¿ YO nada mas?No sé lo que pasará con LUH ni con Podemos. Parece que tu lo tienes muy claro.
ains idolo a veces con tal de defender lo idefendible tienes unos golpes que me tengo que reir.
LA JUSTICIA EN CAÍDA LIBRE... ¿O SON LOS JUECES Y FISCALES?
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ains idolo a veces con tal de defender lo idefendible tienes unos golpes que me tengo que reir.¿ YO nada mas?
Tienes tal claridad de lo que va a ocurrir...que se me ha ocurrido, valga la redundancia, que me digas el nº de la lotería de Navidad en que va a caer el gordo, bueno, si no quieres compartirlo al menos dime la última cifra para cobrar el reintegro.
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Cuando no hay argumentos.........Tienes tal claridad de lo que va a ocurrir...que se me ha ocurrido, valga la redundancia, que me digas el nº de la lotería de Navidad en que va a caer el gordo, bueno, si no quieres compartirlo al menos dime la última cifra para cobrar el reintegro.
el 7Tienes tal claridad de lo que va a ocurrir...que se me ha ocurrido, valga la redundancia, que me digas el nº de la lotería de Navidad en que va a caer el gordo, bueno, si no quieres compartirlo al menos dime la última cifra para cobrar el reintegro.
(como acabe en 7 me compro una bola de cristal )Dime tu que no es cachonda, preguntarse a estas alturas si el partido se esta hundiendo es para tomaserlo a coña, los primeros en saberlo fueron las ratas mas gordas (Monedero y pablenin) por eso salir corriendo
Nosotros, el pueblo
- El pueblo es Su Señoría, no sé si entienden sus señorías. Y tanto que claman por Montesquieu, no olviden nunca que cuando numeró sus poderes, del primero al tercero, no lo hizo por capricho
Elisa Beni
@elisabeni
20 de octubre de 2021 22:16h
42
El Tribunal Supremo envida a la grande y anuncia órdago. Esta vez contra la Mesa del Congreso de los Diputados y la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet. Aprovecho para mandarle fuerzas y coraje porque en esta época de batallas soterradas, de luchas por el poder encubiertas, de empoderamiento de las togas por encima de cualquier cosa y por debajo sólo de Dios, ya es hora de ir recordando que en una democracia Dios sólo existe en forma de Soberanía Nacional. El pueblo es Su Señoría, no sé si entienden sus señorías. Y tanto que claman por Montesquieu, no olviden nunca que cuando numeró sus poderes, del primero al tercero, no lo hizo por capricho. El Primer Poder en un estado democrático es el emanado directamente del pueblo, la sede de la soberanía popular, el legislativo, el Parlamento, sí, esa cosa que las gentes eligen directísimamente.
El Primer Poder es el poder por excelencia, el poder irrenunciable, el poder democráticamente divino. El Tercer Poder, entiéndanlo, es una forma de hablar, el no poder según el propio Montesquieu que señala y nombra al Poder Judicial como tercer poder y, además, como el no poder en el sentido de que es un contrapeso imprescindible pero no un poder en pie de igualdad con los otros, habida cuenta de que no emana directamente de la sacrosanta soberanía popular. “La formule de Montesquieu pour qui le juge n'avait pas de pouvoir par lui-même. Son pouvoir était en quelque sorte nul”, por favor, lean a los estudiosos en lenguaje original. El no poder, ese es el tercer poder.
En España se nos ha puesto estupendo y ya no sólo no es el no-poder sino que apunta con ganas de independizarse de todos y no ser el tercero sino el único. Es el problema de dejar hacer cuando nos parece que es útil. Primero fueron las modificaciones legales para impedir que miembros de ETA condenados sin sentencia firme se pudieran seguir presentando a las elecciones u ostentado representación -lo cual ya era un sapo- y después vinieron los catalanes, que también eran rebeldes peligrosísimos con los que todo cabía, si era por guardar el reino. De aquellos polvos ha llegado el mensaje de que cualquier condena penal, de la índole y gravedad que sea, sirve para arrebatarle el acta a un electo y, de ello se sigue que, si consigues una condena leve contra cualquier diputado puedes arrebatarle el mandato que las urnas, el pueblo, la soberanía nacional le dieron. Y eso, señores, en democracia merece una vuelta.
El caso del diputado Alberto Rodríguez, sea del partido rastas o del engominado, es proverbial y aplaudo desde aquí que el Congreso no haya entrado en el juego previsto de dejar que una Junta Electoral -en periodo no electoral y con miembros designados por los partidos, que ya hemos visto a qué mayoría pertenecen- tenga el placer de llevar a destino el objetivo fijado: arrebatar al diputado su sacrosanta acta. Sí, señorías, tan sacrosanta o más sacrosanta que su toga y eso es lo que no terminan de entender. Ustedes pueden ser la pera pero un diputado, directamente, es la repera. Ya me entienden.
De manera que un pleito viejo y abandonado de la Justicia, que ya existía cuando a Rodríguez se le votó ( y que reconocen al aplicar la atenuante cualificadísima de dilaciones indebidas) y una condena de chichinabo, no puede servir para desbaratar el mandato popular de un diputado. Miren, que uno de los suyos recibió un trato magnífico por conducir borracho, una multa aún mayor y retirada del carné, y de ahí se fue inmediatamente a la Audiencia Nacional a juzgar personas. Ahora no, ahora pretenden que una discutible sentencia -dos miembros nos dicen que el in dubio pro reo era lo menos que podían haber aplicado- dictada años después de un incidente, le cueste la representación popular a un diputado.
Lo hicieron con los catalanes y ya me pareció indignante. Un acta otorgada por la representación del pueblo no se puede quitar como se aventa la caspa del hombro negro de una toga. Tiene un significado bien profundo que me preocupa que no respeten ustedes reverencialmente. Esto es muy serio. Primero, porque su condena a Alberto Rodríguez se trastoca en multa obligatoriamente -no recoge el Código Penal la imposición de penas de prisión menores a tres meses- y la suya es de nuevo cuño, de un mes y días. En segundo lugar, porque lo inhabilitan para el derecho de sufragio pasivo por ese tiempo pero resulta que en mes y medio no va a haber elecciones y, por tanto, no podrá presentarse le dejen ustedes y no. Por eso hay que introducir la figura de la "inelegibilidad sobrevenida" que después de una finta y un salto al vacío intelectual quieren convertir en una obligación de perder la representación que ya se obtuvo, ojo, cuando los electores ya sabían que existía ese pleito insignificante por el activismo del votado, ese que precisamente quisieron llevar a representarles.
No pueden pensar que pueden desposeer de sus actas a los representantes del pueblo a troche y moche. Esa "inelegibilidad sobrevenida" es una construcción que algunos dieron por buena cuando les parecía que vascos y catalanes malos merecían el castigo. La lectura gramatical del precepto de la LOREG nada dice de eso. Sabrán ustedes de leyes, pero no nos van a volver locos leyendo en ellas lo que no dicen. Los efectos de la inelegibilidad obrarán cuando haya elección. Así que, si me apuran, el Reglamento del Congreso y su Mesa podrían acordar que no acudiera a la Cámara durante el mes que está suspendido pero pretender que eso sirve para arrebatarle el mandato imperativo recibido del pueblo, es no entender de que va la democracia. Sus excelencias sólo podían condenar -así fuera sin aplicar el imprescindible in dubio- a Alberto Rodríguez a la pena de multa pero le añaden una inhabilitación para presentarse a elecciones que, además, exigen que se convierta en una pérdida de su acta.
