La mayoría absoluta del Congreso exige la renovación del Poder Judicial en funciones

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  • PSOE, Unidas Podemos, ERC, Junts per Catalunya, PNV, Más País, Compromís, Teruel Existe y Nueva Canarias, que suman 187 escaños, pactan un comunicado en el que piden al resto de partidos que "cesen en su actitud de bloqueo"

Varias fuerzas parlamentarias, representantes de más de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, han pactado un comunicado en el que exigen al resto de partidos que permitan renovar las instituciones cuyo tiempo de ejercicio "ha caducado".





Los firmantes son PSOE, Unidas Podemos, ERC, Junts per Catalunya, PNV, Más País, Compromís, Teruel Existe y Nueva Canarias, que suman un total de 187 escaños. En el texto piden la renovación de instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

"Los grupos parlamentarios que, amparados en las mayorías reforzadas a las que obliga el ordenamiento jurídico, bloquean las renovaciones previstas, incurren en una grave irresponsabilidad. Ningún interés partidista y sectario justifica tal comportamiento, que contraviene el interés general de manera flagrante", lamentan estas formaciones. Piden al resto de partidos que "de manera inmediata cesen en su actitud de bloqueo y muestren su disposición a colaborar en la renovación pendiente de las instituciones citadas". El Partido Popular ha rechazado negociar con el Gobierno esta renovación, que requiere el apoyo de tres quintos de los diputados para salir adelante.

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha denunciado en Twitter que "la captura del Poder Judicial por parte del Partido Popular es inconstitucional, es insostenible como vimos este viernes y todos sabemos qué persigue". "La mayoría absoluta del único poder elegido directamente por la ciudadanía les exigimos que cesen inmediatamente su desacato", ha reclamado.


Los grupos parlamentarios han estado negociando durante la semana este comunicado conjunto, pero hasta el viernes no había consenso. Tras las tensiones que se produjeron ese día en torno al acto del Poder Judicial en Barcelona, los grupos han alcanzado un acuerdo.

Al sumar mayoría absoluta, estos partidos podrían decidir modificar la legislación para que no sea necesaria una mayoría reforzada para renovar el CGPJ, de manera que se pueda lograr esa renovación pese al bloqueo del PP.





 

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El búnker judicial: quién es quién en el gobierno de los jueces que ocupa el PP
Ignacio Escolar
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Doce de los 21 votos del CGPJ fueron nombrados por el PP David Velasco
26 de septiembre de 2020 21:16h
61

¿Recuerdan el 20 noviembre de 2011? En un par de meses se cumplirán nueve años desde aquella jornada electoral que dejó la última mayoría absoluta en el Congreso: la de Mariano Rajoy. España ha cambiado mucho desde entonces. Rajoy está retirado de la política, ha habido otras tres elecciones generales y el PP ha pasado de 186 escaños a 89. Es menos de la mitad de lo que fue.

Aquella mayoría absoluta de Rajoy ya es historia, salvo en un único lugar: el gobierno de los Jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Allí el PP se ha atrincherado, bloqueando la renovación, para controlar los nombramientos de los jueces del Tribunal Supremo, como expliqué en un informe anterior.
Es un CGPJ con el mandato caducado hace casi dos años y que también sirve a la derecha para hacer política, como se ha visto esta semana con la polémica del rey. Nunca antes ha habido un consejo tan escorado, ni tan alejado de la soberanía popular del que emana, como el que gobierna la justicia hoy.
Lo componen 21 personas: 20 vocales más el presidente. De ese total de 21, son 12 los que le deben el puesto al PP de Mariano Rajoy.
 
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Doce de los 21 votos del CGPJ fueron nombrados por el PP David Velasco
26 de septiembre de 2020 21:16h
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¿Recuerdan el 20 noviembre de 2011? En un par de meses se cumplirán nueve años desde aquella jornada electoral que dejó la última mayoría absoluta en el Congreso: la de Mariano Rajoy. España ha cambiado mucho desde entonces. Rajoy está retirado de la política, ha habido otras tres elecciones generales y el PP ha pasado de 186 escaños a 89. Es menos de la mitad de lo que fue.

Aquella mayoría absoluta de Rajoy ya es historia, salvo en un único lugar: el gobierno de los Jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Allí el PP se ha atrincherado, bloqueando la renovación, para controlar los nombramientos de los jueces del Tribunal Supremo, como expliqué en un informe anterior.
Es un CGPJ con el mandato caducado hace casi dos años y que también sirve a la derecha para hacer política, como se ha visto esta semana con la polémica del rey. Nunca antes ha habido un consejo tan escorado, ni tan alejado de la soberanía popular del que emana, como el que gobierna la justicia hoy.
Lo componen 21 personas: 20 vocales más el presidente. De ese total de 21, son 12 los que le deben el puesto al PP de Mariano Rajoy.
 
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La semana en que Lesmes echó un pulso al Gobierno y arrastró a la tormenta a Felipe VI
  • Moncloa intentó alejar la entrega de despachos judiciales de la fecha en la que el presidente del CGPJ les anunció que se conocería la sentencia sobre la inhabilitación de Torra. El Gobierno buscó blindar al rey y Lesmes amenazó con hacer coincidir el fallo con el 1-O
Esther Palomera
@estherpalomera

El Rey Felipe VI y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, a su llegada al Palacio de Justicia, en Madrid, para el acto de apertura del año judicial 2020/2021. Eduardo Parra - Europa Press
26 de septiembre de 2020 22:59h
82

Esta no es una historia del Gobierno contra la Monarquía, sino más bien de la cúpula judicial contra el Gobierno. Tampoco es una estrategia para "confinar" a la jefatura del Estado, sino para blindar a Felipe VI en un momento en que acumula problemas, y no porque se los haya creado precisamente el Gobierno, sino su propio padre, Juan Carlos I. El enésimo pulso de Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial en funciones y con el mandato caducado desde hace dos años, al gabinete de Sánchez ha ido esta vez demasiado lejos al usar a la Corona como ariete contra el Ejecutivo.




El relato que elDiario.es ha podido reconstruir con la versión de las instituciones implicadas sobre por qué el Gobierno desaconsejó la presencia de Felipe VI en Barcelona para la entrega de los despachos judiciales y la tormenta institucional que desató esta semana es muy diferente a lo que hasta ahora ha trascendido. Por las maniobras de Lesmes, por la ausencia de explicaciones de Moncloa, por la falta de transparencia de Zarzuela, por la necesidad de Unidas Podemos de diferenciarse de sus socios de Gobierno, por la ofensiva tuitera de Pablo Iglesias y Alberto Garzón contra la Monarquía. O por todo a la vez.

La historia empieza más o menos hace quince días cuando Carlos Lesmes transmite, en el transcurso de una conversación privada, al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que el Supremo tiene intención de notificar la sentencia de inhabilitación de Torra la semana que arranca el 21 de septiembre. Unos días después, el presidente del CGPJ designado con la mayoría absoluta de Mariano Rajoy, informa a La Moncloa de que el fallo saldrá el 24 de septiembre. Hasta aquí lo que cuentan fuentes cercanas a Campo.

"No es habitual que el Poder Judicial informe al Gobierno ni del contenido ni de las fechas de las sentencias, si bien todo lo que tiene que ver con Catalunya se ha movido en esas coordenadas desde hace tiempo para que el Ejecutivo pueda organizar las cuestiones de orden público que puedan suscitarse como consecuencia de fallos judiciales que afecten al independentismo", relatan varios interlocutores en el poder ejecutivo.

Unos días después de la llamada con la que Lesmes informa al Gobierno de la fecha concreta del fallo judicial, la Casa Real pasa a La Moncloa las previsiones –que no la agenda– de Felipe VI para la semana de marras y en ellas aparece el acto de entrega de despachos judiciales en Barcelona el día 25.

No hubo debate. Desde el Gobierno se le hizo saber a la Casa del Rey que no era oportuna políticamente la presencia del monarca en Barcelona en esas fechas porque coincidiría con el fallo judicial, y el jefe de la Casa "lo entendió perfectamente", según cuentan las mismos fuentes. Zarzuela declina entonces la invitación de Lesmes.

Poco después, el presidente del CGPJ hace saber al Ejecutivo, para intentar salvar la presencia del rey en el acto, que la notificación de la sentencia será el 1 de octubre, y el Gobierno pone el grito en el cielo al entender que hacer coincidir la posible inhabilitación con una fecha tan simbólica daría lugar seguro a nuevos episodios de inflamación del independentismo con los que se buscaría "santificar" a Torra.


"Carlos Lesmes [lamenta un ministro de Sánchez] buscaba una foto con el Rey por encima de cualquier otra cosa. Entró en cólera y maniobró todo lo que pudo para que la sentencia, una vez que se evitó la presencia de Felipe VI en Barcelona, no se conociera esta semana con el objetivo de impedir que quedase claro que la única intención del Gobierno era proteger al rey, y no emprender una campaña contra él, como ha pretendido hacer ver el presidente del CGPJ".

