Irene Montero. Ex ministra de Igualdad, candidata de Podemos a las elecciones Europeas

Indignación en redes por la sentencia en el caso de acoso a los bebés de Irene Montero y Pablo Iglesias.​


Ayer miércoles se conoció la sentencia por el caso de acoso a los bebés de Irene Montero, ministra de Igualdad, y Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno.
El juez David Yehiel Maman Benchimol absolvió al redactor de OKdiario Alejandro Entrambasaguas contrariando el criterio de la Fiscalía.

El Juez recoge en su sentencia que pese a la inquietud que pudo provocar en la cuidadora de los menores como en los padres, la actividad del periodista de Eduardo Inda no incurrió en delito.

La resolución será recurrida por los padres de los bebés, que así lo anunciaban en redes al conocer la sentencia.











 

Indignación en redes por la sentencia en el caso de acoso a los bebés de Irene Montero y Pablo Iglesias.​


Ayer miércoles se conoció la sentencia por el caso de acoso a los bebés de Irene Montero, ministra de Igualdad, y Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno.
El juez David Yehiel Maman Benchimol absolvió al redactor de OKdiario Alejandro Entrambasaguas contrariando el criterio de la Fiscalía.

El Juez recoge en su sentencia que pese a la inquietud que pudo provocar en la cuidadora de los menores como en los padres, la actividad del periodista de Eduardo Inda no incurrió en delito.

La resolución será recurrida por los padres de los bebés, que así lo anunciaban en redes al conocer la sentencia.












¿ Indignacion en las redes? Yo lo que leo es a todo es mundo riendose del ridiculo tan espantoso que han hecho el Chepas y su Churri.......😁😁😁😁😁
 
¿ Indignacion en las redes? Yo lo que leo es a todo es mundo riendose del ridiculo tan espantoso que han hecho el Chepas y su Churri.......😁😁😁😁😁
Que no te extrañe que le monten un escrache estilo podemos a este hombre, ya sabemos como las gasta la casta podemita cuando le llevan la contraria, menos mal que ya cada vez son menos los que se creen a estos sinverguenzas
 

POLÍTICA

Igualdad anuncia la nueva ley del aborto​


Irene Montero ha expuesto los principales puntos de la nueva norma en comparecencia ante la Comisión de Igualdad, que incluye la revocación del permiso paterno para mujeres entre 16 y 18 años y la eliminación de los 3 días de reflexión

Para la cartera liderada por Irene Montero (UP) el aborto es “la clave de bóveda de los derechos que permiten a las mujeres ser iguales y libres, decidir libremente sobre sus cuerpos y por tanto sobre sus vidas y sus proyectos vitales”, según ha declarado en la Comisión de Igualdad celebrada en el Congreso esta misma tarde.

Por ello, ha pormenorizado en los detalles que reconocerá la nueva ley del aborto, que será aprobada próximamente en el Parlamento. Este nuevo marco legal pretende hacer llegar a todas las mujeres que quieran interrumpir voluntariamente su embarazo las condiciones para llevarlo a cabo de manera igualitaria, independientemente “del dinero que cada mujer tiene en su cuenta corriente, de la ciudad o pueblo en el que viva, del color de su piel, de su orientación sexual, de si tienen o no algún tipo de discapacidad o de si tienen o no papeles”, ha enfatizado la Ministra.

La ley llega en un momento donde el Partido Popular propone derogar la normativa vigente, del año 2010, para imponer “la vuelta a la ley del año 85”. “Es un riesgo para la democracia”, valoraba Montero, quien recordaba que el aborto “es un derecho reconocido en nuestra legislación”, así como encuentra establecido en calidad de “derecho humano” por organismos internacionales como “las Naciones Unidas (ONU) y las instituciones europeas”, por lo que enfatizaba en que “todos los poderes públicos tienen que garantizar su libre ejercicio”.

OBSTÁCULOS A PESAR DE ESTAR RECONOCIDO EN LA LEY

El informe del Ministerio de Sanidad del año 2020 revelaba que el 87,25% de los abortos se llevaron a cabo fuera de los hospitales públicos, de ellos, el 78,04% en clínicas privadas. Para Igualdad, estos datos indican “que existe un problema en relación a la garantía de accesibilidad, gratuidad y equidad territorial en relación a la interrupción voluntaria del embarazo”, y señalan como prueba que Madrid, Extremadura, Castilla la Mancha y Murcia no han practicado ninguno en centros públicos durante dicho año.

