La corrupcion del PSOE
- AutorAl loro
- Fecha de inicio
Y ahí sigue con su sonrisa de corrupto y la gente votando a este personaje.
La juez María Núñez Bolaños se sacó el doctorado mientras «ralentizaba» el caso ERE
En julio de 2017 leyó su tesis, que dirigió Eugenio Pizarro, fichado poco después como alto cargo por el Gobierno de Susana Díaz
https://sevilla.abc.es/andalucia/se...as-ralentizaba-caso-201909182335_noticia.html
En julio de 2017 leyó su tesis, que dirigió Eugenio Pizarro, fichado poco después como alto cargo por el Gobierno de Susana Díaz
https://sevilla.abc.es/andalucia/se...as-ralentizaba-caso-201909182335_noticia.html
Así compra votos el PSOE andaluz
Los papeles que desvelan el «modus operandi» del PSOE para ganar elecciones con dinero público
Unos manuscritos aparecidos en Huévar del Aljarafe prueban cómo el partido controlaba los votos casa por casa ofreciendo trabajo en el Ayuntamiento. Trataron de destruirlos, pero la máquina trituradora se quemó en pleno proceso
Alberto García Reyes
SevillaActualizado:09/10/2019 08:15hEl PP denuncia que el PSOE pagó en 2002 mítines de campaña con dinero público
Era vox populi en toda Andalucía, pero hasta ahora no habían aparecido documentos que permitiesen escribir este titular: el PSOE compra votos en los pueblos con dinero público. Los papeles se han descubierto en el municipio sevillano de Huévar del Aljarafe e ilustran con descarnada nitidez el «modus operandi» del partido para conservar el poder en el Ayuntamiento. Se trata de decenas de manuscritos atribuidos al que fuera primer teniente de alcalde socialista hasta las pasadas elecciones, Francisco Martín González Bejarano.
El resultado de los comicios del pasado mes de mayo acabó con una hegemonía del PSOE que había durado 36 años de mayorías absolutas en esta localidad y permitía al PP gobernar allí por primera vez en la historia, ya que fue el partido más votado y empató a concejales con los socialistas. Durante las semanas que duró el traspaso de poderes, la todavía alcaldesa en funciones, Áurea María Borrego Moreno, puso en su despacho una máquina trituradora para destruir miles de documentos, pero se encontró con un contratiempo inesperado. La máquina se acabó quemando. Y quedaron varias cajas por triturar. El PP impidió su destrucción gracias a una medida de la nueva alcaldesa que nadie esperaba: la secretaria municipal le entregó las llaves la tarde antes del comienzo de su actividad y ella ordenó cambiar urgentemente todas las cerraduras antes de que los concejales socialistas, ya en la oposición, llegaran por la mañana.
De esta manera logró «salvar» los documentos, supuestamente preparados para salir del despacho del ex primer teniente de alcalde, que demuestran cómo los socialistas compraban los votos a través de un sistema clientelar que controlaba a cada vecino calle a calle, puerta a puerta, con indicaciones de su ideología y sus necesidades laborales, ya que la voluntad de los censados se manejaba con contratos municipales repartidos por domicilios en los que viven familias de más de cuatro personas. ABC ha tenido acceso a esos papeles, que son la piedra roseta del socialismo andaluz, donde el partido ha conservado el poder durante más años en toda España.
inRead invented by Teads
Hace unos días, la nueva alcaldesa de Huévar, la popular María Eugenia Moreno, y la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, denunciaron públicamente que «nos hemos encontrado una deuda de 30 millones de euros» en las arcas municipales y anunciaron que llevarían el caso a la Fiscalía por «el posible desfalco de dinero público tras haber encontrado facturas pagadas por el Ayuntamiento para la organización de un mitin del PSOE».
La alcaldesa explicó que «cuando llegamos el 15 de junio al Consistorio, lo primero que nos encontramos fueron decenas de cajas con documentación municipal preparadas para ser sacadas de los despachos, así como algunas cajas con obsequios para militantes del PSOE». Según Moreno, «entre la documentación hallada en esas cajas hemos encontrado un listado de facturas y entre ellas destaca una serie de gastos para un mitin del PSOE o diferentes listados con el título de relación de personal Casos B». Concretamente, este documento, fechado en 2011, se titulaba «Listado 07 relación personal casos B Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe».
El «Plan 1.000»
Pero esto es solo el principio. En las cajas que no pudieron ser trituradas, y que estaban en el despacho del primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, han aparecido pruebas claras del operativo de control de voluntades que tenía montado el PSOE. Todos los papeles manuscritos y las pruebas caligráficas encargadas por la nueva alcaldesa indican, según ha reconocido María Eugenia Moreno a este periódico, que el autor sería el citado González Bejarano, mano derecha de la exalcaldesa socialista. «Los papeles estaban en su despacho y la letra se parece muchísimo a la suya. Yo no puedo asegurar nada, eso tendrá que hacerlo la Justicia, pero sí digo que uno más uno suele dar dos», sostiene Moreno.
Entre los folios hallados, el más esclarecedor es el que da nombre a todo el proceso maquinado para las últimas elecciones municipales, las del 26 de mayo de 2019. Se titula «Plan 1.000». Pero no se trata de ninguna iniciativa de desarrollo local para mejorar la economía, ni tampoco de un proyecto para impulsar las infraestructuras del pueblo con nuevas inversiones. El «Plan 1.000» se refiere a la forma en la que el PSOE conseguiría mil votos, que son los que se necesitan en ese pueblo para lograr la mayoría absoluta, en aquellos momentos en tenguerengue por el contexto de crecimiento de los demás partidos, utilizando recursos públicos.
Concretamente, contratos temporales en el Ayuntamiento. Según la actual alcaldesa, González Bejarano tomaba notas durante las reuniones que mantenía el equipo de gobierno sobre lo que allí se decidía y las guardaba en su despacho. Hay una fechada el lunes 26 de octubre que es muy reveladora. Para entonces, el PSOE ya tenía claro que podía perder las elecciones, por lo que convocó a su gente para decidir un paquete de medidas. El concejal escribió lo siguiente: «Planteamiento trabajadores: vamos a ir de verdad a apoyar a los nuestros, no pueden haber varios miembros de una familia que no nos vota y ninguno de otras que en teoría sí nos vota».