El malestar del Gobierno con Lesmes es notorio por cómo ha gestionado la entrega de despachos a los nuevos jueces en la Escuela Judicial de Barcelona sin la presencia del Rey. "Ha ido demasiado lejos", arguyen en La Moncloa, donde añaden que se le propuso aplazar la fecha del acto y alejarlo lo más posible de la tensión política que provocará la previsible inhabilitación de Torra, a lo que se negó rotundo.

Lo que ocurrió después y ha derivado en la polémica de esta semana es sabido por todos, incluida la "torticera maniobra" –en palabras del Gobierno– de Lesmes con la que desveló una llamada de Felipe VI que "solo fue de cortesía". Con su avieso manejo no solo ha agrandado la maltrecha relación del ejecutivo con la cúpula del poder judicial, sino que ha arrastrado al jefe del Estado al centro de una polémica, a la que también han contribuido el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, desde sus respectivas cuentas de Twitter al denunciar una supuesta "falta de neutralidad" del jefe del Estado y de "maniobrar" contra el Ejecutivo.

"Respeto institucional significa neutralidad política de la jefatura del Estado, renovación de los órganos judiciales en tiempo y forma, actuaciones de la fuerza pública proporcionales", escribió Iglesias en su cuenta de Twitter. Garzón fue incluso un paso más allá al acusar a la "monarquía hereditaria" de "maniobrar contra el Gobierno democráticamente elegido". Garzón consideró "insostenible" esa "posición" que, a su juicio, es "aplaudida por la extrema derecha".

En Moncloa prefirieron el viernes, en plena polémica, guardar silencio sobre la posición de sus socios, pero lo atribuyen a estudios demoscópicos cualitativos que maneja el partido morado y reflejan el coste electoral de estar en el Gobierno y la no rentabilidad electoral de las medidas aprobadas. A "su permanente necesidad" de distinguirse del PSOE, dicen las mismas fuentes. De ahí que, desde la vuelta del verano, Unidas Podemos haya elegido de nuevo como bandera el debate sobre Monarquía o República para diferenciarse del ala socialista del Gobierno.

Ni Iglesias ni ningún otro ministro, más allá del titular de Justicia, han estado al tanto de los detalles o el recorrido de esta nueva polémica entre el CGPJ y el Gobierno, ya que han sido el propio Sánchez y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, quienes han llevado personalmente la negociación con Zarzuela y Campo y la interlocución con Lesmes.

Lo nuclear del asunto en todo caso es que al presidente del CGPJ –nombrado por el Gobierno de Rajoy y sin recambio por el bloqueo del PP–, con el mandato caducado y sin visos de que se desbloquee la renovación de la cúpula judicial, le ha dado por ejercer sus poderes, incluidos diversos nombramientos en puestos clave del Poder Judicial. En su enésimo pulso al Ejecutivo de Sánchez "no ha tenido reparo en utilizar y meter en su mismo fango a Felipe VI", dicen fuentes del Ejecutivo.

No será su última maniobra. Esta semana, el miércoles, el CGPJ tiene previsto hacer nuevos nombramientos y el Gobierno no está dispuesto a cruzarse de brazos. Con las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial estancadas tras el fallido pacto entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, Lesmes parece decidido a realizar varios nombramientos discrecionales de calado en el pleno del próximo día 30. Entre otros, tres nuevos jueces para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que decide los casos de corrupción.

De hecho, en el discurso de Apertura del Año Judicial, Lesmes recalcó que "el órgano de gobierno de los jueces tiene asignadas por la Constitución unas muy relevantes funciones, en particular en materia de nombramientos" y subrayó que esas funciones "son permanentes y de debido cumplimiento, de manera que deben seguir desarrollándose, porque lo contrario sería incumplir la norma fundamental, con grave quebranto para la justicia española". Atentos a la semana, que el Gobierno ya baraja distintos escenarios para impedirlo.
Carlos Lesmes parece que se ha creído que su puesto es vitalicio y abusa de su status, cosa que le permite el PXXE.

Lo que es una vergüenza es que no se cumpla la CE de renovación de jueces y que el Sr. Lesmes se crea el ombligo de la judicatura española.

Y lo que es una vergüenza es que se critique a quienes lo dicen alto y claro, es decir, Iglesias y Garzón.

De Pedro Sanchez no merece ya decir nada, desleal con su socio de gobierno y dejarse pisotear por un ignorante político como es Pablo Casado.

Del rey, ya ni me molesto en comentar nada. Otro igual que su padre. De buen profesor no puede salir mal alumno.
 
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PSOE y Unidas Podemos registran la reforma para reducir la mayoría para renovar el Poder Judicial y limitar sus funciones con el mandato caducado

portavoz socialista, Adriana Lastra, conversa con el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique este miércoles en la primera sesión de la Comisión del Congreso para la Reconstrucción Social y Económica. En Madrid (España) a 13 de mayo de 2020. Pool - Archivo
Aitor Riveiro / Irene Castro

13 de octubre de 2020 12:21h
44
@ikaitor@irecr
PSOE y Unidas Podemos han registrado este martes la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial con la que pretenden rebajar la mayoría requerida para renovar al órgano de gobierno de los jueces, que lleva dos años en funciones ante el bloqueo del PP. La propuesta conjunta de los partidos que sustentan a la coalición supone que una parte de los veinte vocales que componen el Poder Judicial puedan salir elegidos por mayoría absoluta (176 diputados) y no necesiten el apoyo de los tres quintos (210) del Congreso y el Senado, como en la actualidad. Además, la propuesta de socialistas y grupo confederal pretende limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando su mandato ha caducado. La intención es que el órgano de gobierno de los jueces no pueda designar plazas en audiencias provinciales o tribunales superiores como está haciendo ahora el organismo presidido por Carlos Lesmes, que lleva en funciones dos años. No obstante, no tendrá carácter retroactivo en el caso de los nombramientos que ya se han hecho. El cálculo de socialistas y grupo confederal es que la nueva fórmula quede aprobada en dos meses.


La reforma de la ley tiene una cierta complejidad porque la Constitución establece que Congreso y Senado eligen cuatro vocales, respectivamente, por mayoría de tres quintos. Esa prerrogativa se mantiene para los miembros designados de entre los juristas de reconocido prestigio con quince años de carrera profesional dado que eliminarla requeriría una reforma de la Carta Magna -por mayoría reforzada-. El cambio se produce para la elección de los doce miembros procedentes de la carrera judicial. La Constitución establece que esa designación se regule a través de una ley orgánica. Actualmente, establece también una mayoría de tres quintos de cada cámara para la elección de los seis vocales que corresponden a cada una por el turno judicial. La propuesta mantiene que cada Cámara designe a seis vocales, pero cambia el proceso. En una primera votación tendría que obtener el respaldo de tres quintos. "Si en primera votación alguna de las Cámaras no alcanzase la mayoría requerida, se procederá a efectuar nueva votación, cuarenta y ocho horas después, en la que la Cámara correspondiente elegirá los seis Vocales del turno judicial por mayoría absoluta", señala el texto de PSOE y Unidas Podemos.

Tres escenarios de bloqueo

Además, establece un triple mecanismo para la renovación del Poder Judicial en función de si el bloqueo se produce solo en el Congreso o también en el Senado, o si solo corresponde al turno de juristas. "Si el día de la sesión constitutiva del nuevo Consejo General del Poder Judicial alguna de las Cámaras no hubiera procedido aún a la elección de ninguno de los Vocales cuya designación le corresponda, se constituirá el Consejo General del Poder Judicial con los diez Vocales designados por la otra Cámara y con los Vocales del Consejo saliente que hubieran sido designados en su momento por la Cámara que haya incumplido el plazo de designación, pudiendo desde entonces ejercer todas sus atribuciones", dice la proposición, que establece una fórmula diferente en el caso de que solo se hayan renovado doce de los veinte vocales.

La portavoz socialista, Adriana Lastra, ha defendido que esa propuesta de que el CGPJ pueda renovarse, aunque sea a medias si una de las Cámaras aprueba los nombramientos pero la otra no, sigue la estela de una medida que defendió el PP en 2013. "Había previsto que el CGPJ se constituyera cuando una Cámara hubiera designado a los vocales, aunque no lo hubiera hecho la otra", ha señalado Lastra. "Es una proposición de ley para que se cumpla la Constitución, para que no pueda haber partidos, como el PP, que permiten que se bloqueen organismos constitucionales", ha defendido su homólogo del grupo confederal, Pablo Echenique.

"Si el día de la sesión constitutiva del nuevo Consejo General del Poder Judicial ambas Cámaras hubieran procedido a la elección de los seis Vocales correspondientes al turno judicial, pero no así a la de los cuatro Vocales que han de elegirse entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión [que requieren mayoría de tres quintos], se constituirá el Consejo General del Poder Judicial con la totalidad de los Vocales del turno judicial ya designados por ambas cámaras y los Vocales del Consejo saliente que hubieren sido designados en su momento por el turno de juristas de reconocida competencia, pudiendo desde entonces ejercer todas sus atribuciones", señala la propuesta. El mandato de los nombramientos que se retrasen no podrán, además, alargar su mandato más allá de los cinco años de duración del mandato del CGPJ del que forman parte.

