Llanes: pasado, presente, futuro.

[GOE III]

Antonio Trevín y Macario Fernández, durante la visita del todavía diputado socialista a la fábrica de ASLA de Villallana (Lena) en 2016.



Antonio Trevín Lombán, recién dimitido de su puesto en el Congreso por supuestas discrepancias con la nueva dirección de su partido y fichado a continuación por una empresa que cotiza en bolsa, Asturiana de Laminados (ASLA), a la que se calcula que le han sido otorgados más de 19 millones de euros en subvenciones. Todo un caso de “puertas giratorias”

 

[GOE III]

cuando quieras seguimos, babayu...

tenemos hemeroteca contra vuestra MAFIA, para dar y vender...
la historia del Génesis cuando Trevín creó el mundo, no se sostiene en las hemerotecas...
solo se la creen en vuestra iglesia...

 

[GOE III]

y podemos seguir con el clan de los maestros, si te apetece...
La siguiente la monja alférez, María Jesús Otero, pendiente de entrar en prisión...


Vida después del sumario
Investigados, condenados o absueltos, así han seguido con su vida los políticos involucrados en las principales operaciones contra la corrupción de los últimos años en Asturias

Los principales involucrados del caso Marea, durante el juicio. En el centro, los dos altos cargos de la Consejería de Educación, María Jesús Otero y José Luis Iglesias Riopedre
RAÚL ÁLVAREZ
REDACCIÓN 04/06/2018 05:00 H
Se ha resuelto antes el destino del Gobierno que el de los condenados por el caso Gürtel que aún desfilan ante la Audiencia Nacional para saber si eluden la cárcel mediante fianzas hasta que el Tribunal Supremo decida sobre los recursos que van a presentar contra la sentencia que los castiga. Una investigación judicial, aun si no llega a juicio o no acaba en condena, supone siempre un vuelco en la vida de todas las personas afectadas cuya vida se ve de repente expuesta ante los focos de la justicia y de los medios de comunicación en los casos de mayor relevancia informativa. En Asturias, se han acumulado desde el cambio de siglo varios de esos procesos con gran trascendencia, a los que sus protagonistas han respondido con diversas estrategias para alejarse del centro de la atención y seguir adelante.

Entre los casos que ya han llegado a juicio y cuentan con una sentencia, aunque no sea firme y aún esté pendiente de la resolución de los recursos, el que más ha dado que hablar y escribir es el proceso desatado a raíz de la operación Marea, el mayor caso de corrupción que ha afectado al Gobierno regional desde el acceso de Asturias a la autonomía. El procedimiento por el enriquecimiento ilícito de funcionarios y cargos públicos del Principado que percibían sobornos de empresarios a cambio de la adjudicación irregular de contratos con fondos destinados a la educación pública, en marcha desde el año 2010, tardó en convertirse en cosa juzgada. A los magistrados de la Audiencia Provincial les llevó más de un año redactar su fallo, anunciado finalmente el 1 de septiembre del año pasado. Condenaron a ocho personas (con penas de prisión para siete de ellas y una multa para la octava), entre ellas los cinco protagonistas principales de la trama.


Embargos y falta de medios

El exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, el político de rango más elevado implicado en el caso, ha recurrido ante el Tribunal Supremo su condena a seis años de cárcel, que le parece injusta. Desde su detención en enero del 2011, Riopedre, que había dimitido de su cargo, oficialmente por motivos de salud, en agosto del año anterior, aunque más tarde quedó claro que ya se sabía investigado en aquel momento, fue rápidamente depurado de las filas del PSOE. Pasó casi un mes y medio en prisión preventiva y, al salir, aún recibió un homenaje organizado por antiguos amigos y colaboradores, pero desde entonces, excepción hecha de sus comparecencias judiciales y de las largas sesiones de un juicio que duró cuatro meses, apenas se le ha visto en el público. Tras conocerse la sentencia, su abogado aseguró en la vista para decidir sobre su vuelta a la cárcel que no existía ningún riesgo de fuga. Tras los sucesivos embargos, expuso el letrado, en las dos cuentas corrientes a su nombre y al de su esposa apenas quedaban 2.000 euros. Es un hombre mayor que vive de su pensión y que cuando el Supremo se pronuncie sobre su recurso, dados los habituales ritmos lentos de la justicia española, probablemente supere ya los 80 años. Sigue en libertad.