El siguiente comentario es aún más claro: «Apoyar con contratos (aun de ½ privada) a chavales que nos puedan apoyar» (sic). El documento continúa con algunas aclaraciones sobre el sistema que hay que articular para evitar la caída: «No nos vamos a significar algunos para que todo siga igual, aquí hay gente que nos está puteando día sí y día también y los seguimos teniendo dentro». Es decir, lo primero que había que hacer era una lista negra de trabajadores municipales afines a otros partidos para ponerlos en la calle. En el papel se señalan algunos nombres: «Soraya, Elizabeth, Bejarano, etc., nos están machacando con la carita de buenos». Soraya, por poner un ejemplo, es una funcionaria que actualmente es secretaria de la alcaldesa del PP.
Pero el siguiente paso en la estrategia es aún más aclaratorio. Se trata del mencionado «Plan 1.000», escrito con la misma caligrafía. Estos papeles, que son muy extensos, enumeran a los miembros de cada familia calle a calle con nombres y apellidos y hacen una estimación de cuántos votos se podrían conseguir en ese domicilio especificando la situación laboral en la que se encuentran sus componentes. En algunos casos se indican incluso los apodos —el «Calambre», «Manolito Trenes»...—, en otros se detalla el parentesco —«este es el yerno, esta es la hija»— y en otros casos se señala su afinidad política: «Votante derecha». Ahí no se puede pescar. El control de los vecinos era milimétrico.
Se especificaba la afinidad política de cada vecino, sus necesidades laborales y hasta sus apodos
También resultan llamativos los organismos que podrían repartir contratos, ya que algunos son municipales y otros dependen de la Diputación de Sevilla. Se habla del Plan de Emergencia Municipal, de la Escuela Taller, de Proempleo, del Plan Proteja… Algunos se enuncian como posibles destinos. Otros, en cambio, se especifican como antiguos trabajos. Porque otra de las intenciones que se desvelan en los documentos es recordar a los vecinos las ayudas recibidas para que no olviden cuál había de ser la papeleta a depositar en la urna. De esta forma, unos y otros casos se van sumando hasta llegar a los mil votos. En esta casa, 4. En aquella, 5… Puerta a puerta. Es obvio que los recursos municipales no dieron para tanto porque el PSOE perdió el gobierno, pero los documentos prueban cómo se gestionaba el poder en los pueblos andaluces: con una red clientelar a pequeña escala que, si se extrapola al modelo de funcionamiento de la Junta, explica casos tan escandalosos como, por ejemplo, el de los ERE. Un reparto millonario y discrecional de dinero para prejubilaciones que luego se traducía en votos.
ABC trató de contactar ayer varias veces con el exteniente de alcalde de Huévar, pero su teléfono siempre fue atendido por una mujer que colgaba en cuanto se le explicaba la razón de la llamada.
Susana Díaz, por cierto, nombró a mitad del mandato al hasta entonces alcalde de esta localidad, Rafael Moreno, que según los papeles controlaba desde al menos 2011 los votos de los vecinos, director general de Políticas de Empleo de la Junta de Andalucía.
Los papeles que desvelan el «modus operandi» del PSOE para ganar elecciones con dinero público
Unos manuscritos aparecidos en Huévar del Aljarafe prueban cómo el partido controlaba los votos casa por casa ofreciendo trabajo en el Ayuntamiento. Trataron de destruirlos, pero la máquina trituradora se quemó en pleno proceso
Alberto García Reyes
SevillaActualizado:09/10/2019 08:15hEl PP denuncia que el PSOE pagó en 2002 mítines de campaña con dinero público
Era vox populi en toda Andalucía, pero hasta ahora no habían aparecido documentos que permitiesen escribir este titular: el PSOE compra votos en los pueblos con dinero público. Los papeles se han descubierto en el municipio sevillano de Huévar del Aljarafe e ilustran con descarnada nitidez el «modus operandi» del partido para conservar el poder en el Ayuntamiento. Se trata de decenas de manuscritos atribuidos al que fuera primer teniente de alcalde socialista hasta las pasadas elecciones, Francisco Martín González Bejarano.
El resultado de los comicios del pasado mes de mayo acabó con una hegemonía del PSOE que había durado 36 años de mayorías absolutas en esta localidad y permitía al PP gobernar allí por primera vez en la historia, ya que fue el partido más votado y empató a concejales con los socialistas. Durante las semanas que duró el traspaso de poderes, la todavía alcaldesa en funciones, Áurea María Borrego Moreno, puso en su despacho una máquina trituradora para destruir miles de documentos, pero se encontró con un contratiempo inesperado. La máquina se acabó quemando. Y quedaron varias cajas por triturar. El PP impidió su destrucción gracias a una medida de la nueva alcaldesa que nadie esperaba: la secretaria municipal le entregó las llaves la tarde antes del comienzo de su actividad y ella ordenó cambiar urgentemente todas las cerraduras antes de que los concejales socialistas, ya en la oposición, llegaran por la mañana.
De esta manera logró «salvar» los documentos, supuestamente preparados para salir del despacho del ex primer teniente de alcalde, que demuestran cómo los socialistas compraban los votos a través de un sistema clientelar que controlaba a cada vecino calle a calle, puerta a puerta, con indicaciones de su ideología y sus necesidades laborales, ya que la voluntad de los censados se manejaba con contratos municipales repartidos por domicilios en los que viven familias de más de cuatro personas. ABC ha tenido acceso a esos papeles, que son la piedra roseta del socialismo andaluz, donde el partido ha conservado el poder durante más años en toda España.
inRead invented by Teads
Hace unos días, la nueva alcaldesa de Huévar, la popular María Eugenia Moreno, y la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, denunciaron públicamente que «nos hemos encontrado una deuda de 30 millones de euros» en las arcas municipales y anunciaron que llevarían el caso a la Fiscalía por «el posible desfalco de dinero público tras haber encontrado facturas pagadas por el Ayuntamiento para la organización de un mitin del PSOE».