Por último, la normativa que impulsan PSOE y Unidas Podemos también contempla un bloqueo como el actual, es decir, que ni Congreso ni Senado han nombrado a los nuevos miembros del CGPJ. En ese caso, se mantendrá el Poder Judicial con su composición caducada, aunque quedarán mermadas sus atribuciones, hasta que se renueve. La principal limitación es que el CGPJ no podrá hacer nombramientos dentro de la carrera judicial, como ha hecho en estos dos últimos años pese a estar en funciones. La última fue la designación de seis magistrados en el Supremo.

Las atribuciones del CGPJ quedarán limitadas a ser oído por el Gobierno antes del nombramiento del Fiscal General del Estado; participar, en los términos legalmente previstos, en la selección de Jueces y Magistrados; resolver lo que proceda en materia de formación y perfeccionamiento, provisión de destinos, ascensos reglados, situaciones administrativas y régimen disciplinario de Jueces y Magistrados; ejercer la alta inspección de Tribunales, así como la supervisión y coordinación de la actividad inspectora ordinaria de los Presidentes y Salas de Gobierno de los Tribunales; cuidar de la publicación oficial de las sentencias y demás resoluciones que se determinen del Tribunal Supremo y del resto de órganos judiciales; garantizar el funcionamiento y actualizar los programas formativos de la Escuela Judicial; ejercer la potestad reglamentaria en materias como la publicidad de las actuaciones judiciales, constitución de órganos judiciales fuera de su sede, o fijación de audiencias públicas, etc.; organización y gestión de la actuación de los órganos judiciales españoles en materia de cooperación jurisdiccional interna e internacional, entre otras. El presidente del CGPJ no podrá, además, cesar al secretario general o vicesecretario general del organismo.

La tramitación elegida es más rápida que un cambio impulsado desde el Gobierno

Pedro Sánchez ha decidido llevar a cabo esta reforma a través de los grupos parlamentarios y no mediante una iniciativa del Gobierno. "La elección de los miembros del CGPJ es una competencia del Congreso y el Senado. Entendimos que teníamos que ser los grupos parlamentarios los que presentáramos esta proposición de ley sobre todo teniendo en cuenta que hace unas semanas 187 pidieron la renovación", ha dicho Lastra, que ha negado que la fórmula escogida pretenda sortear la petición de informes a organismos como el Consejo de Estado o el propio CGPJ.

La decisión del presidente se produjo después de que Pablo Casado haya cerrado la puerta a renovar el CGPJ tras dos negociaciones que saltaron por los aires en el último momento y tras el último encontronazo con Lesmes a propósito de la decisión del Ejecutivo de no refrendar la presencia del rey en la entrega de los despachos a la nueva promoción de la carrera judicial. Ese día Lesmes filtró una llamada de Felipe VI en la que supuestamente lamentaba no haber podido acudir al acto. Casa Real enmarcó la llamada en la "cortesía". La ministra de Defensa, Margarita Robles, acusó al presidente del Poder Judicial de tratar de enfrentar a la monarquía y el Gobierno.

PP, Ciudadanos y Vox amenazan ya con recursos

El presidente del PP, Pablo Casado, ha rechazado de plano la reforma para reducir la mayoría para renovar el Poder Judicial y limitar su funciones con el mandato caducado registrada este martes por PSOE y Unidas Podemos. A través de un mensaje en Twitter, Casado ha asegurado que con su propuesta "Sánchez pretende liquidar la separación de poderes en pleno ataque a la independencia judicial de su vicepresidente investigado", en alusión a Pablo Iglesias, informa Iñigo Aduriz.



El PP, que bloquea la renovación del Poder Judicial desde hace dos años, acudirá a los tribunales en el caso de que la reforma sea aprobada en el Congreso. "No lo permitiremos: si perpetran este atropello a la legalidad, recurriremos al Tribunal Constitucional y a las Instituciones y Tribunales Europeos", ha advertido el líder popular. La portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, ha ido un paso más allá al acusar a Pedro Sánchez de tratar de "imponer una dictadura".

Por su parte, Vox también ha anunciado que recurrirá esa modificación legal ante el Tribunal Constitucional y el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha denunciado que se trata de una "tropelía del PSOE", y ha asegurado que su grupo secundará un recurso de inconstitucionalidad -no tiene el número suficiente de diputados (35) para hacerlo-, informa Carmen Moraga.

El Gobierno ve una "sinrazón" la posición de Casado
Por su parte, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha expresado su convencimiento de que la reforma contará con las garantías jurídicas necesarias para ser avaladas por los tribunales y ha pedido al principal líder de la oposición que "arrime el hombro" y abandone las "extravagancias". "Me parece una sinrazón que diga que se niega a cumplir con el mandato constitucional y cuando determinados grupos políticos buscan una fórmula, están trabajando una situación de consenso, anuncie sin conocerlo un recurso ante el Tribunal Constitucional", ha reprochado Montero.

"Señor Casado, si lo que pretende es que se cumpla la Constitución, no ponga recursos porque algunos intentan desbloquear, desbloquee usted", le ha interpelado la portavoz, que ha considerado que es "muy fácil" salir de esta situación sentándose "a pactar las cuestiones que se tienen que renovar y no bloquear con su veto lo que tendría que haber ocurrido hace dos años". No obstante, ha enfatizado que el jefe de la oposición está en una suerte de "insumisión o rebelión constitucional" al negarse a renovar el CGPJ "mientras este Gobierno siga siendo este Gobierno".

Además, Montero ha acusado al PP de intentar "patrimonializar" las instituciones del Estado, como la monarquía o el Poder Judicial y se ha referido a la entrevista de Isabel Díaz Ayuso en El Mundo en la que aseguraba que "la Justicia, Madrid y el Rey son los que impiden que Sánchez cambie el país por la puerta de atrás". "Flaco favor les hace", ha lamentado.



La ignorancia es la madre del atrevimiento.

A ver Pablito. Se nota que la licenciatura de Derecho te la regalaron, pero hombre, ¡disimula un poco!

Debieras saber que quien tiene competencia para legislar es el Parlamento, y el Poder Judicial aplicar lo que el Parlamento legisle. Esa es la VERDADERA SEPARACION DE PODERES.

¿O va a ser inconstitucional modificar una ley en el Parlamento por muy orgánica que sea, porque a ti ni a tu partido no le gusta?

Lee la CE por lo menos y mira cuando se tiene que renovar el Poder Judicial, y si lo sabes no nos hagas creer que eres ignorante, y que todavía no se ha renovado porque a ti no te ha dado la gana, al estar en el Gobierno un vicepresidente que no te gusta, porque pones de manifiesto otra vez tu ignorancia, o mejor dicho ignorancia deliberada de que quien elige a sus ministros y vicepresidentes es el presidente de Gobierno.

Otra vez...lee al menos la CE o mejor dicho ¡A ver si la recuerdas!
 

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Sánchez llama antisistema al PP por el bloqueo del Poder Judicial y Casado asegura que no le presiona con el "atropello" de reforma
  • El líder del PP exige el cese de Iglesias para negociar la renovación del CGPJ y el presidente traslada su "absoluta confianza" en el vicepresidente


Irene Castro / Iñigo Aduriz
14 de octubre de 2020 09:21h
8
@irecr@inigoaduriz
La propuesta de reforma de la ley para sortear el veto del PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha protagonizado buena parte de la sesión de control al Gobierno. Ha copado el rifirrafe entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, que le ha acusado de llevar a cabo un "atropello" legal con esa proposición que PSOE y Unidas Podemos registraron este martes. "A mí no me presiona nadie y menos alguien como usted", le ha espetado el jefe de la oposición, que también ha exigido el cese de Pablo Iglesias como vicepresidente segundo como condición mínima para negociar la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial. El presidente ha mostrado su "confianza absoluta" en Iglesias y ha calificado de "antisistema" al principal partido de la oposición por su negativa a cumplir con el mandato de renovación del CGPJ.


PSOE y Unidas Podemos registran la reforma para sortear el veto a la renovación del Poder Judicial y PP, Vox y Ciudadanos anuncian recursos
Casado ha arremetido contra el presidente por intentar llevar a cabo una reforma "a la polaca" del órgano de gobierno de los jueces -que PP, Vox y Ciudadanos ya han anunciado que recurrirán- y ha asegurado que no permitirá que introduzca en la negociación a un "partido imputado" en referencia a Podemos, al que ha acusado también de no respetar al rey y de defender a "batasunos, independentistas y bolivarianos".

En un tono bronco, Casado ha acusado a Sánchez de "mentir" con el número de muertos y con los informes de Seguridad Nacional -en referencia a la publicación en El Mundo de frases cortadas de esos escritos en la etapa anterior a que la pandemia de la COVID-19 estallara en España-. También ha aprovechado para para pedirle que retire el estado de alarma en Madrid al entender que las cifras han mejorado y que el Gobierno ha cambiado las condiciones para mantenerlo.

