Grande Marlaska purga cúpula de la Guardia Civil


PreEscolar es un apesebrado, todo por la pasta

elDiario.es / Nacho Escolar: «La Guardia Civil se traga los bulos de la derecha». Escolar siempre está dispuesto a romperse el espinazo en cada reverencia que hace al Gobierno.

Al digital le ha molestado mucho que el informe cite informaciones de Okdiario y la COPE. «El 1 de abril de 2020 se tiene conocimiento a través de una noticia del diario digital cope.es [sic] titulada: ‘El vídeo del 8M con el que acusan al Gobierno de ocultar la verdad del coronavirus: no se besa’ en la que apunta que el Gobierno sabía el peligro real del coronavirus.

Dice el periódico gubernamental que lo de los guantes morados es un bulo porque se sabe que «ya los habían llevados en otras ocasiones» aunque el digital no aporta pruebas y nos remite a la web de Maldita.es. Tampoco explican por qué las ministras aparecen diciendo ‘no se besa, no se besa…’.

elDiario.es / Nacho Escolar: Critican que el informe habla de la prohibición de «eventos multitudinarios de cualquier tipo» cuando las instrucciones de Sanidad añadían (y esto es lo que no consta en la cita del informe policial): «con alta presencia de personas procedentes de cualquiera de las zonas del mundo en las que se ha constatado transmisión del virus SARS-COV-2».

Olvidan mencionar el apartado demoledor en el que los investigadores de la GC hablaron con el organizadores del congreso evangélico que confiesan que tanto Salvador Illa como Fernando Simón les dijeron que «ese congreso no podía realizarse bajo ningún concepto» por el peligro que entrañaba para la población.
 
Todo por la pasta


‘El País’ – Capítulo aparte merece lo que está haciendo el diario El País, que ha pasado de tener un cabreo monumental con Sánchez por firmar a oscuras la derogación de la reforma laboral con Bildu (la misma que le vino de perlas para despedir a cientos de trabajadores de su plantilla) a decir que el efecto del 8-M fue marginal. ¡Lo que hacen algunos por la pasta institucional!

La millonaria campaña institucional que ha lanzado Sanidad bajo el lema de ‘Salimos más fuertes’ —100 millones de euros inyectados en el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional 2020 y subvenciones de hasta el 30% a los anunciantes en medios— es motivo suficiente para que el diario de PRISA cometa la vergüenza de salir en este momento a partirse la cara por Marlaska y el investigado Delegado de Gobierno de Madrid en la mira de la juez Rodríguez Medel.

«Los expertos coinciden: el 8-M no tuvo la culpa», afirma el diario de PRISA sin dar ni un solo nombre de los susodichos. Es decir que nos estuvieron encerrados durantes dos meses sin poder salir a respirar pero que 120.000 personas se junten en Madrid no tuvo ningún efecto. Y lo despacha con un ‘expertos consultados’ como toda fuente de credibilidad.

Al diario del IBEX no se le caen los anillos en salir a salvarle al cara con mentiras y manipulaciones a este Gobierno infame que ha mentido y engañado a los españoles. Y lo hacen para cuadrar una cuenta de resultados en números en rojo. No saldremos más fuertes pero ellos saldrán más ricos
 
Vox se querella contra la directora de la Guardia Civil y el secretario de Estado de Seguridad y avisa a Marlaska: "Caerá por sus subordinados"
Miércoles, 27 mayo 2020 - 12:09

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Vox aumenta la presión sobre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el fulminante cese del coronel Pérez de los Cobos por su investigación del 8-M. El partido de Santiago Abascal, que ya había exigido su dimisión por este asunto, ha elevado el caso a los tribunales al presentar este miércoles una querella contra la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y contra el secretario de Estado de Seguridad y número dos del Ministerio, Rafael Pérez.
"Usted va a caer por sus subordinados", ha desafiado Macarena Olona a Grande-Marlaska, cuando la diputada de Vox ha hecho el anuncio de la querella durante el careo que mantenía con el ministro del Interior en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

