TODO sobe Pablo Iglesias y Podemos.

ENTREVISTA

Echenique: “El IBEX está secuestrando 60.000 millones de euros que deberían circular por la economía productiva”​

“Los intereses del dueño de un bar o del dueño de una pyme de cinco trabajadores se parecen muchísimo más a los de un camarero que a los de una gran empresa”, dice el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, entrevistado por LUH.

Por
Javier Lezaola.

8 de julio de 2021 23:00

Echenique: “El IBEX está secuestrando 60.000 millones de euros que deberían circular por la economía productiva”

Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso

La patronal de pymes y autónomos CONPYMES y el grupo de Unidas Podemos en el Congreso coinciden en la necesidad de enmendar el Real Decreto-ley 36/2020, de gestión de los fondos europeos, para que las grandes empresas que no pagan a sus proveedores en el plazo de 60 días establecido por la ley no puedan recibir dinero de esos fondos europeos. En ese sentido, CONPYMES ha redactado una enmienda que Unidas Podemos, como grupo de gobierno, ha enviado a la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes del Ministerio de Presidencia –que coordina toda la acción de gobierno– y que la patronal de pymes y autónomos presentará también al resto de grupos del Congreso para intentar recabar su apoyo.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha hablado este jueves con LUH sobre esa enmienda y sobre el panorama empresarial en el Estado español.

PREGUNTA.– Según datos de CONPYMES, las grandes empresas –es decir las empresas de más de 250 trabajadores– deben unos 140.000 millones de euros a las medianas, a las pequeñas, a las microempresas y a los autónomos. ¿Por qué les deben tanto dinero?

RESPUESTA.– Básicamente, porque tienen una posición dominante en el mercado. La ley establece que el plazo de pago máximo es de 60 días, pero como esa ley no tiene régimen sancionador no pasa nada si se exceden de ese plazo, por lo que al final esto queda al arbitrio de una negociación entre las partes, y cuando una de las partes es mucho más grande que la otra, es capaz de ejercer una posición dominante y de abusar de la parte pequeña, y eso es lo que pasa en el tema de la morosidad en el sector privado.

P.– De hecho, 60.000 de esos 140.000 millones los deben sólo las empresas del IBEX 35…

R.– Sí, las empresas del IBEX 35 deben más de 60.000 millones de euros a pymes y autónomos –que se dice pronto pero son seis puntos del PIB–, y según los últimos datos su plazo medio de pago es de 169 días: casi medio año, y casi tres veces más que esos 60 días que establece la ley. Y lo pueden hacer porque no hay un régimen sancionador y porque con su posición dominante en el mercado pueden negociar abusando de la parte pequeña, y de hecho lo hacen. Ahí están los datos.

“Cuando miras qué empresas tardan más en pagar, son las grandes, y además cuanto más grandes, más tardan”

P.– Circunscribiéndonos a las empresas, eso que las grandes les hacen a las pymes y a los autónomos también se lo hacen las medianas a las pequeñas y a los autónomos o las pequeñas a los propios autónomos, es decir que es una cadena…

R.– Es verdad que cuando hablamos de “pymes y autónomos” hacemos una simplificación –porque no tiene nada que ver una empresa de 150 trabajadores con un autónomo o con una microempresa de dos trabajadores–, y eso que dices seguramente ocurrirá. Evidentemente, las sanciones –si conseguimos ponerlas, que con la ley de morosidad que está en el Parlamento también estamos dando esa batalla– deberían ser para todos, pero la estadística también dice que las grandes son las que pagan más tarde. Esto no es una cuestión ideológica de decir “yo quiero que las grandes empresas paguen en plazo y me olvido de que las pymes paguen en plazo”, es una cuestión matemática. Cuando miras qué empresas tardan más en pagar, son las grandes, y además cuanto más grandes, más tardan. Si miras las empresas del mercado continuo –que son muchas más que las del IBEX 35–, su plazo de pago es de 120 días, y si miras las del IBEX –que son las 35 más grandes–, es de 169.

