Llanes: pasado, presente, futuro.
- AutorHum Heimel
- Fecha de inicio
Aquí tenemos al líder del psoe de Llanes, con condenado a derecha y condenado a izquierda...
y ahora en salir la decisión del TSJA si hay vista oral contra él por el caso Fombella, desde el momento en que se le comunique, según el código ético del psoe, estará invalidado como candidato a la alcaldía de Llanes, debiendo presentar la dimisión de sus cargos...
y ahora en salir la decisión del TSJA si hay vista oral contra él por el caso Fombella, desde el momento en que se le comunique, según el código ético del psoe, estará invalidado como candidato a la alcaldía de Llanes, debiendo presentar la dimisión de sus cargos...
Se escribe tomad, imperativo, no infinitivo...
asina nunca aprobarás ninguna oposición, onvreeeeeeeee...
El señor Errores Mijares que está ahora de líder no ha recibido ninguna herencia envenenada... era cooparticipe de los gobiernos del Higo...
un tío que no se entera de nada, viviendo y perpetuándose para vivir de la política... año tras años y sueldo tras sueldo que se le paga por no enterarse de nada...
ni de lo que firmaba en urbanismo, ni del cese de trabajadoras que siguen sin contrato, de estar pagándole al arquitecto Fombella, de que se le pasase el arroz en la convocatoria de oposiciones a policía de hace 9 años y que no se acabó celebrando porque se le pasaron los plazos, un tío que manda a un maltratador a Asuntos Sociales...
ese tío que no se entera de nada, ahí lo tenéis viviendo de la política...
Un tío que no se entera de nada y que no es capaz de asumir sus errores y va ya por el error 4O4, system not found...
los errores se asumen dejando el puesto a gente nueva y válida, en el caso de que la hubiese...
cuando se toman las actitudes de este señor, no hay ninguna voluntad de servicio público, solo de cobrar a fin de mes y de vivir de la política, sin estar capacitado para ello...
sueldo de Herrero en el año 2OO8:
José Manuel Herrero Mijares, que sumó el año pasado 38.986,92 euros (6,48 millones de pesetas).
un tío que no se entera de nada, viviendo y perpetuándose para vivir de la política... año tras años y sueldo tras sueldo que se le paga por no enterarse de nada...
ni de lo que firmaba en urbanismo, ni del cese de trabajadoras que siguen sin contrato, de estar pagándole al arquitecto Fombella, de que se le pasase el arroz en la convocatoria de oposiciones a policía de hace 9 años y que no se acabó celebrando porque se le pasaron los plazos, un tío que manda a un maltratador a Asuntos Sociales...
ese tío que no se entera de nada, ahí lo tenéis viviendo de la política...
Un tío que no se entera de nada y que no es capaz de asumir sus errores y va ya por el error 4O4, system not found...
los errores se asumen dejando el puesto a gente nueva y válida, en el caso de que la hubiese...
cuando se toman las actitudes de este señor, no hay ninguna voluntad de servicio público, solo de cobrar a fin de mes y de vivir de la política, sin estar capacitado para ello...
sueldo de Herrero en el año 2OO8:
José Manuel Herrero Mijares, que sumó el año pasado 38.986,92 euros (6,48 millones de pesetas).
Sigamos con las corruptelas y los robos socialistas...
El clan de los maestros, María Jesús Otero, alias la monja alférez contratada por Riopedre porque se lo pidió Trevín...
María Jesús Otero, Sociedad Limitada
María Jesús Otero llega a los juzgados para comparecer en la vista de una de las piezas separadas del caso Renedo sobre la empresa Igrafo / MARIO ROJAS
Inteligente, discreta, de gran memoria y oratoria, ideó varias formas de apropiarse de los fondos y beneficiar a los suyos sin levantar sospechas | La sentencia del 'caso Renedo' concluye que se quedaba con el 5,3% de los contratos dados a Igrafo y APSA
La trataban como a una reina. O mejor, si se tiene en cuenta que la asignación de doña Letizia este año es de 130.092 euros. Ella, María Jesús Otero, la 'número 2' de la Consejería de Educación, la que según los jueces decidía «cuándo, por qué y con quién se contrataba», lograba que dos empresarios la colmaran de regalos, a razón de 467.630 euros anuales.