En un tenso rifirrafe, Olona ha presionado al ministro por una presunta injerencia política en una investigación judicial en curso y ha presentado el cese de Pérez de los Cobos como una represalia política por no revelar el contenido del informe que hizo la Guardia Civil para una juez sobre las manifestaciones feministas del 8-M, y que están siendo investigadas por si se celebraron poniendo por delante los criterios ideológicos pese a la alarma sanitaria.
"Señor ministro. ¿El coronel Pérez de los Cobos recibió una llamada el domingo por la tarde del general Berrocal preguntándole por el curso de las investigaciones judiciales? Señor ministro. ¿El coronel Pérez de los Cobos recibió una llamada este pasado domingo por la tarde del teniente general Santafé pidiéndole información sobre el informe emitido por la policía judicial? Señor ministro. ¿El coronel Pérez de los Cobos recibió el domingo por la noche a las 22.30, una llamada de la directora general de la Guardia Civil informándole de su cese porque no había informado sobre el informe emitido por la Guardia Civil, por la Comandancia de Madrid en sus funciones de policía judicial? Señor ministro. ¿Ordenó usted a los generales Berrocal y Santafé que procedieran a requerir al coronel Pérez de los Cobos información sobre investigaciones judiciales en curso? Señor ministro Marlaska. ¿Ordenó usted a la directora general de la Guardia Civil que procediera al cese fulminante del coronel Pérez de los Cobos por cumplir con su función?", ha preguntado directamente Olona.
A continuación, la diputada de Vox ha sacado un escrito de cuando Marlaska instruyó el caso Faisán en la Audiencia Nacional en el que exigía a las fuerzas de seguridad que sólo le informaran a él y no a sus superiores. "Ha traicionado todos sus principios si es que alguna vez los tuvo", ha recriminado Olona, que ha rematado acusándole también de haber "traicionado" a los hombres "que pusieron su vida en riesgo para proteger la suya", como Pérez Corbí y Pérez de los Cobos, cuando ETA le quería asesinar

 
PreEscolar es un apesebrado, todo por la pasta

elDiario.es / Nacho Escolar: «La Guardia Civil se traga los bulos de la derecha». Escolar siempre está dispuesto a romperse el espinazo en cada reverencia que hace al Gobierno.

Al digital le ha molestado mucho que el informe cite informaciones de Okdiario y la COPE. «El 1 de abril de 2020 se tiene conocimiento a través de una noticia del diario digital cope.es [sic] titulada: ‘El vídeo del 8M con el que acusan al Gobierno de ocultar la verdad del coronavirus: no se besa’ en la que apunta que el Gobierno sabía el peligro real del coronavirus.

Dice el periódico gubernamental que lo de los guantes morados es un bulo porque se sabe que «ya los habían llevados en otras ocasiones» aunque el digital no aporta pruebas y nos remite a la web de Maldita.es. Tampoco explican por qué las ministras aparecen diciendo ‘no se besa, no se besa…’.

elDiario.es / Nacho Escolar: Critican que el informe habla de la prohibición de «eventos multitudinarios de cualquier tipo» cuando las instrucciones de Sanidad añadían (y esto es lo que no consta en la cita del informe policial): «con alta presencia de personas procedentes de cualquiera de las zonas del mundo en las que se ha constatado transmisión del virus SARS-COV-2».

Olvidan mencionar el apartado demoledor en el que los investigadores de la GC hablaron con el organizadores del congreso evangélico que confiesan que tanto Salvador Illa como Fernando Simón les dijeron que «ese congreso no podía realizarse bajo ningún concepto» por el peligro que entrañaba para la población.
Les recomendaban no hacerlo porque venía gente de otros países pero en ningún momento se lo prohibieron.

También podéis poner la entrevista que hicieron en la sexta a una miembro de la OMS que decía no ver ningún problema en hacer manisfestaciones siempre que se tuviese cuidado. Pero esta será otra bolivariana.
 
Falso como la declaración que se le atribuye a Simón la cual está manipulada? Falsos como las declaraciones de los testigos que niegan haber dicho eso? Falso como las fechas que le bailan? Falsas las noticias de ok diario?
Falso como lo que decis que dice el informe y las falsedades que le atribuis. Leedlo que estais quedando muy mal reproduciendo bulos como el pasado franquista de Cobos SIENDO UN NIÑO.

El informe no tiene ninguna de las falsedades que le achacais.
 