P.– Claro…

R.– Es lo que ocurre en cualquier sector económico; es lo que pasa en el campo con los precios. En vez del asunto de la morosidad, el asunto de la fijación de precios. ¿Qué pasa en el campo? Que los actores económicos más grandes, en este caso los grandes supermercados y las grandes cadenas multinacionales de hostelería –como McDonald’s–, tienen la capacidad de negociar a la baja con los agricultores, y eso hace que les obliguen a tirar los precios por el suelo. En este caso es lo mismo, sólo que lo que se negocia no es el precio sino el plazo de pago.

P.– Efectivamente.

R.– Pero volviendo a lo que preguntabas, en la reunión que tuvimos este miércoles con CONPYMES ellos mismos pusieron ese hecho encima de la mesa: “Ojo, porque cuando se habla de pymes no es lo mismo una empresa de 150 trabajadores que una microempresa”. En cualquier caso, las estadísticas reflejan que en España más del 99% de las empresas son pymes y autónomos, pero es que la inmensa mayoría de ese 99%, es decir la inmensa mayoría de las empresas, tienen menos de diez trabajadores. Entonces, es verdad que eso se da, pero el promedio del tamaño empresarial en España es mucho más pequeño que en la media europea; tenemos empresas más pequeñas que el resto de países.

P.– La gran burguesía, representada por esas grandes empresas, y la pequeña y mediana burguesía, representada por esas pymes, tienen ciertos intereses comunes –como burguesía que son–, pero también intereses contrapuestos, como en este caso.

R.– En mi opinión, tienen más intereses contrapuestos que comunes. En mi opinión, el discurso de derechas se apoya en falacias que típicamente tienen la misma pinta. Por ejemplo, la falacia de que los intereses de un gran tenedor de viviendas que tiene 100 viviendas son los mismos que los de una persona que tiene una casa y otra que heredó de sus padres y que esa segunda la alquila. Es evidente que no son los mismos intereses, porque seguramente el primero tendrá una SOCIMI [SOciedad Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario] y el segundo utilizará el alquiler de su segunda casa para completar la renta. Entonces, la derecha cuando se habla de regular el mercado de la vivienda, como sabe que la mayor parte de la gente es pequeño propietario y no gran tenedor, le dice a la gente “cuando esos intentan tocar los privilegios de los grandes tenedores, quieren tocar tu segunda casa, que estás alquilando”. Eso es una falacia, es una mentira y no es verdad. Quien tiene una segunda casa desde mi punto de vista, y dicho en términos digamos híper ideológicos, es clase trabajadora. En el mundo empresarial –y quizás esto es una opinión un poco personal– mayoritariamente es lo mismo, es decir que el dueño de un pequeño bar es una persona que si viene una crisis puede acabar en la exclusión social en unos cuantos meses…

P.– Sí, la proletarización de la pequeña burguesía…

R.– En ese sentido, más allá de la autopercepción que uno pueda tener como clase media o como clase obrera, estamos hablando de que los intereses del dueño de un bar o del dueño de una pyme de cinco trabajadores se parecen muchísimo más a los de un camarero que a los de una gran empresa. Es verdad que hay empresas medianas que pueden tener decenas de trabajadores y que son un poco más resistentes y cuyos dueños tienen un nivel económico ya más sustentado y menos sujeto a la precariedad, pero –respondiendo a la pregunta que hacías– yo creo que mayoritariamente los intereses son contrapuestos, es decir que los intereses del IBEX 35 son lo contrario de los intereses de las pymes y autónomos, y en este caso se ve de una manera evidente. Es decir que el IBEX está reteniendo, en incumplimiento de la ley, 60.000 millones de euros que pertenecen a pymes y autónomos; 60.000 millones de euros que están secuestrados por el IBEX y que deberían estar circulando por la economía productiva.

“Si se le paga un bonus de siete millones de euros al CEO de una empresa del IBEX, ese dinero no va a ir a consumir en los comercios del barrio”

P.– ¿Cuál es el impacto de esa retención en la economía productiva?