El plus es desmesurado. Como directora general le correspondía un sueldo de unos 55.700 euros, antigüedad aparte. Puede decirse que con eso debía bastar, que la nómina ya triplica la retribución media de las asturianas. Habría que considerar también que sus responsabilidades distaban mucho de las de la asturiana media. Si la Audiencia acierta, la suya era la última palabra al decidir el reparto del presupuesto de inversiones y transferencias de capital de Educación. Entre 2006 y 2009, unos 586 millones de euros. Pocos gerentes del sector privado mueven más dinero, y todos lo hacen por salarios más holgados.
«Esta mujer hizo mucho por la Educación en Asturias», defiende, aún hoy, Víctor Muñiz, el socio de Igrafo que más se esforzó en tenerla de su parte. Los años de imputación y banquillo no han mellado la entente con su amiga. «Tiene una gran memoria», describía en el juicio su jefe, José Luis Iglesias Riopedre. Según dejó caer, la contrató porque se lo había pedido el exdelegado, expresidente, exalcalde y exdiputado Antonio Trevín. «Tenía mucho prestigio en Educación», reconoce Riopedre. En privado no guarda rencor, aunque sí asume que su mano derecha «tiene cosas que aclarar».
Con nueve años de cárcel, Otero se ha convertido en la principal condenada en el mayor caso de corrupción que llega a juicio en Asturias. Mucho protagonismo para una mujer que siempre dejaba las fotos y focos a su jefe. Quienes hicieron Magisterio con ella la recuerdan de notable oratoria, comprometida con la Transición y con perspectiva suficiente como tener un ojo en los países en desarrollo. Llegó a la Universidad tarde y ya con vestida de falda, camisa blanca y rebeca, como acostumbra.
Esa ropa austera es la que utiliza para subirse a su Audi V8, comer en los mejores restaurantes, viajar por el mundo. Si los jueces están en lo cierto, todo se lo pagaban Igrafo y APSA. Sentencian que su trama superaría en ambición a la que se reprocha a la extinta CIU: en sobornos se habría quedado con el 5,3% de los fondos adjudicados a estos proveedores.
Negocio autoabastecido
Las fórmulas eran variadas. Entre 2006 y 2009, los años en los que se centra la investigación, sus sociedades de apartamentos Buga 90 y Cueto Mazuga recaudaron 73.733 euros. Para camuflarlos, emitían facturas simulando que la gente de APSA les había alquilado las habitaciones. Las lavadoras, secadores y cocinas se las ponía García Rodríguez Hermanos, que pasaba luego el recibo a APSA. La misma empresa asumía las mudanzas y las facturas de Compasso, una de las tiendas más finas de decoración.
El negocio era redondo. Otero lograba que los proveedores le equiparan gratuitamente los apartamentos, y luego hacían como si se los arrendasen. Ésta podría ser la historia de una generosidad torcida, si se tiene en cuenta que montó los pisos en parte para dar trabajo a una amiga que quedaba viuda y con hijos.
Francisco Javier Rodríguez Santocildes, el magistrado que ha redactado la sentencia, es tipo mesurado, que gusta de ahondar en lo jurídico y técnico. A la hora de identificar el origen de esa aparente bondad parece pasarle lo que a la mayoría de quienes se han acercado al sumario. Su lectura enerva. Cabrea. Y reclama frases claras como esta: «La Sala no duda de que la acusada sabía que [en Educación] se facturaba lo que no se servía precisamente porque esa praxis era la que generaba saldos en los empresarios, que luego estos utilizaban para pagar dádivas y liberalidades que recibió». A ese desviar dinero de los colegios para usos privados lo define como un «plan criminal» de Otero, Muñiz y Alfonso Sánchez, el propietario de APSA.
La prueba la encuentra la Sección Tercera en la que es la gran aportación del magistrado-juez Ángel Sorando. El instructor, tras hablar con la Policía, ordenó que seleccionaran las facturas pagadas por Educación a cinco colegios y comprobasen si estaban allí los muebles. No encontraron ni pizarras, ni pupitres, tampoco ordenadores, seguetas, armarios, ni proyectores. Faltaban un sinfín de productos. Lo abonado y sin entregar en el sitio indicado sumaba 1,3 millones. La red pública, hay que recordarlo, está compuesta de más de doscientos centros como esos.
