El narco más grande de todos los tiempos, Pablo Escobar, financió al PSOE de Felipe González
Los manejos de las cloacas del Estado a través de políticos, magistrados, fiscales, policías y empresarios, utilizando sus resortes para influir en las decisiones judiciales no son de ahora, son tan antiguas como la historia de la humanidad. Pero en nuestra joven democracia se suponía que esas prácticas debían desaparecer en un verdadero Estado de Derecho. Pero por desgracia no han desaparecido, y se han seguido llevando a cabo por aquellos que se suponía que venían a regenerar la política de nuestro país, nos referimos a los llamados progresistas del PSOE y similares que lejos de erradicar esas prácticas las aprendieron rápidamente, las hicieron suyas y las siguen aplicando.
Vamos a referirnos a un caso de soborno y presiones de las más altas instancias del Estado, Presidencia y Ministerio de Justicia, para evitar una extradición; como en el supuesto del comisario Villarejo, la fiscal aún ministra de Justicia, Dolores Delgado, el exmagistrado Baltasar Garzón y el empresario Ángel Pérez-Maura, sobrino de Emilio Botín y primo de Ana Patricia Botín. En este caso, la extradición se refiere a dos narcotraficantes colombianos, Jorge Luis Ochoa Vázquez y Gilberto Rodríguez Orejuela, capos de los cárteles de Medellín y Cali en los años 80 y 90.
Tras el asesinato del Ministro de Justicia de Colombia, Rodrigo Lara Bonilla, en 1984 por sicarios del cártel de Medellín, liderado por Pablo Escobar Gaviria y los hermanos Ochoa Vázquez, Escobar se escondió en Nicaragua y Jorge Luis Ochoa Vázquez y Gilberto Rodríguez Orejuela se instalaron en España donde vivían a cuerpo de rey en sus lujosas viviendas con piscina, pista de tenis, discoteca y bodega en Pozuelo de Alarcón, el municipio residencial madrileño con la renta “per capita” más alta de toda España.
5 millones a Felipe González y 10 millones para "alguien" en la Audiencia Nacional fue el pago de los narcos al Gobierno socialista en 1985
Ochoa y Orejuela se dedicaron, con la ayuda de su socio el capo hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros, que también vivía en España como un pachá en su lujosa vivienda de la urbanización “Las Lomas” de Boadilla, cercana a la actual Ciudad financiera del Banco de Santander, y el apoyo de Sito Miñanco y demás clanes de las rías gallegas; a crear en España el canal de entrada de la cocaína en Europa.
Ochoa y Orejuela, tras el seguimiento de la Drugs Enforcement Administration (DEA) la agencia antidroga americana que había instalado una delegación en la calle Serrano de Madrid, fueron detenidos y encarcelados por la policía española, en noviembre de 1984, por las peticiones de la Embajada de los Estados Unidos por procesos criminales de tribunales de Nueva York y California.
A partir de la detención de Ochoa y Orejuela, los Estados Unidos solicitaron a España su extradición, en diciembre de 1984, por delitos de narcotráfico. Mientras, en Colombia no existía ningún proceso abierto contra Orejuela hasta febrero de 1985, en que el Fiscal de Cali presentó denuncia por narcotráfico y se solicita la extradición por nota verbal de 30-5-1985 para Orejuela y de 10-9-1985 para Ochoa.
En el gobierno español, entonces presidido por el socialista Felipe González Márquez, se planteó la dicotomía de a qué país conceder la extradición, si a Estados Unidos donde, sin duda alguna, serían encarcelados y enjuiciados por sus crímenes o a Colombia donde sabían que los capos traficantes de coca saldrían a la calle en cuanto pisaran su patria.
La decisión del gobierno español se decidió a favor de la extradición a Colombia y en perjuicio de los Estados Unidos. La balanza, según se dijo por fuentes de solvencia, la decantó el lobby colombiano cercano a Felipe González y unos supuestos 30 millones de dólares que los cárteles colombianos dedicaron para sobornos en España para evitar la extradición de los capos colombianos al país norteamericano.
