La jueza argentina Servini procesa a Martin Villa por los asesinatos de obreros del 3 de marzo en Vitoria y el asesinato en San Fermín de 1978
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Martín Villa apela a “defender el consenso de concordia nacional de la Transición”
El exministro de Gobernación explica que se sometió al proceso judicial en Argentina para “responder” a las falsedades de la querella sobre el paso de la dictadura a la democracia en España/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/H5MNMY4ATPYXRIJIXKXF2RPXVQ.jpg "El exministro de Gobernación Rodolfo Martín Villa, este lunes en el desayuno informativo del Fórum Europa.")
El Pais
Fernando J. Pérez
Madrid - 17 ene 2022 - 14:18 CET
Rodolfo Martín Villa, exministro de Relaciones Sindicales y Gobernación (Interior) en los primeros gobiernos tras la muerte del dictador Francisco Franco, comienza a cerrar en estas semanas el que quizá sea episodio más penoso de su trayectoria política: el procesamiento por crímenes de lesa humanidad a que se vio sometido entre noviembre de 2014 y el pasado diciembre por la juez argentina María Servini de Cubria. Martín Villa, de 87 años, ha pasado los últimos siete defendiéndose de una acusación “kafkiana”, según sus propias palabras este lunes, derivada de una querella contra él y contra otros miembros, ya fallecidos, de los primeros Ejecutivos de la Transición, como el exministro Alfonso Osorio o el expresidente Adolfo Suárez. En ella se les presentaba como parte de un “plan sistemático y deliberado” para aterrorizar y eliminar a los partidarios de la democracia en relación con una serie de homicidios policiales ocurridos durante su mandato, como la matanza de obreros de Vitoria a manos de la Policía Armada del 3 de marzo de 1976 o los sucesos de los sanfermines de Pamplona de 1978. Este supuesto plan, según la tesis de la llamada querella argentina investigada por la juez Servini, entroncaba con el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, que dio origen a cuatro décadas de dictadura franquista.
El 23 de diciembre, un tribunal de apelación de Buenos Aires revocó la decisión del pasado octubre de la juez Servini de procesar a Martín Villa. La corte entendía que la magistrada instructora no ha conseguido encontrar indicios racionales que le incriminen, por lo que no hay motivos para seguir actuando penalmente contra él en el país sudamericano. Esa decisión puede ser recurrida –de momento no lo ha sido– por los querellantes ante la Corte Suprema argentina. En caso de que lo hagan, Martín Villa ya ha manifestado su deseo de personarse en esa hipotética causa judicial.
El exministro y hombre de empresa leonés ha protagonizado este lunes un desayuno informativo en Madrid para explicar la estrategia de defensa y la posición política que ha mantenido en estos siete años. Martín Villa ha recordado que la decisión de someterse al largo proceso en el país sudamericano, pese a que podría haberse acogido a la prescripción de los supuestos delitos y a la cobertura de la Ley de Amnistía de 1977, buscaba, más que limpiar su honor y el de los suyos, defender la Transición. “Me he sentido en la obligación personal y moral de responder a la querella argentina ante las faltas a la verdad sobre la Transición, porque fue un proceso de consenso de concordia nacional para acabar con la más incivil de nuestras guerras civiles”, recordó.
“Tenía que responder a la afirmación de que aquellos Gobierno de la Transición aplicaron un plan para aterrorizar y eliminar a partidarios de la democracia. Máxime cuando el verdadero terror venía del terrorismo, el único enemigo por cierto de aquellos Gobiernos”, recordó el exministro ante un auditorio en el que estaban presentes muchos rostros de la política, la empresa o el sindicalismo de las últimas décadas. Entre otros, al acto acudieron la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, el diputado Adolfo Suárez Illana –hijo del expresidente Suárez–, el expresidente socialista del Senado Juan José Laborda, los exlíderes sindicales Cándido Méndez y José María Fidalgo, los exministros del Interior José Luis Corcuera (PSOE) y Jaime Mayor Oreja (PP), la eurodiputada Maite Pagazaurtundua o el exdirector de EL PAÍS Juan Luis Cebrián.