Pruebas confrontadas
Otero, al igual que los empresarios, argumenta que los enseres están, aunque en sitios distintos a los marcados en los expedientes. «Cambios de última hora», disculparon. «A veces los propios directores los pedían», abundaron. La prueba que demostraría su versión estaría en el inventario de bienes que pidieron al Principado, y que éste nunca presentó. Los magistrados dan la vuelta al argumento. «Siendo obvio que el inventario podría ser una prueba útil, no resultaría imprescindible para acreditar la tesis» de las defensas. Podían haber pedido que los colegios donde sí llevaron el material lo certificaran. En última instancia, les recrimina que el inventario no lo trajeran ellos mismos: «Sería francamente insólito que estas empresas sirvieran bienes por valor de cientos de miles de euros y no estén en condiciones de acreditarlo. En la práctica mercantil -y los acusados saben de ello mucho más que el Tribunal- resulta esencial cuando se cumple una prestación procurarse la forma de acreditarlo».
Con reflexiones parecidas van despreciando los argumentos de la defensa para ir a lo esencial. Sí. Igrafo y APSA eran líderes del mercado antes de Otero y no deberían necesitar mucho para seguir siéndolo. Sí. Los contratos que recibían eran menores, homologados y negociados, modalidades con mucho margen de discreción para el gestor público. Lo que pasa es que al final los muebles no aparecen en los colegios y sí en las casas de Otero y familiares y amigos. Hay 1,8 millones en regalos impropios para una directora general. Creer que se los daban «a cambio de seguir contando con el favor de la administración en esas contrataciones se ajusta al principio de lógica», concluyen.
https://www.elcomercio.es/asturias/maria-jesus-otero-20170917010505-ntvo.html
El clan de los maestros, María Jesús Otero, alias la monja alférez contratada por Riopedre porque se lo pidió Trevín...
María Jesús Otero, Sociedad Limitada
María Jesús Otero llega a los juzgados para comparecer en la vista de una de las piezas separadas del caso Renedo sobre la empresa Igrafo / MARIO ROJAS
Inteligente, discreta, de gran memoria y oratoria, ideó varias formas de apropiarse de los fondos y beneficiar a los suyos sin levantar sospechas | La sentencia del 'caso Renedo' concluye que se quedaba con el 5,3% de los contratos dados a Igrafo y APSA
La trataban como a una reina. O mejor, si se tiene en cuenta que la asignación de doña Letizia este año es de 130.092 euros. Ella, María Jesús Otero, la 'número 2' de la Consejería de Educación, la que según los jueces decidía «cuándo, por qué y con quién se contrataba», lograba que dos empresarios la colmaran de regalos, a razón de 467.630 euros anuales.
El plus es desmesurado. Como directora general le correspondía un sueldo de unos 55.700 euros, antigüedad aparte. Puede decirse que con eso debía bastar, que la nómina ya triplica la retribución media de las asturianas. Habría que considerar también que sus responsabilidades distaban mucho de las de la asturiana media. Si la Audiencia acierta, la suya era la última palabra al decidir el reparto del presupuesto de inversiones y transferencias de capital de Educación. Entre 2006 y 2009, unos 586 millones de euros. Pocos gerentes del sector privado mueven más dinero, y todos lo hacen por salarios más holgados.
«Esta mujer hizo mucho por la Educación en Asturias», defiende, aún hoy, Víctor Muñiz, el socio de Igrafo que más se esforzó en tenerla de su parte. Los años de imputación y banquillo no han mellado la entente con su amiga. «Tiene una gran memoria», describía en el juicio su jefe, José Luis Iglesias Riopedre. Según dejó caer, la contrató porque se lo había pedido el exdelegado, expresidente, exalcalde y exdiputado Antonio Trevín. «Tenía mucho prestigio en Educación», reconoce Riopedre. En privado no guarda rencor, aunque sí asume que su mano derecha «tiene cosas que aclarar».
Con nueve años de cárcel, Otero se ha convertido en la principal condenada en el mayor caso de corrupción que llega a juicio en Asturias. Mucho protagonismo para una mujer que siempre dejaba las fotos y focos a su jefe. Quienes hicieron Magisterio con ella la recuerdan de notable oratoria, comprometida con la Transición y con perspectiva suficiente como tener un ojo en los países en desarrollo. Llegó a la Universidad tarde y ya con vestida de falda, camisa blanca y rebeca, como acostumbra.
