Pedro Sánchez y su equipo de gobierno.
- AutorAnnais
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De momento, C's está noqueado. Si no reacciona pronto, en las próximas elecciones puede perder muchos votos. Y Podemos, haciendo de recadero del PSOE, no creo que recupere el millón de votos que perdió en las últimas elecciones. Tampoco le ayuda el acercamiento a Otegui, su posición en el conflicto catalán o la compra del chalet de Galapagar por PI y la portavoza.
Edito: Y eso que no veo yo a Pedro Sanchez materializando nada. Lo suyo son gestos y postureo.
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Y vaya sorpresa,zurrando a los trabajadores......los socialistas obreros los del cambio.
Pues es lo que hay : Dos partidos de derechas y dos partidos de izquierdas. El que quiera derecha tendrá que votar entre dos y el que quiera izquierdas también tendrá que elegir. No podemos votar a un partido de izquierdas de Portugal
Lo que no nos cuentan sobre la reforma laboral que prepara el Gobierno
Por
José Antequera
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15/07/2018
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Cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, tras la vertiginosa moción de censura que le costó el puesto a Mariano Rajoy, una de sus grandes prioridades parecía ser la derogación total de la reforma laboral que inició Zapatero, que el PP impulsó en el año 2012 y que ha recortado drásticamente los derechos laborales de los trabajadores hasta retrotraerlos a los primeros años de la Transición. Que la clase obrera ha perdido buena parte de las conquistas sociales obtenidas a base de sacrificios, huelgas y lucha en la calle es un hecho, y Sánchez sabe que de la contrarreforma laboral, es decir, de devolver esos derechos laborales a sus legítimos dueños, depende buena parte de su futuro político. Con Podemos marcando claramente las políticas sociales por la izquierda, Sánchez no puede caer una vez más, tal como ha ocurrido en los últimos años, en un socialismo de baja intensidad, en una izquierda light, en una socialdemocracia edulcorada en materia laboral.
El presidente del Gobierno sabe que debe ser audaz en políticas laborales si no quiere que el PSOE siga erosionándose y perdiendo votos ante un Podemos que siempre va a esgrimir la bandera del auténtico progresismo. ¿Pero está dispuesto Sánchez a dar el paso crucial hacia políticas avanzadas que palíen la pérdida de derechos de los trabajadores de los últimos años o se verá tan maniatado por la clase empresarial y la banca que acabará secuestrado en Moncloa, como ya le sucedió a Zapatero y antes que él a Felipe González, que terminó entregándose a los poderes financieros? Fuentes sindicales consultadas por Diario 16 aseguran que el Gobierno está sondeando con sindicatos y patronal las líneas maestras de la enésima reforma laboral, que podría quedar en una simple operación de maquillaje con algunos retoques de cara a la galería, cuando debería servir para que los trabajadores pudieran recuperar buena parte de los derechos perdidos.
Los sindicatos exigirán como primer punto que se recupere el equilibro perdido en la negociación colectiva. Es evidente que la reforma Rajoy provocó que los trabajadores perdieran poder en la negociación con las empresas. La denominada ultraactividad será el primer punto espinoso. Antes de la reforma de 2012 el convenio colectivo no se derogaba hasta que se firmaba un nuevo convenio que sustituía al anterior. Esto se eliminó con la reforma del 2012, que estableció que una vez transcurrido el plazo de un año desde la finalización de la vigencia del convenio, queda derogado. Esto dejaba todo el poder en manos del empresario a la hora de fijar los salarios, ya que podía situarlos en el mínimo legal (salario mínimo interprofesional). “Ahí se introdujo una tensión enorme en el mercado laboral y es preciso volver al punto inicial anterior a la reforma”, asegura un portavoz de Comisiones Obreras. El Tribunal Supremo tuvo que enmendar la plana a Rajoy al dictar una sentencia en la que estableció que los derechos recogidos en los convenios colectivos seguirán vigentes a pesar de que estos acuerdos hayan caducado.
Otro capítulo conflictivo que aún no sabemos si el Gobierno de Pedro Sánchez estará dispuesto a modificar es el de la prevalencia de las cláusulas de descuelgue. Al comenzar la crisis el 10,8 por ciento de los trabajadores estaba amparado por un convenio de empresa. Hoy, solo el 7 por ciento de los asalariados. Ha habido mucha manga ancha en este aspecto, sobre todo con las “cláusulas de descuelgue”, una medida extraordinaria y temporal que en tiempos de crisis permite al empresario, previo desarrollo de un periodo de consultas, aplicar unas condiciones de trabajo y productividad distintas a las que viene recogido en el convenio colectivo y que pueden afectar a la jornada de trabajo, el horario, el salario y el sistema de trabajo a turnos, entre otros aspectos. Miles de trabajadores han quedado literalmente “colgados” durante los años de la crisis por culpa de estos “descuelgues”, que en ocasiones encubrían abusos del patrón. Las inaplicaciones de los convenios colectivos gracias a las cláusulas de descuelgue han sido una constante.
Por otra parte, Sánchez tendrá que decidir qué hace con el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores sobre la subcontratación de las empresas, también en el sector público, donde las externalizaciones y los negocietes de amigos, en sectores como la Sanidad y la Educación, han sido constantes. Estamos ante un mercado abusivo para los trabajadores, ya que cuando una empresa subcontrata a otra ya no suele cumplirse el convenio colectivo. Detrás de las subcontratas hay demasiados intereses económicos y no sabemos si el presidente tendrá el arrojo suficiente para enfrentarse a la patronal en ese aspecto.