En su intervención, Martín Villa se presentó como un “político en la arqueología” y expresó su respeto “institucional” por la justicia argentina. No obstante, manifestó que su proceso en el país sudamericano, ha sido en realidad algo orquestado desde España para desprestigiar el proceso de transición a la democracia. “Más que un juicio, desde aquí lo que se ha montado ha sido un espectáculo kafkiano”, afirmó. El exministro, desde el atril, apeló a proteger esta herencia política. “No debemos incurrir en la omisión de no defender el consenso de concordia nacional que fue la Transición”.
“La Ley de Amnistía se hizo para ETA”
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Antes del turno de preguntas, Martín Villa finalizó su intervención inicial agradeciendo uno por uno a los 20 líderes políticos y sociales que durante estos años han salido en su defensa –y en la de la Transición– durante el proceso judicial en Argentina. Entre ellos figuran los cuatro expresidentes vivos de la etapa democrática, Felipe González, José María Aznar, Mariano Rajoy y su “paisano” leonés José Luis Rodríguez Zapatero. En el turno de preguntas respondió sobre la idea, sugerida por ERC, de derogar la Ley de Amnistía para poder juzgar los crímenes de la dictadura. “La ley de Amnistía no se hizo para gentes como yo, ni era una ley de punto final de esas con las que un Gobierno de dictadura trata de salvarse en democracia. Se hizo para sacar de la cárcel a los últimos presos de ETA con la pretensión quizá ingenua -bendita ingenuidad- de que así podíamos acabar con el terrorismo”, afirmó.
El pasado noviembre, el Gobierno de PSOE y Podemos aceptó introducir una modificación en la Ley de Memoria Democrática para cambiar la interpretación de la Ley de Amnistía. “La música, y algo de la letra, del proyecto de Ley de Memoria Democrática se parece mucho al de las acusaciones de la querella argentina”, afirmó Martín Villa. El exministro dijo que por “sentido común” hay que “estar de acuerdo en lo referido a exhumar y enterrar con honores a los enterrados en fosas comunes”. Sin embargo, alertó de que en ese proyecto de ley “se está diciendo que hubo crímenes del franquismo desde 1936 hasta la Constitución, con lo cual no hubo Transición”.
“Claro que hubo un ataque sistemático contra determinados sectores que se oponían a la Transición”
El abogado de CeAQUA Jacinto Lara responde a Martín Villa.Por
Javier Lezaola.
18 de enero de 2022 23:00
Rodolfo Martín Villa; detrás, imágenes de los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz
“Claro que hubo un ataque sistemático contra determinados sectores sociales que se estaban oponiendo al proceso político de la Transición”. Así de tajantemente se ha expresado este martes, consultado por LUH, el abogado de CeAQUA (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina) Jacinto Lara, en respuesta al exministro Rodolfo Martín Villa, que este lunes negaba la existencia de ese ataque sistemático cuya existencia sin embargo sí sostiene el auto de la juez argentina María Servini que le imputa un total de 12 homicidios agravados (asesinados) en el marco de crímenes de lesa humanidad.
“Nos basamos en una serie de pruebas que hemos aportado en el proceso judicial en relación con multitud de testimonios, hechos que no son negados y que evidencian que por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado [entonces, “Fuerzas de Orden Público”] había un patrón de comportamiento absolutamente repetitivo que era sistemático y que reprimía básicamente a determinados sectores sociales que se oponían al proceso político de la Transición”, ha insistido el abogado de CeAQUA, que ha destacado que ese “ataque sistemático” se centró “especialmente” en quienes se oponían al proceso político de Transición “desde una perspectiva de ruptura”, pero que también afectó a quienes “mantenían posiciones de reforma”, como es el caso de los cinco abogados laboralistas del PCE y de CCOO asesinados a tiros por ultraderechistas en su despacho de la calle madrileña de Atocha el 24 de enero de 1977, al día siguiente de que fuera asesinado Arturo Ruiz –también a tiros por ultraderechistas– durante una manifestación celebrada en Madrid y el mismo día en que resultó muerta Mari Luz Nájera –como consecuencia del bote de humo que le dispararon agentes de la Policía Armada, conocidos como los grises– durante otra marcha celebrada también en Madrid.
