían contribuido a legitimarlos con su actuación en los cargos políticos del régimen”. Y que “lo que comenzaron como un intento de eliminar el recuerdo de los crímenes del franquismo ha acabado convirtiéndoles en guardianes de una parte de los valores del viejo sistema, que la derecha hoy gobernante intenta recuperar”. “Este triste presente en que vivimos, marcado por el retroceso de los derechos laborales, la erosión de los servicios sociales y la criminalización de la protesta cívica –unas tareas con las que un sector de los jueces y fiscales han colaborado, y siguen colaborando, con dedicación y entusiasmo– no es más que el comienzo de un proyecto de retroceso global que nuestra derecha se propone proseguir, si se lo consentimos, con el fin de devolvernos a la añorada paz social de la dictadura, con un buen sistema represivo como garante”, añadía el historiador, fallecido en agosto de 2018, cuatro meses antes de que el CGPJ caducara.

¿Alguien cree que es casual que el poder judicial ponga los impedimentos que pone al reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo o que llegue a insultarlas a través de decisiones sin parangón en el resto de Europa, como la que ha permitido al Ayuntamiento de Madrid –dirigido por PP y Cs con el apoyo del partido ultraderechista Vox– reponer los nombres de las calles dedicadas al militar golpista y político franquista José Millán-Astray y a los “caídos de la División Azul”, división de voluntarios enviada por el franquismo a Rusia, y encuadrada en el Ejército nazi, para participar en el intento de invasión de la Unión Soviética?

Según establece la Constitución de 1978, en España la justicia “se administra en nombre del rey”, es decir de la monarquía borbónica restaurada por el general golpista Francisco Franco a su muerte en 1975. La monarquía fue restaurada por Franco, y el poder judicial procede directamente del franquismo y está estrechamente conectado con el propio rey. La monarquía es hereditaria, y el órgano de gobierno del poder judicial lleva casi tres años caducado, coincidiendo precisamente con el ocaso del bipartidismo y el acceso al Gobierno –por primera vez desde hace ocho décadas– de una formación ubicada a la izquierda del PSOE. Pero junto a que la justicia “se administra en nombre del rey”, la Constitución también establece que la justicia “emana del pueblo”, algo que suele pasar desapercibido en ceremonias como la de este lunes. Hasta Lesmes –acompañado por el jefe del Estado, Felipe VI– ha calificado este lunes el bloqueo a la renovación del CGPJ de “incumplimiento de la legalidad”, pero es algo más, a lo que el propio presidente del órgano de gobierno del poder judicial no es ajeno: un escándalo democrático.

En su discurso de este lunes –extremadamente calculado y a veces incluso críptico, como todos los que pronuncia, y dirigido en todo momento sólo y exclusivamente a Felipe VI, a quien ha llamado varias veces “señor” y “majestad”–, Lesmes se ha permitido hasta el lujo de criticar más o menos veladamente a los poderes legislativo, por la reciente Ley Orgánica 4/2021, y ejecutivo, por su forma de justificar los indultos a los líderes del ‘procés’ de Catalunya. Y todo ello mientras pide respeto para el gobierno del poder judicial que preside en interinidad porque lleva ya casi tres años caducado por el bloqueo del PP.

Alguien cree que el PSOE no quiere amordazar los jueces?
 

Lesmesitis​

"La palabra más adecuada para expresar la patología que provoca el escroto aguado y tenerlos muy gordos es Lesmes. No hay nadie más desahogado en política española que Carlos Lesmes para definir a alguien que tiene los huevos gordos".



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Antonio Maestre

Madrid | 07/09/2021
La inflamación escrotal recibe el nombre de orquitis. La etimología es lógica y la palabra deriva de la griega orkhis, que es testículo, pero hay que evolucionar el lenguaje y adaptarlo más a nuestro tiempo. La palabra más adecuada para expresar la patología que provoca el escroto aguado y tenerlos muy gordos es Lesmes. No hay nadie más desahogado en la política española que Carlos Lesmes para definir a alguien que tiene los huevos gordos, sustituyamos la orquitis por la lesmesitis como término que representa a aquel que da lecciones sobre un tema del que es el máximo exponente.

