La corrupcion del PSOE (1 Viewer)

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Detenido el presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, en una operación contra la corrupción
Se investigan irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra, antigua Imelsa, en 2015, denunciadas por Anticorrupción.
Fernando Lorente Seguir a fer6lorente
2018-06-27
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Jorge Rodríguez | Diputación de Valencia
El Juzgado de Instrucción nº9 de Valencia coordina las actuaciones en el marco de la llamada Operación Alquería. Como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, la Guardia Civil ha detenido al socialista Jorge Rodríguez, presidente de la Diputación y alcalde de Onteniente. Está previsto el arresto de cinco personas más –se han practicado, al menos, dos–, entre ellos el jefe de gabinete Ricard Gallego.

Están bajo el foco delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en la contratación de siete altos cargos de Divalterra, la antigua empresa pública Imelsa, sin el visto bueno del Consejo de Administración. La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción habría partido el pasado mes de mayo del representante de Ciudadanos en dicha sociedad. Participan en el operativo los agentes de la UDEF, de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Jefatura Superior de Valencia.

Las diligencias están secretas y la investigación sigue abierta, según el TSJCV. Se han practicado registros en la Diputación de Valencia, las sedes del Ayuntamiento de Onteniente y en la social de Divalterra. También en las viviendas de los imputados.


Jorge Rodríguez es portavoz de la dirección del PSPV, una persona muy cercana a Ximo Puig y candidato a la sucesión.

El caso Imelsa
Imelsa es el epicentro de otra de las grandes causas de corrupción en la Comunidad Valenciana. El sumario al que da nombre revela la disputa que se habría librado en el Partido Popular de la región entre la dirección provincial, presidida por Alfonso Rus, y autonómica, liderada por Francisco Camps. Según la investigación, solo compartían objetivo: acaparar dinero ilícito mediante un sistema eficiente y bien engrasado.

Responsables políticos de la Diputación y de varios Ayuntamientos se beneficiaban de su influencia con comisiones a cambio de amañar contratos públicos a favor de empresarios dispuestos a colmar sus bolsillos. La investigación arrancó en abril de 2015 auspiciada por una denuncia de Esquerra Unida que incluía una grabación comprometedora. En ella, se escuchaba a Rus contando billetes de quinientos euros, al parecer de comisiones ilegales, hasta llegar a "12.000 euros, dos millones de pelas". Aparece a su lado Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública Imelsa y al que la Guardia Civil sitúa al frente del entramado corrupto. El caso Imelsa reúne ya a más de cien investigados entre personas físicas y jurídicas. Existen indicios de una retahíla de delitos: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales.

"Los reyes magos" de Benavent
Otro de los anexos del sumario expone las turbias maniobras que habrían marcado el camino de la concejalía de Cultura en materia de contratación. Su titular con Rita Barberá de alcaldesa, María José Alcón, habría elegido sistemáticamente los grupos a los que se adjudicaban obras y servicios públicos. En conversaciones con Marcos Benavent se ve cómo el exgerente de Imelsa, en continua comunicación con Alcón, gestiona con las empresas el posterior cobro de comisiones, que luego se repartían.

En un extracto de las grabaciones, Benavent anuncia la llegada de los "reyes magos". Se refería a una mordida de 20.000 euros repartió con Alcón y el PP. Según informes de la UCO, este mismo método se extendió en el Ayuntamiento de Valencia para los concursos públicos de "obras de limpieza y mantenimiento de las fachadas de la Lonja", "Ejecución de las Obras de Limpieza y Consolidación de las Torres del Portal de Quart", "Ejecución de las Obras de Conservación y Restauración de los Puentes Históricos de Serranos y de la Trinidad (Fase 1)" y "construcción y explotación del Centro Cultural de la Rambleta".