La alcaldesa explicó que «cuando llegamos el 15 de junio al Consistorio, lo primero que nos encontramos fueron decenas de cajas con documentación municipal preparadas para ser sacadas de los despachos, así como algunas cajas con obsequios para militantes del PSOE». Según Moreno, «entre la documentación hallada en esas cajas hemos encontrado un listado de facturas y entre ellas destaca una serie de gastos para un mitin del PSOE o diferentes listados con el título de relación de personal Casos B». Concretamente, este documento, fechado en 2011, se titulaba «Listado 07 relación personal casos B Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe».
El «Plan 1.000»
Pero esto es solo el principio. En las cajas que no pudieron ser trituradas, y que estaban en el despacho del primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, han aparecido pruebas claras del operativo de control de voluntades que tenía montado el PSOE. Todos los papeles manuscritos y las pruebas caligráficas encargadas por la nueva alcaldesa indican, según ha reconocido María Eugenia Moreno a este periódico, que el autor sería el citado González Bejarano, mano derecha de la exalcaldesa socialista. «Los papeles estaban en su despacho y la letra se parece muchísimo a la suya. Yo no puedo asegurar nada, eso tendrá que hacerlo la Justicia, pero sí digo que uno más uno suele dar dos», sostiene Moreno.
Entre los folios hallados, el más esclarecedor es el que da nombre a todo el proceso maquinado para las últimas elecciones municipales, las del 26 de mayo de 2019. Se titula «Plan 1.000». Pero no se trata de ninguna iniciativa de desarrollo local para mejorar la economía, ni tampoco de un proyecto para impulsar las infraestructuras del pueblo con nuevas inversiones. El «Plan 1.000» se refiere a la forma en la que el PSOE conseguiría mil votos, que son los que se necesitan en ese pueblo para lograr la mayoría absoluta, en aquellos momentos en tenguerengue por el contexto de crecimiento de los demás partidos, utilizando recursos públicos.
Concretamente, contratos temporales en el Ayuntamiento. Según la actual alcaldesa, González Bejarano tomaba notas durante las reuniones que mantenía el equipo de gobierno sobre lo que allí se decidía y las guardaba en su despacho. Hay una fechada el lunes 26 de octubre que es muy reveladora. Para entonces, el PSOE ya tenía claro que podía perder las elecciones, por lo que convocó a su gente para decidir un paquete de medidas. El concejal escribió lo siguiente: «Planteamiento trabajadores: vamos a ir de verdad a apoyar a los nuestros, no pueden haber varios miembros de una familia que no nos vota y ninguno de otras que en teoría sí nos vota».
El siguiente comentario es aún más claro: «Apoyar con contratos (aun de ½ privada) a chavales que nos puedan apoyar» (sic). El documento continúa con algunas aclaraciones sobre el sistema que hay que articular para evitar la caída: «No nos vamos a significar algunos para que todo siga igual, aquí hay gente que nos está puteando día sí y día también y los seguimos teniendo dentro». Es decir, lo primero que había que hacer era una lista negra de trabajadores municipales afines a otros partidos para ponerlos en la calle. En el papel se señalan algunos nombres: «Soraya, Elizabeth, Bejarano, etc., nos están machacando con la carita de buenos». Soraya, por poner un ejemplo, es una funcionaria que actualmente es secretaria de la alcaldesa del PP.
Pero el siguiente paso en la estrategia es aún más aclaratorio. Se trata del mencionado «Plan 1.000», escrito con la misma caligrafía. Estos papeles, que son muy extensos, enumeran a los miembros de cada familia calle a calle con nombres y apellidos y hacen una estimación de cuántos votos se podrían conseguir en ese domicilio especificando la situación laboral en la que se encuentran sus componentes. En algunos casos se indican incluso los apodos —el «Calambre», «Manolito Trenes»...—, en otros se detalla el parentesco —«este es el yerno, esta es la hija»— y en otros casos se señala su afinidad política: «Votante derecha». Ahí no se puede pescar. El control de los vecinos era milimétrico.
Se especificaba la afinidad política de cada vecino, sus necesidades laborales y hasta sus apodos
También resultan llamativos los organismos que podrían repartir contratos, ya que algunos son municipales y otros dependen de la Diputación de Sevilla. Se habla del Plan de Emergencia Municipal, de la Escuela Taller, de Proempleo, del Plan Proteja… Algunos se enuncian como posibles destinos. Otros, en cambio, se especifican como antiguos trabajos. Porque otra de las intenciones que se desvelan en los documentos es recordar a los vecinos las ayudas recibidas para que no olviden cuál había de ser la papeleta a depositar en la urna. De esta forma, unos y otros casos se van sumando hasta llegar a los mil votos. En esta casa, 4. En aquella, 5… Puerta a puerta. Es obvio que los recursos municipales no dieron para tanto porque el PSOE perdió el gobierno, pero los documentos prueban cómo se gestionaba el poder en los pueblos andaluces: con una red clientelar a pequeña escala que, si se extrapola al modelo de funcionamiento de la Junta, explica casos tan escandalosos como, por ejemplo, el de los ERE. Un reparto millonario y discrecional de dinero para prejubilaciones que luego se traducía en votos.
ABC trató de contactar ayer varias veces con el exteniente de alcalde de Huévar, pero su teléfono siempre fue atendido por una mujer que colgaba en cuanto se le explicaba la razón de la llamada.
Susana Díaz, por cierto, nombró a mitad del mandato al hasta entonces alcalde de esta localidad, Rafael Moreno, que según los papeles controlaba desde al menos 2011 los votos de los vecinos, director general de Políticas de Empleo de la Junta de Andalucía.
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi...ones-dinero-publico-201910082001_noticia.html
Los manuscritos del «Plan 1.000» para conseguir mil votos con empleos municipales puerta a puerta - ABC
Los manuscritos del «Plan 1.000» para conseguir mil votos con empleos municipales puerta a puerta - ABC
Entran en prisión los socialistas condenados por el caso Marea
El ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, su número dos, una funcionaria y dos empresarios tienen diez días para abonar 4,28 millones de euros en multas
El exconsejero socialista Iglesias Riopedre junto a su abogado, a su llegada al juicio del caso Marea en 2016 - Efe
Ocho años, ocho meses y trece días después de su detención, los cinco principales condenados por el caso Marea, la mayor trama de corrupción registrada en la administración asturiana, duermen desde ayer en prisión para cumplir unas condenas que suman veintisiete años y tres meses.