Les recomendaban no hacerlo porque venía gente de otros países pero en ningún momento se lo prohibieron.

También podéis poner la entrevista que hicieron en la sexta a una miembro de la OMS que decía no ver ningún problema en hacer manisfestaciones siempre que se tuviese cuidado. Pero esta será otra bolivariana.
MENTIRA
 
La Guardia Civil manipuló la declaración de un testigo para inculpar al Gobierno por la manifestación del 8M

El acta de declaración del testigo ante el instituto armado, a la que ha tenido acceso eldiario.es, contradice la versión que se da en el informe de la Guardia Civil sobre la suspensión de esa movilización antes del 8M

La tesis del atestado para imputar al Delegado del Gobierno en Madrid es que el Ejecutivo autorizó la marcha del 8M y trató de desconvocar otras por la puerta de atrás con criterios arbitrarios

Errores de bulto, noticias tergiversadas y saltos al vacío: el informe de la Guardia Civil que imputó al delegado del Gobierno en Madrid por el 8M

Irene Castro / Marcos Pinheiro
219 comentarios

26/05/2020 - 22:58h
Guardia Civil.

Comparación entre la declaración del testigo y lo recogido en el informe de la Guardia Civil sobre esa declaración ELDIARIO.ES

La Guardia Civil manipuló la declaración de un testigo en el marco de la investigación judicial contra el Gobierno por autorizar la celebración de la manifestación del Día Internacional de la Mujer. El informe elaborado por el instituto armado en calidad de policía judicial y que ha resultado clave para la imputación del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, atribuye a la COVID-19 la causa de la desconvocatoria que llevó a cabo el sindicato CGT de una concentración en Collado Villalba (Madrid) dos días antes del 8M, pese a que no es cierto.

La tesis que sostiene el atestado policial señala que el Gobierno permitió ciertas convocatorias como la marcha de las mujeres el 8 marzo mientras prohibía o trataba de impedir otras con criterios arbitrarios. Esa es la base de la investigación por prevaricación administrativa, que se sigue en el juzgado de instrucción número 51 de la capital contra el delegado del Gobierno.




El documento que tiene sobre la mesa la jueza Carmen Rodríguez Medel señala que la convocatoria de movilización de CGT para el 10 de marzo se canceló el 6 de marzo "dada la situación y riesgos de contagio debido al coronavirus", y atribuye al convocante ese entrecomillado. Sin embargo, la declaración que prestó el responsable del sindicato en la comandancia de la Guardia Civil dice algo radicalmente distinto.


"Se suspendió por considerar mejor otra fecha más próxima al juicio que se iba a celebrar por el despido a finales de marzo" fue la respuesta que dio el secretario general de CGT Banca Madrid al instructor de la Guardia Civil cuando le preguntó por "los motivos por los que la reunión" prevista para el 10 de marzo "no se celebró". Así consta en el acta de declaración, firmada por el agente y el testigo, que la Guardia Civil le entregó cuando acabó el interrogatorio, y a la que ha tenido acceso eldiario.es.

El sindicato había convocado una concentración en protesta por el despido de una compañera por parte de una entidad bancaria, pero decidieron suspenderla hasta que se acercara la fecha de la vista, el 30 de marzo.

Así figura también en la relación de "reuniones/manifestaciones tomadas en consideración por la DG [Delegación del Gobierno]" que recoge el propio informe policial. El cuadro atribuye a un "cambio de fecha" el motivo de la desconvocatoria por lo que choca con la conclusión extraída por el redactor del informe a partir de la declaración del promotor de la concentración.
Extracto del informe de la Guardia Civil sobre la declaración del testigo

Extracto del informe de la Guardia Civil sobre la declaración del testigo

A pesar de la contestación firme del sindicalista, el agente siguió con el interrogatorio, encaminado a lograr respuestas que apuntasen a que la causa de la no celebración de las protesta guardaba relación directa con el peligro del virus. El acta de declaración del testigo, en poder de eldiario.es, no dice ni mucho menos lo que luego refleja la Guardia Civil en el informe remitido al juzgado.