“Había un patrón de comportamiento, no hubo ni la más mínima depuración en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado –que se habían mantenido durante cuarenta años y que no se depuraron durante el proceso político de la Transición– y tampoco hubo voluntad política de modificar ese patrón de comportamiento por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuando estamos hablando de que en ese periodo hubo más de cien muertos y cientos y cientos de heridos en las calles como consecuencia de las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las bandas fascistas y parapoliciales”, ha añadido Lara.
Entre esos más de cien muertos están los 12 que la justicia argentina –en virtud del principio de justicia universal– imputa a Martín Villa:
El 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, los trabajadores José Castillo (32 años), Bienvenido Pereda (30 años), Pedro Mª Martínez (27 años), Romualdo Barroso (19 años) y Francisco Aznar (17 años) fueron abatidos a tiros por agentes de la Policía Armada que previamente habían desalojado con gases lacrimógenos la iglesia en la que se celebraba una asamblea de trabajadores en huelga. Grabaciones de las comunicaciones policiales que aún se conservan demuestran que los agentes reconocieron haber disparado más de un millar de tiros y protagonizado “una masacre”. Martín Villa –que había sido secretario general de la OSE, el Sindicato Vertical franquista– era ministro de Relaciones Sindicales del Gobierno presidido por Carlos Arias Navarro, cargo que había asumido el 12 de diciembre de 1975, es decir 22 días después de la muerte de Franco y 15 después de la coronación de Juan Carlos I.
El 9 de julio de 1976 en Santurtzi (Bizkaia), Normi Mentxaka (44 años) fue asesinada de un tiro en la cabeza por miembros de Guerrilleros de Cristo Rey –organización parapolicial de ultraderecha fundada a finales de los sesenta y disuelta a principios de los ochenta– que, amparados por la Guardia Civil, disolvieron violentamente una manifestación pro amnistía que recorría las calles del centro de la localidad vizcaína con motivo del festivo Día de la Sardina. Martín Villa era ministro de Gobernación/Interior del Gobierno presidido por Adolfo Suárez, cargo que había asumido el 5 de julio de 1976, es decir cuatro días antes de la muerte de Mentxaka.
El 8 de septiembre de 1976 en Hondarribia (Gipuzkoa), Josu Zabala (24 años) fue abatido por dos disparos de un guardia civil cuando participaba en una manifestación pro amnistía que recorría las calles del centro de la localidad guipuzcoana con motivo del Alarde, el día grande de las fiestas locales. Mercedes Iridoy –alcaldesa de Hondarribia desde 1973 hasta 1977– ha asegurado públicamente que, al ser consciente de que “en aquella época, en todas las fiestas pasaba algo”, pidió al entonces gobernador civil de Gipuzkoa, José Manuel Menéndez-Manjón, que el día del Alarde no acudiera a la localidad guipuzcoana ni enviara a la Guardia Civil, y que Menéndez-Manjón se había comprometido a ello. El Gobierno Civil de Gipuzkoa dependía del Ministerio de Gobernación/Interior, que dirigía Martín Villa.
El 23 de enero de 1977 en Madrid, Arturo Ruiz (19 años) fue abatido por el disparo de un ultraderechista cuando participaba en una manifestación pro amnistía. Testigos del crimen identificaron como autor del tiro a un ultraderechista que según reconocieron varios de sus allegados trabajaba para las fuerzas policiales –que dependían del Ministerio de Gobernación/Interior, que dirigía Martín Villa– y que huyó de España al día siguiente con la ayuda de un agente de estas.
El 12 de mayo de 1977 en Orereta (Gipuzkoa), Rafael Gómez Jauregi (78 años), histórico militante del partido EAE-ANV y del sindicato ELA-STV que había sido condenado por el franquismo a muerte en 1941 y a 25 años de cárcel en 1942 y que había permanecido exiliado en la localidad francesa de Sellières desde 1951 hasta 1968, se convirtió en el primer muerto –el 13 de mayo en Orereta– de los siete registrados en la semana pro amnistía celebrada en mayo de 1977 en Euskal Herria; los otros seis son Clemente del Caño –el 13 de mayo en Oiartzun (Gipuzkoa)–, José Luis Cano –el 13 de mayo en Iruña–, Gregorio Maritxalar –el 13 de mayo en Orereta–, Luis Santamaría –el 14 de mayo en Iruña–, Manuel Fuentes –el 15 de mayo en Ortuella (Bizkaia)– y Francisco Javier Núñez –el 17 de mayo en Bilbo–.
