Hazte oír, qué raro. ?Hazte Oír se querella contra el Gobierno por la gestión en la crisis del coronavirus
SE PRESENTA COMO ACUSACIÓN POPULAR Y PIDE QUE SE INVESTIGUE AL EJECUTIVO POR PRESUNTAMENTE HABER COMETIDO "HASTA SEIS DELITOS"
El presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga (a la derecha), junto al abogado Javier María Pérez-Roldán, asesor jurídico de la asociación y autor de la querella.
INICIOTRIBUNALES
Rosalina Moreno | 11 Junio, 2020
HazteOir.org ha presentado hoy ante el Tribunal Supremo una querella contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y todos los miembros del Consejo de Ministros por la gestión que han realizado de la crisis del coronavirus.
La asociación, que se presenta como acusación popular en este procedimiento, pide que se investigue al Ejecutivo por presuntamente haber cometido “hasta seis delitos: homicidio imprudente, prevaricación, imprudencia grave con resultado de muerte y lesiones, omisión del deber de socorro, delitos contra la seguridad de los trabajadores y delito contra los sentimientos religiosos”.
Ha presentado la querella “por un número por ahora indeterminado de homicidios imprudentes y presuntos delitos de prevaricación continuada, unas por acción y otras por omisión”, y por un presunto delito continuado de omisión del deber de socorro y de lesiones imprudentes contra la seguridad de los trabajadores y contra los sentimientos religiosos.
“Confío plenamente en la acción de la Justicia ante los abusos políticos que ha perpetrado el Gobierno aprovechando el confinamiento y el miedo de los españoles”, ha señalado el presidente de Hazte Oír, el letrado Ignacio Arsuaga, a las puertas del Supremo, acompañado por el abogado Javier María Pérez-Roldán, asesor jurídico de la asociación y autor de la querella.
Pérez-Roldán ha manifestado que “mucho antes de la declaración del estado de alarma el 14 de marzo, el Gobierno ya tenía información suficiente para haber tomado medidas preventivas para un escenario de crisis como el que se anunciaba y comprar o fabricar mascarillas, equipos de protección, guantes, geles y otros materiales sanitarios como respiradores”.
Coincidiendo con la presentación de la querella, voluntarios de Hazte Oír han realizado una ‘performance’ en la Plaza de Colón, bajo la bandera, “para ilustrar de manera visible el doloroso legado que ha dejado la gestión de esta crisis sanitaria por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias”.
Han extendido una pancarta gigante con la leyenda ‘Justicia para las víctimas del COVID-19’ y han colocado 23 sacos que representaban cadáveres.
Cada bolsa llevaba un cartel con el nombre y la edad de una víctima.
Querían hacerla frente al Supremo, pero la Policía Nacional lo ha impedido por problemas de seguridad.
“La puesta en escena que estamos viendo aquí es para transmitir al Gobierno que los cadáveres no son números ni bolsas negras sin identidad. Son personas con nombre y apellido que han muerto en la más absoluta soledad en hospitales y residencias de toda España sin tener cerca el abrazo último de un familiar, la compañía de un ser querido o el consuelo espiritual de un sacerdote”, ha explicado Arsuaga en la Plaza de Colón.
Según ha manifestado la asociación en un comunicado, en el texto de la querella, el letrado Pérez-Roldán “explica y fundamenta con minuciosidad la negligencia del Gobierno de Pedro Sánchez que ha llevado a la muerte a decenas de miles de ciudadanos, ha puesto en peligro miles de puestos de trabajo al alargar caprichosamente el estado de alarma -con el consiguiente peligro para la maltrecha economía española- y ha recortado las libertades de todos, de expresión, información y especialmente la de culto”.
“Apelamos a la Justicia porque cuando la Administración es incapaz incluso de cuadrar el número de fallecidos, es que ha perdido toda credibilidad. Nadie confía ya en este Gobierno del embuste que esconde a sus muertos para mejorar posiciones en las estadísticas internacionales”, ha manifestado el presidente de Hazte Oír.
LAS DILIGENCIAS QUE SOLICITA
Hazte Oír reclama en la querella, “sin perjuicio de las diligencias que se estime útiles y necesarias”, que se requiera a la ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, en su calidad de secretaria del Consejo de Ministros, para que en el plazo de 10 días hábiles “remita copia de todos los informes, directivas, órdenes, recomendaciones e información e informes de todo tipo que haya recibido el actual Gobierno o el anterior desde el 8 de diciembre de 2019 hasta la actualidad, en relación al virus Sars-Cov-2 y la enfermedad Covid-19 de cualquier organismo internacional, supranacional, o de otros países (China, Italia), ya por cauces políticos, administrativos, informales o diplomáticos”.
También, reclama copia de las deliberaciones y acuerdos del Consejo de Ministros celebrados por éste o el anterior Gobierno entre el 8 de diciembre de 2019 y la fecha de remisión, que tengan relación con el virus Sars-Cov-2 y el Covid-19.
Por otra parte, solicita que se requiera a la vicepresidencia segunda y al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, del que es titular Pablo Iglesias, para que remita en el plazo de 10 días hábiles toda la documentación de instrucciones, órdenes- verbales o escritas-, acuerdos, protocolos de actuación de todo tipo, informes, etc. ya hubieran sido emitidas a las Comunidades Autónomas o cualquier otro organismo emitidas por su departamento en relación a las residencias de la Tercera Edad desde el 8 de diciembre de 2019 hasta la actualidad; así como la información recibida en este mismo tiempo de las Comunidades Autónomas o de residencias públicas o privadas (protocolos, solicitudes de ayuda, correos electrónicos, etc.).