Además, alertan que 12 provincias no han notificado “ni una sola interrupción voluntaria del embarazo en los últimos cinco años, ni siquiera en centros privados”. Ello, a pesar de existir, según la información manejada por el Ministerio, mujeres que sí las han solicitado. Son Jaén, Toledo, Cuenca, Guadalajara, Huesca, Teruel, Palencia, Segovia, Ávila, Zamora, Soria, Cáceres y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. “Esto quiere decir que las mujeres de estas provincias se han tenido que desplazar 100 o 200 kilómetros para poder ejercer un derecho que tienen reconocido”, valoraba Montero, que criticaba que tengan “que irse a otro territorio, lejos de su casa, para poder ejercer su derecho a decidir”.

“INTERRUMPIR EL EMBARAZO VA A ESTAR GARANTIZADO EN TODOS LOS HOSPITALES PÚBLICOS”

Asimismo, el Ministerio ha anunciado la regulación de la objeción de conciencia –tal como ya recoge la ley de eutanasia– que, si bien reconoce que es un derecho constitucional y así se respetará por parte de las instituciones, no puede “suponer un impedimento” incompatible con el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo.

Además, se eliminarán los 3 días de reflexión que ahora se obliga a las mujeres a aceptar antes de abortar por ley así como la necesidad de presentar el consentimiento paterno que todavía se requiere a las mujeres entre 16 y 18 años que quieren interrumpir el embarazo.

Otras medidas adicionales que contempla la nueva normativa radican en habilitar teléfonos informativos sobre salud sexual y reproductiva, que proporcionarán indicaciones seguras para la realización, así como se facilitará el acceso a métodos anticonceptivos y se enfatizará en la educación sexual en los centros educativos.

“Es propósito y deber de este gobierno el blindar el derecho al aborto en la sanidad pública y acabar con los obstáculos que impiden a las mujeres decidir sobre sus cuerpos y sus vidas”, ha remarcado la Ministra.

https://luhnoticias.es/igualdad-anuncia-la-nueva-ley-del-aborto/
 

La Justicia europea concluye que España discrimina a las trabajadoras del hogar por negarles el paro​

  • Histórica sentencia para las empleadas domésticas y de cuidados, que resuelve que la negativa de España a que puedan acceder al paro es contraria a la legislación comunitaria de igualdad entre mujeres y hombres.​


España discrimina a las empleadas del hogar al negarles el derecho al paro. Histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para este colectivo de trabajadoras, el único sector sin acceso a esta protección social básica, que las empuja aún más a la precariedad y la pobreza. Los magistrados europeos concluyen que negar el acceso al desempleo sobre estas casi 400.000 mujeres es contrario a la directiva europea de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social.

Las conclusiones del abogado general de la UE ya advirtieron de la discriminación
SABER MÁS

En su sentencia de este jueves, el TJUE declara que la directiva europea en materia de igualdad "se opone a una disposición nacional que excluye las prestaciones por desempleo de las prestaciones de seguridad social concedidas a los empleados de hogar por un régimen legal de seguridad social, en la medida en que dicha disposición sitúe a las trabajadoras en desventaja particular con respecto a los trabajadores y no esté justificada por factores objetivos y ajenos a cualquier discriminación por razón de s*x*", recoge el comunicado de prensa del organismo europeo, que aún no ha colgado el texto íntegro de la sentencia.


El tribunal falla en el mismo sentido que las conclusiones del abogado general, Maciej Szpunar, que ya desmontaron los argumentos de la Seguridad Social y de los abogados del Estado español para justificar que las empleadas del hogar no puedan cotizar ni recibir protección por desempleo.

De este colectivo de trabajadoras se habla casi siempre en femenino porque lo ejercen una inmensa mayoría de mujeres. De manera formal, casi 400.000 trabajadoras afiliadas, y de manera informal, unas 150.000 sin dar de alta en la Seguridad Social. Esa práctica totalidad de mujeres en su desempeño –más del 95% de las personas afiliadas, como se ha remitido al TJUE– es una de las bases por las que los jueces concluyen que existe una discriminación indirecta por razón de género en la negativa de España a darles acceso al paro.

Una desigualdad de trato no justificada​

No todo trato diferenciado que alcance a una mayoría de mujeres tiene que ser necesariamente discriminatorio, pero para ello se debe justificar el porqué de esta diferencia y si es proporcionada para justificar los motivos.