Según escribiría posteriormente el hijo del jefe del cártel de Calí en el libro “El ajedrecista” y declararía John Jairo Velásquez, alias “Popeye”, el más sanguinario sicario de Escobar, los 30 millones de dólares se destinaron: 5 millones a Felipe González para financiar al PSOE en la campaña electoral de las elecciones generales de 1986, y 10 millones fueron a parar a la Audiencia Nacional.
Al parecer, según alguno de los magistrados involucrados, el gobierno socialista capitaneado por Felipe González y su ministro de Justicia,Fernando Ledesma Bartret, al alimón con el lobby colombiano presionaron a los miembros de la Sala de conflictos del Tribunal Supremo para fallar a favor de los narcos colombianos que no querían ser extraditados a Estados Unidos, tratando de revestir la decisión como una decisión puramente jurídica de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, cuando en realidad era una decisión exclusivamente política ya que las resoluciones judiciales no eran vinculantes para el gobierno que tenía plena potestad, en el ejercicio de la Soberanía nacional, para decidir a qué país extraditar a los narcos.
La Audiencia Nacional, tras meses de múltiples resoluciones, estimó la procedencia de las extradiciones solicitadas y se decantó por concederlas a Colombia con resoluciones judiciales de 11-2 y 20-3-86 con 4 votos a favor y tres en contra. Posteriormente, dichas resoluciones fueron ratificadas por autos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 11-4 y 7-5-86 con el voto particular disidente de su presidente Juan Manuel Orbe Fernández-Losada que mantenía razonadamente que debían ser extraditados a los Estados Unidos.
Por su parte, la Sala de conflictos del Tribunal Supremo, presidida por Antonio Hernández Gil y formada por otros dos magistrados, José Luis Ruiz Sánchez y Pedro Antonio Mateos García y tres consejeros de Estado: Landelino Lavilla Alsina, Miguel Vizcaíno Márquez y Gregorio Peces-Barba del Brío, decidió los conflictos de jurisdicción 11/86 y 12/86 en sentencias de 9 y 20-7-1986 acordando extraditar al capo del Cartel de Medellín, Jorge Luis Ochoa Vázquez, y al líder del cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela, a Colombia con el único voto en contra de Peces Barba, padre del que fuera presidente del Congreso.
Peces-Barba emitió sendos votos particulares en los que reproducía los razonamientos del Magistrado de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Orbe Fernández-Losada, manteniendo que, conforme al artículo 10 del Tratado bilateral Hispano-Colombiano de 23-7-82, la extradición debía concederse al país que primero hubiera solicitado la extradición.
Siendo que Estados Unidos solicitó la extradición en diciembre de 1984 y Colombia las solicitó en mayo y septiembre de 1985, era evidente que la extradición debía concederse a los Estados Unidos y no a Colombia. Además, Peces-Barba (recordamos, nuevamente que no se trata del político socialista sino de su honesto padre, no siempre se reproduce el refrán “de tal palo, tal astilla…” mantenía que, conforme al artículo 6 de la Ley 4/1985 de extradición pasiva, la resolución de la Audiencia Nacional no era vinculante para el gobierno, que podía denegarla en el ejercicio de la Soberanía Nacional atendiendo a razones de seguridad o de intereses esenciales de España. Por tanto, el gobierno ostentaba plena competencia constitucional para decidir a qué Estado debía entregarse a Gilberto Rodríguez Orejuela y Jorge Luis Ochoa Vázquez.
De todo ello se deduce que el gobierno de Felipe González consintió que Ochoa y Orejuela fueran extraditados a Colombia, sin ejercitar su potestad para extraditarlos a Estados Unidos, pese a ser conocedores de que en Colombia serían dejados en libertad de forma casi inmediata, como así ocurrió a los pocos meses.