Tampoco ingresó en prisión ningún otro de los principales encausados. María Jesús Otero, la mano derecha de Riopedre, recibió la mayor condena en la sentencia: nueve años y medio por todos los regalos que recibió durante años de los adjudicatarios de contratos que pasaban por su escritorio. Pagó una fianza de 200.000 euros, aportados por sus familiares, para salir de la prisión provisional y por eso no ingresó en prisión. De ella solo se ha conocido últimamente su recurso ante el Supremo, en el que manifiesta que solo cumplía órdenes.

Marta Renedo, la funcionaria cuyas maniobras para adjudicarse contratos a sí misma llamaron en primer lugar la atención de los investigadores y cuyas iniciales dieron nombre al caso, también ha desaparecido del mapa. Su fianza es también de 200.000 euros y afronta nueve años de cárcel si el Supremo ratifica la sentencia dictada en Oviedo. Su abogado aseguró a la Audiencia Provincial que, con todas sus cuentas embargadas y su reputación destruida, «no tiene nada». Vive gracias a los ingresos de su marido. Los dos empresarios condenados por pagar sobornos. Alfonso Sánchez y Víctor Muñiz también tienen embargadas todas sus cuentas y viven en libertad a la espera de la decisión del Supremo. Las firmas a través de las que canalizaban sus obsequios (Almacenes Pumarín el primero e Igrafo el segundo) han quebrado y desaparecido. Los trabajadores han visto evaporarse sus empleos.


Conseguidor y 'mindfulness'

Incluso antes de llegar a juicio, un proceso por delitos relacionados con la corrupción ya hace examinar una vida bajo criterios distintos. Joaquín Fernández, por ejemplo, era un valor en alza en el PP asturiano hasta que el trabajo de la jueza Pilar de Lara, que investiga desde Lugo la trama del agua (conocida como operación Pokémon), ligada a privatizaciones favorables a la empresa Aquagest en concejos de Galicia y Asturias, se cruzó en su camino. Presidente de la junta local de San Martín del Rey Aurelio, vicesecretario de Comunicación en la dirección regional de Ovidio Sánchez, consejero de la radiotelevisión pública y responsable de la campaña con la que Isabel Pérez-Espinosa intentó llegar a la presidencia de Asturias en el 2011, parecía destinado a un final muy diferente que llegar a ser conocido como el Abrelatas. Pero así se llama a sí mismo en las grabaciones que constan en el sumario. Era su manera de jactarse de su facilidad de acceso a alcaldes y concejales en los municipios de la comunidad autónoma, aunque en sus posteriores declaraciones judiciales ha negado serlo y asegura que, cuando lo dijo, exageraba en un contexto muy distinto al de una investigación formal. Sin embargo, lo que ha cambiado en Fernández no es tanto su manera de entender la vida como la forma en que los demás le miran. Siempre fue un conseguidor, reservista voluntario del Ejército de Tierra con el grado de sargento, y sus ingresos procedían de ocupaciones difusas. La Policía le encontró 80.000 euros en efectivo que él justificó como pagos de sus gastos de representación por su trabajo como comercial de Aquagest.


Con Fernández cayó en Pokémon otro nombre familiar en el PPasturiano de la primera década del siglo. Joaquín Aréstegui, que fue presidente del partido en Avilés y portavoz parlamentario en la Junta General del Principado, está acusado de aceptar más de 300.000 euros en efectivo y la reforma de un piso a cuenta de Aquagest. Como llegó muy joven a la política, nunca tuvo tiempo de dar uso en el mercado laboral a su licenciatura en Historia por la Universidad de Oviedo. Tiene también un máster en marketing político por Deusto y con esos títulos y su larga experiencia ha aprovechado sus años de ostracismo oficial para instalarse como asesor político y para añadir a su currículum otra serie de cursos de menor prestigio y lanzarse también como coach de mindfulness.


El final de una reputación

La operación Hulla, lanzada después de que el exdirigente del sindicato minero SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa decidiera regularizar 1,2 millones de euros en la amnistía fiscal del año 2012, ha arruinado la imagen y la percepción social de su larga carrera como dirigente de los trabajadores asturianos. Siempre fue una figura controvertida, pero lo que se cuestionaba eran su estilo de liderazgo y sus formas, no su honradez. La investigación trata de determinar el origen de ese dinero (comisiones por la construcción del geriátrico de Felechosa, gestionado por el Montepío de la Minería, y fondos desviados de las cuentas del sindicato, presuntamente) mientras el muy locuaz Villa, un orador torrencial famoso por sus intervenciones maratonianas tanto en público como en los actos internos del sindicato o del PSOE regional, ha desaparecido de la vida pública. Los médicos forenses aún debaten si la enfermedad neurológica que alega su defensa para evitarle malos tragos procesales es real o exagerada. Él sigue aferrándose a su explicación de una herencia familiar como origen de su fortuna. Todas sus ingresos, excepto su pensión, están embargados.