Hacen bien los letrados de Cortes -a los que ustedes, como hermanos jurídicos en la dureza de una oposición de la pera, respetan- en afirmar que no hay motivo real para proceder a algo tan drástico en democracia como es cercenar el mandato popular de un diputado. Repito, señorías, un diputado es una deidad en democracia y, sí, mucho más que un juez, que no deja de ser un funcionario al que la Administración le ha dado una plaza sin ningún respaldo de la soberanía popular. Nosotros, el pueblo.
Recuerden.
Así que, como no le ha gustado al Tribunal Supremo que el objetivo final de su injusta sentencia, que no era otro que largar del Congreso al de las rastas, no haya funcionado, se lo han tomado de nuevo como un duelo de poderes. Espero que no se les pase por la cabeza procesar por desobediencia a la Mesa del Congreso, ya lo hicieron con el Parlament y fue inaceptable, pero todo el mundo calló. Si pretenden echarles un pulso a nuestros representantes, al pueblo en realidad, espero que se lo piensen antes. Jueces hay en todos los sistemas políticos, pueblo y soberanía, sólo en los democráticos.
Nosotros, el pueblo.
Nosotros, el pueblo
El pueblo es Su Señoría, no sé si entienden sus señorías. Y tanto que claman por Montesquieu, no olviden nunca que cuando numeró sus poderes, del primero al tercero, no lo hizo por capricho
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El Régimen del 78 se embarra en un pantanal
- Sigamos la línea de puntos que va del embrollo judicial y la cacería de Alberto Rodríguez, a la claudicación de Batet, a los acuerdos con el PP y al nuevo y viejo PSOE de Sánchez. Y ya lo tienen. De momento, porque se suceden los datos sin respiro
- — Batet retira el escaño a Alberto Rodríguez tras las presiones del Supremo y las derechas por su condena
Rosa María Artal
@rosamariaartal
22 de octubre de 2021 23:57h
78
Es como si hubieran perdido hasta el pudor, ya ni disimulan. Asistimos a una progresión de hechos inquietantes y un tanto bochornosos que se suceden sin que nadie les ponga coto, nadie en absoluto de quienes deben y pueden hacerlo. Por eso está ocurriendo. En un marco muy preciso - que tiene un gran papel en la historia- asistimos a una escalada judicial que se ceba -como última cota hasta ahora- en el diputado de Podemos Alberto Rodríguez, al tiempo que se realizan nombramientos verdaderamente obscenos para renovar, dicen, la dirección de las altas instituciones. Los trazos de este pantanal son tan claros que es fácil encontrar el rastro. Solo hay que seguir la línea de puntos.
"Si se persiste en el error, será el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, eso sí a largo plazo, el que vuelva a anular una sentencia que busca instaurar un antidemocrático gobierno de los jueces sobre la totalidad del espectro de los poderes del Estado", asegura José Antonio Martín Pallín, ex fiscal y ex magistrado del Supremo, en un muy razonado artículo. Numerosos juristas de prestigio como él llegan a la misma conclusión. Lo que están haciendo con Alberto Rodríguez es un escándalo, uno más en esa línea.
Están todos los elementos del manual. Sin pruebas concluyentes, según la propia sentencia judicial, sino atendiendo a testimonios policiales, es condenado a 45 días de inhabilitación por hechos sucedidos 8 años atrás. Se le acusó de delito de atentado contra la autoridad y falta o delito leve de lesiones durante una manifestación. Si ya chirría el origen, la cacería actual es de dejar perplejos.
El juez Marchena, asumiendo la representación del Tribunal Supremo, se empecina en echar a Rodríguez del Congreso pese a que la inhabilitación a la que ha sido condenado solo contempla la inelegibilidad y queda anulada con una multa que ha pagado.
Y acude todo el ejército desplegado en estas ocasiones. Pablo Casado vuelve a Bruselas. Va, dice, a "defender a la justicia española frente a diputados delincuentes". Gesto agresivo y obviando la larga lista de latrocinios e impunidades de su partido. Salen todos, hasta la presidenta del partido exiguo, Inés Arrimadas, y toda la ultraderecha. La tropa mediática dispara en primera línea de fuego. Todos, desde los valles televisivos, a los púlpitos radiofónicos y a la prensa de puro papel.
Porque sí, faltaba Batet, Meritxell Batet. La presidenta del Congreso se muestra partidaria de suspender la condición de diputado de Rodríguez como le pide Marchena en otro procedimiento sorprendente. Y lo hace en contra de la mayoría de la Mesa del Congreso, y sobre todo, de los juristas de la Cámara en unanimidad.
Al final, cede en preguntar al Supremo por qué cauces se les ocurre quitarle el acta a Rodríguez. Y Marchena responde a Batet que no cabe aclaración pero evita mencionar la pérdida del escaño. insiste el juez del Supremo en que se ejecute la sentencia pero no explica cómo lo entiende él, si quitándole el escaño, suspendiendolo por un tiempo o qué, para que sea la presidenta del Congreso quien se moje y evitar ser acusado de prevaricación según algunos expertos.
Finalmente Meritxell Batet claudica y cumple la voluntad de Marchena y las derechas: expulsa a Alberto Rodríguez de diputado, le retira el acta. Unidas Podemos se ha querellado contra ella por prevaricación. En esas denuncias que gestionará la justicia española.
Batet ha quedado marcada, y no solo ella porque dudosamente es suya solo la decisión tan trascendente. La prensa conservadora le daba palmaditas de apoyo y presión a un tiempo. El dilema de Batet, le decían varios medios, es cumplir con la ley… o con los socios de Sánchez.
¿Quiénes son a estas alturas los socios de Sánchez, por cierto? Los partidarios del mal menor que se entusiasman a la menor brizna de indicio se congratulan de que PSOE y PP hayan llegado a un acuerdo para renovar las instituciones, para eso que llaman renovar.
Han sido cuatro, menos el Poder Judicial (CGPJ) que es la traca final. Al Tribunal Constitucional manda el PP nada menos a Concha Espejel, "querida Concha" como la llamó Cospedal, recusada en el Tribunal de la Gürtel por su afinidad manifiesta con el PP, y a Enrique Arnaldo, un catedrático que maniobró con Ignacio González y que aparece él mismo en el sumario del caso Lezo. Estuvo también imputado por sobornar a Jaume Matas, pero la causa fue archivada por prescripción a pesar de que el Juez José Castro acreditó la existencia de ese contrato. A los propuestos por el PSOE, Ramón Sáez Valcárcel e Inmaculada Montalbán, no les oponen grandes pegas desde la derecha, salvo que él es "el preferido de Podemos". García Egea declara: gracias al PP no queda "atisbo de politización" en los órganos constitucionales renovados. En serio. Y así distrae al personal.
También hay aplausos generales para el nombramiento de Ángel Gabilondo como Defensor del Pueblo, el sereno filósofo sin duda alguna que, sin embargo, vio crecer a Ayuso al infinito en su nula oposición.
Hasta tres años ha costado llegar a estas esplendorosas renovaciones que no dejan de seguir la estela de lo ocurrido con el Consejo de RTVE en el que -en este caso todos los partidos- votaron lo acordado incluyendo por el PP a Carmen Sastre y Jenaro Castro (éste con un flamante cero en su proyecto para el cargo), dos de los más señalados profesionales de la manipulación. Amén de algún otro submarino.