En medio de este panorama de mordidas aparece también el nombre de Francisco Camps. El expresidente de las Cortes Valencianas denunció al Guardia Civil que le señala como gestor, cobrador y repartidor del botín del caso Imelsa.

https://www.libertaddigital.com/esp...na-operacion-contra-la-corrupcion-1276621159/
 

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https://www.eldiario.es/cv/Operacion-Alqueria-Contratos-informes-enchufados_0_786722394.HTML
La Diputación de València enchufó como
altos cargos a miembros del PSPV y
Compromís pese a varios informes en contra


La presunta malversación investigada por el juzgado de Instrucción número 9 de València podría superar los dos millones de euros, la suma de los sueldos de los altos directivos

La UDEF ha abierto una línea de investigación para indagar si las contrataciones se realizaron a cambio de que los altos cargos abonaran una cantidad a los partidos políticos



La Operación Alquería que ha acabado con el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, tres asesores y tres directivos de la empresa pública Divalterra, la antigua Imelsa, en los calabozos de la Policía Nacional se centra en la investigación de siete presuntos contratos fraudulentos de alta dirección, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Pero las pesquisas seguidas por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos son secretas y podrían ampliarse, máxime cuando ha habido registro en domicilios particulares.

Los siete contratos de alta dirección por los que han pasado una decena de personas fueron muy contestados por la oposición de PP y Ciudadanos desde un principio, pero también desde Esquerra Unida, que forma parte del Gobierno a cuatro -PSPV, Compromís, València en Comú y EUPV- que gobierna la Diputación. Tanto, que se aprobaron sin pasar por el consejo de administración y con hasta 14 informes contradictorios, según la información contrastada por eldiario.es.

Los contratos convertían a jefes de área en altos directivos y disparaban sus emolumentos hasta los 69.000 euros, aunque la mayoría ganaba entre 50.000 y 59.000 euros. Los elegidos por los cogerentes ahora detenidos -Agustina Brines y Xavier Simó- son personal muy vinculado a los partidos, tanto del PSPV como de Compromís. De hecho, tres cargos los nombraba la coalición y otros cuatro los socialistas.

Los altos directivos de la empresa pública Divalterra contratados por esta fórmula y que evitaba la concurrencia pública y los méritos son alcaldes socialistas de pequeños municipios como Salvador Femenía (Alquería de la Comtessa) o Víctor Jiménez (Rocafort), el presidente de la gestora del PSPV en la comarca de la Hoya de Buñol, Lucas Ferrando; o el exsecretario de Organización del Bloc (partido que forma parte de la coalición Compromís) Josep Melero.

La clave de las discrepancias en los informes se basaba en la elección a dedo de estas personas y en su consideración de altos cargos para conseguir mayores salarios. Los informes favorables justificaban la necesidad de la creación de estos puestos -antes eran jefaturas- para gobernar una plantilla de más de 600 empleados, mientras que los informes negativos reclamaban la concurrencia pública y la meritocracia de los candidatos.

Y es esa falta de concurrencia pública y el hecho de no haberse llevado al consejo de administración lo que motivó las denuncias de PP y Ciudadanos. El partido que preside Albert Rivera calculaba en su denuncia inicial que el dinero abonado en sueldos por estos cargos de alta dirección que han ocupado entre 2015 y 2018 una decena de personas podría superar los dos millones de euros.

La UDEF investiga si había pagos a los partidos
Una línea de investigación de la Unidad de Delincuencia Económica (UDEF) de la policía nacional es si la contratación de estas personas se habría realizado a cambio de abonar una cantidad que los cargos públicos pagan a los partidos, en este caso a PSPV y Compromís. Es habitual en los partidos de izquierdas que sus representantes públicos en las instituciones cedan parte de su salario para los gastos de funcionamiento de las formaciones.

Divalterra, la empresa pública saqueada en época del PP de Alfonso Rus, ha estado en el foco de la polémica desde que se decidiera no liquidarla tras el gran escándalo de corrupción del caso Taula. La entidad ha seguido funcionado -principalmente en la gestión de las brigadas forestales- y ha seguido siendo utilizada políticamente.

Tanto PP como Ciudadanos han denunciado fraccionamiento de contratos e hicieron caer a un gerente, el dimitido Víctor Sahuquillo, por pasar gastos de bebidas alcohólicas a la empresa pública. El propio presidente de la Diputación de Valencia ahora detenido frenó un contrato de 600.000 euros para llevar las causas penales de la empresa pública a un despacho de abogados que había defendido a cargos del PSPV y que estaba vinculado al abogado de cabecera de los socialistas, Virgilio Latorre, a quien la formación adeuda una importante suma de dinero de sus años de lucha penal contra la corrupción del PP.

Los seis detenidos este miércoles en la Operación Alquería pasan la noche en los calabozos a la espera de ser puestos a disposición judicial. El presidente de la Diputación de Valencia tiene previsto ser interrogado por el juez el viernes, según el TSJ, por lo que habrá pasado 48 horas detenido.

