La Constitución no dice que el hijo varón va por delante de sus hermanas mujeres ¿Y? siguieron sus costumbres medievales.
El varón por delante de sus hermanas.
La docuserie de La Sexta: ‘Los Borbones, una familia real’. Directores Ana Pastor y Aitor Gabilondo
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El varón por delante de sus hermanas.
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Si, pero igual la ley esa ya no existía.
Existe al día de hoy porque no se ha anulado. No vale con decir que SOLO tiene que atenerse a la CE de 1978 en su caso.
La Pragmática Sanción ha convivido con varias constituciones a lo largo de su existencia porque es una ley para la familia de los BORBONES, y no ha sido derogada. La última vez que se aplicó como ya se ha dicho en varias ocasiones fue a sus tíos abuelos Alfonso y Jaime, hijos de Alfonso XIII y hermanos de su abuelo D. Juan.
Sigue vigente en éstos tiempos aunque nadie se la ha recordado a Felipe porque NO INTERESA.
Si, si lo dice... Pero respecto al matrimonio, los herederos podrán casarse con quién quieran siempre que no se oponga el rey o las cortes.
Pienso que quieren resaltar los defectos de los anteriores coronados para, por contraste, salvar al preparado. Claro que lo que esté mangando éste y familia, se sabrá lo mismo que sabemos de los anteriores, cuando pasen unos añitos y haya que alabar a la siguiente.
Claro que lo mejor sería que antes que eso suceda se vayan y no vuelvan. Pero me da que eso es cada día más difícil.
Siempre les protegerá floren por los servicios prestados.
En general ha sido asi pero no siempre. El archiduque Francisco Fernando (heredero del trono Austro- Húngaro) se casó con una noble no real, Sofia Chotek, y el matrimonio fue morganático. Sus hijos fueron excluídos de la linea sucesoria y su mujer no recibía el trato que le correspondía. Cualquier archiduquesa de la familia tenia preeminencia sobre ella.
Si se rigieran aún por esos canones todos los herederos quedarian sin derecho al trono.
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Pues se lo recordamos nosotros y que se vaya el guey, la kk y las botis....ninguno puede reinar. Y las hermanas tampoco. Todos los matrimonios son morganaticos. Chao borleones,vosotros mismos os habéis excluido.
Ya que son instituciónes arcaicas deberían serlo en todos los sentidos.Boda a la carta exclusión al trono.
Modernizan lo que les conviene
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Les seguimos pagando vía presupuestos..
¿Nadie menciona esta noticia???
El rey, el pasado 26 de abril, en Sarria, saludando a los vecinos acompañado por parte de sus escoltas Carlos Castro
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El despliegue de seguridad para proteger a los miembros de la Casa Real no puede seguir siendo un «secreto de Estado», ajeno a la fiscalización de la ciudadanía. Al menos, las líneas generales de ese dispositivo, sin entrar en detalles sobre operativos en particular, deben ser públicas. Así lo ha determinado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que ha «instado» al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska a revelar el número concreto de efectivos de la Policía y de la Guardia Civil destinados a la protección de Felipe Vl, de Juan Carlos I y de su entorno, además de facilitar el conocimiento público de la «relación de puestos de trabajo» y «funciones» específicas que desarrollan esos funcionarios «para la Casa de su Majestad el Rey».
Estupor en Interior
La orden de dejar al descubierto detalles numéricos de la escolta de los dos reyes y de quienes les rodean ha provocado «estupor» entre los responsables de Interior, que hasta ahora se habían venido negando a facilitar el más mínimo detalle al respecto. De hecho, la orden firmada por Transparencia el pasado marzo y que ahora se está tramitando en Interior a regañadientes —no consta su respuesta por el momento— parte de una queja ciudadana al consejo después de que en junio del 2021 el ministerio rechazara facilitar cualquier tipo de información sobre la escolta real, aunque la petición era muy genérica: número y funciones de los agentes adscritos a la protección del jefe de Estado.
Para vetar la información, Interior se escudó entonces en una ley del 2015 que faculta a la Administración a «limitar» el acceso a ciertos datos si esta «información supone un perjuicio para la seguridad pública». Interior alegó que la simple difusión de la «gestión de los recursos humanos disponibles (para la protección de la Casa Real) constituye un factor determinante de la capacidad operativa de las distintas unidades policiales».
Materia «reservada»
Cuando en julio del 2021, el CTBG pidió explicaciones a la Secretaría de Estado de Seguridad sobre su cerrazón a ofrecer cualquier dato acerca de la protección de la Casa Real, Interior reiteró que desvelar los detalles en un ámbito tan delicado podría provocar «un daño, real y previsible» a la protección de quienes representan la Monarquía española. La Administración abundó en que hacer público, aunque fuese de forma genérica, cuántos agentes se destinan a esta sensible tarea y a qué se dedican exactamente provocaría un «daño en la eficacia de los dispositivos de seguridad, ya que se trata de información notable que puede revelar fortalezas o vulnerabilidades».