Junto al nombre de Villa, el otro nombre que aparece en un lugar destacado del sumario Hulla es el de José Antonio Postigo, que fue su número dos en el sindicato y presidente del Montepío. La casa que se construyó en Tierra de Campos, a la orilla de un camino que atraviesa un secarral situado entre las provincias de León y Valladolid, se convirtió en fuente de sospechas contra él porque se levanta al lado de la que posee el constructor del geriátrico. Se le vio detenido hace ahora poco más de un año y se le recuerda por encararse con un periodista frente a la sede de la Junta General, tras acudir a la comisión de investigación parlamentaria sobre el caso, y preguntarle: «¿Eres homosexual?». En los últimos meses ha estado más discreto. Vive de su pensión porque, como Villa, todo lo demás está embargado. Regularizó 300.000 euros en la amnistía fiscal. También existen sospechas acerca del contrato de la limpieza de la residencia del Montepío en la localidad murciana de Los Alcázares.

De vuelta al primer plano

La investigación contra Villa trajo de nuevo al primer plano de los medios al protagonista del primer gran caso de corrupción en la Asturias del siglo XXI. Laudelino Campelo, que durante casi 20 años también fue lugarteniente del SOMA y después se enfrentó al gran líder por el control de la agrupación socialista de Langreo, fue juzgado y absuelto por intermediar a cambio de dinero en la concesión de las licencias para construir un centro comercial. Él siempre sostuvo que todo el caso fue orquestado por Villa en venganza por su derrota en el municipio minero y ahora colabora con los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que trabajan para armar el caso contra su antiguo mentor.

En aquel caso también salió a relucir como posible mediador el nombre de Javier Suárez Álvarez-Amandi, uno de los rostros que en 1998 representó la fractura del PP asturiano entre los fieles al presidente del Principado, Sergio Marqués, y quienes se alinearon con Francisco Álvarez-Cascos en la voladura de la organización regional desde Madrid. La imagen lacrimosa de Amandi, viceconsejero de Bienestar Social, al anunciar su dimisión quedó como uno de los símbolos de aquella guerra civil en los populares. Aunque, como Campelo, quedó totalmente exonerado, la asociación de su nombre al episodio del hipermercado decidió su salida de Asturias. Se instaló en Valladolid y montó una cadena con nueve residencias para la tercera edad en cinco comunidades autónomas. La de Celoriu saltó a los titulares en el 2013 por los impagos a la plantilla de trabajadores. Amandi se ha desvinculado de esa empresa, se ha mudado a Zamora, según ha podido saber La Voz de Asturias, y ahora se gana la vida como consultor en ese mismo sector de los geriátricos.

Ejecutivos y alcaldes

Por razones de edad, los implicados de origen asturiano en el caso de las tarjetas black de la antigua Caja Madrid, hoy Bankia, también se han alejado de la vida profesional. El exvicepresidente del Gobierno y exdirector del Fondo Monetario Internacional Rodrigo Rato, el más ilustre de todos, tiene edad para estar jubilado (68 años) pero no tiempo para la vida contemplativa. Sus batallas legales tienen una enorme amplitud. Aparte de la condena por apropiación indebida derivada del uso de esa tarjeta, existen más de una docena de acusaciones contra él en diversos tribunales y juzgados: la salida a bolsa de Bankia, la gestión de su patrimonio personal, la evasión de impuestos y el blanqueo de los ingresos no declarados están bajo la lupa de los jueces. Fue poderoso y respetado, pero hoy es un paria al que nadie en el mundo de los mandarines de la política, las finanzas y las grandes empresas desea acercarse. Dos de sus colaboradores en la etapa de zar económico de los gobiernos de José María Aznar, José Manuel Fernández Norniella y Estanislao Rodríguez-Ponga, también tiraron de black, recibieron condenas y esperan que el Supremo resuelva sus recursos de casación. Su vida de consejeros de multinacionales no ha vuelto a ser la misma. Más fácil fue para la cuarta condenada con conexiones con Asturias, la exdiputada socialista Enedina Álvarez, menos conocida por la opinión pública (su momento estelar llegó en una sesión parlamentaria de control al Gobierno en diciembre de 1999, cuando desde su escaño en el Congreso llamó varias veces «marrano» al presidente Aznar) volver al anonimato tras su condena.