Esta decisión del Gobierno, dicen fuentes bien informadas, que se produjo por las influencias del lobby colombiano muy cercano a Felipe González que, no olvidemos, ostenta la nacionalidad colombiana. Dicho lobby estaría formado por Enrique Sarasola Lerchundi, alias “Pichirri”, empresario español amigo de González casado con la colombiana Cecilia Marulanda -de una de las familias más poderosas de Colombia vinculada con espinosos casos de paramilitarismo como el de la finca Bellacruz-. Sarasola es conocido por la operación de la construcción del metro de Medellín en la que dicen que se llevó una comisión de más de 20 millones de euros para que la concesión fuera a parar al consorcio hispano-alemán Metromed, gracias a la intercesión ¡por la que se llevó una estratosférica comisión! de Felipe Gonzlaez con su amigo el presidente colombiano Belisario Betancur.
El escándalo, en el que se imputaba a Felipe González haberse llevado parte del dinero con su amigo Sarasola, llegó al Congreso, el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, pero las cloacas del Estado consiguieron que todas las investigaciones quedasen en “agua de borrajas”, al igual que todas las investigaciones que han afectado a González por sus supuestos negocios en Colombia, Panamá y República Dominicana con sus amigos Carlos Andrés Pérez, expresidente de Venezuela, Jesús Barderas, Sarasola, etc.
Recordemos que el escritor y “bon vivant”, José Luis de Vilallonga, contó en alguna ocasión que Sarasola, en el fragor de las copas en una fiesta en su apartamento de París, dijo que su amigo Felipe tenía una “pequeña fortuna” en Colombia.
Pero la relación más peligrosa sería la de Pablo Escobar que acudió junto al ministro de Justicia colombiano, Alberto Santofimio Botero, narco-político condenado por el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, al Hotel Palace a la celebración de la victoria electoral de Felipe González en las generales de octubre de 1982 en las que fue elegido presidente.
https://latribunadeespana.com/espana/minanco
Los manejos de las cloacas del Estado a través de políticos, magistrados, fiscales, policías y empresarios, utilizando sus resortes para influir en las decisiones judiciales no son de ahora, son tan antiguas como la historia de la humanidad. Pero en nuestra joven democracia se suponía que esas prácticas debían desaparecer en un verdadero Estado de Derecho. Pero por desgracia no han desaparecido, y se han seguido llevando a cabo por aquellos que se suponía que venían a regenerar la política de nuestro país, nos referimos a los llamados progresistas del PSOE y similares que lejos de erradicar esas prácticas las aprendieron rápidamente, las hicieron suyas y las siguen aplicando.
Vamos a referirnos a un caso de soborno y presiones de las más altas instancias del Estado, Presidencia y Ministerio de Justicia, para evitar una extradición; como en el supuesto del comisario Villarejo, la fiscal aún ministra de Justicia, Dolores Delgado, el exmagistrado Baltasar Garzón y el empresario Ángel Pérez-Maura, sobrino de Emilio Botín y primo de Ana Patricia Botín. En este caso, la extradición se refiere a dos narcotraficantes colombianos, Jorge Luis Ochoa Vázquez y Gilberto Rodríguez Orejuela, capos de los cárteles de Medellín y Cali en los años 80 y 90.
Tras el asesinato del Ministro de Justicia de Colombia, Rodrigo Lara Bonilla, en 1984 por sicarios del cártel de Medellín, liderado por Pablo Escobar Gaviria y los hermanos Ochoa Vázquez, Escobar se escondió en Nicaragua y Jorge Luis Ochoa Vázquez y Gilberto Rodríguez Orejuela se instalaron en España donde vivían a cuerpo de rey en sus lujosas viviendas con piscina, pista de tenis, discoteca y bodega en Pozuelo de Alarcón, el municipio residencial madrileño con la renta “per capita” más alta de toda España.
