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La reforma fué de la derecha.... y luego llegó Echenique para explotar a los mas débiles.............
Sol, playa y trabajos de mierda
- Autor_Marta
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Trabajo sólido, seguro y social. Fátima Bañez dixit.
http://www.elmundo.es/economia/2017/07/24/5975d5b4268e3ef5128b45da.html
Derechos y libertades
Interior adjudicó dos contratos de vigilancia privada a una empresa 'low cost'
La empresa Marsegur, con un convenio que ha sido anulado por la Audiencia Nacional y que rebaja los salarios un 30%, se hizo con los contratos de dos organismos que dependen del ministerio
UGT ha presentado una demanda contra la empresa por no respetar las condiciones laborales que tenían los vigilantes, que han pasado a cobrar poco más de 700 euros
"No hemos inventado nada, esto es la reforma laboral", se defiende el director de la empresa
Ana Requena Aguilar
03/09/2017 - 20:24h
Zoido y Rajoy en una reunión con altos cargos policiales tras el atentado de Barcelona. EFE
Seguridad privada: 700 euros por vigilar aeropuertos, ministerios o centros comerciales
Dos organismos adscritos al Ministerio del Interior –la Subdirección General de Servicios Penitenciarios y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias– han adjudicado en los últimos meses dos contratos de seguridad privada a una de las empresas 'low cost' del sector: Marsegur.
La compañía aplica a sus vigilantes su convenio colectivo, que ha sido anulado por la Audiencia Nacional y que Marsegur ha recurrido al Supremo. Los trabajadores han pasado de cobrar un sueldo base de unos 1.100 euros a poco más de 700 euros. Se trata de la misma empresa que se adjudicó el contrato de vigilancia del Ministerio de Defensa.
Precisamente, el 19 de mayo de este año, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, hablaba del reglamento del sector que se está negociando y pronunciaba estas palabras durante la celebración del día de la seguridad privada: "El nuevo escenario normativo ha de ser contundente con un problema acuciante para el sector como es el intrusismo profesional y la competencia desleal. Unas malas prácticas que dañan de manera injusta la buena imagen de estos profesionales y que deben combatirse mediante eficaces mecanismos de colaboración entre las administraciones".
En julio la Subdirección General de Servicios Penitenciarios adjudicó el contrato del servicio de seguridad de sus instalaciones a Marsegur por un valor de 374.352 euros, como figura en el portal de contratación del Estado. El presupuesto del que se partía, no obstante, era mayor: 440.000 euros.
Poco después, la empresa se hizo cargo del servicio y los vigilantes notaron un cambio en sus nóminas: de los 1.100 euros de media que cobraban pasaron a 700 y pico. Aunque el convenio estatal de seguridad privada establece que las nuevas adjudicatarias tienen que mantener las condiciones laborales anteriores, Marsegur decidió aplicar su propio convenio.
Fuentes de Interior aseguran que el pliego de adjudicación contenía una cláusula que exigía aplicar el convenio estatal y que no les consta que Marsegur esté incumpliendo este punto. "Hemos registrado dos cartas para reunirnos con la Dirección de Protección Civil e informarles de la situación y aún no tenemos respuesta", asegura Valle Sanz, una de las sindicalistas responsables del sector en FESMC-UGT Madrid. El sindicato ha presentado una demanda contra la empresa por no respetar las condiciones laborales que tenían los vigilantes, tal y como exige el convenio estatal.
El pliego de prescripciones técnicas, que ha consultado eldiario.es, explicita en su punto número 5 que el personal tendrá derecho a la subrogación en el contrato "en las condiciones establecidas en el vigente Convenio Colectivo Estatal de Seguridad Privada". Por otro lado, el pliego de cláusulas administrativas explica que durante el periodo de ejecución la empresa está obligada a "no aminorar unilateralmente" las condiciones de trabajo que corresponda a los trabajadores adscritos "en función del convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, salvo acuerdo explícito entre empresa y la representación de los trabajadores".
Marsegur es una de las empresas del sector más señaladas por sindicatos, pero también por la patronal, por tirar los precios y distorsionar la competencia. En marzo, la Subdirección General de Servicios Penitenciarios también formalizó un contrato con esta compañía por valor de 300.500 euros para gestionar el servicio de vigilancia del Centro de Estudios Penitenciarios.
"El convenio de Marsegur contempla rebajas de hasta el 40% en sueldos y complementos", dice José Olmo, secretario sectorial de seguridad privada en UGT Madrid.
Hace ya dos años, los sindicatos llevaron a los tribunales el convenio de esta empresa. Ganaron: la Audiencia Nacional lo declaró nulo porque consideró que no se negoció con una representación adecuada de trabajadores. También recurrieron el siguiente convenio y la Audiencia también lo anuló. La empresa, sin embargo, ha recurrido al Supremo y sigue aplicándolo.