El ex consejero socialista de Educación, José Luis Iglesias Riopedre; su número dos en ese departamento, María Jesús Otero, y los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez recogieron ayer en la Audiencia Provincial su mandamiento de ingreso en prisión, un trámite que obvió la ex funcionaria del Principado Marta Renedo, que optó por acudir directamente a la cárcel de Álava.
En dicha prisión ingresó también la ex directora general de Planificación Educativa mientras que, tanto Riopedre como los dos empresarios debían acudir antes de medianoche al Centro Penitenciario de Asturias donde el ex consejero, Otero y Renedo habían cumplido ya, tras su arresto, un periodo de prisión preventiva que eludieron bajo fianza tras pasar entre poco más de un mes y algo más de siete en la cárcel.
Tras recoger su mandamiento de ingreso, la defensa del exconsejero de Educación, que cumple 80 años el mes que viene y que fue condenado a cinco años, ha anunciado que pedirá la libertad condicional anticipada por motivos de salud al sufrir varias patologías entre las que figuran dolencias cardiacas.
Además, su abogada ha pedido ya el indulto de Riopedre, una petición que también ha realizado la defensa de Alfonso Carlos Sánchez, condenado a dos años y ocho meses de prisión, y, a la espera de que se tramite, ha solicitado también la suspensión de la pena que le impuso el Tribunal Supremo.
A partir de ahora los cinco condenados tienen diez días para abonar las multas judiciales que les impuso la sentencia, que suman 4,28 millones de euros, mientras que el Gobierno del Principado cuenta con un mes para fijar la cuantía del quebranto que cuatro de ellos, todos menos Riopedre, causaron a las arcas públicas.
Recuperar los fondos
Según la consejera de Derechos Sociales y portavoz del Ejecutivo asturiano, Melania Álvarez, los servicios jurídicos del Principado están valorando esas cuantías «con la intención de poder recuperar esos fondos», por lo que aún no es posible avanzar la cantidad que reclamará la administración.
El Tribunal de Cuentas ya estimó en 1,5 millones el quebranto causado a la administración autonómica por la exfuncionaria Marta Renedo —condenada a nueve años de prisión— mientras que un primer informe elaborado por el Principado sobre las posibles irregularidades en el material enviado a 87 colegios asturianos situaba esa cuantía en cuatro millones de euros.
Dicho informe sólo reflejaba los datos de 2009 y 2010 —Riopedre y Otero estuvieron siete años al frente de la Consejería de Educación— y fue rechazado por el tribunal al inicio del juicio después de que la Fiscalía advirtiera en diciembre de 2014 de que el ex consejero y su número dos —condenada a cinco años y cinco meses de cárcel— así como los dos empresarios podrían tener que indemnizar al Principado.
El Gobierno regional abrió esa investigación en julio de 2015 para comprobar si lo que constaba como facturado había sido entregado a los centros y, pese no incorporarse al sumario del juicio, fue remitido a la Fiscalía que presentó una denuncia que dio origen a una nueva investigación judicial aún abierta.
«Una gran estafa»
En este sentido, el secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, cuyo partido ejerció la acusación popular en el proceso, ha pedido que el Gobierno regional asuma responsabilidades de «una gran estafa» y que se recupere «hasta el último euro» a la vez que ha rechazado la posibilidad de que haya indultos.
Con el ingreso en prisión de los cinco principales condenados se cierra así, por el momento, la mayor trama de corrupción detectada en la administración del Principado después de que una mujer denunciase en 2010 en Gijón que alguien había abierto una cuenta bancaria con casi 100.000 euros a nombre de su anciana madre.
La cuenta era una más de las abiertas de forma fraudulenta por la exfuncionaria Renedo para ocultar los ingresos procedentes de contratos menores que ella misma autorizaba a favor de una empresa de su propiedad, un hilo que condujo hacia dos empresas, Igrafo y Almacenes Pumarín, que la investigación constató que realizaban también prácticas irregulares con la Consejería de Educación que gestionaban Riopedre y Otero.
https://www.abc.es/espana/abci-entr...ndenados-caso-marea-201910081256_noticia.html
El ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, su número dos, una funcionaria y dos empresarios tienen diez días para abonar 4,28 millones de euros en multas
El exconsejero socialista Iglesias Riopedre junto a su abogado, a su llegada al juicio del caso Marea en 2016 - Efe
Ocho años, ocho meses y trece días después de su detención, los cinco principales condenados por el caso Marea, la mayor trama de corrupción registrada en la administración asturiana, duermen desde ayer en prisión para cumplir unas condenas que suman veintisiete años y tres meses.
El ex consejero socialista de Educación, José Luis Iglesias Riopedre; su número dos en ese departamento, María Jesús Otero, y los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez recogieron ayer en la Audiencia Provincial su mandamiento de ingreso en prisión, un trámite que obvió la ex funcionaria del Principado Marta Renedo, que optó por acudir directamente a la cárcel de Álava.
En dicha prisión ingresó también la ex directora general de Planificación Educativa mientras que, tanto Riopedre como los dos empresarios debían acudir antes de medianoche al Centro Penitenciario de Asturias donde el ex consejero, Otero y Renedo habían cumplido ya, tras su arresto, un periodo de prisión preventiva que eludieron bajo fianza tras pasar entre poco más de un mes y algo más de siete en la cárcel.
Tras recoger su mandamiento de ingreso, la defensa del exconsejero de Educación, que cumple 80 años el mes que viene y que fue condenado a cinco años, ha anunciado que pedirá la libertad condicional anticipada por motivos de salud al sufrir varias patologías entre las que figuran dolencias cardiacas.
Además, su abogada ha pedido ya el indulto de Riopedre, una petición que también ha realizado la defensa de Alfonso Carlos Sánchez, condenado a dos años y ocho meses de prisión, y, a la espera de que se tramite, ha solicitado también la suspensión de la pena que le impuso el Tribunal Supremo.