Es lo que no ha logrado hacer España en este caso ante la corte de justicia europea, que si bien subraya que corresponde al juez español correspondiente verificar si así sucede en el caso de esta denuncia, de una trabajadora gallega contra la Seguridad Social por negarle la posibilidad de cotizar por el desempleo, el Tribunal de Justicia le proporciona indicaciones claras para resolver la cuestión.

El Gobierno español y la Tesorería General de la Seguridad Social alegan que la exclusión de la protección contra el desempleo en este colectivo de empleadas domésticas está ligada a las peculiaridades de este sector profesional, entre ellas la condición de los empleadores (que no son una empresa sino hogares particulares), y que responde a objetivos de mantenimiento de las tasas de empleo y de lucha contra el trabajo ilegal y el fraude a la Seguridad Social.

El Tribunal de Justicia confirma que los objetivos mencionados "son legítimos" desde el punto de vista de la política social. "No obstante, considera que la normativa española no parece adecuada para alcanzarlos, puesto que no parece aplicarse de manera coherente y sistemática a la luz de dichos objetivos", recoge el comunicado del tribunal difundido este jueves.

Otros trabajadores similares no están excluidos​

Los magistrados ponen de relieve que el colectivo de trabajadoras excluido de la protección contra el desempleo no se distingue de manera pertinente de otros de trabajadores que no lo están. Subraya que esos otros colectivos de trabajadores, cuya relación laboral se desarrolla a domicilio también para empleadores no profesionales, o cuyo sector laboral presenta las mismas peculiaridades en cuanto a índice de empleo, a cualificación y a remuneración que el de las empleadas de hogar, "plantean riesgos análogos en términos de reducción de las tasas de empleo, de fraude a la Seguridad Social y de recurso al trabajo ilegal, pero están todos ellos cubiertos por la protección contra el desempleo".

Además, el Tribunal de Justicia añade que la inclusión en el Sistema Especial para Empleados de Hogar da derecho, en principio, a todas las prestaciones concedidas por el Régimen General de Seguridad Social español, salvo las de desempleo. Este sistema cubre, entre otros, los riesgos relativos a los accidentes de trabajo y a las bajas por enfermedad común. Según el Tribunal de Justicia, existe también una falta de coherencia a este respecto, en la medida en que esas otras prestaciones presentan aparentemente los mismos riesgos de fraude a la Seguridad Social que las de desempleo.

El Tribunal de Justicia considera, por último, que la normativa española parece ir más allá de lo necesario para lograr los objetivos mencionados. La exclusión de la protección contra el desempleo implica también la imposibilidad de obtener otras prestaciones sociales a las que podrían tener derecho las empleadas del hogar y cuya concesión está supeditada a la extinción de las prestaciones por desempleo. Es el caso de subsidios como el de desemplados mayores de 52 años.

Por lo tanto, "esta exclusión entraña una mayor desprotección social de los empleados de hogar, que se traduce en una situación de desamparo social", recoge el comunicado de prensa.

 

POLÍTICA

Igualdad anuncia la nueva ley del aborto​


Irene Montero ha expuesto los principales puntos de la nueva norma en comparecencia ante la Comisión de Igualdad, que incluye la revocación del permiso paterno para mujeres entre 16 y 18 años y la eliminación de los 3 días de reflexión

Para la cartera liderada por Irene Montero (UP) el aborto es “la clave de bóveda de los derechos que permiten a las mujeres ser iguales y libres, decidir libremente sobre sus cuerpos y por tanto sobre sus vidas y sus proyectos vitales”, según ha declarado en la Comisión de Igualdad celebrada en el Congreso esta misma tarde.

Por ello, ha pormenorizado en los detalles que reconocerá la nueva ley del aborto, que será aprobada próximamente en el Parlamento. Este nuevo marco legal pretende hacer llegar a todas las mujeres que quieran interrumpir voluntariamente su embarazo las condiciones para llevarlo a cabo de manera igualitaria, independientemente “del dinero que cada mujer tiene en su cuenta corriente, de la ciudad o pueblo en el que viva, del color de su piel, de su orientación sexual, de si tienen o no algún tipo de discapacidad o de si tienen o no papeles”, ha enfatizado la Ministra.