Pide que se requiera al Ministerio del Interior para que remita en el plazo de 10 días hábiles toda la documentación de instrucciones, órdenes –verbales o escritas-, acuerdos, protocolos de actuación de todo tipo, informes etc. ya hubieran sido emitidas emitidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad entre el pasado 14 de marzo y la actualidad sobre qué tipo de detenciones realizar, qué grupos o concentraciones disolver o procurar no se formaran, órdenes de identificar o multar o controlar a quien llevara banderas de España, y órdenes relativas a cómo actuar con relación a cualquier tipo de celebración religiosa.
También reclama que Interior aporte documentación relativa a qué material sanitario o estratégico con motivo del Covid-19 (alcohol, geles, guantes, EPI, mascarillas, batas médicas, etc.) fue incautado y la documentación relativa a cómo, cuándo y a quién fue repartido ese material.
Además, quiere que la Dirección General de la Guardia Civil y la Dirección General de la Policía informen y manden la documentación correspondiente sobre qué instrucciones, órdenes, acuerdos o protocolos de actuación de todo tipo recibieron del Gobierno o de cualquiera de sus ministerios u órganos, en relación al Covid-19 desde el 8 de diciembre de 2019 hasta la actualidad, y muy especialmente, en relación a qué detenciones o identificaciones debían realizar; qué reuniones o concentración debían disolver o identificar a los participantes; que actuación debían seguir en caso de celebraciones religiosas; y si debían multar, parar, detener y/o identificar a ciudadanos que portaran la bandera española o cualquier otra.
Asimismo, pide que los órganos de presidencia de todas las Comunidades Autónomas informen y manden copia de qué instrucciones, órdenes, acuerdos, protocolos de actuación de todo tipo o informes recibieron desde el 8 de diciembre de 2019 hasta la actualidad en relación al COVID-19, ya fueran del Gobierno, de alguno de sus Ministerios o de cualquier órgano del Ejecutivo.
Muy especialmente deberán informar sobre aquellas instrucciones, órdenes o protocolos en relación a las Residencias de la Tercera Edad, y en relación a la actuación de policías autonómicos o municipales.
También reclama que informen de qué instrucciones, órdenes, acuerdos, protocolos de actuación de todo tipo o informes remitieron en relación al Covid-19 al Gobierno.
Del Ministerio de Sanidad pide las instrucciones, órdenes, acuerdos, protocolos de actuación de todo tipo, informes, etc. que hubiera emitido en relación al Covid-19 desde el 8 de diciembre de 2019 hasta la actualidad, que remita copia de todos los informes, directivas, órdenes, recomendaciones e información de todo tipo que haya recibido en relación al virus Sars- Cov-2 y la enfermedad de cualquier organismo internacional, supranacional, o de otros países; que facilite los datos de contagio, hospitalizaciones y tratamientos recibidos en domicilios o residencia de ancianos; así como el detalle de fallecidos o dados de altas con secuelas.
Además, quiere que informe sobre qué documentos o información fueron colgados entre el 8 de diciembre de 2019 y la actualidad en la página web del Ministerio en relación al Covid-19 y luego descolgados y la razón de tal actuación.
También reclama que se requiera a la dirección del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad para que remita copia documental de todos los informes, directivas, órdenes, recomendaciones e información e informes de todo tipo que haya recibido desde el 8 de diciembre de 2019 hasta la actualidad en relación al virus Sars-Cov-2 y el Covid-19 de cualquier organismo internacional, supranacional, o de otros países, ya por cauces políticos, administrativos, informales o diplomáticos; así como de cualquier órgano de las Comunidades Autónomas. También toda la información relativa al seguimiento de la pandemia del COVID-19 desde el 8 de diciembre de 2019 hasta la actualidad.
Por otra parte, solicita que que se requiera a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública para informe, con los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad, de los fallecidos “con” o “por” o con sospecha de Coronavirus (detallando días y Comunidades Autónomas) desde el 8 de diciembre de 2019 hasta la actualidad.
Reclama también que el Instituto Nacional de Estadística remita informe del exceso de mortalidad desde el 8 de diciembre de 2019 hasta el momento de la emisión del informe, haciendo la comparación con la media de los 10 años anteriores, descontando las medias por accidentes laborales y de tráfico, y detallándola por meses y por Comunidades Autónomas.
Hazte Oír pide, además, que se solicite a la Policía Judicial informe sobre los familiares hasta tercer grado de los fallecidos, y localice a los pacientes que fueron hospitalizados o presentaron secuelas, para hacerles el correspondiente ofrecimiento de acciones.