A partir de ahora los cinco condenados tienen diez días para abonar las multas judiciales que les impuso la sentencia, que suman 4,28 millones de euros, mientras que el Gobierno del Principado cuenta con un mes para fijar la cuantía del quebranto que cuatro de ellos, todos menos Riopedre, causaron a las arcas públicas.
Recuperar los fondos
Según la consejera de Derechos Sociales y portavoz del Ejecutivo asturiano, Melania Álvarez, los servicios jurídicos del Principado están valorando esas cuantías «con la intención de poder recuperar esos fondos», por lo que aún no es posible avanzar la cantidad que reclamará la administración.
El Tribunal de Cuentas ya estimó en 1,5 millones el quebranto causado a la administración autonómica por la exfuncionaria Marta Renedo —condenada a nueve años de prisión— mientras que un primer informe elaborado por el Principado sobre las posibles irregularidades en el material enviado a 87 colegios asturianos situaba esa cuantía en cuatro millones de euros.
Dicho informe sólo reflejaba los datos de 2009 y 2010 —Riopedre y Otero estuvieron siete años al frente de la Consejería de Educación— y fue rechazado por el tribunal al inicio del juicio después de que la Fiscalía advirtiera en diciembre de 2014 de que el ex consejero y su número dos —condenada a cinco años y cinco meses de cárcel— así como los dos empresarios podrían tener que indemnizar al Principado.
El Gobierno regional abrió esa investigación en julio de 2015 para comprobar si lo que constaba como facturado había sido entregado a los centros y, pese no incorporarse al sumario del juicio, fue remitido a la Fiscalía que presentó una denuncia que dio origen a una nueva investigación judicial aún abierta.
«Una gran estafa»
En este sentido, el secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, cuyo partido ejerció la acusación popular en el proceso, ha pedido que el Gobierno regional asuma responsabilidades de «una gran estafa» y que se recupere «hasta el último euro» a la vez que ha rechazado la posibilidad de que haya indultos.
Con el ingreso en prisión de los cinco principales condenados se cierra así, por el momento, la mayor trama de corrupción detectada en la administración del Principado después de que una mujer denunciase en 2010 en Gijón que alguien había abierto una cuenta bancaria con casi 100.000 euros a nombre de su anciana madre.
La cuenta era una más de las abiertas de forma fraudulenta por la exfuncionaria Renedo para ocultar los ingresos procedentes de contratos menores que ella misma autorizaba a favor de una empresa de su propiedad, un hilo que condujo hacia dos empresas, Igrafo y Almacenes Pumarín, que la investigación constató que realizaban también prácticas irregulares con la Consejería de Educación que gestionaban Riopedre y Otero.
https://www.abc.es/espana/abci-entr...ndenados-caso-marea-201910081256_noticia.html
La teniente de alcalde de Vigo y ex ministra de ZP Elena Espinosa dirige una ‘offshore’ en Panamá
https://okdiario.com/investigacion/...elena-espinosa-dirige-offshore-panama-4728489
https://okdiario.com/investigacion/...elena-espinosa-dirige-offshore-panama-4728489
¿Dónde están las vacunas de la gripe que no se pusieron en Andalucía?
El Gobierno infló los datos de pacientes vacunados desde 2012 entre un 9 y un 15% para llegar al mismo nivel que la media de las comunidades
Tal como ocurrió con las listas de espera, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha descubierto un desfase en las estadísticas de la vacunación de la gripe durante la gestión de los últimos gobiernos del PSOE. Una cosa eran los datos reales y otra muy diferentes los que se comunicaban al Ministerio de Sanidad para las estadísticas oficiales. Entre 2012 y 2019 el desfase fue nada menos que de un millón de andaluces que constan como vacunados en las correspondientes campañas contra la gripe pero que, en realidad, no recibieron estas dosis.
Y no se trató de un error puntual sino de una práctica habitual según ha detectado un informe de la Inspección de Servicios Sanitarios del SAS que ha destapado este fraude al preparar la campaña de vacunación de la gripe para este año que comienza la próxima semana. Un «escándalo mayúsculo» en palabras del consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, quien ayer dió todos los detalles del informe presentado en el Consejo de Gobierno.
Con los datos oficiales que se enviaba desde el Gobierno andaluz hasta el Ministerio de Sanidad, Andalucía figuraba por encima de la media de las comunidades autónomas en tasa de vacunación contra la gripe cuando, en realidad, estaba por debajo. Se daba de esta manera una falsa impresión de buena gestión en medicina preventiva.
El Gobierno andaluz desde 2012, infló sistemáticamente los datos del número de personas vacunadas entre un 9% y un 15%. Así, en el programa de gestión interno de los pacientes del SAS, denominado Diraya, constan como vacunados 3.704.080 personas mayores de 65 años, si bien la Junta comunicó al Ministerio de Sanidad que se había vacunado a 4.557.796 personas, un desfase de 853.716 «vacunados fantasma».
Otro tanto sucede con las embarazadas, población de riesgo a la que se recomendaba vacunar desde 2017, al igual que el personal sanitario. En ese año, se vacunó de la gripe al 27,7% de las embarazadas, pero se declaró un 35,3%. Del personal sanitario se vacunó al 22,5% pero se declaró un 33,2%. Ambos datos porcentuales están ligeramente por encima de la media de España.
Más vacunas que pacientes
El consejero de la Presidencia explicó ayer que hay un informe reservado que todavía no está terminado pero que muestra que los datos están inflados. «Se ha podido malgastar el dinero público, pero estamos investigando hasta dónde llega el fraude».
La clave de este desfase de los datos está en que la Inspección de Servicios Sanitarios del SAS ha detectado que se compraron más vacunas de la gripe que pacientes las recibían, una práctica repetida todos los años. Así, el SAS contrataba las vacunas de la gripe que estimaba ya que tiene autonomía para hacerlo al margen del Ministerio de Sanidad y del resto de las comunidades autónomas.