Y siguiendo la línea de puntos llegamos al marco: el reciente Congreso de la unidad y la reconciliación del PSOE. Han pasado cuatro años de aquel que defenestró con escarnio a Pedro Sánchez un 1 de octubre –fecha de grandes acontecimientos-. Y ahí está Felipe González, el expresidente que orquestó ese derribo de Sánchez en compañía de otros. Ya desde enero de 2016 se puso en acción: González reunirá a la vieja guardia para frenar a Sánchez, se dijo y se hizo.
En 2021, González acude a apoyar al presidente Sánchez. Y el presidente Sánchez, avalado por el éxito por el que tanto luchó, indulta a quienes le traicionaron, incluido un Antonio Hernando que parecía irrecuperable con su defensa de dejar gobernar a Rajoy y… no querer a Podemos por nada del mundo, lo que implicaba quedarse en la oposición. ¿Qué ha pasado? Además de lo que Pedro Sánchez considera su misión histórica en la reivindicación del PSOE que camina hacia su siglo y medio de trayectoria.
Lo diré en palabras del periodista de La Vanguardia Enric Juliana, lo resume a la perfección: "En casa de los militantes socialistas ya no preocupa el hijo que vota a Podemos. Ahora el tema de conversación es el primo que simpatiza con Vox y los compañeros de trabajo que van a votar a Santiago Abascal".
Sigamos la línea ya que va del embrollo judicial y la cacería de Alberto Rodríguez, la claudicación de Batet, a los acuerdos con el PP y el nuevo y viejo PSOE de Sánchez. Y ya lo tienen. De momento, porque se suceden los datos sin respiro. Antes de la agitada tarde de este viernes, Unidas Podemos pide una reunión urgente al PSOE. Y explican que es por la "intromisión" de Calviño en la derogación de la reforma laboral.
La vicepresidenta del PSOE no es partidaria de derogar completa la del PP y ha declarado que "la negociación se inicia realmente ahora". Los socios minoritarios del Gobierno lo entienden como un incumplimiento del acuerdo pactado y como una "injerencia" en el diálogo social desplegado desde hace cinco meses. Pedro Sánchez desde Bruselas respalda el papel de Nadia Calviño en la reforma laboral y niega que haya intromisión: "Afecta a cinco ministerios", dice. Luego Calviño escribe a Yolanda Díaz y le dice que el asunto de la Reforma Laboral lo coordina ella. Se está mascando una crisis grave.
Recordemos que Yolanda Díaz es la política más valorada según el CIS y anda gestionando un bloque electoral de izquierda.
Está el dinero de la UE y la supuesta tendencia europea hacia la socialdemocracia con los ojos puestos en nuestra Alemania de siempre. Aunque el socialdemócrata haya ganado por un puñado de puntos y sea considerado más heredero de Merkel que el candidato de la CDU, y se perfile como ministro de Hacienda un miembro del coaligado partido liberal que quería echar a Grecia de la UE. En Italia también le han dado un buen sopapo a la ultraderecha, pero solo fueron a votar el 44% de los electores.
España es diferente y todos lo deberíamos saber. El PP está presidido por Pablo Casado, un señor que cree haber logrado un sorpasso al PSOE como le dijo a Carlos Alsina ¡en solo dos años!, esos dos años, porque se ha creído las encuestas que le fabrican ad hoc. Ese presidente del PP que va a Bruselas día sí y día no para sembrar desconfianza en España por puro interés... en los fondos UE. El que puso en peligro el proceso para el fin de ETA, como afirmó con datos el mediador británico Jonathan Powell. El que sí logró José Luis Rodríguez Zapatero, que hoy conserva su gran humanidad.
Pero a Felipe González le gusta mucho más Pablo Casado que ningún líder de la izquierda, normalmente sus diatribas son contra estos últimos. Orgulloso de su legado, aduce que todo el mundo que ha hecho algo sin vivir del cuento lleva una mochila –de esas cerradas y opacas-, lo importante es el legado, por eso pide que vuelva Juan Carlos I y que se respete su presunción de inocencia porque quien no lo haga es "anticonstitucionalista". Las mochilas pesan tanto que relajan la ética.
La añoranza por el Régimen del 78 –forzado a firmarse con algunas trampas- ciega a la España que manda hoy. La que ignora que se dejó impune el fascismo criminal, revitalizado hoy con la ayuda de sus diferentes tropas. Y que ni siquiera prevé quién pierde más en los juegos de trileros. Ojalá no sea lo que parece y nadie menosprecie las capacidades para salir triunfante de una lucha en el barro. Al final se va a por lana, y se sale trasquilado, desnudo y enfangado. Un error de cálculo puede sentar a la ultraderecha en La Moncloa, pero no lo pagará ninguno de quienes lo han propiciado
Espabilen.
El Régimen del 78 se embarra en un pantanal
Sigamos la línea de puntos que va del embrollo judicial y la cacería de Alberto Rodríguez, a la claudicación de Batet, a los acuerdos con el PP y al nuevo y viejo PSOE de Sánchez. Y ya lo tienen. De momento, porque se suceden los datos sin respiro
www.eldiario.esJueces contra la democracia: el Supremo, Alberto Rodríguez y el "error" Batet
24/10/2021
El tribunal del juicio del 'procés', con Manuel Marchena en medio. - EFE/ACNLa persecución al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez tiene toda la lógica del mundo. No caben ingenuidades. Las élites juegan a la democracia sólo si ganan. Es cierto que todas las complejidades internas que tienen las élites pueden permitir operar en las grietas. Pero no es sencillo. Las élites siempre son asustadizas y no descansan. Y tienen muchos mercenarios. Llegado el caso, pueden tolerar que el gobierno exprese una mayoría social progresista pero sólo si las reglas esenciales de su poder no se tocan.
La entrada de Podemos en el Gobierno de España ha quebrado una línea roja para los que ganaron la guerra del 36, para los que se inventaron a Ciudadanos y luego a Vox, para los que metieron en la Constitución el juego electoral bipartidista, para los que disciplinaron el 23F a los socialistas más coherentes, para los defensores de Juan Carlos I, Felipe VI y la infanta Leonor, para los que nos metieron en Europa desmantelando nuestra industria, para los que nos metieron en la guerra de Irak, para los que montaron los GAL y la Triple A y asesinaron a los abogados de Atocha, para los que ahora quieren quedarse con todos los fondos europeos de recuperación. Para los que querían a Alberto Rodríguez fuera del Parlamento, igual que a cualquier persona de Podemos fuera de la política. ¿Que vais a poner en cuestión nuestros privilegios? Pues mirad lo que os va a pasar.
En España, como en el resto del planeta, se está librando una batalla entre una nueva lógica democrática y el viejo régimen neoliberal. Desgraciadamente, el PSOE ha sido uno de los bastiones de la reconfiguración del capitalismo global, que leyó de manera conservadora la caída del capitalismo organizado en 1973 y obró en esa línea cuando llegó al poder en 1982. Las empresas públicas en España, las remató el PP pero la herida la había abierto el PSOE.
El nombramiento de su hija como fiscal, otra victoria del juez Marchena
Cuando las fuerzas de la derecha no bastan para garantizar el statu quo, siempre recurren a sectores de la socialdemocracia dispuestos a mantener la obediencia. Siempre ha habido dos almas en el PSOE y algunos de sus líderes podían haber estado en el PP salvo por el tufo franquista tan hediondo que siempre ha tenido la derecha española. Felipe González siempre apostó por una gran coalición entre el PSOE y el PP. ¿Ha terminado ganando finalmente González el último Congreso socialista?