Por último, solicita que se requiera al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid para que aporte copia testimoniada de las actuaciones seguidas contra el delegado de Gobierno en Madrid, José Manuel Franco Pardo.Hazte Oír se querella contra el Gobierno por la gestión en la crisis del coronavirus
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Cuando la cúpula judicial pierde la imparcialidad y asume funciones de partido político
ANTONIO BAYLOS
NUEVATRIBUNA.ES10/06/20
Una de las buenas prácticas que ha traído el confinamiento es hablar frecuente y reiteradamente con los amigos. Al comienzo sencillamente para saber si estaban bien, luego por el placer de charlar y comentar lo que sucedía. Esas conversaciones felizmente perduran, puesto que todavía los movimientos están muy restringidos y en una gran ciudad es difícil coincidir en el paseo matinal o vespertino. El fin de semana estuve hablando un largo rato con Enrique Lillo, y comentamos algunos elementos de la destitución de Pérez de los Cobos y de la reacción de las asociaciones judiciales. Como es un caso que aún asoma a las portadas de los periódicos e informativos –estos últimos días el coronel afirmaba solemnemente en portada de un periódico propicio (aunque deficitario) que era consciente que “nos estamos jugando algo mucho más importante que mi destitución: el mantenimiento de la separación de poderes y el Estado de Derecho en España"– nos ha parecido conveniente relatar las líneas fundamentales de esta conversación.
Recordaba Enrique Lillo que Manolo López, abogado comunista encarcelado y torturado bajo el franquismo y un referente moral y político para muchos que lo conocimos, contaba que los atestados policiales efectuados “de encargo” para incriminar a los detenidos por delitos políticos eran la base literal de las sentencias del Tribunal de Orden Público, y que cualquier otra prueba que intentara desvirtuar los hechos reseñados en esos informes policiales no eran atendidas por el tribunal, que en muchas ocasiones ni siquiera las admitía. Comentábamos que esa misma impresión teníamos de algunos procesos en curso, como el que había sufrido la hoy diputada de Podemos en la Comunidad de Madrid, Isa Serra, y que desde luego el caso del Informe de la Unidad Operativa de la Policía Judicial de nombre en clave “Sanitario” que la comandancia de la Guardia Civil de Madrid había remitido al Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid sobre “supuestos delitos de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia”, redactado por agentes seleccionados por la Jueza de Instrucción, era un ejemplo evidente de esa predeterminación policial de la instrucción del proceso en el estilo de la BPS franquista.
Dos informes policiales inmediatamente filtrados a la prensa, el último el mismo día de su emisión, a OKdiario, que plantean numerosos interrogantes sobre la designación de los autores del informe. La jueza se dirigió a la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, que ha encargado a estos miembros la elaboración de dicho informe, cuando dicho mando no estaba al frente de ninguna unidad de investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No parece inocente seleccionar a la Comandancia de Madrid dirigida por Pérez de los Cobos, ni tampoco la selección de los agentes que debían “investigar” el hecho. Todo el operativo cuestiona directamente la instrucción judicial y la evacuación de un informe por parte de la policía judicial de un Estado social y democrático de Derecho, como afirma la Constitución y tan enfáticamente proclama el coronel destituido. Recuerda el modus operandi de la policía y el aparato judicial de la dictadura.
Sin embargo, este hecho no ha merecido ningún comentario crítico por parte de las asociaciones judiciales. Por el contrario, tres de las mismas, han considerado relevante para alzar su voz el cese del Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid por el Ministro del Interior Grande Marlaska, una destitución que entienden ligada al intento de controlar la investigación judicial y que por tanto constituye a su juicio un ataque a la independencia judicial. Un ataque gravísimo que entienden pone en entredicho el funcionamiento del sistema democrático basado en la separación de poderes. Los comunicados de tres de estas Asociaciones Judiciales son inusualmente duros y contundentes con el poder político.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), afirma categóricamente que fue la negativa del coronel Pérez de los Cobos a "incumplir la ley, a eludir el cumplimiento de la orden dada por la autoridad judicial y, en definitiva, garantizar la reserva de las actuaciones y el buen fin de la investigación lo que ha motivado su cese", de manera que "la decisión del ministro de Interior, amparada, justificada y sustentada por el presidente del Gobierno, es incompatible con los principios esenciales en los que se basa nuestro Estado de Derecho, la separación de poderes y el imperio de la Constitución”. La APM pide en consecuencia al Consejo General del Poder Judicial, como órgano de gobierno del Poder Judicial y garante constitucional de su independencia, "que adopte las medidas necesarias para proteger ese principio y asegurar que los jueces puedan desarrollar su labor sin injerencia alguna".
Por su parte, el llamado Foro Judicial Independiente (FJI) también participaba en esa desautorización de las asociaciones judiciales al gobierno, por entender que el ministro había atentado contra la separación de poderes, al tratar de conocer el contenido de un informe encargado en el marco de unas diligencias del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, que pueden dar lugar, en última instancia, a declarar responsabilidades penales de miembros del Gobierno del que forma parte. El comunicado alude también a la "necesidad de que la investigación penal esté a cargo de una autoridad independiente, con todos los medios a su disposición, incluida una policía judicial que dependa orgánica y no solo funcionalmente, de jueces y magistrados".
Estos tres comunicados coincidieron exactamente con las acusaciones que los partidos políticos de la derecha y ultraderecha hicieron ante la destitución del Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. El PP aseguró que el cese del coronel supone "el ataque más grave a la independencia del Poder Judicial ocurrido en España en los últimos años”. Por parte de Vox, el portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, afirmó que el ministro "debe dimitir inmediatamente". Santiago Abascal, continuando con su estilo de hacer política a través del insulto y la imputación calumniosa, reaccionó exclamando directamente "¡delincuentes!" por el intento de interferir en una investigación judicial en curso. Ciudadanos también solicitó la dimisión porque el Ministro "ha mentido a los españoles" y porque destituyó a Pérez de los Cobos "por negarse a cumplir una orden ilegal".