Interior argumentó, además, que la información solicitada se encontraba bajo «una calificación oficial de reserva» de acuerdo con la legislación de secretos oficiales, que faculta para declarar materia secreta «las plantillas de personal» de ciertas unidades.
Pero Transparencia tumba ahora todos esos argumentos. Por lo pronto, constata que la actual legislación de secretos oficiales permite, en efecto, declarar materia «reservada» el personal de algunas unidades, pero solo las destinadas a «proteger la seguridad y la defensa del Estado». Y según el consejo, ese matiz circunscribe el secreto a las «Fuerzas Armadas y no a las fuerzas y cuerpos de seguridad». Insiste el órgano fiscalizador que Interior no puede efectuar «una interpretación extensiva de una excepción contraria al principio general de nuestro Derecho», sobre todo porque afecta de forma «enérgica» al «deber general de transparencia de los poderes públicos». El CTBG insiste en que no cabe escudarse en la mera mención del «perjuicio a la seguridad pública». Porque «en el caso que nos ocupa» —incide— «la información solicitada no se refiere a un concreto dispositivo de seguridad, supuesto en el que este consejo entiende que revelar información sobre el mismo puede causar un daño real y efectivo»; supuesto en el que sí tendría que prevalecer «la protección del bien jurídico de la seguridad pública» sobre el derecho de acceso a la información.
Dato global
Frente a ello, el órgano fiscalizador remarca que lo que se pide en este caso es «el dato global de los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que desempeñan sus funciones para la Casa de su Majestad el Rey». Es decir, en ningún caso que se revelen datos sobre «la estructura, organización, gestión u operativa de los efectivos». Transparencia dice que «no alcanza a discernir en qué medida el conocimiento público (del número de agentes y sus funciones) puede revelar ‘fortalezas y debilidades', como se argumenta, que comprometan la eficacia de la seguridad de los miembros de la Casa Real».
El CTBG nunca había llegado tan lejos en sus exigencias de transparencia a Interior sobre la Casa Real, aunque ya en el 2021 ordenó desglosar, tras otra petición de información, el coste de la protección de la Familia Real (incluida la seguridad de Juan Carlos I en Emiratos) al considerar, como ahora, que ello no comprometía la seguridad de la Jefatura del Estado. Sin embargo, no consta que el departamento de Fernando Grande-Marlaska lo haya hecho.
El año pasado, Interior alegó que hacer público el dinero destinado a la escolta de Felipe VI y su familia y a la de Juan Carlos I en su residencia de Abu Dabi era tanto como «vislumbrar el dimensionamiento de la seguridad y el personal al servicio de Casa Real». Y Transparencia, como ahora, respondió que no veía ningún peligro en contar cuánto costaba la protección de los dos reyes y de su círculo más cercano. En el 2015, sin embargo, el consejo sí que avaló la negativa de Interior a revelar detalles sobre un operativo concreto de seguridad que afectaba al rey, porque esos datos sí que podrían «comprometer la integridad personal del jefe del Estado».
Transparencia pide que la seguridad de la Casa Real deje de ser un secreto de Estado
MELCHOR SÁIZ-PARDOMADRID / COLPISAESPAÑA
El rey, el pasado 26 de abril, en Sarria, saludando a los vecinos acompañado por parte de sus escoltas Carlos Castro
El consejo exige al Ministerio del Interior que revele el número de agentes y sus funciones en la protección de Felipe VI, el rey emérito y su entorno
04 jun 2022. Actualizado a las 05:00 h.Comentar · 2
El despliegue de seguridad para proteger a los miembros de la Casa Real no puede seguir siendo un «secreto de Estado», ajeno a la fiscalización de la ciudadanía. Al menos, las líneas generales de ese dispositivo, sin entrar en detalles sobre operativos en particular, deben ser públicas. Así lo ha determinado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que ha «instado» al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska a revelar el número concreto de efectivos de la Policía y de la Guardia Civil destinados a la protección de Felipe Vl, de Juan Carlos I y de su entorno, además de facilitar el conocimiento público de la «relación de puestos de trabajo» y «funciones» específicas que desarrollan esos funcionarios «para la Casa de su Majestad el Rey».
Estupor en Interior
La orden de dejar al descubierto detalles numéricos de la escolta de los dos reyes y de quienes les rodean ha provocado «estupor» entre los responsables de Interior, que hasta ahora se habían venido negando a facilitar el más mínimo detalle al respecto. De hecho, la orden firmada por Transparencia el pasado marzo y que ahora se está tramitando en Interior a regañadientes —no consta su respuesta por el momento— parte de una queja ciudadana al consejo después de que en junio del 2021 el ministerio rechazara facilitar cualquier tipo de información sobre la escolta real, aunque la petición era muy genérica: número y funciones de los agentes adscritos a la protección del jefe de Estado.
