Cifuentes, no todo es trasparente

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El juez de 'Púnica' inicia el trámite para imputar a un diputado de Cifuentes

Eloy Velasco, que instruye el 'caso Púnica' ha remitido este viernes un oficio a la Asamblea de Madrid en el que pregunta si el exalcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, es diputado regional
Es el primer paso para solicitar al Tribunal Supremo que impute a Ortiz, siendo el único órgano competente para hacerlo por su condición de aforado
http://www.informacionsensible.com/...mite-para-imputar-a-un-diputado-de-Cifuentes/
 
La directora de Consumo de Cifuentes compartió empresa con el presidente de Ausbanc.

Figuró en el Consejo de Administración de una inmobiliaria creada por su marido junto a varios socios, entre los que se encuentra Luis Pineda

María José Pérez-Cejuela ocupa el mismo cargo que antes desempeñó la mujer de Luis Pineda, detenida junto a su marido en la operación Nelson.

La actual directora general de Consumo de la Comunidad de Madrid, María José Pérez-Cejuela, fue consejera de una de las empresas del presidente de Ausbanc, Luis Pineda, según publica este lunes el diario El País. Entre las responsabilidades de este alto cargo de Cristina Cifuentes se encuentra el reparto de subvenciones y la regulación de las asociaciones de consumidores como Ausbanc.

Según la información, Pérez-Cejuela figuraba como consejera en la inmobiliaria Marbeach Investments. Ella ha declarado que desconoce por qué figura en el Consejo de Administración de una empresa creada por su marido junto a varios socios -extinguida en el año 2005-, entre los que se encuentra Luis Pineda, encarcelado en el marco de la operación Nelson.


Pérez-Cejuela sí que ha admitido que conoce a Pineda y a su familia desde hace más de dos décadas, pero insiste en que no ha formado parte de esa empresa, que esta nunca ha tenido actividad y ha amenazado con una querella criminal contra quien le haya incluido en ese órgano empresarial. "No tengo nada que ocultar, no he hecho nada ilegal ni he recibido ningún dinero de nadie", ha declarado a El País.

La directora general de Consumo depende de la Consejería de Economía y Hacienda, que dirige Engracia Hidalgo. Entre sus responsabilidades se encuentra la relación y regulación de las asociaciones de consumidores y usuarios, entre las que se encuadra Ausbanc. Pérez-Cejuela ha desempeñado cargos de responsabilidad en la Comunidad de Madrid, de forma intermitente, desde 2003.

La operación Nelson, que investiga las supuestas extorsiones de Manos Limpias y Ausbanc, también ha puesto el foco en las subvenciones recibidas por la asociación de usuarios de bancos por parte de la Comunidad de Madrid. Ausbanc, expulsada del registro estatal de asociaciones en 2005 y 2014, pero siempre se ha mantenido en el madrileño.

Ausbanc está pendiente de que se resuelva su expediente de expulsión del registro de la Comunidad de Madrid, abierto a raíz de la operación policial, y se ha quedado sin representante en el Consejo de Consumo. Su vocal, María Teresa Cuadrado, también fue detenida el pasado 15 de abril.

Cuadrado ocupó con Alberto Ruiz-Gallardón el mismo cargo que Pérez-Cejuela. Fue directora general de Consumo del gobierno regional hasta 2003, cuando volvió para encabezar la delegación en Madrid de la organización de su marido. Las asociaciones de consumidores que han denunciado las prácticas de Ausbanc han señalado que los vínculos políticos tejidos por Cuadrado han permitido a Ausbanc mantenerse como asociación y seguir recibiendo subvenciones.

http://www.eldiario.es/madrid/directora-Consumo-Cifuentes-compartio-Ausbanc_0_509199225.html


¿Alguna portada en canales de TV? Ah, Dios, que es del PP?

¡A callar! ¡Estamos en campaña electoral!
 
Rivales del PP encargaron espiar a Cifuentes y difundir el rumor de que era cleptómana

Un detective fue contratado para ello por un despacho de abogados para impedir que fuera candidata a las autonómicas. / Indagaron en su historial como directora de un colegio mayor y plantearon grabaciones en un supermercado. / Al tomar posesión relevó al hermano de Salvador Victoria como coordinador de seguridad.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Dani Pozo

DANIEL MONTERO @monteroblog
ESTEBAN URREIZTIETA @eurreiztieta
02.05.2016 03:48 h.