Marsegur no es la única empresa que ha visto su convenio anulado por la Audiencia Nacional. Sinergias, que se adjudicó un contrato del Ministerio de Empleo, también vio cómo la Sala de lo Social lo hacía por motivos similares.
"Esto es la reforma laboral"
El director de Marsegur, Antonio Redondo, asegura en conversación con eldiario.es que mientras no exista una sentencia concluyente o se ordene la ejecución de la sentencia que ya existe, seguirán utilizando su convenio. En cuanto a la exigencia que contiene el convenio estatal de aplicar las condiciones laborales preexistentes, Redondo se escuda en la reforma laboral. "No hemos inventado nada, esto es la reforma laboral, que dice que el convenio de empresa tiene prioridad en la aplicación", sentencia.
Redondo asegura que los contratos que licitan las administraciones están "por debajo del precio del convenio colectivo del que las propias administraciones hablan". "Si lo aplicas, es imposible ganar los concursos. Y hay muchas empresas que se presentan", dice. El director de Marsegur insiste en que las prácticas de la empresa son legales y advierte: "A quien nos llame empresa pirata le denuncio".
UGT ha denunciado que la empresa no aplica las condiciones laborales preexistentes en la Dirección General de Protección Civil, sino su propio convenio. Lo ha hecho con una demanda de modificación sustancial de las condiciones de trabajo que deberán resolver los tribunales. El sindicato asegura que al organismo sí le consta cuál es la situación de estos trabajadores.
El director de Marsegur asegura que no tienen problema con ninguna Administración: "Nosotros cumplimos lo que pone en la licitación. No pueden decirnos nada".
http://www.eldiario.es/economia/Interior-adjudico-contratos-vigilancia-privada_0_682082042.html
Interior adjudicó dos contratos de vigilancia privada a una empresa 'low cost'
La empresa Marsegur, con un convenio que ha sido anulado por la Audiencia Nacional y que rebaja los salarios un 30%, se hizo con los contratos de dos organismos que dependen del ministerio
UGT ha presentado una demanda contra la empresa por no respetar las condiciones laborales que tenían los vigilantes, que han pasado a cobrar poco más de 700 euros
"No hemos inventado nada, esto es la reforma laboral", se defiende el director de la empresa
Ana Requena Aguilar
03/09/2017 - 20:24h
Zoido y Rajoy en una reunión con altos cargos policiales tras el atentado de Barcelona. EFE
Seguridad privada: 700 euros por vigilar aeropuertos, ministerios o centros comerciales
Dos organismos adscritos al Ministerio del Interior –la Subdirección General de Servicios Penitenciarios y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias– han adjudicado en los últimos meses dos contratos de seguridad privada a una de las empresas 'low cost' del sector: Marsegur.
La compañía aplica a sus vigilantes su convenio colectivo, que ha sido anulado por la Audiencia Nacional y que Marsegur ha recurrido al Supremo. Los trabajadores han pasado de cobrar un sueldo base de unos 1.100 euros a poco más de 700 euros. Se trata de la misma empresa que se adjudicó el contrato de vigilancia del Ministerio de Defensa.
Precisamente, el 19 de mayo de este año, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, hablaba del reglamento del sector que se está negociando y pronunciaba estas palabras durante la celebración del día de la seguridad privada: "El nuevo escenario normativo ha de ser contundente con un problema acuciante para el sector como es el intrusismo profesional y la competencia desleal. Unas malas prácticas que dañan de manera injusta la buena imagen de estos profesionales y que deben combatirse mediante eficaces mecanismos de colaboración entre las administraciones".
En julio la Subdirección General de Servicios Penitenciarios adjudicó el contrato del servicio de seguridad de sus instalaciones a Marsegur por un valor de 374.352 euros, como figura en el portal de contratación del Estado. El presupuesto del que se partía, no obstante, era mayor: 440.000 euros.
Poco después, la empresa se hizo cargo del servicio y los vigilantes notaron un cambio en sus nóminas: de los 1.100 euros de media que cobraban pasaron a 700 y pico. Aunque el convenio estatal de seguridad privada establece que las nuevas adjudicatarias tienen que mantener las condiciones laborales anteriores, Marsegur decidió aplicar su propio convenio.