La Guardia Civil disparó con pelotas de goma contra una manifestación que se dirigía a la empresa Orbegozo para que sus trabajadores se unieran a la huelga general convocada para el 12 de mayo, y cientos de manifestantes se dirigieron entonces al cuartel de la Guardia Civil en Orereta para protestar contra aquella carga, siendo recibidos primero con pelotas de goma y después con fuego real, disparos que provocaron la muerte de Gómez Jauregi. El Gobierno Civil de Gipuzkoa, dirigido entonces por José María Belloch –padre de Juan Alberto Belloch, quien años después sería ministro de Justicia e Interior del Gobierno del PSOE de Felipe González– y que dependía de Martín Villa, intentó justificar los hechos alegando que el cuartel de la Guardia Civil había sido atacado con cócteles molotov y piedras.
El 13 de mayo de 1977 en Pamplona-Iruña, la prohibición de un acto pro amnistía originó en el Casco Viejo protestas en las que José Luis Cano (28 años) participaba cuando agentes de la Policía Armada lo detuvieron e introdujeron en un bar donde lo golpearon y uno de ellos le disparó un tiro en la cabeza, causándole la muerte.
El 15 de mayo de 1977 en Bilbo, Francisco Javier Núñez (38 años) paseaba por el centro de la capital vizcaína junto a su hija de tres años cuando fue apalizado por agentes de la Policía Armada que disolvían una manifestación pro amnistía. Dos días después, acudió a los juzgados a denunciar los hechos, pero a la salida lo esperaban hombres armados –al parecer, policías de paisano– que lo introdujeron en una furgoneta en la que fue torturado y obligado a beber un litro de aceite de ricino y otro de coñac, como consecuencia de lo cual murió en el hospital 13 días después.
Finalmente, el 8 de julio de 1978 en Pamplona-Iruña, Germán Rodríguez (27 años) fue asesinado de un tiro en la cabeza por agentes de la Policía Armada durante los sucesos de los Sanfermines del 78. “¡Repeled a esa gente! ¡No os importe matar!”, gritó uno de los agentes, según demuestran las grabaciones de las comunicaciones policiales de aquel día. La Policía Armada dependía del Ministerio de Gobernación/Interior, que Martín Villa seguiría dirigiendo hasta abril de 1979.
“Claro que hubo un ataque sistemático contra determinados sectores que se oponían a la Transición”
El abogado de CeAQUA Jacinto Lara responde a Martín Villa.
luhnoticias.esPOLÍTICA
45 años del asesinato de Arturo Ruíz y la Semana Negra de Madrid
Nunca se persiguió al autor de los disparos ni se abrieron procesos para investigar las actuaciones policiales, dejando así a la mayoría de los asesinos impunesCarmen Asenjo.
23 de enero de 2022 18:05
Arturo Ruíz García era asesinado a manos de fascistas que actuaban entre las filas policiales, en una manifestación por la amnistía en Madrid hace exactamente 45 años. De esta manera, se daba comienzo a la Semana Negra de Madrid.
“Ante la agresividad de muchos grupos, que atacaron a las fuerzas de orden público con cócteles molotov, piedras y otros medios, la fuerza pública hubo de dar diversas cargas, utilizando los dispositivos antidisturbios y dispersando a los manifestantes por las calles inmediatas al lugar de la concentración”, fue parte del comunicado emitido por la Policía tratando de justificar que se abriera fuego contra unos jóvenes universitarios, al grito de “Viva Cristo Rey”.