Se vacunaba a la población que voluntariamente lo requería —aunque se recomendaba especialmente a los grupos de riesgo que son mayores de 65 años, sanitarios y embarazadas, principalmente— y al registrarlo en el sistema, se inflaban los datos. Posteriormente se devolvían las vacunas sobrantes, si bien parece ser que había vacunas registradas pero no utilizadas y ahí es donde está centrada la investigación. ¿Qué se hacía con estas vacunas que sobraban? ¿Se habían pagado previamente? Por el momento estos datos no han trascendido, si bien Bendodo pidió este martes paciencia para avanzar en esta investigación. «Se cae el discurso de las banderas del socialismo en Andalucía de la Sanidad, la Educación y la Dependencia porque son los tres fraudes a los andaluces, un insulto. ¿Por qué tomaban el pelo a los andaluces? ¿Por qué se inventaban los datos?».
El consejero de la Presidencia advirtió que el Gobierno del cambio está dispuesto a llegar hasta el final en este asunto, «y aquí tienen que dar explicaciones cuatro consejeros: María Jesús Montero, Aquilino Alonso, María José Sánchez Rubio y Marina Álvarez».
La respuesta del PSOE
La reacción de los socialistas no se hizo esperar. El portavoz parlamentario, José Fiscal, anunció que denunciarán ante la Junta Electoral al consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, al considerar que el PP y Ciudadanos «utilizan medios públicos para intentar interferir en la campaña electoral».
Según su versión, la denuncia sobre las vacunas de la gripe, «es una nueva gran mentira del Gobierno andaluz intentando confundir de manera irresponsable y falsa a la ciudadanía, ya que no cuentan las vacunas que se distribuyen a los numerosos colectivos considerados en situación de riesgo, como fuerzas de seguridad, bomberos, personal sanitario, trabajadores de residencias de personas mayores, ayuntamientos o diputaciones.
A juicio de Fiscal, la denuncia del consejero de la Presidencia denota un desconocimiento «absoluto y una irresponsabilidad mayúscula» al no contabilizar las vacunas distribuidas por la Dirección General de Salud entre todos los colectivos, entidades e instituciones consideradas en situación de riesgo, y que suponían cada año unas 100.000 vacunas a sumar a las dispensadas en los centros sanitarios públicos. Un dato que asegura no se puede ocultar ya que los centros que dispensan las vacunas los registran obligatoriamente en el sistema Diraya». Fiscal no explicó por qué el desfase en las estadísticas de embarazadas, mayores de 65 años y personal sanitario que se remitían desde la Junta al Ministerio.
Por su parte, el vicesecretario del PP, Toni Martín, cuestionó si Susana Díaz explicará «el fraude de las vacunas y el coste que ha supuesto para Andalucía o si tendremos que pedirlo en los tribunales».
https://sevilla.abc.es/andalucia/se...-pusieron-andalucia-201910222224_noticia.html
El Gobierno infló los datos de pacientes vacunados desde 2012 entre un 9 y un 15% para llegar al mismo nivel que la media de las comunidades
Tal como ocurrió con las listas de espera, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha descubierto un desfase en las estadísticas de la vacunación de la gripe durante la gestión de los últimos gobiernos del PSOE. Una cosa eran los datos reales y otra muy diferentes los que se comunicaban al Ministerio de Sanidad para las estadísticas oficiales. Entre 2012 y 2019 el desfase fue nada menos que de un millón de andaluces que constan como vacunados en las correspondientes campañas contra la gripe pero que, en realidad, no recibieron estas dosis.
Y no se trató de un error puntual sino de una práctica habitual según ha detectado un informe de la Inspección de Servicios Sanitarios del SAS que ha destapado este fraude al preparar la campaña de vacunación de la gripe para este año que comienza la próxima semana. Un «escándalo mayúsculo» en palabras del consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, quien ayer dió todos los detalles del informe presentado en el Consejo de Gobierno.
Con los datos oficiales que se enviaba desde el Gobierno andaluz hasta el Ministerio de Sanidad, Andalucía figuraba por encima de la media de las comunidades autónomas en tasa de vacunación contra la gripe cuando, en realidad, estaba por debajo. Se daba de esta manera una falsa impresión de buena gestión en medicina preventiva.
El Gobierno andaluz desde 2012, infló sistemáticamente los datos del número de personas vacunadas entre un 9% y un 15%. Así, en el programa de gestión interno de los pacientes del SAS, denominado Diraya, constan como vacunados 3.704.080 personas mayores de 65 años, si bien la Junta comunicó al Ministerio de Sanidad que se había vacunado a 4.557.796 personas, un desfase de 853.716 «vacunados fantasma».
Otro tanto sucede con las embarazadas, población de riesgo a la que se recomendaba vacunar desde 2017, al igual que el personal sanitario. En ese año, se vacunó de la gripe al 27,7% de las embarazadas, pero se declaró un 35,3%. Del personal sanitario se vacunó al 22,5% pero se declaró un 33,2%. Ambos datos porcentuales están ligeramente por encima de la media de España.
Más vacunas que pacientes
El consejero de la Presidencia explicó ayer que hay un informe reservado que todavía no está terminado pero que muestra que los datos están inflados. «Se ha podido malgastar el dinero público, pero estamos investigando hasta dónde llega el fraude».
La clave de este desfase de los datos está en que la Inspección de Servicios Sanitarios del SAS ha detectado que se compraron más vacunas de la gripe que pacientes las recibían, una práctica repetida todos los años. Así, el SAS contrataba las vacunas de la gripe que estimaba ya que tiene autonomía para hacerlo al margen del Ministerio de Sanidad y del resto de las comunidades autónomas.
Se vacunaba a la población que voluntariamente lo requería —aunque se recomendaba especialmente a los grupos de riesgo que son mayores de 65 años, sanitarios y embarazadas, principalmente— y al registrarlo en el sistema, se inflaban los datos. Posteriormente se devolvían las vacunas sobrantes, si bien parece ser que había vacunas registradas pero no utilizadas y ahí es donde está centrada la investigación. ¿Qué se hacía con estas vacunas que sobraban? ¿Se habían pagado previamente? Por el momento estos datos no han trascendido, si bien Bendodo pidió este martes paciencia para avanzar en esta investigación. «Se cae el discurso de las banderas del socialismo en Andalucía de la Sanidad, la Educación y la Dependencia porque son los tres fraudes a los andaluces, un insulto. ¿Por qué tomaban el pelo a los andaluces? ¿Por qué se inventaban los datos?».