Fuentes de Interior aseguran que el pliego de adjudicación contenía una cláusula que exigía aplicar el convenio estatal y que no les consta que Marsegur esté incumpliendo este punto. "Hemos registrado dos cartas para reunirnos con la Dirección de Protección Civil e informarles de la situación y aún no tenemos respuesta", asegura Valle Sanz, una de las sindicalistas responsables del sector en FESMC-UGT Madrid. El sindicato ha presentado una demanda contra la empresa por no respetar las condiciones laborales que tenían los vigilantes, tal y como exige el convenio estatal.
El pliego de prescripciones técnicas, que ha consultado eldiario.es, explicita en su punto número 5 que el personal tendrá derecho a la subrogación en el contrato "en las condiciones establecidas en el vigente Convenio Colectivo Estatal de Seguridad Privada". Por otro lado, el pliego de cláusulas administrativas explica que durante el periodo de ejecución la empresa está obligada a "no aminorar unilateralmente" las condiciones de trabajo que corresponda a los trabajadores adscritos "en función del convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, salvo acuerdo explícito entre empresa y la representación de los trabajadores".
Marsegur es una de las empresas del sector más señaladas por sindicatos, pero también por la patronal, por tirar los precios y distorsionar la competencia. En marzo, la Subdirección General de Servicios Penitenciarios también formalizó un contrato con esta compañía por valor de 300.500 euros para gestionar el servicio de vigilancia del Centro de Estudios Penitenciarios.
"El convenio de Marsegur contempla rebajas de hasta el 40% en sueldos y complementos", dice José Olmo, secretario sectorial de seguridad privada en UGT Madrid.
Hace ya dos años, los sindicatos llevaron a los tribunales el convenio de esta empresa. Ganaron: la Audiencia Nacional lo declaró nulo porque consideró que no se negoció con una representación adecuada de trabajadores. También recurrieron el siguiente convenio y la Audiencia también lo anuló. La empresa, sin embargo, ha recurrido al Supremo y sigue aplicándolo.
Marsegur no es la única empresa que ha visto su convenio anulado por la Audiencia Nacional. Sinergias, que se adjudicó un contrato del Ministerio de Empleo, también vio cómo la Sala de lo Social lo hacía por motivos similares.
"Esto es la reforma laboral"
El director de Marsegur, Antonio Redondo, asegura en conversación con eldiario.es que mientras no exista una sentencia concluyente o se ordene la ejecución de la sentencia que ya existe, seguirán utilizando su convenio. En cuanto a la exigencia que contiene el convenio estatal de aplicar las condiciones laborales preexistentes, Redondo se escuda en la reforma laboral. "No hemos inventado nada, esto es la reforma laboral, que dice que el convenio de empresa tiene prioridad en la aplicación", sentencia.
Redondo asegura que los contratos que licitan las administraciones están "por debajo del precio del convenio colectivo del que las propias administraciones hablan". "Si lo aplicas, es imposible ganar los concursos. Y hay muchas empresas que se presentan", dice. El director de Marsegur insiste en que las prácticas de la empresa son legales y advierte: "A quien nos llame empresa pirata le denuncio".
UGT ha denunciado que la empresa no aplica las condiciones laborales preexistentes en la Dirección General de Protección Civil, sino su propio convenio. Lo ha hecho con una demanda de modificación sustancial de las condiciones de trabajo que deberán resolver los tribunales. El sindicato asegura que al organismo sí le consta cuál es la situación de estos trabajadores.
El director de Marsegur asegura que no tienen problema con ninguna Administración: "Nosotros cumplimos lo que pone en la licitación. No pueden decirnos nada".
http://www.eldiario.es/economia/Interior-adjudico-contratos-vigilancia-privada_0_682082042.html
La diferencia salarial en España
Por erre, 27 jul 2018, 23:30
belén esteban científica españa irene vázquez jorge javier vázquez kiko matamorossalarios
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Vía:
Por erre, 27 jul 2018, 23:30
belén esteban científica españa irene vázquez jorge javier vázquez kiko matamorossalarios
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Vía:
Un repartidor a domicilio de Consum (en subcontrata) cubre el servicio de tres centros de la cadena, un único trabajador, y gana escasamente 1000 euros. Pensemos que hay muchos edificios sin ascensor, no pocas veces tiene que hacer varios viajes hasta completar el reparto.
Explotación pura y dura. Una vergüenza.
Explotación pura y dura. Una vergüenza.
Cerdos capitalistas explotadores, hay que darlo a conocer y denunciar, con nombres y apellidos.
Nooo de eso nada de nada. Fijaté la nueva propuesta de Pedrin en lo que respecta a la contratación para que no haya fraude electoral.