Tras lo sucedido, se convocan nuevas manifestaciones, esta vez por motivo del asesinato de Arturo. Durante el transcurso de estas protestas, una joven de 20 años que estudiaba en la Complutense de Madrid, Mari Luz Nájera, murió al ser alcanzada en la cabeza por un bote de humo lanzado por la Policía. La jornada terminó con decenas de heridos.
Lejos de que la violencia cesara, ese mismo día a las 22:30h de la noche, un comando ultraderechista irrumpió en el despacho de abogados de CCOO y el Partido Comunista, ocasionando la muerte de los abogados laboristas Javier Sauquillo, Luis Javier Benavides, Serafín Holgado, Enrique Valdelvira y el administrativo Ángel Rodríguez. Dicho suceso pasará a la historia como “la matanza de Atocha”.
Asesinatos que, en su mayoría, quedaron impunes. Igual que no se persiguió al autor del disparo que se llevó la vida de Arturo, ni se abrió un proceso que investigara las conductas policiales que ocasionaron la muerte a Mari Luz Nájera, se permitió que uno de los asesinos de Atocha huyera del país antes de ser juzgado y los demás nunca cumplieron una condena completa.
A pesar de que la justicia argentina imputó a Martín Villa como responsable de la muerte de Ruíz, la justicia española sigue sin pronunciarse ante ello a día de hoy. La familia del joven recitaba en un comunicado la canción del argentino Víctor Heredia: “Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos”.
45 años del asesinato de Arturo Ruíz y la Semana Negra de Madrid
Nunca se persiguió al autor de los disparos ni se abrieron procesos para investigar las actuaciones policiales, dejando así a la mayoría de los asesinos impunes
luhnoticias.esPOLÍTICA
45 años del asesinato de Arturo Ruíz y la Semana Negra de Madrid
Nunca se persiguió al autor de los disparos ni se abrieron procesos para investigar las actuaciones policiales, dejando así a la mayoría de los asesinos impunes
Carmen Asenjo.
23 de enero de 2022 18:05
Arturo Ruíz García era asesinado a manos de fascistas que actuaban entre las filas policiales, en una manifestación por la amnistía en Madrid hace exactamente 45 años. De esta manera, se daba comienzo a la Semana Negra de Madrid.
“Ante la agresividad de muchos grupos, que atacaron a las fuerzas de orden público con cócteles molotov, piedras y otros medios, la fuerza pública hubo de dar diversas cargas, utilizando los dispositivos antidisturbios y dispersando a los manifestantes por las calles inmediatas al lugar de la concentración”, fue parte del comunicado emitido por la Policía tratando de justificar que se abriera fuego contra unos jóvenes universitarios, al grito de “Viva Cristo Rey”.
Tras lo sucedido, se convocan nuevas manifestaciones, esta vez por motivo del asesinato de Arturo. Durante el transcurso de estas protestas, una joven de 20 años que estudiaba en la Complutense de Madrid, Mari Luz Nájera, murió al ser alcanzada en la cabeza por un bote de humo lanzado por la Policía. La jornada terminó con decenas de heridos.
Lejos de que la violencia cesara, ese mismo día a las 22:30h de la noche, un comando ultraderechista irrumpió en el despacho de abogados de CCOO y el Partido Comunista, ocasionando la muerte de los abogados laboristas Javier Sauquillo, Luis Javier Benavides, Serafín Holgado, Enrique Valdelvira y el administrativo Ángel Rodríguez. Dicho suceso pasará a la historia como “la matanza de Atocha”.
Asesinatos que, en su mayoría, quedaron impunes. Igual que no se persiguió al autor del disparo que se llevó la vida de Arturo, ni se abrió un proceso que investigara las conductas policiales que ocasionaron la muerte a Mari Luz Nájera, se permitió que uno de los asesinos de Atocha huyera del país antes de ser juzgado y los demás nunca cumplieron una condena completa.
A pesar de que la justicia argentina imputó a Martín Villa como responsable de la muerte de Ruíz, la justicia española sigue sin pronunciarse ante ello a día de hoy. La familia del joven recitaba en un comunicado la canción del argentino Víctor Heredia: “Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos”.