R.– Claro, es que esa es la otra parte. Esto no sólo tiene que ver con una situación de injusticia y de precariedad de pymes y autónomos que están prestándole al IBEX dinero a tipos de interés cero al IBEX 35, sino que además tiene que ver con una cuestión de eficiencia económica. Las grandes empresas con su capital llevan a cabo acciones que son más ineficientes desde el punto de vista económico que para lo que utilizan el dinero pymes y autónomos. Si se le paga un bonus de siete millones de euros al CEO [Chief Executive Officer; director ejecutivo] de una empresa del IBEX, ese dinero no va a ir a consumir en los comercios del barrio ni a revitalizar el turismo; ese señor va a coger los siete millones y va a hacer lo que hacen la mayoría de los ricos españoles, que es invertir –y el 80%, en el extranjero–, de manera que ese beneficio de la gran empresa que se pueda repartir en dividendos entre sus grandes accionistas es un dinero que no va a la economía productiva real. Sin embargo, el dinero que va a pymes y autónomos automáticamente entra en un círculo virtuoso según el cual le va un poco mejor a un montón de gente que tiene ingresos medios o bajos, y esa gente destina la mayor parte de sus ingresos al consumo, y el consumo, en economías como la nuestra –que dependen mucho del sector servicios–, es un motor importantísimo de la economía. Es decir que si esos 60.000 millones dejan de estar en manos de la parte más improductiva y más rentista de la economía y pasan a manos de la parte más intensiva en empleo y más dinámica, automáticamente mejora no sólo la economía particular de las pymes y los autónomos que reciban el pago en tiempo y forma sino también la economía del país.

P.– Ahora toca presentar la enmienda a los grupos del Congreso para intentar recabar su apoyo…

R.– Sí, lo hará CONPYMES, porque la enmienda no es de Unidas Podemos, sino de CONPYMES. Hace unos meses se lanzó CONPYMES, que es básicamente una confederación de pymes y autónomos que tiene un montón de representatividad democrática y que entiende que la CEOE no les representa. Asistimos a la fundación de esta confederación, hace unos meses tuvimos una reunión muy fructífera con ellos y en aquella reunión nos lanzaron la idea que recoge esta enmienda. Nosotros les dijimos “nos parece buena idea”, nos pusimos de acuerdo en impulsarla y lo que hemos hecho es enviarla a Relaciones con las Cortes, porque –al ser nosotros grupo de gobierno– tenemos la capacidad de enviarles propuestas de enmienda como grupo de gobierno. De momento hemos dado ese paso: hemos acogido la enmienda de CONPYMES y la hemos enviado al Gobierno para que los ministerios concernidos nos digan qué piensan. Y, en paralelo, CONPYMES va a contactar con todos los grupos parlamentarios, pero van a contactar ellos –porque es una iniciativa de la sociedad civil–, entonces ellos van a llamar a todo el mundo y luego nos dirán qué acogida ha tenido eso.

P.– ¿Pero qué acogida crees que tendrá la enmienda tanto en ministerios como el de Asuntos Económicos –dirigido por la vicepresidenta segunda, Nada Calviño (PSOE)–, que supongo que será el más concernido, como en el resto de grupos parlamentarios?

R.– No lo sé, pero si imperara una lógica de bien común en todos los sentidos –no sólo de bien común de las partes afectadas y de la mayoría del tejido empresarial, sino también, como comentábamos antes, de bien común de país: de que haya más empleo, de que haya una subida más potente del PIB y de que haya mayor recaudación fiscal–, esta enmienda debería contar con la unanimidad del Congreso de los Diputados, porque a mí me resulta difícil prever con qué argumento alguien puede defender que una empresa que está bien pague por encima del plazo que figura en la ley. No se me ocurre, ni pensando muy imaginativamente, qué argumentos puede esgrimir alguien para decir que está bien que una empresa pague por encima del plazo legal, así que vamos a esperar a ver qué nos contestan, pero ya digo que ni pensando con una gran relatividad soy capaz de encontrar un argumento en contra.

 

ENTREVISTA

Echenique: “El IBEX está secuestrando 60.000 millones de euros que deberían circular por la economía productiva”​

“Los intereses del dueño de un bar o del dueño de una pyme de cinco trabajadores se parecen muchísimo más a los de un camarero que a los de una gran empresa”, dice el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, entrevistado por LUH.