El consejero de la Presidencia advirtió que el Gobierno del cambio está dispuesto a llegar hasta el final en este asunto, «y aquí tienen que dar explicaciones cuatro consejeros: María Jesús Montero, Aquilino Alonso, María José Sánchez Rubio y Marina Álvarez».
La respuesta del PSOE
La reacción de los socialistas no se hizo esperar. El portavoz parlamentario, José Fiscal, anunció que denunciarán ante la Junta Electoral al consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, al considerar que el PP y Ciudadanos «utilizan medios públicos para intentar interferir en la campaña electoral».
Según su versión, la denuncia sobre las vacunas de la gripe, «es una nueva gran mentira del Gobierno andaluz intentando confundir de manera irresponsable y falsa a la ciudadanía, ya que no cuentan las vacunas que se distribuyen a los numerosos colectivos considerados en situación de riesgo, como fuerzas de seguridad, bomberos, personal sanitario, trabajadores de residencias de personas mayores, ayuntamientos o diputaciones.
A juicio de Fiscal, la denuncia del consejero de la Presidencia denota un desconocimiento «absoluto y una irresponsabilidad mayúscula» al no contabilizar las vacunas distribuidas por la Dirección General de Salud entre todos los colectivos, entidades e instituciones consideradas en situación de riesgo, y que suponían cada año unas 100.000 vacunas a sumar a las dispensadas en los centros sanitarios públicos. Un dato que asegura no se puede ocultar ya que los centros que dispensan las vacunas los registran obligatoriamente en el sistema Diraya». Fiscal no explicó por qué el desfase en las estadísticas de embarazadas, mayores de 65 años y personal sanitario que se remitían desde la Junta al Ministerio.
Por su parte, el vicesecretario del PP, Toni Martín, cuestionó si Susana Díaz explicará «el fraude de las vacunas y el coste que ha supuesto para Andalucía o si tendremos que pedirlo en los tribunales».
https://sevilla.abc.es/andalucia/se...-pusieron-andalucia-201910222224_noticia.html
Imputan al hermano de Ximo Puig y a Trenzano por las ayudas del Consell al valenciano
Francis Puig, en una imagen de la web Comarquesnord.
El productor audiovisual declarará por presunto fraude de subvenciones | El director de Política Lingüística añadirá también presunta malversación y prevaricación
El juzgado de instrucción número 4 de Valencia ha citado en calidad de investigados al director de Política Lingüística, Rubén Trenzano, y al empresario audiovisual de Castellón y hermano del presidente de la Generalitat, Francis Puig, por las ayudas recibidas por las productoras Mas Mut y Comunicación dels Ports para el fomento del valenciano. Desde que el Botánico llegó al gobierno de la Generalitat las empresas del hermano de Ximo Puig han recibido más de 600.000 euros en ayudas de varias instituciones. Trenzano y Francis Puig declaran por la comisión de los presuntos delitos de fraude de subvenciones, prevaricación y malversación el primero y por fraude de subvención al segundo. La investigación parte de una querella presentada por el PP valenciano
Las productoras Mas Mut y Comunicacions dels Ports han recibido ayudas de la Generalitat así como del Govern catalán y del Gobierno de Aragón. Cuatro consellerias del Botánico han dado ayudas públicas a las firmas del hermano del jefe del Consell. Justicia, Turismo, Educación y Presidencia han inyectado dinero en estas productoras en forma de subvención en los últimos años. También está siendo investigada por Antifraude y la Comisión Nacional de Mercados y Competencia por presuntamente pactar precios para lograr un contrato público de À Punt, que excluyó el proceso a la productora del hermano de Puig y a las de la familia Adell Bover, empresarios muy vinculado a Francis Puig.
En 2015, la empresa de Francis Puig recibió 153.434 euros en subvenciones. La cantidad fue aumentado de manera paulatina para ser de 171.820 euros en 2016; 183.132 euros en 2017 y 80.382 euros, en 2018. Varias de estas ayudas las firmó el director de Política Lingüística, Rubén Trenzano, que también está siendo investigado por un juzgado de Valencia por presunta falsedad documental porque aseguró en abril de 2018 que las ayudas al hermano de Puig eran correctas y luego la Abogacía de la Generalitat demostró que no se fiscalizaron hasta julio de 2018, tres meses después de que Trenzano asegurara que todo era correcto. El director de Política Lingüística justificó el hecho en que posteriormente se había hecho una corrección en la normativa de fiscalización.
Según la querella, la empresa del hermano de Puig no cumplía los requisitos para recibir las ayudas, se justificó la subvención con partidas duplicadas, los medios compartían contenido pero recibían las ayudas por separado. Además, según la querella, no tenían licencia en el momento de recibir la ayuda y muchas de las facturas están duplicadas.
https://www.lasprovincias.es/politica/imputan-hermano-puig-20191028211530-nt.html
Francis Puig, en una imagen de la web Comarquesnord.
El productor audiovisual declarará por presunto fraude de subvenciones | El director de Política Lingüística añadirá también presunta malversación y prevaricación
El juzgado de instrucción número 4 de Valencia ha citado en calidad de investigados al director de Política Lingüística, Rubén Trenzano, y al empresario audiovisual de Castellón y hermano del presidente de la Generalitat, Francis Puig, por las ayudas recibidas por las productoras Mas Mut y Comunicación dels Ports para el fomento del valenciano. Desde que el Botánico llegó al gobierno de la Generalitat las empresas del hermano de Ximo Puig han recibido más de 600.000 euros en ayudas de varias instituciones. Trenzano y Francis Puig declaran por la comisión de los presuntos delitos de fraude de subvenciones, prevaricación y malversación el primero y por fraude de subvención al segundo. La investigación parte de una querella presentada por el PP valenciano
Las productoras Mas Mut y Comunicacions dels Ports han recibido ayudas de la Generalitat así como del Govern catalán y del Gobierno de Aragón. Cuatro consellerias del Botánico han dado ayudas públicas a las firmas del hermano del jefe del Consell. Justicia, Turismo, Educación y Presidencia han inyectado dinero en estas productoras en forma de subvención en los últimos años. También está siendo investigada por Antifraude y la Comisión Nacional de Mercados y Competencia por presuntamente pactar precios para lograr un contrato público de À Punt, que excluyó el proceso a la productora del hermano de Puig y a las de la familia Adell Bover, empresarios muy vinculado a Francis Puig.