Sobre la flexibilidad laboral, los sindicatos no están en contra, ya que “la empresa tiene que tener mecanismos de protección”, según las fuentes consultadas, pero ello no debe servir para despedir a un trabajador de forma gratuita, como ha ocurrido estos años de crisis galopante. En Alemania, por ejemplo, hace tiempo se aprobó una fórmula exitosa que ha permitido que el país saliera de la crisis antes que España. Se trata del expediente de regulación temporal de empleo, en alemán kurzarbeit. En caso de crisis se acuerda reducir la jornada laboral, se pacta con el trabajador menos horas diarias y menos salario, y ese diferencial se cobra como prestación por desempleo. Cuando pasa lo peor de la recesión, se recupera la jornada completa. Esa medida permitió que en Alemania no se dispararan los niveles de desempleo como sí ha ocurrido en España.
El Gobierno deberá pronunciarse también sobre si suprime el contrato de apoyo a los emprendedores, que para los sindicatos esconde otro fraude, y regula las contrataciones temporales. A partir del año 85 se empezaron a contratar trabajadores temporales para actividades estables, favoreciéndose la picaresca empresarial y la explotación. Con esta modalidad se “ficha” a trabajadores de lunes a viernes y se les despide el fin de semana. España registra un índice insoportable de trabajadores en estas condiciones: entre el 28 y el 30 por ciento, veinte puntos por encima de la media de la UE.
El derecho de readmisión, por su parte, ha quedado en manos de los empresarios en caso de despido improcedente por vía judicial, y este es un abuso que debería corregir el Gobierno, como también deberá decidir el ejecutivo socialista si corta el trapicheo con los falsos autónomos. “Aquí debe cumplirse la legalidad, ya hay sentencias que reconocen que existe una relación laboral pese a que se regula por contrato mercantil”, aseguran las fuentes sindicales. Todos estos excesos que se han cometido en el mercado laboral en nuestro país han reducido la capacidad de producción empresarial y han alimentado la explotación laboral. Lograr un marco de pensiones estables, consolidar prestaciones por desempleo que mejoren los raquíticos 426 euros de subsidio y elevación de los salarios, los más bajos de Europa, para reducir los niveles de desigualdad y aumentar el consumo, están en la agenda de los actores sociales que participarán en la negociación. Una agenda que se lleva en secreto, aunque de cuando en cuando salga a la luz algún que otro globo sonda.
Hasta dónde está dispuesto a llegar Pedro Sánchez es todavía una incógnita. De él dependerá que España avance hacia una reforma laboral moderna que supere el esclavismo impuesto en los últimos años por las ideologías neoliberales del PP.
http://diario16.com/lo-no-nos-cuentan-la-reforma-laboral-prepara-gobierno/
Veremos que hace Pedrillo. Tienen a toda la izquierda detrás soplándole las orejas.
Por
José Antequera
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15/07/2018
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Cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, tras la vertiginosa moción de censura que le costó el puesto a Mariano Rajoy, una de sus grandes prioridades parecía ser la derogación total de la reforma laboral que inició Zapatero, que el PP impulsó en el año 2012 y que ha recortado drásticamente los derechos laborales de los trabajadores hasta retrotraerlos a los primeros años de la Transición. Que la clase obrera ha perdido buena parte de las conquistas sociales obtenidas a base de sacrificios, huelgas y lucha en la calle es un hecho, y Sánchez sabe que de la contrarreforma laboral, es decir, de devolver esos derechos laborales a sus legítimos dueños, depende buena parte de su futuro político. Con Podemos marcando claramente las políticas sociales por la izquierda, Sánchez no puede caer una vez más, tal como ha ocurrido en los últimos años, en un socialismo de baja intensidad, en una izquierda light, en una socialdemocracia edulcorada en materia laboral.
El presidente del Gobierno sabe que debe ser audaz en políticas laborales si no quiere que el PSOE siga erosionándose y perdiendo votos ante un Podemos que siempre va a esgrimir la bandera del auténtico progresismo. ¿Pero está dispuesto Sánchez a dar el paso crucial hacia políticas avanzadas que palíen la pérdida de derechos de los trabajadores de los últimos años o se verá tan maniatado por la clase empresarial y la banca que acabará secuestrado en Moncloa, como ya le sucedió a Zapatero y antes que él a Felipe González, que terminó entregándose a los poderes financieros? Fuentes sindicales consultadas por Diario 16 aseguran que el Gobierno está sondeando con sindicatos y patronal las líneas maestras de la enésima reforma laboral, que podría quedar en una simple operación de maquillaje con algunos retoques de cara a la galería, cuando debería servir para que los trabajadores pudieran recuperar buena parte de los derechos perdidos.
Los sindicatos exigirán como primer punto que se recupere el equilibro perdido en la negociación colectiva. Es evidente que la reforma Rajoy provocó que los trabajadores perdieran poder en la negociación con las empresas. La denominada ultraactividad será el primer punto espinoso. Antes de la reforma de 2012 el convenio colectivo no se derogaba hasta que se firmaba un nuevo convenio que sustituía al anterior. Esto se eliminó con la reforma del 2012, que estableció que una vez transcurrido el plazo de un año desde la finalización de la vigencia del convenio, queda derogado. Esto dejaba todo el poder en manos del empresario a la hora de fijar los salarios, ya que podía situarlos en el mínimo legal (salario mínimo interprofesional). “Ahí se introdujo una tensión enorme en el mercado laboral y es preciso volver al punto inicial anterior a la reforma”, asegura un portavoz de Comisiones Obreras. El Tribunal Supremo tuvo que enmendar la plana a Rajoy al dictar una sentencia en la que estableció que los derechos recogidos en los convenios colectivos seguirán vigentes a pesar de que estos acuerdos hayan caducado.