La política municipal también ha dejado nombres manchados. En Ponga, la sombra del exalcalde Cándido Vega, condenado e inhabilitado desde el 2012 por una sentencia de la Audiencia Provincial que le consideró culpable de sendos delitos de prevaricación y desobediencia, además de otro contra los recursos naturales, por hacer obras sin licencia en caminos situados dentro de un parque natural, aún se proyecta sobre la agitada vida del Ayuntamiento. Vega, que es empresario del sector de los montajes, volvió a su actividad privada. Su gestión aún genera controversia e investigaciones. Su esposa encabezó la lista de Foro Asturias en las últimas elecciones. Muy distinta es la situación de Francisco González. El exalcalde de Cudillero ha cambiado sus abultadas mayorías absolutas y su posterior escaños en la Junta General por investigaciones judiciales derivadas de su enfrentamiento con un mando de la Policía Local que le acusa de una persecución laboral injusta y de permitir irregularidades en el cuerpo. González ha asegurado en sus declaraciones judiciales que está en el paro y no tiene grandes medios económicos.

 

[GOE III]

Y podemos seguir con la UGT...


Tres años de cárcel para Fernández Villa por apropiarse de fondos de SOMA-UGT
EFE Oviedo20 sep. 2018

En la imagen, el ex secretario general del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa que ha sido condenado a tres años de prisión y al pago de una multa de 24.000 euros por un delito continuado de apropiación indebida con fondos del sindicato minero. EFE/Archivo

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El ex secretario general del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa ha sido condenado a tres años de prisión y al pago de una multa de 24.000 euros por un delito continuado de aprobación indebida con fondos del sindicato minero.

La sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo, contra la que cabe recurso de casación, condena además al exdirigente sindical y político a indemnizar al SOMA-UGT, que dirigió durante 35 años, con 431.330 euros en concepto de daños y perjuicios.

El juicio contra Fernández Villa quedó visto para sentencia el pasado 25 de julio y la Fiscalía mantuvo su petición de cinco años de cárcel mientras que la acusación particular ejercida por el sindicato elevó su solicitud de condena a seis años y la defensa interesó la libre absolución del acusado.

El fallo relata que Fernández Villa, de 75 años, dirigió el sindicato minero con una "posición jerárquica sobre el resto de miembros y trabajadores", que "no ponían en duda ni discutían sus decisiones o simples deseos, aprobando incluso su gestión, algunos, tal vez, por desconocimiento".

Con esa posición, logró apropiarse a lo largo de los años, entre 1989 y 2012, de diferentes cantidades por un total de 434.158 euros en perjuicio del sindicato.

Así, "hizo suyo y destinó el dinero del sindicato para sus propios gastos, utilizando los recursos ajenos en su provecho y beneficio exclusivo, extendiéndose esa conducta durante años y llevándose a cabo de diversas maneras y formas y por diferentes cantidades cada vez", motivos por lo que su conducta ha sido calificada de delito continuado.

El fallo considera probado que Fernández Villa logró apropiarse entre 1989 y 2001 de más de 234.000 euros procedentes de las dietas que la empresa Hunosa pagaba mediante cheques a los miembros del sindicato por la asistencia al comité intercentros, y que el exlíder sindical cobraba para quedarse con los importes.

Además, entre 2001 y 2012, Fernández Villa cobró de las cuentas del sindicato distintas cantidades al margen del kilometraje y de las dietas que le correspondían por el desarrollo de sus funciones de secretario general, por un importe total de 417.394 euros.

Entre los gastos abonados desde las cuentas del sindicato, la sentencia detalla comidas en restaurantes, puros, sombreros, productos dietéticos y farmacéuticos, maletas, delicatesen, perfumes, ropa, libros o discos de música y películas.

Además, tras haber terminado de pagar un coche Mitsubishi, siguió percibiendo las cuotas que le eran transferidas por el sindicato, por un importe total de 16.764 euros, "con el fin de compensarse de la disminución de sus ingresos" al cesar en los cargos que había ejercido en el Parlamento asturiano y en el Senado.

Durante la vista oral, que tuvo que ser suspendida por el ingreso hospitalario de Fernández Villa, la defensa insistió en la vulneración de derechos porque su delicado estado de salud y su deterioro cognitivo le impedían afrontar un proceso con garantías.