"Preguntado para que diga si la evolución del COVID-19 en España tuvo algún tipo de incidencia en las motivaciones de la suspensión prevista, manifiesta que no", describe con claridad el acta de la declaración celebrada en la comandancia de la Guardia Civil el pasado 7 de mayo a la que ha tenido acceso eldiario.es.


Pero el informe de 81 folios que la Guardia Civil envió posteriormente a la instructora de la investigación, Carmen Rodríguez-Medel, escribe: "La manifestación prevista para el 10 de marzo de 2020 es finalmente cancelada por problemas sanitarios por el convocante, Antonio O Connor Oliveros". Continúa el documento policial: “La manifestación prevista fue cancelada por el convocante que envió el 6 de marzo de 2020 correo electrónico a la DG [Delegación del Gobierno] manifestando que "dada la situación y riesgos de contagio debido al coronavirus” [sic], decisión que habían tomado en el seno de su plataforma al observar la evolución del patógeno y sus riesgos que comportaba la enfermedad cuyas noticias ya conocía con anterioridad gracias a los medios de comunicación".

El mail que manda CGT a la Delegación del Gobierno, que también obra en poder de esta redacción y se puede consultar más abajo, comunica la desconvocatoria de la concentración sin hacer ninguna referencia al virus. Se limita a notificar la decisión: "Buenos días. Solicitamos la cancelación de la concentración prevista el próximo 10/03/2020 en Collado Villalba con N/REF 345/2020. Adjuntamos la autorización recibida de la concentración citada. Por favor, confirmen la recepción de este email".
Solicitud de cancelación de la manifestación remitida a la Delegación del Gobierno

Solicitud de cancelación de la manifestación remitida a la Delegación del Gobierno

Durante el interrogatorio, que se llevó a cabo el pasado 7 de mayo en la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid), el agente se interesó en hasta seis ocasiones por cuestiones relacionadas con el coronavirus, como si la Delegación del Gobierno o cualquier otro organismo le habían hecho llegar "recomendaciones concretas" relacionadas con la enfermedad, si él en calidad de promotor de la protesta había realizado alguna indicación o la fecha en la que fue "consciente de la grave situación sanitaria que padecía España". A las primeras respondió que no y en la última aseguró que fue el 10 de marzo, cuando "un compañero del SUMMA -el servicio de urgencias médicas de la Comunidad de Madrid- le advirtió de que la situación era grave y que el escenario sanitario en España era muy malo y que, a partir de esa fecha, lo tuvieran en cuenta para su organización".

Esa conversación se refleja en el informe de la policía judicial, pese a haber tenido lugar con posterioridad a la decisión de cancelar la protesta sin haber sido comunicada a la Delegación del Gobierno preocupación alguna sobre la COVID-19, según admite el sindicalista.

La tesis que defiende el informe policial es que la Delegación del Gobierno trató de desconvocar algunas manifestaciones por la puerta de atrás a través de llamadas telefónicas advirtiendo de los riesgos para la salud, y sin que quedase constancia de esas supuestas presiones en los registros de la institución, mientras algunos ministros alentaban la participación en la marcha del 8M.

Otra de las preguntas del guardia civil al sindicalista fue si había recibido alguna comunicación por parte de la Delegación del Gobierno "algún tipo de llamada telefónica previa" o si "recibieron algún tipo de consigna por parte de la Delegación del Gobierno para que la cancelación se produjera desde la propia promotora, que fueran ellos los que enviaran los correos electrónicos informando la suspensión". El representante de CGT respondió que no a ambas cosas. Ya había dejado previamente claro que la desconvocatoria en este caso respondía a cuestiones operativas.

La manipulación de estas respuestas es relevante porque sobre las declaraciones de esos supuestos testigos se apoya el informe que la Guardia Civil ha remitido a la instructora de la causa y en cuyas conclusiones se cuestiona que fuera la Delegación del Gobierno la que contactara por teléfono a en torno una docena de convocantes de movilizaciones.