Los manifiestos de las asociaciones judiciales son lamentables. No sólo aceptan como incontestable una versión determinada de los hechos, sino que eluden recordar que los informes de la Guardia Civil habían sido filtrados inmediatamente a la prensa –tanto el primero como el segundo, este el mismo día de su conclusión– por lo que mal podría guardarse la reserva de las actuaciones. De hecho, en las explicaciones posteriores al cese, éste se produjo precisamente por la filtración a la prensa del primero. Y ninguno de estos comunicados alude al contenido de esas “actuaciones de investigación” bochornosas, sectarias y deficientes, que buscan centrar en la manifestación feminista del 8 de Marzo la causa de la pandemia e imputar criminalmente al gobierno por no impedir su realización. La desvirtuación notoria y evidente de las funciones de averiguación del delito que ha llevado a cabo esa policía judicial designada ad hoc para predeterminar al delincuente no les parece a estas asociaciones judiciales un hecho digno de atención y de crítica.
La virulencia de la cúpula de las asociaciones judiciales está sincronizada con la estrategia de desestabilización del gobierno por parte de la derecha y la ultraderecha. Los argumentos son idénticos, la parcialidad es indiscutible. Las direcciones de las asociaciones judiciales – con la honrosa excepción de Jueces y Juezas por la Democracia – han perdido la imparcialidad que fundamenta su posición constitucional. El juez debe ser imparcial, aunque no neutral, porque debe estar en su actuación jurisdiccional sometido a la Constitución y sus valores fundamentales de igualdad, libertad y justicia. La arrebatada posición de apoyo a un cargo público cesado por un Ministro en el uso regular de su potestad discrecional, asumiendo sin ningún matiz una visión sesgada y no contrastada de los motivos de la destitución, ignorando expresamente el contenido profundamente irregular de la investigación policial que está en la base de este cese, y cooperando de manera directa a la erosión de la legitimidad democrática del gobierno, indicando que se vulnera el principio de independencia judicial e incluso exigiendo el cese del Ministro, son actuaciones de una gravedad extraordinaria que colocan la cúpula de estas asociaciones judiciales en la órbita de la oposición directa al gobierno, en perfecta sincronía con la derecha y la ultraderecha.
Los equipos dirigentes de las Asociaciones judiciales han perdido la imparcialidad, y asumen funciones de partido político en directa oposición y deslegitimación del gobierno democrático. Que el asociacionismo judicial que es mayoría entre los jueces y magistrados exhiba de forma tan rotunda su condición política alineada con la derecha y la ultraderecha es desde luego un dato extremadamente preocupante que explica la progresiva desconfianza de sectores populares en los jueces y en su independencia. Un hecho gravísimo que la propia cúpula dirigente del asociacionismo judicial debería corregir, retractándose de tales acusaciones graves y destempladas. Por el bien de la independencia judicial. Por el respeto al Estado social y democrático de derecho.
www.nuevatribuna.es
ANTONIO BAYLOS
NUEVATRIBUNA.ES10/06/20
Una de las buenas prácticas que ha traído el confinamiento es hablar frecuente y reiteradamente con los amigos. Al comienzo sencillamente para saber si estaban bien, luego por el placer de charlar y comentar lo que sucedía. Esas conversaciones felizmente perduran, puesto que todavía los movimientos están muy restringidos y en una gran ciudad es difícil coincidir en el paseo matinal o vespertino. El fin de semana estuve hablando un largo rato con Enrique Lillo, y comentamos algunos elementos de la destitución de Pérez de los Cobos y de la reacción de las asociaciones judiciales. Como es un caso que aún asoma a las portadas de los periódicos e informativos –estos últimos días el coronel afirmaba solemnemente en portada de un periódico propicio (aunque deficitario) que era consciente que “nos estamos jugando algo mucho más importante que mi destitución: el mantenimiento de la separación de poderes y el Estado de Derecho en España"– nos ha parecido conveniente relatar las líneas fundamentales de esta conversación.
Recordaba Enrique Lillo que Manolo López, abogado comunista encarcelado y torturado bajo el franquismo y un referente moral y político para muchos que lo conocimos, contaba que los atestados policiales efectuados “de encargo” para incriminar a los detenidos por delitos políticos eran la base literal de las sentencias del Tribunal de Orden Público, y que cualquier otra prueba que intentara desvirtuar los hechos reseñados en esos informes policiales no eran atendidas por el tribunal, que en muchas ocasiones ni siquiera las admitía. Comentábamos que esa misma impresión teníamos de algunos procesos en curso, como el que había sufrido la hoy diputada de Podemos en la Comunidad de Madrid, Isa Serra, y que desde luego el caso del Informe de la Unidad Operativa de la Policía Judicial de nombre en clave “Sanitario” que la comandancia de la Guardia Civil de Madrid había remitido al Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid sobre “supuestos delitos de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia”, redactado por agentes seleccionados por la Jueza de Instrucción, era un ejemplo evidente de esa predeterminación policial de la instrucción del proceso en el estilo de la BPS franquista.