Esa ropa austera es la que utiliza para subirse a su Audi V8, comer en los mejores restaurantes, viajar por el mundo. Si los jueces están en lo cierto, todo se lo pagaban Igrafo y APSA. Sentencian que su trama superaría en ambición a la que se reprocha a la extinta CIU: en sobornos se habría quedado con el 5,3% de los fondos adjudicados a estos proveedores.
Negocio autoabastecido
Las fórmulas eran variadas. Entre 2006 y 2009, los años en los que se centra la investigación, sus sociedades de apartamentos Buga 90 y Cueto Mazuga recaudaron 73.733 euros. Para camuflarlos, emitían facturas simulando que la gente de APSA les había alquilado las habitaciones. Las lavadoras, secadores y cocinas se las ponía García Rodríguez Hermanos, que pasaba luego el recibo a APSA. La misma empresa asumía las mudanzas y las facturas de Compasso, una de las tiendas más finas de decoración.
El negocio era redondo. Otero lograba que los proveedores le equiparan gratuitamente los apartamentos, y luego hacían como si se los arrendasen. Ésta podría ser la historia de una generosidad torcida, si se tiene en cuenta que montó los pisos en parte para dar trabajo a una amiga que quedaba viuda y con hijos.
Francisco Javier Rodríguez Santocildes, el magistrado que ha redactado la sentencia, es tipo mesurado, que gusta de ahondar en lo jurídico y técnico. A la hora de identificar el origen de esa aparente bondad parece pasarle lo que a la mayoría de quienes se han acercado al sumario. Su lectura enerva. Cabrea. Y reclama frases claras como esta: «La Sala no duda de que la acusada sabía que [en Educación] se facturaba lo que no se servía precisamente porque esa praxis era la que generaba saldos en los empresarios, que luego estos utilizaban para pagar dádivas y liberalidades que recibió». A ese desviar dinero de los colegios para usos privados lo define como un «plan criminal» de Otero, Muñiz y Alfonso Sánchez, el propietario de APSA.
La prueba la encuentra la Sección Tercera en la que es la gran aportación del magistrado-juez Ángel Sorando. El instructor, tras hablar con la Policía, ordenó que seleccionaran las facturas pagadas por Educación a cinco colegios y comprobasen si estaban allí los muebles. No encontraron ni pizarras, ni pupitres, tampoco ordenadores, seguetas, armarios, ni proyectores. Faltaban un sinfín de productos. Lo abonado y sin entregar en el sitio indicado sumaba 1,3 millones. La red pública, hay que recordarlo, está compuesta de más de doscientos centros como esos.
Pruebas confrontadas
Otero, al igual que los empresarios, argumenta que los enseres están, aunque en sitios distintos a los marcados en los expedientes. «Cambios de última hora», disculparon. «A veces los propios directores los pedían», abundaron. La prueba que demostraría su versión estaría en el inventario de bienes que pidieron al Principado, y que éste nunca presentó. Los magistrados dan la vuelta al argumento. «Siendo obvio que el inventario podría ser una prueba útil, no resultaría imprescindible para acreditar la tesis» de las defensas. Podían haber pedido que los colegios donde sí llevaron el material lo certificaran. En última instancia, les recrimina que el inventario no lo trajeran ellos mismos: «Sería francamente insólito que estas empresas sirvieran bienes por valor de cientos de miles de euros y no estén en condiciones de acreditarlo. En la práctica mercantil -y los acusados saben de ello mucho más que el Tribunal- resulta esencial cuando se cumple una prestación procurarse la forma de acreditarlo».
Con reflexiones parecidas van despreciando los argumentos de la defensa para ir a lo esencial. Sí. Igrafo y APSA eran líderes del mercado antes de Otero y no deberían necesitar mucho para seguir siéndolo. Sí. Los contratos que recibían eran menores, homologados y negociados, modalidades con mucho margen de discreción para el gestor público. Lo que pasa es que al final los muebles no aparecen en los colegios y sí en las casas de Otero y familiares y amigos. Hay 1,8 millones en regalos impropios para una directora general. Creer que se los daban «a cambio de seguir contando con el favor de la administración en esas contrataciones se ajusta al principio de lógica», concluyen.