No obstante, la sentencia recuerda que el informe médico-forense concluyó que "no padece un notable deterioro mental, de sus funciones cognitivas, volitivas e intelictivas", algo que, según el tribunal, quedó evidenciado durante el juicio, donde respondió "convenientemente y conforme a sus intereses y línea de defensa".

En esta misma causa, también fue condenado el ex secretario general del Infide, dependiente del SOMA-UGT, Pedro Castillejo, a dos años de prisión y al pago de una indemnización a la Fundación de 114.954 euros por haber desviado esa cantidad de dinero a su patrimonio personal.

Fernández Villa, que entre otros cargos políticos también fue senador del PSOE y diputado en el Parlamento asturiano, también está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por el origen de los 1,4 millones que regularizó en la última amnistía fiscal.

El ex líder sindical es uno de los investigados en la Operación Hulla, que ha puesto el foco en el supuesto desvío de fondos en la construcción de un geriátrico del Montepío de la Minería en la localidad asturiana de Felechosa.

https://www.efe.com/efe/espana/econ...-por-apropiarse-fondos-soma-ugt/10003-3755422

 

[evolucionando]

Y suma y sigue...por eso están tan nerviosos...y como acabamos de ver, agresivos...

 

[GOE III]

Y suma y sigue...por eso están tan nerviosos...y como acabamos de ver, agresivos...

MAFIA es MAFIA...

 

[Pilarina]

Nacisteis, vivisteis y moristeis, gracias a Trevín...

No sé, yo hasta ahora no tuve nada que ver con Trevín; solo espero que no me mate para que no se cumpla la profecía del babayu

 

[Niétova]

Nunca entenderé por qué a la mierda le molesta que la llamen mierda.
Si al menos dejase de oler...
Bienvenido, Babayu. Un nick tan apropiado como las cortinas verdes de doña croqueta.
Sois la prueba de que somos necesarios.

 

[solecito]

Pues bienvenid@ @Babay@s por Llanes , que bien te luce ese nombre, me encanta, cuando alguien nos pone un troll no veas lo que disfrutamos, yo la primera, espero que continúes viniendo a vernos y a lanzarnos toda esa sarta de insultos vacíos de contenido, o es que ya se te acabaron? pide a la señora transparente que te diga alguno mas, porque tu sol@ no vas a poder

 

[GOE III]

La mayor oposición acaba por reunir en Gijón a 15.268 aspirantes

El pabellón central del recinto ferial Luis Adaro fue el mayor aula de la oposición, con 2.700 puestos habilitados para los concurrentes. / JORGE PETEIRO
El sistema de control gestionó colas kilométricas en pocos minutos y las pruebas se lograron hacer a la vez en todas las aulas
Para qué se utiliza el comando informático CHKDSK? ¿Qué tipo de archivo lleva la extensión JPG? ¿Quién es el presidente del consejo de administración del Servicio de Salud del Principado (Sespa) y qué tipo de comunicación suponen los rumores y chismes? A preguntas en este sentido se enfrentaron los participantes del que, según la Consejería de Sanidad, era el examen «más multitudinario de la oferta de empleo público de 2018 y de la historia de las oposiciones en la comunidad». Hasta 26.023 interesados habían pagado los 5,66 euros que daban derecho a participar de un concurso en el que estaban en juego 399 contratos de por vida, de celador en centros sanitarios, con un sueldo inicial que ronda los mil euros. Su interés suponía un reto logístico, más en una región que aún recuerda oposiciones problemáticas, con aulas que empezaron el examen antes que otras y aspirantes embarazadas a las que no se daba una opción razonable. Para evitar esas experiencias, el Sespa movilizó a un millar de efectivos y dividió a la marabunta en cuatro sedes, con un test a las 12 horas y otro a las 18.

Al final, a la hora de la verdad la asistencia fue del 58,7%. Era barato apuntarse, no había penalización por dejar el examen sin hacer, y la oposición se celebraba a la vez en el resto de España. La respuesta «es la que calculábamos», comentaba el gerente del organismo, José Ramón Riera. Juntar a 26.000 «era demasiado», incidió. En comunidades como Galicia, empero, la asistencia fue notablemente superior; del 73%.

El Sespa se organizó como si fueran a venir todos los apuntados. Puso sillas para todos y diseñó un sistema de control de accesos que resultó determinante. Cada turno disponía de dos horas para poder acreditarse y acceder al recinto. Fuera quedaron familiares y amigos salvo casos justificados, como el de una madre a la que se permitió tener al marido y el bebé cerca dadas las necesidades de amamantamiento del retoño.