Por
Javier Lezaola.

8 de julio de 2021 23:00

Echenique: “El IBEX está secuestrando 60.000 millones de euros que deberían circular por la economía productiva”

Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso

La patronal de pymes y autónomos CONPYMES y el grupo de Unidas Podemos en el Congreso coinciden en la necesidad de enmendar el Real Decreto-ley 36/2020, de gestión de los fondos europeos, para que las grandes empresas que no pagan a sus proveedores en el plazo de 60 días establecido por la ley no puedan recibir dinero de esos fondos europeos. En ese sentido, CONPYMES ha redactado una enmienda que Unidas Podemos, como grupo de gobierno, ha enviado a la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes del Ministerio de Presidencia –que coordina toda la acción de gobierno– y que la patronal de pymes y autónomos presentará también al resto de grupos del Congreso para intentar recabar su apoyo.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha hablado este jueves con LUH sobre esa enmienda y sobre el panorama empresarial en el Estado español.

PREGUNTA.– Según datos de CONPYMES, las grandes empresas –es decir las empresas de más de 250 trabajadores– deben unos 140.000 millones de euros a las medianas, a las pequeñas, a las microempresas y a los autónomos. ¿Por qué les deben tanto dinero?

RESPUESTA.– Básicamente, porque tienen una posición dominante en el mercado. La ley establece que el plazo de pago máximo es de 60 días, pero como esa ley no tiene régimen sancionador no pasa nada si se exceden de ese plazo, por lo que al final esto queda al arbitrio de una negociación entre las partes, y cuando una de las partes es mucho más grande que la otra, es capaz de ejercer una posición dominante y de abusar de la parte pequeña, y eso es lo que pasa en el tema de la morosidad en el sector privado.

P.– De hecho, 60.000 de esos 140.000 millones los deben sólo las empresas del IBEX 35…

R.– Sí, las empresas del IBEX 35 deben más de 60.000 millones de euros a pymes y autónomos –que se dice pronto pero son seis puntos del PIB–, y según los últimos datos su plazo medio de pago es de 169 días: casi medio año, y casi tres veces más que esos 60 días que establece la ley. Y lo pueden hacer porque no hay un régimen sancionador y porque con su posición dominante en el mercado pueden negociar abusando de la parte pequeña, y de hecho lo hacen. Ahí están los datos.

“Cuando miras qué empresas tardan más en pagar, son las grandes, y además cuanto más grandes, más tardan”

P.– Circunscribiéndonos a las empresas, eso que las grandes les hacen a las pymes y a los autónomos también se lo hacen las medianas a las pequeñas y a los autónomos o las pequeñas a los propios autónomos, es decir que es una cadena…

R.– Es verdad que cuando hablamos de “pymes y autónomos” hacemos una simplificación –porque no tiene nada que ver una empresa de 150 trabajadores con un autónomo o con una microempresa de dos trabajadores–, y eso que dices seguramente ocurrirá. Evidentemente, las sanciones –si conseguimos ponerlas, que con la ley de morosidad que está en el Parlamento también estamos dando esa batalla– deberían ser para todos, pero la estadística también dice que las grandes son las que pagan más tarde. Esto no es una cuestión ideológica de decir “yo quiero que las grandes empresas paguen en plazo y me olvido de que las pymes paguen en plazo”, es una cuestión matemática. Cuando miras qué empresas tardan más en pagar, son las grandes, y además cuanto más grandes, más tardan. Si miras las empresas del mercado continuo –que son muchas más que las del IBEX 35–, su plazo de pago es de 120 días, y si miras las del IBEX –que son las 35 más grandes–, es de 169.

P.– Claro…

R.– Es lo que ocurre en cualquier sector económico; es lo que pasa en el campo con los precios. En vez del asunto de la morosidad, el asunto de la fijación de precios. ¿Qué pasa en el campo? Que los actores económicos más grandes, en este caso los grandes supermercados y las grandes cadenas multinacionales de hostelería –como McDonald’s–, tienen la capacidad de negociar a la baja con los agricultores, y eso hace que les obliguen a tirar los precios por el suelo. En este caso es lo mismo, sólo que lo que se negocia no es el precio sino el plazo de pago.

