Si. NO HAY SEPARACIÓN DE PODERES
"El concepto milenario de la separación de poderes nació en la antigua Grecia, aunque fueron teóricos posteriores quienes lo teorizaron más como lo conocemos hoy en día. Gente como John Locke o Montesquieu, trataron este asunto que a día de hoy se incluye en las características básicas que debe tener una democracia. Junto con la consagración constitucional, la representación política mediante sufragio y la protección de derechos fundamentales, la separación de poderes es un pilar fundamental de cualquier democracia. Este pilar, garantiza que los tres poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial actúen de manera autónoma y separada los unos de los otros con el fin de equilibrar y limitar la concentración de poder en el Gobierno.
Si la separación de poderes se rompe, la democracia desaparece.
Y esto es lo que ha sucedido en España después de que el ejecutivo español a cargo del Partido Popular haya politizado el máximo nivel de la justicia. Los más escépticos podrán decir que esta afirmación se trata de una estrategia política de la oposición, es por ello que a continuación explicaré hechos que lo demuestran:
Para empezar, la misma vicepresidente del ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, publicó un tuit en su cuenta personal donde decía literalmente “Acudimos al Tribunal Constitucional para evitar que Puigdemont siguiera con su espectáculo…”. Esto supone una prueba irrefutable de injerencias y control del poder judicial por parte del Gobierno español para que los jueces dictaminen resoluciones judiciales en su beneficio.
Es tan grave la situación, que en 2017, tres asociaciones españolas de jueces junto a Rights International Spain denunciaron presiones políticas por parte del Gobierno de Rajoy en las causas por corrupción. Para que nos hagamos una idea, en sus inicios, la trama Gürtel tenía por jueces los magistrados a Julio de Diego y Ángel Hurtado, este último fue el que decidió sentar a Mariano Rajoy en el banquillo. Estos dos jueces, fueron cesados y sustituidos por Juan Pablo González, el que fue consejero del CPGJ a propuesta del PP durante 7 años. Este es el juez encargado de juzgar la causa del Partido Popular actualmente.
Sigamos, esta vez hablando del Tribunal Constitucional, el órgano que tiene como función la de ser el intérprete supremo de la Constitución Española. Este, está formado por un total de 12 magistrados, algunos de ellos con orígenes contrarios al respeto del principio básico de separación de poderes. En él, encontramos magistrados como Andrés Ollero Tassara, que fue diputado en el Congreso por el Partido Popular durante 19 años. Hasta 5 magistrados están vinculados a la fundación FAES, presidida por José María Aznar. O directamente el que fue Presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, militó en el PP entre 2008 y 2011. En el Tribunal Supremo, podemos encontrar como magistrados, a Vicente Margo (ex senador del PP), o Fernando Román (ex secretario de Estado de Justicia del PP). Como podemos observar, encontrar magistrados asociados directamente con el PP en los órganos judiciales españoles es de lo más habitual.
Otra prueba más del pésimo nivel de independencia judicial en España, es la preocupación que mantiene el Consejo de Europa en el asunto, después de analizar los resultados expuestos por GRECO en 2016. Este informe, critica de forma contundente a España por no atender a las recomendaciones para fortalecer la independencia judicial. Alude en concreto la falta de interés por modificar el sistema de elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial.
El poder judicial en España, sirve a los intereses políticos del Partido Popular o en caso de no doblegarse, el juez o magistrado en cuestión es cesado y sustituido por uno más afín. Esto rompe totalmente con lo que se entiende por separación de poderes, dejando así en evidencia la frágil democracia española. Lo que no sabemos, es si esto viene siendo así desde el 78 o se ha maximizado desde la década de los 2000. En todo caso una cosa esta muy clara, que al pueblo español la democracia le importa muy poco ya que los recientes resultados del CIS exponen que el PP sigue siendo el partido más votado.
https://diario16.com/espana-no-separacion-poderes/
La información alternativa
UNA JUSTICIA SUMISA¿Hay separación de poderes en España?
Fernando Paz
España / 22 enero, 2018
A nadie se le escapa que una de las características esenciales de los sistemas democráticos es la separación de poderes. A nadie se le escapa que, sin ella, no puede hablarse, en propiedad, de democracia.
Sin duda, una aspiración permanente del poder político ha sido la de controlar tanto al legislativo como, sobre todo, al judicial; porque el judicial es el decisivo a la hora de asegurarse la impunidad. En los sistemas representativos, el poder legislativo y el ejecutivo tienen un mismo origen, ya que son el resultado de la expresión popular en las urnas, aunque pueden darse situaciones en las que el legislativo y el ejecutivo presenten algunas divergencias.
En todo caso, una sociedad puede sobrevivir sin un poder legislativo o ejecutivo de mucha altura (y, de hecho, así ha sido durante largo tiempo en España); pero lo que no podrá soportar será una justicia dependiente, una justicia sumisa, una justicia subalterna.
Y eso, exactamente eso, es lo que está pasando en España.
Pero ¿es o no es independiente la justicia? El CGPJ
Es difícil sostener la independencia judicial actualmente en España. El modo en que está estructurada la administración de Justicia deja poco margen a la duda.