El nacimiento del movimiento indignado, del que forma parte Podemos, al igual que las primaveras árabes, occupy Wall Street y Bernie Sanders, Syriza o Melenchon, y antes, en el cambio del siglo, las anticumbres del G7, las protestas contra la globalización, la creación del Foro Social Mundial, Chávez, Kirchner, Correa, Morales o Lula Da Silva, son la expresión del agotamiento del ciclo neoliberal.
El juez Marchena responde al Congreso que la inhabilitación de Alberto Rodríguez es "obligada"
En cada país, esa lucha toma sus propios contornos y los zarpazos de la bestia herida neoliberal –la que vendió las empresas públicas, desreguló la economía y el trabajo, entregó los países a las finanzas internacionales, depredó el medio ambiente y precarizó la vida- harán más o menos daño en virtud del músculo democrático de cada país.
En ese equilibrio no fue igual la respuesta en Portugal, con un líder moral como Mario Soares, que fue inclinándose a la izquierda con los años, que en España, con Felipe González como guía de los intereses mafiosos de capitales internacionales –incluso blanqueó a Pinochet- siendo la referencia de los socialistas españoles.
Si miramos la evolución de los derechos de ciudadanía civiles, políticos y sociales, de los que hoy estamos orgullosos y están escritos en nuestras constituciones, siempre han tenido detrás revoluciones. Y siempre que ha habido avances en derechos, siempre ha habido una respuesta reaccionaria. Siempre que se han abierto caminos para las mayorías, siempre las minorías han usado todas las herramientas a su disposición –todas- para frenar su pérdida de privilegios que implicaba la extensión de los derechos.
Batet cede a la presión del Supremo y retira el escaño a Alberto Rodríguez
Por eso crecieron los movimientos reaccionarios tras la revolución francesa, tras las revoluciones del siglo XIX, tras la revolución rusa o el mayo del 68. Ahora, tras casi cincuenta años de consternación en la izquierda, de ensayos y errores, de victorias breves y breves derrotas, un nuevo proceso histórico parece abrirse paso, una izquierda diferente a la del siglo XX, feminista, ecologista, adecuada al capitalismo cognitivo y financiero del siglo XXI, más horizontal, acostumbrada a las redes sociales. Y el antiguo régimen está dando zarpazos.
El neoliberalismo necesita el combustible de muchas vidas para que Jeff Bezos pueda darse un paseo por el espacio o para que Marcos de Quinto comprase otra televisión. Con tanta desigualdad, los pueblos terminan despertando. En esa lucha entre el modelo neoliberal y el viejo orden en España hay que entender por qué una dirigente del PSOE, Meritxell Batet, malbaratando la autonomía del Parlamento, haya quitado el escaño a un diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, tras un juicio 'fake' y una intromisión del poder judicial afín al PP en el poder legislativo, sede de la soberanía popular. La del pueblo. De la que se ha reído el juez Marchena con el comportamiento ridículo de la presidenta Batet.
La condena de Alberto Rodríguez provoca una nueva bronca entre los poderes del Estado
Todo lo que tiene de 'fake' el juicio y la retirada del escaño del diputado canario Alberto Rodríguez la han resumido ya muchos juristas, jueces y magistrados. Un juicio durante una protesta contra la ley Wert que se pone en marcha mucho tiempo después de los hechos, cuando Rodríguez ya es diputado de Podemos, causando extrañeza que no fuera detenido en su momento ni requerido policial ni judicialmente, un juicio que demostraba con pruebas audiovisuales que Rodríguez no estaba en los disturbios, un policía contradiciéndose en su declaración judicial, un juicio basado en la mera acusación de un policía sin parte de lesiones, una pena principal de 45 días sustitutiva, como lo manda la ley, por una multa, y una pena accesoria de inhabilitación a sufragio pasivo mientras dura la condena, es decir, a no poderse presentar a un cargo público en esos 45 días -pena accesoria que desaparece cuando el pago de la multa finiquita la pena principal-, el señalamiento en la condena de que la inhabilitación es la del artículo 44 –que no lleva implícita la pérdida del cargo- y no la del artículo 42 –que lleva a perder el cargo-, la astucia del juez de no mencionar el artículo concreto de la inhabilitación para evitar la acusación de prevaricación y, finalmente, la amenaza y burla al Parlamento, en la figura de la presidenta Meritxell Batet, al traspasarle la responsabilidad después de un mensaje más propio de una película de extorsionadores que del máximo tribunal español.
Que el juez Marchena está vinculado a la derecha no es nuevo. Ya se ha repetido que se trata del juez con el que el entonces portavoz del PP en el Senado tranquilizaba a los corruptos de su partido tras el reparto con el PSOE del CGPJ: "ha sido una jugada estupenda (…). Y además controlando [con el juez Marchena] la Sala Segunda por detrás". Un juez que ha perdido toda apariencia de neutralidad y que, por tanto, debiera abstenerse de cualquier juicio que afectara a la izquierda.
No es extraño que el caducado y, por tanto, ilegítimo CGPJ haya salido, por supuesto sin unanimidad -porque aún hay jueces decentes-, a disparar contra la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, por su crítica a la decisión. Dice el mil días caducado y no renovado por intereses de la derecha CGPJ que las palabras de Belarra hablando de "prevaricación" generan "una sospecha inaceptable respecto del proceder del más alto tribunal de la Nación". ¿Es que no ha habido jueces prevaricadores? ¿Es que no ha habido jueces arrogantes y borrachos quebrando la ley? ¿Es que no ha habido jueces que han cobrado dinero por soltar a narcos? ¿Es que no ha habido jueces cuyas sentencias eran a sabiendas injustas dictadas para beneficiar a sus amigos? ¿Es que no ha habido jueces que han intentado sobornar a testigos para atacar a otros jueces de otro signo político? ¿Es que no ha habido jueces que han encarcelado a titiriteros y otros que han visto normal el asedio a la casa de ministros de Podemos? ¿Es que no hay jueces que no ven delito en atropellar a guardias civiles y otros que ven delito en una pelea de bar? En estos casos, ¿dónde estaba el CGPJ? El CGPJ caducado e ilegítimo...
Lo que ha hecho Meritxell Batet es inaceptable y hace bien Alberto Rodríguez al querellarse por prevaricación, igual que hace bien Unidas Podemos llevando el caso a Europa. Porque lo que ha hecho genera una enorme inquietud al golpear al derecho constitucional de participación política. ¿Por qué la socialista Batet ha seguido las sugerencias de Marchena? ¿Apego a las normas? (¡Pero cómo si los letrados de las Cortes han dicho lo contrario! ¿O los informes de los letrados solo sirven para exonerar al emérito?). ¿Cobardía? ¿Amistad personal con el juez? ¿Una decisión premeditada de golpear a Unidas Podemos? ¿Parte del acuerdo con el PP de renovación de los cargos institucionales pendientes? Cualquier duda al respecto es legítima, porque la decisión es gravísima. ¿Cómo es posible que el Congreso de los Diputados permita que el Tribunal Supremo exceda sus competencias y le dicte al Parlamento cómo debe interpretar las normas electorales? ¿Pero quién se creen que son?
La decisión del Tribunal Supremo vuelve a golpear a la credibilidad de la Justicia, al igual que tantas sentencias o la reciente elección para el Tribunal Constitucional de jueces en su día imputados y claramente afines al PP (qué tiempos los de Manuel García Pelayo, Francisco Tomás y Valiente o Francisco Rubio Llorente). Estos jueces conservadores y parciales son parte de los que quieren mantener el viejo orden e impedir la superación del modelo neoliberal. Si no vencen en las urnas y la manipulación mediática no basta, es el momento de los jueces. Que en la historia ha precedido al momento de los militares. ¿O alguien cree que es gratuito el acercamiento de Vox a los sectores más reaccionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? Malos tiempos para la democracia.