"En Europa ya ven a este país como un estado fallido pero se equivocan. El único fallido es usted como presidente del Gobierno", ha rematado Casado.

"No entraremos en sus provocaciones en absoluto", le ha contestado Sánchez, a quien un parlamentario ha gritado "¡gamberro!" antes de que comenzara a hablar. El presidente ha reprochado al PP que cumpla con la Constitución "a medias según le convenga o no" y que por eso mantiene bloqueado el CGPJ, el Defensor del Pueblo o el Tribunal Constitucional. "Desde que preside el PP ha dejado de ser un partido de Estado, es un partido antisistema, que no cumple con la Constitución", ha proseguido Sánchez. "Ha arrastrado a su partido en la estrategia de una oposición crispada, provocadora, que es lo que está haciendo la ultraderecha en este país", ha dicho el presidente, que ha situado al principal partido de la oposición a rastras de la extrema derecha.

VÍDEO | Sánchez, a Casado: "Este es un Gobierno que no tiene ni procesados, ni condenados, ni imputados"

"A días de la moción de censura no sabemos qué va a hacer el PP favor contra o ponerse de perfil. Rectifique, medite, antes de que sea muy tarde para usted y su partido", le ha aconsejado.

El presidente también ha aprovechado la pregunta que le ha formulado el presidente de Vox, Santiago Abascal, para arremeter contra la estrategia de oposición del líder del PP. "Fíjese lo que está haciendo abriendo la puerta a la ultraderecha", le ha dicho el presidente del Gobierno a Casado, al que ha acusado de sumarse a la "estrategia de crispación y de insultos" de la extrema derecha. "Le insto a que rectifique, a que centre a su partido, a que se modere", ha insistido Sánchez, dirigiéndose en todo momento al presidente del PP.
Después de que el líder de Vox volviera a defender la moción de censura que su grupo ha registrado en el Congreso y que se debatirá la próxima semana, Sánchez ha vuelto a mencionar a Casado: "Señor Abascal, ya veremos qué apoyos tiene su moción de censura la próxima semana y por eso le pido al señor Casado que no se deje arrastrar por la estrategia de la crispación de la extrema derecha y rechace la moción", ha concluido.

VÍDEO | Abascal, a Sánchez: "Tendrán la moción de censura que merecen como ningún otro Gobierno lo ha merecido en democracia"

Abascal ha defendido precisamente esa moción de censura que no prosperará. "Estamos alerta frente a ustedes, frente al retroceso de derechos y libertades que han traído a España, por el gusto que han cogido a los estados de excepción", le ha dicho el líder de la extrema derecho, que ha asegurado que el Ejecutivo está "contra el estado de derecho, contra el orden constitucional".
Sánchez le ha recordado que el Gobierno es "legítimo" dado que recibió el voto de los españoles y ha aprovechado para presumir de su funcionamiento en comparación con el de la Comunidad de Madrid, secundado externamente por Vox. "Para usted habría que ilegalizar la mitad de los medios, la mitad de los medios de la Cámara... eso tiene un nombre", le ha respondido Sánchez.
El cara a cara entre la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, y la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, se ha desarrollado en el mismo clima de cruce de reproches que entre Sánchez y Casado. La dirigente popular ha considerado que la "actividad política más destacable" de la vicepresidenta "ha sido prestar amparo a Iglesias en sus actuaciones judiciales". "Siendo usted tan feminista llama la atención que apoye la actitud machista del vicepresidente en el caso Dina", le ha dicho, provocando un sonado abucheo en la bancada de la izquierda. A juicio de Gamarra, el Gobierno pretende "suplantar" la democracia "con un régimen populista".

VÍDEO | Cuca Gamarra, a Carmen Calvo: "Son ustedes un fraude, no respetan la separación de poderes"

"La calidad democrática tiene muchos ingredientes pero tiene uno, cumplimiento de la norma, para empezar la Constitución", le ha respondido Calvo, haciendo alusión de nuevo al rechazo del PP a negociar reformas como la del CGPJ y otros órganos constitucionales.
Sobre la reforma para reducir la mayoría necesaria para renovar el Poder Judicial, bloqueado por el PP desde 2018, Gamarra ha acusado al Gobierno de ejercer el "despotismo" contra la ciudadanía. "Son ustedes un fraude, no respetan la separación de poderes y quieren volver a matar a Montesquieu", ha remarcado.

"Tranquilidad, que me recuerda usted a otra compañera suya que le precedió", ha contestado Calvo, refiriéndose a Cayetana Álvarez de Toledo, que fue relevada por Casado en agosto, cuando eligió a Gamarra como portavoz en el Congreso. La vicepresidenta ha recordado la reforma legislativa que impulsó el PP en 2012 para poder renovar el CGPJ cuando no se produjera un acuerdo político y ha acusado a los populares de entrar "en una espiral que es inexplicable e inentendible". "Cumplan con el papel de partido de Estado que han ejercido en los últimos 40 años y dejen de hacer el trabajo a la ultraderecha", ha pedido Calvo.

García Egea pide a Iglesias que dimita "por decencia"

La reforma del sistema de elección del CGPJ anunciada por PSOE y Unidas Podemos también ha marcado el habitual debate entre el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea. El 'número dos' de los populares ha asegurado que Iglesias "puede ser juzgado en el Tribunal Supremo por tres graves delitos, está pendiente de ser juzgado por utilizar la justicia y por machista". "¿Qué tiene usted que ocultar?" le ha preguntado García Egea a Iglesias, que le ha pedido que dimita "por decencia".

VÍDEO | Iglesias, al PP: "En España hay separación de poderes e independencia judicial, a pesar de ustedes"

Para el dirigente del PP PSOE y Unidas Podemos buscan reformar el método para renovar el CGPJ por propio interés. "Quiere usted la ley del CGPJ porque usted quiere elegir al juez que le juzgue y eso el PP no lo va a permitir", le ha dicho a Iglesias. "Entiendo que tiene miedo, porque tiene miedo de todo aquello que no controla. Entre la corrupción, las mentiras y la incompetencia donde deberían declarar el estado de alarma es en su Gobierno, no en Madrid", ha concluido.

"En España hay separación de poderes e independencia del poder judicial a pesar de ustedes", ha apuntado Iglesias en su respuesta, recordando las palabras del exportavoz del PP en el Senado, Ignació Cosidó: "Ustedes decían 'vamos a controlar el poder judicial por la parte de atrás'".

Arrimadas: "Son el Gobierno que peor ha gestionado la pandemia"

Pero no solo el PP ha cargado contra el Gobierno por su intención de modificar la forma de renovación del Poder Judicial. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ha apoyado al Ejecutivo durante la pandemia y que negociará los presupuestos, ha sido especialmente dura en su interpelación a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. "¿En manos de quién estamos? -se ha preguntado-. Son el Gobierno que peor ha gestionado la pandemia del mundo". Arrimadas ha acusado a Calvo de responder con "altanería" y le ha pedido que haga "autocrítica". En su respuesta, la número dos del Ejecutivo ha aprovechado para recriminar a la líder de Ciudadanos que sostenga a Ayuso en lo que ha considerado una de las "situaciones más intransitables" de la pandemia.

Arrimadas ha cargado contra el Gobierno por "atacar al rey" y dedicarse a acercar presos etarras así como a hacer política "a la carta" para sus "socios golpistas condenados" en referencia a a los indultos. También ha afeado a Sánchez que gobierne con un "partido imputado" y ha dado por hecho que Iglesias estaría investigado si no fuera por el "privilegio" del aforado. "Solo hay una idea peor que se repartan a los jueces por amplísima mayoría es que se repartan con sus socios", ha dicho en referencia a la intención de modificar la ley del Poder Judicial. La líder de Ciudadanos ha advertido de que llevará el asunto a Europa "donde saben que no se permiten estas prácticas". "Rectifiquen porque están dañando la imagen de España", ha sentenciado.



Bueno, bueno, ya veo que las catervas de los MMPP y de los afines a la derecha están que trinan por la iniciativa de desbloquear, repito y lo pongo en mayúsculas DESBLOQUEAR los nombramientos de los ya caducados jueces en sus puestos.

¿Donde estaban esas hordas cuando durante DOS AÑOS ha sido un único partido, el PP al que no le ha dado la gana de entablar negociaciones para llegar a acuerdos de nuevos nombramientos?

¿Donde estaban los turbamultas? Bien calladitos ¿verdad?

Ahora que se busca una salida que no gusta todos en tromba

¡Que ascazo de MMPP!

¡Que ascazo de bastantes jueces que estaban muy tranquilitos con el CGPJ caducado desde hace años!

¿Por qué estaban calladitos ante una situación insólita propiciada por un líder político y amparada con su silencio por los demás.

Ahora ha salido hasta Ines Arrimadas que hasta ahora estaba bien calladita. Calladita hasta lo que está haciendo Aguado en Madrid, y se le suelta la lengua ahora....diciendo que es el peor Gobierno que ha gestionado la pandemia. ¿No se acuerda Inés de como lo está gestionando Aguado con Ayuso? ¿Tan poquita memoria tiene?