La UDEF ha permanecido seis horas de registro en el Ayuntamiento de Ontinyent y en el domicilio de Jorge Rodríguez. Por la tarde acudieron a la Diputación con el presidente detenido para indagar en su despacho, que había sido precintado a primera hora de la mañana.
 
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Que chorizo

Como supuesta víctima, Pizarro denunció un robo en la Policía Nacional, si bien las pesquisas realizadas en establecimientos de compraventa de joyas permitieron a los agentes localizar las sustraídas y comprobar que fue él mismo quien les había vendido, por lo que fue procesado.
En el juicio se alcanzó un acuerdo de conformidad por el que el acusado reconoció los hechos y la Fiscalía rebajó la pena inicial de cuatro años que pedía a un año, suspendida al carecer de antecedentes, y al pago de 4.940 euros en concepto de responsabilidad civil y reparación del daño causado.
 


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Corinna: “La idea del AVE a la Meca fue de Moratinos, no mía”
Grabación de Corinna durante la reunión con Villalonga y el comisario Villarejo.
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Una de las pocas veces que Corinna se dirige a Villalonga en inglés es cuando se refiere al proyecto del AVE a La Meca para responsabilizar de la operación a Moratinos, el ex ministro de Asuntos Exteriores del presidente socialista Rodríguez Zapatero y, más tarde, un influyente hombre de negocios internacionales.

La princesa repasa con atención el documento que le ha facilitado Villarejo sobre algunos de sus negocios.

-Corinna. Léelo que es interesante -le dice a Villalonga-. Lo que están diciendo es que los fondos para esa infraestructura era idea mía. Que yo monté todo este entramado de infraestructuras para hacerles un favor a las empresas españolas y dan a entender que las cosas no se hicieron bien. Pero la verdad es que la estructura fue montada por los dos gobiernos. Fue Moratinos al que se le ocurrió la idea. No fuimos nosotros. Cuando lo anunció, ninguno de nosotros lo sabíamos. Nosotros queríamos un proyecto de tren pero no el de alta velocidad. Era otro proyecto. En cambio, dijeron que encontrarían la manera de montarlo y ahora intentan hacer ver que fui quien lo organizó todo.



-V. Es interesante tener un poco el concepto de por donde van. Yo creo que ellos están hablando con Villar Mir para que sea él quien presente la denuncia por blanqueo, estafa, etc. etc. Y están elaborando el informe de las sociedades offshore de la estructura que al final…

-C. La entidad del dinero en España ha sido Morgan&Stanley España. Ha sido todo hecho en España
 
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Corinna: “La idea del AVE a la Meca fue de Moratinos, no mía”
Grabación de Corinna durante la reunión con Villalonga y el comisario Villarejo.
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Una de las pocas veces que Corinna se dirige a Villalonga en inglés es cuando se refiere al proyecto del AVE a La Meca para responsabilizar de la operación a Moratinos, el ex ministro de Asuntos Exteriores del presidente socialista Rodríguez Zapatero y, más tarde, un influyente hombre de negocios internacionales.

La princesa repasa con atención el documento que le ha facilitado Villarejo sobre algunos de sus negocios.

-Corinna. Léelo que es interesante -le dice a Villalonga-. Lo que están diciendo es que los fondos para esa infraestructura era idea mía. Que yo monté todo este entramado de infraestructuras para hacerles un favor a las empresas españolas y dan a entender que las cosas no se hicieron bien. Pero la verdad es que la estructura fue montada por los dos gobiernos. Fue Moratinos al que se le ocurrió la idea. No fuimos nosotros. Cuando lo anunció, ninguno de nosotros lo sabíamos. Nosotros queríamos un proyecto de tren pero no el de alta velocidad. Era otro proyecto. En cambio, dijeron que encontrarían la manera de montarlo y ahora intentan hacer ver que fui quien lo organizó todo.



-V. Es interesante tener un poco el concepto de por donde van. Yo creo que ellos están hablando con Villar Mir para que sea él quien presente la denuncia por blanqueo, estafa, etc. etc. Y están elaborando el informe de las sociedades offshore de la estructura que al final…

-C. La entidad del dinero en España ha sido Morgan&Stanley España. Ha sido todo hecho en España
Moratinos con el culo al aire. Mala noticia para el PSOE de Pedrito.
 

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