Dijo la discípula de Aznar en la FAES, portavoz y diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo que los jueces iban a ser el último freno al Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos. Parece que sabe lo que decía. Ganan batallas. Aunque la reacción no cuenta con que hay gente en España a la que hace tiempo que se le fue el miedo. Y a la espera de que Europa vuelva a recordarles que les siguen oliendo los pies a franquismo.
Jueces contra la democracia: el Supremo, Alberto Rodríguez y el "error" Batet
"¿Por qué la socialista Batet ha seguido las sugerencias de Marchena? ¿Apego a las normas? ¿Cobardía? ¿Una decisión premeditada de golpear a Unidas Podemos?". Un artículo de Juan Carlos Monedero.
blogs.publico.esCómo opera la guerra jurídica en España
Por
Javier Lezaola.
25 de octubre de 2021 23:00
Meritxell Batet, presidenta del Congreso; detrás, Manuel Marchena y otros magistrados del Tribunal Supremo
La del ‘lawfare’ o guerra jurídica en España es una historia en la que confluyen una monarquía restaurada por un general golpista, una Transición no tan “pacífica” ni tan “modélica” como pretende el relato oficial, un antiguo secretario general del PSOE y del Gobierno central del que informes oficiales de la CIA aseguran que “acordó la creación de un grupo de mercenarios, controlado por el Ejército, para combatir fuera de la ley a terroristas”, los tres poderes clásicos del Estado y alguno más, y por supuesto lo que define al ‘lawfare’: el uso y abuso de “procedimientos judiciales de aparente legalidad” con el objetivo de “desprestigiar y provocar el rechazo popular y finalmente la caída de un rival político”, una guerra jurídica que en el ámbito judicial engloba sobre todo las querellas, a quienes las interponen con fines oscuros y a quienes las utilizan –es el caso de algunos fiscales y algunos jueces– con fines no menos oscuros. Todos ellos son los principales ingredientes de la guerra jurídica que el pasado viernes arrebató su escaño al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, cuya historia seguramente está escrita desde que fue llamado a declarar por su participación en una protesta contra los recortes celebrada en 2014 y en la que no fue detenido ni siquiera identificado y de la que no constan pruebas objetivas sobre lo que se le ha acusado para condenarlo.
Es generalmente aceptado que donde no hay división de poderes no hay Constitución, por eso todos los textos constitucionales –también la Constitución española de 1978– consagran la división de poderes. Pero ¿en España hay una división de poderes digna de tal nombre? El caso de Alberto Rodríguez ha vuelto a evidenciar que no, y ello obedece en gran parte a la naturaleza de un régimen, el del 78, que es heredero directo del franquismo.
En España, los tres poderes clásicos del Estado –Legislativo (Parlamento), Ejecutivo (Gobierno) y Judicial (Justicia)– están mediatizados por la clave de bóveda del régimen del 78: la monarquía, restaurada por el general golpista Francisco Franco a su muerte en 1975.
Sobre el Legislativo, la propia Constitución establece que las Cortes Generales –formadas por el Congreso y el Senado– “son inviolables” y “representan al pueblo español”, en el que “reside la soberanía nacional” y del que “emanan los poderes del Estado”.
Catedráticos de Derecho Constitucional como Javier Pérez Royo suelen recordar que en el constitucionalismo europeo posterior a la II Guerra Mundial se expresa sin ninguna ambigüedad que del pueblo de cada Estado emanan “todos los” y no sólo “los” poderes de ese Estado. ¿Por qué, sin embargo, en España del pueblo emanan sólo “los” y no “todos los” poderes del Estado, como pasa en el resto de Europa? Teniendo en cuenta que en una Constitución todo –hasta la última coma– está medido, ¿por qué el constituyente español no quiso o no pudo escribir “todos los” y escribió sólo “los” poderes del Estado? No cabe otra explicación que por dejar al margen de “los poderes del Estado” que “emanan del pueblo” a la monarquía, restaurada por Franco a su muerte.
Esa calculada ambigüedad y esa permanente tensión entre el principio democrático –relativo al pueblo, en el que “reside la soberanía nacional” y que está representado en el Legislativo– y el principio monárquico –relativo a la monarquía, restaurada por Franco– recorre toda la Constitución y afecta a los tres poderes clásicos, entre otras cosas por eso catedráticos de Derecho Constitucional como el propio Pérez Royo suelen destacar que, desde principios del siglo XIX hasta la actualidad, la monarquía nunca ha dejado de ser “el problema constitucional más importante con el que ha tenido que enfrentarse la sociedad española en el proceso de construcción de su Estado constitucional”.
Al hilo, cabe recordar que en el resto de Europa el fascismo fue derrotado, mientras que en España el fascismo triunfó de la mano de Franco –apoyado por Hitler y Mussolini–, que a su muerte en 1975 restauró la monarquía en la persona de Juan Carlos I y sus herederos, restauración refrendada tres años después por la Constitución española de 1978, que –a diferencia de las del resto de Europa– establece que en España no emanan del pueblo “todos los” poderes del Estado sino sólo “los” poderes del Estado”.
El primer Gobierno de coalición
Sobre el Ejecutivo –que, como el Legislativo, emana del pueblo, aunque no directamente sino precisamente a través del propio Legislativo–, en la actual legislatura se ha producido algo inédito en el régimen del 78: el primer Gobierno de coalición de ámbito estatal, es decir el fin del turnismo bipartidista que caracterizó la I Restauración borbónica de Cánovas y Sagasta y que ha caracterizado también la II Restauración borbónica –la actual, impuesta por Franco– desde el principio del régimen del 78 hasta después de las elecciones generales de noviembre de 2019. La ruptura de esa cláusula de exclusión histórica –que consiste básicamente en que lo que PSOE y PP llaman “los comunistas” (aunque tengan programas socialdemócratas, pues socialdemócrata es el programa de Podemos y aún más socialdemócratas fueron los programas de PCE e IU) no pudieran acceder al Gobierno central–, y sobre todo la progresiva incorporación de las izquierdas catalana de ERC y vasca de EH Bildu al bloque de profundización democrática en pugna por la dirección de Estado, han aumentado las tensiones con el bloque monárquico y reaccionario liderado políticamente por el PP –refundación de Alianza Popular, partido fundado por seis ministros de Franco y un procurador en las Cortes franquistas– y su escisión ultraderechista, Vox.En esa cada vez más indisimulada tensión entre bloques, la clave es el PSOE, que brujuleaba entre ambos desde que un Pedro Sánchez renacido de sus cenizas les ganara las primarias a la Secretaría General del partido a todas las cloacas del PSOE. Sin embargo, la vuelta de Felipe González y los suyos a la sala de máquinas no sólo del partido sino también de la Presidencia del Gobierno –en una clara operación de régimen– ha anticipado actuaciones como la de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que el pasado viernes le arrebataba su escaño, sin causa justificada –como este lunes reconoce ya hasta el diario ‘El País’–, a Alberto Rodríguez.