El miedo a ser el último en entrar propició que antes de la apertura de las puertas se agolparan por millares los interesados, formando colas kilométricas en el recinto ferial Luis Adaro, la sede principal de esta experiencia, convertido durante doce horas en toda una ciudad de la oposición. Las aglomeraciones obligaron a la Policía Local a cortar el acceso viario para evitar males mayores y echar el resto luego para ir diluyendo los atascos que se formaron en la entrada y salida. Al final cada aspirante llegaba con una acreditación impresa, un código al que bastaba pasar un lector para que los controladores verificaran la identidad del sujeto. En pocos minutos todos estaban dentro.

«Ha funcionado muy bien, y es justo reconocerlo», avalaba Fran Menéndez, secretario general del sindicato de celadores (Sicepa). «Había mucha incertidumbre por lo masivo de la convocatoria pero el examen se ha desarrollado bien», reiteraba. Otro de los desafíos, mientras, se libraba en los propios hospitales. El 43,5% de los celadores de la red asturiana es interino, por lo que la oposición era una oportunidad difícil de dejar pasar. Para dejarles concurrir sin resentir la atención a los pacientes «los compañeros doblaron turno o regresaron del examen», relataba el líder del Sicepa.

29 euros por interesado
La logística incluyó sillas, mesas, calefactores en cada sala, un tropel de baños portátiles y mucho dinero. El Sespa calcula que entre esta y las oposiciones de técnico de cuidado del paciente (7 de abril) y de auxiliar administrativo (27 de abril) acabará atrayendo a 66.000 interesados, con un coste organizativo de dos millones de euros. «Por tasas se recuperan medio millón», estimó el gerente del Sespa. El resto supone un déficit que la consejería asume. Es la consecuencia de poner a 5,66 euros la inscripción para una prueba que tiene un coste de 29 euros por peticionario.

Las oposiciones tienen tirón, más si llevan tiempo sin convocarse. La última para celadores la organizó el desaparecido Insalud, en 2001. Tanto tiempo ha pasado que las pruebas ahora pillan a sexagenarios con décadas de experiencia pero sin contrato ni destino fijo, compitiendo por la plaza contra adolescentes de 16 y 17 años. Es una situación que venía enervando a sindicatos y currantes. «Me he encontrado a una compañera que lleva 27 años como celadora interina, y que si no aprueba hoy no tendrá plaza definitiva», reconocía el propio gerente del Sespa. «Yo he visto a una de 64 años, que se agobió al ver a tanta gente y ni siquiera entró en el aula», confiaba Fran Menéndez.

Con la idea de no dejar por el camino a los veteranos, la oposición incluye una segunda fase de valoración de méritos, donde se premia con un 80% de los puntos los años de experiencia. Eso sí, para llegar a ella hay que aprobar un examen al que finalmente se puso una nota de corte de la mitad de los puntos. Era el mínimo que permitía la norma y el alivio no lo conocieron los interesados hasta sentarse en los pupitres. «Con esta fórmula la verdad es que alguien sin experiencia que saque aquí diez puntos, al final va a quedar peor clasificado que los que tienen décadas de trabajo detrás y pasen el teórico con un aprobado raspado», reconocían fuentes sindicales.

Un ataque epiléptico
Aun así, el riesgo era alto y todas las miradas estaban puestas en las 79 preguntas con cuatro opciones de respuesta cada una. Los estudiantes llegaron con los nervios a flor de piel y solo en el turno de mañana hubo de evacuarse en ambulancia a un candidato que sufrió una crisis de ansiedad. También requirió asistencia otro con un ataque epiléptico que finalmente pudo controlar.

Todos tenían las expectativas puestas en esos ocho folios sembrados de interrogantes. «Hemos registrado cuatro modelos de examen distintos ante notario, y finalmente se han utilizado dos», detallaba Riera, quien desveló al final toda la cadena de custodia. Las pruebas salieron de una imprenta en un camión que el sábado por la tarde llegó al recinto ferial Luis Adaro. La empresa de seguridad puso a varios agentes custodiándolo para impedir que nadie pudiera acercarse.

En la mañana del domingo el presidente del tribunal desprecintó el vehículo y permitió que las cajas se distribuyeran por las aulas. Con los candidatos ya sentados, se solicitó en cada sala un voluntario que cortase él mismo la cinta que cerraba ese recipiente. Los test se colocaron luego en las mesas, pero dentro de plásticos opacos, para que nadie pudiera ver las preguntas hasta que el tribunal diera la orden de iniciar la prueba en todas las clases. Los responsables de cada aula disponían de comunicación continua para garantizar que ese paso lo dieran todos a la vez.