La idea central es que el Gobierno contaba con información suficiente de la pandemia del coronavirus, y para ello los informantes elaboraron un texto que, como se sabe y se ha recordado en esta bitácora, tiene 80 páginas repletas de errores, bulos y documentos públicos mutilados, en el que además se manipuló la declaración de un testigo para inculpar al Gobierno por la manifestación del 8M. A este informe, además, ha seguido otro, también entregado a la jueza Carmen Rodríguez-Medel, incorpora la parte off the record que se hizo en una entrevista a la Ministra de Igualdad, Irene Montero, y sugiere que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, oculta información sobre el conocimiento que tenía el Gobierno de la pandemia antes del Día de la Mujer. Los autores del informe señalan que, pese a que el requerimiento judicial hacía mención expresa a la entrega de “todas las recomendaciones, instrucciones o directrices” que se hicieron durante aquellos días, “podrían faltar documentos” en el material que finalmente entregó el organismo dirigido por Simón, desde cuya cuenta de correo electrónico no se entregó ninguna información pese a que se le requirió. Pruebas concluyentes, a tenor de los investigadores.
Dos informes policiales inmediatamente filtrados a la prensa, el último el mismo día de su emisión, a OKdiario, que plantean numerosos interrogantes sobre la designación de los autores del informe. La jueza se dirigió a la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, que ha encargado a estos miembros la elaboración de dicho informe, cuando dicho mando no estaba al frente de ninguna unidad de investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No parece inocente seleccionar a la Comandancia de Madrid dirigida por Pérez de los Cobos, ni tampoco la selección de los agentes que debían “investigar” el hecho. Todo el operativo cuestiona directamente la instrucción judicial y la evacuación de un informe por parte de la policía judicial de un Estado social y democrático de Derecho, como afirma la Constitución y tan enfáticamente proclama el coronel destituido. Recuerda el modus operandi de la policía y el aparato judicial de la dictadura.
Sin embargo, este hecho no ha merecido ningún comentario crítico por parte de las asociaciones judiciales. Por el contrario, tres de las mismas, han considerado relevante para alzar su voz el cese del Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid por el Ministro del Interior Grande Marlaska, una destitución que entienden ligada al intento de controlar la investigación judicial y que por tanto constituye a su juicio un ataque a la independencia judicial. Un ataque gravísimo que entienden pone en entredicho el funcionamiento del sistema democrático basado en la separación de poderes. Los comunicados de tres de estas Asociaciones Judiciales son inusualmente duros y contundentes con el poder político.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), afirma categóricamente que fue la negativa del coronel Pérez de los Cobos a "incumplir la ley, a eludir el cumplimiento de la orden dada por la autoridad judicial y, en definitiva, garantizar la reserva de las actuaciones y el buen fin de la investigación lo que ha motivado su cese", de manera que "la decisión del ministro de Interior, amparada, justificada y sustentada por el presidente del Gobierno, es incompatible con los principios esenciales en los que se basa nuestro Estado de Derecho, la separación de poderes y el imperio de la Constitución”. La APM pide en consecuencia al Consejo General del Poder Judicial, como órgano de gobierno del Poder Judicial y garante constitucional de su independencia, "que adopte las medidas necesarias para proteger ese principio y asegurar que los jueces puedan desarrollar su labor sin injerencia alguna".
Más enérgica se mostraba la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), que entendía que, Grande-Marlaska “no puede continuar como ministro del Interior” porque ha “perdido toda legitimidad para cualquier cargo ejecutivo”. La razón de pedir el cese o dimisión del Ministro se basa en que la AJFV considera que “tomar represalias contra un alto mando de la Policía Judicial por no desvelar actuaciones de investigación policial en el marco de una instrucción”, lo que “no es otra cosa que una sanción”, es inaceptable. De esta manera, se reitera que el cese el coronel supone una “flagrante vulneración del principio de separación de poderes”, además de reflejar un “intento de modificar el curso de investigaciones judiciales mediante el conocimiento privilegiado de lo actuado que permita a los investigados explorar líneas de defensa para contrarrestarlo”, al margen de los cauces establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Por su parte, el llamado Foro Judicial Independiente (FJI) también participaba en esa desautorización de las asociaciones judiciales al gobierno, por entender que el ministro había atentado contra la separación de poderes, al tratar de conocer el contenido de un informe encargado en el marco de unas diligencias del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, que pueden dar lugar, en última instancia, a declarar responsabilidades penales de miembros del Gobierno del que forma parte. El comunicado alude también a la "necesidad de que la investigación penal esté a cargo de una autoridad independiente, con todos los medios a su disposición, incluida una policía judicial que dependa orgánica y no solo funcionalmente, de jueces y magistrados".
Estos tres comunicados coincidieron exactamente con las acusaciones que los partidos políticos de la derecha y ultraderecha hicieron ante la destitución del Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. El PP aseguró que el cese del coronel supone "el ataque más grave a la independencia del Poder Judicial ocurrido en España en los últimos años”. Por parte de Vox, el portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, afirmó que el ministro "debe dimitir inmediatamente". Santiago Abascal, continuando con su estilo de hacer política a través del insulto y la imputación calumniosa, reaccionó exclamando directamente "¡delincuentes!" por el intento de interferir en una investigación judicial en curso. Ciudadanos también solicitó la dimisión porque el Ministro "ha mentido a los españoles" y porque destituyó a Pérez de los Cobos "por negarse a cumplir una orden ilegal".