P.– Efectivamente.

R.– Pero volviendo a lo que preguntabas, en la reunión que tuvimos este miércoles con CONPYMES ellos mismos pusieron ese hecho encima de la mesa: “Ojo, porque cuando se habla de pymes no es lo mismo una empresa de 150 trabajadores que una microempresa”. En cualquier caso, las estadísticas reflejan que en España más del 99% de las empresas son pymes y autónomos, pero es que la inmensa mayoría de ese 99%, es decir la inmensa mayoría de las empresas, tienen menos de diez trabajadores. Entonces, es verdad que eso se da, pero el promedio del tamaño empresarial en España es mucho más pequeño que en la media europea; tenemos empresas más pequeñas que el resto de países.

P.– La gran burguesía, representada por esas grandes empresas, y la pequeña y mediana burguesía, representada por esas pymes, tienen ciertos intereses comunes –como burguesía que son–, pero también intereses contrapuestos, como en este caso.

R.– En mi opinión, tienen más intereses contrapuestos que comunes. En mi opinión, el discurso de derechas se apoya en falacias que típicamente tienen la misma pinta. Por ejemplo, la falacia de que los intereses de un gran tenedor de viviendas que tiene 100 viviendas son los mismos que los de una persona que tiene una casa y otra que heredó de sus padres y que esa segunda la alquila. Es evidente que no son los mismos intereses, porque seguramente el primero tendrá una SOCIMI [SOciedad Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario] y el segundo utilizará el alquiler de su segunda casa para completar la renta. Entonces, la derecha cuando se habla de regular el mercado de la vivienda, como sabe que la mayor parte de la gente es pequeño propietario y no gran tenedor, le dice a la gente “cuando esos intentan tocar los privilegios de los grandes tenedores, quieren tocar tu segunda casa, que estás alquilando”. Eso es una falacia, es una mentira y no es verdad. Quien tiene una segunda casa desde mi punto de vista, y dicho en términos digamos híper ideológicos, es clase trabajadora. En el mundo empresarial –y quizás esto es una opinión un poco personal– mayoritariamente es lo mismo, es decir que el dueño de un pequeño bar es una persona que si viene una crisis puede acabar en la exclusión social en unos cuantos meses…

P.– Sí, la proletarización de la pequeña burguesía…

R.– En ese sentido, más allá de la autopercepción que uno pueda tener como clase media o como clase obrera, estamos hablando de que los intereses del dueño de un bar o del dueño de una pyme de cinco trabajadores se parecen muchísimo más a los de un camarero que a los de una gran empresa. Es verdad que hay empresas medianas que pueden tener decenas de trabajadores y que son un poco más resistentes y cuyos dueños tienen un nivel económico ya más sustentado y menos sujeto a la precariedad, pero –respondiendo a la pregunta que hacías– yo creo que mayoritariamente los intereses son contrapuestos, es decir que los intereses del IBEX 35 son lo contrario de los intereses de las pymes y autónomos, y en este caso se ve de una manera evidente. Es decir que el IBEX está reteniendo, en incumplimiento de la ley, 60.000 millones de euros que pertenecen a pymes y autónomos; 60.000 millones de euros que están secuestrados por el IBEX y que deberían estar circulando por la economía productiva.

“Si se le paga un bonus de siete millones de euros al CEO de una empresa del IBEX, ese dinero no va a ir a consumir en los comercios del barrio”

P.– ¿Cuál es el impacto de esa retención en la economía productiva?