La ley llega en un momento donde el Partido Popular propone derogar la normativa vigente, del año 2010, para imponer “la vuelta a la ley del año 85”. “Es un riesgo para la democracia”, valoraba Montero, quien recordaba que el aborto “es un derecho reconocido en nuestra legislación”, así como encuentra establecido en calidad de “derecho humano” por organismos internacionales como “las Naciones Unidas (ONU) y las instituciones europeas”, por lo que enfatizaba en que “todos los poderes públicos tienen que garantizar su libre ejercicio”.

OBSTÁCULOS A PESAR DE ESTAR RECONOCIDO EN LA LEY

El informe del Ministerio de Sanidad del año 2020 revelaba que el 87,25% de los abortos se llevaron a cabo fuera de los hospitales públicos, de ellos, el 78,04% en clínicas privadas. Para Igualdad, estos datos indican “que existe un problema en relación a la garantía de accesibilidad, gratuidad y equidad territorial en relación a la interrupción voluntaria del embarazo”, y señalan como prueba que Madrid, Extremadura, Castilla la Mancha y Murcia no han practicado ninguno en centros públicos durante dicho año.

Además, alertan que 12 provincias no han notificado “ni una sola interrupción voluntaria del embarazo en los últimos cinco años, ni siquiera en centros privados”. Ello, a pesar de existir, según la información manejada por el Ministerio, mujeres que sí las han solicitado. Son Jaén, Toledo, Cuenca, Guadalajara, Huesca, Teruel, Palencia, Segovia, Ávila, Zamora, Soria, Cáceres y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. “Esto quiere decir que las mujeres de estas provincias se han tenido que desplazar 100 o 200 kilómetros para poder ejercer un derecho que tienen reconocido”, valoraba Montero, que criticaba que tengan “que irse a otro territorio, lejos de su casa, para poder ejercer su derecho a decidir”.

“INTERRUMPIR EL EMBARAZO VA A ESTAR GARANTIZADO EN TODOS LOS HOSPITALES PÚBLICOS”

Asimismo, el Ministerio ha anunciado la regulación de la objeción de conciencia –tal como ya recoge la ley de eutanasia– que, si bien reconoce que es un derecho constitucional y así se respetará por parte de las instituciones, no puede “suponer un impedimento” incompatible con el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo.

Además, se eliminarán los 3 días de reflexión que ahora se obliga a las mujeres a aceptar antes de abortar por ley así como la necesidad de presentar el consentimiento paterno que todavía se requiere a las mujeres entre 16 y 18 años que quieren interrumpir el embarazo.

Otras medidas adicionales que contempla la nueva normativa radican en habilitar teléfonos informativos sobre salud sexual y reproductiva, que proporcionarán indicaciones seguras para la realización, así como se facilitará el acceso a métodos anticonceptivos y se enfatizará en la educación sexual en los centros educativos.

“Es propósito y deber de este gobierno el blindar el derecho al aborto en la sanidad pública y acabar con los obstáculos que impiden a las mujeres decidir sobre sus cuerpos y sus vidas”, ha remarcado la Ministra.

https://luhnoticias.es/igualdad-anuncia-la-nueva-ley-del-aborto/
16 años? Van a dejar abortar a niñas de 16 años sin el apoyo de sus padres?
 
16 años? Van a dejar abortar a niñas de 16 años sin el apoyo de sus padres?

Ojalá no salga adelante. Menuda aberración.

Lo de facilitar medidas para que un aborto potencial se convierta en una futura adopción y no tener que dar media vuelta al mundo para poder adoptar un hijo, pa cuándo?
 
Ojalá no salga adelante. Menuda aberración.

Lo de facilitar medidas para que un aborto potencial se convierta en una futura adopción y no tener que dar media vuelta al mundo para poder adoptar un hijo, pa cuándo?
No tiene sentido ninguno. No pueden votar pero pueden abortar? Y las consecuencias psicológicas? Y si algo sale mal?
 

POLÍTICA

Igualdad anuncia la nueva ley del aborto​


Irene Montero ha expuesto los principales puntos de la nueva norma en comparecencia ante la Comisión de Igualdad, que incluye la revocación del permiso paterno para mujeres entre 16 y 18 años y la eliminación de los 3 días de reflexión

Para la cartera liderada por Irene Montero (UP) el aborto es “la clave de bóveda de los derechos que permiten a las mujeres ser iguales y libres, decidir libremente sobre sus cuerpos y por tanto sobre sus vidas y sus proyectos vitales”, según ha declarado en la Comisión de Igualdad celebrada en el Congreso esta misma tarde.