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En este concurso-oposición, la nota mínima para aprobar este examen es un 50% de las respuestas correcto. Y, una vez aprobado este primer, y único, examen se suma la fase de concurso.La mayor oposición acaba por reunir en Gijón a 15.268 aspirantes
El pabellón central del recinto ferial Luis Adaro fue el mayor aula de la oposición, con 2.700 puestos habilitados para los concurrentes. / JORGE PETEIRO
El sistema de control gestionó colas kilométricas en pocos minutos y las pruebas se lograron hacer a la vez en todas las aulas
Para qué se utiliza el comando informático CHKDSK? ¿Qué tipo de archivo lleva la extensión JPG? ¿Quién es el presidente del consejo de administración del Servicio de Salud del Principado (Sespa) y qué tipo de comunicación suponen los rumores y chismes? A preguntas en este sentido se enfrentaron los participantes del que, según la Consejería de Sanidad, era el examen «más multitudinario de la oferta de empleo público de 2018 y de la historia de las oposiciones en la comunidad». Hasta 26.023 interesados habían pagado los 5,66 euros que daban derecho a participar de un concurso en el que estaban en juego 399 contratos de por vida, de celador en centros sanitarios, con un sueldo inicial que ronda los mil euros. Su interés suponía un reto logístico, más en una región que aún recuerda oposiciones problemáticas, con aulas que empezaron el examen antes que otras y aspirantes embarazadas a las que no se daba una opción razonable. Para evitar esas experiencias, el Sespa movilizó a un millar de efectivos y dividió a la marabunta en cuatro sedes, con un test a las 12 horas y otro a las 18.
Al final, a la hora de la verdad la asistencia fue del 58,7%. Era barato apuntarse, no había penalización por dejar el examen sin hacer, y la oposición se celebraba a la vez en el resto de España. La respuesta «es la que calculábamos», comentaba el gerente del organismo, José Ramón Riera. Juntar a 26.000 «era demasiado», incidió. En comunidades como Galicia, empero, la asistencia fue notablemente superior; del 73%.
El Sespa se organizó como si fueran a venir todos los apuntados. Puso sillas para todos y diseñó un sistema de control de accesos que resultó determinante. Cada turno disponía de dos horas para poder acreditarse y acceder al recinto. Fuera quedaron familiares y amigos salvo casos justificados, como el de una madre a la que se permitió tener al marido y el bebé cerca dadas las necesidades de amamantamiento del retoño.
El miedo a ser el último en entrar propició que antes de la apertura de las puertas se agolparan por millares los interesados, formando colas kilométricas en el recinto ferial Luis Adaro, la sede principal de esta experiencia, convertido durante doce horas en toda una ciudad de la oposición. Las aglomeraciones obligaron a la Policía Local a cortar el acceso viario para evitar males mayores y echar el resto luego para ir diluyendo los atascos que se formaron en la entrada y salida. Al final cada aspirante llegaba con una acreditación impresa, un código al que bastaba pasar un lector para que los controladores verificaran la identidad del sujeto. En pocos minutos todos estaban dentro.
«Ha funcionado muy bien, y es justo reconocerlo», avalaba Fran Menéndez, secretario general del sindicato de celadores (Sicepa). «Había mucha incertidumbre por lo masivo de la convocatoria pero el examen se ha desarrollado bien», reiteraba. Otro de los desafíos, mientras, se libraba en los propios hospitales. El 43,5% de los celadores de la red asturiana es interino, por lo que la oposición era una oportunidad difícil de dejar pasar. Para dejarles concurrir sin resentir la atención a los pacientes «los compañeros doblaron turno o regresaron del examen», relataba el líder del Sicepa.
29 euros por interesado
La logística incluyó sillas, mesas, calefactores en cada sala, un tropel de baños portátiles y mucho dinero. El Sespa calcula que entre esta y las oposiciones de técnico de cuidado del paciente (7 de abril) y de auxiliar administrativo (27 de abril) acabará atrayendo a 66.000 interesados, con un coste organizativo de dos millones de euros. «Por tasas se recuperan medio millón», estimó el gerente del Sespa. El resto supone un déficit que la consejería asume. Es la consecuencia de poner a 5,66 euros la inscripción para una prueba que tiene un coste de 29 euros por peticionario.