A las 20.20 horas, los controladores recogieron los últimos impresos y la prueba echó el telón a su acto principal. Habrá más. Los que salían más disgustados miraban los folios y debatían si este o aquel enunciado sería motivo de impugnación, o si el hecho de que un grupo pudiera tener preguntas más fáciles también da para alimentar otra reclamación.

https://www.elcomercio.es/asturias/...urias-examen-sanidad-20190311015954-ntvo.html

 

[GOE III]

Noticia de hoy...

Barbón reserva para Carcedo el cuarto puesto y Lastra irá entre los diez primeros

Adrián Barbón y Dolores Carcedo, en los pasillos de la Junta General. / PABLO LORENZANA
La FSA aprobará hoy sus candidaturas autonómicas con muchas caras nuevas respecto a las últimas elecciones
La Federación Socialista Asturiana ya tiene elegidos los 44 nombres que acompañarán a su secretario general, Adrián Barbón, en su carrera hacia la Presidencia del Principado. La FSA celebrará hoy el comité autonómico en el que se aprobarán las listas con las que el partido concurrirá en las tres circunscripciones, a las elecciones del próximo 26 de mayo. Los socialistas tratan de mantener en secreto el nombres que formarán parte de las candidaturas, salvo el de Barbón, como número uno por el centro; el de Celia Fernández, presidenta de Cruz Roja en Asturias, que ocupará el segundo peldaño como independiente; Gimena Llamedo, cabeza de cartel en el oriente, y Marcelino Marcos, número uno por occidente. Pese a este secretismo, según pudo saber EL COMERCIO, en la candidatura del centro, donde se ponen en juego la mayor parte de los escaños, Barbón situará aDolores Carcedo, consejera de Hacienda, en el puesto número cuatro. Otro consejero, Fernando Lastra, también estará entre los diez primeros, el séptimo o el noveno. El resto de nombres saldrá de las propuestas aprobadas por los militantes.

A la FSA le ha tocado ordenar esas propuestas, en base a criterios de s*x* -son listas cremallera en las que un hombre irá detrás de una mujer y viceversa-, equilibrio territorial (se evitará una presencia mayoritaria de una agrupación en los puestos de salida) y perfiles profesionales y políticos.

Con estos criterios, la FSA presentará una propuesta de listas con muchas caras nuevas y que hoy será las que someta a debate en el Comité Autonómico, que se celebrará a las 18.30 horas. Una de ellas es la que va justo detrás del secretario general. Se trata de Celia Fernández, el fichaje sorpresa de Adrián Barbón. La presidenta de Cruz Roja en Asturias concurre en la lista como independiente. El líder de la FSA volvió ayer a defender esta decisión y aseguró que los militantes no tienen que sentirse molestos por esta «excepción» en la lista. No obstante, puede no ser el único candidato que no esté afiliado al PSOE. Según pudo saber EL COMERCIO, el número tres -corresponde a un hombre- podría ocuparlo también otro independiente, proveniente del área social, aunque este puesto está aún abierto y también suena para él René Suárez, secretario de Planificación Territorial, Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático de la FSA.

No así el cuarto. Fuentes consultadas por este diario afirmaron que los nombres de la lista a partir de esta posición se decidirán por la elección de la militancia. Para el número cuatro de la candidatura por el centro se optará, salvo cambios inesperados hoy en el comité autonómico, por la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, que ha sido la que más votos ha obtenido en el proceso de las agrupaciones locales.

La titular de Hacienda, que estuvo del lado de los barones territoriales en su pugna con Pedro Sánchez, ha trabajado codo con codo con la FSA en los dos últimos años en las negociaciones presupuestarias con los grupos. «Fue un trabajo intenso y Dolores es un activo importantísimo para los socialistas asturianos. Está implicada al máximo con el proyecto que queremos desarrollar», apuntaba ayer un dirigente del PSOE regional.

El quinto puesto, que será para un hombre debido al modelo de lista cremallera. Dos nombres aspiran a ocuparlo: el secretario general del PSOE avilesino y vicealcalde de esta ciudad, Luis Ramón Fernández Huerga, y el ex alcalde de San Martín del Rey Aurelio y secretario de Política Económica de la FSA, Enrique Fernández. El primero parece tener más opciones, atendiendo al criterio de equilibrio territorial. Quien no ocupe el quinto puesto, irá en el séptimo, salvo sorpresas. El sexto es para una mujer. La langreana Mónica Ronderos García tiene muchas opciones.