Carlos Lesmes es un señor del PP que está donde está por ser del PP y por seguir la doctrina del PP. También es juez y presidente del Consejo General Poder Judicial, pero eso es secundario y no podría haberlo conseguido sin ser completamente servil al Partido Popular. Cuando se habla de la politización de la judicatura se pone el foco únicamente en los partidos políticos, como si los jueces fueran infantes que necesitan tutela y que no pueden mantener su independencia. Cuando un juez como Lesmes es controlado por el PP lo hace porque quiere y porque dejarse controlar le provoca unos beneficios sustanciosos. Hacer carrera en la judicatura es posible porque jueces se dejan controlar y saben que siendo serviles a los partidos con posibilidad de gobierno van a tener una carrera muy enriquecedora.

La legitimidad de Carlos Lesmes hace tiempo que desapareció para dar lecciones desde un púlpito. El señor de la orquitis aguda se atrevió a censurar al gobierno por la decisión soberana de otorgar los indultos y por la argumentación política que dio en el debate público para defender una decisión legal del ejecutivo. Hay que estar muy pagado de sí mismo para querer hacer política desde un órgano que está incumpliendo la Constitución desde hace tres años. Es cierto que política es lo único que ha hecho Lesmes en su vida, pero que sea decente por una vez en su carrera y lo haga como Enrique López presentándose en unas listas con el logo del PP que el presidente del CGPJ lleva oculto bajo la toga.

Lo único que tendría que haber hecho Carlos Lesmes en el discurso de apertura del año judicial era anunciar su dimisión y así provocar que se renovara el consejo que él preside y que lleva más de tres años caducado e incumpliendo la Constitución. Lesmes es el único que no precisa del acuerdo del PP y el PSOE para la renovación del órgano que preside, si cree que es insostenible la situación le basta con presentar una carta de renuncia. La desvergüenza del títere de los conservadores en el CGPJ se atrevió a pedir la renovación sin personalizar en el único partido que impide la renovación por que ya lo controla y practicando la equidistancia amoral que en España es tan bien recibida.

Hay dos responsables antisistema en las instituciones de este país. Uno es Pablo Casado en la oposición y otro Carlos Lesmes en la presidencia del CJPG. Individuos sin escrúpulos que prefieren pisotear la Constitución y destruir la credibilidad de las instituciones por interés personal. En el caso de Casado se debe a la ambición por lograr el poder arrastrando a España al descrédito y sin importarle arrasar con la convivencia con tal de lograr su objetivo, el de Lesmes es más mundano, en su puestín otorgado por los conservadores gana 142.000 € y mantiene chófer. Llevar tres años de más en un puesto caducado son 426.000 €, tres años en los que lleva dando lecciones de moral a los representantes del pueblo elegidos democráticamente. Es que hay que tenerlos muy gordos.

 
Si es muy fácil.... que los jueces elijan 12 y los políticos 8... como era antes que los SOCIALISTAS destruyeran la separación de poderes y con ello las bases de la democracia allá por el 85....

Pero los rojos no quieren cambiar el poder judicial.. quieren poner a los comunistas y supremacistas en el poder judicial para apoyar el cambio de régimen que el PSOE está llevando a cabo.... verbigracia... la ley de universidades.... caso clarísimo para coaptar y dominar el medio universitario aunque no estén en el poder y para ir quitando al rey de funciones y con ello establecer una república DE HECHO... que no de DERECHOS.

Saludos.
 
Por sorteo. Siempre lo he defendido
Sí, tú. Y no sé si alguien más, Garzón quizá. Pero las opciones que se barajan es que se elijan por valía profesional. Los propios jueces. O el Congreso. Pero por valía.
 
De momento quien no quiere negociar es el PP, mejor dicho Pablo Casado.
Me llama mucho la atención una cosa, que contradice lo del lavado de cerebro que te gusta imputar a las personas con ideas no comunistas: uno puede pensar que tiene más culpa Sánchez o más culpa Casado. Pero decir que la falta de consenso es culpa solo de uno, mientras el otro es un corderito lleno de inocencia resulta tan obviamente falso que a mí me inspira preocupación por cómo algunos están teniendo éxito creando cerrazón en sus seguidores.
 
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