Esas llamadas se produjeron después del 8M, para las manifestaciones previstas en las siguientes fechas.
Para el capitán que firma el atestado policial, existió una voluntad de ocultamiento por parte del Gobierno que según su tesis, realizó propuestas de cancelación de movilizaciones por la crisis sanitaria, pero sin dejar rastro: "La inexistencia de ningún tipo de registro de dichas llamadas telefónicas en los expedientes, así como el especial interés por parte de la Delegación del Gobierno en que fueran los propios asistentes los que llevaran a efecto la cancelación de las manifestaciones, hace considerar, por un lado, la posible intencionalidad de la Delegación del Gobierno en que las mismas no figuren en un registro oficial; y por otro, el amplio conocimiento de la Delegación del Gobierno de los riesgos que comportaba la celebración de las concentraciones ante posibles contagios generados por el COVID-19 y su interés real de que no se celebraran", concluye.

Fue a partir del 10 de marzo cuando empezaron a suspenderse casi todas las convocatorias por motivos sanitarios. Solo un convocante decidió antes del 8M suspender una concentración por el temor al coronavirus. El 9 de marzo fue cuando la Comunidad de Madrid comunicó un incremento sustancial de los casos detectados. Mientras que el 8 de marzo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso registró 28 casos nuevos, un día después se detectaron 234 -un 835% más-.

La derecha lleva meses intentado vincular el incremento de muertes a la manifestación del Día de la Mujer Trabajadora, a pesar de que el periodo de incubación de la enfermedad es superior.

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Pruebas falsificadas. Vaya, vaya....
 
Última edición:
Otra testigo niega las injerencias del Gobierno que recoge el informe de la Guardia Civil para cancelar manifestaciones: "No me presionó nadie"

Diana Chnaiker, de APASAA, niega que la Delegación del Gobierno le presionara para cancelar la protesta que había convocado porque daba por hecho que no se iba a celebrar: "Cuando se convoca el estado de alarma, se prohiben las agrupaciones, y comienza el confinamiento"

La Guardia Civil manipuló la declaración de un testigo para inculpar al Gobierno por la manifestación del 8M


Marcos Pinheiro / Irene Castro
27/05/2020 - 00:03h
Muchas mujeres acudieron a la cita convocada por la Plataforma Feminista 8M

Imagen de la protesta del 8M. ÁLEX ROSA

El informe que la Guardia Civil ha entregado a la jueza que investiga la autorización para la movilización del 8M sostiene que la Delegación del Gobierno presionó a algunos convocantes de manifestaciones para que anularan sus convocatorias. La protagonista de uno de esos testimonios que sirven para apuntalar la imputación del delegado del Gobierno José Manuel Franco niega la versión del informe
"A mí nadie me presionó en ningún momento. Es de sentido común que si no se puede salir y no están permitidas las agrupaciones, esto no se podía llevar a cabo" dice Diana Chnaiker, que pidió autorización a la Delegación del Gobierno para tres movilizaciones de la Asociación de Personas Aptas sin Ayudas de Alquiler (APASAA). La idea era protestar en la calle los días 5, 12 y 19 de marzo, coincidiendo con los plenos celebrados en la Asamblea de Madrid.





La manifestación del día 5 se celebró sin problema, pero para la del 12 "ya estaba muy presente el COVID en los medios, y los colegios iban a ser cerrados", dice Chnaiker en conversación con eldiario.es. Ese día habló con una de las diputadas que apoyan su causa y le dijo que se había cancelado el pleno, así que anularon la concentración.

Quedaba entonces pendiente la del día 19 de marzo, cinco días después de que Pedro Sánchez anunciase que entraba en vigor el estado de alarma. "Cuando se convoca el estado de alarma, se prohiben las agrupaciones, y comienza el confinamiento", explica. Añade que por esa circunstancia y por el hecho de que no había pleno no pensaban acudir a la protesta.

Relata que el día 17 de marzo recibe una llamada de la Delegación del Gobierno en la que le informan sobre las limitaciones del estado de alarma. Ella contesta que está al tanto de la situación y que por ello no pensaba celebrar la protesta. Desde la Delegación le indican que si eso mismo podía ponerlo en un mail y enviárselo. "Yo le dije que me parecía ridículo si ya estaba hablando con la Delegación, y me indicaron que era para que quedase constancia de la cancelación", añade.

Escribió el email: "Según conversación telefónica, procedo a remitir escrito de la cancelación de la concentración que se llevará frente a la Asamblea de Madrid el próximo 19 de marzo, por estar convocado el Estado de Alarma, por esta situación con el coronavirus".