Sobre el Judicial, España también tiene particularidades con respecto al resto de Europa –como en el Ejército, en la Guardia Civil en la Policía o en el resto de grandes fuerzas del Estado, en el poder Judicial no se produjo ninguna depuración en la Transición del franquismo al régimen del 78; basta recordar que el mismo día en que se disolvió el Tribunal de Orden Público (el 4 de enero de 1977) se creó la Audiencia Nacional, en muchos casos manteniendo a los mismos jueces–, y la propia Constitución española de 1978 también tiene particularidades con respecto al resto de las constituciones europeas.
Según la Constitución, la Justicia “emana del pueblo” pero “se administra en nombre del rey”. Más ambigüedad calculada. Ambigüedad calculada como la del oficio que el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo –la Sala de lo Penal del más alto de los tribunales de justicia de España–, Manuel Marchena, envió a Batet para pedirle, sin hacerlo expresamente, que arrebatara el escaño a Alberto Rodríguez, y Batet lo hizo sin que Marchena se lo pidiera expresamente y contra el informe de los servicios jurídicos del propio Congreso, la Cámara legislativa que ella misma preside.
Por si fuera poco, Marchena –el magistrado a través del cual el PP pretendía controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo “por la puerta de atrás”– envió el oficio a Batet a través del presidente del CGPJ –órgano de gobierno del poder judicial en España–, Carlos Lesmes, que fue alto cargo político del Ministerio de Justicia durante los ocho años de Gobierno del PP de José María Aznar. Tanto el CGPJ como el propio Lesmes llevan casi tres años caducados porque el PP se niega a permitir su renovación en cumplimiento tanto de la Constitución como de la ley orgánica LOPJ. ¿Por qué se niega? Para que el CGPJ no refleje la actual mayoría existente tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo.
El “último dique de contención”
Lo advirtió la ultra Cayetana Álvarez de Toledo al despedirse de su cargo de portavoz del PP en el Congreso el pasado año 2020: la justicia es el “último dique de contención” de PP y Vox tanto frente al bloque de investidura como frente al Gobierno de coalición. Es obligado relacionar aquellas palabras de Álvarez de Toledo con el escaño en el Congreso que Marchena acaba de arrebatársele a Alberto Rodríguez vía Batet, sólo que el PSOE –aunque es el partido que encabezó el bloque de investidura y encabeza el Gobierno de coalición– se ha posicionado esta vez –a través de Batet pero sobre todo empujado por Felipe González– con el bloque monárquico y reaccionario y contra el bloque de profundización democrática del que presuntamente forma parte tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo.La guerra jurídica que ha arrebatado su escaño a Alberto Rodríguez involucra a los tres poderes clásicos del Estado: el Judicial –que es el sujeto activo–, el Legislativo –del que forman parte tanto el diputado de Unidas Podemos al que le han arrebatado el escaño como la diputada del PSOE, presidenta del Congreso, que se lo ha arrebatado– y el Ejecutivo, precisamente el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos contra el que Álvarez de Toledo dijo que la Justicia es el “último dique de contención”. Y es que, además de contra Rodríguez y contra las decenas de miles de canarios que lo votaron en las elecciones generales de noviembre de 2019, el ‘lawfare’ iba dirigido de forma inmediata contra el Legislativo y de forma mediata contra el Ejecutivo, ambos de mayoría progresista… o presuntamente progresista, pues el PSOE ha colaborado directamente con la guerra jurídica.
En cuanto a la monarquía y más concretamente en cuanto a Felipe VI –en cuyo nombre “se administra la Justicia” pero cuya persona “es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”, según la Constitución–, tampoco son ajenos al caso. De hecho, no parece casual –entre otras cosas, porque en el régimen del 78 casi nada lo es– que Marchena enviara su oficio a Batet y que Batet arrebatara su escaño a Alberto Rodríguez el pasado viernes, el mismo día de la entrega de los Premios Princesa de Asturias, que concede la heredera de la Corona, Leonor de Borbón, sucesora de Felipe VI, sucesor a su vez de Juan Carlos I, sucesor a su vez de Franco, el restaurador de la dinastía. Nada más arrebatarle el escaño a Alberto Rodríguez, Batet –del PSOE y toda una presidenta del Congreso y de las Cortes, que “representan al pueblo español”, en el que “reside la soberanía nacional” y del que “emanan los poderes del Estado”– voló a Oviedo a rendir pleitesía a la monarquía y a toda la familia del rey, en la que sólo faltaba Juan Carlos I, que sigue recluido en Abu Dabi, aunque Felipe González –que es el gran muñidor de toda esta operación– pretende traerlo pronto de vuelta a España.
Sin embargo, ni los tres poderes clásicos del Estado más la monarquía restaurada por Franco más Felipe González completan este puzle al que le faltan otras dos grandes piezas muy relacionadas entre sí: el poder mediático y el poder económico.
Y es que un caso de ‘lawfare’ como el que le ha arrebatado el escaño a Alberto Rodríguez no habría sido posible sin que el poder mediático –conocido como el cuarto poder, sólo por detrás del Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial– hubiera presionado como lo ha hecho con un doble objetivo: convencer a la opinión pública de que Rodríguez había sido condenado a dejar su escaño –lo cual es absolutamente falso, según todas las fuentes jurídicas consultadas– y presionar a Batet para que se lo arrebatara, que es lo que hizo. Lo que los medios de comunicación del resto de Europa seguramente estaría considerando un escándalo y combatiendo, los medios de comunicación de España –con pocas excepciones– no sólo están poniéndose de perfil o incluso aplaudiéndolo sino que han constituido una de las piezas clave para ejecutarlo.
Con el poder mediático en España pasó algo parecido a lo que pasó con el Judicial o con el Ejército, la Guardia Civil o la Policía: en la Transición del franquismo al régimen del 78 no se produjo ninguna depuración y muchos de sus miembros pasaron de un día para otro de propagandistas del franquismo a propagandistas del régimen del 78, a cuyo relato oficial han sido y son como poco tan fieles como el propio rey o como el propio Felipe González, que –desbocado– el fin de semana pasado en el 40º congreso federal del PSOE reivindicaba abiertamente del régimen del 78 hasta la etiqueta.
Más de cuatro décadas después de aquella Transición ni tan “pacífica” ni tan “modélica” como se cuenta, la propiedad de los grandes medios de comunicación y su progresiva concentración –están concentrados cada vez en menos manos, y esas manos generalmente son las de bancos y fondos de inversión– ha hecho el resto para que el poder mediático español presente el panorama que presenta. Una cuestión directamente relacionada con el último de los elementos de esta historia: el poder económico. El último de los elementos, pero no precisamente el menos importante.
Cómo opera la guerra jurídica en España
La del ‘lawfare’ o guerra jurídica en España es una historia en la que confluyen una monarquía restaurada por un general golpista, una Transición no tan “pacífica” ni tan “modélica” como pretende el relato oficial, un antiguo secretario general del PSOE y del Gobierno central del que informes...
luhnoticias.esLa mujer del Cesar aparte de ser honesta tiene que parecerlo.
Aquí estamos en un país mediocre democráticamente hablando por no darle otra calificación menor, al albur de lo que digan unos jueces aunque sea prevaricando, que dado el caso de que se recurra a Europa llegará ya tarde la corrección y la pena la habrá cumplido el penado, o a lo mejor quieren repetir el juicio injusto según el tribunal europeo después de haber cumplido la pena.
Es que España se ha convertido en Españistan.