45 años del asesinato de Arturo Ruíz y la Semana Negra de Madrid
Nunca se persiguió al autor de los disparos ni se abrieron procesos para investigar las actuaciones policiales, dejando así a la mayoría de los asesinos impunes
Menuda porqueria de articulo.....
"Asesinado a manos de fascistas que actuaban entre las filas policiales..."
¿Como puñetas saben si los policias eran fascistas o no? ¿ o es que todos los policias son fascistas? ¿ o solo los que disparan botes de humo?
"Nunca se persiguió al autor de los disparos..." y resulta que el chico murio "al ser alcanzado en la cabeza por un bote de humo"
¿ Donde esta el asesinato?
Asesinato:
"El asesinato es una forma de homicidio que constituye un delito contra el bien jurídico de la vida de una persona física, de carácter muy específico, que consiste en matar a una persona incurriendo en ciertas circunstancias específicas, dependientes del legislador, tales como la alevosía, el precio, la recompensa, la promesa o el ensañamiento aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. "
Ni alevosia, ni precio, recompensa o promesa, ni ensañamiento. Osea, aqui no hay ASESINATO.
Y por ultimo
“Ante la agresividad de muchos grupos, que atacaron a las fuerzas de orden público con cócteles molotov, piedras y otros medios, la fuerza pública hubo de dar diversas cargas, utilizando los dispositivos antidisturbios y dispersando a los manifestantes por las calles inmediatas al lugar de la concentración”,
Osea, el chico murio porque estaban atacando a la Policia con cocteles Molotov y piedras y estos se defendieron con botes de humo, y desgraciadamente, le dio uno en la cabeza.
Y a esto, le llaman " asesinato a manos de fascistas"
Asi quieren escribir la historia.
Que verguenza. Tenia que ser LUH.
Resumiendo, que la culpa fue de la víctima. Porque claro, quién le mandaba ir a manifestarse en vez de estar en clase o en misa. Y por cierto, no fue un bote de humo lo que lo mató, fue un disparo
“que no se persiguió al autor del disparo que se llevó la vida de Arturo, ni se abrió un proceso que investigara las conductas policiales que ocasionaron la muerte a Mari Luz Nájera”
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ANÁLISIS
Ni memoria democrática ni cordón sanitario: PSOE, PP y Vox cierran filas con Martín Villa
Más allá de sus diferencias, son tres partidos al servicio de un régimen que en su día patrocinó el turnismo bipartidista y que ahora blanquea sin tapujos a la ultraderecha.
El régimen del 78 ha vuelto a cerrar filas este martes. El PSOE, el PP y el partido ultraderechista Vox han unido sus votos en la Mesa del Congreso para rechazar dos comparecencias ante la Comisión Constitucional de la Cámara: la de Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales entre 1975 y 1976 y de Gobernación/Interior desde 1976 hasta 1979, y la de Félix Bolaños, actual ministro de Presidencia y Memoria Democrática del Gobierno de coalición.
Sigue....
Ni memoria democrática ni cordón sanitario: PSOE, PP y Vox cierran filas con Martín Villa
Más allá de sus diferencias, son tres partidos al servicio de un régimen que en su día patrocinó el turnismo bipartidista y que ahora blanquea sin tapujos a la ultraderecha.
luhnoticias.esDel PP y VOX no tiene que extrañar nada, y ahora tampoco del PE de Pedro Sanchez. Son el trío de la derecha, que amparan a responsable de asesinatos.
Eso sí, según Pedrillo Sanchez tenemos democracia....¡PLENA!
La jueza Servini pide a España información sobre la etapa de gobierno del imputado Martín Villa
La titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nº 1 abría diligencias probatorias para reforzar la imputación del exministro.
Esta semana –mientras el PSOE votaba (en el Pleno del Congreso y junto a PP, Vox y Cs) en contra de tomar en consideración una iniciativa que pretendía facilitar la investigación judicial de los crímenes del franquismo, impidiendo así la toma en consideración de esa iniciativa–, la jueza argentina María Servini –titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nº 1– abría, en el marco de la Querella Argentina, diligencias probatorias para reforzar la imputación de Rodolfo Martín Villa por crímenes contra la humanidad cometidos en España entre diciembre de 1975 y abril de 1979, cuando Martín Villa fue ministro de Relaciones Sindicales –de diciembre de 1975 a julio de 1976– y de Gobernación/Interior –de julio de 1976 a abril de 1979–, y que sea procesados por dichos crímenes.