Cristina Cifuentes fue espiada en los meses previos a las elecciones autonómicas del 24 de mayo de 2015 en las que consiguió la Presidencia de la Comunidad de Madrid. El encargo, según ha podido saber EL ESPAÑOL, llegó por parte de los adversarios políticos de la actual presidenta dentro de su propio partido y se canalizó por medio de un conocido despacho de abogados de la capital. El objetivo de la investigación era elaborar un dossier con información comprometedora contra ella, para filtrarlo después a la prensa en fechas cercanas a las elecciones autonómicas. Sin embargo, la operación se frustró cuando el entorno de Cifuentes fue alertado de la posible maniobra.

El objetivo principal de este espionaje fue conseguir información comprometedora contra Cifuentes que frustrara su carrera política y su candidatura para suceder a Ignacio González al frente de la Comunidad de Madrid. Para ello, un detective privado madrileño recibió el encargo de monitorizar sus movimientos y seguir todos sus pasos. El objetivo era registrar reuniones, comidas y encuentros fuera de la vida política. Cualquier cosa que sirviera para desacreditarla públicamente o presionarla en privado. Los detectives se encontraron entonces con una dificultad añadida: el dispositivo de seguridad que en aquellas fechas velaba por la de la entonces delegada del Gobierno en Madrid, que detectó movimientos extraños en algunos desplazamientos.

Fue entonces cuando el entorno de Cifuentes -que ha declinado confirmar o desmentir estos extremos- tomó conciencia de las pesquisas extrajudiciales. Además, los detectives contratados para investigarla indagaron en su historial laboral anterior, con especial atención a su salida como directora del Colegio Mayor Universitario Angel Antonio Caro, de la que fue máxima responsable como funcionaria universitaria entre 1995 y 1999.

La estrategia para socavar la imagen de Cristina Cifuentes de cara a las elecciones se completó con una maniobra de intoxicación. Consistía en que sus rivales expandieran entre los círculos políticos y mediáticos el rumor infundado de que la actual responsable del PP madrileño arrastraba un problema de cleptomanía. Es decir, que robaba pequeñas cosas de forma compulsiva desde hace años. Para intentar dar veracidad al descrédito, deslizaron incluso que el objetivo de los detectives iba a ser localizar las grabación de las cámaras de seguridad de un supermercado cercano a la Asamblea de Madrid en el que la actual presidenta aparecería sustrayendo artículos. Obviamente, dicha grabación nunca salió a la luz porque no existía.

BARRIDOS EN LA SEDE DE LA COMUNIDAD
La preocupación sobre estos espionajes se incrementó cuando Cifuentes ocupó su cargo como presidenta de la Comunidad de Madrid. Su dispositivo de seguridad recibió entonces instrucciones para estar alerta sobre seguimientos de este tipo y un equipo de la Comisaría de Información de la Jefatura Superior de Policía de Madrid realizó un barrido sobre las dependencias autonómicas ocupadas por el equipo de Cifuentes en busca de micrófonos ocultos o cualquier otro mecanismo de escucha.

La alerta sobre la guerra sucia en el seno del PP madrileño tuvo también otra consecuencia. Hasta la llegada de Cifuentes a la Real Casa de Correos, uno de los encargados de coordinar la seguridad del equipo directivo en sus desplazamientos era Óscar Victoria, funcionario de la Comunidad de Madrid y hermano del ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria. Tras la toma de posesión de la actual presidenta, el hermano del que fue mano derecha de Ignacio González ha sido destinado al servicio de emergencias 112.
 
Si la han espiado es por que presuntamente había indicios de que tenía algún problemilla personal. A nadie le hacen un seguimiento si de antemano saben que no van a encontrar NADA.
En el PARTIDO PODRIDO todo es posible.
 
La confesión de Marjaliza pone a prueba las promesas de regeneración de Cifuentes
El exsocio de Granados responsabilizó al consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, del amaño de obras en la Comunidad entre 2007 y 2011

El constructor asegura que un tercio de las obras de los planes para ayuntamientos las decidía "Jaime y su gente"

La trama Púnica también compromete el futuro de otros dos diputados del PP en la Asamblea de Madrid
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Cristina Cifuentes, en su campaña de candidata del PP a la Comunidad de Madrid / Marta Jara

Siete meses en la cárcel bastaron para ablandar a David Marjaliza. En junio de 2015 el empresario amigo de Francisco Granados y uno de los cabecillas de la trama Púnica decidió tirar de la manta y contarlo todo en la Audiencia Nacional ante el juez Eloy Velasco que instruye el sumario Púnica y las dos fiscales de Anticorrupción. Hoy Marjaliza es el principal testigo del caso.

Su declaración no solo amenaza con enterrar definitivamente la carrera de media docena de exalcaldes, la mayoría del PP, que ya eran cadáveres políticos desde que fueron detenidos el 31 de octubre de 2014 por la Guardia Civil. El relato de Marjaliza que trascendió el martes, después de que Velasco levantase el secreto del caso, compromete además las promesas de regeneración de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que llegó al Gobierno regional abjurando de algunas de las prácticas de sus antecesores, Ignacio González y Esperanza Aguirre en el Gobierno regional.