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Jueces contra la democracia: el Supremo, Alberto Rodríguez y el "error" Batet
24/10/2021
La persecución al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez tiene toda la lógica del mundo. No caben ingenuidades. Las élites juegan a la democracia sólo si ganan. Es cierto que todas las complejidades internas que tienen las élites pueden permitir operar en las grietas. Pero no es sencillo. Las élites siempre son asustadizas y no descansan. Y tienen muchos mercenarios. Llegado el caso, pueden tolerar que el gobierno exprese una mayoría social progresista pero sólo si las reglas esenciales de su poder no se tocan.
La entrada de Podemos en el Gobierno de España ha quebrado una línea roja para los que ganaron la guerra del 36, para los que se inventaron a Ciudadanos y luego a Vox, para los que metieron en la Constitución el juego electoral bipartidista, para los que disciplinaron el 23F a los socialistas más coherentes, para los defensores de Juan Carlos I, Felipe VI y la infanta Leonor, para los que nos metieron en Europa desmantelando nuestra industria, para los que nos metieron en la guerra de Irak, para los que montaron los GAL y la Triple A y asesinaron a los abogados de Atocha, para los que ahora quieren quedarse con todos los fondos europeos de recuperación. Para los que querían a Alberto Rodríguez fuera del Parlamento, igual que a cualquier persona de Podemos fuera de la política. ¿Que vais a poner en cuestión nuestros privilegios? Pues mirad lo que os va a pasar.
En España, como en el resto del planeta, se está librando una batalla entre una nueva lógica democrática y el viejo régimen neoliberal. Desgraciadamente, el PSOE ha sido uno de los bastiones de la reconfiguración del capitalismo global, que leyó de manera conservadora la caída del capitalismo organizado en 1973 y obró en esa línea cuando llegó al poder en 1982. Las empresas públicas en España, las remató el PP pero la herida la había abierto el PSOE.
El nombramiento de su hija como fiscal, otra victoria del juez Marchena
Cuando las fuerzas de la derecha no bastan para garantizar el statu quo, siempre recurren a sectores de la socialdemocracia dispuestos a mantener la obediencia. Siempre ha habido dos almas en el PSOE y algunos de sus líderes podían haber estado en el PP salvo por el tufo franquista tan hediondo que siempre ha tenido la derecha española. Felipe González siempre apostó por una gran coalición entre el PSOE y el PP. ¿Ha terminado ganando finalmente González el último Congreso socialista?
El nacimiento del movimiento indignado, del que forma parte Podemos, al igual que las primaveras árabes, occupy Wall Street y Bernie Sanders, Syriza o Melenchon, y antes, en el cambio del siglo, las anticumbres del G7, las protestas contra la globalización, la creación del Foro Social Mundial, Chávez, Kirchner, Correa, Morales o Lula Da Silva, son la expresión del agotamiento del ciclo neoliberal.
El juez Marchena responde al Congreso que la inhabilitación de Alberto Rodríguez es "obligada"
En cada país, esa lucha toma sus propios contornos y los zarpazos de la bestia herida neoliberal –la que vendió las empresas públicas, desreguló la economía y el trabajo, entregó los países a las finanzas internacionales, depredó el medio ambiente y precarizó la vida- harán más o menos daño en virtud del músculo democrático de cada país.
En ese equilibrio no fue igual la respuesta en Portugal, con un líder moral como Mario Soares, que fue inclinándose a la izquierda con los años, que en España, con Felipe González como guía de los intereses mafiosos de capitales internacionales –incluso blanqueó a Pinochet- siendo la referencia de los socialistas españoles.
Si miramos la evolución de los derechos de ciudadanía civiles, políticos y sociales, de los que hoy estamos orgullosos y están escritos en nuestras constituciones, siempre han tenido detrás revoluciones. Y siempre que ha habido avances en derechos, siempre ha habido una respuesta reaccionaria. Siempre que se han abierto caminos para las mayorías, siempre las minorías han usado todas las herramientas a su disposición –todas- para frenar su pérdida de privilegios que implicaba la extensión de los derechos.
Batet cede a la presión del Supremo y retira el escaño a Alberto Rodríguez
Por eso crecieron los movimientos reaccionarios tras la revolución francesa, tras las revoluciones del siglo XIX, tras la revolución rusa o el mayo del 68. Ahora, tras casi cincuenta años de consternación en la izquierda, de ensayos y errores, de victorias breves y breves derrotas, un nuevo proceso histórico parece abrirse paso, una izquierda diferente a la del siglo XX, feminista, ecologista, adecuada al capitalismo cognitivo y financiero del siglo XXI, más horizontal, acostumbrada a las redes sociales. Y el antiguo régimen está dando zarpazos.
El neoliberalismo necesita el combustible de muchas vidas para que Jeff Bezos pueda darse un paseo por el espacio o para que Marcos de Quinto comprase otra televisión. Con tanta desigualdad, los pueblos terminan despertando. En esa lucha entre el modelo neoliberal y el viejo orden en España hay que entender por qué una dirigente del PSOE, Meritxell Batet, malbaratando la autonomía del Parlamento, haya quitado el escaño a un diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, tras un juicio 'fake' y una intromisión del poder judicial afín al PP en el poder legislativo, sede de la soberanía popular. La del pueblo. De la que se ha reído el juez Marchena con el comportamiento ridículo de la presidenta Batet.
La condena de Alberto Rodríguez provoca una nueva bronca entre los poderes del Estado
Todo lo que tiene de 'fake' el juicio y la retirada del escaño del diputado canario Alberto Rodríguez la han resumido ya muchos juristas, jueces y magistrados. Un juicio durante una protesta contra la ley Wert que se pone en marcha mucho tiempo después de los hechos, cuando Rodríguez ya es diputado de Podemos, causando extrañeza que no fuera detenido en su momento ni requerido policial ni judicialmente, un juicio que demostraba con pruebas audiovisuales que Rodríguez no estaba en los disturbios, un policía contradiciéndose en su declaración judicial, un juicio basado en la mera acusación de un policía sin parte de lesiones, una pena principal de 45 días sustitutiva, como lo manda la ley, por una multa, y una pena accesoria de inhabilitación a sufragio pasivo mientras dura la condena, es decir, a no poderse presentar a un cargo público en esos 45 días -pena accesoria que desaparece cuando el pago de la multa finiquita la pena principal-, el señalamiento en la condena de que la inhabilitación es la del artículo 44 –que no lleva implícita la pérdida del cargo- y no la del artículo 42 –que lleva a perder el cargo-, la astucia del juez de no mencionar el artículo concreto de la inhabilitación para evitar la acusación de prevaricación y, finalmente, la amenaza y burla al Parlamento, en la figura de la presidenta Meritxell Batet, al traspasarle la responsabilidad después de un mensaje más propio de una película de extorsionadores que del máximo tribunal español.
Que el juez Marchena está vinculado a la derecha no es nuevo. Ya se ha repetido que se trata del juez con el que el entonces portavoz del PP en el Senado tranquilizaba a los corruptos de su partido tras el reparto con el PSOE del CGPJ: "ha sido una jugada estupenda (…). Y además controlando [con el juez Marchena] la Sala Segunda por detrás". Un juez que ha perdido toda apariencia de neutralidad y que, por tanto, debiera abstenerse de cualquier juicio que afectara a la izquierda.