¡Esto es que lo hay españoles! Partidos que tanto hablan de Constitución y a la hora de la verdad no piden responsabilidades a los que se la saltan por dos años.

Y salen en tromba cuando hay una propuesta para desatascar una situación propiciada por INTERESES POLÍTICOS de los partidos de la derecha que tienen un montón de asuntos en el juzgado pendientes de resoluciones y sentencias.
 
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Casado se enroca en el bloqueo: solo hablará con Sánchez si retira la reforma sobre el CGPJ y "expulsa a Podemos"

Casado, este miércoles, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso. EFE/ Mariscal
Iñigo Aduriz / Irene Castro
14 de octubre de 2020 22:46h
30
@inigoaduriz@irecr
"A mí nadie me presiona y menos alguien como usted", le espetó este miércoles el líder del Partido Popular, Pablo Casado, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados. El máximo dirigente de los populares quiso así dejar claro que no se piensa mover un ápice de su negativa a negociar con la izquierda la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de otros órganos constitucionales como el Defensor del Pueblo o el Tribunal Constitucional, así como la cúpula de RTVE.


Casado, que este miércoles encajó la ratificación de la sentencia del caso Gürtel por parte del Tribunal Supremo –que condena al PP "a título lucrativo" pero que elimina las alusiones a la caja B del partido–, no solo no se siente presionado por la propuesta de PSOE y Unidas Podemos conocida el martes, que tiene como objetivo reducir la mayoría necesaria para renovar el máximo órgano de los jueces, cuyo mandato caducó en 2018 y cuya renovación está bloqueada desde entonces por el PP, sino que trata de prolongar así la mayoría conservadora del actual CGPJ, elegido en 2013, durante la mayoría absoluta de Mariano Rajoy.

VÍDEO | El bloqueo de la renovación del Poder Judicial centra la sesión de control al Gobierno en el Congreso

El líder del PP ha endurecido, además, sus exigencias al Ejecutivo para volver a la mesa de negociación. Ahora Casado considera indispensable que se retire la propuesta de reforma presentada el martes por los partidos de la coalición –que los populares consideran "dictatorial" y un "atropello legal"– y que, asimismo, el presidente del Gobierno "expulse" a su aliado de Unidas Podemos del proceso de la renovación de las instituciones.

En las filas populares afirman, en todo caso, que el gesto de PSOE y Unidas Podemos al presentar una propuesta de reforma tratando de que una parte de los 20 vocales que componen el Poder Judicial puedan salir elegidos por mayoría absoluta (176 diputados) y no necesiten el apoyo de los tres quintos (210) del Congreso y el Senado, como en la actualidad, rompe del todo cualquier opción de retomar las conversaciones para renovar el CGPJ.

Un bloqueo de dos años

Desde el Gobierno defienden la propuesta de reforma y lo atribuyen a la "inaguantable" posición de bloqueo que mantiene Casado. "¿Se ha negado por activa y pasiva a renovar y resulta que lo que tiene que hacer esta Cámara es aquietarse?", reflexionaba este miércoles un miembro del Gobierno que aseguraba que durante tres meses se ha hablado semanalmente con los conservadores sobre la renovación del órgano de gobierno de los jueces sin que haya "forma humana" de llegar a un entendimiento.

Esa premisa les hace pensar que nada hará cambiar el líder del principal partido de la oposición. "¿El resto de españoles tiene que ver cómo se renuevan esos cargos –argumentaba esa misma fuente en referencia a los nombramientos que ha hecho el CGPJ en funciones– sin que se renueve el mandato conforme a las urnas? Si mandan las urnas mandan las urnas".

En los últimos dos años, el PP ha dinamitado todas las aproximaciones con el Gobierno para renovar el máximo órgano de los jueces con un acuerdo con el PSOE. En noviembre de 2018 la negociación saltó por los aires tras filtrarse un mensaje en el que el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, aseguraba que con el nombramiento del juez Manuel Marchena –que era el nombre pactado con el Gobierno para presidir el nuevo CGPJ– se controlaría "por detrás" la sala segunda del Supremo. Finalmente, Marchena renunció y presidió el tribunal que juzgó el procés.

El último fracaso de las negociaciones se evidenció el pasado 2 de septiembre, durante la reunión que mantuvieron Sánchez y Casado en el Palacio de la Moncloa, en la que el líder del PP rompió los avances que se habían logrado entre ambas partes durante sus conversaciones en los meses de verano, al negarse a entrar en una negociación en la que participe el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. La justificación del presidente del PP fue entonces que la posición de Unidas Podemos en contra de la monarquía y la imputación del partido en un procedimiento judicial a raíz de una denuncia de un extrabajador imposibilitaba sentarse a hablar con esa parte del Gobierno.

La estrategia del PP para controlar la Justicia

Oficialmente, el PP siempre ha tratado de justificar su negativa al acuerdo defendiendo que su objetivo es "despolitizar" el Poder Judicial, a pesar de que gracias a su bloqueo se mantiene la mayoría conservadora en el CGPJ, que sigue nombrando jueces. Desde diciembre de 2018 y con el mandato caducado, el CGPJ que mayoritariamente escogió el Gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado medio centenar de nombramientos. Entre ellos, ha nombrado a 18 jueces del Tribunal Supremo, que se quedarán ahí hasta su jubilación. Los últimos seis fueron elegidos el 30 de septiembre, y Unidas Podemos estudia llevar estos nombramientos ante el Constitucional al haberse realizado fuera del plazo de mandato del Poder Judicial, que se encuentra en funciones desde 2018.

Desde la restauración de la democracia, los tres bloqueos del PP en la renovación del CGPJ han servido para que la derecha decidiera la mayoría de los nombramientos de jueces en el Supremo. Gracias a ese lento proceso en el que participaron en su día José María Aznar y Mariano Rajoy, y que ahora protagoniza Casado, en 1995, se ha dado la situación de que la Sala de lo Penal pasara de estar formada por siete jueces progresistas y seis conservadores, en 1995, a que en 2020, sean 11 conservadores frente a dos progresistas.

Este miércoles, tras la crispada sesión de control al Gobierno, fuentes de la dirección del PP volvían a apelar a ese supuesto deseo de desvincular al Poder Judicial del poder político. "Si quieren ir hacia la despolitización, ahí vamos a estar. Pero Podemos no va a entrar en la ecuación del PP", argumentan en Génova 13. Durante su intervención en el Pleno, Casado pedía a Sánchez que "expulse a Podemos" del proceso de negociación del CGPJ. Añadía, además, una nueva exigencia: "Mientras no retire su atropello legal, no hay nada que pactar".
Para el líder del PP, los partidos del Gobierno "amenazan con una reforma a la polaca" del CGPJ, que "liquidaría la separación de poderes y la independencia judicial". Por eso advertía de que, si Sánchez no rectifica, el PP acudirá al Tribunal Constitucional y a las instituciones y tribunales europeos, sugiriendo incluso que la reforma podría poner "en riesgo los fondos de reconstrucción por atacar el Estado de Derecho".

El "deterioro de la imagen de España"

En Moncloa sentó especialmente mal la amenaza de Casado de que la propuesta de reforma legislativa ponga en riesgo los 140.000 millones de euros para la recuperación económica que España espera recibir de Bruselas. Los socialistas consideran que es un "mal camino" vincular ambas cosas que persigue el "deterioro de imagen de España". Fuentes gubernamentales sostienen que no se puede comparar la situación de España con la de países como Polonia o Hungría: "No se cuestiona una propuesta de los grupos, conforme a legalidad y a los procedimientos para cambiar la ley. Ni está ni se espera ese debate en Europa".

La tesis del Gobierno es que el bloqueo de la renovación del Poder Judicial supone una vulneración de la Constitución, que establece una duración de cinco años improrrogables al mandato del órgano de gobierno de los jueces, y por eso justifica la necesidad de acometer una reforma que, en última instancia, cumpla un mandato constitucional. "Desde que lo preside, el PP ha dejado de ser un partido de Estado, es un partido antisistema, que no cumple con la Constitución", recriminó Pedro Sánchez a Pablo Casado durante el control al Gobierno este miércoles.

Ante la negativa de los populares, la coalición progresista ha optado por reducir la mayoría necesaria para la renovación del CGPJ. Las fuentes gubernamentales consultadas argumentan que el Congreso es la única institución capaz de reformar sus propias normas dado que es el único organismo que eligen de forma directa los ciudadanos. "Las únicas mayorías que hay que respetar son las que establece la Constitución. Las demás son ordinarias fruto del trabajo legislativo", justifican fuentes gubernamentales sobre la decisión de permitir que los jueces escogidos para las vocalías del Poder Judicial puedan serlo con mayoría absoluta (176 votos) y no la mayoría de tres quintos (210) que actualmente establece la ley.