El 5 de mayo contacta con ella la Guardia Civil, que ya ha iniciado la investigación por orden del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid. Chnaiker acudió a la comandancia del instituto armado y prestó declaración. Allí cuenta todo esto, pero en ningún momento relata presiones por parte de la Delegación del Gobierno. Insiste en que el contenido de la conversación no se parece a lo reflejado en el informe. "A mí nadie me presionó en ningún momento. Es de sentido común que si no se puede salir y no están permitidas las agrupaciones, esto no se podía llevar a cabo", insiste.

La tesis que defiende el informe policial es que la Delegación del Gobierno trató de desconvocar algunas manifestaciones por la puerta de atrás a través de llamadas telefónicas advirtiendo de los riesgos para la salud, y sin que quedase constancia de esas supuestas presiones en los registros de la institución, mientras algunos ministros alentaban la participación en la marcha del 8M.

Tras recibir ese informe, la jueza Carmen Rodríguez Medel citó como imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, acusado de un delito de prevaricación.

 
Crimen y castigo en la COVID-19

Nos enfrentamos a la teoría conspirativa sobre un delirante proyecto eugenésico y dictatorial que no existe, pero que pretende vestirse de largo con el ropaje de la justicia
Gaspar Llamazares
27/05/2020 - 11:54h
Las mascarillas, obligatorias en la calle donde no se pueda guardar dos metros

Varios hombres con mascarillas EFE

"Que el más osado es el que más razón tiene a los ojos ajenos; que quien desafía a los hombres y los desprecia conquista su respeto y llega a ser su legislador"

Fiódor Dostoyevski

Se ha abierto en un juzgado de Madrid la instrucción de una causa penal por la gestión del coronavirus, en este caso por la no prohibición del 8M por parte de la Delegación del Gobierno. Un disparate lógico y una perversión de la salud pública dentro de una estrategia de desestabilización. Estaba previsto: la derecha anunció que su modelo de oposición al Gobierno, que antes y después de la investidura ha tratado de ilegítimo, incluiría la utilización de la justicia (su justicia) como ariete. Siguiendo una vez más la estela de la extrema derecha y de su modelo de oposición y agitación frente al procés. Su oposición ya apuntaba desde un principio, más que a la crítica política, a un sórdido relato criminal para caracterizar penalmente la supuestos delitos de negligencia y prevaricación del Gobierno. Un falso relato más de los inscritos en el clima de populismo autoritario.

Un falso relato de corta y pega de medios ultras y redes sociales casi negras, que se resume atropellado y sin mayor esfuerzo en la denuncia, tan llena de bulos como falta de rigor. El problema es que este libelo se incorpore al informe policial, pero sobre todo que tan frágiles mimbres den para abrir una causa judicial en descrédito de la justicia.

El libelo del 8M dibuja los perfiles de una catástrofe sanitaria y económica provocada por el retraso- negligente o culposo- y por una nefasta gestión del Gobierno, al que se hace responsable último, sino único, de unas cifras de afectados y fallecidos desmesuradas, más allá de los previsibles efectos de una pandemia global. Se trata de un relato de criminalización preventiva del adversario político. No es el primero ni será el último y su objetivo es llegar hasta el presidente del Gobierno, al que denominan ilegítimo y felón para acabar por la vía sumaría con la legislatura. Le han cogido el gusto.


Pretende situarse con ello, más allá de la oposición y la legitima exigencias de responsabilidades políticas, en la esfera de lo penal y las penas de prisión, incluyendo en la criminalización a la ciencia, los técnicos y a la salud pública por su supuesta connivencia y sumisión a la imprudencia, sino al insinuado proyecto criminal del Gobierno. Una justicia y policía de parte, que con el uso y abuso del Código Penal se presentan a sí mismos como una legalidad constitucional paralela y como contrapoder duro frente a las veleidades del Gobierno rojo y la democracia pluralista.