R.– Claro, es que esa es la otra parte. Esto no sólo tiene que ver con una situación de injusticia y de precariedad de pymes y autónomos que están prestándole al IBEX dinero a tipos de interés cero al IBEX 35, sino que además tiene que ver con una cuestión de eficiencia económica. Las grandes empresas con su capital llevan a cabo acciones que son más ineficientes desde el punto de vista económico que para lo que utilizan el dinero pymes y autónomos. Si se le paga un bonus de siete millones de euros al CEO [Chief Executive Officer; director ejecutivo] de una empresa del IBEX, ese dinero no va a ir a consumir en los comercios del barrio ni a revitalizar el turismo; ese señor va a coger los siete millones y va a hacer lo que hacen la mayoría de los ricos españoles, que es invertir –y el 80%, en el extranjero–, de manera que ese beneficio de la gran empresa que se pueda repartir en dividendos entre sus grandes accionistas es un dinero que no va a la economía productiva real. Sin embargo, el dinero que va a pymes y autónomos automáticamente entra en un círculo virtuoso según el cual le va un poco mejor a un montón de gente que tiene ingresos medios o bajos, y esa gente destina la mayor parte de sus ingresos al consumo, y el consumo, en economías como la nuestra –que dependen mucho del sector servicios–, es un motor importantísimo de la economía. Es decir que si esos 60.000 millones dejan de estar en manos de la parte más improductiva y más rentista de la economía y pasan a manos de la parte más intensiva en empleo y más dinámica, automáticamente mejora no sólo la economía particular de las pymes y los autónomos que reciban el pago en tiempo y forma sino también la economía del país.

P.– Ahora toca presentar la enmienda a los grupos del Congreso para intentar recabar su apoyo…

R.– Sí, lo hará CONPYMES, porque la enmienda no es de Unidas Podemos, sino de CONPYMES. Hace unos meses se lanzó CONPYMES, que es básicamente una confederación de pymes y autónomos que tiene un montón de representatividad democrática y que entiende que la CEOE no les representa. Asistimos a la fundación de esta confederación, hace unos meses tuvimos una reunión muy fructífera con ellos y en aquella reunión nos lanzaron la idea que recoge esta enmienda. Nosotros les dijimos “nos parece buena idea”, nos pusimos de acuerdo en impulsarla y lo que hemos hecho es enviarla a Relaciones con las Cortes, porque –al ser nosotros grupo de gobierno– tenemos la capacidad de enviarles propuestas de enmienda como grupo de gobierno. De momento hemos dado ese paso: hemos acogido la enmienda de CONPYMES y la hemos enviado al Gobierno para que los ministerios concernidos nos digan qué piensan. Y, en paralelo, CONPYMES va a contactar con todos los grupos parlamentarios, pero van a contactar ellos –porque es una iniciativa de la sociedad civil–, entonces ellos van a llamar a todo el mundo y luego nos dirán qué acogida ha tenido eso.

P.– ¿Pero qué acogida crees que tendrá la enmienda tanto en ministerios como el de Asuntos Económicos –dirigido por la vicepresidenta segunda, Nada Calviño (PSOE)–, que supongo que será el más concernido, como en el resto de grupos parlamentarios?

R.– No lo sé, pero si imperara una lógica de bien común en todos los sentidos –no sólo de bien común de las partes afectadas y de la mayoría del tejido empresarial, sino también, como comentábamos antes, de bien común de país: de que haya más empleo, de que haya una subida más potente del PIB y de que haya mayor recaudación fiscal–, esta enmienda debería contar con la unanimidad del Congreso de los Diputados, porque a mí me resulta difícil prever con qué argumento alguien puede defender que una empresa que está bien pague por encima del plazo que figura en la ley. No se me ocurre, ni pensando muy imaginativamente, qué argumentos puede esgrimir alguien para decir que está bien que una empresa pague por encima del plazo legal, así que vamos a esperar a ver qué nos contestan, pero ya digo que ni pensando con una gran relatividad soy capaz de encontrar un argumento en contra.

lo que diga este individuo me da una credibilidad absoluta cuando ha tenido a su asistente currando de manera irregular y ha sido condenado por ello.
 
¿Y? Pero era o no era acoso a una mujer con un bebé, ya que parece que lo que distingue a Ms. Montero y Mr. Iglesias son sus hijos?
¿Cuantos días fueron a casa de Soraya?

Por cierto eran los afectados por la hipoteca, dentro de sus funciones como presidenta.

¿Contra qué se manifestaban día sí y día también Delante de la casa de Galapagar?
 
Back