En las filas socialistas genera algunas suspicacias el golpe en la mesa que ha dado Sánchez, aunque no habrá una respuesta en público. La principal preocupación es la puerta que se abre a que en el futuro una mayoría de derechas pueda renovar los órganos constitucionales sin consenso. En esa línea se expresó el líder de Más País, Iñigo Errejón, que es uno de los firmantes del comunicado secundado por 187 parlamentarios que exigían el desbloqueo de la renovación del Poder Judicial.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, reconoció este miércoles el "miedo" ante la posibilidad de que en el futuro gobierne el PP con la ultraderecha y Ciudadanos: "Es un debate interesante saber si es pan para hoy y hambre para mañana", señalaba, en alusión a la reforma presentada por PSOE y Unidas Podemos. No obstante, el republicano admitía que "este país tiene un gravísimo problema con el Poder Judicial" dado que esté persiguiendo "una idea" –el independentismo– a la que a su juicio ha declarado la "guerra" al igual que al Gobierno, según expresó Rufián en declaraciones a los medios.

"Esa es una hipótesis falaz –responden fuentes del Gobierno sobre ese planteamiento de que en un futuro la derecha se beneficiará de ese cambio legislativo–. Esta Cámara hará lo que tenga que hacer con la mayoría que le den los ciudadanos con arreglo a los resultados de las urnas". "Lo contrario es que el PP bloquea", sentencian.

Las otras renovaciones institucionales

En el Gobierno creen que la posición que mantiene el PP tiene que ver con su pugna por la derecha con Vox, por lo que no creen que entre a negociar ninguna renovación institucional por mucho que ponga condiciones que, además, ven inviables, como la ruptura de la coalición. Así se lo ha hecho saber el presidente a Casado cuando ha mostrado su "confianza absoluta" en Iglesias y los demás miembros del Consejo de Ministros.

De hecho, las fuentes consultadas apuntan a que mantendrán la mano tendida para renovar otros órganos, como RTVE o el Defensor del Pueblo. "En todo lo que no haya que tocar leyes no se tocan.En este caso no hay forma", expresan sobre el Poder Judicial, aunque advierten que en el resto de organismos bloqueados se modificarán las leyes en "todos" los casos que sean necesarios. "Uno detrás de otro", apostillan.

No obstante, de los organismos pendientes de renovar solo el Defensor del Pueblo está regulado en una ley orgánica semejante a la del Poder Judicial, es decir, que sería la que podrían reformar los grupos que sustentan al Gobierno para rebajar la exigencia de tres quintos de las cámaras para su elección. En el caso de RTVE, la idea es culminar el concurso público que arrancó hace dos meses y que por ahora está estancado. También el mandato de algunos miembros del Tribunal Constitucional está caducado, pero en este caso es la Carta Magna la que establece que los miembros que designan las Cortes tengan el respaldo de tres quintos en las cámaras.


Pablito es imbécil. No merece ni ser político, ni mucho menos alternativa a ser presidente de Gobierno de éste país. Debe cumplir la ley y es el primero que se la salta.

Los pactos se hacen hasta con el diablo si es en bien de los españoles, al menos eso debiera primar sobre todo, y mucho menos exigir que Pedro Sanchez cese sin motivo alguno a un vicepresidente.

Lo primero que tendría que hacer es callar después de la sentencia que ha caído sobre el PP y sobre ningún político en activo o no en activo del PP.

Se ha condenado a gente relacionada con los chanchullos pero a ningún político del PP. ¡Que casualidad! ¡Que jueces tan afinados!

Será que el tesorero recogió sobrecitos y se lo cocieron todo entre Correa, Crespo, etc etc etc sin enterarse Aznar ni nadie del PP.

Y todavía sin esclarecer quien es M. Rajoy. Deberá ser tarea ímproba para el juez porque M.Rajoy relacionado con el PP debe haber miles en España, y todavía no puede determinar a quien se refiere los apuntes de Bárcenas.

No me extraña que hayan cogido cariño a los actuales jueces caducados.
 
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Sesión de control al Gobierno de Ayuso
Ceregumil para Casado
  • Me preocupa que tenga tantas lagunas siendo tan joven, la verdad. No le deseo que le empeoren esos síntomas, que se le manifiestan también cuando grita que España es ya Polonia y que no nos van a dar los fondos europeos por ello
Elisa Beni
@elisabeni



El Supremo le ha regalado a Casado unas frases en su confirmación de la sentencia de la Gürtel y tanta ilusión le ha hecho el presente al líder de la oposición que se las vistió a las nueve de la mañana, en la sesión de control, aunque la sentencia no se hizo pública hasta cuatro horas más tarde. En el teatro del absurdo en el que se ha convertido el Hemiciclo, esos párrafos en los que se decía una evidencia -que al Partido Popular "ningún reproche penal se le podía hacer en su condición de partícipe a título lucrativo" pero que afirmar esto "carece de efectos prácticos" y es "intrascendente para el fallo" - le han servido al jefe de un partido enlodado para reafirmarse en el grito de ¡no hemos sido condenados y este partido es inocente! Olvida él, como tantos, que su partido sólo fue considerado en el procedimiento de esta forma porque hasta diciembre de 2012 los partidos políticos no tenían responsabilidad penal como personas jurídicas, así que era imposible considerarlo de otra manera. El Supremo hoy ha condenado a un extesorero y exsenador del PP a 29 años y 11 meses, pero oiga, no hay corrupción en ese partido que aún se arrastra por los juzgados de Instrucción.

El regalito, minúsculo, de los jueces conservadores de la Sala II le ha servido también para alzarse sobre una nueva falacia: "la moción de censura se basó en una mentira", lanzó al plató de debate en el que se ha convertido el Hemiciclo. La moción de censura se basó en el hartazgo mayoritario de las fuerzas políticas de la Cámara suficientes como para hacer caer a un gobierno de un partido enfangado de corrupción. Se le fue de la cabeza, como sin querer, que después de eso ha habido un par de elecciones generales con el mismo resultado. También olvidó Casado, cuando se envalentonó pidiendo al vicepresidente del Gobierno su dimisión o su cese, que él mismo estuvo en la mismísima situación que Iglesias, con una exposición razonada ante la Sala II y no se le pasó por la cabeza ni dejar su cargo ni dejar su acta de diputado. Hizo bien, porque luego todo quedó en nada y nunca llegó a ser imputado, que es lo que con mucha probabilidad ocurrirá también con Pablo Iglesias. Y es que Casado tiene un Alzheimer inverso por el que maneja una pléyade memorística increíble de frases y cuestiones recientes y descontextualizadas, pero olvida siempre convenientemente lo que de la memoria a largo plazo no le conviene recordar.

Eso debe pasarle también con el tema del CGPJ y la renovación de los órganos constitucionales, que no se acuerda que fue él el que rompió en dos ocasiones el acuerdo -una tras el obsceno mensaje del famoso control trasero de la Sala y otra este agosto- y el que mantiene por su conveniencia bloqueado una renovación que la Constitución obliga a hacer. Ahora que los partidos que gobiernan -y es que gobiernan ellos, mal que le pese a los populares- han dado un puñetazo en la mesa y llevado una proposición de ley a las Cortes para cortocircuitarle su felonía, en un trámite que tan poco le gusta por su rapidez y falta de informes, tampoco recuerda que fue Rajoy quien exactamente con el mismo procedimiento y los votos exclusivos del PP realizó la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que convirtió a Lesmes en un caudillo y al órgano, en su feudo.

Me preocupa que tenga tantas lagunas siendo tan joven, la verdad. No le deseo que le empeoren esos síntomas, que se le manifiestan también cuando grita que España es ya Polonia y que no nos van a dar los fondos europeos por ello. Alguien debería susurrarle que su partido votó en contra de que se les apretaran las tuercas a los países iliberales -Hungría y Polonia- para evitar que cruzaran líneas rojas democráticas. Para darle ese respaldo a Polonia, el PP en Europa se desmarcó hasta de su propio grupo en la Eurocámara. Esto sucedió en enero de este año, que ya sabemos que la pandemia nos ha enloquecido un poco a todos, pero que al líder de la derecha lo ha dejado para el arrastre.

Para lo que sí ha estado despierto ha sido para darse cuenta de que el provocador proyecto de ley para reformar la LOPJ presentado por el PSOE y por Podemos va de obligarle a cumplir con su deber y renovar los órganos constitucionales porque el daño que está haciendo a la democracia es de los que dejan huella. No falla Sánchez ahí cuando le acusa de liderar un partido "antisistema y no un partido de Estado". Se están luciendo los renovados líderes del PP, esos que jamás lo hubieran sido si precisamente no hubiera habido una moción de censura y no hubiera manado apestosa toda la podredumbre de su partido. Tanta cuenta se ha dado que ha exclamado muy alterado: "No voy a pactar nada. A mí no me presiona nadie y menos usted".