El peligro de la involución en un tiempo de peste no es algo nuevo. La muerte, y el miedo han sido una constante en las pandemias y en las plagas, también lo ha sido la gestión de la culpa y la intervención sobrenatural. La plaga se ha visto como un castigo de los dioses por los pecados, las herejías, la insania o las revueltas. La culpa se ha atribuido a las minorías: cristiana, judía, las brujas, los pobres, los untadores, los heterodoxos o el enemigo, y como chivos expiatorios han sido sometidos al ostracismo, la Inquisición o al potro de tortura como purificación y castigo. En el lado opuesto, ya con el final feliz de la epidemia aparecerán los exvotos y los milagros. Se intentaba evitar con ello que la crisis sanitaria, económica y social provocadas por la plaga agudizaran la dinámica del cambio y evitaran la rebelión, reforzando la resignación, la fe, el statu quo y si era preciso la coacción.

Hoy, en medio del clima de nacionalismo populista, al principio de la COVID-19, la culpa se ha atribuido al virus chino para continuar con la lógica del enemigo y para acallar el malestar y eludir rectificación y responsabilidad.

Por eso se ha señalado al Instituto de virología de Wuhan como origen de los experimentos para la guerra bacteriológica que generaron el virus. Poco importa que se haya demostrado que el origen del virus es natural y que no hubo nada de guerra biológica ni de conspiración. Lo cierto es que la dinámica de bloques enfrentados ya existía antes y la pandemia solo ha hecho que catalizar la escalada de lo que China ya denomina como una nueva Guerra Fría.

También la ciencia está siendo cuestionada, directa o indirectamente, para sustituirla por la teoría de la conspiración o la mera gestión de la trasmisión del virus. Todo ello para eludir la reflexión y los cambios sobre las causas y consecuencias políticas de la pandemia: el modelo territorial, alimentario, turístico y de movilidad globales y el reto de abordar la rectificación.

Finalmente le llegó el turno a la culpa por la complicidad de la OMS con China y de paso el ataque al otro adversario del multilateralismo y los organismos internacionales.

La consecuencia de todo esto es cuestionar las medidas de confinamiento a cambio de tratamientos individuales y la inmunidad de rebaño. En resumen, el sálvese quien pueda.

En España, la culpa por definición es siempre de la política y del Gobierno. Tiene su origen en la ficción épica de que el gobierno lo puede todo, pero que no hace nada o provoca por impericia o por propio interés más problemas y por tanto que es responsable de todo.

En ese sentido, el virus ya no es el problema. El problema vendría de antes. El pecado original para las derechas es el socialcomunismo, pero sobre todo su presencia en el Gobierno al que se considera advenedizo, ilegítimo y peligroso para la unidad y la esencia patrimonial de España. Es la antipatria.


Según ellos, el verdadero virus para España sería la coalición socialcomunista y su incapacidad originaria para gobernar la pandemia al anteponer la ideología a la gestión. El feminismo del 8M lo demostraría.
El feminismo se convertiría así en el vehículo del contagio, independientemente de lo que ocurrió antes, durante y después del 8M. Todo ello al margen del resto de actividades y acontecimientos de masas y de la gran movilidad habida durante todo el fin de semana del 8M. Utilizando, paradójicamente como dogma de fe, las recomendaciones previas de la agencia Europea y de la OMS.

Por supuesto, haciendo caso omiso de lo que ya sabemos de la transmisión silenciosa ya desde el mes de febrero. Al margen de que las alertas fueran casi coincidentes en el tiempo con las de toda Europa. Pero sobre todo independientemente de que la transmisión obedezca a la concentración urbana a la movilidad y el turismo y que eso explique la alta transmisibilidad e incidencia en Italia, Francia o España.

Impugnando, en definitiva, la totalidad de la gestión del Gobierno central, omitiendo interesadamente la corresponsabilidad de la autonómicas e ignorando las dificultades de los mercados colapsados para todo el mundo de epis, de test y respiradores.


Proponiendo inicialmente como alternativa el cierre y el control total del modelo autoritario asiático. Para pasar inmediatamente y sin sonrojarse a cuestionar el confinamiento a medida que obtenía buenos resultados y a defender lo contrario: el modelo sueco de inmunidad de rebaño con el desconfinamiento.

Ahora, los mismos que atribuyen al 8M el origen de la transmisión comunitaria se manifiestan en rebeldía con la continuidad de la declaración de alerta movilizándose con cacerolas y coches en la calle, con el señuelo de la libertad.