Otro capítulo conflictivo que aún no sabemos si el Gobierno de Pedro Sánchez estará dispuesto a modificar es el de la prevalencia de las cláusulas de descuelgue. Al comenzar la crisis el 10,8 por ciento de los trabajadores estaba amparado por un convenio de empresa. Hoy, solo el 7 por ciento de los asalariados. Ha habido mucha manga ancha en este aspecto, sobre todo con las “cláusulas de descuelgue”, una medida extraordinaria y temporal que en tiempos de crisis permite al empresario, previo desarrollo de un periodo de consultas, aplicar unas condiciones de trabajo y productividad distintas a las que viene recogido en el convenio colectivo y que pueden afectar a la jornada de trabajo, el horario, el salario y el sistema de trabajo a turnos, entre otros aspectos. Miles de trabajadores han quedado literalmente “colgados” durante los años de la crisis por culpa de estos “descuelgues”, que en ocasiones encubrían abusos del patrón. Las inaplicaciones de los convenios colectivos gracias a las cláusulas de descuelgue han sido una constante.
Por otra parte, Sánchez tendrá que decidir qué hace con el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores sobre la subcontratación de las empresas, también en el sector público, donde las externalizaciones y los negocietes de amigos, en sectores como la Sanidad y la Educación, han sido constantes. Estamos ante un mercado abusivo para los trabajadores, ya que cuando una empresa subcontrata a otra ya no suele cumplirse el convenio colectivo. Detrás de las subcontratas hay demasiados intereses económicos y no sabemos si el presidente tendrá el arrojo suficiente para enfrentarse a la patronal en ese aspecto.
Sobre la flexibilidad laboral, los sindicatos no están en contra, ya que “la empresa tiene que tener mecanismos de protección”, según las fuentes consultadas, pero ello no debe servir para despedir a un trabajador de forma gratuita, como ha ocurrido estos años de crisis galopante. En Alemania, por ejemplo, hace tiempo se aprobó una fórmula exitosa que ha permitido que el país saliera de la crisis antes que España. Se trata del expediente de regulación temporal de empleo, en alemán kurzarbeit. En caso de crisis se acuerda reducir la jornada laboral, se pacta con el trabajador menos horas diarias y menos salario, y ese diferencial se cobra como prestación por desempleo. Cuando pasa lo peor de la recesión, se recupera la jornada completa. Esa medida permitió que en Alemania no se dispararan los niveles de desempleo como sí ha ocurrido en España.
El Gobierno deberá pronunciarse también sobre si suprime el contrato de apoyo a los emprendedores, que para los sindicatos esconde otro fraude, y regula las contrataciones temporales. A partir del año 85 se empezaron a contratar trabajadores temporales para actividades estables, favoreciéndose la picaresca empresarial y la explotación. Con esta modalidad se “ficha” a trabajadores de lunes a viernes y se les despide el fin de semana. España registra un índice insoportable de trabajadores en estas condiciones: entre el 28 y el 30 por ciento, veinte puntos por encima de la media de la UE.
El derecho de readmisión, por su parte, ha quedado en manos de los empresarios en caso de despido improcedente por vía judicial, y este es un abuso que debería corregir el Gobierno, como también deberá decidir el ejecutivo socialista si corta el trapicheo con los falsos autónomos. “Aquí debe cumplirse la legalidad, ya hay sentencias que reconocen que existe una relación laboral pese a que se regula por contrato mercantil”, aseguran las fuentes sindicales. Todos estos excesos que se han cometido en el mercado laboral en nuestro país han reducido la capacidad de producción empresarial y han alimentado la explotación laboral. Lograr un marco de pensiones estables, consolidar prestaciones por desempleo que mejoren los raquíticos 426 euros de subsidio y elevación de los salarios, los más bajos de Europa, para reducir los niveles de desigualdad y aumentar el consumo, están en la agenda de los actores sociales que participarán en la negociación. Una agenda que se lleva en secreto, aunque de cuando en cuando salga a la luz algún que otro globo sonda.
Hasta dónde está dispuesto a llegar Pedro Sánchez es todavía una incógnita. De él dependerá que España avance hacia una reforma laboral moderna que supere el esclavismo impuesto en los últimos años por las ideologías neoliberales del PP.
http://diario16.com/lo-no-nos-cuentan-la-reforma-laboral-prepara-gobierno/
Veremos que hace Pedrillo. Tienen a toda la izquierda detrás soplándole las orejas.
Irretroactividad y anticonstitucionalidad
Señora Ministra de Hacienda, quienes la han informado de que no se puede hacer pública la lista, la han informado mal
El Gobierno debe valorar si es mejor para el país que la lista se haga pública o no. Jurídicamente, no hay obstáculo para poder hacerlo
Javier Pérez Royo
46 comentarios
17/07/2018 - 20:24h
EFE
Si la amnistía fiscal aprobada en 2012 por la mayoría absoluta del Partido Popular en las Cortes Generales no hubiera sido declarada anticonstitucional, no cabe duda de que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez no podría hacer pública la lista de los ciudadanos que se acogieron a dicha amnistía. Más todavía: sin la sentencia del Tribunal Constitucional que la declaró anticonstitucional, Pedro Sánchez no se hubiera podido comprometer a que la haría pública, porque no se pueden adquirir compromisos anticonstitucionales. Su propia vicepresidenta que es profesora de Derecho Constitucional se lo habría advertido. Esto no puede ni siquiera discutirse.