Los que beben de las fuentes populares dicen que sí, que al final frenará la reforma sentándose a negociar y eso precisamente es lo que se busca y lo deseable. A mí hay una parte del proyecto -la que deja con funciones limitadas al CGPJ con mandato vencido- que me parece pertinente y necesaria para asimilarlo al resto de poderes del Estado. La otra, la del cambio de mayoría para elegir a la mayoría del órgano de gobierno de los jueces, me parece fea y peligrosa y muy digna de las maquiavélicas mentes de la derecha, pero casa poco con los principios que la izquierda no debe nunca saltarse. El órdago ha sido muy grande y tendrá efectos colaterales. Les ha servido en bandeja más frases y lemas para llamar al gobierno "autoritario" -¡Oh, my God los que gobiernan gracias a Vox!- y hasta para intentar perjudicar al Gobierno con el dinero de Bruselas y con él a todos los españoles. También se les suele olvidar ser patriotas cuando corren tras el caramelo del poder. Les ha dado a los jueces conservadores un argumento victimista para hacer oposición directa a esta reforma y, para qué cortarse, al Gobierno directamente. Les han dado la oportunidad de que la desmemoria generalizada de la derecha y de sus voceros borre el pecado original del inadmisible bloqueo táctico del PP que ha sido el detonante de todo. Muchas frases y muchos gritos de regalo, que seguro se amplificarán la semana que viene en la moción de censura.

La apuesta ha sido alta y ni siquiera Podemos pensaba que Sánchez se la compraría y es que la mala cabeza de Casado, y a ratos su mala fe, acaba con la paciencia de cualquiera. El puro hecho de no utilizar el trámite de lectura única, que es aún más rápido, deja bien a las claras que el interés final del órdago es que Casado recuerde quién es, dónde está y cual es su obligación institucional.

Acabo de demostrarles que no es tarea fácil.

 
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Pues si siguen adelante se quedan sin la tela de Bruselas, a elegir susto o muerte, salvar al soldado Chepas o salvar su gobierno

Pedro Sánchez arriesga los fondos europeos por su ataque al Poder Judicial
El Gobierno sostiene que la reforma del Consejo General del Poder Judicial no choca con el cumplimiento del Estado de Derecho europeo que exige Bruselas para liberar el dinero del paquete de ayudas

 
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Preocupación en Europa por el asalto de Sánchez a la Justicia: los 140.000 millones, "en riesgo"
La reforma judicial de PSOE y Podemos ha generado "alarmismo" en Bruselas | La decisión dejaría a España en una situación de "aislamiento total" en Europa por situarse en la línea de Polonia y Hungría, donde reniegan de la separación de poderes
ANA BELÉN RAMOS
15/10/20 - 00: 01

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en el Congreso. EFE
Al plan del Gobierno de reformar el Poder Judicial para rebajar la mayoría de votos necesarios en el Congreso y en el Senado para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) empiezan a brotarle múltiples aristas. El recurso que cabe al Tribunal Constitucional -y que ya se han comprometido a presentar PP, Cs y Vox- no llegará hasta que no se apruebe la reforma de la Ley Orgánica en el Congreso y, aún así, la iniciativa estaría en vigor hasta que el citado tribunal se pronunciase, puesto que no cabe suspensión cautelar. Por ello, todos los ojos se dirigen al peso que pueda tener Bruselas para que el Gobierno dé marcha atrás, sobre todo si lo que está en juego es la recepción del fondo de recuperación, por el que a España le corresponderían 140.000 millones entre ayudas directas y préstamos a devolver.

La noticia fue recibida en los pasillos de Bruselas con «estupor», «preocupación», «consternación» y hasta «espanto», según varios altos cargos del Parlamento Europeo consultados por El Independiente. El «alarmismo» por la proposición de ley registrada el pasado martes en el Congreso por los grupos de PSOE y Unidas Podemos impregnó incluso a las filas socialistas europeas, no sólo por la «gravedad» de una cuestión que entraría a cuestionar, de facto, un principio básico como es la separación de poderes en España, sino que «puede impedirnos recibir el fondo europeo de recuperación» que, aunque pueda parecer lo contrario, aún no se ha aprobado y sigue bloqueado en el Consejo Europeo.
Gritos de dictador y corruptos en otra bronca de alto nivel en el Congreso
Gritos de «dictador» y «corruptos» en otra bronca de alto nivel en el Congreso
La clase política ha llevado el debate parlamentario al fango. El ya irrespirable clima de tensión y de crispación ha provocado que las palabras hayan sido sustituidas en su mayor […]
Los 140.000 millones del fondo «sí podrían ponerse en riesgo», suscribe el economista y vicepresidente de Renew Europe, Luis Garicano, que apunta también a la amenaza de perder la «reputación» de España en Europa y no duda en equiparar directamente la propuesta de reforma del Poder Judicial con «actuaciones como las del Gobierno polaco, ocupando la judicatura de forma partisana».
«Es una actuación muy peligrosa», afirman otras fuentes autorizadas europeas de distinto signo político que prefieren permanecer en el anonimato, y que coinciden no obstante en rebajar la euforia de Moncloa -donde siguen convencidos de que el fondo europeo no peligra por la reforma del Poder Judicial, según publica El Mundo– y en recordar que, si el Consejo Europeo acepta que respetar el Estado de Derecho sea condición sine qua non para el reparto de dinero, la Comisión Europea, ‘guardiana’ de los Tratados, «no aceptaría» que las ayudas llegasen a España precisamente por vulnerar la separación de poderes. «Es la peor jugada posible en el peor momento posible, que deja a España en una posición muy delicada con respecto al fondo», advierten, porque «quebrar la división de poderes implica quebrar la democracia».
El bloqueo de Polonia, Hungría… ¿y España?
Pese a lo que pueda parecer, el fondo europeo está en una situación de bloqueo que, al menos de momento, hace imposible su recepción temprana. El Parlamento Europeo exigió por consenso al Consejo el pasado mes de julio que la recepción del fondo de recuperación debía incluir la condicionalidad del respeto al Estado de Derecho y la separación de poderes, un requisito para el que es necesario el aval de todos los Estados miembro. O lo que es lo mismo: un sólo país puede bloquear el desembolso de los 750.000 millones. Y Polonia y Hungría se niegan a aceptar esa cláusula.
La Asociación Europea de Jueces expresa su gran preocupación por el paso atrás de España en la independencia judicial
La Asociación Europea de Jueces expresa su «gran preocupación» por el «paso atrás» de España en la independencia judicial
Si bien el Consejo Europeo aprobó antes de verano el fondo de recuperación por unanimidad sin la mencionada condición, en septiembre el Parlamento reiteró su exigencia, y subió la apuesta: si el Consejo no recogía el respeto a la división de poderes como condición para repartir las ayudas, éste no aprobaría el Marco Financiero Plurianual, entendido como el aval sin el que Bruselas no puede solicitar el crédito para el fondo de recuperación y, por tanto, no habría ayudas. «El planteamiento del Parlamento es fácil de entender. ¿Que Polonia y Hungría tienen un problema con el estado de derecho? Que lo resuelvan y cobrarán», explica un alto cargo del Parlamento.
Pero la situación se enquistó aún más hace 48 horas, cuando Finlandia, Dinamarca y Holanda amenazaron justo con lo contrario a lo que exigen Polonia y Hungría: si el fondo no incluye la condición de respeto a la separación de poderes, serán ellos los que bloquearán el fondo en el Consejo.
En mitad de este escenario tan complejo ha aparecido España con una reforma legal que pone en cuestión, precisamente, la división de poderes en nuestro país, lo que la deja «en una posición de total aislamiento» respecto a la mayoría comunitaria, cuenta otra eurodiputada, y «pone al descubierto que puede haber populismo de derechas, pero también de izquierdas. Y ambos dañan el futuro de la Unión Europea. Las malas prácticas se pagan», afirma. Esta decisión «sitúa a España en la misma línea de negociación en la que están Hungría y Polonia. Será Sánchez quien exigirá que no se acepte esa condición», sostiene en este caso un dirigente del Grupo Popular, que advierte además que el paso adelante Sánchez en su intento por asaltar el Poder Judicial será utilizado por los países frugales, reacios a la aprobación del fondo, para dificultar su ratificación, lo que pondría en peligro su puesta en marcha y, por tanto, la recuperación de economías ya deprimidas como la española.
La Comisión pararía la adjudicación para España
«Sánchez no ha medido el riesgo en un momento en que el estado de derecho es el único tema aquí», escribía el propio Garicano en la red social Twitter, para denunciar el «atropello» que supone una decisión de estas características en plena negociación del cómo, cuando y a quién se reparte el fondo Covid en Europa.