En 2015, la empresa de Francis Puig recibió 153.434 euros en subvenciones. La cantidad fue aumentado de manera paulatina para ser de 171.820 euros en 2016; 183.132 euros en 2017 y 80.382 euros, en 2018. Varias de estas ayudas las firmó el director de Política Lingüística, Rubén Trenzano, que también está siendo investigado por un juzgado de Valencia por presunta falsedad documental porque aseguró en abril de 2018 que las ayudas al hermano de Puig eran correctas y luego la Abogacía de la Generalitat demostró que no se fiscalizaron hasta julio de 2018, tres meses después de que Trenzano asegurara que todo era correcto. El director de Política Lingüística justificó el hecho en que posteriormente se había hecho una corrección en la normativa de fiscalización.
Según la querella, la empresa del hermano de Puig no cumplía los requisitos para recibir las ayudas, se justificó la subvención con partidas duplicadas, los medios compartían contenido pero recibían las ayudas por separado. Además, según la querella, no tenían licencia en el momento de recibir la ayuda y muchas de las facturas están duplicadas.
https://www.lasprovincias.es/politica/imputan-hermano-puig-20191028211530-nt.html
El alcalde del PSOE de Vegas del Genil prometió a una vecina que dirigiría un programa municipal si ganaba las elecciones
Leandro Martín firmó el acuerdo en papel timbrado del PSOE en el que consta su firma y el sello de la agrupación local del partido
Un nuevo contrato para garantizarse los votos en las elecciones municipales. El PP de Andalucía ha hecho público en la mañana de este lunes un documento firmado entre el alcalde de Vegas del Genil (Granada), el socialista Leandro Martín, y una vecina para la puesta en marcha de un programa de Educación Ambiental «si el PSOE de Vegas del Genil gana las próximas elecciones municipales».
Un programa «diseñado en su totalidad y siendo responsable del mismo» la vecina que firma el acuerdo.
Lo más llamativo del caso es que el acuerdo está firmado en papel timbrado del PSOE por lo que cuenta con el logotipo del PSOE de Andalucía y también con el del PSOE nacional (la rosa encima de la palabra Socialistas). Además, la firma del alcalde tiene el sello de la agrupación socialista de Vegas del Genil.
En el texto, hecho público por el vicesecretario del PP de Andalucía, Toni Martín, y la portavoz popular en el Ayuntamiento, María del Carmen Ros, está fechado en Vegas del Genil a 8 de abril de 2015 y establece el compromiso de poner en marcha el Proyecto Gaia: Investigación Educación Ambiental, dirigido por una vecina de la localidad que es doctora en Biología por la Universidad de Granada.
«Este documento es un escándalo mayúsculo porque no solo rompe las normas éticas y morales sino también las administrativas y las legales. Se salta la ley de contratos del Estado sin ningún problema», ha explicado Toni Martín.
«¿Dónde está la concurrencia, la transparencia, la objetividad en las adjudicaciones, los principios que rige la ley de contratos?», se ha preguntado el dirigente popular.
La portavoz municipal de Vegas del Genil, por su parte, ha explicado que el alcalde no cumplió con su palabra con esta vecina y que hay rumores en el pueblo de que hay cientos de contratos similares firmados por el aspirante socialista a la Alcaldía.
El PP ha anunciado que llevará este documento a la Fiscalía y que se unirá al contrato que este mismo alcalde ofreció a un vecino por 1.500 euros en el Ayuntamiento si ganaba las elecciones de 2015.
https://sevilla.abc.es/andalucia/gr...i-ganaba-elecciones-201910281345_noticia.html
Leandro Martín firmó el acuerdo en papel timbrado del PSOE en el que consta su firma y el sello de la agrupación local del partido
Un nuevo contrato para garantizarse los votos en las elecciones municipales. El PP de Andalucía ha hecho público en la mañana de este lunes un documento firmado entre el alcalde de Vegas del Genil (Granada), el socialista Leandro Martín, y una vecina para la puesta en marcha de un programa de Educación Ambiental «si el PSOE de Vegas del Genil gana las próximas elecciones municipales».
Un programa «diseñado en su totalidad y siendo responsable del mismo» la vecina que firma el acuerdo.
Lo más llamativo del caso es que el acuerdo está firmado en papel timbrado del PSOE por lo que cuenta con el logotipo del PSOE de Andalucía y también con el del PSOE nacional (la rosa encima de la palabra Socialistas). Además, la firma del alcalde tiene el sello de la agrupación socialista de Vegas del Genil.
En el texto, hecho público por el vicesecretario del PP de Andalucía, Toni Martín, y la portavoz popular en el Ayuntamiento, María del Carmen Ros, está fechado en Vegas del Genil a 8 de abril de 2015 y establece el compromiso de poner en marcha el Proyecto Gaia: Investigación Educación Ambiental, dirigido por una vecina de la localidad que es doctora en Biología por la Universidad de Granada.
«Este documento es un escándalo mayúsculo porque no solo rompe las normas éticas y morales sino también las administrativas y las legales. Se salta la ley de contratos del Estado sin ningún problema», ha explicado Toni Martín.
«¿Dónde está la concurrencia, la transparencia, la objetividad en las adjudicaciones, los principios que rige la ley de contratos?», se ha preguntado el dirigente popular.
La portavoz municipal de Vegas del Genil, por su parte, ha explicado que el alcalde no cumplió con su palabra con esta vecina y que hay rumores en el pueblo de que hay cientos de contratos similares firmados por el aspirante socialista a la Alcaldía.
El PP ha anunciado que llevará este documento a la Fiscalía y que se unirá al contrato que este mismo alcalde ofreció a un vecino por 1.500 euros en el Ayuntamiento si ganaba las elecciones de 2015.
https://sevilla.abc.es/andalucia/gr...i-ganaba-elecciones-201910281345_noticia.html