Pero ¿sigue siendo imposible por imperativo constitucional o legal la publicación de la lista una vez que la ley de amnistía ha sido declarada anticonstitucional? ¿Se puede hacer valer el principio de irretroactividad reconocido en el artículo 9.3 CE con base en una norma declarada anticonstitucional o la constitucionalidad de la norma tiene que ser el presupuesto para reclamar la aplicación del principio de irretroactividad? ¿Puede recurrirse a la irretroactividad en la anticonstitucionalidad?
La posibilidad de hacer pública o no la lista de quienes se acogieron a la amnistía no es un problema de naturaleza tributaria, sino constitucional. Lo decisivo no es lo que diga la Ley tributaria, sino el lugar que ocupa la Sentencia del Tribunal Constitucional en los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad, recurso y cuestión de inconstitucionalidad, en nuestro sistema de fuentes del derecho.
Únicamente la Constitución y la Ley de Reforma de la Constitución están por encima de la Sentencia del Tribunal Constitucional. Todas las demás fuentes del Derecho sin excepción están por debajo. Siempre que se trate de una sentencia de declaración de inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y no se limite a la estimación subjetiva de un derecho. Estas sentencias de declaración de inconstitucionalidad “tienen plenos efectos frente a todos” (art. 164.1 CE).
Frente a todos es frente a todos. Nadie puede eximirse del cumplimiento de la misma. En consecuencia, a menos que el Tribunal Constitucional, y en mi opinión, en la parte dispositiva de la sentencia y no en la fundamentación jurídica de la misma, haya tomado alguna decisión acerca de la irretroactividad respecto del alcance de su decisión, nadie puede invocar la interdicción de irretroactividad para fundamentar jurídicamente una posición con base en la ley declarada anticonstitucional. Si la sentencia declara anticonstitucional la ley de amnistía fiscal y no incluye una prohibición expresa de hacer pública la lista de quienes se acogieron a la misma, dicha publicación es posible.
La irretroactividad no opera en la anticonstitucionalidad. Ocurre lo mismo que con el principio de igualdad. La juridicidad, no solamente la constitucionalidad sino también la legalidad, de la conducta, es la condición sine qua non para poder ejercitar una pretensión con base en el principio de igualdad. Esto es así en los ordenamientos jurídicos de todos los Estados Constitucionales. Exactamente igual ocurre con la irretroactividad. La juridicidad de la conducta es el presupuesto inexcusable de la operatividad de los principios constitucionales.
Debe subrayarse, además, que la publicación de la lista no tiene “carácter sancionador” ni es tampoco “no favorable o restrictiva de derechos individuales”, que es lo que exige el artículo 9.3 CE como presupuesto para que entre en juego la interdicción de irretroactividad. La publicación de la lista no afecta jurídicamente a la posición de quienes puedan aparecer en ella. Tiene otros efectos, pero no jurídicos, que son los únicos que se pueden hacer valer mediante el recurso a la interdicción de arbitrariedad.
Señora Ministra de Hacienda, quienes la han informado de que no se puede hacer pública la lista, la han informado mal. No estamos ante un problema de naturaleza jurídica, sino ante uno de naturaleza política. El Gobierno debe valorar si es mejor para el país que la lista se haga pública o no. Jurídicamente, no hay obstáculo para poder hacerlo.
https://www.eldiario.es/zonacritica/Irretroactividad-anticonstitucionalidad_6_793780629.html
¿Quienes están en esa lista para no publicarse?
Señora Ministra de Hacienda, quienes la han informado de que no se puede hacer pública la lista, la han informado mal
El Gobierno debe valorar si es mejor para el país que la lista se haga pública o no. Jurídicamente, no hay obstáculo para poder hacerlo
Javier Pérez Royo
46 comentarios
17/07/2018 - 20:24h
EFE
Si la amnistía fiscal aprobada en 2012 por la mayoría absoluta del Partido Popular en las Cortes Generales no hubiera sido declarada anticonstitucional, no cabe duda de que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez no podría hacer pública la lista de los ciudadanos que se acogieron a dicha amnistía. Más todavía: sin la sentencia del Tribunal Constitucional que la declaró anticonstitucional, Pedro Sánchez no se hubiera podido comprometer a que la haría pública, porque no se pueden adquirir compromisos anticonstitucionales. Su propia vicepresidenta que es profesora de Derecho Constitucional se lo habría advertido. Esto no puede ni siquiera discutirse.
Pero ¿sigue siendo imposible por imperativo constitucional o legal la publicación de la lista una vez que la ley de amnistía ha sido declarada anticonstitucional? ¿Se puede hacer valer el principio de irretroactividad reconocido en el artículo 9.3 CE con base en una norma declarada anticonstitucional o la constitucionalidad de la norma tiene que ser el presupuesto para reclamar la aplicación del principio de irretroactividad? ¿Puede recurrirse a la irretroactividad en la anticonstitucionalidad?
La posibilidad de hacer pública o no la lista de quienes se acogieron a la amnistía no es un problema de naturaleza tributaria, sino constitucional. Lo decisivo no es lo que diga la Ley tributaria, sino el lugar que ocupa la Sentencia del Tribunal Constitucional en los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad, recurso y cuestión de inconstitucionalidad, en nuestro sistema de fuentes del derecho.