5 millones a Felipe González y 10 millones para "alguien" en la Audiencia Nacional fue el pago de los narcos al Gobierno socialista en 1985
Ochoa y Orejuela se dedicaron, con la ayuda de su socio el capo hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros, que también vivía en España como un pachá en su lujosa vivienda de la urbanización “Las Lomas” de Boadilla, cercana a la actual Ciudad financiera del Banco de Santander, y el apoyo de Sito Miñanco y demás clanes de las rías gallegas; a crear en España el canal de entrada de la cocaína en Europa.
Ochoa y Orejuela, tras el seguimiento de la Drugs Enforcement Administration (DEA) la agencia antidroga americana que había instalado una delegación en la calle Serrano de Madrid, fueron detenidos y encarcelados por la policía española, en noviembre de 1984, por las peticiones de la Embajada de los Estados Unidos por procesos criminales de tribunales de Nueva York y California.
A partir de la detención de Ochoa y Orejuela, los Estados Unidos solicitaron a España su extradición, en diciembre de 1984, por delitos de narcotráfico. Mientras, en Colombia no existía ningún proceso abierto contra Orejuela hasta febrero de 1985, en que el Fiscal de Cali presentó denuncia por narcotráfico y se solicita la extradición por nota verbal de 30-5-1985 para Orejuela y de 10-9-1985 para Ochoa.
En el gobierno español, entonces presidido por el socialista Felipe González Márquez, se planteó la dicotomía de a qué país conceder la extradición, si a Estados Unidos donde, sin duda alguna, serían encarcelados y enjuiciados por sus crímenes o a Colombia donde sabían que los capos traficantes de coca saldrían a la calle en cuanto pisaran su patria.
La decisión del gobierno español se decidió a favor de la extradición a Colombia y en perjuicio de los Estados Unidos. La balanza, según se dijo por fuentes de solvencia, la decantó el lobby colombiano cercano a Felipe González y unos supuestos 30 millones de dólares que los cárteles colombianos dedicaron para sobornos en España para evitar la extradición de los capos colombianos al país norteamericano.
Según escribiría posteriormente el hijo del jefe del cártel de Calí en el libro “El ajedrecista” y declararía John Jairo Velásquez, alias “Popeye”, el más sanguinario sicario de Escobar, los 30 millones de dólares se destinaron: 5 millones a Felipe González para financiar al PSOE en la campaña electoral de las elecciones generales de 1986, y 10 millones fueron a parar a la Audiencia Nacional.
Al parecer, según alguno de los magistrados involucrados, el gobierno socialista capitaneado por Felipe González y su ministro de Justicia,Fernando Ledesma Bartret, al alimón con el lobby colombiano presionaron a los miembros de la Sala de conflictos del Tribunal Supremo para fallar a favor de los narcos colombianos que no querían ser extraditados a Estados Unidos, tratando de revestir la decisión como una decisión puramente jurídica de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, cuando en realidad era una decisión exclusivamente política ya que las resoluciones judiciales no eran vinculantes para el gobierno que tenía plena potestad, en el ejercicio de la Soberanía nacional, para decidir a qué país extraditar a los narcos.
La Audiencia Nacional, tras meses de múltiples resoluciones, estimó la procedencia de las extradiciones solicitadas y se decantó por concederlas a Colombia con resoluciones judiciales de 11-2 y 20-3-86 con 4 votos a favor y tres en contra. Posteriormente, dichas resoluciones fueron ratificadas por autos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 11-4 y 7-5-86 con el voto particular disidente de su presidente Juan Manuel Orbe Fernández-Losada que mantenía razonadamente que debían ser extraditados a los Estados Unidos.
