ETA

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En febrero de 2002, poco después de haber abandonado el ministerio de Interior para preparar su carrera a las presidencia del País Vasco, Mayor Oreja apeló a un daño en su honor para interponer una demanda civil contra el dirigente del PNV Javier Arzalluz. El peneuvista había denunciado que la familia del popular tenía intereses en el sector de las empresas de seguridad privada y relacionaba esta circunstancia con la negativa de Interior a negociar con el Gobierno vasco la ampliación de la plantilla de la Ertzaintza para proteger a los amenazados por terrorismo. ? y perdió una querella en el Juzgado de Primera Instancia de Álava y después la Audiencia Provincial de Alava también desestimó la demanda al considerar que no se había quebrado el derecho al honor de Mayor Oreja, entre otras cosas “porque las imputaciones son veraces, por haber sido indagadas con suficiente diligencia”.

 
¿Hablamos? Hablamos

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha recordado este jueves que cuando gobernó el PP, entre los años entre 1996 y 2004 y entre 2011 y 2018, se trasladaron a 803 condenados por terrorismo, sin informar a las víctimas ni a la opinión pública y cuando ETA aún mataba.

Ortiz ha hecho estas manifestaciones en respuesta, en la Comisión de Interior del Congreso, a algunos grupos parlamentarios como PP, Vox y Ciudadanos, que han censurado los acercamientos de presos etarras que cada viernes acuerda Prisiones.

Unos traslados que se hacen "con luz y taquígrafos", informando previamente (en concreto los jueves) a las asociaciones de víctimas y de acuerdo, en un 86 por ciento, con las propuestas de las Juntas de Tratamiento de las respectivas cárceles.

Tras expresar su "profundo respeto" a todas las víctimas, Ortiz ha recordado que lleva 44 años relacionado con la Justicia y 25 de ellos con la Justicia penitenciaria. En todos ellos, nunca ha encontrado en el ordenamiento español nada que diga que "no se puede aplicar a los terroristas los mismos criterios que al resto de los penados".

Ortiz ha puesto nombre y apellidos a algunos etarras que el PP trasladó en sus años de gobierno, que ha cifrado en 803. "La diferencia entre entonces y ahora es que antes no se informaba a la opinión pública ni a las víctimas. Nosotros sí", ha enfatizado.

Ha añadido que el actual Gobierno lo hace "con luz y taquígrafos y después de que las víctimas conozcan los detalles de esos traslados", ha continuado Ortiz, quien ha indicado que cuando el PP los trasladaba, ETA todavía mataba y ahora lleva once años sin hacerlo.

El secretario general de Prisiones ha explicado asimismo que desde junio de 2018 a abril de este año 2021 las juntas de tratamiento han hecho 1.740 propuestas en materia de condenados por terrorismo, de las que 1.050 han llegado al organismo que dirige.

De esas 1.050, un total de 904, es decir, el 86 por ciento, se han resuelto desde la Secretaría General "de manera idéntica a la propuesta recibida" de la junta correspondiente, y solo en 146 (el 13 por ciento) se ha modificado el criterio, el mismo porcentaje que para el resto de condenados por otros delitos.

Por otro lado, Ortiz ha abierto la puerta a que los presos etarras que quieran puedan mantener encuentros restaurativos con sus víctimas, siempre que estas lo acepten.


Hubo encuentros muy emotivos uf muy fuerte todo. Esas personas qué entereza para poder perdonar, RESPETO muy duro.
 

En febrero de 2002, poco después de haber abandonado el ministerio de Interior para preparar su carrera a las presidencia del País Vasco, Mayor Oreja apeló a un daño en su honor para interponer una demanda civil contra el dirigente del PNV Javier Arzalluz. El peneuvista había denunciado que la familia del popular tenía intereses en el sector de las empresas de seguridad privada y relacionaba esta circunstancia con la negativa de Interior a negociar con el Gobierno vasco la ampliación de la plantilla de la Ertzaintza para proteger a los amenazados por terrorismo. ? y perdió una querella en el Juzgado de Primera Instancia de Álava y después la Audiencia Provincial de Alava también desestimó la demanda al considerar que no se había quebrado el derecho al honor de Mayor Oreja, entre otras cosas “porque las imputaciones son veraces, por haber sido indagadas con suficiente diligencia”.


ETA: Asesinos. Punto
 
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