Únicamente la Constitución y la Ley de Reforma de la Constitución están por encima de la Sentencia del Tribunal Constitucional. Todas las demás fuentes del Derecho sin excepción están por debajo. Siempre que se trate de una sentencia de declaración de inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y no se limite a la estimación subjetiva de un derecho. Estas sentencias de declaración de inconstitucionalidad “tienen plenos efectos frente a todos” (art. 164.1 CE).
Frente a todos es frente a todos. Nadie puede eximirse del cumplimiento de la misma. En consecuencia, a menos que el Tribunal Constitucional, y en mi opinión, en la parte dispositiva de la sentencia y no en la fundamentación jurídica de la misma, haya tomado alguna decisión acerca de la irretroactividad respecto del alcance de su decisión, nadie puede invocar la interdicción de irretroactividad para fundamentar jurídicamente una posición con base en la ley declarada anticonstitucional. Si la sentencia declara anticonstitucional la ley de amnistía fiscal y no incluye una prohibición expresa de hacer pública la lista de quienes se acogieron a la misma, dicha publicación es posible.
La irretroactividad no opera en la anticonstitucionalidad. Ocurre lo mismo que con el principio de igualdad. La juridicidad, no solamente la constitucionalidad sino también la legalidad, de la conducta, es la condición sine qua non para poder ejercitar una pretensión con base en el principio de igualdad. Esto es así en los ordenamientos jurídicos de todos los Estados Constitucionales. Exactamente igual ocurre con la irretroactividad. La juridicidad de la conducta es el presupuesto inexcusable de la operatividad de los principios constitucionales.
Debe subrayarse, además, que la publicación de la lista no tiene “carácter sancionador” ni es tampoco “no favorable o restrictiva de derechos individuales”, que es lo que exige el artículo 9.3 CE como presupuesto para que entre en juego la interdicción de irretroactividad. La publicación de la lista no afecta jurídicamente a la posición de quienes puedan aparecer en ella. Tiene otros efectos, pero no jurídicos, que son los únicos que se pueden hacer valer mediante el recurso a la interdicción de arbitrariedad.
Señora Ministra de Hacienda, quienes la han informado de que no se puede hacer pública la lista, la han informado mal. No estamos ante un problema de naturaleza jurídica, sino ante uno de naturaleza política. El Gobierno debe valorar si es mejor para el país que la lista se haga pública o no. Jurídicamente, no hay obstáculo para poder hacerlo.
https://www.eldiario.es/zonacritica/Irretroactividad-anticonstitucionalidad_6_793780629.html
¿Quienes están en esa lista para no publicarse?
Va a hacer lo mismo que Zp, exprimir la vaca que ya esta agonizando para cargarsela antes del 2020 que empezara una crisis que dejara en mantillas la anterior. Cuando suceda pasaran el relevo a los otros porq la gente estara acojonada y vuelta a lo mismo. No tiene remedio este pais y ni se lo merece.
OPINION · EL DESCONCIERTO
El eclipse parcial de Sánchez
24 JULIO, 2018
El triunfo de la moción de censura de Sánchez ha sido tan brusco e inesperado, ha roto tantos cálculos, que no pasa semana que no se insista en la obviedad de su fragilidad parlamentaria. Los comentarios agoreros están a la orden del día. Aún no lleva ni siquiera dos meses en la Moncloa y, de un modo intermitente, con cualquier motivo, se señalan con insistencia los problemas, al parecer insuperables, que le esperan. Pese a que todavía no ha tenido ni tiempo para gobernar, se anuncia a bombo y platillo el próximo eclipse de Pedro Sánchez, aunque en realidad, de concretarse, sería solo parcial, como el largo eclipse lunar que vamos a presenciar este próximo viernes, en el que la luna no desaparecerá, tan solo se tornará rojiza.
El conflicto político más inmediato parece ser las consecuencias del Congreso del PdeCat, celebrado este pasado fin de semana. Pese a la algarabía creada por la derecha española junto a toda la derecha catalana unionista, contra Carles Puigdemont, a la Moncloa no parece haberle sorprendido el resultado, ni tampoco deducen del triunfo del líder del PdeCat que el diálogo político con todo el soberanismo catalán haya concluido. Más bien lo contrario. Unicamente desde la clarificación política mutua es posible que Sánchez y Torra puedan seguir haciendo camino al andar. Podrá gustar o menos, pero los vencedores de los dos congresos de esta última semana, del PP y del PdeCat, han sido Casado y Puigdemont, y con ambos ha de contar Sánchez. por mucho que algunos lloren la derrota de Soraya Saénz de Santamaría y Marta Pascal.
Según la SER, el PdeCat estudia hoy no votar a Rosa María Mateo como administradora de RTVE. No porque la consideren inadecuada para tal responsabilidad, sino porque es un gesto significativo, un aviso a la Moncloa de su precariedad parlamentaria. En definitiva, volver a propiciar una segunda derrota parlamentaria de Sánchez, como la que sufrió el pasado lunes 16, en la votación de Consejo de Administración de RTV, por la puñalada de algún tenebroso diputado del viejo PSOE. Pese a que la ministra Isabel Celaá dice que no contempla la posibilidad de que no sea votada Rosa María Mateo, lo cierto es que tampoco la contemplaba antes del lunes 16. Claros avisos para navegantes destinados a ejercer diferentes presiones.