No es extraño que el caducado y, por tanto, ilegítimo CGPJ haya salido, por supuesto sin unanimidad -porque aún hay jueces decentes-, a disparar contra la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, por su crítica a la decisión. Dice el mil días caducado y no renovado por intereses de la derecha CGPJ que las palabras de Belarra hablando de "prevaricación" generan "una sospecha inaceptable respecto del proceder del más alto tribunal de la Nación". ¿Es que no ha habido jueces prevaricadores? ¿Es que no ha habido jueces arrogantes y borrachos quebrando la ley? ¿Es que no ha habido jueces que han cobrado dinero por soltar a narcos? ¿Es que no ha habido jueces cuyas sentencias eran a sabiendas injustas dictadas para beneficiar a sus amigos? ¿Es que no ha habido jueces que han intentado sobornar a testigos para atacar a otros jueces de otro signo político? ¿Es que no ha habido jueces que han encarcelado a titiriteros y otros que han visto normal el asedio a la casa de ministros de Podemos? ¿Es que no hay jueces que no ven delito en atropellar a guardias civiles y otros que ven delito en una pelea de bar? En estos casos, ¿dónde estaba el CGPJ? El CGPJ caducado e ilegítimo...
Lo que ha hecho Meritxell Batet es inaceptable y hace bien Alberto Rodríguez al querellarse por prevaricación, igual que hace bien Unidas Podemos llevando el caso a Europa. Porque lo que ha hecho genera una enorme inquietud al golpear al derecho constitucional de participación política. ¿Por qué la socialista Batet ha seguido las sugerencias de Marchena? ¿Apego a las normas? (¡Pero cómo si los letrados de las Cortes han dicho lo contrario! ¿O los informes de los letrados solo sirven para exonerar al emérito?). ¿Cobardía? ¿Amistad personal con el juez? ¿Una decisión premeditada de golpear a Unidas Podemos? ¿Parte del acuerdo con el PP de renovación de los cargos institucionales pendientes? Cualquier duda al respecto es legítima, porque la decisión es gravísima. ¿Cómo es posible que el Congreso de los Diputados permita que el Tribunal Supremo exceda sus competencias y le dicte al Parlamento cómo debe interpretar las normas electorales? ¿Pero quién se creen que son?
La decisión del Tribunal Supremo vuelve a golpear a la credibilidad de la Justicia, al igual que tantas sentencias o la reciente elección para el Tribunal Constitucional de jueces en su día imputados y claramente afines al PP (qué tiempos los de Manuel García Pelayo, Francisco Tomás y Valiente o Francisco Rubio Llorente). Estos jueces conservadores y parciales son parte de los que quieren mantener el viejo orden e impedir la superación del modelo neoliberal. Si no vencen en las urnas y la manipulación mediática no basta, es el momento de los jueces. Que en la historia ha precedido al momento de los militares. ¿O alguien cree que es gratuito el acercamiento de Vox a los sectores más reaccionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? Malos tiempos para la democracia.
Dijo la discípula de Aznar en la FAES, portavoz y diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo que los jueces iban a ser el último freno al Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos. Parece que sabe lo que decía. Ganan batallas. Aunque la reacción no cuenta con que hay gente en España a la que hace tiempo que se le fue el miedo. Y a la espera de que Europa vuelva a recordarles que les siguen oliendo los pies a franquismo.
Jueces contra la democracia: el Supremo, Alberto Rodríguez y el "error" Batet
"¿Por qué la socialista Batet ha seguido las sugerencias de Marchena? ¿Apego a las normas? ¿Cobardía? ¿Una decisión premeditada de golpear a Unidas Podemos?". Un artículo de Juan Carlos Monedero.
cito el título de tu noticia...me viene al pelo!!!
Jueces contra la democracia: el Supremo, Alberto Rodríguez y el "error" Batet
Una veintena de querellas e investigaciones contra Podemos ya han sido archivadas en seis años
La insistencia de organizaciones de ultraderecha en interponer querellas contra la formación morada y sus dirigentes es una constante desde que Podemos nació, en 2014. Han sido sonadas algunas de las causas que luego fueron sobreseídas por los tribunales; en el último año, media docena, como el...
www.publico.esUna veintena de querellas e investigaciones contra Podemos ya han sido archivadas en seis años
La insistencia de organizaciones de ultraderecha en interponer querellas contra la formación morada y sus dirigentes es una constante desde que Podemos nació, en 2014. Han sido sonadas algunas de las causas que luego fueron sobreseídas por los tribunales; en el último año, media docena, como el caso de los presuntos sobresueldos.
Pérez Royo avisa a Podemos y define sin pelos en la lengua la actuación contra Alberto Rodríguez: «putrefacción, monstruosidad»
26/10/2021 por RedacciónFacebookTwitterWhatsAppTelegramMeneameCopy LinkCompartir
Javier Pérez Royo, jurista y catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla ha sido entrevistado en Al Rojo Vivo para hablar sobre la retirada del escaño de Alberto Rodríguez por la presidenta Batet.
Antonio García Ferreras le preguntó su opinión y el jurista no se cortó un pelo en definir la situación como «un indicador de la putrefacción del sistema político español».Para Royo lo que se ha hecho con Alberto Rodríguez es una «salvajada jurídica, una monstruosidad», porque el Tribunal Supremo no condenó al diputado a la inhabilitación.
«Condena por una cosa y presiona a la presidenta del Congreso, que inconcebiblemente se ha dejado presionar, para castigar por aquello con lo que no ha castigado».
El catedrático explica la sentencia del TS y tacha de humillación al Congreso de los Diputados y a los letrados de la cámara, la actuación con Rodríguez: «son salvajadas jurídicas».
Royo avisa a Podemos de que «tiene que armarse de paciencia porque los palos fundamentalmente van a ir contra ellos».
Pérez Royo avisa a Podemos y define sin pelos en la lengua la actuación contra Alberto Rodríguez: "putrefacción, monstruosidad"
Javier Pérez Royo, jurista y catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla ha sido entrevistado en Al Rojo Vivo para...
jotapov.com¡Con que jeta vas a presidir ahora el Congreso Batet?
No tienes vergüenza, pero ¿Conoces lo que es la vergüenza?
Y Pedrito que la avala lo mismo.
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Pérez Royo avisa a Podemos y define sin pelos en la lengua la actuación contra Alberto Rodríguez: «putrefacción, monstruosidad»
26/10/2021 por Redacción
FacebookTwitterWhatsAppTelegramMeneameCopy LinkCompartirJavier Pérez Royo, jurista y catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla ha sido entrevistado en Al Rojo Vivo para hablar sobre la retirada del escaño de Alberto Rodríguez por la presidenta Batet.
Antonio García Ferreras le preguntó su opinión y el jurista no se cortó un pelo en definir la situación como «un indicador de la putrefacción del sistema político español».
Para Royo lo que se ha hecho con Alberto Rodríguez es una «salvajada jurídica, una monstruosidad», porque el Tribunal Supremo no condenó al diputado a la inhabilitación.
«Condena por una cosa y presiona a la presidenta del Congreso, que inconcebiblemente se ha dejado presionar, para castigar por aquello con lo que no ha castigado».
El catedrático explica la sentencia del TS y tacha de humillación al Congreso de los Diputados y a los letrados de la cámara, la actuación con Rodríguez: «son salvajadas jurídicas».
Royo avisa a Podemos de que «tiene que armarse de paciencia porque los palos fundamentalmente van a ir contra ellos».
Pérez Royo avisa a Podemos y define sin pelos en la lengua la actuación contra Alberto Rodríguez: "putrefacción, monstruosidad"
Javier Pérez Royo, jurista y catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla ha sido entrevistado en Al Rojo Vivo para...
¡Con que jeta vas a presidir ahora el Congreso Batet?
No tienes vergüenza, pero ¿Conoces lo que es la vergüenza?
Y Pedrito que la avala lo mismo.
Menuda pataleta tenéis.........