Por ello, ha pormenorizado en los detalles que reconocerá la nueva ley del aborto, que será aprobada próximamente en el Parlamento. Este nuevo marco legal pretende hacer llegar a todas las mujeres que quieran interrumpir voluntariamente su embarazo las condiciones para llevarlo a cabo de manera igualitaria, independientemente “del dinero que cada mujer tiene en su cuenta corriente, de la ciudad o pueblo en el que viva, del color de su piel, de su orientación sexual, de si tienen o no algún tipo de discapacidad o de si tienen o no papeles”, ha enfatizado la Ministra.

La ley llega en un momento donde el Partido Popular propone derogar la normativa vigente, del año 2010, para imponer “la vuelta a la ley del año 85”. “Es un riesgo para la democracia”, valoraba Montero, quien recordaba que el aborto “es un derecho reconocido en nuestra legislación”, así como encuentra establecido en calidad de “derecho humano” por organismos internacionales como “las Naciones Unidas (ONU) y las instituciones europeas”, por lo que enfatizaba en que “todos los poderes públicos tienen que garantizar su libre ejercicio”.

OBSTÁCULOS A PESAR DE ESTAR RECONOCIDO EN LA LEY

El informe del Ministerio de Sanidad del año 2020 revelaba que el 87,25% de los abortos se llevaron a cabo fuera de los hospitales públicos, de ellos, el 78,04% en clínicas privadas. Para Igualdad, estos datos indican “que existe un problema en relación a la garantía de accesibilidad, gratuidad y equidad territorial en relación a la interrupción voluntaria del embarazo”, y señalan como prueba que Madrid, Extremadura, Castilla la Mancha y Murcia no han practicado ninguno en centros públicos durante dicho año.

Además, alertan que 12 provincias no han notificado “ni una sola interrupción voluntaria del embarazo en los últimos cinco años, ni siquiera en centros privados”. Ello, a pesar de existir, según la información manejada por el Ministerio, mujeres que sí las han solicitado. Son Jaén, Toledo, Cuenca, Guadalajara, Huesca, Teruel, Palencia, Segovia, Ávila, Zamora, Soria, Cáceres y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. “Esto quiere decir que las mujeres de estas provincias se han tenido que desplazar 100 o 200 kilómetros para poder ejercer un derecho que tienen reconocido”, valoraba Montero, que criticaba que tengan “que irse a otro territorio, lejos de su casa, para poder ejercer su derecho a decidir”.

“INTERRUMPIR EL EMBARAZO VA A ESTAR GARANTIZADO EN TODOS LOS HOSPITALES PÚBLICOS”

Asimismo, el Ministerio ha anunciado la regulación de la objeción de conciencia –tal como ya recoge la ley de eutanasia– que, si bien reconoce que es un derecho constitucional y así se respetará por parte de las instituciones, no puede “suponer un impedimento” incompatible con el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo.

Además, se eliminarán los 3 días de reflexión que ahora se obliga a las mujeres a aceptar antes de abortar por ley así como la necesidad de presentar el consentimiento paterno que todavía se requiere a las mujeres entre 16 y 18 años que quieren interrumpir el embarazo.

Otras medidas adicionales que contempla la nueva normativa radican en habilitar teléfonos informativos sobre salud sexual y reproductiva, que proporcionarán indicaciones seguras para la realización, así como se facilitará el acceso a métodos anticonceptivos y se enfatizará en la educación sexual en los centros educativos.

“Es propósito y deber de este gobierno el blindar el derecho al aborto en la sanidad pública y acabar con los obstáculos que impiden a las mujeres decidir sobre sus cuerpos y sus vidas”, ha remarcado la Ministra.

https://luhnoticias.es/igualdad-anuncia-la-nueva-ley-del-aborto/
No se como no se callan en este tema, que es muy espinoso, ya que la Sanidad Pública a la que quieren obligar, es la misma que salvó a sus hijos con poco más desarrollo de los que pretenden eliminar, y de niñas, sin permiso paterno.
 
No se como no se callan en este tema, que es muy espinoso, ya que la Sanidad Pública a la que quieren obligar, es la misma que salvó a sus hijos con poco más desarrollo de los que pretenden eliminar, y de niñas, sin permiso paterno.

Una niña se puede poner un percing sin permiso paterno a los 16 años.


Y una persona a partir de los 16 años no necesita permiso para operaciones.

 

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