Los manifiestos de las asociaciones judiciales son lamentables. No sólo aceptan como incontestable una versión determinada de los hechos, sino que eluden recordar que los informes de la Guardia Civil habían sido filtrados inmediatamente a la prensa –tanto el primero como el segundo, este el mismo día de su conclusión– por lo que mal podría guardarse la reserva de las actuaciones. De hecho, en las explicaciones posteriores al cese, éste se produjo precisamente por la filtración a la prensa del primero. Y ninguno de estos comunicados alude al contenido de esas “actuaciones de investigación” bochornosas, sectarias y deficientes, que buscan centrar en la manifestación feminista del 8 de Marzo la causa de la pandemia e imputar criminalmente al gobierno por no impedir su realización. La desvirtuación notoria y evidente de las funciones de averiguación del delito que ha llevado a cabo esa policía judicial designada ad hoc para predeterminar al delincuente no les parece a estas asociaciones judiciales un hecho digno de atención y de crítica.
La virulencia de la cúpula de las asociaciones judiciales está sincronizada con la estrategia de desestabilización del gobierno por parte de la derecha y la ultraderecha. Los argumentos son idénticos, la parcialidad es indiscutible. Las direcciones de las asociaciones judiciales – con la honrosa excepción de Jueces y Juezas por la Democracia – han perdido la imparcialidad que fundamenta su posición constitucional. El juez debe ser imparcial, aunque no neutral, porque debe estar en su actuación jurisdiccional sometido a la Constitución y sus valores fundamentales de igualdad, libertad y justicia. La arrebatada posición de apoyo a un cargo público cesado por un Ministro en el uso regular de su potestad discrecional, asumiendo sin ningún matiz una visión sesgada y no contrastada de los motivos de la destitución, ignorando expresamente el contenido profundamente irregular de la investigación policial que está en la base de este cese, y cooperando de manera directa a la erosión de la legitimidad democrática del gobierno, indicando que se vulnera el principio de independencia judicial e incluso exigiendo el cese del Ministro, son actuaciones de una gravedad extraordinaria que colocan la cúpula de estas asociaciones judiciales en la órbita de la oposición directa al gobierno, en perfecta sincronía con la derecha y la ultraderecha.
Los equipos dirigentes de las Asociaciones judiciales han perdido la imparcialidad, y asumen funciones de partido político en directa oposición y deslegitimación del gobierno democrático. Que el asociacionismo judicial que es mayoría entre los jueces y magistrados exhiba de forma tan rotunda su condición política alineada con la derecha y la ultraderecha es desde luego un dato extremadamente preocupante que explica la progresiva desconfianza de sectores populares en los jueces y en su independencia. Un hecho gravísimo que la propia cúpula dirigente del asociacionismo judicial debería corregir, retractándose de tales acusaciones graves y destempladas. Por el bien de la independencia judicial. Por el respeto al Estado social y democrático de derecho.
Cuando la cúpula judicial pierde la imparcialidad y asume funciones de partido político
Una de las buenas prácticas que ha traído el confinamiento es hablar frecuente y...
www.nuevatribuna.esSi, magnífica Alvarez de Toledo, es que no hay color entre los discursos serios, razonados e inteligentes de estos del pp, como los de Vox, con los de la bancada del gobierno llenos de populismo y sin respuestas, solo insultar y crispar para tapar toda su corrupción.
O sea, tía, de verdad crees que los discursos de Irene no son serios? Lo flipo.
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El virus corona - Parte 39 - Conclusiones
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Del Burgo denuncia en el Supremo a Sánchez, Calvo, Iglesias, Illa y Marlaska por permitir el 8-M con 17 muertos
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Pedro Sánchez con los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias y el resto de ministros (Foto: Francisco Toledo).
La denuncia también se dirige contra el director del Centro de Coordinación de Alarmas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, y contra el delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco Pardo (contra el que la juez Carmen Rodríguez-Medel acaba de archivar provisionalmente otra denuncia impulsada por una plataforma de afectados y por la Unión de Oficiales de la Guardia Civil).
Jaime Ignacio del Burgo ha incorporado a su denuncia un extenso informe de 47 paginas, basado íntegramente en documentos oficiales del Gobierno, que llega a la siguiente conclusión: todos los miembros del Ejecutivo de Sánchez conocían desde el 24 de enero el grave riesgo que comportaba la epidemia de coronavirus y las medidas que debían adoptarse para evitar los contagios, que demoraron hasta después del 8M.
Y pese a ello, no sólo mantuvieron por motivos políticos la convocatoria de las manifestaciones feministas del 8M, sino que hicieron llamamientos a participar de forma masiva en estos actos, poniendo en riesgo la vida de miles de personas (en Madrid se congregaron más de 100.000 manifestantes).
«Minimizaron el riesgo para celebrar el 8M»
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Los propios informes oficiales del Ministerio de Sanidad, que reflejaban el crecimiento exponencial del número de contagios, deberían haber disparado todas las alarmas. Y sin embargo, «desde finales de febrero se reforzó la política de minimización del riesgo para poder celebrar una manifestación que tendría efectos letales», indica Del Burgo en su denuncia, «no hubo ingenuidad ni imprevisión, sino minimización [del riesgo] consciente y por ello culpable, para poder celebrar la manifestación del 8 de marzo».