Para vetar la información, Interior se escudó entonces en una ley del 2015 que faculta a la Administración a «limitar» el acceso a ciertos datos si esta «información supone un perjuicio para la seguridad pública». Interior alegó que la simple difusión de la «gestión de los recursos humanos disponibles (para la protección de la Casa Real) constituye un factor determinante de la capacidad operativa de las distintas unidades policiales».
Materia «reservada»
Cuando en julio del 2021, el CTBG pidió explicaciones a la Secretaría de Estado de Seguridad sobre su cerrazón a ofrecer cualquier dato acerca de la protección de la Casa Real, Interior reiteró que desvelar los detalles en un ámbito tan delicado podría provocar «un daño, real y previsible» a la protección de quienes representan la Monarquía española. La Administración abundó en que hacer público, aunque fuese de forma genérica, cuántos agentes se destinan a esta sensible tarea y a qué se dedican exactamente provocaría un «daño en la eficacia de los dispositivos de seguridad, ya que se trata de información notable que puede revelar fortalezas o vulnerabilidades».
Interior argumentó, además, que la información solicitada se encontraba bajo «una calificación oficial de reserva» de acuerdo con la legislación de secretos oficiales, que faculta para declarar materia secreta «las plantillas de personal» de ciertas unidades.
Pero Transparencia tumba ahora todos esos argumentos. Por lo pronto, constata que la actual legislación de secretos oficiales permite, en efecto, declarar materia «reservada» el personal de algunas unidades, pero solo las destinadas a «proteger la seguridad y la defensa del Estado». Y según el consejo, ese matiz circunscribe el secreto a las «Fuerzas Armadas y no a las fuerzas y cuerpos de seguridad». Insiste el órgano fiscalizador que Interior no puede efectuar «una interpretación extensiva de una excepción contraria al principio general de nuestro Derecho», sobre todo porque afecta de forma «enérgica» al «deber general de transparencia de los poderes públicos». El CTBG insiste en que no cabe escudarse en la mera mención del «perjuicio a la seguridad pública». Porque «en el caso que nos ocupa» —incide— «la información solicitada no se refiere a un concreto dispositivo de seguridad, supuesto en el que este consejo entiende que revelar información sobre el mismo puede causar un daño real y efectivo»; supuesto en el que sí tendría que prevalecer «la protección del bien jurídico de la seguridad pública» sobre el derecho de acceso a la información.
Dato global
Frente a ello, el órgano fiscalizador remarca que lo que se pide en este caso es «el dato global de los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que desempeñan sus funciones para la Casa de su Majestad el Rey». Es decir, en ningún caso que se revelen datos sobre «la estructura, organización, gestión u operativa de los efectivos». Transparencia dice que «no alcanza a discernir en qué medida el conocimiento público (del número de agentes y sus funciones) puede revelar ‘fortalezas y debilidades', como se argumenta, que comprometan la eficacia de la seguridad de los miembros de la Casa Real».
El CTBG nunca había llegado tan lejos en sus exigencias de transparencia a Interior sobre la Casa Real, aunque ya en el 2021 ordenó desglosar, tras otra petición de información, el coste de la protección de la Familia Real (incluida la seguridad de Juan Carlos I en Emiratos) al considerar, como ahora, que ello no comprometía la seguridad de la Jefatura del Estado. Sin embargo, no consta que el departamento de Fernando Grande-Marlaska lo haya hecho.
El año pasado, Interior alegó que hacer público el dinero destinado a la escolta de Felipe VI y su familia y a la de Juan Carlos I en su residencia de Abu Dabi era tanto como «vislumbrar el dimensionamiento de la seguridad y el personal al servicio de Casa Real». Y Transparencia, como ahora, respondió que no veía ningún peligro en contar cuánto costaba la protección de los dos reyes y de su círculo más cercano. En el 2015, sin embargo, el consejo sí que avaló la negativa de Interior a revelar detalles sobre un operativo concreto de seguridad que afectaba al rey, porque esos datos sí que podrían «comprometer la integridad personal del jefe del Estado».
¿En serio afirmas que no lo dice ? Quizá te ayudaría leer la constitución. En este caso el art. 57. Cuando dice "en el mismo grado el varón a la mujer", ¿qué crees que pretende si no?
Durante la tramitación de la Constitución el diputado Sartorius, creo que del PCE, intentó cambiarlo, pero fue rechazada su propuesta de no primar al varón sobre la mujer.