La Inspección de Trabajo envía 50.000 cartas a empresas con indicios de fraude laboral
"Si la empresa corrige esa situación, perfecto. Si la mantiene, actuarán los inspectores", apunta el Ministerio de Trabajo
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Madrid 9 AGO 2018 - 16:54 CEST
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio KIKO HUESCA EFE
La Inspección de Trabajo ha enviado unas 50.000 cartas a empresas en las que ha detectado indicios de fraude laboral. La medida es el primer paso del Plan Director por el Trabajo Decente que el Gobierno ha puesto en marcha desde el 1 de agosto. Las empresas han sido seleccionadas a partir de los “datos informáticos de la Inspección de Trabajo, la Tesorería de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria”, según ha adelantado el subsecretario del Ministerio de Trabajo, Raúl Riesco, en una entrevista en la Cadena Ser este jueves.
El plan por el trabajo decente aprobado por el Consejo de Ministros a finales de julio comenzaba por dos planes de choque: uno contra el abuso en la contratación temporal y otro contra los contratos a tiempo parcial que, en la realidad, se convierten en jornadas completas de trabajo. El primer paso de cada uno de ellos ha consistido en el envío de miles de cartas a empresas en las que se ha detectado que se podría estar dando este fraude laboral.
“La Inspección de Trabajo [...] ha detectado irregularidades en la utilización de contratos temporales”, puede leerse en una de las cartas remitidas a las empresas, la que pretende perseguir el uso fraudulento de la temporalidad. “La Inspección de Trabajo ha detectado un número elevado de contrataciones [..., que] disponen de coeficiente a tiempo parcial muy reducidos siendo ello discordante con la actividad desarrollada por la empresa”, expone la otra misiva.
En ambos casos, el texto prosigue pidiendo a la empresa que subsane la situación. No obstante, la carta que pide que los contratos temporales se transformen en indefinidos tiene un tono más exigente, puesto que se avisa a la empresa que de no hacerlo recibirá seguramente la visita de la Inspección. En el caso de los contratos a tiempo parcial, solo se señala que eso es una posibilidad.
Con esta medida, la Inspección pretende dar que las empresas puedan corregir la situación antes de recibir la visita de un inspector y ser sancionadas. Hay que tener en cuenta que el plan por el trabajo decente pretende, sobre todo, disuadir a las empresas de que recurran a la temporalidad de forma abusiva o a los contratos a tiempo parcial que, realmente, son de jornada completa.
No obstante, el plan también contempla un cambio en la costumbre de la Inspección de instar la conversión de contratos (temporal a fijo; jornada parcial a completa) cuando detecte un fraude sin sancionar. Ahora habrá sanción directamente y también conversión de contrato. De ahí este primer aviso sin que llegue a actuar un inspector o subinspector. "Si la empresa corrige esa situación, perfecto. Si pese a todo la mantiene, actuarán los inspectores", ha advertido Riesco.
Además de esta campaña para perseguir los abusos en la contratación temporal y a tiempo parcial, que forma parte de los dos planes de choques iniciales del plan director, Riesco también ha señalado que en los últimos años ha crecido el uso fraudulento de la figura del trabajador autónomo, es decir, lo que se conoce popularmente como falso autónomo: un trabajador que debería ser contratado como asalariado por una empresa que le pagara las cotizaciones a la Seguridad Social y, en cambio, es él quien se da de alta como autónomo y se hace cargo de las cuotas.
El responsable de Trabajo ha señalado a "las empresas cárnicas" como uno de los nichos de actividad donde se ha detectado esto. También ha apuntado a la "economía de plataforma" y al sector del transporte.
https://elpais.com/economia/2018/08/09/actualidad/1533814136_361559.html
Vamos, aquello de portaros bien porque os mando inspectores por supuesto hasta con cita de hora y día para que nos tengais el café preparado.
¿Que tal si en vez de eso mandan ya los inspectores? Al que le encuentren una irregularidad ¡advertencia! dándole 15 días para regularizar la situación. Si no la regularizan no sólo les obligues a hacerles un contrato indefinido porque eso significa que al día siguiente o a la semana siguiente aunque tenga contrato indefinido se les puede mandar a la calle.
En el caso de que la advertencia no obtenga éxito se le obliga al empresario no a hacerle un contrato indefinido sino a un contrato BLINDADO por dos años de duración.
Veríamos entonces si se arriesgan a tener a una persona contratada irregularmente. No necesito ser ministra de Trabajo para que se me ocurran esas cosas.
Ahora bien, si lo que quieres es puro postureo como ha hecho hasta ahora les vale, porque no van a ir contra los empresarios para nada, hagan lo que hagan. El PXXE y Pedrillo están de parte de los empresarios, no de los trabajadores.
Porque si estuvieran de parte de los trabajadores la medida primera hubiera sido la revocación de la reforma laboral, que como vino se tiene que ir, pero Pedrillo no lo va a hacer.