Por su parte, la Sala de conflictos del Tribunal Supremo, presidida por Antonio Hernández Gil y formada por otros dos magistrados, José Luis Ruiz Sánchez y Pedro Antonio Mateos García y tres consejeros de Estado: Landelino Lavilla Alsina, Miguel Vizcaíno Márquez y Gregorio Peces-Barba del Brío, decidió los conflictos de jurisdicción 11/86 y 12/86 en sentencias de 9 y 20-7-1986 acordando extraditar al capo del Cartel de Medellín, Jorge Luis Ochoa Vázquez, y al líder del cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela, a Colombia con el único voto en contra de Peces Barba, padre del que fuera presidente del Congreso.
Peces-Barba emitió sendos votos particulares en los que reproducía los razonamientos del Magistrado de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Orbe Fernández-Losada, manteniendo que, conforme al artículo 10 del Tratado bilateral Hispano-Colombiano de 23-7-82, la extradición debía concederse al país que primero hubiera solicitado la extradición.
Siendo que Estados Unidos solicitó la extradición en diciembre de 1984 y Colombia las solicitó en mayo y septiembre de 1985, era evidente que la extradición debía concederse a los Estados Unidos y no a Colombia. Además, Peces-Barba (recordamos, nuevamente que no se trata del político socialista sino de su honesto padre, no siempre se reproduce el refrán “de tal palo, tal astilla…” mantenía que, conforme al artículo 6 de la Ley 4/1985 de extradición pasiva, la resolución de la Audiencia Nacional no era vinculante para el gobierno, que podía denegarla en el ejercicio de la Soberanía Nacional atendiendo a razones de seguridad o de intereses esenciales de España. Por tanto, el gobierno ostentaba plena competencia constitucional para decidir a qué Estado debía entregarse a Gilberto Rodríguez Orejuela y Jorge Luis Ochoa Vázquez.
De todo ello se deduce que el gobierno de Felipe González consintió que Ochoa y Orejuela fueran extraditados a Colombia, sin ejercitar su potestad para extraditarlos a Estados Unidos, pese a ser conocedores de que en Colombia serían dejados en libertad de forma casi inmediata, como así ocurrió a los pocos meses.
Esta decisión del Gobierno, dicen fuentes bien informadas, que se produjo por las influencias del lobby colombiano muy cercano a Felipe González que, no olvidemos, ostenta la nacionalidad colombiana. Dicho lobby estaría formado por Enrique Sarasola Lerchundi, alias “Pichirri”, empresario español amigo de González casado con la colombiana Cecilia Marulanda -de una de las familias más poderosas de Colombia vinculada con espinosos casos de paramilitarismo como el de la finca Bellacruz-. Sarasola es conocido por la operación de la construcción del metro de Medellín en la que dicen que se llevó una comisión de más de 20 millones de euros para que la concesión fuera a parar al consorcio hispano-alemán Metromed, gracias a la intercesión ¡por la que se llevó una estratosférica comisión! de Felipe Gonzlaez con su amigo el presidente colombiano Belisario Betancur.
El escándalo, en el que se imputaba a Felipe González haberse llevado parte del dinero con su amigo Sarasola, llegó al Congreso, el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, pero las cloacas del Estado consiguieron que todas las investigaciones quedasen en “agua de borrajas”, al igual que todas las investigaciones que han afectado a González por sus supuestos negocios en Colombia, Panamá y República Dominicana con sus amigos Carlos Andrés Pérez, expresidente de Venezuela, Jesús Barderas, Sarasola, etc.
Recordemos que el escritor y “bon vivant”, José Luis de Vilallonga, contó en alguna ocasión que Sarasola, en el fragor de las copas en una fiesta en su apartamento de París, dijo que su amigo Felipe tenía una “pequeña fortuna” en Colombia.
Pero la relación más peligrosa sería la de Pablo Escobar que acudió junto al ministro de Justicia colombiano, Alberto Santofimio Botero, narco-político condenado por el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, al Hotel Palace a la celebración de la victoria electoral de Felipe González en las generales de octubre de 1982 en las que fue elegido presidente.
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