Ya en su informe del 24 de enero, el CCAES dirigido por Fernando Simón advertía de que la epidemia se había extendido a ocho países (China, Tailandia, Corea del Sur, Taiwan, Vietnam, Singapur y Estados Unidos) y detallaba las medidas necesarias para frenarla. Entre ellas, explicaba que el personal sanitario que tratara a los pacientes afectados debía utilizar equipos de protección individual con bata impermeable, mascarilla quirúrgica, guantes y protección ocular.
Aquel mismo 24 de enero, Fernando Simón anunció que el Gobierno había descartado «por ahora» realizar controles en los aeropuertos a los viajes procedentes de países de riesgo, y proclamó: «Es más probable coger una gripe en Wuhan que el coronavirus«.
El mismo día, 24 de enero, el jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ministerio de Interior, José Antonio Nieto González, luego purgado por el ministro Marlaska, dictó un informe que describía las vías de contagio («por gotitas respiratorias que las personas producen cuando tosen, estornudan o hablan»), recordaba la recomendación de la OMS de «evitar aglomeraciones» y establecía el uso de mascarillas FPP2 y guantes de nitrilo para los agentes de Policía destinados en los controles del aeropuerto.
El ex diputado del PP y ex presidente de la Diputación Foral de Navarra Jaime Ignacio del Burgo (Foto: EFE).
El Gobierno también distribuyó este material, al menos desde el 29 de enero, a los empleados de la Agencia Tributaria del barrio madrileño de Usera, que concentra una de las principales colonias de inmigrantes chinos de todo el país.
Laa Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 30 de enero la «emergencia de salud pública de importancia internacional«. Dos días después, se detectó el primer caso de coronavirus en España, en la isla de La Gomera, y fueron puestos en cuarentena 14 españoles repatriados desde Wuhan. Aunque no trascendió hasta varios días después, el 13 de febrero se registró la primera muerte por coronavirus en España, en el hospital Arnau de Vilanova de Valencia.
El 29 de febrero España ya tenía 50 infectados. Mientras la OMS advertía de la amenaza «muy alta» del coronavirus, Fernando Simón afirmó en rueda de prensa que «las mascarillas no son necesarias para ir por la calle«. Ahora es obligatorio utilizarlas, bajo amenaza de multa de 100 euros.
Pese a las recomendaciones del informe firmado por Simón el 24 de enero, el ministro Salvador Illa prohibió el 2 de marzo a la Comunidades autónomas adquirir mascarillas, alegando que el Ministerio iba a centralizar las compras. Pero no fue hasta casi un mes después, el 25 de marzo, cuando su Ministerio comenzó a realizar compras masivas de estos elementos, señala el informe.
«En el Gobierno todos lo sabían»
El 4 de marzo, Fernando Simón anunció tres «escenarios de contención» para frenar la epidemia: los tres incluían la recomendación de suspender todos los actos de participación masiva. El informe publicado por Fernando Simón el 8M a las 3 de la tarde ya indicaba que habían muerto 17 personas por coronavirus en España, ocho de ellas en Madrid, con un total de 589 casos de contagio. Ya no había ninguna excusa para minimizar la gravedad de la situación.
El ex presidente de la Diputación Foral Navarra Jaime Ignacio del Burgo detalla en su escrito la responsabilidad de cada uno de los altos cargos denunciados: «En el Gobierno todos lo sabían. La principal responsabilidad política corresponde al presidente Pedro Sánchez, que la comparte con la vicepresidenta primero Carmen Calvo«, quien el 4 de febrero asumió la presidencia del Comité de Coordinación Interministerial creado para vigilar la evolución de la pandemia.
Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, «tenía la última palabra en materia sanitaria y conocía minuto a minuto lo que estaba ocurriendo en el mundo y en España. A la vista de los datos sobre la extensión de la pandemia, con 17 muertos registrados entre el día 7 y el 8 de marzo, estaba obligado a aplicar las recomendaciones de los organizaciones internacionales de evitar las aglomeraciones«.
Respecto a la ministra Irene Montero, señala que «invirtió una ingente cantidad de dinero en la propaganda institucional de la manifestación feminista y arengó a las mujeres a acudir a la misma a sabiendas del riesgo corrían». Al igual que hicieron Pablo Iglesias y Carmen Calvo.
El informe dirigido al Tribunal Supremo indica, en cuanto a Fernando Simón, que «su función no fue la de informar de forma absolutamente veraz e independiente sobre la situación, sino la de un portavoz político que sirve fielmente a los intereses del Gobierno
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Pedro Sánchez con los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias y el resto de ministros (Foto: Francisco Toledo).
- M.A. RUIZ COLL
- 13/06/2020 06:50
La denuncia también se dirige contra el director del Centro de Coordinación de Alarmas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, y contra el delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco Pardo (contra el que la juez Carmen Rodríguez-Medel acaba de archivar provisionalmente otra denuncia impulsada por una plataforma de afectados y por la Unión de Oficiales de la Guardia Civil).
Jaime Ignacio del Burgo ha incorporado a su denuncia un extenso informe de 47 paginas, basado íntegramente en documentos oficiales del Gobierno, que llega a la siguiente conclusión: todos los miembros del Ejecutivo de Sánchez conocían desde el 24 de enero el grave riesgo que comportaba la epidemia de coronavirus y las medidas que debían adoptarse para evitar los contagios, que demoraron hasta después del 8M.
Y pese a ello, no sólo mantuvieron por motivos políticos la convocatoria de las manifestaciones feministas del 8M, sino que hicieron llamamientos a participar de forma masiva en estos actos, poniendo en riesgo la vida de miles de personas (en Madrid se congregaron más de 100.000 manifestantes).