Dolores Carcedo no será el único miembro del Gobierno que estará en las listas. Entre los diez primeros por el centro también estará Fernando Lastra, consejero de Infraestructuras y muy activo en favor de Susana Díaz en las primarias que ganó Pedro Sánchez y de José María Pérez en su lucha con Barbón por el liderazgo de la FSA. Ambas apuestas las perdió. Además, Lastra también se ha mostrado crítico, al igual que el presidente del Principado y otros miembros del Gobierno autonómico, con algunas de las políticas de Pedro Sánchez, como la territorial y la energética.

Aún así, Barbón valora su experiencia y capacidad de trabajo. Las diferencias entre ambos se han ido puliendo en los dos últimos años y el secretario general quiere contar con él en su proyecto.

En occidente será el actual portavoz socialista en la Junta General, Marcelino Marcos, quien lidere la candidatura, que tendrá a la veigueña Alba Álvarez Núñez como número dos. En el oriente, la secretaria de Organización de la FSA, Gimena Llamedo, encabezará la candidatura.

https://www.elcomercio.es/politica/...stra-elecciones-psoe-20190311015942-ntvo.html

 

[GOE III]

Noticia de hoy...

"Nunca estarás sola", promete Moriyón a la única edil fiel, candidata de Foro en Ribadesella
El economista Enrique Llamazares, hermano del líder de Actúa Gaspar Llamazares, será el candidato del partido casquista en Ponga
Ribadesella / Ponga, Cristina Corte 10.03.2019 | 00:39

María José Bode y Carmen Moriyón, ayer, en Ribadesella. C. CORTE

Foro dio a conocer ayer a los candidatos a las alcaldías de Ribadesella y Ponga en sendos actos en el Oriente encabezados por la presidenta del partido, Carmen Moriyón.

En Ribadesella la aspirante será María José Bode Egüen, única concejala que le ha quedado al partido en el Ayuntamiento tras la marcha de la alcaldesa, Charo Fernández. La presidenta de Foro destacó los ocho años de trabajo que lleva desarrollando la candidata como concejala en el consistorio riosellano, los cuatro últimos al frente de las competencias de Educación y Cultura. "Sé que has pasado momentos complicados, pero créeme, todos los hemos pasado", le dijo Moriyón en referencia a la fuga de concejales. "La política da muchas satisfacciones, pero también algunos disgustos, y quiero que sepas que no vas a estar nunca sola, te estaremos acompañando siempre. Foro es un gran equipo", subrayó.



La presidenta regional de Foro volvió a poner sobre la mesa la necesidad de ejecutar un Plan de Promoción Cultural y Turística basado en la protección, investigación y divulgación del patrimonio. Dentro de esa propuesta, Moriyón destacó el eje oriental, con Ribadesella, Ribadedeva, Llanes, Cangas de Onís, Cabrales y las Peñamelleras, con la extensión a Candamo, como polos de la cultural parietal del arte paleolítico.

En Ponga será el economista Enrique Llamazares, hermano del líder de Actúa Gaspar Llamazares, el aspirante elegido para recuperar la alcaldía, en manos de la coalición PSOE-PP desde las elecciones de mayo de 2015.

Actualmente de baja por enfermedad, Llamazares comenzó a residir en el concejo -concretamente en Tanda- a raíz de su contratación por el Ayuntamiento como técnico de desarrollo local. "Afronto esta nueva etapa con mucha ilusión y con el deseo de normalizar la convivencia en Ponga", indicó el aspirante a la alcaldía pongueta, sin experiencia política previa. "Me lo pensé bastante antes de aceptar pero decidí ser valiente, salir de la zona de confort y trabajar en la promoción de este concejo, que es una auténtica maravilla", dijo.

La hasta ahora presidenta y portavoz de Foro en el concejo, Menchu Sánchez -esposa de Cándido Vega, exalcalde de condenado a siete años de inhabilitación y con varios juicios pendientes por irregularidades contables- ocupará el tercer puesto en la lista con la que el partido concurrirá a las elecciones municipales en Ponga el 26 de mayo. Como numero dos figura Nerea Calleja. Completan la lista los actuales concejales foristas Ángel María Collado y Evangelina Pérez y vecinos como Esperanza Conde y Jesús Moríñigo, entre otros.

Foro fue el partido más votado en Ponga en las elecciones de 2015, pero un pacto entre el PP y el PSOE desbancaron al partido del gobierno. Llamazares confía en recuperar el mando.

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