Los audios de Marjaliza ante el juez y las fiscales dejan en una situación muy delicada a uno de sus hombres fuertes en el Gobierno. El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Jaime González Taboada, también diputado regional como número tres de la candidatura de Cifuentes en las elecciones de mayo de 2015, uno de sus elegidos entre la herencia de nombres que le dejó Aguirre en las listas, aparece involucrado en un amaño generalizado de obras que la Comunidad de Madrid financió a una docena de ayuntamientos entre 2007 y 2011.

En aquel tiempo González Taboada ocupaba el puesto de director general de Cooperación Local en la Consejería de Interior y Justicia que presidía el todopoderoso Francisco Granados, ya entonces vicepresidente del Gobierno.

Según el relato que hizo Marjaliza en la Audiencia Nacional, Taboada era el hombre clave que determinaba a quién se le adjudicaban los contratos. El que “mangoneaba las obras”. Lo explica en este diálogo con el juez Eloy Velasco

David Marjaliza. Yo quien sé que estaba ahí, que hacía la gestión y quien llamaba a Nacho [Ignacio Palacios, jefe de gabinete de Francisco Granados en la Comunidad entonces] para preguntar, era un director general que se llamaba, que dependía de Justicia e Interior, y se llamaba Jaime González Taboada. Este señor es hoy diputado en la Asamblea de Madrid.

Eloy Velasco. Hombre de confianza de Granados que fue director general de Cooperación de Administración Local. Vale y este señor, de lo que le estaba yo contando, esa era la pregunta: ¿de esas 12 direcciones generales, casualmente este señor Jaime González Taboada, de las 12 direcciones generales, este señor que dirigía la Dirección General de Cooperación Local, del 100% del dinero que repartía Prisma, le tocaba gestionar el 77,81%. ¿Puede ser? ¿Le suena que el que mangonease allí?

D. M. El que mangoneaba allí era él.

E. V. ¿Y este señor es diputado? ¿Por qué partido?

D. M. Por el PP. El número tres de la lista.

El sistema de amaño llegó al punto, según Marjaliza, de que a cada actor implicado en los concursos le correspondía su parte del pastel de las obras. Un tercio de los concursos los decidían los técnicos, otro tercio correspondía a “Taboada y su gente” y el último correspondía a la "Consejería y Paco [Francisco Granados]". En todos ellos, insinúa Marjaliza, se repartían comisiones en cantidades diversas. El empresario aludió a que este sistema de reparto se llevó a cabo en 10 o 12 obras que el plan Prisma financió entre ayuntamientos madrileños y relató con pelos y señales el procedimiento: “Quien mangoneaba las obras era Taboada”.

Eloy Velasco. ¿Sabe calcularnos cuánto dinero en comisiones pudo llevarse el señor Granados?

David Marjaliza. No hubo mucho porque el Prisma eran obras pequeñitas, no eran obras de millones de euros.

E. V. ¿Qué papel tenía Nacho?

D. M. Pues lo que le estaba explicando, a veces yo hablaba con Paco [Francisco Granados] a ver si había una obra o alguna cosa. Y él decía “habla con Nacho [el jefe de gabinete de Granados]. Entonces ya me pasaba con Nacho y Nacho era el que hacía la gestión y delante de mí llamaba a Jaime [González Taboada, hoy número tres del Gobierno de Cifuentes] y decía, ¿Jaime [González Taboada], esto cómo va? Es que había una cosa no escrita en la que me orientaban como que un tercio de las obras eran para los técnicos, un tercio era para los que estaban allí, los directores generales.

Fiscal. ¿Quiénes estaban allí? Vamos a poner nombres.

D. M. Los directores generales o los que sean. La parte de la dirección.

Fiscal. ¿Estaba Jaime González Taboada?

D. M. Estaba Jaime González Taboada con su gente.

E. V. ¿Y el último tercio era para Granados?

D. M. El último tercio, si había, era para Paco o la Consejería.

En el mismo interrogatorio, Marjaliza subraya que varias veces el jefe de gabinete de Granados, Ignacio Palacios, llamó en su presencia a Jaime González Taboada para conocer si determinadas obras estaban ya adjudicadas. En las que no tenían dueño, era Marjaliza el encargado de cobrar las comisiones, nunca un porcentaje fijo, sino un día 20.000, otro 30.000, al siguiente, 50.000 euros, dependiendo de lo que las empresa pudieran pagar. El empresario imputado cita media docena de constructoras que pagaron mordidas que en total "no llegaron al millón de euros", por obras de “plazas en pueblos o pequeños polideportivos”.