En resumen, tanto el confinamiento como la desescalada, han sido, al parecer, solo un intento del Gobierno socialcomunista de encubrimiento de sus responsabilidades criminales en la pandemia y a la vez un proyecto de control social al objeto de evitar el funcionamiento parlamentario, la libertad económica y el ejercicio de los derechos fundamentales en un estado de excepción y un toque de queda no declarados. En definitiva, asistimos a algo más que un falso relato. Nos enfrentamos a la teoría conspirativa sobre un delirante proyecto eugenésico y dictatorial que no existe, pero que pretende vestirse de largo con el ropaje de la justicia. Espero que fracase

 
Todo por la pasta


‘El País’ – Capítulo aparte merece lo que está haciendo el diario El País, que ha pasado de tener un cabreo monumental con Sánchez por firmar a oscuras la derogación de la reforma laboral con Bildu (la misma que le vino de perlas para despedir a cientos de trabajadores de su plantilla) a decir que el efecto del 8-M fue marginal. ¡Lo que hacen algunos por la pasta institucional!

La millonaria campaña institucional que ha lanzado Sanidad bajo el lema de ‘Salimos más fuertes’ —100 millones de euros inyectados en el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional 2020 y subvenciones de hasta el 30% a los anunciantes en medios— es motivo suficiente para que el diario de PRISA cometa la vergüenza de salir en este momento a partirse la cara por Marlaska y el investigado Delegado de Gobierno de Madrid en la mira de la juez Rodríguez Medel.

«Los expertos coinciden: el 8-M no tuvo la culpa», afirma el diario de PRISA sin dar ni un solo nombre de los susodichos. Es decir que nos estuvieron encerrados durantes dos meses sin poder salir a respirar pero que 120.000 personas se junten en Madrid no tuvo ningún efecto. Y lo despacha con un ‘expertos consultados’ como toda fuente de credibilidad.

Al diario del IBEX no se le caen los anillos en salir a salvarle al cara con mentiras y manipulaciones a este Gobierno infame que ha mentido y engañado a los españoles. Y lo hacen para cuadrar una cuenta de resultados en números en rojo. No saldremos más fuertes pero ellos saldrán más ricos
Creo que los diarios comprados por el gobierno pandemias pierden el tiempo intentando triturar el informe. Es un informe policial al cual la jurisprudencia le da el valor de simple denuncia. Habrá que dejar trabajar a la juez, ya que lo importante es lo que digan los testigos a la juez, lo que haya en la documentación, registros de llamadas etc El delito que se imputa es de prevaricación por omisión que es muy complejo y muy técnico.
 
La responsabilidad política es evidente. La penal, compleja de juzgar. Yo creo que soltando a sus lobos y atacando van a cometer más delitos de los que se empiezan a juzgar ahora. Lo unico bueno es que elhdlgp de Marlaska se vaya a tomar por cu.
 
Creo que los diarios comprados por el gobierno pandemias pierden el tiempo intentando triturar el informe. Es un informe policial al cual la jurisprudencia le da el valor de simple denuncia. Habrá que dejar trabajar a la juez, ya que lo importante es lo que digan los testigos a la juez, lo que haya en la documentación, registros de llamadas etc El delito que se imputa es de prevaricación por omisión que es muy complejo y muy técnico.


El problema radica en que si el asunto se lleva adelante y la defensa propone al testigo cuya declaración ha sido manipulada va a aportar la copia que le dieron cuando realizó su declaración ante la Guardia Civil.

¿Entonces cual se considera válida? ¿La que realmente hizo? ¿La manipulada que supongo estará sin firma o con firma falsificada, dato que desconozco?

Y lo mismo con testigos y sus testimonio.


La Guardia Civil tiene costumbre de falsificar testimonios como la presunta declaración del propietario del bar Koxka sin firma por supuesto en el caso de Alsasua.

Cuando el propietario del bar vió esa declaración que le presentaban para aportarla como prueba observó que no eran su declaración, y por supuesto tampoco llevaba su firma.

Quien la hace una vez es capaz de hacerlo mas veces.

¡Menuda imagen que dan esos individuos a todo del cuerpo de la Guardia Civil!
 
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