Y es que si el Consejo lograse deshacer el entuerto en que se encuentra en estos momentos y se aprobase un mecanismo fuerte de defensa del estado de derecho para acceder al dinero europeo, pasaría a ser competencia de la Comisión Europea vigilar y decidir quién cumple y quién no este requisito. Y España, de aprobarse la reforma de PSOE y Unidas Podemos para que sea el Ejecutivo el que diseñe el órgano de gobierno de los jueces en nuestro país, no pasaría ese filtro, según coinciden todas las fuentes consultadas.
Se da la circunstancia nada menor de que los dos comisarios responsables de decidir qué países están en condiciones de cobrar las ayudas en función de su respeto al estado de derecho son Vera Jourová, vicepresidenta de Valores y Transparencia; y Didier Reynders, comisario de Justicia, ambos pertenecientes al grupo Renew Europe (Ciudadanos), y ambos «espantados» con el intento de reforma judicial del Gobierno de España, según fuentes cercanas a ambos dirigentes. No entienden, por tanto, que en Moncloa den por segura la recepción de los fondos pese a la reforma, ya que además de los dos dirigentes mencionados, los otros dos cargos con más voz en esta decisión -la presidenta, Ursula von der Leyen; y el responsable del área económica, Valdis Dombrovskis- pertenecen al Grupo Popular.
Cargos del gobierno polaco presumen de la medida de Sánchez con el CGPJ: ¿Europa intervendrá como con nosotros?
Cargos del gobierno polaco presumen de la medida de Sánchez con el CGPJ: «¿Europa intervendrá como con nosotros?»
Dos cargos del gobierno polaco han presumido este miércoles de que la reforma planteada por PSOE y Unidas Podemos para cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder […]
«No sería sorprendente que, si el clima político en España sigue enrareciéndose a la velocidad que lo hace, nos encontrásemos en la misma situación que Polonia y Hungría cuando llegue el momento de decidir si se nos van a adjudicar los fondos o no», explican las mismas fuentes. De hecho, el Gobierno de Polonia, de extrema derecha, ya ha dejado en evidencia la maniobra de Sánchez y ha preguntado directamente a la Unión Europea si va a intervenir España por la reforma que plantea del CGPJ como lo ha hecho con Polonia, para reclamar igualdad de condiciones a la Comisión Europea.

«Si la Unión Europea sanciona a Polonia por elegir al poder judicial por una mayoría de tres quintos del Parlamento, que hará Bruselas si España nombra el GGPJ por la mitad más uno?», escribía en Twitter el número dos de Exteriores de Polonia, Pawel Jablonski. No ha sido el único. También el secretario de Estado de Justicia, Sebastian Kaleta, ha lamentado que «la Comisión Europea y los alemanes están creando mecanismos para poner a Polonia en primera línea y obligarnos a obedecer, pero el modelo español no les molesta en absoluto»

 
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Iglesias arriesga los fondos de la UE con su idea de CGPJ
iglesias-7oct20.jpg
Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno. EP

  1. Carmen Obregón
Madrid 7:29 - 15/10/2020

La presión que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha ejercido estos días sobre Pedro Sánchez para que PSOE y Unidas Podemos, presenten una proposición de ley que cambia el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, puede tener consecuencias muy serias para España. Y es que tocar la independencia judicial puede poner en riesgo que el país deje de recibir los 140.000 millones de euros de los fondos de recuperación de la UE. En el peor de los casos desde allí se podría activar el artículo VII de los Tratados, lo que implica suspender el derecho al voto en el Consejo, igual que les pasó a Polonia y a Hungría por violar los valores y principios europeos.

En estos momentos, Bruselas debate la letra pequeña de esos fondos, y sobre la mesa está condicionarlos al máximo respeto a los principios de los Tratados, como el acatamiento al estado de derecho, sin ataques al sistema judicial y, hacer prevalecer los intereses financieros de la UE.
El planteamiento de PSOE-Unidas Podemos pasa por cambiar en el sistema de elección una votación por las tres quintas partes de la cámara -como marca la sentencia del Constitucional 108/86, que salvó la inconstitucionalidad de la reforma del 1985-, por una votación de mayoría absoluta. Con el sustento de los 'socios' de la moción de censura, entre ellos los partidos independentistas que apoyaron el 1-O, saldrían elegidos los jueces que propusiera la izquierda.

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El Partido Socialista responsabiliza de su reacción al bloqueo del Partido Popular, que no está dispuesto a negociar ningún órgano con el Gobierno mientras esté por medio Unidas Podemos, lo que propiciaría que "jueces y fiscales estén a sueldo de Iglesias y Monedero", apuntan desde Génova.

Aunque los socialistas critican al PP por su "obstruccionismo", desde bambalinas reconocen -según fuentes parlamentarias- que lo mejor es que se reconduzcan las conversaciones entre Sánchez y Casado, y que Iglesias no haga prevalecer su deseo de interferir en el actual modelo de elección de vocales del CGPJ.
Hay que señalar que, Iglesias se encuentra pendiente de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el caso de corrupción que le salpica en su partido, lo que podría llevar al Alto Tribunal a que el Congreso solicitara el suplicatorio y le quitara al líder podemita su condición de aforado para ser juzgado.
El PP teme que el vicepresidente sea quien lleve la voz cantante en la renovación del CGPJ y del Tribunal Supremo
Iglesias aprovechó su presencia en el inusual acto del día de la Hispanidad de este año, a puerta cerrada en el Palacio Real, para conversar con el actual presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, conversación de la que no se tiene detalle.
Fue Lesmes quien elevó una queja por la ausencia del Rey de España en el reparto de despachos que tuvo lugar hace unos días en Barcelona, y adonde acudió solo el ministro de Justicia. La implicación del político defensor del retorno de la República en una causa judicial, la figura del Rey y la falta del respeto que éste manifiesta por la Corona son otras de las razones por las que la oposición ve "una amenaza con una reforma a la polaca" que el vicepresidente sea quien lleve la voz cantante en la renovación del CGPJ y del Tribunal Supremo.
Del pluralismo al castigo
En la proposición de ley presentada al Congreso, Adriana Lastra y Pablo Echenique apelan a una reforma en el sistema de elección de los miembros del CGPJ que se adapte "al pluralismo existente en el seno de la sociedad española", subrayando que, con este cambio, las dos formaciones estarían cumpliendo el mandato constitucional.
Las apelaciones al mandato de la Constitución ha sido el recurrente argumento de los socialistas para que los populares se avengan a negociar esta renovación, que por otra parte viene siendo una fuerte petición de la Unión Europea. Desde hace meses, la Comisión analiza la situación del estado de derecho en los países de la UE. Ahí se ha cuestionado a Polonia y a Hungría, en el caso del primero, por querer modificar el nombramiento de jueces.

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Aunque ya existe un mecanismo desde 2018 para cortar el grifo a los estados miembros que no se guíen por los principios de los tratados, este mes de septiembre, la presidencia alemana presentaba otro mecanismo que es el que se encuentra en estos momentos en el debate de la letra pequeña de los Fondos de Recuperación.
Y mientras PP, Vox y Cs contemplan denunciar la proposición social-comunista ante el Tribunal Constitucional y las instituciones europeas, desde el Gobierno se recalca que la renovación del Consejo del Poder Judicial español no está en cuestión en Europa, recogía este miércoles La Vanguardia. La razón -explican fuentes del Ejecutivo- es que "nadie en Europa pone en cuestión que dos grupos parlamentarios propongan cambiar una ley en España de acuerdo con los procedimientos del Congreso, conforme a la legalidad e incluso para cumplir el mandato de la Constitución

 
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No hay que ir hasta Europa. La norma de nuestra Carta Magna (artículo 122) ha sido vulnerada. No hace falta recurrir a Europa y fijarnos en un futuro hipotético.

Hay ya una vulneración en tiempo actual.



El artículo 568 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, establece lo siguiente: El Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada cinco años, contados desde la fecha de su constitución.
 
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ÀNGELS BARCELÓ
Madrid
16/10/2020 - 08:09 h. CEST

Bruselas observa de cerca la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial que proponen el PSOE y Unidas Podemos. Observa y advierte de que no hay que interferir en el poder judicial.



A Bruselas ha ido a chivarse el líder del Partido Popular, Pablo Casado, acusando al gobierno de Pedro Sánchez de no respetar la separación de poderes pero ocultando su gran responsabilidad en el bloqueo judicial. La reforma propuesta con el gobierno es discutible, más que discutible seguramente, pero la actitud del principal partido de la oposición es de una deslealtad abrumadora.

Puede discutirse y manifestarse todas las objeciones que sean necesarias, que lo son, al proyecto del Ejecutivo pero hay que poner en el mismo plano la actitud inconstitucional del Partido Popular. Y es por eso que en la discusión del proyecto de reforma judicial, Pablo Casado queda inhabilitado y esto también deberían saberlo en Bruselas y también a él debería llegarle una advertencia.

Habla el líder popular de una reforma a la polaca. Curiosas sus palabras si tenemos en cuenta que el Partido Popular español se desmarcó del Partido Popular Europeo cuando en Europa se votó sobre la independencia judicial en Polonia, el partido de Pablo Casado votó en contra de preservar esta independencia.

Pero hay más, el PP se abstuvo en otra votación europea para sancionar a Hungría por incumplir las reglas democráticas. ¿Saben cuál es la explicación que dió el PP para su abstención? Pues que la Eurocámara no se puede convertir en un Tribunal para países. Justo lo que está intentando ahora Pablo Casado con su denuncia del gobierno español.

Llamarlo contradicción sería suave, porque la intencionalidad del viaje de Casado a Europa es evidente. En su labor de desgaste del Gobierno no importa que conlleve el desgaste también de la imagen del país. A esto en el PP le llaman patriotismo.