Las oposiciones tienen tirón, más si llevan tiempo sin convocarse. La última para celadores la organizó el desaparecido Insalud, en 2001. Tanto tiempo ha pasado que las pruebas ahora pillan a sexagenarios con décadas de experiencia pero sin contrato ni destino fijo, compitiendo por la plaza contra adolescentes de 16 y 17 años. Es una situación que venía enervando a sindicatos y currantes. «Me he encontrado a una compañera que lleva 27 años como celadora interina, y que si no aprueba hoy no tendrá plaza definitiva», reconocía el propio gerente del Sespa. «Yo he visto a una de 64 años, que se agobió al ver a tanta gente y ni siquiera entró en el aula», confiaba Fran Menéndez.
Con la idea de no dejar por el camino a los veteranos, la oposición incluye una segunda fase de valoración de méritos, donde se premia con un 80% de los puntos los años de experiencia. Eso sí, para llegar a ella hay que aprobar un examen al que finalmente se puso una nota de corte de la mitad de los puntos. Era el mínimo que permitía la norma y el alivio no lo conocieron los interesados hasta sentarse en los pupitres. «Con esta fórmula la verdad es que alguien sin experiencia que saque aquí diez puntos, al final va a quedar peor clasificado que los que tienen décadas de trabajo detrás y pasen el teórico con un aprobado raspado», reconocían fuentes sindicales.
Un ataque epiléptico
Aun así, el riesgo era alto y todas las miradas estaban puestas en las 79 preguntas con cuatro opciones de respuesta cada una. Los estudiantes llegaron con los nervios a flor de piel y solo en el turno de mañana hubo de evacuarse en ambulancia a un candidato que sufrió una crisis de ansiedad. También requirió asistencia otro con un ataque epiléptico que finalmente pudo controlar.
Todos tenían las expectativas puestas en esos ocho folios sembrados de interrogantes. «Hemos registrado cuatro modelos de examen distintos ante notario, y finalmente se han utilizado dos», detallaba Riera, quien desveló al final toda la cadena de custodia. Las pruebas salieron de una imprenta en un camión que el sábado por la tarde llegó al recinto ferial Luis Adaro. La empresa de seguridad puso a varios agentes custodiándolo para impedir que nadie pudiera acercarse.
En la mañana del domingo el presidente del tribunal desprecintó el vehículo y permitió que las cajas se distribuyeran por las aulas. Con los candidatos ya sentados, se solicitó en cada sala un voluntario que cortase él mismo la cinta que cerraba ese recipiente. Los test se colocaron luego en las mesas, pero dentro de plásticos opacos, para que nadie pudiera ver las preguntas hasta que el tribunal diera la orden de iniciar la prueba en todas las clases. Los responsables de cada aula disponían de comunicación continua para garantizar que ese paso lo dieran todos a la vez.
A las 20.20 horas, los controladores recogieron los últimos impresos y la prueba echó el telón a su acto principal. Habrá más. Los que salían más disgustados miraban los folios y debatían si este o aquel enunciado sería motivo de impugnación, o si el hecho de que un grupo pudiera tener preguntas más fáciles también da para alimentar otra reclamación.
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Cada tipo de puesto tiene unas condiciones especificas, y en este caso, por eso la gran afluencia, solo con un 5 ya se suma la fase de concurso (es decir los servicios prestados). Aquí también hay muchas personas de edades avanzadas que llevan 25 años o más como personal temporal o interino.
Eso no se puede hacer en todas, porque un celador tiene como misión, trasladar a los enfermos, ayudar a realizares las atenciones básicas (bañarlos, acostarlos, levartar, ....) por eso el método de selección es más sencillo.
Otra, nuestra consejera de hacienda y sector público, que odia a cualquier tipo de personal fijo de la administración, (debe ser que como ella siempre estuvo a la sombra del partido y no ha necesitado hacer oposiciones, los que las han hecho, y se han esforzado por tener un puesto fijo en la administración le molestan). Señora consejera a mi, desde luego, no me representa ni como diputada ni coma nada, no deja de ser una comedora del duernu
Al igual que la Gimena, otra que tal baila, como todos estos