Veremos este miércoles 25 si PdeCat amaga, pero no da, o por el contrario, los ocho diputados catalanes no votan a Rosa María Mateo dando la cara. No de forma artera, como desde las tinieblas hizo el diputado del viejo PSOE que propició la primera derrota parlamentaria del gobierno Sánchez. Aunque, será el viernes, en segunda votación, cuando se sepa si esa excelente periodista es vetada o no por razones extraprofesionales, como también lo fueron la semana pasada todos los candidatos a configurar el Consejo de Administración de RTVE. Al fin y al cabo, son votaciones de trámite en las que cabe recordar a los nuevos inquilinos de la Moncloa que es tan fácil entrar como salir.
Pero el verdadero problema para Pedro Sánchez comienza también el miércoles nada más termine la intervención del director del CNI, general Félix Sanz, en la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. Será en ese momento cuando decida si el Gobierno acepta investigar al Borbón, implicado en los delitos citados en la cinta de Corina, o como le sugiere hoy el viejo PSOE aliado de las cloacas, impedir sencillamente dicha investigación política. Entonces el PdeCat, acompañado de Podemos, Esquerra de Cataluña y Bildu, sí estaría en condiciones de abrir una crisis política en la mayoría parlamentaria progresista sobre la que se sostiene el gobierno Sánchez. Eso sí que sería un eclipse total.
Aunque para ellos podría ser peor el remedio que la enfermedad.Pedro Sánchez cuenta siempre con el botón de la convocatoria de elecciones anticipadas. Precisamente, esta doble victoria de Pablo Casado en el PP y de Carles Puigdemont en el PdeCat abre las alamedas electorales del centro para este nuevo PSOE que ahora encabeza el actual presidente del Gobierno. Cuando todavía no se ha desgastado, podría rentabilizar la sensatez, moderación y diálogo con la que ha sustituido aquella insensatez, radicalismo e intolerancia del gobierno de Rajoy apoyado por Rivera. Puede que se den más eclipses parciales, pero los que ya apuestan por el eclipse total, tanto en la derecha española como en la catalana unionista, pueden acabar ellos mismos siendo eclipsados.
http://blogs.publico.es/fernando-lopez-agudin/2018/07/24/el-eclipse-parcial-de-sanchez/
Puede que ahora que tenemos ya presidente del PP los barones del PXXE le autoricen a convocar elecciones anticipadas, pero ya dado ya suficiente margen para ver lo que está dispuesto a hacer y lo que no.
Maquillaje mucho pero revocar leyes que van contra la ciudadanía y sobre todo contra la clase trabajadora na de na...
Tomamos nota.
El eclipse parcial de Sánchez
24 JULIO, 2018
El triunfo de la moción de censura de Sánchez ha sido tan brusco e inesperado, ha roto tantos cálculos, que no pasa semana que no se insista en la obviedad de su fragilidad parlamentaria. Los comentarios agoreros están a la orden del día. Aún no lleva ni siquiera dos meses en la Moncloa y, de un modo intermitente, con cualquier motivo, se señalan con insistencia los problemas, al parecer insuperables, que le esperan. Pese a que todavía no ha tenido ni tiempo para gobernar, se anuncia a bombo y platillo el próximo eclipse de Pedro Sánchez, aunque en realidad, de concretarse, sería solo parcial, como el largo eclipse lunar que vamos a presenciar este próximo viernes, en el que la luna no desaparecerá, tan solo se tornará rojiza.
El conflicto político más inmediato parece ser las consecuencias del Congreso del PdeCat, celebrado este pasado fin de semana. Pese a la algarabía creada por la derecha española junto a toda la derecha catalana unionista, contra Carles Puigdemont, a la Moncloa no parece haberle sorprendido el resultado, ni tampoco deducen del triunfo del líder del PdeCat que el diálogo político con todo el soberanismo catalán haya concluido. Más bien lo contrario. Unicamente desde la clarificación política mutua es posible que Sánchez y Torra puedan seguir haciendo camino al andar. Podrá gustar o menos, pero los vencedores de los dos congresos de esta última semana, del PP y del PdeCat, han sido Casado y Puigdemont, y con ambos ha de contar Sánchez. por mucho que algunos lloren la derrota de Soraya Saénz de Santamaría y Marta Pascal.
Según la SER, el PdeCat estudia hoy no votar a Rosa María Mateo como administradora de RTVE. No porque la consideren inadecuada para tal responsabilidad, sino porque es un gesto significativo, un aviso a la Moncloa de su precariedad parlamentaria. En definitiva, volver a propiciar una segunda derrota parlamentaria de Sánchez, como la que sufrió el pasado lunes 16, en la votación de Consejo de Administración de RTV, por la puñalada de algún tenebroso diputado del viejo PSOE. Pese a que la ministra Isabel Celaá dice que no contempla la posibilidad de que no sea votada Rosa María Mateo, lo cierto es que tampoco la contemplaba antes del lunes 16. Claros avisos para navegantes destinados a ejercer diferentes presiones.
Veremos este miércoles 25 si PdeCat amaga, pero no da, o por el contrario, los ocho diputados catalanes no votan a Rosa María Mateo dando la cara. No de forma artera, como desde las tinieblas hizo el diputado del viejo PSOE que propició la primera derrota parlamentaria del gobierno Sánchez. Aunque, será el viernes, en segunda votación, cuando se sepa si esa excelente periodista es vetada o no por razones extraprofesionales, como también lo fueron la semana pasada todos los candidatos a configurar el Consejo de Administración de RTVE. Al fin y al cabo, son votaciones de trámite en las que cabe recordar a los nuevos inquilinos de la Moncloa que es tan fácil entrar como salir.