«Minimizaron el riesgo para celebrar el 8M»
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Los propios informes oficiales del Ministerio de Sanidad, que reflejaban el crecimiento exponencial del número de contagios, deberían haber disparado todas las alarmas. Y sin embargo, «desde finales de febrero se reforzó la política de minimización del riesgo para poder celebrar una manifestación que tendría efectos letales», indica Del Burgo en su denuncia, «no hubo ingenuidad ni imprevisión, sino minimización [del riesgo] consciente y por ello culpable, para poder celebrar la manifestación del 8 de marzo».
Ya en su informe del 24 de enero, el CCAES dirigido por Fernando Simón advertía de que la epidemia se había extendido a ocho países (China, Tailandia, Corea del Sur, Taiwan, Vietnam, Singapur y Estados Unidos) y detallaba las medidas necesarias para frenarla. Entre ellas, explicaba que el personal sanitario que tratara a los pacientes afectados debía utilizar equipos de protección individual con bata impermeable, mascarilla quirúrgica, guantes y protección ocular.
Aquel mismo 24 de enero, Fernando Simón anunció que el Gobierno había descartado «por ahora» realizar controles en los aeropuertos a los viajes procedentes de países de riesgo, y proclamó: «Es más probable coger una gripe en Wuhan que el coronavirus«.
El mismo día, 24 de enero, el jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ministerio de Interior, José Antonio Nieto González, luego purgado por el ministro Marlaska, dictó un informe que describía las vías de contagio («por gotitas respiratorias que las personas producen cuando tosen, estornudan o hablan»), recordaba la recomendación de la OMS de «evitar aglomeraciones» y establecía el uso de mascarillas FPP2 y guantes de nitrilo para los agentes de Policía destinados en los controles del aeropuerto.
El Gobierno también distribuyó este material, al menos desde el 29 de enero, a los empleados de la Agencia Tributaria del barrio madrileño de Usera, que concentra una de las principales colonias de inmigrantes chinos de todo el país.
Laa Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 30 de enero la «emergencia de salud pública de importancia internacional«. Dos días después, se detectó el primer caso de coronavirus en España, en la isla de La Gomera, y fueron puestos en cuarentena 14 españoles repatriados desde Wuhan. Aunque no trascendió hasta varios días después, el 13 de febrero se registró la primera muerte por coronavirus en España, en el hospital Arnau de Vilanova de Valencia.
El 29 de febrero España ya tenía 50 infectados. Mientras la OMS advertía de la amenaza «muy alta» del coronavirus, Fernando Simón afirmó en rueda de prensa que «las mascarillas no son necesarias para ir por la calle«. Ahora es obligatorio utilizarlas, bajo amenaza de multa de 100 euros.
Pese a las recomendaciones del informe firmado por Simón el 24 de enero, el ministro Salvador Illa prohibió el 2 de marzo a la Comunidades autónomas adquirir mascarillas, alegando que el Ministerio iba a centralizar las compras. Pero no fue hasta casi un mes después, el 25 de marzo, cuando su Ministerio comenzó a realizar compras masivas de estos elementos, señala el informe.
«En el Gobierno todos lo sabían»
El 4 de marzo, Fernando Simón anunció tres «escenarios de contención» para frenar la epidemia: los tres incluían la recomendación de suspender todos los actos de participación masiva. El informe publicado por Fernando Simón el 8M a las 3 de la tarde ya indicaba que habían muerto 17 personas por coronavirus en España, ocho de ellas en Madrid, con un total de 589 casos de contagio. Ya no había ninguna excusa para minimizar la gravedad de la situación.
El ex presidente de la Diputación Foral Navarra Jaime Ignacio del Burgo detalla en su escrito la responsabilidad de cada uno de los altos cargos denunciados: «En el Gobierno todos lo sabían. La principal responsabilidad política corresponde al presidente Pedro Sánchez, que la comparte con la vicepresidenta primero Carmen Calvo«, quien el 4 de febrero asumió la presidencia del Comité de Coordinación Interministerial creado para vigilar la evolución de la pandemia.
Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, «tenía la última palabra en materia sanitaria y conocía minuto a minuto lo que estaba ocurriendo en el mundo y en España. A la vista de los datos sobre la extensión de la pandemia, con 17 muertos registrados entre el día 7 y el 8 de marzo, estaba obligado a aplicar las recomendaciones de los organizaciones internacionales de evitar las aglomeraciones«.
Respecto a la ministra Irene Montero, señala que «invirtió una ingente cantidad de dinero en la propaganda institucional de la manifestación feminista y arengó a las mujeres a acudir a la misma a sabiendas del riesgo corrían». Al igual que hicieron Pablo Iglesias y Carmen Calvo.
El informe dirigido al Tribunal Supremo indica, en cuanto a Fernando Simón, que «su función no fue la de informar de forma absolutamente veraz e independiente sobre la situación, sino la de un portavoz político que sirve fielmente a los intereses del Gobierno
8M: Jaime Del Burgo denuncia en el Supremo a Pedro Sánchez, Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Salvador Illa y Grande-Marlaska por permitir la manifestación del 8 de marzo con 17 muertos
El ex diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo sostiene en su denuncia que todo el Gobierno era consciente de la grave amenaza del coronavirus desde el 24 de enero.
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