El procedimiento para amañar los concursos era, según su testimonio, siempre el mismo. A través del jefe de gabinete de Granados y de Taboada, contó Marjaliza, se le facilitaban las ofertas –que debían ser secretas en el concurso– de las empresas mejor colocadas. Si una constructora quería hacerse con la obra, solo tenía que mejorarlas y pagar una comisión. En el sumario figuran los siguientes diálogos.

Eloy Velasco. ¿Qué información le daban?

David Marjaliza. Me daban quiénes estaban entre los tres y cinco primeros que habían licitado la obra. Los cinco mejores. Entonces si era una empresa conocida, pues yo le llamaba. Le decía que sí quería la obra, pues que pagara una comisión.

E. V. ¿De parte de? ¿Del señor Granados?

D. M. En toda empresa se sabía que yo era la mano derecha de Paco. No tenía que decir esa… Era obvio.

E. V. ¿Y a qué empresas?

D. M. No recuerdo porque algunas no conocía. Mirton, Licuas, […] Grupo Dyco. Teconsa, Begar.

Todo el testimonio de Marjaliza está trufado de acusaciones contra Taboada por su actuación como director general de Cooperación Local en la Comunidad de Madrid entre 2007 y 2011. De momento no está imputado porque para hacerlo, el juez Eloy Velasco debería mandar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el competente para juzgar a un aforado como Taboada, miembro del Gobierno regional.

Sospechas sobre otros dos diputados del PP
La confesión de Marjaliza implica asimismo a otra pieza clave del grupo parlamentario popular que junto a Ciudadanos sostiene a Cifuentes como presidenta. A Bartolomé González, diputado regional y el hombre al que Aguirre mandó de emisario a los alcaldes para configurar las listas de las autonómicas, lo acusa Marjaliza de haber pactado una comisión de 60.000 euros durante su etapa como alcalde de Alcalá de Henares, si bien el hombre fuerte de Granados entonces no recuerda si la empresa de ahorro energético, Cofely, en el epicentro de la trama, llegó a pagar la mordida.

"En Alcalá de Henares hubo un acuerdo con el anterior alcalde, Bartolomé González de 60.000 euros", aseguró Margaliza ante el juez Velasco. "No recuerdo si se pagó o no porque sé que la factura me la hizo a mí y yo saqué el dinero (...) yo sé que el acuerdo sí estaba y estaba con Bartolo". Marjaliza asegura que la comisión se pactó entre los años 2012 y 2013.

Todas estas nuevas sospechas derivadas del sumario Púnica se unen a las que tienen contra las cuerdas al también diputado autonómico del PP Daniel Ortiz. En su caso, el juez Eloy Velasco ya remitió una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre los indicios que pesan contra él por su actuación como alcalde de Móstoles. Está acusado de favorecer también a Cofely con un contrato de 73 millones de euros.

El magistrado considera que hay indicios de que Ortiz cometió delitos de fraude en la Administración Pública, de tráfico de influencias, de uso de información privilegiada, de infidelidad en la custodia de documentos, de revelación de secretos y de cohecho. Cifuentes afirma desde entonces que no le temblará la mano si Ortiz es imputado y da a entender que o dimite o será expulsado del partido cuando sea imputado.

Las nuevas revelaciones de Púnica abren la incógnita sobre si mantendrá esa misma contundencia en el caso de Taboada, un hombre de su entera confianza. Y también la duda de qué hará Ciudadanos, en este caso, que se ha presentado como abanderado de la regeneración democrática y contra la corrupción de Madrid y cuyo apoyo es clave para mantener a Cifuentes en la Puerta del Sol.

http://www.eldiario.es/politica/con...egeneracion-Cifuentes-Punica_0_516899370.html


Mi pregunta es : ¿Que hará Albert Ribera con el gobierno de Cristina Cifuentes?
 
Amadís dijo:
Los indicios de presunta corrupción son bastantes verídicos, no será la últim@ que aparezca en los papeles.
Lo primero que tenía que hacer es dimitir hasta que los jueces decidan si está o no imputada, ésto es honestidad, lo demás bla,bla y bla.
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¡No, hombre no!. Las dimisiones están bien para los demás.
 
_Marta dijo:
¡No, hombre no!. Las dimisiones están bien para los demás.
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Sí o Sí va a tener que dimitir están hasta arriba de :poop: De momento son cuatro los acusados presuntamente por Marjaliza.
Y el chiste está que la Presidenta conocía, presuntamente, sus andanzas delictivas. Ella también tenía que presentar la dimisión. Comentario escuchado en la tertulia de una TV a un periodista.
 
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