Pero el verdadero problema para Pedro Sánchez comienza también el miércoles nada más termine la intervención del director del CNI, general Félix Sanz, en la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. Será en ese momento cuando decida si el Gobierno acepta investigar al Borbón, implicado en los delitos citados en la cinta de Corina, o como le sugiere hoy el viejo PSOE aliado de las cloacas, impedir sencillamente dicha investigación política. Entonces el PdeCat, acompañado de Podemos, Esquerra de Cataluña y Bildu, sí estaría en condiciones de abrir una crisis política en la mayoría parlamentaria progresista sobre la que se sostiene el gobierno Sánchez. Eso sí que sería un eclipse total.
Aunque para ellos podría ser peor el remedio que la enfermedad.Pedro Sánchez cuenta siempre con el botón de la convocatoria de elecciones anticipadas. Precisamente, esta doble victoria de Pablo Casado en el PP y de Carles Puigdemont en el PdeCat abre las alamedas electorales del centro para este nuevo PSOE que ahora encabeza el actual presidente del Gobierno. Cuando todavía no se ha desgastado, podría rentabilizar la sensatez, moderación y diálogo con la que ha sustituido aquella insensatez, radicalismo e intolerancia del gobierno de Rajoy apoyado por Rivera. Puede que se den más eclipses parciales, pero los que ya apuestan por el eclipse total, tanto en la derecha española como en la catalana unionista, pueden acabar ellos mismos siendo eclipsados.
http://blogs.publico.es/fernando-lopez-agudin/2018/07/24/el-eclipse-parcial-de-sanchez/
Puede que ahora que tenemos ya presidente del PP los barones del PXXE le autoricen a convocar elecciones anticipadas, pero ya dado ya suficiente margen para ver lo que está dispuesto a hacer y lo que no.
Maquillaje mucho pero revocar leyes que van contra la ciudadanía y sobre todo contra la clase trabajadora na de na...
Tomamos nota.
OPINION · QUIEN QUIERA OÍR, QUE OIGA
Ya no es país para el silencio
Rafael Mayoral
20 JULIO, 2018
Hay espacios para la oscuridad, el silencio y la impunidad en el engranaje en el que interactúan las altas instituciones de nuestro país. Y así lo percibe la ciudadanía al conocer las noticias de los últimos días en torno a la posibilidad y los indicios fundados de que la jefatura del Estado haya sido utilizada en el contexto de una trama corrupta para eludir el pago de impuestos y blanquear dinero.
Se trata de hechos de una especial gravedad institucional que no encontrarán ni solución ni reparo en la comparecencia a petición propia del responsable del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, en el seno de la Comisión de Secretos Oficiales. Sanz Roldán ya estuvo en el Congreso en 2013 para dar explicaciones de los secretos del rey emérito y nada supo la opinión pública de lo que allí se trató más que un sonoro carpetazo y el imperio de la ley del silencio. Lo que no sabremos nunca es si la abdicación de Juan Carlos de Borbón en su hijo Felipe, un año después, se debió a los secretos vertidos en aquella comisión o no. En cualquier caso, en esta ocasión, no se pueden esperar resultados diferentes de una comisión de cuyas conclusiones sus integrantes no pueden hacerse eco a la opinión pública, en un momento en que la ciudadanía española viene reclamando con claridad: luz y taquígrafos frente a la corrupción. Luz y taquígrafos frente a la omertá porque este ya no es país para el silencio.
Y es que nadie puede estar por encima de la ley. Así lo ha manifestado el propio rey emérito cuando aseveraba que las más altas instituciones del Estado deben responder de sus conductas. Ese momento ha llegado; el momento de que la persona que ostentó la jefatura del Estado durante cuarenta años responda de sus actuaciones, de que todas las personas que tengan información al respecto la faciliten en la sede de la soberanía popular para conocimiento de todos los españoles y españolas, que tienen derecho a saber si esta institución ha sido una herramienta para la corrupción o no.
Unidos Podemos no irrumpió en 2014 en el parlamento español para ser parte de ningún pacto de silencio. Irrumpió con el firme compromiso sine qua non de responder a los gritos del descontento popular del 15M, que eran también los nuestros; a sus exigencias de transparencia a sus instituciones; y a reivindicar su derecho a la verdad porque la omertá no es admisible en ninguna sociedad democrática. Por eso desde nuestro grupo confederal hemos planteado la creación de una comisión de investigación, esta sí, con luz y taquígrafos, para esclarecer los hechos y en la que creemos que deben estar todas las fuerzas parlamentarias. Unidos Podemos no es una fuerza monárquica y no avala a una institución no elegida democráticamente, pero tenemos el pleno convencimiento de que las fuerzas monárquicas deberían ser las primeras interesadas en arrojar luz en las sombras que pesan sobre la institución.
De igual forma nos parecía fundamental la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, antes de que la bloquearan en la mesa del Congreso PP, PSOE y C’s, y nos parece clave la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, como responsable política del cargo del Centro Nacional de Inteligencia, para dar cuenta de cuáles son las actuaciones que en función de las diversas revelaciones que han ido apareciendo a lo largo del tiempo motiven o no la apertura de una investigación desde la propia Agencia Tributaria como reclaman los técnicos de Hacienda en un artículo publicado el pasado fin de semana.
Por último nos parece que en este momento es importante la demostración de cuál es el compromiso de las fuerzas políticas de nuestro país en la lucha contra la corrupción. Nos parece el momento clave para el cumplimiento de una promesa previa a la investidura por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de destapar la ‘Lista Montoro‘ y responder así a una demanda de la ciudadanía que tiene derecho a saber quiénes son sus defraudadores, quiénes fueron los que trajeron dinero sin declarar desde el extranjero, quiénes recibieron además un trato fiscal privilegiado y quiénes se hicieron parte de una amnistía fiscal declarada ilegal por el Tribunal Constitucional.