La toma en consideración de la iniciativa –impulsada por CEAQUA (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina), trabajada en el grupo de Memoria y Derechos Humanos del Congreso y apoyada por Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, JxCat, Más País, CUP, Compromís y BNG– fue rechazada –no pudiendo así continuar su tramitación parlamentaria– precisamente por el voto en contra del PSOE.
La propia CEAQUA ha explicado en un comunicado que jueces y tribunales españoles vienen invocando “reiteradamente” el principio de legalidad para justificar su rechazo a “investigar y enjuiciar” los crímenes del franquismo, y que lo que pretendía la iniciativa es “remover” ese obstáculo, trasponiendo al Código Penal español una previsión normativa “establecida en diferentes tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado español” –como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Convenio Europeo de Derechos Humanos–: “el principio de legalidad desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
CEAQUA considera que –incluso con el ordenamiento jurídico español tal y como está actualmente– los jueces y tribunales españoles ya podrían investigar y enjuiciar los crímenes del franquismo, aunque con su iniciativa pretendían dejárselo aún más claro a esos jueces y tribunales. Sin embargo, “el PSOE, una vez más, refuerza y consolida el modelo de impunidad del Estado español que impide la investigación judicial de los crímenes franquistas”, ha lamentado.
Pero, mientras en España el PSOE hacía eso, en Argentina la jueza Servini abría diligencias probatorias para reforzar la imputación de Martín Villa, imputado por 12 homicidios agravados en un contexto de crímenes contra la humanidad.
Concretamente, Servini ha requerido a España diversa información sobre la etapa de Martín Villa como ministro, y más concretamente sobre el número de muertos por disparos de arma de fuego por parte de las fuerzas policiales al disolver manifestaciones o huelgas, sobre las medidas gubernamentales que se habrían tomado para combatir o contener las acciones de grupos de ultraderecha y el accionar represivo de las fuerzas policiales, y sobre las instrucciones o directrices que habrían impartido las autoridades de esa etapa, y particularmente Martín Villa, sobre cómo debían disolverse manifestaciones, y más concretamente sobre si se impartió alguna instrucción o directriz sobre restricción del uso de armas de fuego en esa disolución de manifestaciones.
La jueza ha requerido asimismo información sobre las actuaciones administrativas y/o procesos penales incoados durante esa etapa por la actuación de las fuerzas policiales en la disolución de manifestaciones en la vía pública y sobre si existió algún tipo de imputación penal y, en su caso, condena a algún mando o agente de esas fuerzas policiales, así como sobre los procesos abiertos –y resultado de los mismos– a miembros de grupos de ultraderecha por muerte o lesiones graves de manifestantes.
Servini también ha requerido a España información sobre las veces en que Martín Villa habría sido interpelado en el Congreso para responder sobre el accionar de las fuerzas policiales, así como una copia del manual, entregado a las fuerzas policiales al menos hasta noviembre de 1976, en el que se afirmaba que “la represión no alcanza su fin si es blanda; se debe actuar dura y enérgicamente, empleando desde la carga con la defensa hasta el fuego con toda clase de armas”.
Por su parte, CEAQUA ha requerido, demandado y exigido al Gobierno y al poder judicial de España “que, al menos, colaboren con la justicia argentina en la investigación de dichos crímenes”, puesto que el Estado español –como ha puesto de manifiesto “una vez más” en la votación de esta semana en el Congreso– “no está dispuesto a investigarlos”. “El Estado debería cumplimentar las comisiones rogatorias en virtud de un tratado bilateral internacional firmado con Argentina, aunque hasta la fecha no se ha caracterizado por cumplimentar las rogatorias”, han añadido a LÚH! fuentes de la coordinadora estatal.
La jueza Servini pide a España información sobre la etapa de gobierno del imputado Martín Villa
La titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nº 1 abría diligencias probatorias para reforzar la imputación del exministro.
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