El órgano de gobierno de los jueces es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que es designado por el Congreso y por el Senado a partes iguales; diez representantes cada uno, más el presidente, que es el del Tribunal Supremo. Con el fin de ceñir al CGPJ al control absoluto hubo que modificar en varias ocasiones lo dispuesto en la Constitución a través de leyes orgánicas.
Para su nombramiento hace falta una mayoría de tres quintos, con lo que exige un acuerdo entre PP y PSOE que lleva manteniéndose desde hace décadas. Algo que resulta considerablemente escandaloso, y que movió a uno de los ministros de justicia del PP, Ruiz-Gallardón, a efectuar una de sus varias promesas incumplidas, asegurando que profesionalizaría la justicia y que se iba a terminar la designación política de la justicia. Por supuesto, nada se hizo y el sistema sigue siendo el mismo.
El Supremo y el Constitucional
El Tribunal Supremo se sitúa en la cúspide del Poder Judicial en España, puesto que es el tribunal superior en todos los órdenes y tiene jurisdicción en el conjunto del territorio nacional. Su posición es equivalente a la del Congreso de los Diputados y a la del Gobierno, como cabeza de uno de los poderes del Estado.
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Supuestamente, el Supremo es un tribunal profesional sin dependencia política. Sin embargo, está sujeto a la supervisión del CGPJ, al que el propio Supremo aporta su presidente siendo esta una sutil forma de control. Más evidente es el control que ha ejercido sobre él el Tribunal Constitucional pues, aunque en teoría se trata de jurisdicciones diferentes, este último ha ejercido una suerte de tutela sobre aquel cuando ha sido necesario.
Y es que el Tribunal Constitucional es completamente elegido por el parlamento. De los doce miembros que lo componen, cuatro son designados por el Congreso, cuatro por el Senado, dos por el gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial…que a su vez, como hemos visto, es nombrado también por el Congreso y el Senado.
Es decir, que el poder que tiene que velar por el cumplimiento de la ley tanto del ejecutivo como del legislativo no es que carezca de independencia, es que el poder que debe ser vigilado es quien determina quién tiene que vigilarle.
Inseguridad jurídica
El que se produzca un fuerte control político del poder judicial, necesariamente repercute en un aumento de la inseguridad jurídica, ya que, en no pocas ocasiones, el poder judicial se convierte en la correa de transmisión del poder político, oscilando en uno u otro sentido de acuerdo a las conveniencias del momento.
Desde hace muchos años, en España se han introducido conceptos como el de “alarma social”, sin grandes protestas de los ámbitos jurídicos. Conceptos que poco o nada tienen que ver con el derecho, pero que otorgan una gran discrecionalidad al poder. Que es de lo que se trata.
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Aunque ciertamente no es España el único país en el que las sentencias incorporan llamativas interpretaciones, la inseguridad jurídica resulta ser aquí mayor que en la mayoría de los países de nuestro entorno. En pocos sitios la adscripción ideológica de los jueces es, por un lado, tan conocida y, por otro, tan determinante, como entre nosotros. De hecho, la valoración que los españoles hacen una y otra vez en las encuestas deja poco margen a la interpretación: de acuerdo al CIS, el 75% de los ciudadanos tiene una mala opinión de la administración de Justicia en España.
La justicia y la corrupción
No es extraño: no faltan ocasiones en que la situación llega a rozar el escándalo, hasta el punto de que el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, ha reconocido que el rigor legal se aplica a los “robagallinas”, sugiriendo que los poderosos en España están a salvo de la ley.
Por eso, aunque desde la clase política con frecuencia se alude a la cantidad de casos relacionados con la corrupción que procesan los tribunales, lo cierto es que, de todas las investigaciones de corrupción, pocas han prosperado hasta el punto de inculpar a los principales responsables políticos. De los aproximadamente 1.400 políticos imputados, solo unos 90 se hallan en la cárcel, casi todos por malversación y cohecho. En estas condiciones no es extraño que una sensación de impunidad se extienda por toda la sociedad.
También es cierto que los partidos hacen lo posible para obstruir las investigaciones y condenas de los tribunales; el comportamiento del Partido Popular en el caso Gürtel – en el que se personó como acusación popular – obstaculizando el desarrollo del juicio, lo que le valió la expulsión por el juez Ruz; o el del PSOE con los ERE de Andalucía, muy semejante, son buena muestra de ello.
Es entonces lógico que el 67% de los españoles crean que los fiscales no actúan con libertad, y el 84% que los jueces reciben presiones que sólo un 30% considera que no influyen en las decisiones que toman: es decir, que dos de cada tres españoles creen que los tribunales no actúan con independencia en los casos de corrupción.
Con independencia del grado de verdad que estas opiniones contengan, reflejan la existencia de una opinión pública que ha captado lo esencial: la carencia de independencia de la justicia con respecto al poder político.
Algo que, estrictamente hablando, cuestiona el tipo de democracia que hemos venido desarrollando en los últimos cuarenta años. Algo que, en sentido estricto, priva a este régimen de la consideración de ser una verdadera democracia.
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El tempo para el delincuente no es justicia, es política
https://gaceta.es/espana/separacion-de-poderes-en-espana-20180122-0605/
Parecía un globo con semejante vestido.