Comparecencia Unidos Podemos tras el registro de la PNL para exigir que se publique la Lista Montoro.
Ya no es España país para pactos de silencio. La ciudadanía española ha decidido que ya no hay espacio para la omertá, para la oscuridad indecente, para el silencio atronador en la rendición de cuentas de nuestras instituciones y nuestra obligación como representantes en la sede de la soberanía popular es garantizar su derecho a la verdad.
http://blogs.publico.es/quien-quiera-oir-que-oiga/2018/07/20/ya-no-es-pais-para-el-silencio/
Ya no es país para el silencio
Rafael Mayoral
20 JULIO, 2018
Hay espacios para la oscuridad, el silencio y la impunidad en el engranaje en el que interactúan las altas instituciones de nuestro país. Y así lo percibe la ciudadanía al conocer las noticias de los últimos días en torno a la posibilidad y los indicios fundados de que la jefatura del Estado haya sido utilizada en el contexto de una trama corrupta para eludir el pago de impuestos y blanquear dinero.
Se trata de hechos de una especial gravedad institucional que no encontrarán ni solución ni reparo en la comparecencia a petición propia del responsable del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, en el seno de la Comisión de Secretos Oficiales. Sanz Roldán ya estuvo en el Congreso en 2013 para dar explicaciones de los secretos del rey emérito y nada supo la opinión pública de lo que allí se trató más que un sonoro carpetazo y el imperio de la ley del silencio. Lo que no sabremos nunca es si la abdicación de Juan Carlos de Borbón en su hijo Felipe, un año después, se debió a los secretos vertidos en aquella comisión o no. En cualquier caso, en esta ocasión, no se pueden esperar resultados diferentes de una comisión de cuyas conclusiones sus integrantes no pueden hacerse eco a la opinión pública, en un momento en que la ciudadanía española viene reclamando con claridad: luz y taquígrafos frente a la corrupción. Luz y taquígrafos frente a la omertá porque este ya no es país para el silencio.
Y es que nadie puede estar por encima de la ley. Así lo ha manifestado el propio rey emérito cuando aseveraba que las más altas instituciones del Estado deben responder de sus conductas. Ese momento ha llegado; el momento de que la persona que ostentó la jefatura del Estado durante cuarenta años responda de sus actuaciones, de que todas las personas que tengan información al respecto la faciliten en la sede de la soberanía popular para conocimiento de todos los españoles y españolas, que tienen derecho a saber si esta institución ha sido una herramienta para la corrupción o no.
Unidos Podemos no irrumpió en 2014 en el parlamento español para ser parte de ningún pacto de silencio. Irrumpió con el firme compromiso sine qua non de responder a los gritos del descontento popular del 15M, que eran también los nuestros; a sus exigencias de transparencia a sus instituciones; y a reivindicar su derecho a la verdad porque la omertá no es admisible en ninguna sociedad democrática. Por eso desde nuestro grupo confederal hemos planteado la creación de una comisión de investigación, esta sí, con luz y taquígrafos, para esclarecer los hechos y en la que creemos que deben estar todas las fuerzas parlamentarias. Unidos Podemos no es una fuerza monárquica y no avala a una institución no elegida democráticamente, pero tenemos el pleno convencimiento de que las fuerzas monárquicas deberían ser las primeras interesadas en arrojar luz en las sombras que pesan sobre la institución.
De igual forma nos parecía fundamental la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, antes de que la bloquearan en la mesa del Congreso PP, PSOE y C’s, y nos parece clave la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, como responsable política del cargo del Centro Nacional de Inteligencia, para dar cuenta de cuáles son las actuaciones que en función de las diversas revelaciones que han ido apareciendo a lo largo del tiempo motiven o no la apertura de una investigación desde la propia Agencia Tributaria como reclaman los técnicos de Hacienda en un artículo publicado el pasado fin de semana.
Por último nos parece que en este momento es importante la demostración de cuál es el compromiso de las fuerzas políticas de nuestro país en la lucha contra la corrupción. Nos parece el momento clave para el cumplimiento de una promesa previa a la investidura por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de destapar la ‘Lista Montoro‘ y responder así a una demanda de la ciudadanía que tiene derecho a saber quiénes son sus defraudadores, quiénes fueron los que trajeron dinero sin declarar desde el extranjero, quiénes recibieron además un trato fiscal privilegiado y quiénes se hicieron parte de una amnistía fiscal declarada ilegal por el Tribunal Constitucional.
Comparecencia Unidos Podemos tras el registro de la PNL para exigir que se publique la Lista Montoro.
Ya no es España país para pactos de silencio. La ciudadanía española ha decidido que ya no hay espacio para la omertá, para la oscuridad indecente, para el silencio atronador en la rendición de cuentas de nuestras instituciones y nuestra obligación como representantes en la sede de la soberanía popular es garantizar su derecho a la verdad.
http://blogs.publico.es/quien-quiera-oir-que-oiga/2018/07/20/ya-no-es-pais-para-el-silencio/
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No va a hacer nada. este tio queria llegar a La Moncloa si o si o tambien. Lo demas se la suda. Y espera que todavia no ha sacado a Franco
tema con el que esta "entreteniendo" al personal mientras el no hace "na de na". Porque yo quiero saber quienes se acogieron a la amnistia fiscal, que empapelen a la monarquia de una vez, que creen trabajo etc. etc. Pero nada, el tio nada. Son todos la misma 